La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Áreas Indígenas Protegidas

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Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas

Alumnas:    Victoria Berro

                    Cecilia Cabrini

                    Jorgelina Sarrabayruse

                    Andrea Sember 

 

Introducción

La historia de los Parques Nacionales comienza en al año 1903 cuando el Dr. Francisco Moreno dona tierras (el actual Parque Nacional Nahuel Huapi) para que sean conservadas como Parque Público Natural, lo cual da inicio en nuestro país a la política estatal respecto de la conservación de las áreas naturales.

En 1922 esta zona se declara como Parque Nacional del Sur. Para custodiar sus tierras, en 1928 se crea el Cuerpo de Guardaparques Nacionales conformado por siete guardaparques. Finalmente, en 1934 se crea la administración de Parques Nacionales, que actualmente funciona como autoridad de aplicación de la ley vigente.[1]

La primera ley de Parques Nacionales se dictó en 1970 y diez años más tarde se sancionó la ley 22.351, que rige actualmente a nivel nacional.

Resulta útil destacar las tres categorías de manejo que se enuncian en la ley y que están estrechamente vinculadas con el tema que nos ocupa: 1.- Parques Nacionales: son aquellas áreas en las que su conservación en estado natural es motivada por alguna o por todas de las siguientes razones: ser representativas de las regiones biogeográficas del país sean terrestres o acuáticas; reunir un interés científico particular;  tener un especial atractivo por sus bellezas paisajísticas; 2.-Monumento Natural: es donde se reservan áreas o sitios que contiene uno o varios elementos de notable importancia nacional o provincial, poblaciones animales o vegetales, sitios naturales, etc. cuya singularidad hace necesario ponerlos en resguardo garantizando su integridad a perpetuidad con una función recreativa o educativa.  y 3.- Reservas Nacionales: son las áreas que interesan para la conservación de sistemas ecológicos, el mantenimiento de zonas protectoras del Parque Nacional contiguo, o la creación de zonas de conservación independientes cuando la situación existente no admita el régimen de un Parque Nacional. La promoción y desarrollo de asentamientos humanos se hará en la medida que resulte compatible con los fines específicos y prioritarios antes mencionados.

Una vez detalladas las categorías que se destacan en la ley, debemos mencionar un artículo que a los fines de este trabajo deviene de fundamental importancia: el art. 12 de la ley 22.351 que dispone “la autoridad de aplicación está facultada para promover la reubicación en las reservas nacionales o fuera de su jurisdicción de los pobladores existentes en los parques nacionales en las tierras del dominio público...”. Este es el punto de partida del trabajo ya que, precisamente, la problemática a analizar radica en esa facultad que se otorga al Estado (específicamente, a la Administración de Parques Nacionales –APN-) de “expulsar” a los pobladores indígenas de las tierras que habitan ancestralmente. ¿Es legítima esa disposición de las tierras por parte del Estado? ¿Frente al avance del Estado sobre las tierras les corresponde a los pueblos indígenas algún derecho? Este será una de las cuestiones que se desarrollarán a lo largo del trabajo.

Otras de las categorías de protección que se manejarán en adelante es la de Reserva de Biósfera que se define como una zona de conservación de ecosistemas terrestres y/o costeros marinos o una mezcla de ambos que es reconocida como tal por el Programa para el Hombre y la Biósfera (MAB) de la UNESCO. Su finalidad es la de conciliar la conservación de la naturaleza con el desarrollo de las poblaciones humanas asociadas y mantener las formas tradicionales de uso de los recursos naturales aprendiendo de ellos a fin de mejorar su manejo. La reserva se divide en tres zonas: zona núcleo, estrictamente, de conservación que no permite asentamientos humanos más allá de los necesarios para su seguimiento y control; zona tampón que, únicamente, permite desarrollar actividades turísticas, educativas y de recreación y por último la zona de transición que permite actividades humanas siempre y cuando se cumplan con los objetivos de conservación para lograr un desarrollo sustentable. Como se ve esta categoría parece ser más razonable ya que tiene en miras la conciliación entre la preservación natural y el desarrollo de los habitantes de las tierras aunque también establece limitaciones en cuanto al territorio habitable.

Ámbito Internacional

En el ámbito internacional el tema de las áreas protegidas ha preocupado especialmente a los distintos pueblos indígenas. De hecho, se ha verificado en forma sistemática la expulsión de aborígenes de sus tierras para crear áreas protegidas. A esta altura del desarrollo del diálogo internacional, el punto central de discusión está relacionado con el co-manejo de dichas áreas. Es decir, lograr que todas las partes interesadas, esto es, el Estado por un lado y los indígenas por el otro tengan participación activa a la hora de crear un área protegida y de establecer las bases de gestión y administración. Los pueblos indígenas apuntan, especialmente, a no ser excluidos de la toma de decisiones vinculadas con esas áreas ya que constituyen las tierras en donde han vivido ancestralmente y donde desarrollan su actividad económica, cultural, etc. En consecuencia, se han elaborado diversos instrumentos internacionales en los que se destacan las distintas cuestiones relacionadas con el tema que nos ocupa.

En 1971 se firmó a nivel internacional la Declaración de Barbados, en 1972 se realizó la Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural en la cual se definió el concepto de "patrimonio natural", en 1974 se reunió el primer Parlamento Indígena de Sudamérica, en 1975 se creó el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas y en 1977 se firmó la Declaración de Barbados II.[2]

En el continente americano fue muy fuerte el impacto de los pronunciamientos indígenas en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo celebrada en Río de Janerio en 1992 -Convenio sobre Diversidad  Biológica-. En su texto se establece que ‘área protegida’ es aquella área definida geográficamente que haya sido designada y administrada a fin de alcanzar objetivos científicos de conservación (art. 2). A la vez, aclara en su art. 3 que los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental. Sin embargo, el eje central de este convenio está regulado en el art. 8.: “Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:... j) con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”.

Desde el 25 al 30 de mayo de 1992 se celebró la Conferencia Mundial de Pueblos Indigenas sobre territorio, medio ambiente y desarrollo de la que surge la Declaración de Kari- Oca y Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas. En su art. 40 dispone: “debe haber control sobre los grupo ambientalistas que tratan de proteger nuestros territorios y las especies dentro de nuestros territorios. En muchos casos los grupos ambientalistas están más preocupados por los animales que por los seres humanos...”. Asimismo, en el art. 41 menciona: “no se deben crear parques a expensas de los pueblos indígenas. No hay modo de separar a los pueblos indígenas de sus tierras”. Se hace, especialmente, hincapié en la protección de las áreas tradicionales contra formas futuras de degradación ambiental (art. 46), la evitación de la destrucción del medio ambiente por fines económicos (art. 58) y la importancia de la existencia de información acerca de todas las cuestiones previo a prestar consentimiento (art. 61).

