La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

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Genética, dominación e identidad cultural en el sur argentino -chileno *

por Sergio Cecchetto **

** Dr. en Filosofía, Magister en Ciencias Sociales, con estudios de especialización en bioética. Miembro de la carrera de investigador científico CONICET. Miembro de la Asociación Argentina de Bioética, de bioética.org y de prodiversitas.org

 

A mediados de 1996 un medio periodístico hizo conocer a la opinión pública que durante 1993 y 1994 un equipo de científicos pertenecientes a la Unidad de Retrovirus y Leucemia Comparada del New Bolton Center (Universidad de Pennsylvania, USA) liderados por el Profesor en Microbiología Dr. Jorge Ferrer -argentino radicado actualmente en norteamérica-, recorrió varias provincias argentinas para tomar muestras de sangre de individuos pertenecientes a distintas comunidades aborígenes.

 La investigación emprendida tenía por objeto reunir información sobre retrovirus causantes de la leucemia humana (HTLV I y su variante HTLV II), del sida (HIV) y del parásito responsable de la enfermedad de Chagas-Maza; motivo que los llevó al encuentro de pueblos originarios en las Provincias de Formosa y Salta (tobas, chorotes y wichis o matacos), y de la Provincia de Neuquén (mapuches).  

La recolección de 94 muestras sanguíneas en las comunidades aborígenes de Ruca Choroi y de Los Miches (Provincia de Neuquén) fue la última etapa del proyecto, y se realizó con recursos propios de los investigadores y el apoyo de otros dos agentes sanitarios contratados, un médico y una enfermera de una localidad cercana a la Cordillera de los Andes en el sur del país. Sin embargo, la información periodística mencionada forzó a la Subsecretaría de Salud Provincial a fijar postura, puesto que los grupos indígenas involucrados se mostraron disconformes con lo sucedido y criticaron duramente la  investigación a la que juzgan emparentada con la Organización Genoma Humano (HUGO). La citada Subsecretaría, por su parte,  declaró haber prohibido en forma expresa el proyecto porque en su solicitud el Dr.Ferrer no incluyó el protocolo de investigación completo ni explicitó cuáles serían los recaudos de naturaleza ética que tomaría para proteger la intimidad, integridad y autonomía de los sujetos humanos involucrados.

Acto seguido distintas organizaciones no gubernamentales (grupos políticos, medioambientalistas, religiosos y bioéticos) se hicieron eco del reclamo de los aborígenes que temen "ser aprovechados para obtener resultados que reportarían inmensas sumas de dinero a grandes laboratorios multinacionales, sin recibir retribución alguna",  lesionados en su dignidad humana y utilizados para llevar adelante "prácticas racistas y de usurpación tecnificada de los recursos" -incluidos los genéticos. La Confederación Indígena Argentina  ha presentado en foros internacionales un pedido de "moratoria mundial sobre recolección, clasificación, transformación y comercialización de líneas celulares humanas y materiales genéticos de pueblos indígenas" hasta tanto se pongan en marcha regulaciones que garanticen su efectiva protección, al tiempo que instan a detener cualquier esfuerzo científico realizado con tales propósitos  mientras no queden expresamente asegurados sus intereses legítimos.

El Dr. Ferrer, por su parte, no sale de su asombro porque sus investigaciones giran en torno a los virus y no a la genética. Afirma no tener relación alguna con el HUGO ni con la Secretaría de Comercio de los USA, que no pretende patentar secuencias genéticas ni la obtención de beneficios económicos. No comprende por qué si las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la Nación Argentina y las Subsecretarías de Salud provinciales de Salta y de Formosa colaboraron de tan buena gana con su emprendimiento, las autoridades del Neuquén le dan la espalda. Asegura incluso haber comunicado por escrito los resultados preliminares de su trabajo a esta delegación, si bien ello aconteció una semana después de que estallara el escándalo y saliera a relucir la desconfianza sobre sus intenciones honorables.  

Un trámite equivalente sufrió la investigación que el antropólogo Francisco Raúl Carnese -Profesor universitario de Antropología Biológica- llevaba a cabo en las localidades de El Chalía y Loma Redonda (Provincia de Chubut) con grupos mapuches y las tribus tehuelches canquel y quichalma. Gracias al financiamiento del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el CONICET, Carnese inició un estudio antropogenético en terreno. Su propósito declarado era construir un mapa genético de las distintas etnias y establecer sus rutas prehistóricas valiéndose para ello del ADN que contienen los cromosomas del núcleo y las mitocondrias. Para alcanzar ese objetivo analizaba la frecuencia con que se presentaban ciertos marcadores genéticos en los diversos grupos seleccionados. Al mismo tiempo el equipo de investigadores aprovechaba la oportunidad para estudiar variables antropométricas y hacer un diagnóstico nutricional de cada comunidad junto con un análisis epidemiológico que evidenciara la incidencia de algunas infecciones tales como la sífilis, la hidatidosis, el HIV, el chagas y la hepatitis A y B en esas comunidades. En febrero de 1995 el equipo de estudiosos se desplazó hasta el Centro de Salud de El Chalía para pedir autorización a los caciques aborígenes y conversar sobre el emprendimiento con las familias seleccionadas. En marzo del mismo año realizaron las 54 primeras extracciones y, con posterioridad, se trasladaron hasta Loma Redonda para repetir el procedimiento, pero no consiguieron más que otros 12 voluntarios. Los indígenas se opusieron entonces firmemente al trabajo de los científicos, los cuales terminaron por detener el estudio en noviembre de 1995 por falta de sujetos humanos que expresaran buena disposición con el mismo.

