La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Vislumbrando un horizonte plural

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación

Rupturas y retos epistemológicos y políticos

Raquel Yrigoyen Fajardo

raquelyf@alertanet.org, www.alertanet.org

Publicado en: Milka Castro (editora): Desafíos de la Interculturalidad. Identidad, Política y Derecho. Santiago de Chile: Universidad de Chile, Programa Internacional de Interculturalidad y Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, 2004.

 

Introducción[1]

El constitucionalismo emergente en Latinoamérica durante los noventa supone varias rupturas epistemológicas y políticas respecto de la relación Estado-derecho-pueblos indígenas concebida dentro del Horizonte monista y monocultural del Estado-nación.[2] Los cambios constitucionales producidos y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes permiten vislumbrar un Horizonte pluralista, no obstante que algunos cambios son ambiguos e incompletos. Ello abre nuevos retos teóricos y políticos, algunos de los cuales anotaré en este trabajo.

A partir de 1991 que Colombia cambió su Constitución, le siguieron Perú en 1993, Bolivia en 1994, Ecuador en 1998 y Venezuela en 1999, con lo cual todos los países andinos, salvo Chile, tienen un marco normativo semejante.[3] Estos cambios se dieron en contextos complejos y multidireccionales. En el contexto internacional se daban tendencias disímiles. De un lado, el desarrollo de teorías críticas del Estado, el cuestionamiento sobre los quinientos años de invasión (“Descubrimiento”), la emergencia del “multiculturalismo”, el debate internacional sobre los derechos indígenas y nuevos instrumentos de protección. Y, de otro, nuevas formas de presencia internacional de las transnacionales en territorios indígenas, con condiciones favorables, en algunos países, debido a la adopción de políticas neoliberales (Bolivia, Perú, Ecuador) o gobiernos autoritarios (Chile, Perú). En la misma línea, nuevas formas de apropiación de recursos naturales, acceso a la biodiversidad y a conocimientos indígenas vinculados a ella. En este contexto, los textos constitucionales mencionados, expresión de dichas tensiones, son a veces ambiguos o incompletos, y ello se refleja en la existencia de fórmulas que parecen contradictorias. Por ejemplo, en el Perú, mientras algunos artículos de la Constitución de 1993 incorporan el derecho a la identidad cultural y al propio derecho consuetudinario, otros artículos reducen el concepto de territorio a tierras y, rompiendo una larga tradición constitucional de inalienabilidad de tierras comunales, las hacen enajenables y expropiables por el Estado bajo la figura del “abandono”. Otro ejemplo. La Constitución de Venezuela, no obstante incorporar un importante catálogo de derechos indígenas, introduce una vena autoritaria al limitar el derecho indígena a la no afectación del “orden público”. La Carta de Bolivia, igualmente, refleja la tensión entre adopción de derechos culturales y a su vez la introducción de medidas  neoliberales. Sería muy simple decir que los derechos indígenas y culturales son cooptados por el neoliberalismo. Por el contrario, postulo que, ante la coexistencia de una perspectiva favorable a los pueblos indígenas y otra restrictiva, debemos leer las reformas desde una perspectiva progresiva que haga efectivos los derechos de los pueblos indígenas, bajo primacía de las disposiciones que les otorgan más derechos y ventajas sobre aquellas que les reducen, como el propio Convenio 169 indica (art. 35). Postulo una Hermenéutica Pluralista, esto es, una interpretación teleológica y sistemática que tenga como mirada final la construcción de un Estado Pluricultural, el reconocimiento de pueblos indígenas y la igual dignidad de las culturas. Tal mirada, a su vez, se convierte en la lógica articuladora o sistematizadora de las diversas normas. Así, a partir del principio del Pluralismo, cabe superar las ambigüedades, vacíos o incluso aparentes contradicciones entre las propias fórmulas constitucionales y el Convenio 169, así como de normas secundarias. Es decir, lo que debe guiar la interpretación de las normas es el fin de hacer efectiva la igual dignidad de las culturas, los derechos de los pueblos indígenas –sin anularlos por otras normas restrictivas-, y posibilitar el desarrollo de un horizonte pluralista. Ello permitiría sentar las bases para superar la exclusión, y construir un modelo de sociedad y Estado más equitativos y participativos.

Quisiera destacar de estas reformas normativas el reconocimiento de: a) el carácter pluricultural del Estado/Nación/república, b) la igual dignidad de las culturas, c) los pueblos indígenas y comunidades campesinas, como sujetos políticos y no sólo objeto de políticas, d) la consulta previa, y formas de participación y representación incluyentes, y e) el derecho (consuetudinario) indígena y la jurisdicción especial. Si bien -como adelanté- estas reformas no están exentas de contradicciones y limitaciones, cabe interpretarlas desde un Horizonte Pluralista que permita ir construyendo las bases de un Estado Pluricultural.

1. Principales rupturas y retos epistemológicos y políticos

La ruptura del modelo de Estado-nación, para dar paso al Estado pluricultural o multicultural.

Los conceptos mismos de Estado y nación ahora se han modificado al ser caracterizados como “pluriculturales” o multiculturales. Estado pluricultural es el término que emplea Ecuador; “Nación con carácter pluricultural”, Colombia y Perú; República multicultural, Bolivia; y, Venezuela reconoce abiertamente la igual dignidad de las culturas. Esto significa que una sola cultura dentro de la nación, o una sola nación dentro del Estado ya no tiene más el monopolio del poder de definición. Salvo Ecuador, ningún estado Latinoamericano se ha atrevido a utilizar el término “Estado multinacional” en tanto que históricamente alude a la idea de pueblos con soberanía y eso aviva el temor de una posible secesión territorial.

El reto que esto abre es: ¿Cómo articular equitativamente las diferentes naciones, colectivos y pueblos? ¿Cómo manifestar en el plano de la política la “igual dignidad de las culturas”?.

La superación del concepto tutelar de los indígenas como objeto de políticas para definirlos como sujetos políticos, pueblos con derecho a la autodefinición y autonomía.

Consecuentemente con la idea de la igual dignidad de las culturas, las constituciones han reconocido a los pueblos indígenas su capacidad jurídica colectiva. El Convenio 169 de la OIT dejó sentado que reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas a controlar sus propias instituciones así como a definir su desarrollo económico. La definición internacional de autodeterminación -como está en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales- tiene dos elementos: determinar el propio estatuto político y el desarrollo económico. La definición del Convenio no quiso dejar el término “pueblos” como en el derecho internacional, y hace una advertencia de excusa. Sin embargo, el sólo reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a controlar sus propias instituciones sociales, económicas, políticas, permite romper el modelo de tutela iniciado en la Colonia y reciclado en la Independencia. Se trata de un nuevo concepto de indígenas y de pueblos que ya no depende más de la definición, caridad o dirigismo estatal o de terceros, a fin de que los pueblos indígenas, por sí mismos, puedan controlar y dirigir su propio destino, instituciones y desarrollo.

Dado que el modelo tutelar ha durado durante varios siglos, ha afectado no sólo la mentalidad de los no-indígenas sino también la idea de los indígenas sobre sus propias capacidades. Y, de hecho, las políticas de la tutela han debilitado materialmente los pueblos indígenas al no dejarles gestionar sus propios asuntos, ni participar en las políticas públicas nacionales. Los pueblos indígenas enfrentan nuevas condiciones y situaciones de debilitamiento o nuevos espacios de expansión y desarrollo -según se mire los procesos de migración, urbanización-. De otro lado, enfrentan nuevas formas de presencia de transnacionales en sus territorios. Los cambios han impactado en desajustes de los patrones tradicionales respecto de sus propios sujetos. Y se han desarrollado nuevas demandas internas de mujeres y jóvenes. Finalmente, el reconocimiento constitucional de nuevas funciones públicas (como el manejo de fondos públicos, consulta, etc.) encuentra a muchos pueblos sin entrenamiento para el ejercicio de estos derechos y sin formación suficiente para el manejo de recursos económicos según los formatos de la administración pública. Lo mismo pasa ante la apertura de nuevos espacios de participación (como Colombia, Venezuela y Bolivia) frente a los cuales falta fortalecer la capacidad propositiva y el manejo de planes supralocales. De ahí se desprende el reto del fortalecimiento de los propios pueblos indígenas, a fin de que la superación de la tutela no quede en el papel.

La ruptura de un modelo de democracia excluyente a un modelo de articulación democrática de la diversidad.