Ese mismo año, en Madrid se firmó el Convenio constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe el cual fue introducido a nuestra legislación por ley 24544 en 1995. El objeto de dicho “Fondo Indígena” es el de establecer un mecanismo destinado a apoyar los procesos de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de América Latina y el Caribe. Sus funciones serán las de proveer una instancia de diálogo para alcanzar la concertación en la formulación de políticas de desarrollo, operaciones de  asistencia técnica, programas y proyectos de interés para los pueblos indígenas, con la participación de los gobiernos de los Estados de la región, gobiernos de otros Estados, organismos proveedores de recursos y los pueblos indígenas. Además canalizar recursos financieros y técnicos para los proyectos y programas prioritarios, concertados con los pueblos indígenas, asegurando que contribuyan a crear las condiciones para el autodesarrollo de dichos pueblos y proporcionar recursos de capacitación y asistencia técnica para apoyar el fortalecimiento institucional, la capacidad de gestión, la formación de recursos humanos y de información y la investigación de los pueblos indígenas y sus organizaciones.

También, resulta fundamental, el Convenio 169 (Ginebra, 27 de junio de 1989) adoptado por nuestro país en el año 1992, mediante la ley 24.071, aún pendiente de ratificación. En su art. 6 establece que: “1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente... 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.” Mientras que en su art. 15 dispone que: “1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.”

En el año 1994 se emitió un Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el cual se determina que los pueblos no podrán ser desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios así como tampoco se procederá a ningún traslado sin el consentimiento expresado libremente y con pleno conocimiento de los pueblos indígenas interesados y previo acuerdo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, con la posibilidad de regreso (art. 10).

Por su parte en el año 2002 se celebró la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible conocida como “Río + 10”  en la cual los representantes indígenas pretendían que se incluyera la protección de sus recursos naturales y se reafirmara el papel vital de los pueblos indígenas en el desarrollo sustentable. Sin embargo, esas aspiraciones no se llegaron a cumplir.

Este año se desarrolló el Congreso Mundial de Parques (entre el 8 al 17 de septiembre en Durban, Sudáfrica, 2003 organizado por UICN- Unión Mundial para la Naturaleza-) en el cual se arribó a conclusiones que constituyen un gran logro en esta materia. En él se plasmaron ideas que se han desarrollado durante los últimos diez años y que apuntan a la mayor participación de las comunidades locales y Pueblos Indigenas en el manejo de las áreas protegidas. Ese incremento de intervención indígena se debió, principalmente, a tres factores: 1) el avance hacia una mayor democratización ya que durante mucho tiempo las áreas protegidas fueron concebidas de forma vertical en la toma de decisiones donde los guardabosques han cumplido misiones cuasi policiales; 2) la descentralización del poder: los gobiernos locales toman más poder por su cercanía con las poblaciones y 3) los responsables de las áreas protegidas tienen mayor poder de decisión lo que permite obtener soluciones más inmediatas. El congreso mencionado apunta a resaltar la importancia de las áreas protegidas para el desarrollo de las poblaciones locales y así aliviar la pobreza (cacería sostenible, extracción de madera en forma selectiva, etc.).

En el preámbulo del documento elaborado en el congreso se menciona, entre otras cosas: que las tierras expropiadas para crear áreas protegidas deben ser restituidas así como también se debe proporcionar una compensación, debe obtenerse el libre consentimiento informado previo a establecer un área protegida y se debe elaborar un marco legal para asegurar la participación indígena en el proceso de administración y gestión de las áreas protegidas.

Finalmente, en el XII Congreso Forestal Mundial (Quebec, Canadá, 28 de septiembre de 2003), entre otras cuestiones, se resaltó la necesidad de que exista una efectiva participación y distribución equitativa de los recursos con los pueblos indígenas e implementar programas que reduzcan la deforestación.

Ciertamente, la preocupación existente a nivel internacional refleja la existencia de casos ocurridos en distintas partes del mundo en los que se ha verificado el avance de los Estados sobre tierras ocupadas por pueblos originarios so pretexto de velar por el cuidado del medio ambiente.

Breve reseña del primer caso de expulsión de un pueblo indígena para la creación de un Parque Nacional

El Primer Parque Nacional del mundo fue establecido en Yosemite, en la Sierra Nevada en California, lugar que, históricamente, fue el hogar del pueblo Miwok. La creación de este Parque se logró tras una lucha violenta y desigual que el gobierno de EEUU protagonizó con este pueblo, en la cual no faltaron ataques reiterados y la quema de todo lo que los indígenas tenían para forzarlos a abandonar el área, sometiéndolos al hambre y al frío.

Una vez establecido el Parque, su administración estuvo a cargo del Ejército de EEUU, durante los siguientes cincuenta y dos años, antes de pasar en 1916 a la esfera del recientemente creado Servicio Nacional de Parques.

La expulsión del Parque privó a los Miwok de sus tierras tradicionales de caza, de sus áreas de pastoreo, de sus pesquerías y de sus arboledas. Así, en 1890 el pueblo aludido presentó una solicitud ante el gobierno de EEUU mediante la cual exigía una compensación por sus pérdidas y en la cual se denunciaba a los administradores del parque por permitir que colonos y ganaderos blancos invadieran el área con impunidad. Sus demandas fueron ignoradas y se procedió al desalojo del resto de los asentamientos Miwok en años sucesivos. Los Miwok señalaron que los Parques Nacionales se creaban, no solamente para preservar áreas de vida silvestre intactas para el disfrute de generaciones futuras, sino también con fines de lucro.

Ámbito Nacional Argentino

En todo el país la cuestión de la propiedad de la tierra constituye la demanda básica de estos pueblos. No solo por su valor en cuanto a la subsistencia, sino además por la relación espiritual que los indígenas poseen con la misma. La tierra es el eje sobre el cual se construye la identidad cultural indígena. Y la desposesión de sus territorios ha implicado por una parte, un grave derecho a la identidad e integridad cultural y por la otra, una restricción del derecho a la vida.

En este punto, es ineludible detenerse en el análisis del texto constitucional ya que de la definición de los términos utilizados se podrá elaborar una reglamentación adecuada que tienda a proteger el territorio de los pueblos indígenas y les permita continuar con el desarrollo de sus actividades en las áreas que ocupan.

Así, en 1994 se introdujo en la Constitución Nacional el reconocimiento de los derechos indígenas. A este reconocimiento deben agregársele algunas reformas de constituciones provinciales y el dictado de leyes especiales para la población indígena que recogen, parcialmente, los principios enunciados en el art. 75 inc. 17 de la CN.

