La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

El Estado constitucional y autonomía de los Pueblos Indígenas

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Carlos M. Ayala Corao

Fuente: Serie: Estudios de Derechos Humanos

Introducción

I. La estructura estatal

II. Las consecuencias de la estructura descentralizadora: la Autonomía

III. Formas Político-Territoriales

IV. Los derechos de participación política y administrativa

V. Reflexión Final

 

 

Introducción  

El presente trabajo tiene por objeto, realizar algunas consideraciones en torno al Estado Constitucional de Derecho, particularmente en relación con su organización político-territorial, y las posibilidades de desarrollo en su seno de diversos grados de autonomía de los Pueblos Indígenas. 

El Estado de Derecho se organiza sobre la base de su objetivación en la norma jurídica. Esta se convierte en la fuente del poder y de las competencias, lo que significa al mismo tiempo, un límite a su ejercicio. Esa “norma Jurídica” está integrada en primer lugar, por la Constitución como norma suprema de la organización estatal y del resto del ordenamiento jurídico. Es precisamente en la Constitución, donde tiene lugar la normación suprema de la vida del Estado, en relación con sus elementos fundamentales: territorio, población y poder político. Sin embargo, desde un principio el Constitucionalismo continental europeo (Francia 1789  1791) y el latinoamericano, consagraron formalmente –además de normas sobre el poder- normas sobre los derechos (individuales) de la persona. Así por ejemplo, en el caso de Venezuela, primera nación latinoamericana en declarar su independencia en 1810 de la monarquía española, el Congreso de Diputados Provinciales electos en ese año y reunido en 1811, estatuyó durante ese año los actos fundacionales del Estado, consistentes en: 1) la Declaración formal de independencia, 2) Declaración de los Derechos del Pueblo; y 3) Constitución de Venezuela.

Los “derechos” ciudadanos, consistirán durante el siglo XIX, los llamados derechos “individuales”: libertad, igualdad jurídica, seguridad y propiedad. Durante el siglo XX, bajo la influencia de la Constitución Mexicana de 1917 y la Alemana de 1919, se inicia una segunda generación de derechos constitucionales, constituida por derechos sociales y culturales: trabajo, educación, vivienda, salud, cultura, etc. Finalmente, en la última mitad del siglo XX, comienza a nacer en el ámbito internacional, una serie de declaraciones y pactos sobre derechos humanos, que consagran una tercera generación de derechos: derecho a la paz, medio ambiente, desarrollo, etc. 

En relación con los derechos de los Pueblos Indígenas, el constitucionalismo latinoamericano del siglo XIX, dedicó poca atención. En efecto, la creación de los Estados Nacionales en la Antigua América Española, implantó los criterios estatales, sin tomar en cuenta en muchos casos, las realidades particulares preexistentes. Quizás ello se debió a una confusión en muchos casos del Estado Nacional, como una unidad sin particularismos, olvidando que el proceso de formación de los Estados nacionales en Europa, tuvo que pasar por varios siglos de evolución dialéctica y compromisos finales.

Así por ejemplo, en la primera Constitución Política Nacional de Latinoamérica, como fue la Constitución Federal de Venezuela de 1811[1] en relación con los “ciudadanos que hasta hoy se han denominado indios”, se estableció que en virtud de las bases de la “justicia y la igualdad” consagrados en esa Constitución, se encargó muy particularmente a los gobiernos provinciales de “proporcionarles escuelas, academias y colegios”, respetándole “los derechos de que gozan por el hecho de ser hombres iguales a todos los de su especie”. Así mismo, se le permitió el “reparto en propiedad de las tierras que les estaban concedidas y de que están en posesión para que la proporción entre padres de familia de cada pueblo, las dividan y dispongan de ellas como verdaderos señores...”. Sin embargo, en el caso de Venezuela, la preocupación por el tema de los derechos de los indígenas va a desaparecer por más de treinta y seis años de la Constitución, relegándolo a leyes de misiones y baldíos y reforma agraria. A partir de la Constitución de 1947 se retoma a ese nivel la consagración normativa, con un artículo (el 72) curiosamente ubicado en el Capítulo “de la Economía Nacional”, el cual dispuso[2]:

“Artículo 72. Corresponde al Estado procurar la incorporación del indio a la vida nacional.

Una legislación especial determinará lo relacionado con esta materia, teniendo en cuenta las características culturales y las condiciones económicas de la población indígena”.

Finalmente, la Constitución de Venezuela de 1961 (vigente) consagró un artículo (el 77) dentro del Capítulo de los Derechos Sociales, con la siguiente norma[3]: “Art. 77.  El Estado propenderá a mejorar las condiciones de vida de la población campesina. La ley establecerá el régimen de excepción que  requiera la protección de las comunidades de indígenas y su incorporación progresiva a la vida de la Nación”.

A nivel Latinoamericano, algunas Constituciones como es el caso de Guatemala, Brasil y Paraguay, consagraron durante los siglos XIX y XX, algunas normas dispersas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. 