Esta ruptura importa el paso de una noción de democracia representativa tradicional, para dar cabida a formas de consulta y participación no convencionales. Desde la formación del constitucionalismo se produjo una tensión entre un concepto de ciudadanía amplia y un concepto restringido de ciudadanía, participación y representación. Inicialmente las constituciones optaron por un modelo de ciudadanía censitaria restringida a varones blancos tributarios, que fue ampliándose a lo largo del s. XX. Y todos los estados constitucionales adoptaron la forma de democracia representativa, estableciendo que el acceso a las instancias públicas de decisión, como el Congreso o el Ejecutivo, sólo podía darse a través de partidos políticos, esto es, asociaciones voluntarias en torno a ideologías y no vía organizaciones “necesarias” como comunidades, familias, pueblos, gremios. Por ende, constituye una ruptura muy importante -en algunos casos de modo sistemático, en otros sólo como fisura intrasistémica- la introducción de formas de participación y representación diferentes de los partidos políticos, a través de agrupaciones “necesarias” como son los pueblos indígenas y otros colectivos, ante la constatación de que incluso la ampliación formal de la ciudadanía (derechos políticos) como derecho individual ha sido insuficiente. De ahí las “cuotas” o cupos para congresistas o representantes indígenas ante municipios u otras instancias (Colombia y Venezuela para el Congreso; Perú recientemente para el nivel local).

De otro lado, contra la idea del monopolio del Congreso para expresar la voluntad popular, el Convenio 169 y varias constituciones reconocen el derecho de consulta previa, y otras formas de participación directa y representación especial. Sin embargo, la inclusión de estas figuras no se ha hecho de modo consistente. En Colombia la Corte Constitucional vigila el cumplimiento del derecho de consulta previa antes de que el Congreso de una norma, con lo cual hay una cierta previsión institucional, pero no así en otros países. El caso de México demuestra que el Congreso considera una violación a su soberanía la sola idea que esté obligado a una consulta a los pueblos indígenas para poder tomar decisiones, y, peor aún si dicha consulta es vinculante. En el Perú, incluso los congresistas más progresistas cuestionan la mera idea de que la consulta sea vinculante. Y en Bolivia, a pesar de haberse ratificado el Convenio 169, la resistencia de la clase política a la idea misma de la consulta ha costado muchos muertos.

El reto es claro ¿Cómo articular distintas formas y niveles de representación y participación? ¿Cómo articular un concepto de consulta vinculante con las instituciones tradicionales de producción de la ley y la autoridad (Congreso, representación por partidos)? Y aquí hay una tensión al interior del propio modelo liberal, pues éste se basa en el principio de que la soberanía radica en el pueblo y por ende la autoridad viene de él. Y, sin embargo, los sistemas de representación han silenciado a pueblos enteros. Entonces, falta una adecuación entre el principio general de que la soberanía nace del pueblo y nuevas formas de participación y representación, de “autorización” que reflejen las demandas y voz de los pueblos indígenas y sectores antes invisibilizados. ¿Cómo viabilizar la “autorización” en contextos de diversidad cultural y coexistencia de pueblos distintos?

La ruptura de la identidad Estado-derecho o monismo jurídico, para abrir el paso al pluralismo jurídico.

Una de las rupturas más importantes producidas por las reformas constitucionales es el fin del monismo jurídico y la idea que en un Estado sólo cabe un sistema jurídico. El reconocimiento constitucional del derecho indígena, con sus propias autoridades y jurisdicción, rompe el concepto de la exclusividad de la producción del derecho y el ejercicio de la violencia legítima por los órganos tradicionales del Estado, esto es, que el Poder Legislativo monopoliza la producción normativa, el Judicial la administración de justicia y el Ejecutivo el ejercicio de la autoridad y la organización del orden público.

El reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas abre nuevos retos que antes eran inimaginables. Entre éstos, ¿Cómo coordinar los diferentes sistemas? ¿Cómo articular el nivel local, nacional e internacional? ¿Cómo evitar las tendencias colonialistas a subordinar los sistemas indígenas a la decisión de la jurisdicción ordinaria (vía revisiones, homologaciones, controles)? ¿Dónde queda la igual dignidad de las culturas?

La superación del concepto individualista, monocultural y positivista de los derechos humanos.

Superar este concepto para, sobre la base de la igual dignidad de las culturas, abrir paso a una definición e interpretación intercultural de los derechos humanos.

La noción de la igual dignidad de las culturas que han asumido varios textos constitucionales de modo expreso (como Venezuela y Colombia) o a través de la fórmula del carácter pluricultural del Estado/nación y el derecho individual y colectivo a la propia identidad cultural, implica el fin de la primacía de una cultura sobre otras. Por ende, tampoco una tiene el monopolio de definir el derecho y ni siquiera los derechos humanos. Esto plantea el reto de crear espacios institucionales que viabilicen un diálogo intercultural para una definición intercultural del derecho y los derechos humanos que todos los pueblos se comprometan a respetar. Esto debería incluir mecanismos de producción de las normas generales, como mecanismos puntuales cuando se producen los conflictos. ¿Cuáles son las condiciones procesales y sustantivas para redefinir (¿negociar?) los derechos?

En las líneas que siguen me encargaré de uno de estos componentes, el reconocimiento del pluralismo legal, si bien teniendo en cuenta los otros retos.

2. El reconocimiento del pluralismo legal en el marco de un Estado-nación pluricultural[4]

Los países andinos que han reconocido constitucionalmente el derecho y la jurisdicción especial indígena (Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela) comparten algunos rasgos comunes. Estos estados, a su vez, son firmantes del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, por lo que podemos hacer un análisis comparativo común.

Fundamento: Caracterización pluralista de la Nación y el Estado.

El primer cambio que se observa en estos textos constitucionales es el reconocimiento del carácter pluricultural y multiétnico de la configuración estatal o de la nación, lo cual ocurre por primera vez en la historia de tales repúblicas. Esto es muy importante porque es el fundamento del reconocimiento de la pluralidad lingüística y jurídica, así como del reconocimiento de derechos indígenas específicos. El verbo que utilizan las Constituciones es “reconocer” en la medida que el texto constitucional no está “creando” la situación de diversidad cultural sino reconociendo la misma[5]. Lo mismo, al asumir oficialmente la pre-existencia de los pueblos indígenas, con lo cual salva una negación histórica, reconoce sus derechos precedentes y abre las posibilidades de convivencia y participación democrática. El texto del Convenio 169 de la OIT en su quinto considerando dice expresamente:

“Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas, religiones, dentro del marco de los Estados en que viven.”

3. La Fórmula de reconocimiento del pluralismo jurídico en los países andinos.

La fórmula empleada por los países andinos para el reconocimiento del derecho consuetudinario o indígena contiene elementos y alcances semejantes, con algunas variantes a considerar. El hecho del reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas posibilita una articulación democrática con el sistema judicial nacional y los poderes del Estado. Igualmente permite la reducción de la violencia institucional.[6]

Las fórmulas constitucionales empleadas en los países andinos comprenden en general el reconocimiento de funciones jurisdiccionales o de justicia a las autoridades de las comunidades indígenas y/o campesinas de acuerdo a su derecho consuetudinario, o a sus propias normas y procedimientos, dentro del ámbito territorial de los pueblos o comunidades indígenas o campesinas. Es decir, reconocen los órganos de resolución de conflictos indígenas, sus normas y procedimientos. El límite del reconocimiento se asemeja con variantes al del Convenio 169 de la OIT, que señala que no debe haber incompatibilidad entre el derecho consuetudinario y los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Algunas fórmulas constitucionales son bastante más limitativas en este punto, pero en este caso prima el Convenio, como analizaré luego. Adicionalmente, todos los textos constitucionales hacen referencia a una ley de desarrollo constitucional que coordine o compatibilice la jurisdicción especial o las funciones judiciales indígenas con el sistema judicial nacional o los poderes del Estado.

Dado que los países andinos han ratificado el Convenio 169 de la OIT, debe interpretarse tal Convenio conjuntamente con el texto constitucional. Cabe anotar que como criterio interpretativo debe utilizarse el Art. 35 del Convenio, el cual establece que priman las normas (o incluso acuerdos nacionales -políticos-) que otorgan más derechos o ventajas a los pueblos indígenas. El análisis que sigue puede aplicarse también, en gran medida, a los estados que han ratificado el Convenio 169 de la OIT aunque no hayan incluido reformas constitucionales expresas para reconocer el derecho indígena.

El Convenio 169 de la OIT establece, entre otras disposiciones:

Art. 8, 2: Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

Art.9, 1: En la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.”

Objeto de reconocimiento.

