La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Derecho al nombre indígena

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Derecho al nombre indígena. Un paso hacia el pluralismo

Alumnos: Laufer Cabrera,  Mariano

                 Oliva,  Carolina

                                       "De todos los nombres, no te entiendo es el más revelador. Desde eso que llaman el descubrimiento de América, llevamos cinco siglos de no te entiendos."  EDUARDO GALEANO[1]

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN

II. ¿QUÉ ES EL NOMBRE?

II.1. Concepto, origen y evolución

II.2. El nombre para el ordenamiento jurídico

II.3. El nombre entre los wichí

II.4. Conclusiones Preliminares

III.- NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONAL APLICABLE

IV. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA EN ARGENTINA. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS

V."LA REALIDAD BUROCRÁTICA: DE ESPALDAS AL DERECHO"

V.1. Registro Civil de Capital Federal

VI- ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

VII: EL DERECHO AL NOMBRE. NECESIDAD  DE SU EJERCICIO PLENO PARA GARANTIZAR EL PLURALISMO JURÍDICO

VIII.  A MODO DE CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFIA

 

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN

Mediante el presente trabajo abordaremos la temática del derecho al uso e inscripción de nombres indígenas, considerando este objeto de estudio como uno de los tantos aspectos integrantes de los reclamos reivindicativos de los pueblos indígenas, en relación al respeto debido a su identidad cultural.

Al respecto, cabe manifestar que "la identidad es la gran cuestión en un mundo multicultural y fragmentado donde abundan las diferencias y las desigualdades, y donde, cada día, emergen nuevas reivindicaciones de minorías étnicas".[2]

Si bien en una reflexión apresurada podría considerarse este tema como de poca importancia o trascendencia, a lo largo de este trabajo demostraremos que esto no se aproxima ni mínimamente al valor real que tiene el nombre para cualquier sociedad, y en especial para los indígenas, con lo que quedará mas que justificado el tratamiento de este universo, poco abordado hasta la evolución doctrinaria actual.

Analizaremos brevemente el significado jurídico del nombre y sus principales caracteres, siempre en función de su vinculación con el derecho de los pueblos indígenas a su identidad.

Asimismo estudiaremos la legislación nacional respectiva, haciendo un análisis cronológico de la misma, así como de la jurisprudencia más importante sobre la materia. En este sentido, también haremos mención de las normas de Derecho Internacional que modificaron la escena local y que pueden aplicarse en la regulación de este tema.

Por otro lado, reseñaremos qué pasa en la realidad, en el devenir de nuestro país, señalando cuáles son los requisitos, condiciones y problemas que suscita la inscripción de los nombres indígenas en los Registros Civiles, que trabas burocráticas impiden o dificultan el pleno ejercicio de este derecho y qué criterios sostienen los funcionarios administrativos encargados de estos asuntos.

También investigaremos qué significa en sí el nombre para algunas comunidades indígenas (particularmente los wichí), cuál es el sentido cultural, mítico y de identificación del mismo, su importancia dentro de la vida social, cuál es el proceso de imposición de los nombres a los hijos, etc.

Y por último, relacionando todos estos aspectos con el tema de la interculturalidad y el pluralismo jurídico, intentaremos responder a la pregunta de si el derecho a un "nombre indígena" debe ser exclusivo de cada pueblo indígena (que acredite su condición de tal) o debe poder ser ejercido por cualquier individuo.

De todos estos aspectos nos  ocuparemos a continuación, intentando terminar despejando -al menos en parte- las dudas e inquietudes que nos movieron a realizar la presente investigación.

II. ¿QUÉ ES EL NOMBRE?

Para intentar responder esta pregunta, analizaremos el significado del nombre desde el punto de vista cultural y jurídico que le ha otorgado la civilización occidental, para luego confrontar dichas conclusiones con el significado que la dan al mismo algunas culturas indígenas, en particular, los wichí.

II.1. Concepto, origen y evolución

Puede decirse que el nombre nace como una necesidad del lenguaje, ya que es imprescindible la identificación de los individuos y de las cosas.

En este sentido, se ha dicho que "Cuando el "yo" y el "tú" no bastan, cuando "ese hombre" o "con aquella mujer", o con "el hijo mayor" o "el hijo menor" se agota la posibilidad de individualizar al ser que se quiere mentar, se hace necesaria una voz inconfundible que evoque, sin error, la imagen de la persona mencionada, o produzca el eco apetecido en la persona llamada."[3]

La voz genérica, el sustantivo común, abre paso al nombre propio, que el sujeto siente como suyo, inseparablemente suyo, hasta identificarse con él.[4]

La individualización permite que cada hombre sienta plenamente su "yo" personal, y que los demás se lo reconozcan, posibilitando el desarrollo de su personalidad. Una vez señalado, "aislado" en el grupo, el individuo cobra vida propia, autónoma y emprende la ruta de su realización personal.[5]

Generalmente, la doctrina suele afirmar que "el nombre es el medio de identificación de las personas en la sociedad"[6].

Así, grafica Pliner que "la sociedad humana no es concebible sin nombres personales, pues siendo un grupo organizado y dinámico, sus individuos deben cumplir tareas de cooperación y de interrelación que requieren inexcusablemente un orden mínimo que comienza por la individualización".[7]

El nombre está compuesto por el prenombre o "nombre de pila" y por el apellido. El primero es la forma de designación de un individuo y se adquiere por su inscripción en el Registro Civil, el segundo es una designación común a todas las personas pertenecientes a una familia. 

En un comienzo se utilizó un solo vocablo equivalente al nombre propio o individual. Esta denominación no era transmisible como los actuales apellidos.

Con el correr del tiempo al nombre individual se le adicionaron otros elementos como el nombre del padre en genitivo o la alusión a alguna característica peculiar del sujeto o el lugar de su procedencia.

En el derecho romano primitivo se mantiene la designación de las personas con un solo nombre, luego la complejidad de la vida en la ciudad origina el uso del nombre integrado. Aparece así el tria nomina compuesto por el praenomen, o designación individual que distingue a los miembros de una familia; el nomen, que era la designación común de todas las familias  de la gens y el cognomen, que servía para distinguir las diversas ramas de las gens.

Es en la Baja Edad Media cuando los nombres comienzan a vincularse a la familia. La costumbre de designar a las personas por sus características, es el origen de muchos de los apellidos actuales.            

La existencia y uso de los registros parroquiales contribuyó a dar fijeza al nombre y apellido, porque estos solo se podían probar con las partidas existentes en los mismos.

Es recién con la creación de los Registros Civiles, con lo que se da mayor inmutabilidad al nombre.

II.2. El nombre para el ordenamiento jurídico

No obstante la evidencia de ser el nombre de las personas un hecho tan antiguo como el lenguaje mismo, o la civilización, su regulación por normas jurídicas es un acontecimiento que pertenece a la historia contemporánea. [8]

En cuanto a las normas jurídicas que lo regulan, han recogido, generalmente el derecho consuetudinario.

En cuanto a la naturaleza jurídica del nombre, en la doctrina se han elaborado distintas tesis, de las cuales mencionaremos las más relevantes:

a) Tesis de la propiedad: considera que el nombre es uno de los principales derechos de propiedad. Pero esta corriente es criticable en tanto y en cuanto no se puede disponer del bien de ninguna manera, siendo algo inmaterial que esta fuera del comercio, lo que va en contra del ser mismo de  la propiedad.

b) Tesis del derecho de la personalidad: Buena parte de la doctrina contemporánea -postura en la que nos enrolamos- entiende que el nombre es un derecho o un bien de la personalidad. Así, el nombre al ser utilizado como forma de distinguir al individuo, es un atributo esencial de la personalidad. La identidad personal es el derecho a ser "igual a si mismo y distinto a los demás" y el nombre es un elemento imprescindible al servicio de la identidad; por ende integra el derecho a la personalidad[9].

Se llaman derechos de la personalidad a aquellos que son innatos al hombre como tal y de los cuales no puede ser privado.[10]

Siendo el nombre un atributo de la personalidad que contribuye a la individualidad del ser humano, corresponde a toda persona física  por el solo hecho de ser tal. Y en la medida en que forma parte de su individualidad, su honor está íntimamente vinculado a él.

En este sentido, se ha afirmado que "...esta personalidad humana está indisolublemente unida al nombre que la individualiza, al extremo de que la mención del último evoca por necesidad al sujeto que denomina, y el recuerdo de la persona hace afluir su nombre."

Para esta postura existe un verdadero derecho subjetivo al nombre, de allí que la ley 18.248 organice expresamente su protección por vía de acciones especificas (conf. arts. 20 y ss.)             

c) Tesis de la institución de policía civil: Otra corriente mayoritaria sostiene que el nombre debe ser considerado una institución general de orden público, y que es impuesto por la ley en forma obligatoria a los fines de identificar a los individuos, objetivo en el cual se encuentran comprometidos el orden y la seguridad.

Se critica esta tesis por ser deshumanizante, ya que limita la función del nombre a un mero instrumento de clasificación y control[11]  

d) Tesis de la institución compleja: Entiende que el nombre es tanto un derecho de la personalidad como una institución de policía civil; "...en el primer sentido, por ser elemento integrante de la personalidad del hombre como elemento identificatorio de él, comprensivo de su derecho a ser individualizado. Por otro lado, tiene elementos de derecho público que imponen el deber de llevar el nombre y le otorgan alguno de sus caracteres, como el de la inmutabilidad..."[12]

 Este es el criterio receptado por la ley 18.248, cuando dispone en su art. 1 "Toda persona natural tiene el derecho y el deber de usar el nombre y apellido que le corresponde de acuerdo con las disposiciones de la presente ley".

En cuanto a los caracteres del nombre la doctrina mayoritaria ha señalado generalmente, como principales a:

Obligatoriedad: Como vimos, el art. 1 de la ley 18.248, establece el deber de toda persona de llevar un nombre.

Unidad: El nombre es único porque las personas no pueden tener mas de un nombre.

Indivisibilidad: Nadie puede tener un nombre frente a unos y frente a otros uno distinto.

Oponibilidad erga omnes:  El nombre es oponible por la persona a quien corresponda contra todos, sea mediante el ejercicio de facultades, sea mediante acciones, frente a quienes pretendan desconocerlo o vulnerarlo.

Valor moral o extrapatrimonial: El nombre es inestimable en dinero. Cabe aclarar que si bien el nombre en si no tiene valor patrimonial, en cambio si origina derechos que lo tienen.

Inalienabilidad: El nombre es intrasmisible entre vivos lo cual, deriva de su carácter extrapatrimonial, de su condición de atributo de la personalidad y de su regulación por normas de orden público. El nombre no puede ser enajenado o transmitido mediante acto jurídico alguno.

Imprescriptibilidad: El nombre no se puede adquirir ni perder por el transcurso del tiempo.

Inmutabilidad: el nombre no se puede cambiar salvo excepciones restringidas, tiende a proteger los derechos individuales y a la sociedad, ya que se trata de dar seguridad en la identificación de las personas.

Expresamente Borda manifestó que: "Nuestra jurisprudencia fue muy liberal, hasta no hace muchos años, en lo que atañe a las causales admisibles para el cambio de nombre. Pero los graves inconvenientes que de ello derivan provocaron una modificación de aquél criterio, dominando hoy una tendencia afortunadamente restrictiva[13]". Este carácter ha sido reconocido por el art. 15 de la ley 18.248. 