La CN. consta de dos partes: la primera parte “declaraciones, derechos y garantías” (arts. 1 a 43) que contiene la definición de los derechos garantizados a todos los ciudadanos de la Nación. La reforma de la Constitución incluye además los nuevos derechos, otros dos instrumentos claves para su defensa: el habeas corpus y el amparo. La segunda parte “autoridades de la Nación” (arts. 44 a 149) contiene las normas según las cuales deben funcionar los poderes de la Nación.

A pesar de que los derechos de los pueblos indígenas tenían carácter de nuevos derechos, no pudieron ser incluidos en la primera parte de la CN debido a que la ley 24309 figuraba en el acápite referido a las atribuciones del Congreso (art. 75). “Corresponde al Congreso: inc. 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”

Tanto la noción de “preexistencia” como la de “pueblos indígenas” adoptadas fueron expresamente introducidas por el Convenio 169 (OIT) para referirse a: Pueblos tribales: cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones por una legislación especial y Pueblos considerados indígenas: porque descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas y políticas o parte de ellas.

El término pueblos no debe entenderse implicando derechos conferidos a dicho término en el derecho internacional. Pues el sentido que los propios indígenas dan al término es otro porque representa una trama social que abarca a grupos humanos más allá de las fronteras de los estados nacionales. La palabra “argentinos” en el texto constitucional parece un contrasentido respecto a la dimensión que para los indígenas tiene esa palabra y fue interpretada por ciertas organizaciones indígenas como un intento deliberado de los constituyentes por limitar el derecho a la libre determinación.[3]

En cambio, haciendo un paralelismo con un  instrumento internacional como lo es el de la Declaración Universal de los derechos de los Pueblos Indígenas, se acepta en su art. 9 que los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena de acuerdo con las tradiciones y costumbres de la comunidad o Nación de que se trate. “...garantizar el respeto a su identidad...”: ¿Qué se entiende en realidad por la palabra identidad? ¿Esta no implicaría también el reconocimiento del derecho de propiedad de la tierra y no sólo el simple reconocimiento como pueblo indígena argentino?. Nadie puede ejercer libremente su derecho si no se le da a este una materialidad específica.

Por otra parte, el texto expresa “...reconocer la personería jurídica de sus comunidades...”: que por el simple hecho de existir tienen carácter de tal. Al respecto, vale destacar que en nuestro derecho existen dos clases de personas jurídicas: las públicas y las privadas (asociaciones civiles). Estas últimas están sujetas al dictado de una norma estatal para poder constituirse y funcionar como tales dependiendo de las modificaciones que se vayan introduciendo.  Es así como surge la ley 23.302  que estipula que para el reconocimiento se entenderá como comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad (art. 2). La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación. La inscripción será solicitada haciendo constar el nombre y domicilio de la comunidad, los miembros que la integran y su actividad principal, la pautas de su organización y los datos y antecedentes que puedan servir para acreditar su preexistencia o reagrupamiento y los demás elementos que requiera la autoridad de aplicación (art. 3).

La norma continúa... “...reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan...”: sin territorio propio el derecho a la identidad indígena es inexistente o virtual. Por eso, al darle rango constitucional este derecho de posesión y propiedad comunitaria de la tierra que ocupan se vincularía con el respeto a la propia identidad y se les estaría reconociendo su relación de dominio preexistente al nacimiento del Estado. Sin embargo, la figura de la propiedad comunitaria no existe en el derecho real argentino con lo cual no se está reconociendo derecho alguno.

Otro problema surge en relación con la palabra tierra o territorio.¿Ese concepto significa para los constituyentes lo mismo que para los aborígenes?.  La teoría indígena define al territorio como las aguadas, las áreas de recorrido, los sitios de  realización de ceremonias estacionales o rogativas entre otros criterios.

A continuación enuncia “...asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten...”: para poder analizar esta parte del art. 75 podemos tomar un instrumento internacional como lo es el de la Declaración de las Naciones Unidas en su art. 26 que establece que “ los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus tierras y territorios, comprendido el medioambiente total de las tierras, el aire, las aguas, los mares costeros, los hielos marinos, la flora y fauna y los demás recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma...” Por su parte, el artículo 28 estipula: “ los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación , reconstitución y protección del medioambiente total y de la capacidad productiva de sus tierras , territorios y recursos...”.

Una vez detallada la norma constitucional, se debe destacar que es necesaria la creación de una ley que reglamente a esa norma de forma tal que garantice la protección de las tierras indígenas y concilie esa protección con la figura de “áreas protegidas”. Por eso, nos parece conveniente la creación de una nueva categoría: “territorio indígena protegido”[4]. Ahora bien, para incorporar al sistema normativo una categoría de esa índole parece conveniente que, previamente, se defina jurídicamente el concepto de territorio y  pueblo indígena[5]. La definición de esos términos permitiría delimitar tanto el sujeto como el objeto sobre los cuales la regulación debería recaer.[6]

Finalmente, rige a nivel nacional la ley 22.351 de Parques Nacionales la cual nada establece en relación con la protección de los pueblos indígenas que habitan las tierras en cuestión. Es más, dicha ley al momento de su sanción, tuvo como finalidad el ejercicio de la soberanía nacional en zonas de frontera, el control militar de los límites internacionales y la exclusión de los habitantes originarios.

De lo explicado hasta el momento, se ve como a nivel nacional todavía existe un gran retraso en el tema de áreas protegidas y no se han receptado los criterios sentados a nivel internacional.

A continuación, haremos mención de la legislación provincial de Salta y Misiones ya que, específicamente, nos hemos centrado en el estudio de cuestiones vinculadas con pueblos que habitan en estas provincias.

Legislación de Salta

La Constitución de la Provincia de Salta, dispone en su artículo 15  lo siguiente: “La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta. Reconoce la personalidad de sus propias comunidades y sus organizaciones a efectos de obtener la personería jurídica y la legitimación para actuar en las instancias administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley. Crease al efecto un registro especial.
Reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras fiscales que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes ni embargos. Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de acuerdo a la ley.  El Gobierno Provincial genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores indígenas como no indígenas, con su efectiva participación, consensuar soluciones en lo relacionado con la tierra fiscal, respetando los derechos de terceros”.  Por su parte, la ley provincial de Salta 6376, de 1986, promueve el desarrollo pleno del Aborigen y de sus comunidades fomentando su integración en la vida provincial y nacional, a partir de sus potencialidades y formas organizativas básicas, respetando sus valores culturales propios (art. 1). También prevé la existencia de un Instituto Provincial del Aborigen para que todos los trámites necesarios para la adjudicación, explotación y entrega definitiva en propiedad de las tierras publicas y/o privadas, que se expropien para tal fin. (art. 14). Por su parte, el art. 16 dispone que  “La propiedad comunitaria se establecerá en alguna de las distintas formas societarias que admite la ley, pudiendo los interesados elegir la más conveniente a sus objetivos” mientras que el art. 17 “Para la adjudicación en propiedad definitiva de las tierras, ya sean en su asentamiento actual o los casos que impliquen un traslado, deberá hacerse con el consentimiento libre y expreso de la población aborigen involucrada.”. Como se ve, si bien existe una normativa específica en relación con los Pueblos Indígenas, esta reugulación adolece de los mismos defectos a los que se hizo alusión al tratar la normativa nacional. Al no especificarse los conceptos fundamentales, muchos de los derechos que se reconocen se tornan ilusorios. En cuanto al tema de áreas protegidas, en particular, si bien la provincia cuenta con la ley 7107, en ella no se hace mención de ninguna categoría de manejo que prevea la vida de pueblos indígenas dentro de esas áreas.