Lo primero que se desprende del Convenio 169 de la OIT y los textos constitucionales de los países andinos es que hay un reconocimiento de ciertos contenidos mínimos:

El sistema de normas o derecho consuetudinario, y por ende de la potestad normativa o reguladora de los pueblos indígenas, así como comunidades indígenas y campesinas (en los casos de Perú y Bolivia),

La función jurisdiccional especial, esto es, la potestad de impartir o administrar justicia. Ello incluye la validez y eficacia de las decisiones de la jurisdicción especial de modo autónomo,

El sistema institucional o de autoridades, o la potestad de gobernarse con sus propias instituciones de autogobierno, incluidos los mecanismos propios de designación, cambio y legitimación de autoridades; y

La potestad de cambiar las reglas para cambiar reglas; lo que Hart llama las normas de reconocimiento. Esto garantiza la autonomía del propio derecho indígena. Esto es muy importante porque lo que se reconoce no es un sistema estático, fosilizado o congelado en el tiempo, sino la potestad de unos pueblos o colectivos de tener y cambiar su propio derecho, sistema institucional y funciones jurisdiccionales, de acuerdo a sus propios valores culturales y necesidades sociales. De ahí que el valor del reconocimiento no se funde en el hecho de que se trate de “sistemas tradicionales” o basados en una “costumbre ancestral”, sino en el hecho de que se trata de sistemas jurídicos propios de dichos pueblos o colectivos, de sistemas vivos, con derecho a seguir existiendo y cambiando.

Antes de la reforma constitucional, la normativa de los diferentes países andinos sólo permitía la costumbre como una fuente secundaria del derecho, a falta de ella y, nunca en contra de ella (contra legem), en cuyo caso podía constituir delito. Al reconocerse funciones de justicia o jurisdiccionales a los pueblos y comunidades indígenas/campesinas siguiendo su propio derecho y aplicado por sus propias autoridades, se admite explícitamente la existencia de órganos distintos al poder judicial, legislativo y ejecutivo para la producción del derecho y el ejercicio de la violencia legítima. Se admite el llamado derecho consuetudinario no sólo como fuente del derecho (estatal), sino como un derecho propio que se aplica incluso contra la ley.[7]

En este sentido se pronuncian los constitucionalistas Bernales y Rubio. El reconocimiento de la jurisdicción especial “permite el ejercicio de la función jurisdiccional por un órgano u organización distintos al Poder Judicial, limitándose el principio de la unidad y exclusividad del Poder Judicial para dicha función, consagrado en el inc. 1 del Art. 139” (Bernales, 1999: 682). Por lo tanto, cuando las autoridades indígenas o comunales ejercen estas funciones jurisdiccionales los tribunales ordinarios deben inhibirse de intervenir, so pena de actuar inconstitucionalmente, anota Rubio[8]. En todo caso, tendría que probarse que se trata de hechos que están fuera de la competencia de la jurisdicción especial (por ejemplo cuando los hechos no se realizaron dentro de su ámbito territorial).

La Jurisdicción especial comprende todas las potestades que tiene cualquier jurisdicción: Notio, Iudicium, Imperium o coercio. Esto es, la potestad para conocer los asuntos que le correspondan, incluyendo funciones operativas para citar a las partes, recaudar pruebas (Notio); la potestad para resolver los asuntos que conoce, siguiendo su propio derecho (Iudicium), y finalmente, la potestad de usar la fuerza para hacer efectivas sus decisiones en caso de ser necesario. Ello comprende acciones que pueden restringir derechos como ejecutar detenciones, obligar a pagos, a realizar trabajos, etc. (Coercio o Imperium).[9] La Corte Constitucional de Colombia ha reconocido en reiterada jurisprudencia el carácter de Jurisdicción que tienen los pueblos indígenas, con todas las potestades mencionadas.

Los actos de coerción personal derivados del ejercicio de la función jurisdiccional especial (dentro de su territorio y siguiendo su propio derecho) no constituyen, por definición, usurpación de funciones de la jurisdicción ordinaria, o delito de secuestro, privación ilegal de la libertad ni ninguna otra forma delictiva, como no lo son la captura, trabajo comunitario, prisión, embargo, impedimento de salida que sufren las personas por orden legítima de la jurisdicción ordinaria. Se trata, por propio reconocimiento constitucional, del ejercicio de un derecho, del derecho de los pueblos y comunidades de ejercer funciones jurisdiccionales. El ejercicio de un derecho no puede constituir por tanto la comisión de un delito pues no sólo no está prohibido, sino que su ejercicio está legitimado y protegido. En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional de Colombia ha respaldado estas facultades de la jurisdicción especial.[10] Ello incluye claramente no sólo potestades coercitivas generales sino también potestades punitivas específicas las cuales ya no están en manos de la jurisdicción penal ordinaria sino de la jurisdicción especial o tradicional (San Martín, 1999: 90-91).

Sujeto titular del derecho.

El Convenio 169 de la OIT tiene como sujeto titular del derecho a los “pueblos indígenas”, mientras que en los textos constitucionales de los países andinos se mencionan “pueblos”, “comunidades”, “comunidades campesinas y nativas” y “rondas campesinas”. El texto constitucional y el Convenio deben interpretarse sistemáticamente, bajo el principio de rescatar lo más favorable a los pueblos indígenas. Con base en el Convenio 169, los Pueblos Indígenas -en general- tienen titularidad para aplicar su derecho consuetudinario y ejercer funciones jurisdiccionales, y no sólo las instancias comunales que algunas constituciones mencionan (Perú). El concepto de pueblo es más comprehensivo que el de comunidad pudiendo comprender formas de organización comunal que no están reconocidas por ley, o estando reconocidas, que no estuviesen tituladas propiamente como indica la ley. Este concepto de pueblo también incluye organizaciones supracomunales, grupos étnicos extensos, federaciones o los llamados “pueblos no contactados”, al margen de su estatuto legal.[11]

Para los efectos de la definición de “pueblo indígena” ha de considerarse el derecho de autodefinición que consagra el Convenio 169 (Art. 1, inc. 2). Si bien el término “pueblo” es más amplio que el de “comunidad” ello no significa que no deban reconocerse estos derechos cuando sólo hay comunidades y no pueblos indígenas con todos sus componentes. Cabe recordar que justamente la historia colonial y republicana ha impactado negativamente en muchos pueblos pulverizándolos en comunidades, y diluyendo y transformando sus elementos identitarios. En algunos casos tal impacto incluye la pérdida de los idiomas indígenas, la propiedad común de la tierra (por la expansión de las haciendas durante la república), las estructuras de poder supracomunal, y el hecho mismo de autodenominarse indígenas, por la connotación negativa que le fue asignada. El término “indígena” fue exitosamente sustituido por el de “campesino” en varios países a partir de mediados de siglo hasta la fecha (Perú, Bolivia, y otros países de Latinoamérica como Guatemala durante la reforma agraria de 1952). Es necesario tener en cuenta que los pueblos y culturas indígenas no son estáticos, mientras que los conceptos tienden a serlo. Las culturas y formas de organización social se transforman y recrean constantemente. Por lo tanto, hay muchos colectivos que tienen una identidad propia y diferenciada del resto de la sociedad nacional, con su propia cultura legal e instituciones, con herencia andina y también de otras fuentes, pero que ya no hablan idiomas indígenas ni mantienen elementos tradicionales que se considera parte de una identidad indígena estereotipada.[12]

Las autoridades indígenas.

Las cartas constitucionales mencionan la potestad de las autoridades de los pueblos/comunidades indígenas/campesinas para ejercer funciones jurisdiccionales o de justicia. Las cartas de Colombia, Perú, Ecuador simplemente hablan de “autoridades”, en cambio la Constitución de Bolivia es más explícita al indicar “autoridades naturales”, así como la de Venezuela, que habla de “autoridades legítimas”. La referencia a las “autoridades de los pueblos o comunidades indígenas” alude a los individuos o colectivos (asambleas, cuerpos colegiados) que según los sistemas indígenas tienen potestad para gobernar, resolver conflictos o regular la vida social. Y ello incluye la potestad de los pueblos y comunidades indígenas a tener su propio sistema institucional para el autogobierno, la organización del orden social y resolución de conflictos, lo que llamaríamos la justicia o función jurisdiccional. Este derecho, a contar con sus propias autoridades significa que las mismas son nombradas o designadas bajo las reglas indígenas y tienen las atribuciones que dichos pueblos les asignan. El Convenio 169 de la OIT se refiere al reconocimiento de las “instituciones” de los pueblos indígenas, lo cual incluiría no sólo autoridades específicas sino también la forma de organización institucional. Aquí cabe incluir también a los sistemas institucionales que son “apropiados” por los pueblos indígenas, no obstante tener un origen foráneo. Las prácticas estatales que implican el nombramiento o imposición de determinadas personas, indígenas o no, para que sean autoridades de pueblos o comunidades indígenas devienen incompatibles con el derecho mencionado. Esto además constituiría una violación del derecho a “la propia vida cultural” (art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), al derecho de autoidentificación (Convenio 169 de la OIT), y a las normas constitucionales que reconocen autonomía organizativa de las comunidades y pueblos indígenas.

Competencias.

En cuanto a la competencia territorial, material y personal, las Constituciones de Colombia y Perú comparten, grosso modo, los mismos criterios teniendo como base la competencia territorial. La Constitución de Bolivia no hace referencia expresa al tema. La Constitución del Ecuador habla de una competencia con relación a “conflictos internos” sin precisar si es en razón de territorio, persona o materia. La Constitución de Venezuela limita la competencia territorial y personal. Analizaré el alcance de las mismas teniendo en cuenta el Convenio 169 de la OIT.

