La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

pueblo Mapuche

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Derecho a las Tierras.

Alumnos:    Carolina Scalercio Ratto D.N.I. 26.965.364.

                    Matías Risé  D.N.I. 25.364.718. 

 

 

INTRODUCCIÓN

Los grupos considerados como los antecesores de los mapuches se establecieron en la zona de los lagos precordilleranos chilenos alrededor de 500 años D.C. Estos eran grupos reducidos, cuya principal actividad era la caza, el cultivo de papa, y la recolección.

Estas poblaciones se extendieron por el sur hasta el río Maullin en Chile, y posiblemente hacia el oeste, ocupando el norte centro de la actual Provincia de Neuquen.

Con la llegada de los españoles, el pueblo mapuche habita la región ubicada entre los ríos Itata y Tolten. Asimismo, cabe destacar que compartían con los Picunche –gente del norte-, y los Huilinche – gente del sur – la misma lengua.

Como consecuencia del asedio español, entre otras cosas, los mapuches ingresan en el territorio argentino, y así fueron ocupando la zona comprendida entre las provincias de La Pampa, Córdoba, San Luis, Buenos Aires y Neuquen, hasta que el avance militar de finales del siglo XIX los obligo  a instalarse al sur del río Limay.

Por último, cabe destacar que el ingreso mapuche en territorio argentino trajo como consecuencia una serie de cambios, ya sea a nivel cultural en lo que hace a las culturas vernáculas, como a nivel poblacional, viéndose esto reflejado  en un largo proceso de mestizaje, dando como resultado parte de la actual población de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquen.           

 

TIERRAS  MAPUCHES

Los derechos indígenas están reconocidos en el artículo 75, inciso 17, donde establece: "Corresponde al Congreso... Reconocer la pre-existencia de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptibles de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.

Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones."
El Art. 75 inc. 17 menciona 2 situaciones distintas que deben tenerse en cuenta con respecto a las tierras indígenas: en la primera, que se refiere al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan, el Estado asume una realidad fáctica a la que otorga derechos de envergadura constitucional; la Segunda trata sobre la regulación del acceso a tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, lo que implica la obligación estatal de atender a las necesidades presentes y futuras de los pueblos indígenas respecto de la tierra.
Con respecto a la posesión indígena de la tierra debe señalarse que la forma que adopta la misma es distinta a la regulada en el código Civil. La ocupación se manifiesta de manera diferente y no siempre es evidente por el modo cultural de producción que no incluye, la practica de transformación masiva de la naturaleza, y por el notable ajuste con el medio que estos pueblos adquirieron a lo largo de las generaciones.
A pesar de la sutileza con la que aparecen los signos de posesión, los sitios de asentamiento periódico, las aguadas, los pozos, los territorios de caza, las zonas de recolección o de pesca, los cementerios están marcados de forma indeleble en la memoria histórica de estos pueblos. Esa memoria histórica, indisociables de la geografía como es la principal señal de posesión tradicional que ahora posee rango constitucional.
La intención del legislador de referir al concepto de territorio cuando habla de “las tierras que tradicionalmente ocupan” se ve robustecida por el carácter indisoluble que otorga a esos territorios al establecer la restricción del dominio mediante la inenajenabilidad, inembargabilidad, intransmisibilidad. Esto es así por la unión indisoluble entre la identidad étnica de los pueblos indígenas y los territorios que ocupan tradicionalmente.
La propiedad comunitaria es la figura que más se aproxima a la forma de relacionarse con la tierra que tienen estos pueblos y lo que justifica con mayor fuerza la categoría institucional de comunidad para encuadrarlo jurídicamente en forma conjunta. Se trata de una institución novedosa, reconocida y aceptada por la legislación existente, pero sin que exista un criterio uniforme para su caracterización, ya que algunas leyes la asimilan equivocadamente a formas asociativas aceptadas por el código civil (ley 6373 de Salta Art. 16). Esta confusión viene a ser salvada por la reforma que, a la vez que otorga rango constitucional a esta forma de propiedad, establece que la misma debe ser definida respetando la identidad y atendiendo a la preexistencia étnica y cultural de los indígenas. De esto surge la evidente necesidad de adecuar los textos legales a la nueva realidad jurídica.

Los pueblos Indígenas de la República Argentina serían personas jurídicas de carácter público no estatal; fundada esta calificación, en el interés social y político que representan y en el carácter que se les reconoce.

Las Tierras otorgadas a las comunidades indígenas lo serian a favor de su pueblo, y su uso y ocupación quedaría regulado por los códigos de sus usos y costumbres respectivos y las leyes medioambientales vigentes.

