La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Tierras indígenas

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación

Situación actual en la cuestión de tierras indígenas

Alumnas:    Maria Julia Beveraggi

                    Carola Inés Cosentino

                    María Carolina Jalda

 

Introducción

El presente trabajo de investigación se propone analizar y determinar la situación actual de las comunidades indígenas rurales[1], en lo relativo al carácter, en el marco del derecho positivo argentino, en que ocupan, usan y explotan tales tierras, las que habitan desde tiempos previos a la conformación del Estado Argentino.

En el momento histórico en que se consolidó el Estado Argentino las comunidades indígenas, primitivos habitantes de la región, no fueron considerados en este nuevo orden jurídico – institucional que se daría como forma de gobierno al país. No fueron integradas sus comunidades como tales, con su propio sistema de normas de convivencia, sus valores culturales y sus costumbres. Este antecedente es la respuesta a la situación de marginación que padecen, y los obstáculos difíciles de sortear con los que se encuentran hoy los ciudadanos argentinos pertenecientes a comunidades indígenas para compatibilizar su forma de vida y de organización con el orden jurídico argentino, orden que rige en su país. En definitiva, no encuentran la forma de que sus derechos, como lo es el “derecho a la tierra”, base fundamental del arraigo, supervivencia como comunidad y desarrollo económico y social, sea reconocido dentro de este marco jurídico.

En razón, de conocer en detalle el problema normativo y social ante el cual nos encontramos y considerando, que el conocimiento de la circunstancias del caso, configura el primer paso en busca de una solución posible, es que nos dispusimos a realizar un relevamiento de nuestro sistema normativo nacional y provincial.

La primer norma de alcance nacional que recepta la situación descripta que afecta a las comunidades indígenas en miras de dar una solución es la Ley Nacional 23.302 del año 1985. Luego, con la reforma constitucional del año 1994, es introducida en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional una norma que manda al Congreso a legislar sobre la materia en los términos de la norma.

Intentaremos interpretar lo establecido por la Ley 23.302 del año 1985 a la luz del posterior mandato constitucional, norma suprema del orden jurídico y lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por nuestro país.

Pretendemos mostrar las falencias del texto introducido en la reforma constitucional de 1994 y las distintas constituciones provinciales al enfrentarlo con las figuras de derechos reales reconocidas por nuestro Código Civil.

Para el logro de nuestro objetivo hemos comparado distintas normas de carácter nacional, provincial e internacional que nos darán el marco necesario para arribar a una conclusión respecto del tema en análisis.

Antecedentes de las comunidades indigenas.

Es importante a los fines de la comprensión histórica[2] y sus consecuencias en la actualidad hacer un repaso por los antecedentes de las comunidades indígenas en la Argentina.

A lo largo de la historia, retrotrayéndonos a la etapa colonial, cuando la Corona Española ejercía una política paternalista, concedía a los indios un status de individuos de segunda categoría a los que había que proteger, utilizándolos como mano de obra tributaria, aportando una parte de su capital laboral al servicio de la sociedad hispano-criolla  o de la Corona.

A esta situación de injusticia se sumaron las ideologías darwinistas que consideraban a los indios y negros ciudadanos de segunda categoría, incapaces de sobrevivir frente al empuje “civilizador”, que debía exterminarlos de forma natural.

Tampoco mejoraron las condiciones de vida de estos dos grupos de poblaciones las teorías positivas que imperaron a fines del siglo XIX, repuntadas en el neopositivismo liberal que nos invade actualmente.

La democratización de América Latina, y con ella, el redescubrimiento de los derechos humanos, ha cambiado esta situación, hasta el punto que en las nuevas constituciones latinoamericanas han aparecido apartados de respeto hacia estos grupos tradicionalmente marginales y marginados.

Así por ejemplo el reconocimiento constitucional sobre el derecho a la identidad de los negros de Colombia y el reconocimiento constitucional argentino a los derechos de los indios a través del art. 75 inc. 17 de nuestra Carta Magna.