Competencia territorial.

En principio, el Convenio 169 de la OIT (arts. 13-15) reconoce a los pueblos indígenas el derecho a tierras y territorio como un espacio de gestión colectiva. Se trata del lugar que ocupan o utilizan de algún modo para realizar actividades que les permitan su reproducción material y cultural. Por lo tanto, tener competencia sobre los hechos que ocurren dentro de dicho territorio es parte de la definición propia de los derechos territoriales. La competencia sobre el territorio, sin embargo, es un mínimo, pero no un limitante, pues el alcance de la jurisdicción indígena se puede ampliar en razón de la competencia personal y material. De hecho, por razón de competencia personal, la jurisdicción indígena podría tener competencia extra-territorial.

En las Constituciones de Colombia y Perú, el criterio fundante de la jurisdicción indígena es la competencia territorial. Esto es, que la jurisdicción indígena y el derecho consuetudinario son los que rigen dentro del espacio territorial del pueblo o comunidad indígena o campesina. En estos países, la Constitución y leyes reconocen un espacio territorial/tierras colectivas a los pueblos y/o las comunidades indígenas, campesinas o nativas.

En Bolivia y Ecuador no hay una mención específica a la competencia territorial. Sin embargo, cabe interpretar, en concordancia con los derechos territoriales reconocidos por el Convenio 169 de la OIT que, en tanto se otorga funciones de justicia o de administración y aplicación de normas propias a las autoridades de pueblos y comunidades indígenas, la competencia de las mismas se da por lo menos dentro de los territorios que dichos pueblos o comunidades ocupan o utilizan de alguna manera. La Constitución de Venezuela señala de modo expreso que las autoridades indígenas tienen competencia para aplicar “sus instancias de justicia” dentro de su hábitat. Pero adicionalmente incluye una limitación en la competencia personal que luego comentaré.

Cabe distinguir entre la competencia territorial para conocer casos y para la validez de las decisiones del derecho y la jurisdicción indígena.[13] El derecho indígena y la jurisdicción especial tienen competencia respecto de los hechos, casos situaciones o relaciones jurídicas que se dan dentro del ámbito territorial de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, nativas o rondas campesinas.[14] Pero la eficacia de dichas decisiones es de alcance nacional.[15]

Para dar contenido al concepto de “ámbito territorial” es importante utilizar el Convenio 169 de la OIT que define el territorio como “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan o utilizan de alguna manera” (Art. 13, 2) e incluye dentro de los derechos territoriales inclusive “las tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia” (Art. 14, 1). El ámbito territorial no equivale entonces a tierras de propiedad del pueblo indígena, comunidad o ronda, sino al espacio geofísico que utilizan de alguna manera. Esto es importante porque en los diversos países no todos los pueblos o comunidades tienen tierras tituladas o perfectamente delimitadas. Adicionalmente, hay comunidades que carecen de algún reconocimiento legal de la propiedad común de la tierra. Incluso, como el caso de la Constitución del Perú de 1993, se permite la venta de tierras comunales sin que por ello desaparezca la comunidad como ente colectivo sujeto de derechos.[16] Lo importante es que se trate del espacio sobre el cual estos pueblos y comunidades interactúan de alguna manera. En tal espacio, por ende, es donde se aplica el derecho y la justicia indígena/comunal. En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional de Colombia al establecer el precedente de que el término territorio no solamente se refiere a la tierra de propiedad legalmente reconocida, sino a la habitualmente ocupada por una comunidad indígena[17] o a “aquellas áreas poseídas por una parcialidad, comprendiendo en ellas no sólo las habitadas y explotadas sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades económicas y culturales” (Sentencia T-384 de 1994) (Sánchez et al. 2000: 133).

Un comentario sobre el caso venezolano. El texto de la Constitución de Venezuela es el único que expresamente reduce la competencia territorial a la competencia personal al indicar en el Art. 260: que

“Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes [...].”

Parecería desprenderse de este artículo, entonces, que la jurisdicción indígena sólo podría ver casos dentro de su territorio o hábitat que afecten a sus miembros, mientras que no podría hacerlo, ni aún dentro de su hábitat, cuando ello afecte a terceros, es decir personas no-indígenas. Aquí hay dos principios en pugna. Uno alude a la idea que un sistema legal se aplique a quienes participan de los marcos sociales y culturales del mismo. Sin embargo, este principio puede ser contestado con otro: la necesidad de fortalecer y garantizar apropiadamente el conjunto de los derechos colectivos reconocidos a los pueblos indígenas y que están consagrados en varios artículos de la Constitución. Aquí se hace necesaria una interpretación sistemática. Si los terceros realizan hechos o actos dentro del hábitat indígena que no afectan en modo alguno los bienes o derechos indígenas, pues no tendría sentido que el derecho y la jurisdicción indígena entren a regir, pero en el caso que tales terceros afecten o comprometan de algún modo bienes, derechos o intereses relevantes de los pueblos indígenas o sus miembros, tales pueblos tienen derecho de intervenir para proteger dichos derechos. La propia Constitución de Venezuela, en los artículos 119 y 121 les reconocen el derecho a la “existencia y organización propia”[18], así como el derecho a sus tierras originarias, cultura, forma de organización, usos y costumbres. Por lo tanto, si terceros entran a los territorios o hábitat indígenas y realizan hechos o actos que afectan o comprometen de algún modo la existencia, costumbres, derechos o bienes colectivos de los pueblos indígenas o sus miembros, los mismos tienen válidamente el derecho de intervenir y defender sus derechos. Ello no obsta, sin embargo, a que se conciban mecanismos específicos para resolver conflictos interculturales y que no se violen los derechos humanos.

Adicionalmente, cabe una competencia extra-territorial para el caso de indígenas que realizan hechos fuera del ámbito territorial indígena, que analizaré luego.

Competencia material.

La jurisdicción especial indígena tiene competencia para conocer todas las materias que juzgue conveniente la misma, dentro del ámbito territorial propio (del pueblo indígena/comunidad) e, incluso extraterritorialmente, respecto de sus miembros, bajo ciertas circunstancias. Ni los textos constitucionales de los países andinos ni el Convenio 169 establecen un límite en cuanto a las materias o la gravedad de hechos que puede conocer el derecho indígena. Y donde la ley no distingue, el intérprete no puede distinguir, recortar o reducir. Esta amplitud es coherente con el hecho de que la jurisdicción especial o justicia se imparte de conformidad con “sus normas y procedimientos” (Constitución Colombiana), “derecho consuetudinario” (Constitución Peruana), “costumbres y procedimientos” (Constitución Boliviana), “costumbres o derecho consuetudinario” (Constitución Ecuatoriana) o “tradiciones ancestrales, y propias normas y procedimientos” (Constitución Venezolana), es decir, de acuerdo al sistema jurídico del pueblo o comunidad indígena que se trate. Como cada sistema jurídico tiene su propio modo de clasificar y reconstruir los hechos sociales desde sus propios valores y categorías, le corresponde al mismo definir qué hechos sociales les parecen relevantes como para ameritar su intervención. Es más, la propia construcción de los hechos relevantes está condicionada culturalmente, y no necesariamente coincide o corresponde a las categorías del derecho oficial, si bien para efectos comparativos se puede utilizar sus categorías. Esta amplitud de materias también está contemplada en el Convenio 169, que menciona, ilustrativamente, materias referidas a la propiedad y manejo de la tierra, los métodos de persecución de delitos, la forma de organización social, política y económica. En síntesis, los sistemas jurídicos indígenas tienen competencia para conocer todo tipo de materias y de toda gravedad o cuantía en tanto tengan interés en hacerlo de acuerdo a sus normas y procedimientos.[19]

Una nota con relación a la Constitución venezolana. Esta carta señala que la aplicación en su hábitat de instancias de justicia es “con base en sus tradiciones ancestrales”. No cabe desprender de ello que los pueblos indígenas estén sujetos al pasado y no puedan innovar. Por ello es necesario subrayar, para efectos de una interpretación sistemática, que el reconocimiento del derecho y la jurisdicción especial indígena que hacen la Constitución y el Convenio 169 de la OIT no se refiere a normas, tradiciones o costumbres o procedimientos específicos, sino a la potestad de auto-regularse y resolver los conflictos sociales que consideran relevantes.

En síntesis, la jurisdicción especial tiene competencia para ver hechos que considera relevantes para sí, estén o no tipificados por el derecho oficial, sean considerados leves o graves, o sean calificados como penales o civiles por el derecho oficial, ya que la jurisdicción especial no se rige por la ley estatal, sino por su propio derecho.[20] El constitucionalista peruano Marcial Rubio aclara este punto al analizar el alcance del Art. 149 de la Constitución del Perú de 1993:

“La función jurisdiccional será ejercida de conformidad con el derecho consuetudinario. Quiere decir esto que aplicarán las costumbres del lugar (...). Podrán aplicar todo tipo de costumbre: las que llenan los vacíos de la ley y las que secundan la ley porque son llamadas por ella (...) pero también las que van contra la ley (tradicionalmente prohibidas en nuestro derecho), y que son precisamente aquéllas para las que sirve esta autorización.” (Rubio, 1999: 200).