En cuanto a la elección del nombre de pila, el régimen del Código Civil instituye que el derecho de imponer el nombre a sus hijos surge de la patria potestad (conf. Art 264 y ss. del C.C. y art. 2 de la ley 18.248), y el principio que rige es el de libertad de la elección.

Es interesante señalar que este principio general fue consagrado expresamente por el ordenamiento jurídico, por primera vez, en la legislación que surgió de la Revolución Francesa. En aquellos tiempos se expresó, ante la pretensión de una ciudadana de llamarse "Libertad", que todo ciudadano tiene la facultad de tomar el nombre que mejor le plazca, conformándose a las formalidades prescriptas por la ley.

La ley del nombre dispone en su art. 3 una serie de limitaciones a la elección del nombre de pila, prohibiendo la imposición de nombres:

Extravagantes o ridículos;

Contrarios a nuestras costumbres;

Que representen tendencias políticas o ideológicas;

Que susciten equívocos con respecto al sexo;

Extranjeros no castellanizados por el uso;

Primeros nombres iguales a los de los hermanos vivos;

Más de tres nombres.

Más allá de nuestra opinión en cuanto al carácter absoluto del derecho de libre elección del nombre, el cual basamos en última instancia en la autonomía personal consagrada por el art. 19 de nuestra Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido de manera expresa la constitucionalidad de las limitaciones impuestas por el art. 3 de la ley 18.248, toda vez que las ha considerado razonables pues ha sostenido que el nombre constituye el elemento primario a través del cual el individuo se relaciona e integra con la sociedad en la que le ha tocado vivir, y la razonabilidad de las limitaciones pasa por el derecho de la persona que va a ser identificada a serlo de modo que facilite aquella integración y lo ponga a resguardo de situaciones que la tornen más dificultosa.

Creemos que estas restricciones nacen de un razonamiento erróneo, cual es el confundir la "individualización" con la "identificación". En este sentido, se ha dicho que "...lo primero es... una forma de separar los individuos para distinguirlos... y la tarea queda cumplida cuando cada uno queda suficientemente señalado para no ser confundido con los otros. Con este alcance, el nombre de las personas llena específicamente su función. La identificación es un proceso investigativo -o su efecto- mediante el cual se reconoce si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca. Lo primero aisla  para distinguir, lo segundo verifica para comprobar... Si el nombre satisface cumplidamente... la misión de individualizar, no parece ser el instrumento técnico apropiado para asegurar la identificación de las personas, es decir para determinar que el portador de un nombre sea el mismo que legalmente lo ha recibido o lo ha llevado antes..."[14]

Con esto queremos decir que imponer criterios restrictivos para la elección de los nombres es un sinsentido, ya que su función es sólo -ni más ni menos- que individualizar a los sujetos, mientras que la función identificatoria que le interesa al Estado puede lograrse por otros medios técnicos (un número de documento, identificación dactiloscópica, etc.), sin necesidad de vulnerar el ejercicio pleno de un derecho tan ligado a la personalidad de cada individuo.   

En todo caso, consideramos que "las limitaciones del art. 3º de la ley 18.248 deben interpretarse con criterio restrictivo, pues la regla general es la libre elección del nombre por los padres"[15].                

A su vez, es fundamental dejar sentado que el tema analizado es cuestión del Derecho común, de fondo, sólo legislable por el Congreso Nacional, según lo expresamente dispuesto por nuestra Constitución Nacional (conf. Art. 75, inc. 12 C.N.), por lo que cualquier requisito o limitación adicional que se pretendiera establecer para el ejercicio del derecho a elegir un nombre, a través de leyes provinciales de organización de los Registros Civiles, sería ilegítima e inconstitucional.

Para sintetizar la ligazón de nombre y persona, cabe transcribir lo dicho por Blondel, en el sentido de que "...a la sola pronunciación de su nombre se alza el personaje de pie; muerto, el nombre le restituye la vida; ausente, lo llama ante nosotros y a la hora de las crueles separaciones, un nombre queda sobre nuestros labios, último consuelo, y prenda suprema de ternura..."[16]

II.3. El nombre entre los wichí

Es importante tener presente, a los fines de este trabajo, que los nombres "propios" poseen para las personas que los portan distinta relevancia y significados, según la cultura de la que se trate.

Como modo de diferenciar lo que implica la designación individual para la "cultura occidental" y para los pueblos indígenas, hemos decidido consultar y comentar brevemente un estudio realizado sobre la imposición de nombres entre los wichí[17], y de esta forma exponer las diferencias  entre ambas cosmovisiones.  

Así, en cuanto al origen y el sentido de sus nombres "propios", podemos decir que existen dos tipos de nombres. En primer lugar, los "Nombres Arbóreos", los cuales están relacionados con su cosmología relativa a los árboles y las estrellas; en segundo lugar, los llamados "Nombres de Eventos", que son aquellos que comunican sobre una historicidad.

Para comprender el contexto de ambas clases de nombres hay que saber que para ellos el concepto de "persona" no se limita al individuo sino que es la suma de las generaciones. Así nos explica Barúa en su trabajo: "De allí su conocida recurrencia a las "metáforas arbóreas": cada individuo es sucesivamente un gajo, una rama, una rama con frutos, y finalmente una "palabra" que labrará el destino de sus descendientes..."[18]

Ya empezamos a observar aquí la importancia casi mística que tiene la palabra como modo de designación.                     

Tanto los "nombres arbóreos" como "los nombres de eventos" se originan en los sueños de sus shamanes. En estos sueños, el sistema consiste en el intento de "robo" del nombre por parte de los shamanes a los "abuelos" de las semillas de algarrobo para donárselos a sus descendientes "wichí".

La imposición del nombre al niño surge de una revelación onírica: alguno de los padres o abuelos han buscado con anterioridad (durante el verano) una algarroba de doble vaina. Cada vaina representa a un sexo. Cuando sus descendientes se hallan en estado de gravidez ubicarán dichas semillas bajos sus cabezas para "robar" al abuelo vegetal el nombre de la semilla e imponérselo al recién nacido. Así, el soñador (progenitor shaman que posee la capacidad de plasmar en el plano físico lo soñado) ubica debajo de su cabecera la extraña algarroba aludida. Durante la noche, en el transcurso del sueño, se presenta el progenitor de la semilla (esto es posible porque en la lógica wichí existe una analogía entre el linaje humano, el linaje arbóreo, y la familia celeste de las Pléyades que son los originantes de tales semillas) y trata de atraer rápidamente a su vástago pronunciando su nombre antes de que "el soñador" se percate. Cuando está ocurriendo esto se produce un forcejeo entre el progenitor arbóreo y el progenitor humano en donde este ultimo trata de robar- reteniéndolo en la memoria-, el nombre del vástago vegetal para transferírselo al niño humano.

Así, si el shaman logra retener el nombre del niño o  de la niña, de la vaina que corresponde al sexo de la criatura se desprende un "humo" que ingresa al niño humano y se sella este acto con el nombre robado. El don que se busca con ello es posiblemente el de insuflar al niño con la vitalidad perenne atribuida al mundo vegetal.

Lo cual significa que  la concepción de lo que "siempre vive" (el árbol perdura en su semilla) garantiza la continuidad intergeneracional, en este caso para ellos a través del nombre que el abuelo consigue para sus descendientes.

En contraste con este sistema de nominación, la imposición de nombres personales, que surgen del recuerdo de "eventos", también se originan en un combate librado en sueños pero en este caso, con un "enemigo" que pronunció un daño, dicha palabra se materializó en un evento aciago para la parentela del durmiente y si hay un niño  por nacer queda afectado por la maldición. Por lo cual la ocurrencia del evento debe estar ligada temporalmente al nacimiento de un niño en la familia para generar un nombre personal.

La imposición de estos nombres se da de la siguiente manera: El durmiente "ve" a alguien o a algo, pronunciando palabras "malas" que se plasmarán en acontecimientos aciagos para la familia involucrada, por lo cual el durmiente retiene las palabras del agresor y las transforma en un nombre que impone al niño.

Por este motivo el "nombre de evento" posee para ellos una valoración que va de neutra a negativa- no es un don como el que proviene de los nombre arbóreos- sino la marca de un sobresalto para los familiares directos del niño. Pero al mismo tiempo cumple la función de  protección ya que estos "sobresaltos" son marcados en la memoria familiar y así les es posible individualizar a las personas potencialmente peligrosas.

El nombre para los wichí es un bien sagrado, algo muy personal que está en una relación tan íntima con la persona que ya posee algo intrínseco de la misma. El nombre original es único e inmutable, nunca se olvida, pues se establece un lazo indisoluble con la identidad personal. Así, coincidimos con la idea de que "el fenómeno de imposición de nombres personales implica el ingreso a lo humano..."[19]

Es preciso indicar que jamás se repite el nombre propio de una persona, ni de un pariente vivo ni menos aún de un fallecido.

Las características de los nombres de los wichi pueden sintetizarse en las siguientes:

Þ       consustanciación entre el nombre y la persona que lo porta

Þ       inexistencia de un repertorio de nombres

Þ       cada nombre es único e irrepetible y desaparece cuando la persona fallece.

Þ       no se cambian a lo largo de la vida (salvo excepciones)

Þ       se revelan en los sueños

Son secretos, sólo son conocidos por la familia consanguínea. Suelen estipularse los contextos en que pueden ser utilizados y aquellos en que no deben ser pronunciados.

En este sentido, "las personas se abstienen de llamarse unos a otros por sus nombres en sitios peligrosos, tales como en las profundidades del monte, en los "cementerios" o en los pozos de agua", así como en las depresiones del terreno donde ésta se ha estancado..."[20]

En consecuencia, el nombre entre los wichí cumple una función social de identificación acotada, ya que el mismo no es frecuentemente utilizado fuera del marco familiar, reservándose para esa función, por lo general, un apodo. Estos coexisten con los nombres personales y son frecuentemente usados como vocativos.

Por lo que la condición del nombre propio como atributo inherente a la personalidad del hombre es aún más patente en esta cultura, al desligarse, en cierta manera, de su papel social, pero reafirmando su rol individual como elemento de concreción de una entidad personal, única e irrepetible.

Se imponen en la cercanía del nacimiento pero no se pronuncia hasta que el niño es un poco mayor. 

También es posible que los niños se reconozcan por sobrenombres o apodos hasta el momento de alguna iniciación, verbigracia la mayoría de edad, o el momento en que un individuo deja de ser "niño", y es culturalmente definido como "hombre" o "mujer".

II.4. Conclusiones Preliminares

Intentando responder a las inquietudes que nos planteáramos al inicio de este acápite, cabe manifestar que -para nosotros- el nombre, si quiere otorgársele la real importancia que el mismo posee, debe enrolarse y analizarse dentro de la llamada tesis de la personalidad, que es la única que reconoce expresamente la estrechísima vinculación entre el nombre y la persona, siendo el primero un instituto cuya defensa resulta esencial para el respeto último de la dignidad humana.               

