La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Propiedad comunitaria

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Los bienes comunes no son tragedia sino oportunidad

Patricia Madrigal y Vivienne Solís

[Patricia Madrigal, abogada, y Viviente Solís, bióloga, son directivas de Coope Sol i Dar R.L]


Desde la aparición del artículo "La tragedia de los comunes" ha tomado fuerza una orientación ideológica que afirma que un bien común, al no contar con derechos de propiedad individuales, conduce a su explotación irracional hasta su agotamiento.

Consecuencia de dicha premisa es la tesis de que el establecimiento de derechos de propiedad individuales promueve la conservación del bien. Pero la sistematización de diversos casos de manejo colaborativo de recursos naturales y áreas protegidas en América Central y el Caribe de habla hispana sugiere que tales premisa y consecuencia cambian al considerar otros contextos y valores culturales que entienden los bienes comunes como la base para su desarrollo (fundamentalmente las áreas protegidas manejadas por comunidades locales o indígenas o con la cooperación de éstas).

Los países que cuentan con una estructura principalmente agrícola se sustentan en valores como la cooperación, la colaboración y la solidaridad, necesarios para el uso conjunto y no excluyente de los recursos naturales. Las culturas autóctonas se estructuraron a partir de sistemas de propiedad colectivos que fueron sustituidos por sistemas de propiedad individual, contribuyendo en gran medida al agotamiento de esos recursos y a la introducción de prácticas insostenibles de uso.

La teoría de los bienes comunes ha sido entendida como una forma de fortalecimiento del estado-nación que ha permitido el uso de estos recursos para otorgarlos al sector privado, nacional o trasnacional, olvidando en muchos casos que dichos bienes han sido utilizados y conservados por comunidades locales, o indígenas, previamente al establecimiento de sistemas de propiedad estatal o privados.

Al menos tres experiencias centroamericanas brindan insumos que revelan la necesidad de un replanteamiento del otorgamiento del uso de los bienes comunes y de la forma en que han sido reconocidos los aportes que los diferentes actores sociales brindan a la conservación y al desarrollo: La comarca Kuna Yala ha sido reconocida territorialmente por el Gobierno de Panamá, garantizando su autonomía en la gestión y conservación de sus recursos, sin que esto haya significado la fragmentación del estado panameño ni la pérdida de su identidad cultural; por el contrario, es un reconocimiento de la diversidad de los pueblos dentro del estado-nación. El otorgamiento de concesiones forestales en el Petén de Guatemala reconoce la legitimidad de las comunidades locales como actores de su desarrollo. La lucha por la apertura de espacios para un manejo colaborativo en el Parque Nacional Marino Ballena demuestra una historia pendular en la gestión de un estado tradicionalmente centralizado, que se divide entre la apertura de los espacios de participación y el fortalecimiento del control de las áreas protegidas estatales.

La declaratoria de bienes públicos pretende proteger bienes que se consideran estratégicos para el desarrollo de un país y otorga a la administración una serie de potestades para su protección y el cumplimiento del fin público que lo justifica. En este sentido, la pregunta que plantean los promotores de la privatización es: ¿pueden los estados realmente velar por la conservación de los bienes de dominio público?

El estado, ente en constante cambio, más que tener una identidad fija y "autónoma" es un espacio de interacción, internacional y nacional, donde los distintos actores pugnan por incidir con su posición. El derecho internacional sigue partiendo de la idea de la soberanía de cada estado para tomar sus propias decisiones y de acuerdo a ellas definir sus políticas, estrategias y acciones. Sin embargo, este ámbito de decisión cada vez más frágil, más vulnerable o, quizás, más amplio está influido internacional y nacionalmente.

A nivel internacional no solo influyen los organismos financieros o comerciales multilaterales, sino también las organizaciones no gubernamentales internacionales que en materia de derechos humanos, de ambiente y de derechos del consumidor adquieren cada vez más fuerza y utilizan estrategias de denuncia, emplazamiento e influencia más fuertes. A nivel nacional no solo influyen los poderes tradicionales asociados a los sectores económicos y políticos, sino también los grupos que canalizan las expectativas de la sociedad civil, de los pueblos indígenas, de los ambientalistas y del ciudadano común.

Para establecer un balance entre conservación y desarrollo o, en otras palabras, lograr objetivos de desarrollo sostenible, el estado como administrador de bienes públicos debe procurar el cumplimiento de los fines de interés general que le dieron origen. Quiere decir que la administración de los bienes públicos debe darse para beneficio de sus habitantes, reconociendo las formas de gestión local o ancestral y las autoridades sobre esos recursos. El estado debe ser, entonces, participativo y descentralizado.

En conclusión, la teoría de los bienes públicos no se construye sobre la base del poder, la soberanía o la propiedad, sino sobre la conservación de los recursos necesarios para el desarrollo de un pueblo que garantice la distribución justa y equitativa de sus beneficios, satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes y futuras, fortaleciendo el estado de derecho a través de una gestión transparente y participativa respetuosa y promotora de los derechos humanos. El acceso, uso y distribución de beneficios derivados del uso de los recursos naturales debe estar basado en los valores éticos de respeto a la diversidad cultural, a los límites de la sostenibilidad y a la integración del conocimiento tradicional con el conocimiento científico -entre otros. Estas bases permitirían la sostenibilidad ecológica, cultural, social y económica del uso de los recursos naturales. En síntesis: los bienes comunes son una oportunidad para el desarrollo, de ellos el estado es el administrador para beneficio de las mayorías, y es necesaria una base ética para asegurar la justicia (igualdad en el acceso), la equidad y el reestablecimiento de las condiciones para garantizar dicha igualdad en el acceso y en la distribución de beneficios.

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 Dra. Teodora ZAMUDIO