El penalista César San Martín también coincide con este punto de vista al señalar que la jurisdicción especial (también llamada comunitaria, indígena o tradicional) constituye una excepción a la jurisdicción ordinaria, y en tal caso es la jurisdicción ordinaria la que no debe intervenir.[21] En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, reconociendo competencia a la jurisdicción especial inclusive en casos de homicidios (Sánchez et. al., 2000: 132). Una reducción externa de las materias que pudiese conocer la jurisdicción especial iría en contra del reconocimiento constitucional y afectaría el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. En todo caso, es la propia jurisdicción especial la que podría, si así lo viese conveniente, delegar materias o casos para el conocimiento de la jurisdicción ordinaria, o pedir el apoyo de la fuerza pública. La carencia de argumentos jurídicos para fundamentar una posición limitativa de las competencias jurisdiccionales de los pueblos indígenas refleja la pervivencia de la concepción colonial de que los indios sólo son competentes para conocer casos pequeños o marginales, sin afectar la ley.

Competencia personal.

La competencia personal sólo ha sido mencionada expresamente en una Constitución. De la redacción de los textos constitucionales de Colombia y Perú se entendería que la jurisdicción indígena comprende a todas las personas que están dentro del ámbito territorial indígena, pues lo que rige es el criterio de competencia territorial. En Bolivia depende de lo que establezcan “sus costumbres y procedimientos”. Y en Ecuador depende de lo que defina su propio derecho como “asunto interno”, pues hay casos en los que las comunidades y pueblos indígenas consideran un asunto como propio o interno cuando se ha realizado en su territorio o afecta personas o bienes indígenas, aún cuando en tales casos participen personas no indígenas. En casi todos los países las comunidades son mixtas, las tasas migratorias son altas y las relaciones interétnicas son frecuentes y complejas.

El derecho al propio derecho tiene dos fundamentos. Uno, podríamos calificarlo como cultural, el hecho de la participación de la persona en un sistema cultural determinado. En principio cada persona o grupo humano tiene derecho a ser juzgado dentro del sistema normativo que pertenece a su cultura. Otro, podríamos calificarlo como político. Se trata de la protección de la potestad de un colectivo para controlar sus instituciones y determinar lo que pasa dentro de su territorio, pues es el modo en el que garantiza su reproducción como colectivo y los derechos de sus miembros. Este segundo fundamento permite evitar que personas ajenas a los pueblos o comunidades indígenas (no-indígenas) comentan hechos dañinos dentro de tales bajo el amparo de que no pueden ser juzgadas por dichos sistemas. En general, los hechos dañinos realizados dentro de comunidades indígenas por agentes no indígenas suelen quedar sin reparación alguna, pues aquellos buscan librarse de los controles indígenas y están lejos de los estatales. Además, la intervención de los aparatos estatales dentro de comunidades o pueblos indígenas ha mellado los sistemas jurídicos indígenas, afectando con ello la vida comunitaria misma. Los textos constitucionales de los países andinos muestran una clara vocación para proteger la existencia biológica y cultural de los pueblos indígenas, así como para fortalecer el derecho indígena. Y el Convenio 169 de la OIT señala entre sus considerandos “las aspiraciones de los pueblos indígenas a controlar sus instituciones”. En esta línea, es consistente que el derecho indígena sea fortalecido afirmando su aplicación sobre el territorio/hábitat indígena tanto respecto de indígenas como no-indígenas, con el objeto de proteger los bienes y derechos indígenas. Esto permitiría fortalecer la vida comunitaria indígena y evitar la intervención o presencia de policías, jueces u otros agentes del derecho estatal, que secularmente han debilitado a las comunidades y pueblos indígenas. Esta a su vez es la lógica de funcionamiento de cualquier sistema jurídico. En síntesis, apegándonos al objetivo constitucional de reconocer y fortalecer la jurisdicción especial dentro de su ámbito territorial, no encontramos argumentos para, a priori, sustraer de la misma a no-indígenas que realizan hechos susceptibles de juzgamiento dentro del ámbito territorial comunal.[22]

Otro tema de cuestionamiento con relación a la competencia personal es sobre la voluntariedad u obligatoriedad del sistema para los indígenas. Es decir si los indígenas que no desean ser sometidos a su jurisdicción están obligados a la misma o pueden recurrir a otra. Los textos de las diferentes constituciones andinas establecen claramente que la potestad para aplicar el derecho indígena y la jurisdicción especial o justicia indígena es de las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, es decir, que reside en tales pueblos y sus órganos de decisión colectiva. No es una atribución de los individuos de decidir si se someten o no al derecho y la justicia indígenas. Como todo sistema jurídico, también los sistemas jurídicos indígenas tienen campos de intervención obligatoria, cuando se afecta bienes que el sistema considera de interés público, y campos de intervención facultativa, librada a la acción de los individuos o familias, pero el sistema en su conjunto es obligatorio y se impone sobre los individuos, de otro modo se debilitaría la vigencia misma del sistema. El Convenio 169 de la OIT señala el derecho de los pueblos indígenas de aplicar sus propios métodos para la persecución de delitos cometidos por sus miembros (Art. 9,2). Ello establece, de una parte, el derecho de los miembros de pueblos indígenas ante el Estado, de ser juzgados por los métodos de sus propios pueblos y no por el derecho estatal. Pero al ser una atribución de los pueblos indígenas como colectivos y no de los individuos, no es facultativo de las personas en tanto individuos, y por lo tanto no están en condiciones de huir legalmente de su sistema cuando no les “conviene” reparar una falta, trabajar o cumplir una sanción. En todo caso, al ser la jurisdicción especial potestativa de los pueblos indígenas, tales -los pueblos- sí están en la facultad de considerar bajo qué circunstancias intervienen y en cuáles no, qué casos juzgan directamente o, incluso, en cuáles piden colaboración de la fuerza pública o la jurisdicción ordinaria. La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana es consistente en este punto, al sostener que no son los individuos sino la comunidad o pueblo el que tiene la potestad de jurisdicción, fallando que sus miembros no pueden escaparse de ella cuando les conviene (para huir de una sanción). La jurisdicción especial incluso tiene el derecho de contar con el auxilio de la fuerza pública cuando algunas personas pretendan escaparse de la justicia indígena sin reparar daños causados dentro de la misma[23].

Otro tema es el de la competencia personal respecto de indígenas fuera del territorio/hábitat indígena. Aquí aplicaría el fundamento cultural del derecho. Cuando se trata de situaciones o hechos que sólo afectan a indígenas, aunque se realicen fuera del territorio comunal (por ejemplo un conflicto de pareja o familiar o una sucesión), es claro que el derecho y la jurisdicción indígena podrían intervenir, pues el marco cultural y normativo del mismo sigue rigiendo en tales personas. En estos casos dependería de la jurisdicción indígena si interviene o no. En estos casos, cabe hacer un paralelo con el derecho internacional pues hay situaciones civiles e, incluso penales, en las que los sistemas nacionales rigen extra-territorialmente para definir derechos y obligaciones o sanciones, como las relaciones de familia, sucesión, y algunos tipos de delitos. Insisto que esto depende de la decisión de los órganos indígenas de aceptar intervenir o no. En caso fuese parte de la práctica jurídica de un determinado pueblo o comunidad, bastaría que la persona afectada reclamara la intervención de su sistema y cuestionara la intervención de la jurisdicción ordinaria. Si la jurisdicción especial estuviese dispuesta a intervenir, la jurisdicción ordinaria tendría que inhibirse.

En los casos de competencia de la jurisdicción ordinaria, por haber ocurrido los hechos fuera del ámbito territorial indígena y afectar bienes o derechos de terceros la misma, de todos modos, está obligada a considerar el condicionamiento cultural de los indígenas al momento del juzgamiento y la sanción. Esto podría dar lugar incluso a la exención o atenuación de pena, cuando los hechos no son considerados reprobables dentro de la cultura indígena que se trate.[24] Aquí operan dos principios. De una parte no se puede condenar a una persona que no se ha podido motivar en contrario por tener tales hechos como aceptables dentro de su cultura. En segundo lugar, cuando se trata de hechos que son valorados culturalmente de modo distinto por diversas culturas, la igual dignidad de las culturas no justificaría que una orientación cultural criminalice una práctica que es culturalmente aceptada por otro pueblo. En todo caso, aquí cabe una vasta tarea de diálogo y acuerdo intercultural.

Límite o marco: Derechos Humanos.