En cuanto a las diferencias analizadas respecto del significado del nombre para nuestra cultura y para los wichí, cabe decir, en primer lugar, que muchas veces la diferenciación se hace en una marco discriminatorio y de incomprensión, no situándose en el lugar de la cultura estudiada, sino observando el acontecer desde una posición de superioridad.

Esto se evidencia en afirmaciones tales como la siguiente: "El salvaje imagina, por lo general, que el eslabón entre un nombre y el sujeto u objeto denominado no es una mera asociación arbitraria e ideológica sino un verdadero y sustancial vínculo que une a los dos de tal modo que la magia pueda actuar sobre una persona tan fácilmente por intermedio de su nombre, como por medio de su pelo, sus uñas o cualquier otra parte material de su persona. De  modo que el hombre primitivo considera su nombre propio como una parte vital de sí mismo".[21]        

Más allá de la crítica mencionada, lo que interesa recalcar es que sí se reconoce la ligazón existente entre nombre y persona, quizá aún de manera más fuerte que para nuestra cultura.

Otra posición que no alcanza a comprender el verdadero significado del nombre ha llegado a afirmar que "En verdad, las personas sin nombre no existen, salvo casos excepcionales que sólo pueden concebirse en los supuestos de un hombre primitivo, traído de alguna selva impetrada por la civilización... El ejemplar de un hombre primitivo recibirá, como primer don de la civilización, un nombre que le dará quien lo haya encontrado o rescatado..."[22]

Claramente, y en base a lo estudiado respecto de los wichí, el nombre es una característica de toda sociedad, más allá de su estado de "civilización", y es fundamental dejar sentado que el nombre es inherente a toda persona, y sus modos de imposición y elección dependen de cada cultura, no siendo un patrimonio exclusivo de las culturas predominantes ni ningún "don" con que las mismas premian a los "rescatados" que han logrado ser asimilados.

Tampoco refleja la naturaleza del nombre en los wichí la siguiente postura: "El nombre es un artificio creado por la sociedad, que el sujeto recibe como un bien, puesto que satisface una necesidad suya de individualizarse, de "ser él mismo" y de hacerse reconocer como tal, pero no le viene de la naturaleza ni lo trae del vientre materno... Por consiguiente, el bien que importa el nombre civil no puede reputarse innato, anterior al derecho"[23]

Recordando el mecanismo de atribución de los nombres entre los wichí y la relación con la Naturaleza, las divinidades y los ascendientes, en este caso sería difícil sostener que el nombre "no viene del vientre materno".

Por lo que nosotros estamos más cerca de la postura jurídica de considerar que el nombre como tal no es una invención del orden jurídico, sino que puede reputarse como preexistente al Derecho, el cual se limita -ni más ni menos- a arbitrar los medios para garantizarle la protección que tal bien se merece.[24]

Pero más allá de la posición que adoptemos nosotros para nuestra cultura, es innegable que para los wichí el nombre es claramente un "derecho personalísimo" e innato.

En definitiva, creemos que para ambas culturas el nombre es un elemento indisociable de la personalidad humana -de manera más acentuada en la cultura wichí- y en ambas cosmovisiones se debe garantizar el ejercicio pleno de elección del nombre propio, ya que de esta manera se está protegiendo uno de los derechos esenciales del ser humano, coadyuvante a la realización plena del mismo.

Habiendo llegado a estas conclusiones preliminares, podemos reafirmar la corrección del tema escogido en este trabajo, ya que la defensa de este derecho tiene como fin último la reivindicación del respeto debido a los pueblos indígenas y a su cultura, sin posibilidad de injerencia estatal mediante restricciones y limitaciones arbitrarias en el ejercicio de sus derechos y en sus modos de vida.

III.- NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONAL APLICABLE

En este parágrafo analizaremos las normas jurídicas internacionales que se vinculan con el tema que estamos desarrollando, así como los principios constitucionales que abarcan el derecho estudiado.

En primer lugar, resulta fundamental manifestar que desde la reforma constitucional de 1994 el derecho de libre elección e inscripción de un nombre indígena puede considerarse amparado por lo prescripto respecto de los deberes del Congreso Nacional consagrados en el art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional, que dispone en su parte pertinente: "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural...".

Si, como hemos expuesto, el nombre es un elemento fundamental para el forjamiento de la identidad personal y cultural de los individuos, y nuestra norma fundamental exige el respeto de la identidad y la preexistencia étnica de los pueblos indígenas, es evidente que debe garantizarse la defensa del derecho al nombre como un medio indispensable y primario de alcanzar tales objetivos.

Asimismo, si se pretende conservar la existencia de las lenguas nativas y promover una educación bilingüe, dentro de un marco de interculturalidad, es imprescindible que no se pongan restricciones a las palabras indígenas, ni se fuerce su castellanización, debiéndose aceptar, en consecuencia, y para ser coherentes con la norma constitucional, cualquier vocablo de origen indígena que se pretendiese usar como nombre, con la grafía correspondiente a la cultura de que se trate.

Entrando ya en el análisis de las normas internacionales, y teniendo en cuenta la relación existente entre el nombre, la personalidad y la dignidad del ser humano, cabe recordar que diversos instrumentos internacionales prescriben la debida protección de la honra y la dignidad. En este sentido la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), establece en su art. 11, inc 1º: "Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad."

En cuanto al derecho al nombre, el art. 18 de este tratado establece que: "Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario".

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece expresamente que (art. 7..1) "El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre..."

A su vez este tratado en su art. 8.1 establece que "Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad..."

Cabe asimismo destacar que en el Preámbulo de esta Convención se manifestó que se legislaba "teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño...". Por lo que se desprende del fin del Pacto la intención de preservar el valor de la interculturalidad como medio necesario para asegurar el desarrollo individual de cada niño en su propia cultura.

En este mismo sentido el art. 30 de este tratado dispone que:   "En los Estados en que existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma". Como vemos, con esta norma se preserva el derecho a la igualdad entre todos los niños, sea cual fuere su origen étnico, y se hace expresa mención de los niños indígenas, debiendo en consecuencia respetarse el derecho de la inscripción de nombres en el propio idioma, sin existir traba ni restricción burocrática alguna que sea legitima.

Con el mismo criterio el art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que "En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas, o lingüísticas no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma".[25]

Asimismo dicho tratado reza en su art. 24..2 "Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre".

Por otra parte si atendemos a las restricciones impuestas por el Estado al derecho de elegir un nombre indígena, podemos descubrir una cierta discriminación incompatible con el sistema de derechos humanos. En este sentido la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, establece en la parte pertinente del art. 1º que la expresión "discriminación racial" denotará toda... restricción... basada en motivos de raza... u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado... menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural...".

Puede decirse que la actitud de no autorizar la inscripción de un nombre indígena basada en razones lingüísticas o de costumbres tiene como resultado lesionar la identidad cultural de la persona y su pueblo, además de vulnerar el derecho a la igualdad de todos los habitantes.

El derecho de libre elección del nombre indígena podemos considerarlo protegido también por el Convenio 169 (Convenio sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes) de la O.I.T. en lo que respecta a la protección allí consagrada para la identidad cultural de los pueblos indígenas.

En efecto el art. 2º establece, al imponer obligaciones a los gobiernos, que los mismos deberán desarrollar medidas que  "...promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones...".

Por otra parte, cabe destacar que estas tendencias y reclamos han sido también recogidos en el "Documento Preparatorio del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas" Nº 8 (publicado por la C.I.D.H., en su Informe Anual de 1996, y reiterados en el Proyecto elaborado por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la O.E.A. en 2003), estableciéndose en su art. 5 el rechazo a la asimilación, rezando expresamente en su inc. 1: "Los pueblos indígenas tendrán derecho a preservar, expresar y desarrollar libremente su identidad cultural en todos sus aspectos, libre de todo intento de asimilación.".

Asimismo en su art. 8, inc. 1 establece que: "Los Pueblos Indígenas tienen el derecho a sus lenguas... como componente de la cultura nacional y universal...".

En este sentido el inc. 4 del art. de mención establece que: "Los pueblos indígenas tienen derecho a usar sus nombres indígenas, y a que los Estados lo reconozcan".

Por otra parte, en el Informe Anual de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (1992-1993) diversos países se manifestaron en cuanto al  Derecho al Nombre resultando que:

Colombia resalto la importancia "cultural Mítica" que muchas comunidades otorgan al hecho de dar a conocer su nombre "autóctono" o "ancestral" fuera y aún dentro de su propia comunidad. Ante esta situación se planteó la posibilidad de que los indígenas cuenten con dos nombres con el fin de que sin dar a conocer o renunciar al tradicional, puedan tener otro con el cual identificarse fuera de su comunidad para efectos de sus deberes y derechos civiles y políticos, tales como la titulación de tierras y la participación en elecciones a nivel nacional.

Sosteniendo a su vez que otras comunidades, cuyo sistema de valores es diferente y su interrelación con la sociedad global es más activa, han reivindicado el derecho a la utilización de su nombre ancestral en todas las actividades dentro y fuera de sus comunidades y han integrado los recursos disponibles ante las entidades correspondientes"

Costa Rica sostuvo que el Indígena debe tener el derecho de conservar el nombre nativo o natural, sin necesidad de cambiarlo por razones lingüísticas.

México recordó que los sistemas jurídicos tradicionales tienen una concepción distinta del derecho de familia, a partir del cual pueblos indígenas enteros utilizan como apellido los nombres de sus ancestros.

Perú por su parte expresó que la inclusión del derecho a llamarse por su propio nombre se conecta con el derecho de expresar libremente su propia identidad, característica étnica y cultural.

Chile por su parte, consideró conveniente incluir una norma que asegure el respeto y la preservación de los apellidos indígenas y no forzar la "castellanización".

Por último, las Organizaciones Indígenas coinciden en que las autoridades respectivas respeten este derecho cuando se trate de personas indígenas, en virtud de que todas las poblaciones indígenas tienen el pleno derecho de exigir respeto a sus nombres originales asignados, así como de cambiar o suprimir aquellos que no sean de su agrado por haber sido impuesto, no estar en su lengua original o constituir una condición de reconocimiento oficial o estadístico.

Asimismo, y con el objeto de dejar sentado que para los pueblos indígenas este tema es importante, nos basta citar lo manifestado en las conclusiones finales del Programa de Participación de los Pueblos Indígenas del año 1996/1997, cuyo objetivo era elaborar los criterios y pautas que debe adoptar el Estado para una efectiva operativización del art. 75, inc. 17 de la C.N., y en este sentido expresaron: "Exigimos que se nos garantice el uso de nombres propios en idioma indígena, sin condicionamiento alguno... Que los miembros de los Pueblos Indígenas puedan cambiar y/o adjuntar a sus nombres otros nombres en idiomas indígenas". 

En síntesis, podemos afirmar que el derecho al nombre se desprende, en última instancia, del derecho individual y colectivo a la identidad cultural que actualmente garantizan la mayoría de las Constituciones de América Latina, así como del derecho a la autodefinición que garantiza el Convenio 169 de la O.I.T. (art. 1.2), además de todas las restantes normas jurídicas internacionales mencionadas.

IV. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA EN ARGENTINA. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS

En el presente acápite nos abocaremos a analizar cuál ha sido el desarrollo legislativo en la materia, limitándonos principalmente a las referencias legales existentes en torno a los nombres indígenas.