Algo está cambiando en América Latina, y algo muy importante para el entendimiento entre sus diversos grupos étnicos, tras lo que se esconde indudablemente un derecho de identidad cultural y de nacionalidad.

Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto falta un gran camino por recorrer tanto en el ámbito provincial, nacional y regional.

Legislación nacional

El artículo 75 de nuestra Constitución dispone que: “Corresponde al Congreso…” y continúa diciendo en su inciso 17: “…reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.   Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones…”

Este artículo define dos pautas:

a) reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan;

b) regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

La primera es deficiente, ya que no está claro si se ha derogado la posibilidad de la propiedad individual de las tierras. Esta esta contemplada en el art. 7 de la Ley 23.302 que dispone “la adjudicación… podrá hacerse también en propiedad individual a favor de indígenas no integrados en comunidad prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares.”

También al decirse que deberá reconocerse la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, consideramos que es un criterio muy amplio y abre el interrogante de qué porción o parte del territorio quedaría libre para el resto de la población, ya que ancestralmente los indígenas han ocupado la mayor parte del territorio de nuestro país.

En cuanto a la segunda, ya había sido prevista en la ley 23.302 al afirmar  “…dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal según la modalidades propias de cada comunidad”.

El mismo artículo específica: “las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad, o en caso necesario, en las zonas próximas más aptas para su desarrollo”.

Por otro lado la reforma añade: “Ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos.”

La regla constitucional desvirtúa los caracteres básicos de la propiedad al prohibir la enajenación y la transmisión aún por causa de muerte. La prohibición de constituir gravámenes contradice la posibilidad del acceso al crédito. Es más sensato lo dispuesto en la ley ut supra mencionada,  “las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto en esta ley son inembargables e inejecutables. Las excepciones a este principio y al solo efecto de garantizar los créditos con entidades oficiales serán previstas por la reglamentación de la ley”. El sistema previsto por la ley se plantea de la siguiente manera “En los títulos respectivos se hará constar la prohibición de su enajenación durante el plazo de veinte años.”

Sin embargo, se interpreta que esta norma ha quedado derogada por la reforma constitucional de 1994, esta en los hechos implica una regresión en las condiciones de los pueblos indígenas.

Comunidades indigenas titularizacion dominial.

Por otro lado si se pensara en la titularización dominial, esta implicaría la incorporación del campesino al sistema impositivo rural y el consecuente  peligro de pérdida definitiva de la tierra que hoy detenta precariamente. Esto es de suma importancia teniendo en cuenta las situaciones de marginación socio-económico en que se encuentran los indígenas hoy en día en nuestro país y sobre todo los que habitan zonas rurales y de frontera.

Toda esta situación se ve cada día más agravada con la creciente globalización económica que se va dando a nivel mundial. El mercado actual está ofreciendo grandes avances en el desarrollo del mundo, grandes empresas transnacionales, que van perjudicando la economía nacional, por lo que de otorgar el dominio de las tierras a los pueblos indígenas generaría un detrimento aún mayor de su situación actual, pues al no poder afrontar los gastos tributarios en su calidad de titulares de las tierras, sufrirían embargos, se le subastarían sus territorios y nuevamente se quedarían con las manos vacías.

Los indígenas deberían asumir responsabilidades de tipo tributario para lo que hoy no se encuentran preparados a afrontar debido a las situaciones económicas antes mencionadas.

Es preciso generar primero políticas de desarrollo social y económico a nivel nacional y provincial con el efecto de mejorar la situación de nuestro país y sobre todo de los sectores más segregados de nuestro territorio, en el que se encuentran encuadrados también los pueblos indígenas.

Una vez que hayamos mejorado la situación de esos sectores marginados, podrán afrontar el dominio[3] de esas tierras tal como lo establece el Código Civil y no que las posean en calidad de usufructo[4] de acuerdo a lo expresado en el art. 75 inc. 17 de la Constitución.