El derecho sobre las tierras reconocido a cada pueblo no se agotaría ni caducaría, en tanto sus miembros y sus autoridades habitasen en territorio de la República Argentina y observasen las normas referidas precedentemente.  

La aptitud y extensión de las tierras debería garantizar el desarrollo de los modos de vida tradicionales y actuales de cada pueblo, esto según el caso.

 

LEGISLACIÓN

La sanción de las leyes que garantizaran el acceso a la tierra, al reconocimiento de la presencia étnica y cultural de pueblos indígenas, el derecho a la educación, a hablar su lengua materna y otras cuestiones socioeconómicas fueron y son importantes.
La primera ley fue promulgada en Formosa, con una gran población aborigen, y su elaboración tuvo un gran protagonismo indígena.

Esta ley se aprueba con el nº 426 que otorga reconocimiento jurídico a las organizaciones aborígenes como asociaciones civiles, y con ella, la posibilidad de recuperar la tierra como "reparación histórica". También con esta ley se crea el ICA, el Instituto de Comunidades Aborígenes, de carácter gubernamental para operativizar las cuestiones indígenas relacionadas con la nueva legislación.
En Río Negro tampoco ha sido fácil la sanción de una ley. Luego de muchos tironeos entre los representantes indígenas y el gobierno provincial, fue sancionada la ley provincial.

Para lograrlo fue necesario que la poderosa organización mapuche, el Consejo Asesor Indígena, el CAI, luchara a brazo partido cada punto de la misma. Los mapuches del CAI reúnen a representantes de 72 parajes distintos, alejados por enormes distancias entre sí. Surgido a partir de la nevada del '84, el CAI es hoy una muestra de lo que puede lograr la organización indígena. Durante el primer gobierno democrático provincial, el CAI colaboró en un primer momento con la elaboración de la ley, pero cuando las autoridades pretendieron modificar el proyecto elaborado en conjunto, el CAI puso una firme resistencia.

Tras la elección de un nuevo gobernador, y tras una serie de grandes movilizaciones, se conformó una comisión legislativa de asuntos indígenas, en la cual intervinieron los representantes de los aborígenes y sus asesores. El proyecto de ley surgido de esa comisión fue festejado por los aborígenes y votado por unanimidad por los legisladores.

Este primer paso fue dado. Sin embargo, la lucha de la organización indígena continúa. Todavía hay que hacer realidad el sueño de la dignidad: recuperar las tierras.

 

LEGISLACIÓN (nivel federal)

Ley N° 23.302. Crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas para protección y apoyo a las comunidades aborígenes. Promulgada el 30 de septiembre de 1985

Ley Nro. 24.071. Ratificatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Ley N° 25.304. Convenio de integración cultural entre la República Argentina y la República de Bolivia. Sancionada. Octubre 14 de 1998. Promulgada de Hecho: Noviembre 9 de 1998

Ley N° 25.517. de Restitución de restos mortales de aborígenes, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas Sancionada: Noviembre 21 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 14 de 2001.

Ley Nacional N° 25.273: Dispone el traslado de los restos mortales del cacique Mariano Rosas, depositados en el museo de Ciencias Naturales de La Plata, a Leuvucó, Departamento de Loventuel, Provincia de La Pampa.

Ley N° 25.607. Establécese la realización de una campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas. Sancionada: Junio 12 de 2002. Promulgada: Julio 4 de 2002.

La Ley 19.253 chilena establece los parámetros de aquellos pueblos que el estado Chileno considera mapuches en sus Art., 60 y 61

 

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (169). Ginebra, 27 de junio de 1989  [remisión a Arts 1° y 13 a 19]

Cabe destacar que el Convenio precedentemente expuesto fue ratificado por nuestro país con fecha 03/07/2000, como asimismo por Bolivia –11/12/1991-, Colombia –07/08/1991-, Costa Rica –02/04/1993-, Dinamarca –22/02/1996-, Ecuador –15/05/1998-, Fiji –03/03/1998-, Guatemala –05/06/1996-, Honduras –28/03/1995-, México –05/09/1990-, Noruega –19/06/1990-, Países Bajos -02/02/199 -, Paraguay –02/02/1994-, y Perú el 02/02/1994.