El Código Civil no previo disposiciones expresas sobre el nombre y por ello en un principio su régimen fue diferido al derecho consuetudinario.

La primera norma jurídica que hacía especifica referencia a la inscripción de nombres indígenas fue el Decreto 11609/43, el cual fue dictado por el gobierno de facto el 13 de octubre de 1943 y convalidado por el Congreso como ley de la Nación por la 13.030,        que en su art. 2º establecía: "...sólo se admitirá la inscripción de nombres en idioma castellano o aquéllos que el uso haya castellanizado, como así también voces o palabras indígenas incorporados al idioma nacional"[26].

Comentando la norma Pliner destacó que "la formula no era feliz, pues esas voces o palabras podían referirse a cosas, animales, cualidades, etc., y no parece que esa fuera la intención del legislador...La ley ha querido referirse, sin duda, a nombres indígenas que hayan tomado carta de naturaleza en las costumbres de la actual población argentina, no incorporados al idioma nacional"[27] 

Posteriormente, dicha norma fue derogada por el Decreto/Ley 8204/63, que estructuraba orgánicamente el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, y en su art. 46 rezaba en relación a los nombres que "...se admitirán los que tengan origen indígena...".

De esta manera, y hasta la posterior sanción de la Ley 18.248 del año 1969, se autorizaban y admitían los prenombres de origen indígena.

Derogado el citado decreto 8204 por esta ley, se reemplaza el art. 46 de aquél por el art. 3º de esta, el cual establece las limitaciones existentes al principio de libertad de elección de nombres, surgiendo entonces que dicha norma ha omitido autorizar expresamente el uso de nombres indígenas, pero tampoco lo ha prohibido expresamente. 

Resulta conveniente tener presente el momento histórico en que fue sancionada esta norma, así como los principios y criterios imperantes en la doctrina de la época, para lo cual adoptaremos como método de trabajo el análisis del debate parlamentario de las  normas pertinentes.

La ley 18.248 fue sancionada por un gobierno de facto, por lo que no existió debate legislativo alguno, sino que fue un proyecto elaborado por el jurista Guillermo Borda y finalmente sancionado por el Poder Ejecutivo.

En consecuencia a efectos de realizar una mejor y completa exégesis de la ley de mención, analizaremos lo dicho por su autor en los distintas obras en las cuales hace alusión al tema.

Desde ya resulta evidente que al excluir toda referencia del derecho de inscribir un nombre indígena, el mencionado jurista no compartía la legitimidad y el respeto a la diversidad cultural, por la que en estos tiempos luchan los pueblos originarios.

A modo de ejemplo y para ilustrar la corriente "nacionalista" y homogeneizante en la que creemos se enrola el autor, nos basta transcribir alguno de sus fundamentos para excluir la inscripción de nombres extranjeros: "...A nuestro juicio...lo menos que puede exigirse de ellos es no fomentar en sus hijos, nacidos aquí, un espíritu antinacional. Aún hoy se observan algunas colonias extranjeras, reacias a confundirse con la sociedad argentina, una tendencia a mantener vivos los lazos con el país de origen, por el uso de su idioma, la práctica de sus costumbres y la imposición a sus hijos de nombres foráneos. Consideramos bueno no tolerar esta práctica que choca con nuestras costumbres y que revela cierta hostilidad hacia el medio ambiente"[28] .

Casi veinte años después, la ley 23.162 sancionó como artículo 3º bis la siguiente norma "Podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas que no contraríen lo dispuesto por el art. 3º, inciso 5º."

Como vemos, prácticamente se restableció la norma contenida en el art. 46 del Dec/Ley 8204/63, aunque extendiendo el universo de nombres indígenas posibles, como desarrollaremos a continuación.

Analizando los antecedentes parlamentarios de la sanción de esta ley, a efectos de realizar una interpretación teleológica de la norma, la cual fue promulgada en el año 1983 con el restablecimiento de la democracia en nuestro país, llegamos a la conclusión de que la misma se enmarca claramente en una postura mucho más pluralista, flexible y reinvidicativa. Así fue expresamente pronunciado en el debate parlamentario: "...se trata de retomar el camino de reivindicación del indígena, pues a partir de la sanción de este proyecto podrán registrarse personas con nombres aborígenes..."

En este sentido, resulta útil citar algunos pasajes de los fundamentos del proyecto de ley (elaborado por el Senador Hector J. Velázquez), como por ejemplo "La presente ley tiene por objeto estimular la incorporación a nuestro idioma de nombres propios que, por su origen, afirmen y diferencien nuestra identidad latinoamericana."

Claramente, la voluntad del autor era crear un instrumento legal que tendiera al integracionismo e interculturalidad con los pueblos indígenas.

También cabe destacar que en el mismo dictamen de fundamentos se analizó la evolución jurisprudencial relativa al tema, haciéndose eco de los argumentos desarrollados por nuestros tribunales tendientes a aceptar la inscripción de nombres indígenas, a pesar de que este derecho no estuviese expresamente receptado por la ley, tema que desarrollaremos en otro apartado del presente trabajo.

Asimismo expresó el Senador: "...el respeto por estos hermanos implica el respeto por su cultura, y el considerarla como "extraña" o "extranjera" es una afrenta que con mucho más derecho podría ser esgrimida por ellos hacia nosotros respecto de la lengua castellana. La tan declamada "protección al indio", pocas veces materializada en los hechos, pasa por la no distorsión de sus elementos culturales. Que un aborigen lleve el nombre secular de sus ancestros debe significar para él y nosotros un orgullo sublime de la raza y no la vergüenza de lo que esta destinado al olvido...".

De estas ideas podemos deducir que la voluntad de la ley no condice con interpretaciones forzadas de identificar a los nombres indígenas con nombres de lenguas extranjeras, por la tanto no cabe admitir limitaciones meramente de forma que pretendan "castellanizar" los vocablos pretendidos.

En otro momento se expresa que "...Salvar la mencionada omisión de la ley significa, a la vez que orientarnos en la búsqueda de nuestras raíces y afianzar nuestra conciencia nacional...permitir el incremento de nuestro acervo idiomático con nombres propios que, como ocurre en otros países, reafirmen y diferencien nuestra propia identidad dentro del concierto de las naciones..."

Podemos evidenciar una tendencia hacia una nueva política legislativa que contempla la igualdad ante la ley (en apariencia paradójicamente) tolerando y respetando la diferencia. Como dice el Senador, se reafirma nuestra identidad a partir de la diferencia, pero no en un sentido discriminatorio peyorativo, sino dentro de un marco integracionista y tolerante.

Resulta también evidente la intención política de que con esta ley se paliaran todos aquellas trabas burocráticas existentes al momento de la inscripción de estos nombres. Así, se pudo escuchar en el debate que "...Si bien la ley actual no prohibe a nuestros hermanos indígenas elegir para sus hijos nombres procedentes de lenguas aborígenes, en la práctica se generan dificultades en la extensión de documentos, especialmente de identidad. Estos problemas pueden considerarse como una prohibición de hecho que es necesario neutralizar con el agregado propuesto en el proyecto que estamos tratando...".

Por otra parte, debemos reconocer que la "población indígena" en Argentina constituye, en principio, una minoría, lo cual históricamente contribuyó a que se negara sistemáticamente su existencia. Sin embargo, esto -en modo alguno- es óbice para que en un Estado teóricamente republicano, democrático y pluralista como el nuestro, no se defiendan los intereses y derechos de estas minorías, que, a fin de cuentas, son las que conforman realmente todo el cuerpo social.

En este mismo sentido se expresa el autor del proyecto cuando en el debate parlamentario manifestó que "...la reforma que proponemos pretende terminar con este marginamiento de un sector minoritario de los ciudadanos argentinos. Quizá se nos diga que se trata de un marginamiento menor, que sólo afecta a un pequeño número de compatriotas. A quienes piensen así les contestamos que una injusticia no deja de ser tal por el hecho de que se cometa con pocas personas, y que sí lo es porque agravia al ser humano...".

Y finalmente, para despejar cualquier duda que pudiera existir respecto del enfoque igualitario, reivindicativo e interculturalista en el que se basó la sanción de este precepto, es importante reproducir lo dicho en cuanto a que "...Quienes no supieron o no quisieron asimilar al indio lo mataron; seguramente, por un mecanismo subconsciente, se trata de borrar las huellas del genocidio negando a los sobrevivientes la posibilidad de perpetuar sus nombres. Por ese motivo, las medidas que estamos propiciando tienen un carácter reparador...al permitir que nuestros hermanos aborígenes queden en un pie de igualdad con el resto de los ciudadanos, al poder ejercer con plenitud un derecho inherente a la progenitura: el de dar a sus hijos nombres enraizados en sus respectivas culturas tradicionales...".

Llegado este punto, hemos considerado interesante realizar una suerte de análisis etimológico de la norma en cuestión, para con ello deducir una interpretación gramatical del precepto.

El art. 3º bis de la ley 18.248 establece que "Podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas, que no contraríen lo dispuesto por el art 3º, inciso quinto, parte final."

Recordemos que la limitación a que alude la norma se refiere a la prohibición de inscribir más de tres nombres para una persona. Es decir que, en principio, existiría sólo esta restricción para inscribir un nombre indígena.

Pero veamos hasta donde, según nuestro criterio, llega la amplitud del sentido de la norma.

En los diccionarios se define al nombre como "Palabra que se aplica a los objetos para distinguirlos entre sí o destacar sus cualidades"[29]. Y al nombre propio como "el dado a algún objeto o ser para distinguirlo de los restantes de su género".

Como vemos, nombre puede ser cualquier palabra que tienda a esos fines, los que, por cierto, no dependen del significado literal del termino en sí, sino del sentido y valor que les asignan las personas o la sociedad para ello.

Y palabra es definido como "sonido o conjunto de sonidos articulados con que se expresan ideas". Y sí nombre es cualquier palabra, y palabra es cualquier sonido, entonces lo único que debe importar para admitir la inclusión de un término como nombre es que exprese una idea, cuestión eminentemente personal, subjetiva y perteneciente al fuero interno de los sujetos, en los que el Estado no debería inmiscuirse.     

En este sentido, Pliner afirma :"La palabra que hace función de nombre tiene una significación propia en su origen, y quienes la eligen para servir de apelativo, buscan o establecen una relación entre la idea, cosa o animal que la voz significa, y el individuo a quien el nombre esta destinado. Es una relación que puede ser simplemente adjetiva, de advocación o una expresión de esperanzas o de deseos, o simplemente una expresión poética"[30]

A continuación, la norma habla de "aborígenes", palabra definida como "originario del lugar en que vive" o "primitivo morador de una región". Es decir que las palabras aceptadas como nombre deben tener origen en las culturas tradicionales que habitaron o habitan nuestro territorio.

Pero acto seguido la norma se refiere a "o derivados de voces aborígenes autóctonas o latinoamericanas", con lo cual el espectro de nombres posibles se expande notablemente, como veremos.

El término "voces" es lo mismo que "vocablo", lo cual equivale a "palabra", por lo que nos remitimos a lo ya dicho anteriormente en cuanto a las implicancias de este significado.

Por su parte, "autóctonas" es similar a "aborígenes", por lo que no se agrega ningún otro requisito aquí.