Sin embargo, es curioso advertir, como el movimiento normativo sobre los derechos de los Pueblos Indígenas avanzó en mayor grado, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente mediante convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es el caso, en primer lugar, del Convenio 107 relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribales y Semi-Tribales de los países independientes, aprobado en la Conferencia General de la OIT el 5-7-57[4]. En segundo lugar, está el Convenio 169 de la OIT de 1989, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual aún no ha sido ratificado por algunos países latinoamericanos[5]

Sin embargo, en las últimas dos décadas, se ha producido en América Latina, un movimiento constitucional de reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, representado -aunque en diverso grado- por Nicaragua, Colombia, Paraguay y Perú en primer lugar, y luego -de manera menos desarrollada- por México, Bolivia, Brasil, Guatemala, Panamá y Ecuador. Estas Constituciones reconocen el derecho de esos Pueblos a su identidad étnica y cultural propia, dando paso así al reconocimiento del pluralismo étnico-cultural dentro de un Estado de Derecho Latinoamericano. Tal es el caso de Guatemala, cuya constitución reconoce el derecho de personas y comunidades “a su identidad cultural de acuerdo con sus valores, lengua y sus costumbres”; Nicaragua, la cual reconoce el derecho de las Comunidades de la Costa Atlántica, a “preservar y desarrollar su identidad cultural y a la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres”; lo cual incluye el uso oficial de sus lenguas según la ley; Brasil, la cual reconoce a los “indios” su “organización social, costumbres, lenguas creencias y tradiciones”; Colombia, conforme a la cual el Estado reconoce y protege “la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”; México, la cual reconoce que esa Nación tiene “una composición pluricultural al sustentarla originalmente en sus pueblos indígenas”, Paraguay, la cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas en virtud de estar definidos como “grupos de culturas anteriores a la formación y organización del Estado Paraguayo”, a preservar y desarrollar su identidad étnica, definiendo al país como “pluricultural y bilingües” cuyos idiomas oficiales son “el castellano y el guarní”, Perú, la cual reconoce el derecho de toda persona a “su identidad étnica y cultural” en virtud de lo cual el Estado reconoce y protege “la pluralidad étnica y cultural de la Nación y particularmente “la identidad cultural de las comunidades Campesinas Nativas”, lo cual incluye que además del castellano como lengua oficial, en las zonas donde predominen, también los son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley[6].

En el caso de Venezuela, el Informe de la Comisión Bicameral para la revisión de la Constitución presentado al Congreso de la República en 1992, incluyó dentro del Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1961, un nuevo artículo del siguiente tenor[7]:  

“Artículo 23: Se agrega un nuevo artículo, después del artículo 77, así: Las etnias, comunidades y pueblos indígenas, tienen derecho a la conservación de su cultura e identidad. El Estado protegerá el hábitat natural que utilizan para su bienestar y desarrollo según sus costumbres y tradiciones. Tendrán derecho a que la educación que se les imparta sea en idioma castellano y en su lengua.  

La ley establecerá el régimen de excepción que requiere la protección de las etnias, comunidades y pueblos indígenas”.

Ahora bien, todas estas declaraciones jurídicas internacionales y constitucionales, suelen tener efectos sobre el régimen del suelo, división político territorial, jurisdicción, cultura, educación y otros. 

En el presente trabajo nos concentraremos a continuación, acerca de algunas reflexiones sobre el régimen de la forma de Estado y de gobierno, en relación con los espacios de autonomía dentro del Estado constitucional de derecho. 

I. La estructura estatal   

La estructura estatal en sentido clásico supone la organización de los poderes públicos bajo la ordenación constitucional. 

Pareciera en principio, que los espacios de autonomía dentro de la vida del Estado, que pueden ser capaces de adaptarse a los Pueblos Indígenas, podrían darse tanto en el Estado Unitario como en el Federal, el Regional o el Autonómico. En este sentido Willemsen ha sostenido, que “en ambos tipos de estructura estatal puede, sin embargo, establecerse mediante el proceso pertinente en cada caso, territorios regionales autónomos indígenas de mayor significación e identidad”[8]. Sin embargo, este mismo autor reconoce, que en el Estado Unitario, se requiere su transformación en un Estado autonómico, lo cual en la práctica, configura a un grado de descentralización equivalente al Estado de tipo federal. En definitiva, las formas de autonomía político-territorial dentro de la vida del Estado, requieren un grado de descentralización en sus estructuras, que en la práctica puede resultar irrelevante la distinción teórica entre el Estado Unitario Descentralizado y Estado Federal. En su lugar, habrá que prestar más atención a la estructura real de la organización estatal, sus contenidos competenciales, y sus consecuencias prácticas. 

Lo importante en la teoría federal (adaptable por tanto al estado Unitario Descentralizado, o al propiamente Federal, Regional o Autonómico), es que en ella la estructura del estado responde a la necesidad de integración de unidades autónomas en una unidad superior. En palabras de García Pelayo, “en este aspecto la organización federal es particularmente adecuada para salvaguardar la existencia de naciones culturales en el marco de una organización estatal o nación política, pues aquí, cada nación cultural posee, simultáneamente a su patrimonio histórico, un cierto grado de organización política, a través de la cual puede salvaguardarse su propia existencia nacional”[9]. En este sentido, el grado de autonomía de las unidades componentes de la organización estatal, puede responder no sólo a motivos de índole técnica (mejor funcionamiento de la organización), sino también a motivos, de índole axiológica, (el reconocimiento y el respeto a entidades de ámbito local), como vía para la realización de la libertad, traslado a personalidades colectivas, aunque no constituyan naciones culturales. 