EVOLUCIÓN

Efectuada la descripción legislativa que ampara los derechos de los pueblos indígenas, y como corolario de lo hasta aquí expuesto, cabe destacar que el pueblo Mapuche defendió exitosamente su integridad territorial por más de 350 años. Los colonialistas españoles y más tarde los estados Chileno y Argentino, bajo el pretexto de promover la civilización y el cristianismo, conquistaron mediante el uso de la fuerza el territorio Mapuche.  En 1885 los Mapuches perdieron finalmente el control de su territorio, los tratados fueron unilateralmente violados por las nacientes repúblicas. Decenas de miles de mapuches fueron exterminados, los sobrevivientes expulsado de sus tierras y hogares, condenados a vivir empobrecidos en pequeñas comunidades rurales o forzados ha emigrar a los centros urbanos”

Ejecutada la ocupación bélica en el territorio Mapuche por parte del Ejercito chileno desde fines del siglo XIX hasta principios del XX, se impone un sistema estatal en virtud de una posesión social y política, que se basa en el control ilegal del territorio Mapuche, principalmente para fines económicos. Además, debido a la falta de conciencia histórica y de identidad en el origen del Estado chileno, hace que al imponerse como instrumento de dominación actúe como una forma imperfecta de ordenador social, lo que provoca la progresiva abolición y negación de la existencia del Pueblo Mapuche y de su territorio.

En la actualidad, a pesar que en la situación Mapuche estamos en presencia de la existencia de un "Pueblo", es decir, unido por una misma tradición, con procedencia de un mismo origen racial, que mantiene un idioma, cultura y matices de religiosidad común, y provenientes     de  un  "Territorio común",  su condición de tal es absolutamente negada y conculcada al interior del Ordenamiento Jurídico del Estado chileno. Hoy, legalmente  se niega la existencia de un Pueblo, del reconocimiento de su territorio y la imposibilidad de ejercer sus Derechos de acuerdo a su Status Jurídico, en suma, se niega el Derecho a subsistir, el Derecho a la Vida.

Este Derecho básico (Derecho a la vida),  sólo se puede ejercer al interior de un territorio común que permita su subsistencia. Según la OIT en su convenio Nº 169 de 1989 (Art. 13º), el territorio es el espacio adecuado para que un pueblo originario cubra sus necesidades actuales, no sólo económicas, sino sociales, culturales y espirituales"...... "

Además, es el espacio - hábitat para atender a sus perspectivas de futuro: crecimiento demográfico y sus proyectos de desarrollo integral"... Es decir, la pertenencia de la tierra y territorio es lo que permite a un Pueblo el "Derecho a la vida",  que invoca el acceso a la alimentación, a la salud, a la reproducción, a la cultura y al desarrollo de las familias y las comunidades.

"UN PUEBLO = UN TERRITORIO" 

Los Derechos Territoriales del Pueblo Mapuche que están en deuda, no sólo involucra la superficie, sino también sus elementos, como son los recursos naturales, al medio ambiente y a los patrimonios culturales e históricos mapuches.  Recién aquí, estaríamos en presencia de un reconocimiento "territorial".
Sin lugar a dudas, en materias legislativas es mucho lo que se debe avanzar para un verdadero reconocimiento de la existencia del Pueblo Mapuche en el ejercicio de sus Derechos colectivos y el resguardo de su aplicación,  que permita su subsistencia, desenvolvimiento y proyección. Quedan pendientes entonces diversas normativas como son la Reforma Constitucional; ratificación del Convenio OIT Nº 169;  incorporación real de normas internacionales; junto a una verdadera transformación política y legal.

Amigos de la Tierra Argentina exige al gobierno nacional el reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos originarios y la aplicación del Convenio 169 de la OIT que obliga a los estados firmantes, entre ellos al Estado Argentino, a respetar la importancia especial que para las culturas originarias reviste su relación con la tierra y el derecho de propiedad y posesión sobre los territorios que tradicionalmente ocupan. A su vez, llama a reconocer su derecho a los recursos naturales existentes en esas tierras, garantizando su protección y la participación de las comunidades en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Los pueblos originarios no deben ser desalojados de sus tierras y en todo caso sólo podrá hacerse con su consentimiento, dado libremente y con conocimiento de causa, sin perder por ello el derecho de regresar a sus tierras tradicionales cuando dejen de existir las causas que motivaron su traslado.

Exige también que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas [INAI] sea un parlamento representativo y transparente de todos los pueblos originarios del país, garante de que sus voces y reclamos sean escuchados y en donde las comunidades participen activamente de su gestión.

Para todo esto es necesario comprender que los pueblos originarios, despojados de sus territorios y del lugar ancestral que ocupa la Tierra, su madre, serán huérfanos sin hogar y perderán su identidad.