Y finalmente se alude a "latinoamericanas", que significa "relativo a los países americanos que fueron colonizados por naciones de lengua latina, como España, Portugal o Francia."

Por lo que se estaría admitiendo cualquier vocablo surgido de cualquier cultura de América Latina, con el único requisito lógico de que exprese alguna idea que identifique y diferencie al nombrado, lo que es presupuesto autorealizado al momento de elegir una designación para una persona.

En este sentido, y avalando esta interpretación cabe citar otro pasaje de los fundamentos de la ley: " ...también corresponde tener en cuenta que las naciones precolombinas (coya, guaraní, toba, mataco, mapuche, tehuelche, araucana, huarpe, etcétera) excedían el marco de las actuales fronteras de nuestro país abarcando extensos sectores de países vecinos..."

Aún -quizá- extremando el análisis, lo que queremos manifestar es que la amplitud de la norma es notable, y que intentar articular restricciones al derecho de elegir un nombre indígena es un sinsentido que no respeta ni la lógica, ni la razón ni la claridad conceptual de la ley, constituyéndose -en esos casos- en formas palmarias de vulnerar la norma jurídica analizada.

V."LA REALIDAD BUROCRÁTICA: DE ESPALDAS AL DERECHO"

En este acápite desarrollaremos las diversas investigaciones de campo que hemos realizado para confrontar la teoría con la realidad, lo que expresan abstractamente las normas con lo que sucede en el acontecer nacional.

Generalmente y a pesar de lo que dice la ley sucede frecuentemente que en el Registro Civil al momento de querer inscribir a un niño con un nombre indígena la gente se encuentra con la negativa en base al argumento de que " sino figura en la lista no esta permitido". Este hecho sucede porque los funcionarios interpretan que los nombres excluidos de las respectivas listas son inaceptables, olvidando que el principio es el de la libertad de elección y que las listas se limitan a brindar una serie de ejemplos de nombres que deberían ser aceptados sin discusión.

V.1. Registro Civil de Capital Federal

Utilizamos varios mecanismos para lograr conocer como responde realmente este organismo en relación a las pretensiones de inscribir un nombre indígena.

En primer lugar, y atento a que dicho Ente tiene una página web que ofrece asesoramiento online, intentamos expresar y evacuar nuestras inquietudes sobre el tema a través de este sistema. Luego de sendas y reiteradas consultas, podemos decir que hemos fracasado. La única conclusión que obtuvimos hasta este punto fue desazón, y la angustiante idea que nos sobrevino al pensar que sería de una persona sin formación jurídica en la odisea de luchar contra la desinformación, desgano y las arbitrarias decisiones administrativas de este tipo de organismos a lo largo de todo el país.           

Como siguiente paso nos hicimos presentes en el Registro de Capital Federal, en el que escuetamente nos informaron que cualquier nombre que no estuviera receptado en las "listas", para poder ser inscripto, debía previamente acreditarse su existencia como tal adjuntando un "certificado" expedido por la representación local de la Provincia a la cual perteneciera el pueblo indígena del que se tomaba el nombre pretendido. Ningún otro dato nos fue aportado.

Ante esta nueva traba burocrática, continuamos nuestro derrotero dirigiéndonos a la "Casa del Chaco", en busca de información sobre los trámites necesarios para obtener el "certificado" que requerían las autoridades del Registro, argumentando  que teníamos la intención de inscribir un nombre toba. Allí les explicamos la situación y consultamos respecto de cuales eran los mecanismos usuales para realizar este procedimiento. Ante lo cual, no sin sorpresa, nos informaron que tal solicitud jamás se había hecho en dicha dependencia y que sus funcionarios no tenían la autoridad ni la competencia para expedir un documento de tal especie. Lo único que nos proporcionaron fueron ejemplos de nombres tobas de mujeres y hombres, los cuales figuraban en el "Diccionario Toba". Pero al escoger uno de estos nombres, e intentar que se certificara su condición de "nombre" para poder ser inscripto en el Registro, las respuestas fueron "No se puede", "¿Para qué?" y "No te entiendo". Parece que, como citáramos al principio, todos los caminos llevan al "No te entiendo", desde hace más de cinco siglos.

Como vemos, la realidad, en este tema, se encuentra de espaldas al Derecho, y los obstáculos que hay que sortear para inscribir un nombre indígena no se conforman a los principios ni requisitos emanados de la ley, como analizamos precedentemente.

Nos preguntamos, en base al análisis gramatical, teleológico y etimológico que realizáramos antes, qué necesidad hay para exigir que una dependencia estatal acredite que algo es nombre, cuando, como vimos, cualquier vocablo puede utilizarse para tales fines, con el alcance principal de individualizar y diferenciar a una persona de sus congéneres. Esto es eminentemente una cuestión personal, privada de las personas y es un derecho inherente a la progenitura el decidir qué nombre dar a los hijos.

Por otra parte, hemos realizado entrevistas con dos antropólogas, las Sras. Morita Carrasco y Diana Lenton, las cuales nos transmitieron sus experiencias personales en vinculación con el tema sub examine.

En el caso de Morita Carrasco, nos contó acerca de un caso de inscripción de un nombre indígena en la Provincia de Córdoba, en cuyo Registro Civil local tampoco admitían la palabra "Lhawo" como término válido para un nombre. Ante lo cual, a efectos de sortear esta traba, les fue exigidos a los padres la "demostración antropológica" del significado de la palabra, el cual, en idioma Wichí, significa "flor".

En consecuencia, esta antropóloga, consultada por los padres, emitió el dictamen que transcribimos a continuación, mediante el cual se logró inscribir el nombre deseado:

"Algunas consideraciones acerca del Pueblo Wichí

El Pueblo Wichí es una de tantas sociedades indígenas de cazadores-recolectores-pescadores- agricultores que conservan gran parte de sus actividades e identidades tradicionales.

Sus comunidades se encuentran asentadas tanto en Bolivia como en Argentina, en la región conocida como Gran Chaco. Algunos miembros de estas comunidades se hallan viviendo también en diversas ciudades de varias provincias argentinas.

Ellos están protegidos por derechos específicos contenidos en la Constitución Nacional (Artículo 75 inciso 17) y en el Convenio 169 de OIT sobre "Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes".

Entre estos derechos figura el derecho a la mantener su identidad particular y a la educación bilingüe e intercultural. En virtud de este derecho los miembros del pueblo Wichí pueden hacer uso de su idioma materno toda vez que deseen manifestar su identidad cultural. El idioma Wichí, como otros idiomas indígenas, está así protegido por la legislación vigente.

En esta oportunidad se desea dejar constancia que el sustantivo Lhawo significa literalmente "flor".

A los fines de certificar este significado, se acompaña el folleto de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat que en idioma Wichí significa "Nuestra Tierra", en el cual figura como lema de identificación de la Asociación la frase Ohäpehen honhat lhawo que significa Somos flor de la tierra."

En el caso de Diana Lenton, quien pretendió inscribir a uno de sus hijos con el término "Huaman", se encontró en un principio con la negativa de los funcionarios del Registro Civil de la Cap. Fed., debido a que dicho nombre no se encontraba en las "listas". Ante lo cual, le ofrecieron anotar "Guaman", porque la grafía era más acorde al idioma castellano. Y ante la insistencia, se exigió la presentación de un dictamen que acreditara la existencia de esa palabra.

Luego de intentar conseguir el ya mentado "certificado" de la Casa de la Provincia de Catamarca, ante la negativa de dicha dependencia, se recurrió finalmente a la presentación de un informe del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, con el que se acreditó la existencia y el significado de la palabra en el idioma quechua.

Finalmente, y en cuanto al análisis de lo que sucede en la realidad, nos ha llamado la atención el hecho de que las reglamentaciones internas del Registro Civil de la Cap. Fed. sí respetan el sentido amplio que la norma del art. 3º bis de la ley 18.248 expresa, y el principio de la libre elección del nombre, así como del carácter meramente enunciativo de las "listas administrativas" confeccionadas históricamente por estos organismos, con el sólo propósito de brindar ejemplos de nombres y no como medio de restricción de la posibilidad de elegir una designación individual.

El 12 de mayo del año 2000, en virtud de las atribuciones conferidas por la ley 14.586, el Director del Registro Civil dictó la Disposición Nº 040-DGRC-00, mediante el cual creó las "Normativas Básicas del Registro del Estado Civil y Capacidad de la Personas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", que derogaron toda reglamentación interna anterior y sentaron normas interpretativas respecto de la ley del nombre, las cuales analizaremos a continuación.

En efecto, en los considerandos del Decreto se expresa que "...la cuestión jurídica estriba fundamentalmente en determinar si el derecho de los padres a nominar a sus hijos es una prerrogativa meramente personal o si es, por el contrario, un derecho de exclusivo interés social. La actual Dirección del Registro Civil ha sostenido que conceptos extremos sobre este tema incurren en el defecto del absolutismo; la interpretación que hacía de la ley 18248 y en particular del artículo tres de la misma era demostrativa de un claro intervencionismo del Estado en la esfera de la autonomía privada contrariando tal vez por su rigidez, el derecho constitucional a la entidad personal."

Como leemos, y más allá de la discusión doctrinaria respecto de la naturaleza jurídica del nombre, lo cierto es que se reconoce el derecho al nombre como un elemento perteneciente a la esfera de actos privativos de la voluntad de las personas, en el que el Estado, en principio, no puede inmiscuirse, so riesgo de vulnerar garantías constitucionales.

En otro pasaje puede leerse "La ley sobre la base del artículo tres bis que permite "los nombres aborígenes y las voces autóctonas aborígenes latinoamericanas" como prenombres dio la posibilidad interpretativa de distinguir entre la "voz", que necesariamente debía ser autóctona y latinoamericana por así disponerlo la norma legal vigente, del nombre que siendo autóctono, es decir, originario de un país, no necesariamente debía serlo de Latinoamérica."

Ya en el cuerpo normativo propiamente dicho, en la nota al pie 15, se expresó que:  "Que de tal modo, a los fines interpretativos, es pertinente y así corresponde, descomponer  el texto legal en análisis, debiendo distinguir dos diferentes supuestos legales: Nombres: 1) aborígenes o 2) derivados de voces aborígenes autóctonas o latinoamericanas. Que sin dudarlo ello es así, dado que en principio, la letra "o" inserta en el texto legal significa disyuntiva y precisamente, en consecuencia, denota la diferencia apuntada. En segundo lugar, adviértase que los calificativos "autóctonas" y "latinoamericanas" son utilizadas en genero femenino. Ello pone de manifiesto que los mismos nunca pudieron ser herramientas para calificar el sustantivo "nombres" (aborígenes- primer supuesto legal, genero masculino), sino que solo pudieron serlo, exclusivamente, para adjetivar el sustantivo, "voces", (segundo supuesto normativo en análisis- genero femenino)..."

Esta interpretación es aún más extensiva que la que hiciéramos nosotros en el pto. IV de este trabajo, afirmándose que cabría la posibilidad de inscribir un nombre con origen en cualquier país del mundo, más allá de nuestro continente.

Más adelante y avalando esta posición puede leerse que: "...todo nombre existente es susceptible de ser impuesto por resultar ser de tal naturaleza, ya que el mismo, sin excepción será "aborigen" de algún sitio ubicado dentro de las fronteras del territorio universal".