  Cabe destacar que los estudiosos implicados no realizaron extracciones coercitivas, no reconocen vinculaciones con la Organización Genoma Humano, ninguna de las muestras de sangre se mandó fuera del país, ni se las utilizó con otros fines que los enunciados. Asimismo hicieron llegar sus resultados al Centro de Salud local y guardaron silencio sobre la identidad de los voluntarios, para que no pudieran ser identificados. Estos recaudos no pudieron evitar que el Presidente de la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA), Rogelio Guanuco, con el apoyo de la Confederación Indígena Neuquina (CIN), denunciara el asunto ante el ombudsman Jorge Maiorano y echara a andar un proceso que aún no ha concluido.

 Las autoridades rionegrinas no han querido dejar en manos de virtuosos y probos científicos el futuro de sus habitantes, ni tampoco esperar la demorada respuesta de la justicia para intervenir en el conflicto. Con fecha 22 de agosto de 1996 fue aprobado en la primera vuelta y por unanimidad el proyecto para la regulación de la investigación biomédica en seres humanos, presentado por el diputado radical Ricardo Sarandría. La normativa prevé que la Secretaría de Estado de Salud Pública provincial sea la que autorice o rechace la realización de estudios de ese corte, velando por la dignidad, integridad, privacidad, confidencialidad y autonomía de los voluntarios sometidos a estudio. Asimismo este organismo deberá evaluar los riesgos y los beneficios probables que se deriven de cada investigación planteada.  

¿Cuál es la causa de tanto alboroto y reticencia por parte de los grupos aborígenes y las autoridades gubernamentales locales? Pues el conocimiento de que, en 1986, los genetistas de países desarrollados acordaron que las técnicas de análisis del ADN (ácido desoxirribonucleico, material genético que conserva la información sobre todas las características y funciones del ser vivo al que pertenece) habían ya avanzado lo suficiente como para posibilitar la empresa de relevar la posición de todos los genes (fragmentos de ADN que contienen  información sobre una característica determinada; el color de los ojos, por ejemplo) que componen el genoma del ser humano (es decir, el conjunto de todos sus genes) y conocer su composición química. Tal programa, conocido bajo el nombre de Proyecto Genoma Humano (Human Genome Project), aportaría conocimientos para la prevención y el tratamiento de enfermedades causadas total o parcialmente por genes defectuosos. Al mismo tiempo el programa esconde zonas más oscuras pues la utilización de esos conocimientos para incorporar mejoras en las industrias alimenticia, medicinal, biotecnológica, de tinturas, fertilizantes, aceites, esencias, etc, desata una carrera por el patentamiento de secuencias genéticas obtenidas en laboratorio.  

Durante 1992 el genetista Luigi Luca Cavalli-Sforza propuso incorporar a los intereses de la Human Genome Organization (HUGO) un subproyecto específico: el estudio de las variaciones genéticas entre grupos humanos (Human Genome Diversity Project). El propósito era reconstruir la evolución y las migraciones del homo sapiens a partir del estudio del ADN de 500 comunidades aborígenes. Se intentaba además distinguir sus peculiares rasgos genéticos, aquellos que los tornan más resistentes o susceptibles a ciertas enfermedades, con miras a la futura elaboración de sustancias medicinales y técnicas de diagnóstico y tratamiento. Los grupos aborígenes seleccionados poseen en su organismo virus de graves enfermedades, pero no por ello desarrollan la enfermedad. Por tanto el análisis de su ADN proporcionaría información valiosísima respecto de los patrones de inmunidad y enfermedades latentes. La iniciativa del genetista italiano recibió rápido apoyo económico-financiero (por ejemplo de la J.D. y C.T. Mac Arthur Foundation para el desarrollo de un modelo de protocolo para la recolección de muestras genéticas en comunidades originarias). Las tareas de bioprospección en busca de genes humanos se suma así a las búsquedas ya iniciadas de plantas, animales, virus, bacterias, etc. 