De este modo, la teoría federal del Estado tiene como supuesto de existencia y permanencia del Estado Federal dos momentos contradictorios: “unidad y diversidad” o “cohesión y particularismo”, los cuales dependen de factores extraconstitucionales de índole natural, cultural, económica, social, etc.

Es en definitiva, la relación dialéctica ente particularismo y universalismo, ha afirmado Moles Caubet[10] “Particularismo y universalismo constituyen los términos extremos de la relación dialéctica. En efecto, hay dos maneras antagónicas de encontrarse dispuesto acomodado el género humano. Bien como unidad, como se acentúa lo que es común, formando, al menos, virtualmente, una “república generi humani”. O por el contrario, destacando aquello que es peculiar en los múltiples grupos, “pluribus diferentiae”. De aquí, por tanto, dos actitudes polarizadas: una, la de destacar lo diferencial, promoviendo entonces la solución particularista. Otra, la de afirmar lo que es común en la variedad, “ad unum reducitor”, con lo cual adviene la solución universalista. Es decir, manifestando esta doble posición que un gran humanista, Juan Luis Vives (1492-1540), ha pretendido expresar en el título mismo de su magnifica obra “De concordia et Discordia in humano genere” (1529). 

Este es el movimiento alternativo que registra la Historia Universal con el que quedan interpretados los dos momentos dialécticos de todos los tiempos y lugares. La unidad del universalismo a la variedad del particularismo cualesquiera sean sus denominaciones literales en las distintas etapas históricas”. 

Por ello, junto a los factores cohesivos del Estado Federal, operan factores particulizadores, que como lo ha afirmado García Pelayo, en ciertos casos “es de gran importancia que las partes constituyan naciones en sentido cultural o simplemente comarcas diferenciadas por notas de índole cultural, como la lengua, las costumbres, el derecho, etc.[11]

Ahora bien, esa relación dialéctica del Estado Federal entre unidad y diversidad, se resume en una unidad dialéctica caracterizada por una conexión de las relaciones de coordinación, supra y subordinación e inordinación que se complementan y condicionan recíprocamente[12].

1.       Relaciones de Coordinación Consisten en una distribución competencial, en el sentido de que las funciones estatales son organizadas con arreglo a un principio corporativo territorial entre la Federación y las entidades miembros, de modo que su cumplimiento se lleva a cabo por una acción coordinada entre ambos. Ello implica, que para ciertas materias existe un solo poder para la totalidad del territorio y de la población, mientras que para otras exista una pluralidad de poderes. De manera que los ciudadanos están inmediatamente sujetos al poder central en materias, mientras que en otras lo están al poder estatal o local.

2.       Relaciones de Supra Subordinación Estas relaciones afirman la supremacía del poder central, bajo cuyo supuesto se desarrollan las relaciones de coordinación. Ello va a significar, que en las materias de competencia nacional, el derecho federal tiene primacía sobre el de sus miembros, y en caso de conflicto decide un Tribunal o una Comisión de Arbitraje. 

3.       Relaciones de Inordinación Estas relaciones representan la síntesis dialéctica entre el poder central y los miembros: la inordinación de las entidades particulares en el conjunto total. Estas relaciones manifiestan en la participación de las entidades político-territoriales en la formación de la voluntad general, y en la reforma de la Constitución Federal. La participación de entidades en la formación de la voluntad nacional suele llevarse a cabo, a través de una Cámara compuesta por representantes de estas, vgr. Cámara Federal, Senado, Consejo Federal. 

Mientras que la participación de las entidades de los miembros en la reforma de la Constitución Federal tiene lugar, en alguno o algunos de los procedimientos para su iniciativa por la Cámara Federal, o por la ratificación de las propuestas por la Cámara Federal, por el pueblo de las entidades, o por órganos de éstas, vgr. Asambleas Legislativas. 

II. Las consecuencias de la estructura descentralizadora: la Autonomía

Los entes político-territoriales descentralizados del Estado son iguales y autónomos (entre sí) en los términos consagrados en la Constitución. La autonomía de estos está referida fundamentalmente a los elementos político, normativo, administrativo, tributario y jurisdiccional. 

1.       Político La autonomía normativa es la posibilidad de que las autoridades del ente federal sean electas por los ciudadanos (electores) que habitan en ella -y no designados con interferencia del poder Nacional. En este sentido, los órganos que ejercen el Poder Público del ente descentralizado gozan de autonomía política al ser electos por sufragio popular.

2.       Normativo La autonomía normativa es la potestad del ente federal para dictar sus propias normas, es decir, las leyes que regulan las materias de su competencia. En este sentido, le corresponde a la autoridad legislativa, legislar en las materias de su competencia. Como consecuencia, de la autonomía normativa, las leyes y las normas emanadas de los entes descentralizados, únicamente están sometidas al control jurisdiccional (nacional y del propio ente). 