Sin embargo, y más allá de la interpretación precedente, cabe destacar como bien lo ha expresado  Pliner que: "No tardaron en aparecer "las listas" administrativas de "prenombres aceptables" y "prenombres prohibidos" que significaron en definitiva el espectáculo del Estado, inmiscuyéndose en la intimidad de la familia para destituir a los padres del derecho de dar a sus hijos los prenombres de su agrado. La administración se fue transformando en el arbitro del buen gusto, de la oportunidad de honrar a los seres queridos, de la conservación de las tradiciones familiares, cuando no en un mentor de las creencias religiosas de los ciudadanos"[31]

Por otra parte, y en relación al valor de las "listas de nombres", se aclara en el decreto comentado que "...Autorízase a los oficiales públicos a inscribir aquellos nacimientos en los cuales se soliciten nombres que se hallen en la nómina de los autorizados , siempre que a su criterio sea nombre... Se deja a salvo que existen nombres, de los denominados comunes y de uso frecuente en este país, que podrían no encontrarse en la lista precedente y que se admite su uso con la sola petición de los padres..."[32]

Por lo que se está dejando expresamente sentado el carácter meramente ejemplificativo de las listas, y que cualquier otro nombre puede ser inscripto con la sola petición de los padres.

En este mismo sentido, en el Cap. 10 relativo a Nombres, el inc. 71 del Decreto establece que "...Una vez aprobados por Disposición los nombres, se incorporan a la Lista General, que tendrá carácter enunciativo..."

Y en la nota al pie de este inciso se realizan diversas afirmaciones que cabe destacar y analizar, a saber: "...el nombre se erige como una de esas cualidades intrínsecas y permanentes que concurren a constituir la esencia de la personalidad y a determinar al ente personal en su individualidad"              . Se reconoce así la importancia del nombre, su relación inescindible con la personalidad y la importancia de preservar el derecho de elección del mismo como facultad privativa de la progenitura.

Volviendo al tema de la incongruencia entre los principios, criterios y lineamientos esbozados en las normas que regulan el régimen del nombre y entre los obstáculos fácticos que presenta la realidad, cabe transcribir otro pasaje del decreto que venimos comentando, donde queda evidenciada la inexplicable actitud oficial de requerir certificados antropológicos o dictámenes lingüísticos o similares para autorizar la inscripción de un nombre aborigen. Así, reza la norma: "...dicha naturaleza "aborigen", se reitera, juzgada y comprendida como la "originaria del suelo en el que vive", nunca podrá ni deberá ser entendida, o requerida de la persona de éstos como una condición limitativa o restrictiva a la elección o imposición del nombre..."

Por otra parte se debe tener presente que ante la denegatoria, por parte del Registro Civil, para el ejercicio del derecho a la inscripción de un nombre, la última vía es la judicial.

Así dispone el art. 3º de la ley 18.248: "Las resoluciones denegatorias del Registro de Estado Civil serán recurribles ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil dentro de los 15 días hábiles de notificados"  

En definitiva, luego de la investigación de campo realizada, coincidimos con lo dicho por M. Carrasco cuando expresó "...diversos acontecimientos ocurridos en el transcurso de los últimos años muestran que las condiciones de acceso de los indígenas a sus derechos constitucionales son cada vez más restrictivas... pese a la retórica de los derechos indígenas a su identidad singular, hacer uso de los mismos implica para ellos emprender una lucha con los funcionarios estatales primero y ante la justicia después...".[33]

VI- ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

En este acápite reseñaremos la doctrina sentada por nuestros tribunales en los principales fallos relativos a la materia tratada, y veremos entonces cuál ha sido la evolución jurisprudencial al respecto.

Para comenzar con esta análisis casuístico, cabe mencionar que en el año 1955, la Corte sentó el precedente de que "el nombre que ha de llevar el hijo, constituye un objeto de fundamental interés para los padres... aspiración indudablemente noble y digna de respeto que debe merecer también el reconocimiento del Estado..."[34]

En el año 1973, la C.1ªC.C. Córdoba, en los autos "Nieva, Juan C. y Otra"[35], revocó la resolución de la Dirección General del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de Córdoba por la que se denegaba la inscripción del nombre "Lihuen" (que, según el diccionario Araucano-Español del Sacerdote Jesuita Padre Andrés Fabres, significa "la mañana") por entender que se trataba de un derecho emanado del ejercicio de la patria potestad y porque dicho nombre no debía considerarse comprendido en ninguna de las prevenciones del art. 3º de la ley 18.248.

En el voto mayoritario se expresó, en aquella oportunidad, que el nombre "Lihuen" no puede considerarse extranjero, entendiendo que "extranjero" quiere decir "que viene de país de otra soberanía o natural de una nación con respecto a los naturales de cualquier otra". El Arauco jamás constituyó un estado político, y sólo han existido grandes tribus araucanas que poblaron y pueblan parte de Chile y nuestra patagonia. Por otro lado, expresó que los nombres indígenas no pueden considerarse por nosotros como extravagantes, cuando de las 22 provincias argentinas, 7 tienen nombre de origen indígena.

En cambio, la minoría argumentó que el art. 3º, inc. 2 de la ley 18.248 establece en principio la exigencia de que el nombre de pila pertenezca al idioma nacional, entendiendo que si bien las lenguas indígenas y la lengua araucana en particular han aportado y aportan numerosos vocablos al castellano, idioma nacional, no todos ellos pueden considerarse incorporados a dicho idioma, sólo aquellos que por su índole nacional las circunstancias así lo aconsejen; motivo por el cual y considerando que el nombre "Lihuen" no reunía estas condiciones, la solicitud debía considerarse inviable.

Podemos decir entonces, según lo argumentado en este fallo, que se reconoció la efectiva vigencia del derecho de elección del nombre como inherente a la patria potestad, y regido por el principio de libertad, así como que no puede considerarse a un nombre de origen indígena como extranjero o extravagante.

Sin embargo, el voto minoritario siguió avalando la postura de exigir que no cualquier nombre indígena puede considerarse "incorporado al idioma castellano", por lo que puede limitarse su inscripción si no cumple este requisito. Aunque no aclaró a quién le corresponde determinar tal situación, dejando librado el ejercicio de un derecho tan importante al arbitrio infundado del poder estatal.

En el año 1978, la Cámara Nacional en lo Civil, Sala "C", en el fallo "Teodone, Alberto C."[36] expresó que el nombre que se impone al hijo constituye un objeto de fundamental interés para los padres, cuya elección les corresponde siempre que ello no comprometa el interés superior del Estado, en cuanto se considere se ha hecho uso arbitrario del derecho mencionado, violentando los motivos de conveniencia social o de interés general que ha determinado el legislador a establecer prohibiciones o limitaciones en tal sentido.

En este precedente se decidió revocar la resolución por la cual se impidió al recurrente la inscripción del nombre "Aluminé", entendiendo que el mismo posee grafía española y fonética compatible con nuestro idioma. Por otra parte, se afirmó que el mismo es voz indígena de nuestro país y que no está encuadrada en las prohibiciones de la ley, ni es nombre extranjero ya que pertenece a los habitantes aborígenes de nuestra tierra, que hablan dialectos que integran y constituyen el acervo cultural autóctono argentino.

Aquí se sostuvo la teoría de la ubicación del derecho a elegir a un nombre como una facultad inherente a la progenitura, sólo limitable en base a razones de "conveniencia social o interés general." Si bien en el caso finalmente se admitió el nombre pretendido, creemos que utilizar argumentos tan vagos y generales para legitimar restricciones al ejercicio de derechos es un resabio de cierto autoritarismo estatal, ya que, como analizamos a lo largo de este trabajo, no existen en realidad esas razones de "orden público" en el hecho de aceptar tal o cual palabra como nombre válido.

Se volvió a sostener que el vocablo elegido no puede considerarse extranjero y que era compatible con las reglas lingüísticas del castellano, por lo cual no podía prohibirse su uso.

En el año 1980, el mismo Tribunal, en el fallo "Peluffo, Flavio L."[37], autorizó la imposición del prenombre "Ixiel", ordenando  la inscripción con ese nombre de la hija del recurrente en el Registro Civil que había denegado la imposición del prenombre requerido, fundando tal decisión en que el nombre propuesto no era castellano ni el de la madre de la interesada.

A tal fin se tuvo en consideración en este precedente el Informe producido por la Asociación Indígena de la República Argentina del cual resulta que "Ixiel" no es un nombre ranquel, rancul o ranculche, tampoco mapuche o araucano aunque tiene estrecha vinculación fonética con nombres de origen tehuelche o chevelche, pueblo que habitó el sur argentino.

Por lo que el Tribunal expresó que si el prenombre "Ixiel" tenía parecida pronunciación con los nombres indígenas "Usel" o "Hinchel", que correspondieron a destacadas personalidades de ese pueblo, por su innegable raíz telúrica, el mismo no podía ser considerado extranjero y además por pertenecer a una lengua que han hablado y aún hablan habitantes del sur de nuestro país.

Teniendo en cuenta además la circunstancia de que la grafía de la palabra no vulnera la lengua castellana ni su fonética y tampoco resultaba extravagante ya que tiene el significado de "bella" o "hermosa",  los integrantes del Tribunal consideraron que el mismo no era incompatible con nuestra moral y nuestras costumbres, autorizando así la inscripción del nombre de mención.

Aquí también se aceptó la elección de un nombre indígena  por no considerarlo ni extranjero ni extravagante y con fonética compatible con el idioma castellano.

En el fallo "Olaiz, Hugo J."[38], del mismo año y del mismo Tribunal,  se resolvió dejar sin efecto la disposición administrativa dictada por el Registro Civil y autorizar la imposición del prenombre "Gulmen".                  

El recurrente invocó como argumento de la elección del prenombre de su hijo que el mismo es de origen autóctono, ya que se trata de un vocablo mapuche y que estos constituyeron una nación, una comunidad de cultura, ya que hay tribus nómades que integran la nación mapuche que abarcan parte de algunas provincias argentinas.

Se volvió a reiterar la doctrina sentada en el fallo precedente, y basándose en un informe brindado por el Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.B.A., por el cual se sostuvo que el nombre "Gulmen" es de raigambre araucana, o bien mapuche, y que significa "jefe, cacique" o "persona rica y de respeto" o "que tiene mucha hacienda".

En otro orden de ideas, afirmaron que la grafía de la palabra no vulnera la lengua castellana ni su fonética. Por ello consideraron que su uso era viable.

Por último, en el año 1987, la Cámara Nacional en lo Civil, en el fallo "Ontiveros, Federico N. Y otro "[39] revocó la resolución recurrida, y ordeno al Registro Civil que inscribiera el nombre del hijo del recurrente con los nombres "Qori Wamancha"

El Registro fundó la denegatoria en base a que dicho nombre no poseía grafía castellana,  lo cual impedía su imposición en los términos del art. 3 de la ley 18.248.

La Sala advirtió que al admitirse la imposición de "nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas" (ley 23.162 del año 1984, que añadió a la Ley 18.248 el art. 3 bis), el legislador ha pretendido rescatar y conservar como integrante del acervo cultural, de algún modo, la vigencia de las lenguas que constituyeron el habla de los pueblos de América Latina, y que por ello deben considerarse idiomas vernáculos a la luz de la historia nacional.