Tierras inajenables, intransmisibles y no susceptibles de gravamenes o embargos.

Consideramos relevante a los efectos del presente análisis detenernos en el fundamento de otorgar estos tres caracteres a la Tierras que se reconocen a las comunidades indígenas por la norma constitucional.

En nuestra opinión y según la doctrina consultada estos caracteres traen aparejadas consecuencias negativas y al mismo tiempo positivas para el desarrollo de las comunidades indígenas.

En cuanto al aspecto positivo, el hecho de que las tierras sean inembargables, inajenables, intransmisibles y no susceptibles de gravamen alguno, persigue el objetivo de impedir que grupos económicos abusen de la necesidad, ligereza e inexperiencia de las comunidades. Así como también la finalidad de preservar el hábitat natural de los grupos aborígenes, evitando su desarraigo forzado. 

En lo relativo al aspecto negativo: se han puesto a estas Tierras fuera del comercio, impidiendo que sus propietarios puedan gestionar créditos dando la tierra en garantía; creándoles un status groseramente violatorio del principio de igualdad.

Instituto Nacional de Asuntos Indigenas.

En nuestra investigación accedimos a información actual acerca de la materialización de la normativa que venimos analizando en la realidad argentina de nuestros días. Para esto, entrevistamos a una representante del INAI.

Este Instituto fue creado por la ley 23.302 (art. 5 y 6) en el año 1985; físicamente se encuentra en el edificio correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental.

Dentro de las funciones de este organismo se encuentran las de a) intervenir en el relevamiento territorial indígena; b) diseñar, ejecutar y financiar junto con los gobiernos provinciales y las comunidades, programas de regularización dominial de las tierras que habitan; c) ejecutar y financiar los procesos de expropiación y compra.

Entrevista a Natalia Vázquez

Información obtenida de la entrevista realizada a la doctora Natalia Vázquez quien trabaja en el seno del I.N.A.I.

Luego de reiterados intentos de comunicarnos telefónicamente con el doctor Antonio D´ell Elce, encargado del área de trabajo “Tierras”, y ante la falta de respuesta, nos hicimos presentes en la entidad el día lunes 29 de septiembre de 2003 a las 12 hs., siendo atendidos por la doctora Natalia Vázquez.

Según lo conversado con la doctora Vázquez, en la práctica, las comunidades indígenas que desean gestionar el reconocimiento y adjudicación de las tierras que se encuentran habitando y explotando, haciendo valer el derecho constitucional, deben seguir los siguientes pasos:

1) es requisito fundamental y excluyente que la comunidad reclamante de las tierras se inscriba en el Registro de Comunidades Indígenas a efectos de que se les otorgue la personería jurídica. En este punto la doctora Vázquez nos hizo saber que se desea llegar a una homogeneización de los distintos registros, ya que nos manifestó que actualmente existen distintos registros provinciales que cumplen idéntica función que el I.N.A.I., cuestión que genera ciertas dificultades en el control de dicho reconocimiento. Se intenta lograr que los diversos registros provinciales remitan su información al I.N.A.I. con el objetivo de llevar un control adecuado.

2) una vez obtenida la personería jurídica a través de la inscripción en el Registro, de acuerdo al punto 1, se podrá proceder a la inscripción de las tierras a nombre de la comunidad, en el correspondiente Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia donde se encuentren situadas las tierras reclamadas. En el asiento registral quedará asentado el carácter en el que se otorgan las tierras: “propiedad comunitaria de la comunidad indígena solicitante”, con carácter no enajenable, no transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos, en virtud de lo dispuesto por el precepto constitucional.

El INAI gestiona la adjudicación de tierras privadas a las comunidades indígenas por tres vías, según lo dicho por la entrevistada:

1) Puede darse el caso de la existencia de una oferta por parte de un particular propietario de la tierra en virtud del correspondiente título. Ante esta oferta la comunidad puede solicitar un subsidio al INAI, quien evaluará dicha compra.