El caso más sonado en relación a este subproyecto se presentó en Panamá. Allí, científicos panameños en colaboración con pares norteamericanos extrajeron en 1991 material genético de una mujer ngobe (Guaymí) de 26 años, que estaba internada con diagnóstico de leucemia en un hospital de la capital del país. Posteriormente los Dres. Jonathan E. Kaplan y Michael Dale Laimore intentaron patentar una línea celular ante la Secretaría de Comercio de los USA -utilizando las muestras sanguíneas malhabidas- arguyendo que cierto retrovirus que infecta a los indígenas guaymí podría utilizarse en futuras investigaciones sobre leucemia y el HTLV III, dada su similitud. La lucha presentada por el Congreso General Guaymí, distintas asociaciones no gubernamentales y grupos aborígenes hizo que a fines de 1993 el pedido de patente fuera retirado.

 El Proyecto de Diversidad del Genoma Humano ha identificado cerca de 200 comunidades originarias en el Pacífico Sur, de las cuales prevé recolectar muestras genéticas.  Los maorí (Nueva Zelandia), que constituyen un grupo muy numeroso, no se encuentran entre ellos debido a su marcada predisposición genética al cáncer, la otitis y el alcoholismo. Sin embargo ya se han presentado problemas con otras comunidades: el Hagahai de Papúa (Nueva Guinea) y en las Islas Salomon. En este último caso existió también un pedido de patente en los USA y, aunque el gobierno de las islas reclamó ante foros internacionales la violación de su soberanía y repudió en todos los tonos la manera en que se obtuvieron las muestras sanguíneas, su reclamo de repatriación del material no prosperó. Consiguieron al menos que el pedido de patente fuera retirado de la Secretaría de Comercio estadounidense. En el otro caso mencionado, en cambio, el Departamento de Sanidad estadounidense obtuvo la patente de un virus linfotrópico T humano, durante 1995. El científico Carol Jenkins, coautor del "descubrimiento" y por tanto dueño del 50% de los beneficios económicos derivados de él, ha cedido a la presión internacional y donado íntegralmente sus utilidades para destinarlas a la promoción de la etnia melanésica.

 Conviene destacar, por último, que en estos momentos se han encendido polémicas similares en otros puntos del globo. La distribución de los royalties ya preocupa a los finlandeses y a los hindúes, los cuales se encuentran preparando una normativa nacional con el propósito de restringir la extracción, exportación y explotación comercial de material genético.

Durante el mes de enero de 1996 dos diputados oficialistas chilenos, junto a los dirigentes de la Corporación Nacional Indígena, denunciaron ante el Parlamento que empresas extranjeras ya habrían patentado secuencias genéticas de individuos pertenecientes a las comunidades australes huilliches, yaganes y onas. También alertaron sobre el patentamiento de secuencias genéticas de plantas nativas como el quillay. La denuncia involucra a la corporación estadounidense American Cyanmid, a la Universidad de Arizona (USA) y la Universidad Católica de Chile. 

Pocas semanas atrás la Asociación de Defensa de la Cultura Aborígen (DECUIN) presentó el primer reclamo sobre el tema ante la ONU. Oscar Payaguala, director del organismo, asegura que un grupo de científicos que acreditó un aval de los Laboratorios Roche estuvo desarrollando tareas de bioprospección en Ecuador, Panamá y Perú -previo acuerdo de la empresa multinacional con los respectivos estados nacionales.

 A la luz de estos acontecimientos puede comprenderse el motivo de alarma entre los aborígenes argentinos, más allá de que justamente esas investigaciones citadas puedan o no estar vinculadas con el Proyecto Genoma Humano y el de Diversidad del Genoma Humano. Merece destacarse entonces que en los pueblos originarios no tiene sentido alguno hablar del genoma humano como material hereditario de un individuo, puesto que esa herencia es propiedad de todos los miembros de la comunidad. Se trata de un patrimonio comunitario y sagrado y por lo tanto les resulta ridículo, inadmisible e insultante que una compañía pretenda apropiarse de ese recurso y beneficiarse con ello. Además las categorías legales occidentales que discriminan entre propiedad cultural, intelectual y física no son diferentes ni mutuamente excluyentes para los pueblos indígenas. El interés por descubrir y comprobar los orígenes remotos y las migraciones de los pueblos indígenas de acuerdo con un esquema científico, por último, no es una preocupación que altere la calma de estas comunidades puesto que ellas poseen desde antiguo firmes creencias al respecto.

 No resulta difícil acordar que las relaciones entre dominación e identidad cultural adquieren en este fin de siglo un caracter muy peculiar, que pone en evidencia la tecnificación del bíos y la secularización de ethiké o, lo que es lo mismo, la manipulación técnica de la vida humana y la liberalización de la moral. En este contexto los pueblos indígenas aportan las primeras víctimas a esa voluntad científica nihilista por colocar todo en "tecas" antes de que desaparezca por completo; a esa voluntad nihilista propia de las almas muertas por convertir todo en banco, en reservorio, en museo, en archivo.

 

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* Este documento fue discutido en el II Encuentro del Mercosur Cultural; Argentina 1997 y, con posterioridad, publicado en AAVV. Dominación e identidad cultural. Buenos Aires, Sigma, 1997: 19-25 bajo el título El proyecto de biodiversidad del genoma humano: dominación e identidad cultural.

 

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