Problemática del pueblo Kolla Tinkunaku

Para explicar con detalle la problemática del pueblo Tinkunaku comenzaremos por explicar en qué consisten las Reservas de Biósfera.

Las Reservas de Biosferas (RB) son categorías internacionales de conservación creadas para la preservación de regiones importantes por el valor de los bienes naturales, culturales, económicos y sociales que sustenta. A nivel internacional, las RB son propiciadas por la Organización de las Naciones Unidas, dentro del programa "El Hombre y la Biosfera" (MAB  "Man and the Biosphere) de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura).  La RB constituyen una Red Mundial formada actualmente por 393 reservas en 94 países. En nuestro país existen 11 sitios declarados como Reservas de Biosfera.

Su principal objetivo es fomentar una relación equilibrada entre la población y su entorno natural por medio de la promoción del desarrollo sustentable. De esta manera, se procura lograr la sustentabilidad económica, social y ecológica que permita satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.

 Las Funciones básicas que deben cumplir las Reservas de Biosfera son tres: fomento del Desarrollo económico, cultural y socialmente sustentable a nivel local, conservación de la diversidad de paisajes, ecosistemas, especies  de plantas y animales de los ecosistemas naturales y seminaturales y la salvaguarda de la diversidad genética y por último contribución al conocimiento dando apoyo a la educación, capacitación, investigación científica y el intercambio de información entre pobladores, técnicos e investigadores. Se establece un sistema de zonificación, y este sistema se vincula a las actividades que están permitidas en cada una de ellas (remitirse a la introducción)

En noviembre del año 2000 se dio comienzo al proceso de diseño e implementación del Proyecto de Reserva de Biosfera Las Yungas, en la Provincia de Salta.

Este proyecto se realizó porque se evaluó que constituir la zona como Reserva de Biosfera incluida en el Programa MAB de la UNESCO, podía mejorar la calidad de vida de las comunidades, ofrecer opciones técnicas para el manejo adecuado de los recursos naturales, crear un marco de participación, y ayudar al reconocimiento de los valores y las necesidades de cada grupo cultural de la región. A su vez, se evaluó que podía ayudar a resolver algunas amenazas como la fragmentación del paisaje natural, el empobrecimiento y la pérdida del bosque nativo, la reducción y pérdida de poblaciones silvestres y la contaminación.

La zona de la Reserva de biosfera comprende desde el Norte el Parque Nacional Baritú, la Reserva Provincial de Laguna Pintascayo y la Reserva el Nogalar siguiendo por las comunidades aborígenes de Finca Santiago y la comunidad Kolla Tinkunaku. Por el sur comprende el Parque Nacional Calilegua y el Potrero de Yala. A toda esta zona también se la denomina Selva Tucumano-Oranense.

Abarca una superficie de 13.287,20 km2, de bosques, pastizales naturales, parcelas agrícolas y barbechos de agricultura migratoria, cultivos intensivos, etc. La cuenca del río Bermejo tiene influencia en aproximadamente 200.000 ha de tierras agrícolas ubicadas en zonas aledañas a la reserva. De la superficie total de la RBYUN, el 12,5% está representado por reservas legalmente constituidas (parques nacionales y provinciales).  La zona de amortiguamiento y transición ocupa el  87,5% de la superficie total. Dentro de esta zona al menos 254.000 ha ( un 16 %) aproximadamente se encuentran bajo manejo tradicional de comunidades indígenas.

El área delimitada como RBYUN tiene un total aproximado de 33.670 habitantes. La gran mayoría de esta población se encuentra agrupada en pueblos y localidades ubicadas en la zona de transición.

En las últimas décadas un fuerte proceso migratorio interno desde las "tierras altas" hacia las "tierras bajas" ha reforzado la influencia cultural de los pastores andinos. En todos los casos, la identidad de estos pueblos,  tiene una clara expresión en el habla cotidiana de sus habitantes con predominio de un español quechuizado y en otras expresiones de su cosmovisión como la religiosidad, su música, su gastronomía y artesanías y su tecnología productiva, genuinos aportes a la diversidad sociocultural del planeta.

La comunidad Tinkunaku está integrada por cuatro pueblos: El Angosto de Paraní, Río Blanquito, Los Naranjos y San Andrés, conformando un total de 3293 personas que viven y desarrollan sus actividades habituales en el centro de la Selva de Las Yungas.

La Selva de las Yungas es una de las tres regiones ecológicas con mayor diversidad en el país.  La creación de la Reserva de Biosfera en noviembre de 2002 es un hecho muy auspicioso.

Los Kollas de la comunidad Tinkunaku que habitan esta zona hace siglos, son gente nómade que tienen a mano lo indispensable para sobrevivir.  En esa zona el dinero es un bien escaso. Los pueblos que integran la comunidad Tinkunaku sufren la ausencia total del Estado.

Según Victor Aramayo, un supervisor intermedio en el Distrito de Orán, el 80% de los jefes de hogar no tienen trabajo y existe una alta tasa de desnutrición infantil. En la comunidad existe una sola heladera en la salita, que funciona a gas y se usa para guardar sueros antiofídicos, que obviamente brillan por su ausencia. A toda esta situación de pobreza, se agrega un gasoducto.  Un famoso gasoducto que se construyó, dejando una cicatriz de doce metros de ancho que corta la Selva, sin hacerle ningún bien al equilibrio ambiental de Las Yungas.

Y entonces qué se plantea en la comunidad?  La necesidad de reforestar, de cuidar la naturaleza. Pero no pueden. Simplemente porque el gobierno no les da el dinero que les corresponde, porque el gobierno o los Bancos o quien sea se los arrebató, a través del famosísimo “ corralito financiero”.

Los Tinkunaku son proclives a conservar la selva, que es su hábitat natural, pero sufren muchas presiones externas.  Entre ellas las de un ingeniero azucarero que pretende avanzar con un proceso de deforestación en la zona de Sausalito que comunica dos cadenas ecológicas.  Si prosigue el desmonte, ambas cadenas quedarían aisladas y se profundizaría el proceso de fragmentación de Las Yungas como eco región. Las comunidades proclaman que este sistema ecológico debe conservarse de lo contrario Las Yungas se empobrecerá aún más.