2) El Estado Nacional puede declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación, mediante la sanción de una ley, tierras pertenecientes a particulares que considere puedan ser adjudicadas en propiedad comunitaria a comunidades indígenas.

Podemos citar el caso de las tierras de Lapacho Mocho, departamento de San Martín, provincia de Salta, que fueron adjudicadas en propiedad comunitaria a la Comunidad Indígena del pueblo Wichi Hoktek T’ol, según ley 25.549, sancionada el 28/11/01 y promulgada el 27/12/01

3) El último caso posible corresponde al instituto de la usucapión[5]. Sin embargo, en este punto nos encontramos ante dos obstáculos que imposibilitan el ejercicio de la misma. Por un lado el decreto ley 5756/58[6] establece que será requisito indispensable el pago de impuestos o tasas que graven el inmueble. Esta situación es incompatible con la realidad de nuestros indígenas que no abonan ninguna clase de impuestos por ser ocupantes de las tierras. El segundo obstáculo sería si las tierras que ocupan pertenecen al dominio público del Estado, ya que estás no son susceptibles de usucapión según lo establecido en el art. 3951[7] del Código Civil.

Deberes y atribuciones de las provincias.

Luego de un análisis de la legislación a nivel nacional y sus consecuencias practicas, veremos que legislación al respecto adoptaron las provincias argentinas.

Las Constituciones de algunas provincias de nuestro país establecen en su parte dogmática reglas de protección a los indígenas.

Podemos citar algunos de estos casos:

Constitución de la Provincia de Chaco (reforma constitucional 1994). Art. 37: “La provincia reconoce… la propiedad comunitaria, inmediata de la tierra que tradicionalmente ocupan y las otorgadas en reserva. Dispondrá la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano, que serán adjudicadas como reparación histórica en forma gratuita exentas de todo gravamen. Serán inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros.”

Constitución de la Provincia de Chubut (reforma constitucional 1994). Art. 34: “Se reconoce a las comunidades indígenas existentes en la Provincia:1. La posesión y propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. El Estado puede regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas es enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes y embargos…”

Constitución de la Provincia de Neuquén (reforma constitucional 1994): Art.23 inc. d "Serán mantenidas y aún ampliadas las reservas y concesiones indígenas. Se prestará ayuda técnica y económica a estas agrupaciones, propendiendo a su capacitación y la utilización racional de las tierras concedidas, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y tendiendo a la eliminación progresiva de esta segregación de hecho".

Constitución de la Provincia de Río Negro (reforma constitucional 1988): Art. 42: "El Estado reconoce al indígena rionegrino como signo testimonial y de continuidad de la cultura aborigen preexistente, contributiva de la identidad e idiosincrasia provincial. Establece las normas que afianzan su efectiva incorporación a la vida regional y nacional, y le garantiza el ejercicio de la igualdad en los derechos y deberes. Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, promueve la propiedad inmediata de las tierras que posee, los beneficios de la solidaridad social y económica para el desarrollo individual de su comunidad, y respeta el derecho que les asiste a organizarse".

Como se observa de los textos de las constituciones precedentemente transcriptas, todas utilizan el término “propiedad comunitaria” al igual que lo hace el art. 75 inc. 17 de nuestra carta magna. Haciendo un análisis profundo de esta situación y tratando de encuadrarla dentro de  las figuras jurídicas contempladas por nuestro Código Civil, hemos llegado a la conclusión que la misma no se encuentra incluida en ninguno de los incisos del art. 2.503 del C.C. que hace una enumeración taxativa de cuales son los derechos reales existentes en nuestra legislación[8].