El Convenio 169 (Art. 8,2) sólo establece como límite del derecho consuetudinario la no violación de derechos fundamentales ni humanos. De este modo, quienes pretenden decir que la jurisdicción especial debe estar subordinada a la jurisdicción ordinaria, o que no puede interferir con ella, o que debe estar controlada o reducida, están haciendo una interpretación que no se condice con el texto ni el espíritu del Convenio 169, ni los principios de interpretación sistemática, teleológica y progresiva.

La Constitución peruana en su art. 149 establece un límite semejante al del Convenio 169 al indicar que el ejercicio de las funciones jurisdiccionales especiales debe hacerse de conformidad con el derecho consuetudinario “siempre que no se violen los derechos fundamentales de la persona”. Los textos constitucionales de los demás países andinos suelen ser más restrictivos. Las cartas de Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela limitan el reconocimiento de la jurisdicción especial (Colombia) o justicia indígena (Bolivia), funciones de justicia (Ecuador) o instancias de justicia (Venezuela) al respeto de la Constitución y las leyes. La de Venezuela añade además el orden público. En tal supuesto, es obvio, que el margen del derecho y la jurisdicción especial indígena sería sumamente limitado. Dado que tal limitación es menos ventajosa para los pueblos y comunidades indígenas que la previsión del Convenio 169 de la OIT, regiría la norma que concede más derechos y ventajas a los dichos pueblos, como señala el Art. 35 del Convenio 169 de la OIT, con fuerza legal en todos los países andinos. Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia ha dejado sentado que si la jurisdicción especial tuviera que respetar toda la Constitución y las leyes, devendría vacía, de tal modo que sólo debe respetar lo que ella llama los mínimos fundamentales: el derecho a la vida (no matar), integridad física (no torturar), libertad (no esclavizar) y la previsibilidad de la sanción como principio del debido proceso (Ver Sánchez,1998 y Sánchez et al.,2000).

Aparte, líneas arriba he argumentado que el ejercicio de funciones jurisdiccionales, con las restricciones de derechos que pueda implicar (detenciones, investigaciones, sanciones, algunas formas de coerción personal, etc.), al ser legítimas y legales, no implican la comisión de delitos o violación de derechos humanos per se. Si una medida es violatoria de derechos humanas debe ser analizada en sí misma, pero no lo es el mero hecho del ejercicio de la jurisdicción especial por las autoridades indígenas/comunitarias.

Interpretación Intercultural de los derechos humanos.

En las diferentes cartas constitucionales de los países andinos, el Estado reconoce el carácter pluricultural de la Nación/Estado/República y, consecuentemente, el derecho a la diversidad cultural. Además, reconoce el pluralismo legal, con el correspondiente derecho a la jurisdicción especial indígena/campesina (con sus autoridades jurisdiccionales y derecho). Por lo tanto, la definición e interpretación de los derechos humanos no puede quedar en manos de una sola orientación cultural ni un solo aparato institucional, sin peligro de violentar el derecho a la diversidad. Los derechos humanos deben ser definidos e interpretados con base en el diálogo intercultural. En primera instancia, cualquier presunta vulneración de los mismos debe ser tratada al interior de la propia jurisdicción especial. Y en ningún caso puede considerarse que el mero ejercicio de la jurisdicción especial, cuando ella corresponda, constituye una violación de derechos humanos -dado que su ejercicio constituye un derecho constitucional-.

En caso de posibles conflictos entre el derecho consuetudinario y los derechos humanos y fundamentales el Convenio 169 de la OIT señala que deberán establecerse procedimientos adecuados para resolver dichos conflictos (Art. 8,2). Estos procedimientos no han sido establecidos y deberían crearse en consulta con los pueblos indígenas (Art. 6 del Convenio). El objetivo de los mismos sería garantizar la interpretación intercultural de los hechos y el derecho mismo, para honrar el reconocimiento del derecho a la diversidad que hacen las diferentes cartas de los países andinos. Una propuesta podría ser la conformación de tribunales mixtos o escabinados compuestos por jueces estatales y autoridades indígenas/comunitarias que resuelvan mediante reglas de equidad los presuntos conflictos entre jurisdicción especial y derechos humanos (y no con base en un solo derecho: el estatal o el derecho consuetudinario), tratando de entender las diferentes posiciones (desde su propio marco cultural) y promover arreglos para prevenir la violencia o violación de derechos (atendiendo las demandas y necesidades de todas las partes).[25] El objetivo es que los pueblos y las autoridades indígenas/comunitarias no queden como simples espectadoras de un ejercicio siempre ajeno del poder jurisdiccional y sometidas pasivamente a la interpretación de los jueces ordinarios, sino que se constituyan verdaderamente en autoridades jurisdiccionales con todas las potestades que la Constitución les ha reconocido. La construcción de un Estado Pluricultural debe partir del respeto a la igual dignidad de los diferentes y basarse en el diálogo, la negociación. En este sentido se pronuncia Will Kymlicka, uno de los máximos exponentes de la teoría de la ciudadanía multicultural, al sostener que en situaciones de multiculturalidad con presencia de pueblos indígenas, minorías nacionales o culturas societales con un nivel de autogobierno, el sometimiento de los mismos a un marco de derechos humanos no significa necesariamente que deban responder a una ley nacional ni a sus tribunales, sino que podrían crearse tribunales con participación equitativa tanto de la jurisdicción federal (nacional estatal) como de dichos pueblos indígenas o minorías.[26]

La Coordinación.

Las diferentes cartas establecen que debe haber una ley de coordinación entre la jurisdicción especial y el sistema jurídico nacional (Colombia), Poder Judicial (Perú) o sistema de justicia nacional (Venezuela). Ecuador y Bolivia utilizan el término de “compatibilización”.[27] En primer lugar, cabe subrayar que se trata de una ley de “coordinación” y no de “reglamentación” como algunos han entendido erróneamente. Y la vigencia de la jurisdicción especial no está supeditada a esta ley, como ha esclarecido reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, cuya Constitución es fuente de las demás constituciones andinas[28] En segundo lugar, cabe subrayar que la palabra “coordinación” establece una relación horizontal y no de control, revisión o alguna forma de subordinación. Lo que se busca es establecer un sistema que posibilite la relación armónica y pacífica entre la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria en condiciones democráticas y no de subordinación. Entre las necesidades de coordinación se encuentran el establecimiento de reglas que permitan resolver conflictos de competencia, mecanismos de cooperación y auxilio mutuo. En tercer lugar, y dentro de una lógica democrática de diálogo intercultural, la ley también debería establecer los procedimientos para resolver presuntos conflictos entre derechos humanos y jurisdicción especial. Pero esta función de coordinación no otorga por anticipado una potestad a las autoridades de la jurisdicción ordinaria de controlar o supervigilar a las autoridades de la jurisdicción especial. En cuarto lugar, la ley también tendría que regular mecanismos adecuados de coordinación directa entre la jurisdicción especial y diversos entes públicos como la Policía, el Ministerio Público, los gobiernos locales, los Registros Públicos (por ejemplo para registrar decisiones de la jurisdicción especial que modifican registros de la propiedad o el estado civil). En quinto lugar, la ley debería hacer una adecuación normativa entre la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y el resto de la normativa nacional, así como desarrollar aspectos que no son claros en la Constitución. Lo que de ninguna manera puede hacer la ley es recortar o restringir derechos, sí puede ampliarlos o desarrollarlos. Esta ley tendría que ser consultada con los pueblos indígenas para tener legalidad (lo ordena el art. 6 del Convenio 169 de la OIT) y legitimidad (consenso), como un primer paso en la construcción del Estado Pluricultural.

Conclusiones

Las reformas constitucionales que reconocen el derecho indígena y el pluralismo legal en los países andinos tienen consecuencias políticas y teóricas muy importantes, porque cuestionan las bases en las que se ha fundado el modelo de Estado-nación desde el siglo XIX en Latinoamérica. Tales cambios abren la posibilidad de una relación no excluyente, de articulación democrática de la diversidad bajo nuevas definiciones y relaciones entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto. Dichos cambios, sin embargo, no son homogéneos ni suficientemente consistentes, por lo que la interpretación de los mismos está sujeta a tensiones. La resistencia de la mentalidad monista, monocultural y racista de los operadores jurídicos, políticos y pobladores en general constituye una barrera importante para la efectiva vigencia del reconocimiento del pluralismo legal y la construcción de un Estado pluricultural.