Por tal motivo, hemos tomado contacto con el Sr. Abel Palacios, quien ocupa el cargo de Presidente del Consejo Directivo de la Comunidad Kolla Tinkunaku, quién nos explicó la situación de su comunidad. Se le preguntó que entiende por pueblo y nos dijo que es la etnia a la cual uno pertenece, como el pueblo kolla.  Sostuvo, a su vez, que su comunidad está reconocida por el INAI, personería jurídica 4091/97 y que el pertenecer a una comunidad indígena importa tener el derecho de cualquier otra persona pero a su vez también el derecho a pertenecer a un determinado pueblo preexistente al estado argentino y merecer el respeto como tal. En relación a las particularidades de la comunidad, nos manifestó que la misma se ubica geográficamente a aproximadamente 40 km lado oeste de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, Departamento de Oran, Provincia de Salta, República Argentina. Esta comunidad consta de aproximadamente 500 familias distribuidas entre los cuatro ayllus o pueblitos. Sus actividades fundamentales son la siembra de maíz, papa, oca, verdura y la cría de animales como ovejas, vacas, o gallinas. Abelino también nos contó que los jóvenes trabajan en las fincas por temporada.  De manera tal que la comunidad obtiene los recursos para poder subsistir trabajando la tierra y cuidando los animales.  Ellos manifiestan que viven actualmente como vivieron sus ancestros y  que se les enseña a los niños lo mismo que se les enseño a ellos. Es interesante la respuesta de Abelino al consultarle sobre las tierras, porque esa respuesta es una clara manifestación de su postura en relación a las mismas.  Al preguntarle si las tierras donde viven les pertenecen, él fue categórico al responder que nunca han dejado de pertenecerles.  Esto denota que su comunidad tiene la idea de que las tierras que habitan desde tiempos ancestrales, les pertenecen y nunca van a dejar de ser suyas, a pesar de que manifiesta que se está utilizando la vía jurídica para la tramitación de los títulos de propiedad.  Sostuvo que la palabra territorio tiene un significado muy amplio ya que engloba todo el lugar donde sus ancestros han vivido a través de generaciones y que también tiene que ver con el lugar que ellos van a dejar para sus propios hijos y nietos en las mismas condiciones en que los recibieron.  Entiende que ellos lo recibieron y forman parte del Estado argentino mucho antes de que fuera la Nación Argentina. También nos informó sobre la creación de la Reserva de Biosfera Las Yungas, en noviembre de 2002.  Nos manifestó que no se les ha pedido consentimiento alguno para la creación de esta área de protección, y que fue la comunidad la que se “metió” dentro del grupo de trabajo que estaba preparando el documento, porque muchos de ellos eran los que en algún momento estaban en contra del cuidado del medio ambiente e inclusive firmaron a favor del famoso gasoducto que pasó por la comunidad. Nos expresó también que si no les hubieran dado participación dentro del grupo de trabajo para la elaboración del documento mencionado, hubiesen tenido el derecho de negarse a la creación de esta área, porque esa reserva afecta el territorio de la comunidad. Al indagar sobre la problemática dentro de esta área protegida, nos informó que considera que lo sobresaliente de la misma, es que pese a que esta zona se ha declarado reserva se sigue contaminando el medio ambiente, y de esta contaminación son responsables parte de muchas empresas que se encuentran en esta zona como Ledesma, Tabacal, Las madereras, etc.  A su vez, entiende que la falta de consenso de los distintos actores que conviven dentro de la reserva está haciendo demorar la planificación para un futuro manejo de la misma. En relación al derecho a disponer de sus recursos naturales, Palacios nos informó que dentro de su territorio la comunidad es la que está en pleno derecho a utilizar sus recursos como se hizo desde siempre y que incluso este derecho consta explícito en el documento oficial de la reserva de biosfera. La comunidad no padece ningún tipo de restricciones, salvo en relación a la caza de los animales que se encuentran en peligro de extinción como el yaguareté o la taruca. Al preguntarle sobre qué beneficios ecológicos ha tenido la zona a partir de la creación de la reserva, nos dio una respuesta bastante desalentadora.  Dijo que los beneficios ecológicos todavía son nulos porque no hay políticas adecuadas para el manejo de la reserva y por ello se sigue contaminando de la misma manera que antes de la creación de la misma; y entiende a su vez, que solo están protegidos los recursos naturales que se encuentran bajo el manejo de las comunidades indígenas y los que son parques nacionales o áreas protegidas.  El planteo que la comunidad efectuó en relación a la reserva de la biosfera fue que la reserva no solo quede como título sino que se implemente de manera urgente políticas adecuadas para el manejo de los recursos en toda la reserva porque de lo contrario, solo va a quedar un título de reserva. Los objetivos de la comunidad en relación a esta cuestión, tienen que ver con los de llevar a cabo un plan de manejo de los recursos forestales tratando de que de esta manera se recupere parte de las especies de árboles que fueron cortados de forma indiscriminada por parte de las empresas madereras que operaron en la zona, así como también mantener su modo de vida tradicional sin tener que depender del asistencialismo.

Aspiran a que la sociedad los respete como lo que son y buscan enseñar su manera de vivir en armonía con la naturaleza, si es que la sociedad entera quiere aprender y lograrlo.

Provincia de Misiones

En el texto constitucional de la Provincia de Misiones en ningún momento se hace mención a los aborígenes por eso se entiende que son aplicables a ellos todas las disposiciones establecidas en el titulo segundo sobre los Derechos Individuales.

La provincia de Misiones aprobó la ley 2435 que fue la más progresista de todas las redactadas en el país. Elaborada por grupos indigenistas fue muy bien aceptada por las aldeas mbya guaraní. Esta ley fue reglamentada pero nunca se aplicó. Y lo que es peor, fue derogada echando por el suelo las esperanzas de las aldeas guaraníes. En su lugar fue sancionada la Ley  2727 que tiene además el decreto reglamentario. La población indígena de Misiones no tiene aún suficiente información de la misma como para presentar un pensamiento común en propuestas o posturas. Desde ya se sabe que uno de los aspectos más difíciles de sortear será la tenencia de la tierra y las posibilidades reales de acceso. La ley también crea la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, organismo gubernamental encargado de reconocer a las comunidades indígenas como tales, y otorgar la personería jurídica.