Asimismo, basaron su decisión teniendo en cuenta el informe brindado por la Academia Argentina de Letras y de la Sección Lenguas Indígenas del Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, del cual surgió que las palabras "Qori" y "Wamancha" son de la lengua quechua, y derivan de las voces Gori, transcripto como Cori o Khri , cuyo sentido es "oro" y Wamancha, variante de huaman o wamani que significa "aguilucho, cría de águila, halcón o gavilán".

Por otro lado, el Tribunal señaló que el Registro Civil no puede hacer un análisis de los nombres propuestos desde la perspectiva filológica o lingüística del idioma español, ya que precisamente los nombres aborígenes presuponen la existencia del idioma aborigen.

Asimismo la sala entendió que tampoco puede juzgarse que los nombres indígenas o aborígenes, en tanto su existencia en la lengua haya sido constatada, puedan resultar extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras costumbres, etc., porque tales calificaciones presuponen la utilización del idioma español, o los modos de expresión estructurados a partir del habla hispana y como reflejo de su cultura. Por lo que la interpretación de la previsión legal debe realizarse situándose ante el idioma aborigen, desde dentro de sus propios modos de pensar y expresarse, ya que de lo contrario, se estaría subordinando el idioma o la voz indígena a la normas filológicas del español y esto desnaturalizaría culturalmente la propia lengua indígena rescatada por la ley.

En este orden de ideas cabe destacar que en la ampliación de su voto uno de los integrantes de dicha sala expresó: " Sin perjuicio de mi adhesión al criterio mayoritario, que se adecua a lo dispuesto por la ley 23.162, dejo a salvo que en mi opinión habría sido mas conveniente,(...), escribir el nombre como "Korihuamancha", por ser mas cercano a los hábitos de la grafía española, o sea de nuestro idioma nacional"     

Este fallo, decidido ya en vigencia la ley 23.162, amplía bastante, en comparación a los restantes precedentes comentados, el criterio de admisión de nombres posibles, ya que si bien se consideró que el nombre pretendido no tenía grafía castellana, ello no era óbice para aceptar su inscripción, ya que más importante que ello era la intención de la ley de resguardar el patrimonio idiomático y cultural de los pueblos indígenas latinoamericanos, según lo dispuesto expresamente por la ley.

Más interesante aún nos resulta toda la argumentación relativa a la ilegitimidad de cuestionar las formas idiomáticas de una palabra indígena desde la lengua castellana, ya que tal posición significaría la convalidación de un trato de asimilación de las culturas indígenas, en el cual sólo cuando el Estado "bueno", paternalista y proteccionista decidiera, podrían admitirse palabras de otros orígenes, que no alcanzaran a "perturbar" la tan ansiada, declamada e hipócrita homogeneidad cultural de un país.

Claramente se enrola la doctrina sentada en este fallo en el marco de las teorías del pluralismo jurídico e interculturalidad, al fundar su decisión en la necesidad de analizar situaciones poniéndose en el lugar del otro, con actitudes relativistas y no etnocentristas, defendiendo la innegable existencia y legitimidad de la diversidad cultural, que, en definitiva, es lo que posibilita dialécticamente el avance y evolución cultural de todos los pueblos del Mundo.

En cuanto a la disidencia transcripta, es claro que el suscripto no compartía estos criterios que comentáramos, sino que en su discurso puede leerse aún latente la corriente asimilatoria que criticáramos.

En el balance, este fallo marca un innegable avance en el reconocimiento de la diversidad cultural.

Sin embargo, y pese a coincidir en el modo de fundamentación utilizado, cabe destacar que en todos los precedentes analizados, se requirió algún dictamen, certificado o informe de alguna organización antropológica o lingüística que avalara y diera fe de la existencia de la palabra en cuestión y de su significado, cuando creemos que tal requisito es innecesario y eventualmente restrictivo, ya que tal decisión debería quedar reservada exclusivamente al arbitrio y a la esfera íntima de los padres, resguardando así totalmente la vigencia de la cultura de que se trate y consagrando plenamente la interculturalidad.

Además, como dijimos oportunamente, cualquier vocablo podría utilizarse como nombre, más allá del significado convencionalmente atribuido al mismo por un organismo estatal.

VII: EL DERECHO AL NOMBRE. NECESIDAD  DE SU EJERCICIO PLENO PARA GARANTIZAR EL PLURALISMO JURÍDICO

Llegados a este punto, intentaremos dejar en evidencia la relación innegable y estructural que existe entre el derecho al nombre indígena, su ejercicio pleno y absoluto, sin límites ni restricciones absurdas y arbitrarias, y la necesaria existencia de un marco de interculturalidad y pluralismo jurídico, a tenor de lo que imponen los actuales principios imperantes en el Derecho Internacional, así como a nivel constitucional.

Sin profundizar en el tema, ya que no es el objeto de nuestro trabajo, sí queremos esbozar -al menos- los principales hitos en la evolución hacia  eso que llamamos "pluralismo jurídico".

Así, y respecto a las distintas actitudes que ha asumido el Estado en su relación con las Poblaciones Indígenas, podemos decir que:

- En la época colonial existía un modelo segregacionista que consideraba a los indígenas como individuos de segunda categoría: eran absolutamente excluidos y ocupaban el lugar más bajo del estrato social.

- Con los procesos de independencia, e influidos por los ideales de la Revolución Francesa se ingresó a un paradigma asimilacionista: todos eran iguales ante la ley, lo que se traducía en un trato desigual. Las diferencias eran ignoradas y la igualdad esgrimida era sólo discursiva  y formal.

- A partir de la segunda década del siglo pasado, y con movimientos indígenas que empiezan a consolidarse, se produce el salto al siguiente modelo aplicado, el integracionista. Se reconoce la existencia de comunidades diversas , pero sólo por la necesidad económica de negociar y porque estaba en discusión quienes eran propietarios de esas tierras. Se inicia así una suerte de reconocimiento de los derechos, pero absolutamente limitados.

- A partir de la elaboración de distintos instrumentos jurídicos internacionales, que parten de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1948, y que alcanzan su máxima expresión en el Convenio 169 de la O.I.T, se produce un salto hacia la conformación de un verdadero Estado Pluralista.

En este sentido, el art. 5º del Convenio establece que: "1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.  2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos...".

Las reformas constitucionales vividas en América Latina desde la restauración democrática en el continente, han incorporado el reconocimiento - con menor o mayor amplitud- de diversas formas de derecho indígena, resignificando el fenómeno del pluralismo jurídico de cuño antropológico.

Como ya hemos visto, el art. 75, inc. 17 de nuestra Carta Magna, luego de la reforma de 1994, establece como deber estatal el reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, preservando su identidad y sus propios métodos de  educación, todo ello dentro de un marco intercultural.

Claramente, con esta norma, la Argentina se enmarca en la corriente del pluralismo jurídico.

Brevemente, y a los efectos de este trabajo, diremos que la interculturalidad implica un diálogo entre culturas.

El fenómeno del pluralismo jurídico se da siempre que en un mismo espacio geopolítico rija (oficialmente o no) más de un orden jurídico[40].   

La tan declamada homogeneidad cultural en un territorio es una pretensión irreal e infundada, solo concebible a través de falacias retóricas. Con esto queremos decir que el modelo predominante está basado en una concepción incorrecta respecto de la composición de la sociedad. Así se ha dicho que "...el pensamiento liberal... ha desarrollado sus concepciones sobre el supuesto de una sociedad homogénea... a cuyo interior la disrrupción que provoca el "otro", es una patología y no un conflicto ineliminable que integra y conforma la sociedad acerca de la que se reflexiona..." [41]

 Pensamos que "el mundo que nos circunda no es homogéneo ni admite una única lectura... es un mundo multicultural de inmigrantes, extranjeros, excluidos, desempleados, refugiados, pobres, abandonados... somos a un tiempo "unos" y "otros" buscándonos o esquivándonos en algún sitio real o virtual..."[42]

Y en cuanto a la conformación de la "identidad nacional", cabe recordar que "tiempo y espacio ya no son estructuras cerradas y fijas: no hay una sola cultura, ni una sola lengua, ni una única tradición que conformen nuestra identidad". [43]   

Entonces, podemos afirmar con seguridad que si se quiere respetar esta doctrina, es necesario que se reconozca el libre ejercicio

del derecho de elegir e inscribir cualquier nombre indígena, sin restringir su uso por cuestiones de forma, ni pretender "castellanizar" los vocablos deseados, pues intentar forzar "un idioma dentro de otro" es un sinsentido lógico que tiene como único resultado el lesionar la integridad del idioma, cultura e identidad del pueblo indígena en cuestión.[44]

Asimismo, desde esta visión de interculturalidad y pluralidad jurídica, si respetamos la coexistencia de órdenes jurídicos, cosmovisiones e identidades, resulta lógico que cualquier restricción impuesta para el derecho de elección de un nombre que exista en nuestro sistema no podría aplicarse para los pueblos indígenas, ya que no corresponde imponer nuestros valores a quienes no pueden internalizarlos y no corresponde que lo hagan, ya que además, creemos, no es ésta una cuestión de las llamadas de "orden público"[45].

Esto más allá de nuestra opinión -ya esbozada anteriormente- de que el derecho a la elección de nombre debe poder ser ejercido de modo absoluto. Pero aún si aceptáramos la legitimidad de las restricciones legales, es claro que, por ejemplo, la limitación establecida por el inc. 5º del art. 3º de la ley 18.248 ("no se podrán imponer más de tres nombres") no puede aplicarse en el caso de que un indígena quisiera anotar un nombre que constara de más palabras, puesto que quizá -y efectivamente así es en el caso wichí analizado- el nombre tiene un significado mucho más profundo, místico y hasta religioso que en nuestra cultura occidental, por lo que no sería válido limitar este aspecto del ejercicio de los derechos fundamentales del hombre con restricciones de forma.

De la misma manera tampoco podría argüirse que un nombre  indígena es "extravagante o ridículo" o "contrario a nuestras costumbres", no siendo legítimo que las autoridades administrativas o judiciales restrinjan el derecho de elección basados en estas causales, ya que ellos no están en condiciones de "juzgar" a la otra cultura, sus pautas y expresiones, y pretender calificar un término de origen indígena con estos atributos es una muestra más de la ya tan conocida corriente asimilatoria reinante durante largas décadas en nuestro país.

Lo mismo vale para el resto de las condiciones limitativas establecidas en el articulo mencionado.

En este sentido, al adoptar esta posición, nos sentimos reflejados con lo expresado por Morita Carrasco cuando afirmó que "...se muestra la emergencia de un discurso de respeto por la diversidad que es novedoso en una Argentina que siempre se jactó de ser "blanca" y " europea"..."[46].  

VIII.  A MODO DE CONCLUSIÓN

La discusión en torno a si la sociedad multicultural es o no deseable, no modifica, sin embargo, la circunstancia de que querámoslo o no, existe y existirá.