3.       Administrativo La autonomía administrativa es la potestad del ente federal de gestionar libremente las materias de su competencia. En este sentido, la Constitución le asigna a los entes potestades administrativas necesarias para realizar sus competencias. La consecuencia de la autonomía administrativa es que los actos administrativos emanados de sus autoridades únicamente pueden ser controlados jurisdiccionalmente. 

4.       Tributario La autonomía tributaria es la potestad del ente federal de crear (organizar), recaudar e invertir impuestos, tasas y demás contribuciones, con la finalidad de obtener ingresos propios dentro del ámbito de las competencias. Ello implica como consecuencia, la autonomía presupuestaria, para aprobar su supuesto de gastos públicos. 

5.       Jurisdiccional La autonomía jurisdiccional es la potestad del ente federal, para resolver las controversias o conflictos que se derivan de la aplicación de sus propias normas, decidiéndolos con fuerza de verdad legal. 

En otras palabras, así como a nivel nacional existe un cuerpo normativo y los correspondientes tribunales competentes para resolver los conflictos que se derivan en ocasión de la aplicación o interpretación de las normas emanadas de los entes político-territoriales, deben de ser resueltos por los órganos jurisdiccionales correspondientes. La regla es que a cada nivel de legislación debe corresponder un nivel de jurisdicción.

Ahora bien, la consecuencia de la “autonomía” en el orden estatal, es la organización de órganos independientes a través de los cuales, los entes miembros de la federación ejercen sus competencias en forma autónoma e independiente de los órganos propios del Poder Nacional, dentro de los límites establecidos por la Constitución. Ello normalmente conlleva el establecimiento a nivel inferior, de órganos que conforme al principio de separación de Poderes, ejercen el Poder Legislativo (Ej.: Asambleas legislativas, Consejos Municipales); el Poder Ejecutivo (Ej.: Gobernadores, Alcaldes); el Poder Judicial (Ej.: Comisiones de Arbitraje, Tribunales); el Poder Contralor (Ej.: contralorías), y otros (Ej.: Defensor de los Derechos Humanos, etc.). 

III. Formas Político-Territoriales   

La necesidad de identidad cultural y étnica de los Pueblos Indignas, en teoría podrían ser desarrolladas sin necesidad de dotarlas de una autonomía estatal organizacional. Sin embargo, la experiencia en América Latina evidencia, que los espacios de autonomía requeridos por estos Pueblos dentro del orden estatal, mediante simples normas o declaraciones de principios generales, no han resultado exitosos. En efecto, una vez hechas estas declaraciones incluso a nivel constitucional, se requiere de ulteriores desarrollos normativos, administrativos, de servicios públicos, actuaciones presupuestarias y otras. Cuando estos desarrollos o actuaciones son dejados a las autoridades nacionales, la ausencia de representación y de elementos autónomos, han hecho inviables los espacios racionales requeridos.

Por ello, teniendo en cuenta las diversas y plurales formas de organización político-territorial de las comunidades que ofrece la teoría federal, los Pueblos Indígenas sin ser asimilados a una realidad estatal de organización que no les es propia, pueden obtener un desarrollo autonómico con los límites establecidos por la Constitución (relaciones de supra y subordinación).

A continuación se exponen de manera resumida, algunas formas de organización político-territorial con niveles de autonomía, que pueden ser adoptados y adaptados para el desarrollo de los derechos propios de los Pueblos Indígenas. 

1.       Los Estados o Provincias Indígenas En primer lugar, dentro de las entidades político-territoriales podría darse lugar a la conceptualización de Estados o Provincias Indígenas dentro del Estado Nacional (Federal, Regional, Autonómico u otros). Se trataría de organizar dentro de este concepto, a aquellos territorios con una extensión, población y recursos suficientes, para adoptar el nivel máximo de autonomía dentro de la organización estatal. En estos casos, los Estados o Provincias Indígenas tendrían las siguientes características organizacionales: 

A.      Autonomía Política, para la elección de sus propias autoridades (diputados a la Asamblea Estatal, Gobernador, u otros). Además, como consecuencia de su configuración como Estado o Provincia, se configura en un circuito electoral para la elección de los miembros (senadores) a la Cámara Federal, y miembros de la Cámara de Población (diputados o representantes). De esta manera se obtiene representación ante el órgano legislativo nacional (Congreso o Asamblea), no sólo para participar en la iniciativa y la legislación ordinaria, sino de la propia Constitución Nacional.

B.       Autonomía Normativa, a través de su órgano o autoridad legislativa propia (Asamblea, Congreso) para crear, modificar o derogar, no sólo las leyes sino su propia Constitución, en las materias de competencia.

C.      Autonomía Administrativa, para organizar sus servicios públicos propios (Ej. Educación, cultura, salud, etc.), y gestionar áreas propias de la administración pública, medio ambiente, ordenación territorial, obras públicas, carreteras, aeropuertos, minas, etc., así como, para el nombramiento y remoción de los funcionarios y el personal de la administración pública del Estado o Provincia correspondiente.