Si aspiramos a una sociedad realmente democrática, es necesario encarar el reto de una articulación consensuada del pluralismo cultural, legal, lingüístico de nuestras sociedades, y, una redistribución equitativa de los recursos materiales y políticos. Para efectos de superar las deficiencias e incoherencias de las reformas normativas y políticas es necesario contar con un marco interpretativo sistemático y consistente. He ahí la necesidad de una hermenéutica pluralista. Esta hermenéutica pluralista supone una mirada teleológica que apunta a la construcción un Estado y sociedad pluralistas, con respeto de los pueblos indígenas y otros colectivos, bajo el principio de la igual dignidad de los pueblos y culturas, y la equidad en la redistribución de los recursos sociales. Tal hermenéutica pluralista permitirá el desarrollo de una articulación democrática de la diversidad, bajo el principio del diálogo intercultural y la equidad en el poder de definición. Dicha hermenéutica pluralista no sólo constituye una aspiración doctrinaria, sino que se funda, de modo positivo, en el principio de progresividad de los derechos humanos, así como en el principio pro-indígena que contiene el Convenio 169 de la OIT. El art. 35 del Convenio 169 establece que en la aplicación de las disposiciones del mismo se deben respetar los derechos y ventajas garantizados a los pueblos indígenas en virtud de otros convenios, leyes, costumbres o incluso acuerdos nacionales. Es decir, más allá del principio de jerarquía normativa, rige un principio sustantivo por el cual priman las normas o disposiciones que otorgan más derechos y ventajas a los pueblos indígenas. Bajo tal principio se deben interpretar normas que aparentemente son incoherentes o reducen derechos.

Como primer reto político y teórico de esta hermenéutica pluralista aparece la necesidad de consensuar mecanismos institucionales y sociales para posibilitar un diálogo intercultural en el que todos los pueblos y colectivos tengan poder de definición. Este poder de definición incluye la potestad de establecer interculturalmente contenidos sustantivos y mecanismos procesales para articular la diversidad, redistribuir equitativamente recursos materiales y poderes políticos de la sociedad, afirmar los derechos humanos que deben ser respetados por todos los pueblos –sin el monopolio de una cultura-, y los mecanismos para resolver conflictos interculturales e interlegales. Sólo así podremos empezar a vislumbrar un Horizonte Pluralista para nuestras sociedades, promover la justicia, reducir la violencia, y caminar hacia una paz sostenible.

Bibliografía.

ALERTANET- Portal de Derecho y Sociedad/ Portal on Law & Society. www.derechoysociedad.com

América Indígena (1999) Revista. Vol. LVIII N° 1-2, correspondiente al año 1998. Pluralismo Jurídico y Derechos Indígenas en América Latina. México: Instituto Nacional Indigenista, Instituto Indigenista Interamericano.

Bernales, Enrique (1999): La Constitución de 1993. Análisis comparado. Lima: Constitución y Sociedad ICS.

Borja, Emiliano (2001): Introducción a los fundamentos del Derecho Penal Indígena. Valencia: Tirant lo Blanch.

Borrows, John y Leonard Rotman (1998): Aboriginal Legal Issues. Markham, Ontario: Butterworths.

Clavero, Bartolomé (2000): Ama Llunku, Abya Yala: Constituyencia Indígena y Código Ladino por América. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

Congreso Constituyente Democrático (1993): Actas del Debate. 29a.”P” Sesión permanente (vespertina) 20-7-1993 (referentes a los artículos 88 y 89, sobre tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas).

Hurtado Pozo, José (1995): “Impunidad de personas con patrones culturales distintos”. Revista Derecho N° 35, Lima: Facultad de Derecho, PUCP.

Kymlicka, Will (1996): Ciudadanía Multicultural. Barcelona: Paidos.

Marzal, Manuel (1986) Historia de la Antropología Indigenista: México y Perú. Lima: PUCP.

Mesa de Pluralidad Jurídica y Derechos Étnicos (1994): Pluralidad Cultural y Derechos Étnicos. Propuesta de reforma constitucional. En: Desfaciendo Entuertos, N° 3-4, 1994.

Peña, Antonio: “Pluralismo jurídico en el Perú” en: Deshaciendo Entuertos No 3-4, Octubre 1994, 11-15.

Rubio Correa, Marcial (1999): Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo V. Lima: PUCP.

Sánchez Botero, Esther (1998): Justicia y Pueblos Indígenas de Colombia. Santa Fe de Bogotá: UNC y UNIJUS,

Sánchez, Esther e Isabel C. Jaramillo (2000): La Jurisdicción Especial Indígena. Santa Fe de Bogotá: Procuraduría General de la Nación e Instituto de Estudios del Ministerio Público.

San Martín, César (1999): Derecho Procesal Penal. Vol. I. Lima: Ed. Grijley.

Santos, Boaventura de Sousa

(1991): Estado, Derecho y Luchas Sociales. Bogotá: ILSA.

(1994): Entrevista. En: Desfaciendo Entuertos. N° 3-4 Octubre. pp. 27-31.

(1998) La Globalización del Derecho. Bogotá: ILSA.

Van Cott, Donna Lee (1999): Constitutional Reform and ethnic rights in Latin America. En: Parliamentary Affairs: A Journal of Comparative Government.

Yrigoyen Fajardo, Raquel

(1992) Pluralidad Jurídica y Propuestas de Reforma Constitucional. En: Primer Taller Nacional sobre Rondas Campesinas, Justicia y Derechos Humanos. Cajamarca: CEAS, Obispado de Cajamarca y CEAS.

(1993) Las Rondas Campesinas de Cajamarca. Una aproximación desde la antropología jurídica. Lima: PUCP, Facultad de Derecho.

(1994) “Apuntes sobre el artículo 149 de la Constitución Peruana: alcances, límites, consecuencias y retos.” En: Desfaciendo Entuertos No 3-4 Octubre 1994, 19-26.

(1995a) De la Criminalización de la diferencia cultural a la legitimación de un orden pluralista (Perú, Países Andinos). Tesis. Master en Sistema Penal y Problemas Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona.

(1995b) Un nuevo marco para la vigencia y desarrollo democrático de la pluralidad cultural y jurídica: Constitución, Jurisdicción Indígena y Derecho Consuetudinario (Colombia, Perú y Bolivia). Lima: CEAS y Desfaciendo Entuertos.

(1996) “Control Penal y Diversidad Étnico-cultural”. En: Diego, María et al (coord.): Conflicto Social y Sistema Penal. Salamanca: COLEX y Universidad de Salamanca.

(1999a) Pautas de Coordinación entre el derecho Indígena y el derecho estatal. Guatemala: Fundación Myrna Mack.

(1999b) “Reconocimiento constitucional del derecho indígena y la jurisdicción especial en los Países Andinos (Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador)”. En: Revista Pena y Estado # 4. Buenos Aires: Editorial el Puerto. (129-140)

(2000) “Tratamiento Judicial de la Diversidad cultural y la jurisdicción especial en el Perú”. En: Milka Castro (ed): XII Congreso Internacional. Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal: Desafíos del Tercer Milenio. Arica: Universidad de Chile y Univ. de Tarapacá. (272-285).

(2001) “Retos para construir una Juridicidad Pluralista. Balance de los Proyectos de ley sobre el art. 149 -Derecho Consuetudinario- Legislaturas 1995-2000 y 2000-junio 2001.” en: I Encuentro de la Sección Peruana de Antropología Jurídica. Lima, PUC.


NOTAS:


[1] Las ideas centrales han sido tomadas de Yrigoyen, Raquel: “Estado Pluricultural, Derecho Indígena y Control Penal” (tesis doctoral en curso para la Universidad de Barcelona).

[2] Uso el término “Horizonte” en el sentido de un marco de pensamiento que se extiende en el tiempo y orienta políticas. Monismo: identidad Estado-derecho; sólo cabe un sistema jurídico dentro de un Estado. Es opuesto a la idea del pluralismo legal, esto es, la coexistencia de varios sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio geopolítico. Monoculturalidad: el Estado sólo representa una cultura, en nuestro caso la occidental, ignorando las demás, como las culturas indígenas.

[3] Los países mencionados (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia) conforman la Comunidad Andina de Naciones, por el Acuerdo de Cartagena firmado el 10 de marzo de 1996. Ver:  www.comunidadandina.org.

[4] Para este punto retomo y actualizo el artículo Yrigoyen, 1999b.

[5] Constitución de Colombia de 1991, Art. 7: “El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.” Constitución de Perú de 1993: Art.2: Toda persona tiene derecho, inc. 19: “A su identidad étnica y cultural. El estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación.” Reforma a la Constitución de Bolivia de 1994: Art. 1: Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural [...]”. Constitución de Ecuador de 1998, Art. 1. “El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico.” Constitución de Venezuela de 1999: Artículo 100: “Las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. (...)” (destacados míos).

[6] Algunos objetan el reconocimiento constitucional de los sistemas jurídicos indígenas bajo el argumento de que se va a generar caos por la “creación” de muchos sistemas, pero los textos constitucionales, en primer lugar no están creando sino reconociendo algo que ya existe en la realidad social, lo que sí permite crear es puentes de entendimiento y articulación, y condiciones para su desarrollo.

[7] En el caso del Perú este tema fue explícitamente debatido en el Congreso Constituyente: que el reconocimiento del pluralismo legal permitía la aplicación del derecho consuetudinario aún en contra de la ley, y por eso es que esta norma merecía estatuto constitucional y no sólo legal. (Diario de Debates CCD, 12.4.1993 y 23.6.1993).