Con respecto a las tierras mapuches, se discute la creación de una nueva ley de tierras que afectaría a las 5 millones de hectáreas recuperadas por el Pueblo Mapuche. (Red Eco) Rió Negro - Desde hace unos 15 años se vienen conquistando ciertos "reconocimientos legales" de los derechos de los Pueblos Originarios que, sin embargo, son completamente dejados a un lado en la práctica. En este sentido, hoy en día se debate la creación de una nueva ley de tierras provinciales que afectaría a los 5 millones hectáreas ocupadas por mapuches ignorando la legislación vigente que las reconoce como Territorio Mapuche y no como tierras fiscales. Las políticas de Estado de Chile y Argentina contra el Pueblo Mapuche tienen historia: en el siglo XIX han llevado a cabo la usurpación a través de la guerra llamada "Campaña del Desierto"; en el período siguiente, en busca de afianzar su soberanía, han instrumentado una política de exclusión y de control.

Con el fundamento de sus antropólogos, han diferenciado entre "indígena chileno" e "indígena argentino", pasando por alto que el Pueblo Mapuche ha sido siempre uno y que preexiste a los Estados Chileno y Argentino.

En los últimos 3 años, el Pueblo Mapuche ha recuperado 30.000 hectáreas de tierras pertenecientes al territorio en la región sur y andina. Estos campos involucran a más de 100 familias y antes estaban en manos de ocho terratenientes o inversores. Sin embargo, la única preocupación del gobierno argentino es cuánto dinero les dejará la venta del territorio

 

REPORTAJE

En una entrevista realizada a VICTOR ANCALAF LLAUPE, joven líder de  la Coordinadora Arauko-Malleko, residente en la Comunidad Mapuche (Novena región-Chile), se ha caracterizado por ser uno de los principales exponentes en las demandas de los Derechos Territoriales Mapuches.

Posteriormente a las movilizaciones de las Comunidades Mapuches por la Recuperación de Tierras, diversos dirigentes y comuneros  han tenido que verse enfrentado a un sin número de detenciones policiales, procesos judiciales y encarcelamiento. Todas ellas, han sido producto de las represiones políticas del Gobierno Regional y de los montajes realizados por particulares, como son las Empresas forestales, principalmente "Mininco".

La Empresa Forestal Mininco denunció a Víctor Ancalaf por robo de madera "con fuerza". Producto de ello cayó detenido, encarcelado en la Prisión de Collipulli por casi 15 días. Ancalaf, manifestó que en el recinto penitenciario no reunía ninguna condición de salubridad, que tuvo que dormir  en el  suelo  por  varios  días ,  sin  frasadas   y  compartir   el   baño   con   personas   que  incluso,   manifestaban   síntomas infecciosos. Además, dice fue tratado como un delincuente. Esta es la situación que deben enfrentar los dirigentes Mapuches, condición que se refirió como indigno e inhumano, incomprensible por cuanto se dice que estamos en el marco de una "Reforma al Poder Judicial" donde se han invertido millones de dólares, sin embargo la realidad es absolutamente distinta. Ancalaf fue dejado en libertad el 04 de febrero, bajo libertad provisional. El dirigente consideró que es víctima de una permanente persecución de la Empresa Forestal Mininco, que mantiene continuos montajes, todos infundados.

Dijo que los Mapuches podremos ser pobres, pero dignos y orgullosos, sin embargo el trato ha sido como viles delincuentes.

La lucha por el territorio continuará y  la Recuperación de Tierras no son casos Judiciales, son exclusivamente políticos y la responsabilidad de buscar una solución es del Gobierno. Judicialmente, los mapuches están en un completo desamparo porque no existe ni un mínimo de reconocimiento a sus Derechos como Pueblo.

No se comprende que un Gobierno, en que la mayoría de sus conductores fueron víctimas de una Dictadura Militar del Régimen de Pinochet, Hoy también recaiga en actos que atenten contra los Derechos Humanos como ha sido contra los Mapuches.

Las empresas forestales son el Poder máximo en la Región, han sido un escollo para los Mapuches y su territorio. Estas empresas ocupan actualmente territorio Mapuche, rodeando y acorralando a las Comunidades con sus forestaciones. Las Empresas

Forestales en Chile se agrupan a través de su organización denominada "CORMA" quienes han denominado las movilizaciones por la recuperación de tierras como  "Terrorismo Rural".