Por lo que de este modo las constituciones transcriptas estarían contradiciendo lo establecido en el art. 2502 del Código Civil cuyo texto establece: “Los derechos reales solo pueden ser creados por la ley. Todo contrato o disposición de última voluntad que constituyese otros derechos reales, o modificase los que por este código se reconocen, valdrá sólo como constitución de derechos personales, si como tal pudiese valer.”

Legislacion internacional

Convenio 169 OIT

El convenio mencionado establece lo siguiente:

Artículo 13 “ 1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna u otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.”

A su vez el convenio en su art. 14 expresa: “ 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

La Argentina a través de la ley 24.071 en el año 2000 ratifico al presente convenio, quedando a partir de este momento complementada la normativa nacional con la internacional. También muchas de nuestras provincias adecuaron su legislación al convenio ut supra mencionado, como lo hemos visto en el punto anterior.

Conclusion.

Hemos tratado en última instancia lo establecido por el derecho internacional en la materia, para llegar a la siguiente conclusión. Nuestro país tanto a nivel nacional como provincial adecuo en alguna medida su legislación a la norma internacional (Convenio OIT 169). Este es un punto de partida en busca de una solución justa a la problemática, aunque en nuestra opinión:

Lo establecido no aclara exactamente la situación actual de nuestros pueblos indígenas, quedan muchas cuestiones sin resolver, por ejemplo qué clase de propiedad poseen sobre las tierras, qué posibilidades tienen de obtener un crédito con ellas que los ayude a mejorar su situación económica, a quién corresponde la titularidad registral de las mismas. Creemos que para solucionar estos inconvenientes los gobiernos provinciales y el Estado Nacional deberán actuar conjuntamente con el objetivo de dictar normas que los beneficien tanto en la recuperación de su identidad como comunidad así como en el plano económico para que puedan salir de la pobreza en que se encuentran sumergidos.

Por otro lado el dictado de dichas normas haría que el Congreso de la Nación cumpla con lo establecido en el art. 75 inc. 17.

Si nos guiamos por lo dispuesto literalmente por el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, consideramos materialmente inviable el mandato constitucional. Sería potencialmente imposible que el Congreso de la Nación a través de una ley reconociera derechos sobre las “tierras que tradicionalmente ocupan”, ya que reiteramos este concepto podría habilitar un reclamo por parte de las comunidades indígenas de una porción desmesurada del territorio nacional.

De todas maneras, es nuestra convicción que corresponde al Estado Nacional y Provincial arbitrar los medios jurídicos necesarios para proveer de la porción de tierra suficiente a cada comunidad indígena, que posibilite un desarrollo colectivo e individual sostenible de la misma. Todo esto fundado en virtud de la necesidad de realizar una reparación histórica, que se merecen estas comunidades, en su cáracter de primitivos habitantes del suelo argentino. Y que en forma transitiva beneficia a la sociedad argentina toda, ya que la conservación y reivindicación del conocimiento tradicional y ancestral de cada una de las comunidades es parte integrante de nuestro patrimonio y nos enriquece como pueblo.

Luego del recorrido hecho a través del derecho positivo argentino, consideramos rescatar lo dispuesto por el art. 7 de la ley 23.302 en cuanto al criterio adoptado respecto de la porción de tierra adjudicable, “...tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas para su desarrollo...”.

En cuanto al título en que se otorgan en que serían otorgadas las tierras, creemos que es sostenible en el tiempo adjudicarlas a cada comunidad indígena en virtud de un derecho real de usufructo[9] a título gratuito sobre tierras fiscales o bien a través de la expropiación de tierras de dominio privado declaradas previamente de utilidad pública.

Ya que a través de esta figura regulada por el derecho civil argentino, la comunidad indígena podría ejercer el uso y goce de la tierra, lo cual posibilitaría su pleno desarrollo, en cumplimiento de la norma constitucional y conservando los caracteres de inembargabilidad, inenajenabilidad e intransmisibilidad; a lo cual adherimos en principio en cuanto consideramos que de acuerdo al fundamento antedicho (protección de la riqueza ancestral de la comunidad) actúa en protección de la comunidad misma.

