La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Patrimonio arqueológico

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Nuevos criterios para la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico en la nueva Ley 25743

Por Mario F. Valls  

Fuente: Suplemento de Derecho Ambiental. ElDial.com

 

 

Concepto de patrimonio.

El término patrimonio no se usa, en materia ambiental, con la acepción clásica del derecho civil que lo considera el conjunto de bienes de una persona, sino con la tradicional de origen latino de conjunto de bienes heredados de los padres, en sentido lato. Pero también con el criterio de que ese patrimonio debe ser preservado para otras personas presentes y futuras, lo que impone cargas y deberes y restringe su disponibilidad (Morand Deviller, Jacqueline, Le Droit de l’ Environnement, Presses Universitaires de France, París, 1996, pag. 67).

El término usual en inglés sería “heritage” y en francés “patrimoine”, idiomas en los que se puede consultar una copiosa doctrina en la materia.

La Convención Internacional sobre el Patrimonio Cultural y Natural Mundial de París del 16 de noviembre de 1972 incluye en el patrimonio cultura1 las obras arquitectónicas y de escultura monumental y pictóricos y las estructuras arqueológicas, inscripciones, inscripciones rupestres de sobresaliente valor para el arte, la historia o la ciencia. (Art. 1).

En el patrimonio natural incluye las formaciones geológicas o fisiográficas y las áreas que constituyan el habitat de especies animales o vegetales amenazadas (Art. 1).

Generalmente ese patrimonio conjunto pertenece o se atribuye al dominio de los Estados o de la comunidad internacional. Es el caso de los fondos marinos y su subsuelo situados fuera de los límites de la jurisdicción nacional; que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de Montego Bay de 1982 declara patrimonio común de la humanidad (Aprobada por la Ley 24543 del 13/9/1995, B.O. 25/10/1995) y de la Antártida (Valls, Mario F, Derecho ambiental antártico, Mas normas reguladoras, ”Jurisprudencia Argentina”nº 6239, 24-1- 2001).

Pero en otros casos las cosas que integran ese patrimonio son bienes del dominio privado. Su inclusión en la categoría de patrimonio las somete a restricciones fundadas en el interés público que, como lo dispone el artículo 2611 del código civil, se rigen por el derecho administrativo.

La Convención Internacional sobre el Patrimonio Cultural y Natural Mundial resuelve el conflicto que se genera entre el derecho colectivo sobre el llamado patrimonio común de la humanidad y el individual de propiedad sobre los bienes que lo integran imponiendo, sin perjuicio del derecho de propiedad instituido por la legislación nacional (arts.4 y 6):

a)       A la comunidad internacional el deber de protegerlo sin perjuicio del derecho de propiedad privada y estatal instituido por la legislación nacional

b)       A los Estados el de asegurar la identificación, protección, conservación, presentación y transmisión a las generaciones futuras.

El artículo 41 de la Constitución Nacional dispone que “Las autoridades proveerán ........a la preservación del patrimonio natural y cultural ......”.

La  reforma del código civil de 1968 (art. 2340 inc.9) ya había declarado de dominio público a las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos.

Por su parte, la ley 12665 de lugares y monumentos históricos prohibe disminuir el valor histórico y el histórico-artístico de los lugares, monumentos e inmuebles de particulares que la autoridad nacional califique como tales. En consecuencia la autoridad debe intervenir en su reparación, restauración y enajenación (Art. 4). Se declaran sujetos a expropiación. Además, cuando su conservación implica una limitación al dominio, sus propietarios tienen derecho a una indemnización (Art. 3).

Anteriormente, la ley 9080, que la nueva ley 25743 protectora del patrimonio arqueológico y paleontológico abrogó, atribuía a la Nación la propiedad de las ruinas y de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico (art. 1) y los sometía a las siguientes restricciones:

a) Sólo podían utilizarse o explotarse con permiso ministerial;

b) Se reservaba su exploración a las instituciones científicas (Art. 4);

c) Se prohibía la exportación de sus elementos (Art. 5).

d) Se declaraban sujetos a expropiación con destino a los museos nacionales los objetos antropológicos, arqueológicos y paleontológicos (Art. 7).

e) Cuando la conservación de las ruinas implicaba una servidumbre, el Estado debía indemnizar al dueño del terreno (Art. 3).

