La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Personalidad y Derechos

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación

Dictamen del Dr. Germán Bidart Campos

Buenos Aires, octubre 3 de 1996 

Dr. Germán Bidart Campos (+)En torno del art. 75 inc. 17 procedo a evacuar la consulta que se me ha formulado.

Entiendo que hay dos pautas fundamentales:

a)     La cláusula citada de la constitución implica, a mi juicio, el reconocimiento directo y automático de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; o sea que es operativa, con el sentido de que el congreso no podría negar ese reconocimiento. Se trata de lo que en doctrina constitucional se denomina el contenido esencial que, como mínimo, debe darse por aplicable siempre, aun a falta de desarrollo legislativo;

b)     La misma cláusula consigna la competencia concurrente del Estado federal y de las provincias para reglamentar y aplicar el contenido íntegro del inc. 17.

 

Atento lo que surge del anterior b) –competencia concurrentes- apelo a la teoría del federalismo concertado que tiene en Pedro José Frías su mejor expositor. Creo que la norma en análisis facilita una concertación que establece un eje vertebral de acuerdo sobre las proyecciones interjurisdiccionales que emanan de la misma norma. Por ejemplo, para convenir las bases de inscripción y registración de las comunidades, de modo tal que tanto en jurisdicción federal como en las provinciales se adopten criterios análogos, y se tenga conocimiento de cuáles comunidades están acreditadas en calidad de tales.

En este sentido, juzgo conveniente llevar a la práctica el proyecto de convenio que se me ha remitido, a suscribir entre la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación y las provincias que decidan hacerse parte.

Por ende, ninguna disposición de la ley 23.302 puede prestar sustento para mantener en la actualidad una exclusividad de competencias federales.

No obstante, por vía de la concertación estimo que el INAI puede promover y propiciar medidas que tiendan a evitar la superposición y la contradicción en el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades por parte de diversas jurisdicciones, así como para lograr una base común de datos que contenga la registración de dichas comunidades.

 

Muy lejos de que ello se considere un intento de monopolizar competencias, doy por cierto que la concertación es útil para alcanzar –sin demasiados formalismos- el propósito de acomodar las formas asociativas a la idiosincrasia de las culturas aborígenes. En este sentido, considero prioritario que, para si debido respeto tal como lo exige la constitución, se sustituyan y/o supriman cuantas inscripciones se hayan efectuado bajo la máscara de estructuras asociacionales ajenas a la misma tradición y cultura indígenas, debiendo simplificarse las exigencias y formalidades que les son incompatibles.

El proyecto de la Secretaría de Desarrollo Social al que ya me he referido satisface, en lo esencial, el mínimo de requisitos aconsejables.

En la medida de lo posible, sería deseable que el banco de datos antes aludido incorporara asimismo a las comunidades de cuya existencia, aunque no estuvieran inscriptas o registradas, se tuviera noticia fidedigna.

 

En esta etapa inicial, mientras el congreso no legisle y derogue la ley 23.302, los contactos entre el INAI y las provincias, así como con las comunidades ya conocidas, puede ir aportando experiencias y facilitando la progresividad en la implementación de criterios comunes o similares que, sin desvirtuar la concurrencia de competencias federales y provinciales, presten aplicación inmediata al inc. 17 del art, 75.

 

 FDO: Dr. Germán Bidart Campos

Ediciones Digitales © 2016-2019 - Material fuera de comercio

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación                        

 Dra. Teodora ZAMUDIO