[8] “También entendemos que cuando exista un proceso de este tipo, los tribunales ordinarios deberán inhibirse, aún cuando puedan actuar de oficio, pues de no hacerlo estarían actuando inconstitucionalmente contra este artículo (149)”. Rubio (1999: 208). (Destacados míos).

[9] Ver: Sánchez y Jaramillo (2000: 130-131), quienes a su vez citan la Enciclopedia Jurídica Omeba en su definición de Jurisdicción. Tomo XVII, p. 538-9, SA. Buenos Aires.

[10] “Esto implica que los pueblos indígenas pueden tener personas encargadas de conducir a los renuentes ante las autoridades judiciales de la comunidad, [tener] sitios de reclusión o castigo, y también que pueden imponer penas restrictivas de la libertad y tener personas que vigilen el cumplimiento de las penas de cualquier tipo. Además de los límites que se derivan de los derechos humanos, la Corte no ha señalado otros. Por el contrario, ha avalado la actuación de los indígenas en este aspecto. Véase Sentencias ST-349 de 1996, T-523 de 1997, y SU-510 de 1998.” (Sánchez y Jaramillo 2000, p. 143). “En el caso de los pueblos indígenas, el derecho de administrar justicia también incluye el derecho de utilizar la fuerza física, teniendo como límite la protección del derecho a la vida e integridad corporal”. Al respecto, la Corte, mediante “sentencia T-349 de 1996... protegió la sanción del cepo... (y) la sentencia T-523 de 1997 ... protegió la sanción del “fuete”... bajo la consideración de que no constituían trato cruel inhumano ni degradante”. (Sánchez y Jaramillo 2000, p. 142). Esta facultad también incluye el derecho de “impedir la entrada o permanencia en su territorio de personas indeseadas (derecho de exclusión de su territorio)” (Sentencias T-257 de 1993, SU-510 de 1998 y T-652 de 1998), entre otros tipos de medidas y sanciones (Sánchez et al., 2000: 119).

[11] El art. 1, inc. 1, literal b) del Convenio 169 establece que el mismo se aplica “a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.” (Resaltado mío).

[12] La Constitución del Canadá de 1982 ofrece un interesante ejemplo de cómo otorgar derechos a colectivos que no entran propiamente dentro de la categoría “indígena” pero que tienen herencia indígena e identidad diferenciada del resto de la sociedad nacional. Este es el caso de los Métis, un colectivo mestizo constituido a partir del mestizaje de miembros de las Primeras Naciones, Inuit y europeos, pero con una identidad propia y que reclamaba la aplicación de derechos que se reconocen a los pueblos indígenas. En 1982 se hizo una enmienda a la Constitución del Canadá a fin de que se incluyera a los “Métis” entre los pueblos aborígenes del Canadá y les reconociera derechos que corresponden a dichos pueblos (Sección 35,2), no obstante no ser un pueblo indígena propiamente. El criterio utilizado es que los Métis mismos consideran que tienen una identidad cultural propia y distinta al resto, que no es ni indígena, ni occidental. (Borrows y Rotman, 1998: 465-497).

[13] Tomo esta distinción de Sánchez y Jaramillo 2000, p. 132.

[14] La Corte Constitucional de Colombia ha sustentado el mismo criterio: “En la sentencia ST-496 de 1996 (...) se afirma que uno de los elementos de este fuero es (...) de carácter geográfico, que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio (...)”.Sánchez y Jaramillo 2000, p. 132.

[15] “Por otro ha indicado que la validez de las decisiones de la autoridades indígenas en todo el territorio nacional (por ejemplo) ordenando a la policía nacional llevar al territorio indígena respectivo a las personas que han escapado de las autoridades indígenas, para que la pena impuesta se cumpla en territorio indígena. Véase Sentencia ST-349 de 1996. (Sánchez et al., 2000: 133).

[16] En el Perú, las rondas campesinas de estancias y aldeas tampoco tienen tierras de propiedad común pero sí tienen espacios delimitados de actuación de acuerdo al límite de la estancia, aldea o caserío (que es el espacio de las familias empadronadas y que participan en las asambleas).

[17] “Así por ejemplo en la sentencia T-254 de 1994, a pesar de que la comunidad indígena no había legalizado aún la propiedad sobre la tierra ocupada, la Corte consideró procedente el ejercicio de las facultades jurisdiccionales dentro del territorio en el que estaba asentada la comunidad.” (Sánchez et al., 2000: 133).

[18] Constitución de Venezuela, “Artículo 119, sobre el derecho a la existencia y organización propia. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley.”

“Artículo 121, sobre el derecho a la identidad étnica y cultural indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.” (destacados míos).

[19] Algunos proyectos de ley de desarrollo constitucional de varios países (como Perú, Argentina, México) pretenden reducir la competencia material de los pueblos indígenas a casos de menor cuantía o gravedad, o sólo a casos civiles o donde se juegan bienes negociables y no públicos, o que corresponderían al derecho penal. Sin embargo, esta limitación no tiene fundamento legal alguno ni en las cartas constitucionales ni en el Convenio 169 de la OIT que menciona expresamente la materia penal.

[20] Bernales, 1999; Rubio, 1999; San Martín, 1999; Peña, 1994; Yrigoyen, 1994, 1995a y 1995b.

[21] “Las infracciones penales son de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, que es la básica o común. Esta jurisdicción conoce todos los procesos que no estén expresamente atribuidos a las otras, cuyos campos de actuación han de estar casuísticamente señalados y constituyen excepción. Desde este punto de vista se tiene, como ya se anotó, tres jurisdicciones especiales; en primer lugar, la jurisdicción tutelar [menores]. En segundo lugar, la jurisdicción militar [...]. En tercer lugar, la jurisdicción tradicional, dedicada a la aplicación del derecho penal consuetudinario para las conductas penales que determina la ley, cometidas por los integrantes de las Comunidades Campesinas y Nativas en su ámbito territorial” (San Martín, 1999: 90-91). (destacados míos).

[22] Este punto es materia de discusión en la jurisprudencia colombiana, así como en otros países y se busca tener en cuenta si los extraños conocían o no las costumbres indígenas. En términos prácticos, las comunidades aplican algunas reglas a extraños, especialmente en lo que se refiere a reparación de daños, pero no otras que dependen de la participación en la cultura de la comunidad. La pertenencia cultural es un criterio importante para el juzgamiento de cualquier persona, de un pueblo indígena o no, pero ello no debe utilizarse como pretexto para que los extraños busquen eximirse de su responsabilidad ante hechos o daños causados en pueblos/comunidades indígenas/campesinas.

[23] En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional de Colombia. Para garantizar la potestad coactiva de la jurisdicción especial indígena (ius imperium) ha ordenado a la policía colombiana colaborar con las autoridades indígenas para capturar a quienes salieron del territorio indígena tratando de evadir el cumplimiento de una sanción: Sentencia ST-349 de 1996. Ver Sánchez et al., 2000: 142.

[24] Como lo contempla el art. 15 del Código Penal peruano de 1991, bajo la figura del error de comprensión culturalmente condicionado. Y también lo establece el Convenio 169 de la OIT (art. 9 inc. 2; 10 y 12).

[25] En otros trabajos he planteado esta propuesta (Yrigoyen, 1994, 1995a, 1995b y 1999a). La conformación de estos tribunales mixtos no excluye el apoyo de peritos antropológicos o comunitarios. Una propuesta semejante ha sido planteada por las Rondas Campesinas en su Encuentro Regional (2000) y Nacional (2001). Ver: Yrigoyen 2001.

[26] Kymlicka cuestiona el supuesto que los pueblos indios tengan que someterse a la Constitución o a tribunales federales, compuestos exclusivamente por jueces no indios. Sugiere que se podría “acordar la creación de un tribunal bilateral de derechos humanos (...), en el cual ambas partes [estuviesen] equitativamente representadas”. (Kymlicka, 1996: 232-3).

[27] Planteo algunos contenidos posibles de una ley de Coordinación en Yrigoyen (1994 y 1999a).

[28] “El derecho a administrar justicia dentro de su territorio y a regirse por sus propias normas y procedimientos (...) se trata de un derecho de aplicación inmediata y que por tanto no requiere una reglamentación del Estado colombiano para ser reconocido”. Sentencias de la Corte Constitucional de Colombia: T-254 de 1994, C-139 de 1996, C-349 de 1996, T-496 de 1996 y T-23 de 1997. (Sánchez y Jaramillo, 2000, p.118). Esto también es sostenido por Rubio, 1999; Bernales, 1999; Yrigoyen 1994, 1995a y 1995b)

Ediciones Digitales © 2016-2019 - Material fuera de comercio

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación                        

 Dra. Teodora ZAMUDIO