La mencionada ley prevé en el art. 1: “Institúyese un régimen de promoción integral de las comunidades guaraníes existentes en la Provincia fundado en el pleno respeto de sus valores culturales y espirituales y propias modalidades de vida. Para su cumplimiento se instrumentarán y ejecutarán planes y acciones que posibiliten el acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de sus actividades productivas, como también la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanzas y la protección de la salud de sus integrantes.” En cuanto a la adjudicación de tierras en su art. 8 dispone que: “ Se otorgarán en propiedad tierras fiscales a las comunidades indígenas que se inscriban conforme lo establecido en esta Ley, y en forma totalmente gratuita y en las condiciones que se determinarán en este Capítulo”.

Como ya se apuntó esta regalmentación no resulta suficiente como para dar solución a los distintos problemas relacionados con las tierras ocupadas por los indígenas y de las cuales extraen los recursos para vivir. Por otra parte, no existe ley provincial alguna que regule el sistema de áreas protegidas.

Problemática del pueblo Mbya Guaraní

La reserva de biosfera Yabotí existe desde 1995 y fue creada por Ley Nº 3041 de la Cámara de Diputados de la Provincia. La reserva de Biosfera se halla ubicada en los Municipios de San Pedro y El Soberbio. Esto es la zona Centro-Este de la Provincia de Misiones. Posee aproximadamente 253,773 has cubriendo en su mayor parte un relieve de serranías, habiendo en muchos casos pendientes muy pronunciadas. Forma parte del denominado "Serra Geral". Quedan incluidas dentro de ésta Reserva al Parque Provincial Moconá y la Reserva de Esmeralda, ambos de dominio del estado Provincial. Esta dividida como toda reserva de biosfera en tres zonas: la Zona Núcleo: 20.658 has, Zona de amortiguamiento: 21.921 has y la Zona de transición: 194.034 has. La Reserva de la Biosfera Yabotí está constituida por 119 lotes, en su mayoría de propiedad privada. Los cursos de agua que la cruzan son numerosos, siendo el más importante por la superficie de la cuenca, comprendida dentro de la reserva, el Aº Yabotí, que cruza en la parte central; encontrándose al Este el Aº Pepirí Guazú, al Sur el río Uruguay y al Oeste los Aº Paraíso y un sector del Aº El Soberbio. Al ser estas propiedades, en su mayoría, de dominio privado, están sometidas actualmente a distintos tipos de intervención siendo el más importante el forestal de tipo selectivo.  La salud de dos comunidades aborígenes, los  Mbya Guaraní Tekoa Yma y Tekoa Kapi'i Yvate de Misiones corre graves riesgos ante la deforestación de su hábitat. Desde la  organización de la Fundación para la defensa del Ambiente (FUNAM) se ha lanzado una campaña pública para evitar que la empresa Moconá Forestal S.A. continúe arrasando los bosques de la Reserva. Esta empresa que explota 40.000 hectáreas pretende reducir el territorio de estas comunidades a 300 hectáreas cuando en la actualidad ocupan y necesitan para subsistir alrededor de 5000. Las comunidades Tekoa Yma y Tekoa Kapi'i Yvate, pertenecen a una cultura de cazadores recolectores y realizan una agricultura de subsistencia. Por esta razón necesitan grandes extensiones de tierra para sobrevivir. La elaboración de todas sus medicinas -el índice de mortalidad es bajísimo- es extraída de los árboles de mayores dimensiones, casualmente los mismos que talan desde la raíz las empresas madereras. Esta depredación de la selva se lleva adelante gracias a la autorización dada por el Gobierno provincial bajo el disfraz de un "plan de manejo" que permite la tala de árboles garantizando la protección de la reserva. Sin embargo, la deforestación avanza y los integrantes de FUNAM han presentado una carta documento al gobierno Misionero en la que dan testimonios de este genocidio de árboles. La campaña pública iniciada por esta fundación ya tuvo un gran impacto, desde todo el mundo han enviado al correo electrónico del Ministerio de Ecología de Misiones. Los puntos principales de dicho mensaje son: Que este Ministerio promueva y aliente la devolución de las tierras de los lotes 7 y 8 a las dos comunidades MBYA (5.000 hectáreas); que proteja efectivamente la integridad ecológica de la reserva de la Biosfera de Yabotí y que aplique la ley a rajatabla e impida que la empresa Moconá Forestal S.A. continúe con la tala de árboles.

La problemática del pueblo Mbya Guaraní, según Cristina Orive

A raíz de la situación detallada, tomamos contacto, en forma telefónica con la Sra Cristina Orive, integrante del pueblo Mbya Guaraní  de la Provincia de Misiones. Al respecto, nos contó que los Mbya Guaraní Tekoa Yma y Tekoa Kapi´i Yvate ocupan un territorio de la provincia de Misiones, siendo 250 personas y conformando alrededor de 40 familias.Las tierras ancestrales ocupan una superficie de 600 ha. Este pueblo se caracteriza por ser recolectores y cazadores, teniendo un gran conocimiento de la tierra y debiendo por las actividades que realizan contar con un superficie de territorio importante. Obtienen sus recursos de las selvas que aún quedan en los lotes 7 y 8 de la Reserva de la Biosfera de Yabotí, en Misiones, Argentina. Sus habitantes hablan únicamente guaraní y se encuentran viviendo en extrema pobreza.  Los niños tienen piojos, mueren de desnutrición y sumado a todo lo terrible de su situación, ellos están atravesando por un problema grave con sus tierras. El territorio de este pueblo es rico por ser una de las zonas de reserva de agua dulce más grande del mundo.  Esto provoca, según lo manifestado por la Sra Orive, que los norteamericanos y el Banco Mundial quieran sentar base en este lugar. Como consecuencia de lo expuesto, constantemente están sufriendo ataques contra su población, como por ejemplo la quema de sus casas, o como dijo Cristina, ver como las “topadoras eléctricas arrasan con lo poco que tienen”.  Los molestan todo el tiempo y no los dejan producir. En un primer momento les iban a entregar 60 ha, estando en ese momento interviniendo en el conflicto un abogado de la Endepa. Luego les ofrecieron 250 ha, y la posibilidad de colocarlas a nombre de la comunidad como propiedad comunitaria.  Pero el territorio fue inscripto como reserva natural (Reserva de Biosfera de Yabotí) y debido a ello y conforme a lo establecido por las normas, entre ellas la Constitución de Misiones, los propietarios solo pueden coparticipar con el Estado. La situación llevó a que la Sra Orive, que se encuentra actualmente viviendo en el Partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, fuera casa por casa a la comunidad verificando la extrema pobreza y tratando de brindar apoyo anímico a todas las familias que integran esta comunidad. Manifestó que también los hermanos Wichis y los Aba Guaraní se encuentran en un camino que lleva a la misma situación. Al preguntarle que buscan estas comunidades en la situación actual, sostuvo que ellos tienen interés en profundizar los estudios para evitar que les quiten las 360 ha que aun son suyas. Además sostuvo que a pesar de que se busque el exterminio y la miseria de estos pueblos, las comunidades indígenas no dejan de poseer su organización y que debido a ello, las autoridades de cada comunidad (caciques) son escuchadas por los indígenas quienes se mantienen organizados; entendiendo que esta organización va a contribuir en la lucha por lo que se merecen (sus tierras, entre otros derechos que entienden deben ser respetados). Entendió que la situación de pobreza de las comunidades no puede asimilarse a la de los “indigentes” de nuestra sociedad (ella los denominó “villeros”), porque “los hermanos de todas las comunidades indígenas -dijo- son autosuficientes y están en sus tierras”, y aseguró que van a luchar para evitar el desarraigo y el despojo. En relación a las organizaciones indígenas, sostuvo que estas dicen sí a los avances del Estado y que por eso no confían en ellas.  Intentan luchar calladamente, a través de un Parlamento Original de Pueblos Originarios, del cual la Sra Cristina es miembro, que tiene como uno de sus objetivos fundamentales luchar contra el remate del territorio, que actualmente el gobierno esta llevando a cabo. Manifiesta que aun en distinto estadío el pueblo Mapuche se encuentra en una situación similar en relación al Parque Lanín. Entiende que la creación de áreas protegidas es un medio que se utiliza para apropiarse de tierras ancestrales con muchas riquezas, despojándolos a ellos y dejándolos en la miseria absoluta.