Toda esta situación no imposibilitaría el acceso al crédito, ya que existen otras figuras jurídicas a través de las cuales las comunidades podrían acceder al crédito necesario para su desarrollo económico. Perfectamente el Estado podría otorgar créditos tomando como garantía el producido del trabajo de la comunidad solicitante, como ser su producción agrícola ganadera, artesanías y toda actividad con producido económico que eventualmente puedan desarrollar. Esto abre la posibilidad de que con la obtención de sus ganancias puedan adquirir el dominio en su sentido estricto de nuevas tierras con todo lo que ello implica. De esta manera vislumbramos una posibilidad de desarrollo económico de las mismas por sus propios medios.

 

 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

La Constitución Argentina de nuestro tiempo. Roberto Dromi y Jorge Sáenz. Cap. “Identidad de los Pueblos Indígenas” (Manuel Lucena Salmoral). Ediciones Ciudad Argentina. Agosto 1996.

Derechos Humanos Constitucionales. Carlos E. Colautti. Rubinzal – Culzoni Editores. Enero 1999.

Constitución de la Nación Argentina.

Código Civil de la República Argentina.

Ley Nacional 23.302.

Convenio 169 OIT

Curso de Derechos Reales. Tomo II y Tomo III. Marina Mariani de Vidal. Editorial Zavalia. 4ta. Edición 1997.

CD de la Cátedra.

Diferentes páginas web.

 

 


NOTAS:


[1] rurales: que se encuentran en la actualidad habitando y ocupando activamente sus territorios originarios.

[2] Bibliografía consultada: La Constitución Argentina de nuestro tiempo. Roberto Dromi y Jorge Sáenz. Cap. “Identidad de los Pueblos Indígenas” (Manuel Lucena Salmoral). Ediciones Ciudad Argentina. Agosto 1996.

Derechos Humanos Constitucionales. Carlos E. Colautti. Rubinzal – Culzoni Editores. Enero 1999.

 

[3] Art. 2506 Código Civil de la Nación: “La adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles solamente se juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los registro inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda. Esas adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas.”

[4] Art. 2807 Código Civil de la Nación: “El usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa, cuya propiedad pertenece a otro, con tal de que no se altere su substancia”.

[5] Art. 3948 Código Civil de la Nación: “La prescripción para adquirir, es un derecho por el cual el poseedor de una cosa inmueble, adquiere la propiedad de ella por la continuación de la posesión, durante el tiempo fijado por la ley.”

[6] Inc. c Dec. Ley 5756/58: “Se admitirá toda clase de pruebas, pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en la testimonial. Será especialmente considerado el pago, por parte del poseedor, de impuestos o tasas que graven el inmueble, aunque los recibos no figuren a nombre de quien invoca la posesión.”

[7] Art. 3951 del Código Civil de la Nación: “ El Estado general o provincial, y todas las personas jurídicas están sometidas a las mismas prescripciones que los particulares, en cuanto a sus bienes o derechos susceptibles de ser propiedad privada; y pueden igualmente oponer la prescripción.”

[8] Art. 2503 Código Civil de la Nación: “Son derechos reales: 1° El dominio y el condominio; 2° el usufructo; 3° el uso y la habitación; 4° las servidumbres activas; 5° el derecho de hipoteca; 6° la prenda; 7° la anticresis.”

[9] Usufructo: El usufructo conforme al art. 2807 del C.C. “es el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro, con tal que no se altere su sustancia”.

Usufructo por contrato gratuito: art. 2.814 C.C. (se aplican las reglas de la donación). El propietario (El Estado) dona el uso y goce y se reserva la nuda propiedad. 

 

 

 

Ediciones Digitales © 2016-2019 - Material fuera de comercio

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación                        

 Dra. Teodora ZAMUDIO