El artículo 2340 inciso 9º del Código Civil incluye en el dominio público “Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico”.

Patrimonio. 

Concepto de patrimonio arqueológico y paleontológico en la Ley 25743.

El artículo 2º de la Ley 25743 de Proteccion del patrimonio arqueologico y paleontologico considera parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación las cosas que incluye en el Patrimonio Arqueológico que son las que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes y las que incluye en el Patrimonio Paleontológico que son los organismos o parte de organismos o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales.-

Establece un categoría de cosas que incluye algunas de las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos que el artículo 2340 inciso 9º del Código Civil incluye en el dominio público, entre otras cosas mas que no son ruinas ni yacimientos; unas y otras descriptas detalladamente su artículo 2º citado, pero no le impone un régimen dominial distinto de las otras cosas.

La nueva Ley 25743 no atribuye una naturaleza jurídica especial a lo que denomina Patrimonio Cultural de la Nación, ni al Patrimonio Arqueológico ni al Paleontológico que norma. Ello autoriza a interpretar que no es distinta de la de los elementos que lo integran, por lo que toda referencia a Patrimonio Arqueológico en el Patrimonio Paleontológico es simplemente a un conjunto de cosas sobre las cuales encomienda al Estado ejercer distintas actividades, pero ello no altera su régimen dominial.

Ese conjunto de cosas no tiene un régimen jurídico especial por integrar el Patrimonio Cultural de la Nación o el Patrimonio Arqueológico.

El artículo 12 de la nueva ley es ilustrativo al respecto en cuanto aclara que la inscripción de un yacimiento arqueológico o paleontológico en los Registros Nacionales de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos y de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos no implica ninguna modificación al derecho de propiedad sobre los fundos.

La inteligencia o la simple lectura del resto de la ley autoriza a interpretar que tampoco implica ninguna modificación al derecho de propiedad sobre las cosas muebles. Seguirán en régimen dominial clásico del código civil con las modificaciones, restricciones y limitaciones que les impone. 

Mas bienes en el dominio público y limitaciones al dominio privado en defensa del patrimonio arqueologico y paleontologico.

Pero también la nueva ley 25743 impone la inclusión de bienes arqueológicos y paleontológicos en el dominio público en algunos casos y, en otros, modificaciones, restricciones y limitaciones al dominio privado de los predios en que se encuentren yacimientos arqueológicos o paleontológicos que manda inscribir en los Registros Nacionales de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos y de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos que el artículo 5 de la ley manda crear y organizar..

Pero, además de someter el dominio privado los predios en que se encuentren yacimientos arqueológicos o paleontológicos a esas modificaciones, restricciones y limitaciones, nueva ley 25743 incluye otras cosas en el dominio público

Su artículo 9º proclama que “Los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio público del Estado nacional, provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se encuentren, conforme a lo establecido en los artículos 2339 y 2340 inciso 9º del Código Civil”, lo que no es cierto porque lo que el inciso 9º incluye en el dominio público son solamente “las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos”.

Arriesgo la interpretación positiva de que el legislador los incluyó mediante el artículo 9º de la nueva ley 25743 y la afirmación que el legislador hace en ese de que ello extendía analógicamente a los bienes arqueológicos y paleontológicos lo establecido en los artículos 2339 y 2340 inciso 9º del Código Civil.

La interpretación contraria, mas restrictiva que entendería que el artículo 9º confunde erróneamente los bienes arqueológicos y paleontológicos con las “ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos del artículo 2340 inciso 9º del Código Civil” caería ante la que privilegia la auténtica hecha por el legislador de la identidad de las cosas normadas.

En cuanto a los monumentos, objetos arqueológicos y restos paleontológicos que se descubran en el proceso de prospecciones e investigaciones realizadas en yacimientos arqueológicos o paleontológicos en virtud de una concesión, el artículo 30 de la nueva ley los atribuye al dominio público.

Todo ello agrega nuevas cosas al dominio público del artículo 2340 inciso 9º del Código Civil” 

Obligaciones que la nueva Ley 25743 impone.