Los daños causados en su actividad han sido incalculables. Ambientalmente, han quemado miles de hectáreas de bosques nativos para dar lugar a sus plantaciones de Pino y eucaliptus; laboran con una serie de elementos químicos dañinos; y producto de la gran absorción de agua que tienen estas especies exóticas, han secado ríos, vertientes, estero y napas, dejando prácticamente sin agua a las Comunidades Mapuches. Además, como el caso del Pino, emite una resina que infertiliza la tierra, dejándola improductiva, perpetuándola solamente para dichas plantaciones. Por otro lado, la vecindad que han tenido con las Comunidades ha sido traumática, traen consigo trabajadores de otros lugares, con costumbres distintas provocando serias diferencias con los comuneros, entre otras fatalidades.

Todo esto, se ha agudizado aún más, con el comportamiento de las Empresas ante las demandas de las comunidades por la recuperación de Tierras, que junto a toda una campaña de desprestigio y calificaciones racistas, han buscado desvirtuar la atención de los problemas de fondo que existen con las Forestales. Se han ventilado a la opinión pública, varios casos de montajes, sabotajes y sobornos por parte de las Empresas, que incluyen las acciones las acciones judiciales;   los  pagos   ha   obreros   y  trabajadores  para  inculpar; auto provocación de incendios forestales y auto atentados.

Lo que es inconcebible, es que además de la complicidad que han tenido estas Empresas en nuestro País a través del Poder Político, también exista un amparo y complicidad internacional de varios Países. No se concibe que Países "Desarrollados" con grandes avances en materias legislativas sobre sus propios pueblos originarios, hoy estén Importando madera chilena de estas empresas, llevando en sus leños elaborados la sangre y sufrimiento de todo el Pueblo Mapuche a través de su historia. Hoy, los tratados que ha suscrito Chile a todo nivel, ha posibilitado el libre comercio de sus productos como el Pino y Eucaliptus, sin embargo, lo extraño de esto, es que Países con  un gran sentido de respeto hacia la diversidad y que son muy minuciosos en el control ambiental, estén comprando este tipo de materia. En el exterior rigen las Normas ISO 14.000 Y 14.001 sobre control ambiental, sin embargo, si estas normativas fueran aplicadas al caso de la exportación de madera chilena, estas no podrían ser comercializada por no cumplir en lo más mínimo dichos requisitos. Tal vez, ha llegado el momento de hacer un llamado a estos Gobiernos para que entiendan lo que están Importando y bajo que condiciones.

 

CONCLUSIÓN

La demanda mapuche exige la restitución de las tierras usurpadas y aspira a la reconstrucción de un territorio. El fundamento: una situación de injusticia que emana de la génesis del Estado de Chile y se hace sistemática en la relación de éste con el pueblo mapuche, generando un conflicto que para ser superado requiere que el Estado responda por las causas que le dieron origen. Por ello es imprescindible cambiar el eje de resolución de la demanda y posicionarla en el Estado, como un asunto de interés público, y no en el mercado.

En este marco, el Estado debe propender a establecer una Ley que asegure la transferencia de las tierras reivindicadas por los mapuche, una ley que se imponga a la voluntad de los particulares, indemnizándolos por la pérdida patrimonial, pero impidiendo que especulen o impongan sus intereses privados a la decisión de Estado de satisfacer una deuda histórica y corregir una injusticia que boicotea la paz social.

Resuelta la demanda de tierras, queda pendiente la construcción de una nueva relación Estado-Pueblos Indígenas, que aspira a la reestructuración del Estado Nación y a su redefinición como Estado plurinacional. “Hoy mas de un millón y medio viven bajo las leyes chilenas y argentinas. Su derecho a la auto-determinación les ha sido arrebatado, mientras su territorio, cultura, idioma, religiosidad y su medio ambiente natural, están constantemente amenazados”.  

Lo único moral y éticamente justo es pedir eternas disculpas a ese Gran Pueblo.  Devolverle todos sus territorios, con  las respectivas infraestructuras en Salud, Educación, Gobierno;  Respeto por sus Leyes y Creencias. Sin embargo: “A pesar del retorno del sistema democrático a esta región, los Mapuches siguen marginados y discriminados, la violación de los derechos humanos continua y los tratados y leyes internacionales sobre promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas aún no han sido adoptados”

Por último, cabe destacar que si bien hay una legislación que protege las derechos de los pueblos indígenas – aunque magra - creemos que es importante intensificar las aplicación de la ley vigente, esto a los fines de hacer efectiva la protección de los mismos, es decir que esta protección se materialice en beneficios concretos para los pueblos y comunidades que se encuentran al amparo de la legislación ya sea de orden nacional como internacional. 

 

 

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 Dra. Teodora ZAMUDIO