D.      Autonomía Tributaria, para la creación, organización, recaudación de impuestos, tasas y contribuciones. Así mismo, está autonomía implicaría las asignaciones presupuestarias nacionales adicionales, los casos en los cuales estas entidades son titulares de éstos, como es el caso del “situado constitucional” en Venezuela[13]. En consecuencia, con base en sus ingresos propios y las asignaciones nacionales, estos entes gozan de autonomía presupuestaria para aprobar su propio presupuesto de gastos públicos.

E.        Autonomía Jurisdiccional, para la creación y organización de tribunales y demás formas de resolución de conflictos, derivados de las normas (leyes) estatales o provinciales. (En el caso de Venezuela a la justicia desde 1945 fue asumida como una competencia del Poder Nacional lo cual está siendo objeto de reconsideración en el actual proceso de descentralización; y desde 1993 está compartida con los Municipios respectivos a los jueces de paz). 

En Venezuela, los Territorios Federales, ocupados por importantes poblaciones indígenas, han sido elevados recientemente a las categorías de Estado, cuyas autoridades legislativas y ejecutivas propias, fueron electas por primera vez en diciembre de 1992. Es el caso de estos nuevos Estados (delta Amacuro y Amazonas), particular referencia merece el caso del Estado de Amazonas, cuya población indígena alcanza casi el 50% del total de la población. A pesar de que este Estado no se ha configurado plenamente como un Estado indígena, en virtud de la falta de organización electoral de las etnias y su escasa movilización política, algunos avances son interesantes de destacar. Así por ejemplo, en la Constitución del Estado fueron incorporadas a solicitud de diversas etnias, normas que reconocen importantes derechos de los Pueblos Indígenas. Dichas normas representan un importante avance respecto a la Constitución y la legislación nacional, como son las relacionadas con la identidad cultural, étnica y territorial[14].

Carácter multiétnico y pluricultural: “Artículo 2: El Estado de Amazonas es una Entidad Política multiétnica y pluricultural de la República de Venezuela, donde se garantiza la convivencia armónica entre sus pobladores.

Biodiversidad ecológica, genética y biológica: Artículo 3: El Estado Amazonas reconoce que la biodiversidad ecológica, genética y biológica así como los recursos naturales existentes son patrimonio inalienable  su aprovechamiento  y conservación debe servir a los intereses de sus habitantes y de la Nación.

Derecho a la cultura, religión y lengua propia: Artículo 11: El Estado Amazonas le reconoce a sus Pueblos y Comunidades Indígenas el derecho a tener su propia vida cultural, a profesar su fe religiosa y ritos ancestrales, a emplear y fomentar su lengua materna.

Derecho a la Tierra: Artículo 12: Las tierras ocupadas por los Pueblos y Comunidades Indígenas son de interés social e inalienables, en tal sentido los órganos competentes del Estado procederán a delimitarlas de acuerdo con sus Patrones de Asentamiento para adjudicárselas en propiedad colectiva, según lo previsto en las Leyes Nacionales que rigen la materia.

Parroquias Indígenas: Artículo 15: El territorio del Estado, a los fines de su organización política se divide en Municipios dentro de su territorio podrán crearse Parroquias. La Asamblea Legislativa promoverá la realización de referendos en las Comunidades para la modificación de los elementos relativos a la organización municipal en la jurisdicción estatal.  Único: La Ley Estatal de la materia proveerá sobre una normativa especial que regirá el funcionamiento de las Juntas Parroquiales con asiento en las Comunidades Indígenas”. 

No obstante este significativo avance, todavía es muy prematuro para hacer afirmaciones acerca del futuro del Estado Amazonas de Venezuela como “Estado Indígena”. En definitiva, su desarrollo en esa dirección dependerá de la movilización e incorporación política de las diversas etnias que habitan en ese Estado, lo cual no luce viable en el futuro inmediato.

2.       Municipios Indígenas Durante la época colonial, algunos territorios fueron organizados por la monarquía española, bajo la modalidad de “Municipalidades de los naturales”. Ello implicaba un fuero especial de los Pueblos Indígenas, para encontrar espacios autónomos en los asuntos propios de gobierno, elección de autoridades, resolución de conflictos, etc. No obstante, estas municipalidades fueron abolidas en la mayoría de los casos, por el Derecho nacional surgido de la independencia, preservándose en algunos casos el derecho de los indígenas de “ser elegidos para las (municipalidades) de su nueva creación”[15].

Los municipios indígenas pueden ser creados en aquellas extensiones territoriales pequeñas o medianas, aún dentro de los Estados Unitarios, con la finalidad de permitir niveles de autonomía municipal cónsonos y apropiados para el desarrollo de los Pueblos Indígenas. Estos Municipios Indígenas podrían gozar de las siguientes características organizacionales: 

A.      Autonomía Política, para la elección de sus propias autoridades (Concejales, Alcaldes, etc.). Así mismo, el territorio de estos municipios podría configurarse como circuito electoral, a fin de que en su seno se eligiesen miembros (diputados o representantes) a la Cámara de Población, a los fines antes anotados (legislación y Constitución Nacional). 

B.       Autonomía Normativa: a través de su órgano o autoridad legislativa propia (Consejo Municipal), para crear, modificar o derogar las leyes locales (ordenanzas), en las materias de su competencia. 