Nos informó también que los días 26 y 27 de Septiembre del 2003 se realizará un Encuentro en La Universidad de Luján de los pueblos originarios para concientizar a la sociedad entera de la importancia de esta problemática. Nos manifestó que ellos buscan que se logre una modificación integral de la legislación vinculada a territorio, educación (que sea bilingüe) y salud, porque quieren recuperar la tierra pero con autonomía para permitir que las comunidades funcionen como tales. De lo contrario la miseria llevaría a que ellos terminaran vendiendo sus tierras por un poco de dinero. Esta entrevista que nos ha dejado los conocimientos precedentemente expuestos, fue rica porque nos acercó a una problemática tan interesante como preocupante que día a día enfrentan aquellos que tienen derecho a sus tierras. Más allá de lo conversado con la Sra Orive, de la investigación efectuada se ha localizado la publicación de artículos en diferentes páginas web, en los que se explica claramente la problemática de esta comunidad con la empresa Moconá Forestal S.A., la cual no quiere devolver las tierras a los Mbya Guaraní. Como esta empresa quiere seguir explotando las tierras, arrincona a las dos comunidades, obteniendo estas últimas sus alimentos, medicinas naturales y elementos de construcción de estas tierras.  Se plantea entonces la necesidad de recurrir a la sociedad en su conjunto para evitar este genocidio, y se realiza constantemente una campaña para que todos los integrantes de la sociedad argentina participemos en el conflicto evitando que estas comunidades sean despojadas de su fuente de vida.

Provincia de Jujuy

Breve reseña del caso Liviara/ Orosmayo

En el año 2001, las comunidades de Liviara y Orosmayo, Departamento de Rinconada de Jujuy, se reconocen como indígenas e inician el trámite ante la Dirección de Desarrollo social de la Provincia para obtener sus correspondientes personerías jurídicas como comunidades indígenas.

La comunidad de Orosmayo obtiene en el mes de Junio de 2002, el reconocimiento de su personería jurídica; mientras que la comunidad de Liviara no la obtiene hasta la fecha; encontrándose debido a ello en la justicia un expediente abierto que en la actualidad se encuentra en autos para dictar sentencia.

En el mes de Abril de 2002, dos empresas, comienzan a realizar explotaciones de oro aluvional en la cuenca del río Orosmayo, en las tierras de las dos comunidades mencionadas.  Sin aviso previo, se introducen en las tierras de las familias del lugar, dañando sus campos de pastoreo, caminos internos, aguadas, fuentes de bebida de familias y miles de actividades más.

Concientes de los derechos que los amparan, los presidentes de ambas comunidades que son Santos Eugenio Trejo de Liviara y Sabino Trejo de Orosmayo (en ese momento), comunican al representante del Departamento de Rinconada en la Comisión de Participación Indígena del PRATPAJ, sobre la intromisión que están viviendo en sus tierras, y le solicitan que tramite apoyo al programa de defensa de sus derechos, en cumplimiento del artículo 75 de la Constitución Nacional y del Convenio 169 de la OIT, arts. 6 y 15.

A pesar de haber iniciado los trámites para dar intervención al Estado en el conflicto, la situación se agrava notablemente, con el avance ininterrumpido de las actividades de explotación en la cuenca del Río Orosmayo, sin ningún tipo de control y violando las normas ambientales.

Esto provoca que se sumen a los problemas ya existentes en la zona, otros tales como el arrasamiento de la vegetación existente en la zona utilizada por los indígenas para alimentar al ganado, o la falta de tratamiento de aguas utilizadas por las empresas, que provocan enfermedades y muertes debido a que estas se encuentran contaminadas.

Tras interponer una acción de amparo y haber pasado un tiempo ya sin que la Justicia se pronuncie sobre el conflicto, los representantes de las comunidades lograron concretar una reunión con el vicegobernador de la provincia, y con algunos funcionarios del gobierno que intervinieron en la reunión.

Sobre la base de las propuestas que presentaron los representantes de las comunidades mencionadas, los resultados logrados de estas reuniones fueron bastante interesantes. 

El gobierno asumió el compromiso de garantizar el aprovisionamiento de agua potable a las familias que tienen como fuente de bebida al río Orosmayo, asistir y controlar a los enfermos de la zona, entre otras obligaciones.

De todo lo acordado, hasta el día de la fecha, solo se han enviado recipientes para el aprovisionamiento de agua, lo cual se efectivizó en una sola oportunidad, no concretándose por ejemplo la ayuda médica prometida para la asistencia de enfermos dentro de las comunidades.

Entendemos que ni las comunidades indígenas ni las personas afectadas piden algo que se encuentre fuera de lo que legalmente les corresponde.  Ellos piden únicamente que se cumplan las leyes, entendiendo que de ser así ellos podrán vivir dignamente y en paz en sus tierras. No se oponen al desarrollo económico de la región, sólo pretenden ser parte activa de ese desarrollo y poder gozar en forma equitativa de los beneficios que este desarrollo devengue.

En este contexto, se puede destacar que las comunidades indígenas llevan adelante una lucha pacífica, en el marco de la ley dentro de un Estado de Derecho, con el fin de lograr un desarrollo sustentable en la Puna, que permita que sus hijos puedan seguir viviendo dignamente en el futuro.

¿Qué ha decidido el gobierno y los funcionarios técnicos?

No aparecer nunca más por la zona.  No cumplir con aquello a lo cúal se habían comprometido.