La nueva Ley 25743 obliga:

a) A los propietarios de los predios en que se encuentren yacimientos arqueológicos o paleontológicos y a toda persona que los hallare, a denunciarlos ante el organismo (Artículo 11).-

b) A toda persona física o jurídica que practicase excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante a denunciar al organismo competente el descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto paleontológico que se encontrare en las excavaciones y conservarlos hasta que el organismo competente tome intervención y se haga cargo de los mismos (Artículo 13).-

c) A los propietarios de los predios en que se encontrasen vestigios arqueológicos y restos paleontológicos inmuebles a admitir la vigilancia permanente e inspección del organismo competente(Artículo 15).-

d) A las personas que tuviesen en su poder colecciones u objetos arqueológicos o restos paleontológicos, denunciarlos a la autoridad competente (Artículo 16).-.-

e) A las personas que descubran materiales arqueológicos o paleontológicos en forma casual en la superficie o seno de la tierra o en superficies acuosas a denunciarlos y entregarlos de inmediato al organismo competente o en su defecto a la autoridad policial más cercana, la que deberá comunicarlo al referido organismo. (Artículo 40).-

Una nueva categoría jurídica de cosas.

La ley constituye una nueva categoría jurídica de cosas que son las colecciones u objetos arqueológicos y restos paleontológicos inscriptos en el Registro Oficial.

Sólo podrán transferirse:

a) A título gratuito por herencia o bien por donación a instituciones científicas o museos públicos, nacionales, provinciales, municipales o universitarios (Artículo 18).

b) A título oneroso ofreciéndoselos con carácter prioritario al Estado. Si no lo acepta podrá disponer libremente del bien (Artículo 19).

Sus propietarios particulares de estos objetos arqueológicos y restos deberán permitir el acceso al material, en la forma que se convenga con el organismo competente (Artículo 22).

Los artículo 36 y 37 determinan que la ocupación temporánea de terrenos de propiedad privada donde se localicen bienes arqueológicos o restos paleontológicos, salvo casos de peligro inminente y la constitución de una servidumbre perpetua sobre los terrenos en los cuales se encuentren dichos bienes deberá ser declarada por ley.

Somete las prospecciones e investigaciones en yacimientos arqueológicos o paleontológicos a concesión de la autoridad (Artículo 23), pero el concesionario del derecho de prospección e investigación arqueológica o paleontológica no tiene las prerrogativas que el artículo 25 y siguientes del CM acuerda el concesionario minero para desarrollar su actividad sin la anuencia del propietario del predio. El artículo 35 dispone simplemente que “cuando los vestigios arqueológicos o paleontológicos se encuentren en terrenos de propiedad privada, la autoridad competente acordará con sus propietarios lo necesario para facilitar el estudio y/o preservación del yacimiento”. Los artículo 36 y 37 citados en el párrafo precedente requieren el dictado de una ley.-

El trasladado de objetos arqueológicos y restos paleontológicos dentro o fuera del territorio nacional, debidamente resguardados y con la garantía de su reintegro al lugar de origen en las condiciones que les fueron entregados requiere autorización del organismo competente local (Artículos 50 y 51).- 

La nueva Ley 25743 incorpora al código penal nuevas figuras delictivas.

La Ley 25743 25743 incorpora al código penal las figuras delictivas de:

a) Realizar por sí u ordenare realizar a terceros tareas de prospección, remoción o excavación en yacimientos arqueológicos y paleontológicos(Artículo 46)

b) Transportar, almacenar, comprar, vender, industrializar o de cualquier modo poner en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de yacimientos arqueológicos y paleontológicos nacionales e internacionales (Artículo 48).-

c) Exportar o importar piezas, productos o subproductos arqueológicos o paleontológicos y colecciones arqueológicas o paleontológicas (Artículo 49).-

Crea asimismo nuevas figuras contravencionales. 

La defensa del Patrimonio Cultural en nuestro sistema jurídico es muy amplia.

Una advertencia mas: la defensa del Patrimonio Cultural en nuestro sistema jurídico es amplia. Va mas allá de lo que manda la ley 25743. La Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba así lo ha reconocido cuando sentenció que “La inexistencia de una ley que declare monumento histórico el inmueble” no enerva su protección.....” en la causa por amparo que Rafael A. Vaggione, Profesor y ex Decano de la Facultad de derecho en la Universidad de Córdoba siguió (y ganó) contra el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba en defensa del edificio de Rivera Indarte 70, una manifestación propia de la cultura del siglo XIX que fue la morada del ex Presidente de la República Juárez Celman y sede del Club El Panal (Causa 45945.ED 8598 del 7-10-94., 12/8/1994).

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