C.      Autonomía Administrativa, para la libre gestión de las materias de su competencia, propias de la vida local, incluyendo servicios públicos, policía, urbanismo, abastos, circulación, cultura, salubridad, turismo, asistencia social y otros. Así como para el nombramiento y remoción de los funcionarios y empleados al servicio de la administración pública municipal. 

D.      Autonomía Tributaria, para la creación, recaudación e inversión de sus ingresos, lo cual, como quedo dicho, incluye los aportes nacionales, y la aprobación de su presupuesto de gastos públicos. 

E.        Autonomía Jurisdiccional, para resolver las controversias locales que se susciten en relación con la interpretación y aplicación de sus normas. 

En aquellos Estados donde la autonomía municipal no incluye la jurisdicción, podría desarrollarse formas alternas de solución de conflictos -no jurisdiccionales-, por parte de las propias Comunidades Indígenas, en forma separada, dentro de los límites de la Constitución. 

Escapa del objeto del presente trabajo, el relacionado con la aplicación del derecho consuetudinario indígena por parte de los tribunales estatales, como está consagrado en el Convenio 169 de la OIT y en algunas Constituciones, como es el caso de México y Paraguay[16]

A nivel municipal, resulta importante el renacimiento de la justicia de paz o vecinal en América Latina, como ámbito para la resolución de conflictos menores, mediante los principios de la “conciliación”, y subsidiariamente el contencioso de “equidad”. Ello, supone, apartarse del derecho escrito, para la administración de justicia de manera simple y sencilla en cada caso. En el caso de Venezuela, la Ley atribuyó a los municipios la justicia de paz, mediante jueces electos popularmente a nivel inferior de parroquias[17]

En todo caso, a nivel municipal la organización de los poderes públicos puede y debe de gozar de una flexibilidad tal, que se adapte a las peculiaridades propias de la comunidad. En este sentido es importante destacar, que muchas Constituciones no prescriben formas uniformes de gobierno municipal, como sí suelen hacerlo para el Gobierno nacional, o de los Estados o Provincias. Tal es el caso de la Constitución de Venezuela, la cual delega al legislador nacional y estatal la organización de los Municipios, estableciendo en forma expresa, que la ley podrá establecer “diferentes regímenes para la organización, gobierno y administración de los municipios, atendiendo a las condiciones de la población, desarrollo económico, situación geográfica y otros factores de importancia”. Dejando a salvo, que en todo caso esa organización municipal, “será democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno local”[18].

3.       Los Territorios Indígenas La Constitución Colombiana (1991) consagró como “entidades territoriales” del Estado, a los departamentos, los distritos, los municipios  los territorios Indígenas[19]. La conformación de los “territorios indígenas” se realizará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial[20]. Todas estas entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley, lo cual implica los siguientes derechos[21]:

A.      Autonomía Política, para gobernarse por autoridades propias. 

En este sentido, de conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por “consejos indígenas” conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades[22]. En caso de que un territorio indígena comprenda el territorio de dos o más departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas en coordinación con los gobernadores de los respectivos departamentos[23].

En relación con la representación política nacional, los territorios indígenas no constituyen por sí circuitos electorales para la elección de senadores. En Colombia, el Senado está integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional, pero la expresa disposición constitucional, se establece un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas, mediante el sistema de cociente electoral. Sobre este particular, la norma constitucional establece una interesante regulación en relación con los representantes de comunidades indígenas que sean candidatos, a fin de preservar la legitimidad de la representación indígena: “deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno”[24].

B.       Autonomía Administrativa, para ejercer las competencias que les correspondan. En este sentido, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales[25]. En relación con las competencias administrativas de los territorios indígenas, la Constitución consagra en particular las siguientes funciones de los consejos indígenas[26]:

a)      Velar por la aplicación de las normas legales sobre el uso del suelo y el poblamiento de sus territorios.

b)      Diseñar políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. 

c)      Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por la debida ejecución. 

d)      Velar por la preservación de sus recursos naturales.

e)      Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en sus territorios.

f)        Colabora con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. 

C.      Autonomía Tributaria, para administrar los recursos y establecer os tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones  participar en las rentas nacionales. En relación con las funciones de los consejos indígenas, la Constitución establece como función especifícala de percibir y distribuir sus recursos[27].

4.       Las Comunidades de la Costa Atlántica La Constitución de Nicaragua (1987) consagró el derecho de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica, a su “identidad cultural” y en consecuencia, a “dotarse de sus formas propias de organización y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones[28]. Así en el Título IX de la “División político administrativa”, se incluye el Capítulo II sobre “Comunidades de la Costa Atlántica”[29].

A nivel constitucional escasamente se regula la autonomía política de estas Comunidades, al consagrarse la “libre elección de sus autoridades y representantes”. El resto de los elementos relativos al “régimen de autonomía” en las regiones donde habitan las Comunidades de la Costa Atlántica para el ejercicio de sus derechos, se deja a la organización del Estado por medio de una ley[30]

5.       Las Comunidades Nativas En un grado inferior a la organización política, que ya no implica autonomía territorial, la Constitución de Perú (1993), consagra que las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen “existencia legal” y son “personas jurídicas”. Así mismo, consagra su “autonomía organizacional” en el trabajo comunal, en el uso y libre disposición de las tierras, así como en lo “económico y lo administrativo”[31], dentro del marco que la ley establece.