Durante muchos años los Pueblos Indígenas han estado privados del ejercicio pleno del derecho de elección del nombre, negándoseles la identidad étnica, cultural y personal. La imposición de nombres personales ajenos a sus cosmovisiones han sido y siguen siendo los métodos para hacerlos desaparecer como Pueblos Indígenas, encontrándonos hoy con la realidad de que muchos de ellos tienen nombres ajenos a sus propias culturas

En síntesis pensamos que es un buen presupuesto para una sociedad multiétnica que el derecho tome en consideración las diferencias, renunciando a la propia monoliticidad y englobando también las costumbres extrañas.  

Además, partiendo de la base de que el pluralismo jurídico supone conflictos de valores, creemos que esta situación no es contradictoria ni incompatible con el sistema democrático imperante, sino -claramente- todo lo contrario, ya que en democracia el disenso es tanto o más importante que el consenso.

Finalmente, y sin perjuicio de lo expuesto a lo largo de este trabajo, nos resta una inquietud más. Nos preguntamos si el derecho de elegir e inscribir un nombre de origen indígena debe ser privativo de los miembros de los pueblos indígenas o si debe ser un derecho que puede ser ejercido por cualquier persona.

Muchas dudas nos ha generado esta cuestión y podemos decir, sin demasiados remordimientos, que no hemos podido llegar a una conclusión invariable.

Esto es así pues, por un lado, creemos en principio que el hecho de que cualquier persona opte por un nombre indígena para su hijo no es una actitud asimilatoria ni evidencia una postura de superioridad de una cultura sobre la otra, sino todo lo contrario, siendo el reflejo más patente de la posibilidad real de la existencia de la interculturalidad en este mundo en el que nos toca vivir.

De esta manera se asegura aún más la preservación de las formas idiomáticas, tradiciones y significados identitarios de las culturas indígenas, pese a que sus nombres puedan ser "usados" por otras personas.

Sin embargo, por otra parte, creemos que podría darse el caso de que la utilización de ciertos vocablos indígenas como nombres por individuos que no pertenecieran a esas culturas generara en ellos la sensación de que se vulnera su propia identidad, sus cosmovisiones y hasta su religión.

Por ejemplo, en el caso de los wichí, como hemos visto, sus nombres propios son generalmente secretos, reservados sólo a la intimidad de sus núcleos familiares, utilizándose como vocativos individualizadores, más comúnmente los apodos. Incluso ningún nombre puede ser repetido jamás, y recordemos también que el conocimiento sobre el nombre verdadero permite -en esta cultura-  injerir en el destino de  su dueño.

  En consecuencia, teniendo en cuenta estos pensamientos, es fácil percatarse que la utilización de palabras  sagradas wichí, que están destinadas a no ser conocidas, puede generar vulneraciones de sus derechos fundamentales.

En este sentido suele decirse que: "No discriminar substancialmente significa a menudo hacerlo formalmente"[47]. Por lo que podría pensarse algún caso extremo en el que cabría legitimar ciertas restricciones para el uso de nombres indígenas por personas que no lo sean (aunque siempre el criterio para identificar a una persona como indigena debe ser amplio, extensivo y sujeto a la autodeterminación), siempre y cuando este reclamo surja expreso y manifiesto por parte del pueblo de que se trate, y que se acredite una violación grosera de sus derechos fundamentales a la identidad, personalidad y creencias a través de este medio.

Esta postura puede ser sustentada en la llamada doctrina de las "acciones positivas" o "discriminación inversa", que se encuentra receptada en varias normas jurídicas internacionales, por ejemplo en la Convención Internacional Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que dice expresamente en su art. 4º: "Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan como consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron".

Sin embargo, creemos que estos casos, de alguna vez producirse, serían aislados y extremos, y que en general debe primar la libertad absoluta de elección del nombre, para cualquier persona, y que el hecho de pretender inscribir un nombre indígena ya significa por sí una forma de reivindicación de la tradición, cultura e identidad indígena.

Debemos tener siempre presente, como ya dijéramos, que la interculturalidad implica un "diálogo entre culturas", y que las visiones unilaterales de la cultura generan estancamiento, inactividad y anulación de la potencia creadora del ser humano.

Y para finalizar este trabajo, nos gustaría compartir algunas frases que sintetizan las sensaciones que quedaron plasmadas en nuestras mentes luego de emprender este viaje:               

"El ataque al nombre, cuando es llevado al valor que el signo simboliza, es un ataque a la personalidad, y la defensa del nombre es la defensa del hombre en su más alta jerarquía: la dignidad personal."[48]

En las Américas, la cultura real es hija de varias madres. Nuestra identidad, múltiple, realiza su vitalidad creadora a partir de la fecunda contradicción de las partes que la integran. Pero hemos sido amaestrados para no vernos.[49]

BIBLIOGRAFIA

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Ruiz, Alicia E.C. (2001). "Idas Y Vueltas. Por Una Teoría Crítica Del Derecho.", Bs.As: Editores Del Puerto S.R.L.

 


NOTAS:


[1] GALEANO, EDUARDO, "Patas arriba. La escuela del mundo al revés", Ed. Catálogos S.R.L., 1998, Buenos Aires, p. 47

[2] RUIZ, ALICIA E.C., "Idas y vueltas. Por una teoría crítica del derecho.", Editores del Puerto S.R.L., 2001, Buenos Aires, p. 113.

[3] PLINER, ADOLFO,  "El  nombre de las personas", Ed. Astrea, 2da. Edición, 1989, p. 1

[4] PLINER, ADOLFO, Op. Cit., p. 1

[5] PLINER, ADOLFO,  Op. Cit., p. 50

[6] RIVERA, JULIO CÉSAR, "Instituciones de Derecho Civil. Parte General.", Ed. Abeledo Perrot., Bs. As 1992, p. 611.

[7] PLINER, ADOLFO, Op. Cit., p. 49

[8] PLINER, ADOLFO, Op. Cit., p. 25

[9] RIVERA, JULIO CÉSAR, .Op. Cit., p. 614

[10] BORDA GUILLERMO A., "Manual de Derecho Civil. Parte General. Décimo Sexta Edición", Ed. Perrot. Bs. As. 1993, p. 197.

[11] RIVERA, JULIO CESAR, Op. Cit, p. 614

[12] CÓDIGO CIVIL COMENTADO, 1993,  p. 361.

[13] BORDA, GUILLERMO A., Op. cit.,  p. 198. (La negrita nos pertenece).

[14] PLINER, ADOLFO, Op. Cit. p.50

[15] CÓDIGO CIVIL COMENTADO

[16] PLINER ADOLFO Op. Cit, p. 81.Ver Cita  BLONDEL, Etude juridique, p. 133.

[17] BARUA, GUADALUPE. "Semillas de estrellas. Los nombres entre los wichí" Ed. Dunken, Bs. AS, 2001,

[18] BARUA, GUADALUPE. Op. Cit., p.9 y 10.

[19] BARUA, GUADALUPE. Op. Cit., p. 22

[20] BARUA, GUADALUPE. Op. Cit., p. 22.

[21] FRAIZER, JAMES G. , LA RAMA DORADA, p. 290.

[22] PLINER ADOLFO, Op. Cit. P. 59

[23] PLINER ADOLFO, Op. Cit. p. 77

[24] V. sobre el nombre como bien innato lo sostenido por Colin - Capitant, Josserand y De Page.

[25] Avalando nuestra interpretación, la observación general Nº23 (sobre la aplicación del Pacto) efectuada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la O.N.U., sobre derechos de las minorías, en su punto 6.1 dice: " Aunque la norma del art. 27 está expresada en términos negativos, de todos modos la disposición reconoce la existencia de un "derecho" y establece la obligación de no negarlo. Por consiguiente, todo Estado Parte está obligado  a asegurar la realización y el ejercicio de este derecho y a ampararlo contra toda negativa o violación. Así, las medidas positivas de protección adoptadas por conducto ya sea de sus autoridades legislativas, judiciales o administrativas, son procedentes no sólo contra los actos del propio Estado Parte, sino también contra el acto de cualquier persona que se encuentre en el Estado Parte" y en su punto  9 establece: "El Comité llega a la conclusión de que el artículo 27 se relaciona con los derechos cuya protección impone obligaciones específicas a los Estados Partes. La protección de esos derechos tiene por objeto garantizar la preservación y el desarrollo continuo de la identidad cultural, religiosa y social de las minorías interesadas, enriqueciendo así el tejido social en su conjunto...".

[26] La itálica nos pertenece.

[27] PLINER ADOLFO, Op. Cit.,p. 152

[28] Borda, Guillermo A., "Manual de Derecho Civil. Parte General", Ed. Perrot , Décimo Sexta edición, 1993, Buenos Aires.

[29] DICCIONARIO CLARIN...

[30] PLINER ADOLFO. Op. Cit. p. 3

[31] PLINER ADOLFO, Op. Cit, p. 130 y 131.

[32] La negrita es agregado nuestro.

[33] CARRASCO, MORITA, "Los Derechos de los Pueblos Indígenas en Argentina", Editorial Vinciguerra

S.R.L., 2000, Buenos Aires. p. 12

[34] C.S.J.N., Fallos, 239:308.

[35] LA LEY - TOMO 155 -p. 124 Y SS.

[36] LA LEY - 1979-B - p. 656 

[37] LA LEY -1981-A- p. 222

[38] EL DERECHO - TOMO 92 -p. 657 y ss.

[39] JURISPRUDENCIA ARGENTINA, 1987-IV-, p. 40.

[40] DUQUELSKY GÓMEZ, DIEGO J., "Yo, Ovidio González Wasorna y el mito de la protección constitucional del derecho indígena", Ponencia presentada en las XVI Jornadas Nacionales de Filosofía Jurídica y Social, Azul, Octubre 2002.-

[41] RUIZ, ALICIA, "Derecho y derechos: una sociedad multicultural en Idas y Vueltas por una teoría critica del derecho, Facultad de Derecho UBA- Editores del Puerto, Buenos Aires, 2001. p. 112.

[42] RUIZ, ALICIA, Op. Cit. p. 109

[43] RUIZ, ALICIA, Op. Cit. p. 110.

[44] "Occidente... ha otorgado al "otro" sólo una presencia a fin de confirmar sus propias premisas (y prejuicios)", CHAMBERS, Jain, "Migración, cultura e identidad", Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1995.

[45] En contrario, nuestra jurisprudencia ha opinado durante años que "...La potestad de los padres de elegir libremente los prenombres de sus hijos, fundado en la garantía constitucional de hacer todo aquello que la ley no prohibe (art. 19 Const. Nacional), fue rechazado por la razón de tratarse de materia en que el orden público estaba interesado, pues se hallaba en juego la nacionalidad misma que se esta formando con el cuantioso aporte de extranjeros que deben ser asimilados para la formación de un pueblo argentino integrado en sus elementos sustanciales que lo homogeneice, y, entre ellos, el idioma y los nombres deben contribuir a la construcción de esa unidad nacional...", citado por  PLINER ADOLFO, Op. Cit. P.132.

[46] MORITA CARRASCO, Op. Cit.

[47] FACCHI ALESSANDRA, "Las mutilaciones sexuales en las mujeres. Multiculturalismo y normatividad jurídica" Doxa Nº17, 1997.-

[48] PLINER, ADOLFO Op. Cit., p..57

[49] GALEANO, EDUARDO. Op. Cit. p. 58.

 

 

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 Dra. Teodora ZAMUDIO