No comprometerse con este conflicto tan importante, y mirar para otro lado, creyendo que de esa manera el resto de la sociedad argentina no se enterará de sus falencias y de las faltas en las que incurren diariamente en estos graves problemas.

Mirar para otro lado no es la solución para nadie.  Cuando aquellos que nos gobiernan entiendan esto, podremos entonces empezar a construir una sociedad que respete los derechos legítimos de todos sin excepciones.

Si bien el caso no se encuentra vinculado con la cuestión de las áreas protegidas, describe claramente como la carencia normativa en cuanto a la protección que merecen la tierras ocupadas por los pueblos originarios permiten el abuso indiscriminado por parte del Estado y de empresas privadas.

Conclusiones

Consideramos que es fundamental la creación de un marco legal que concilie el cuidado de la naturaleza con el desarrollo de los habitantes de las tierras que se pretenden proteger. En efecto, las normas existentes son insuficientes para dar protección a los habitantes de las tierras y solucionar los conflictos que se generen al respecto. A esta altura, la ley de Parques Nacionales no es adecuada ya que su espíritu, como se explicó, dista de ser respetuoso de los pueblos originarios y  de sus costumbres ancestrales. Así, si bien uno de los objetivos principales del sistema de APN es preservar el paisaje natural y la flora y fauna de determinadas zonas o se intente restituir  a esas áreas su condición natural, tampoco se debe dejar de lado otros valores como el cultural en lo que hace a la importancia que tiene el territorio ancestral para las comunidades aborígenes que lo ocupan. Pues si bien nuestra CN hace hincapié en el “reconocimiento de los pueblos indígenas argentinos” como una reivindicación de nuestro pasado histórico cuando fueron perseguidos y exterminados por Sarmiento y Roca en menor medida, a nuestro entender no basta con el simple reconocimiento que muchas veces implica la asimilación de los aborígenes a nuestra cultura sin entender que ellos tienen su propia cultura. Sino que se les debe reconocer y respetar sus propias costumbres y derechos como a cualquier otro ciudadano, proveyéndoles principalmente del territorio que han ocupado ancestralmente y hablando específicamente del caso de Áreas Protegidas que fue el análisis de nuestro trabajo práctico creemos que debería modificarse la ley de Parques Nacionales y se debería incorporar una nueva categoría que es la de territorio indígena protegido porque la palabra conservación implica incorporar tanto el medio natural como los rasgos identificativos de tradición y cultura de los aborígenes que incluso n muchos casos han contribuido a modelar paisajes y a mantener una relación armónica o sustentable con la naturaleza priorizándose no la naturaleza sino la relación que existe entre esta y los pueblos originarios.  Se podría establecer un sistema de Co-manejo de esas áreas donde hay asentamiento de pueblos originarios a través de una Comisión de Co-manejo entre esos pueblos y la APN como se planteo en el trabajo práctico repartiéndose las responsabilidades y competencias definiéndose claramente las pautas de uso y manejo de los recursos que surgen del saber ancestral de las comunidades y que por lo tanto debe tenerse muy en cuenta.

Finalmente, los pueblos indígenas deberían estar debidamente informados para poder prestar su consentimiento libremente cuando se realizan acuerdos con el Estado en relación con las tierras o sus recursos.

Por los tanto, creemos que es necesario que, al que igual que ocurre en el ámbito internacional, se incorporen nuevos conceptos que garanticen la participación activa de los indígenas. Por ello, desatacamos a continuación los puntos salientes que debería contemplar una nueva normativa sobre el tema:

  1. El  concepto de “territorio indígena protegido” a través del cual se tienda a preservar el espacio natural por un lado y a garantizar el desarrollo de los pueblos indígenas en esas áreas por el otro. Para ello, el Estado deberá otorgar los recursos económicos que sean necesarios.

  2. Asegurar el co-manejo de las áreas protegidas de tal forma que al momento de constituir un territorio como área protegida se obtenga la conformidad tanto de los organismos oficiales como de los pueblos indígenas que corresponda.

  3. Que el consentimiento de los pueblos para disponer de dichas áreas sea obtenido mediante la información correspondiente sobre el tema: “consentimiento informado”.

  4. Que los recursos obtenidos de dichas áreas sean repartidos entre los habitantes indígenas y el Estado en la forma en que acuerden. 

Bibliografía

- Díaz Raúl, “Estrategias de ocupación y control de territorio del pueblos originarios mapuche: el caso del Parque Nacional Lanín desde una perspectiva histórica” (Cipolletti, 17 de octubre de 2002).

- Carrasco Morita, “Los Derechos de los Pueblos Indigenas en Argentina” (Ed. IWGA, 2000).

- Carrasco Morita, “Una perspectiva sobre los Pueblos Indígenas en Argentina”.

-Peter Castro, Alfonso & Nielsen Erik, “Inidigenous people and co. management: implications for conflict management (Enviroment Science ando Policy, Volume 4, NO. 4/5, August 2001)

Páginas Web:

www.paginadigital.com.ar/articulos

www.geocities.com/rainforest/andes/8976/pueblosinidigenas@uol.com.ar

Entrevistas:

-  entrevistmos personalmente al ex Presidente de APN Dr. Marcelo López Alfonsin

.- la entrevista con el  Sr. Abel Palacios, Presidente de la comunidad kolla Tinkunaku se realizó vía mail

-en forma telefónica se entrevistó a la Sra.Cristina Orive de la comunidad Mbya Guaraní

- Se recibió el asesoramiento del Ing. Agr. Daniel J. Somma, intergante del INAI.

 


NOTAS:


[1] Al respecto ver reseña histórica efectuada por Díaz Raúl, “Estrategias de ocupación y control de territorio del pueblos originarios mapuche: el caso del Parque Nacional Lanín desde una perspectiva histórica” (Cipolletti, 17 de octubre de 2002).

[2] Carrasco Morita, “Los Derechos de los Pueblos Indígenas en Argentina” (Ed. IWGA, 2000, p.33).

[3] idem, p.39 y sig.

[4] Esta categoría fue utilizada por primera vez por la organización Mapuche que en el año 1999 elaboró una propuesta a la APN denomindada “Territorio Indígena Protegido” que tenía como finalidad la conservación de los recursos del Parque Nacional Lanín y conciliar los intereses del gurpo conservacionista con los de la comunnidad mapuche.

[5] Creemos que el término “argentinos” que  menciona en el texto constitucional debe ser intepretado en forma amplia o extensiva para evitar la exclusión de miembros de distintos pueblos.

[6] Deberían establecerse criterios objetivos para el reconocimiento de pueblos indígenas y de sus miembros y para establceer  qué tierras les corresponden.

 

 

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 Dra. Teodora ZAMUDIO