6.       La Autonomía de Organización Política Interna Sin consagrarse la autonomía político-territorial, algunas Constituciones han avanzado en el reconocimiento de la autonomía política de organización interna de los pueblos indígenas. 

La Constitución de Paraguay (1992), al reconocer el derecho de los pueblos indígenas a preservar y desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat, consagra el derecho de éstos a “aplicar libremente su sistema de organización política, social, económica, cultural y religiosa”. Así mismo, consagra el derecho a la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la “convivencia interna”, siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en la Constitución[32].

IV. Los derechos de participación política y administrativa   

Finalmente, algunas Constituciones consagran el derecho de los Pueblos Indígenas a participar en la planificación y ejecución de políticas del Estado, que afecten su territorio o comunidad. Este derecho de participación se deriva no de las formas de Estado propiamente dicha, sino de la forma democrática de gobierno. 

En este sentido, la Constitución Colombiana establece que la explotación de los recursos naturales en os territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En este caso, en las disposiciones que se adopten el Gobierno propiciará la “participación” de los representantes de las respectivas comunidades[33].

En el caso de Paraguay, la Constitución garantiza a los pueblos indígenas, el derecho a participar en la vida política, económica, social y cultural del país, de acuerdo con sus usos consuetudinarios, esa Constitución y las leyes nacionales[34]

La participación de los pueblos y comunidades indígenas en la planificación y ordenación territorial ha sido un firme reclamo indígena, derivado del concepto de “territorio”[35]. Pero en todo caso, este derecho se deriva del derecho humano universal y americano a la participación ciudadana. 

El llamado “derecho de participación” se encuentra consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 20 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 23. Conforme esos instrumentos, toda persona tiene el derecho a participar en el Gobierno y en la dirección de los asuntos públicos de su país, bien sea directamente o por medio de representantes escogidos libremente. Esta última forma de participación, es decir, de participación por medio de representantes, está desarrollada en los instrumentos legislativos nacionales, que reglamentan el derecho al sufragio[36]

En el presente trabajo nos vamos a referir a la participación directa de los ciudadanos en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos, a través de la Administración Pública. Se trata por tanto, de la participación del ciudadano como miembro de una comunidad “uti socius”, “uti cives” es decir, como simplemente afectado por el interés general, -excluyendo del objeto de nuestro estudio la intervención del ciudadano en la administración como “parte” de un procedimiento por ser titular de derechos o intereses propios “uti singulus” regulado en las leyes de Procedimientos Administrativos. 

Ahora bien, lo que se busca con la participación ciudadana, no es supeditar la administración a la voluntad de los particulares; sino incluir en las decisiones o actuaciones de la administración referencias al interés general, buscando una validez efectiva de las mismas. 

La Ordenación del Territorio es una política estatal (a largo plazo), mediante la cual se trata de coordinar las medidas que en esta materia pueda toma la Administración Pública, a que el territorio y sus habitantes se ven afectados tanto por la actividad del sector público como del privado.

Esta política no está limitada a los problemas urbanos y al urbanismo, sino que incluye todo lo relacionado con la localización industrial, ordenación rural, reformas agrarias, conservación y protección del medio ambiente, lo que persigue modificar y mejorar las condiciones económicas y sociales de un país, sus regiones y sus localidades. 

En el caso de que los pueblos o las comunidades estén organizados en entes político-territorialmente, le corresponderá elaborar a esas entidades la elaboración de los planes propios de ordenación territorial (estatal, municipal u otros), y colaborar en la elaboración de los planes nacionales. Pero en todo caso, la ordenación del territorio, por repercutir directamente en el entorno vital del individuo y como miembro de una comunidad, es necesaria su participación como ciudadano en el proceso de elaboración de la voluntad administrativa en este sector. Es por ello, que el ámbito de la ordenación del Territorio es donde han surgido novedosas formas de participación “utis cives”. 

Este derecho a participar, o específicamente el derecho de participación en la conformación de la voluntad administrativa relativa al territorio y al urbanismo, corresponde a todo ciudadano -vecino u pueda verse afectado con dicha decisión-, en virtud de ser habitante de la comunidad objeto de plan. Pero ya que la vecindad no es una situación jurídica sino de hecho, la cual no se identifica con la titularidad que se tiene sobre una propiedad inmobiliaria. La participación en la ordenación territorial por parte de ciudadanos o grupos de ellos, se lleva a cabo mediante mecanismos de “información”, “Consulta” y “audiencias públicas” obligatorias a que están sometidos los planes de ordenación territorial como es el caso en Venezuela[37].

V. Reflexión Final   

Las consideraciones realizadas en el presente trabajo, evidencian una marcada tendencia en el constitucionalismo latinoamericano, a ocuparse y preocuparse por los Pueblos Indígenas, no solo para consagrar diversos derechos relacionados con su identidad étnica y cultural, sino aún más importante, para establecer espacios político-territoriales propicios para su desarrollo con un alto grado de autonomía. 

En este sentido es importante resaltar que este fenómeno no solo implica la autonomía de organización de la entidad correspondiente, y la elección de sus autoridades propias, sino la elección de las autoridades o representantes de esas comunidades indígenas ante las autoridades nacionales (órgano legislativo nacional), como es el caso de los senadores indígenas adicionales en Colombia.

Con todo ello, quizá lo que parece estar ocurriendo en este momento de nuestra historia, es un resumen dialéctico entre nación política y nación cultural, en definitiva entre unidad y diversidad. Se trataría finalmente de un “reencuentro” entre el Estado Nacional y los Pueblos Indígenas, donde ambos ceden espacios propios para el logro de sus fines.

Por otro lado, independientemente de la forma del Estado y la autonomía organizacional político-territorial, es importante insistir en los derechos de participación política y administrativa, que derivan como derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente en relación con la ordenación territorial. 

  

 


NOTAS:


[1] Constitución Federal de Venezuela de 1811. Capítulo IX. Disposiciones Generales, artículos 200 y 201, publicada en Las Constituciones de Venezuela. Allan Brewer Carías. Madrid. 1985

[2] Constitución de Venezuela de 1947, artículo 72, en Las Constituciones... op.cit

[3] Constitución de Venezuela de 1961, artículo 77, en Las Constituciones...op. cit

[4] Ratificado en Venezuela en 1982, mediante ley aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 3.235 de fecha 3-8-83

[5] Argentina (3/07/2000) Bolivia (11/12/1991)  Brasil (25/07/2002)  Colombia (07/08/1991)  Costa Rica (02/04/1993)  Dinamarca (22/02/1996)  Dominica (25/06/2002)  Ecuador (15/05/1998)  Fiji (03/03/1998)  Guatemala (05/06/1996)  Honduras (28/03/1995)  Mexico (05/09/1990)  Países Bajos (02/02/1998) Noruega (19/06/1990) Paraguay (10/08/1993) Peru (02/02/1994) Venezuela (22/05/2002)

[6] Constitución de Guatemala (1985), artículo 59 y 66, Constitución de Nicaragua (1987), artículos 89 y 180, Constitución de Brasil (1988) artículo 231, Constitución de Colombia (1991), artículo 7, Constitución de México (1992) nuevo artículo 4, Constitución de Paraguay (1992) artículos 62, 63 y 140; y la Constitución de Perú (1193), artículos 2 inciso 19º, 48 y 89

[7] Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1961, Comisión Bicameral para la Revisión de la Constitución, Congreso de la República, Caracas, Marzo, 1992

[8] Willensen Díaz, augusto. “Ámbito y ejercicio eficaz de la autonomía interna y el autogobierno para los pueblos indígenas”. En Revista Estudios Internacionales del IRIPAZ número 4, Guatemala, 1993, página 142

[9] García Pelayo, Manuel. Derecho Consuetudinario Comparado. Madrid. 1951, páginas 199 y 200

[10] Moles Caubet, Antonio. “Nación y particularismo”. En Studia Iuridica. Facultad de Derecho U.C.V., Caracas, 1958. página 392

[11] García P.M. op. cit. página 202

[12] Ver García P.M. op. cit. páginas 215 y siguientes

[13] Constitución de Venezuela, artículo 229

[14] Constitución del Estado Amazonas de Venezuela, de fecha 2-3-93

[15] Constitución de la provincia de Caracas de fecha 31-1-1812, Artículo 125, En Las Constituciones Provinciales. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Caracas. 1959

[16] Convenio 169 de la OIT, artículos 8,9,10, 11  12. Constitución de México, artículo 4 y Constitución de Paraguay, artículo 163

[17] Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos de Paz (Gaceta Oficial número 4.634 Extraordinario de 22-7-93), artículos 1, 2 y 10

[18] Constitución de Venezuela, artículos 26 y 27

[19] Constitución de Venezuela, artículo 286

[20] Constitución de Venezuela, artículo 329

[21] Constitución de Venezuela, artículo 287

[22] Constitución de Venezuela, artículo 330

[23] Constitución de Venezuela, artículo329, Parágrafo

[24] Constitución de Venezuela, artículo 171

[25] Constitución de Colombia, artículo 288

[26] Constitución de Colombia, artículo 330

[27] Constitución de Colombia, artículo 330

[28] Constitución de Nicaragua, artículo 89

[29] Constitución de Nicaragua, artículo 180

[30] Constitución de Nicaragua, artículo 181

[31] Constitución de Perú, artículo 89

[32] Constitución de Paraguay, artículo 63

[33] Constitución de Colombia, artículo 330, Parágrafo

[34] Constitución de Paraguay, artículo 65

[35] Ver Documento “Conclusiones de I Congreso Internacional de derechos Humanos de los Indígenas”, Caracas, 29 de octubre de 1993

[36] Ver, Ayala Corao, Carlos Manuel, “Notas sobre la participación ciudadana en la planificación territorial”, en Revista de Derecho Urbanístico, número 2, Caracas. 1993

[37] Ver, Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (Gaceta Oficial número 3.238, Extraordinario de 11-8-83); y Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (Gaceta oficial número 33.868 de 16-12-87)

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 Dra. Teodora ZAMUDIO