La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Modelo jurídico plural

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Condiciones de posibilidad de un modelo plural jurídico para la Argentina.

Alumno: Juan Ignacio Maffi. 

 

Introducción.

El presente podemos denominarlo como un estudio de segunda generación en lo que a pluralismo jurídico se refiere. En la década de los años noventa, con la incorporación a los textos constitucionales de varios Estados Latinoamericanos de cláusulas que consagraban a los mismos como estados pluriculturales y multiétnicos y que establecían el pluralismo jurídico, surgieron una serie de interesantes estudios al respecto.

Rápidamente estos trabajos llegaron a la Argentina, donde luego de la reforma constitucional de 1994 y la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Pueblos Tribales, algunos años después, se creó también una doctrina al respecto.

El pluralismo jurídico se presentó en los Estados Latinoamericanos como una solución a graves problemas en el sistema de administración de justicia que no contemplaba la cuestión indígena y como un paso más en la lucha por la reivindicación de las culturas originarias del territorio americano.

Es por eso que en la Argentina se tomó este sistema como un modelo a imitar y se constituyó en motivo de lucha.

El objetivo de este trabajo y por eso lo denominamos de segunda generación, es analizar si aquellos modelos pueden ser aplicados a la realidad del país o si se hace necesario un estudio particular de una problemática propia, para poder luego también formular propuestas propias

Metodología.

La metodología elegida es el análisis comparativo de los sistemas legales de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, en relación a la implementación del pluralismo jurídico.

Luego complementamos el análisis jurídico con una breve reseña de la cuestión demográfica y socio-cultural, con el fin de poner en contexto la normativa estudiada.

Más adelante proponemos un caso de estudio, con la intención de mostrar algunos aspectos de la particular realidad argentina.

En última instancia realizamos algunas conclusiones que sirven de fundamento a la parte propositiva que cierra el trabajo.

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Pueblos Tribales.

El presente convenio es parte de todos los sistemas vistos e incluso del argentino que a continuación se desarrolla. Por este motivo y por su importancia se analiza por separado.

El Convenio 169 de la OIT se encolumna en una la postura de reconocer el pluralismo jurídico y los sistemas de control propios de las comunidades indígenas, con el límite de que los mismos sean compatibles con el sistema jurídico nacional y los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Al respecto el artículo 8 inc. 2 establece : Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

En el mismo sentido el artículo 9 inc. 1 reza:  En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros

Claramente estamos en presencia de la adopción de un sistema plural jurídico con las limitaciones ya mencionadas.

Además el convenio contempla la posibilidad de la aplicación del derecho nacional a los pueblos y/o comunidades indígenas como sujetos de derecho y a personas indígenas, estableciendo una serie de garantías especiales.

A tal efecto el artículo 8 inc.1 expresa Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

El artículo 9 inc. 2 reza Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

En el mismo sentido, en sus dos incisos, el artículo 10 establece 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2. Deberán darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Cuando la norma se refiere al ámbito del derecho penal, no quiere decir que otras ramas del derecho no estén contempladas, sino más bien todo lo contrario. Esto se debe a que el derecho penal se sustenta en un fundamento monista mucho más fuerte, en virtud de la aplicación de penas basadas en el monopolio del uso de la fuerza legítima. Es importante hacer notar que en el ámbito del derecho indígena no existe una división en materias y fueros como la del derecho occidental.[1]

En lo que respecta a la competencia personal, en casos penales, el convenio expresa que los métodos de los pueblos interesados deberán respetarse cuando se trate de miembros de los pueblos indígenas. Además, el propio Convenio indica, en su artículo 35, que prevalecen las normas o acuerdos nacionales más favorables a los pueblos indígenas. En este caso, si una Constitución da un mayor margen de competencia a los pueblos indígenas, debe respetarse lo que les es más favorable.

Análisis Jurídico Comparativo

Los estados-nación latinoamericanos surgidos en el siglo XIX, basados en el modelo europeo y norteamericano, estaban regidos por lo que se denomina “monismo jurídico”, es decir, que una nación es un estado y un estado es un solo derecho. El monismo jurídico que fuera inaugurado por los romanos en occidente (como medio de unificar la dominación de una diversidad amplísima de pueblos), llegó a su mayor esplendor con las ideas de Hans Kelsen y el positivismo jurídico.

Este monismo jurídico fue sólo una pieza más de los sistemas de normalización y homogeneización (cuando no exterminio) de la diversas culturas y pueblos que habitaban estas latitudes antes de la fundación de la Patria.

Como expresamos con anterioridad, es en la década de los años noventa del siglo XX cuando varios países latinoamericanos introducen el pluralismo jurídico en sus textos constitucionales y generan verdaderos sistemas plurales.

Es preciso destacar que a lo largo del trabajo utilizamos los términos pluricultural, multicultural y multiétnico sólo por el hecho de que son los empleados por las normativas en estudio y por tanto los vigentes desde el punto de vista jurídico. Sin embargo creemos que es más correcto referirse a procesos transculturales. Los prefijos pluri o multi refieren a una realidad fragmentada, a agregados de grupos humanos sin relación entre sí. El término transcultural describe un proceso mucho más dinámico y por tanto más real. Podría ser asimilado al término inglés acculturation, que en castellano es utilizado como aculturación.

Sistemas de pluralismo jurídico vigentes en América Latina[2]

Modelo Colombiano.

Fundamento General.

La Constitución Política de la República de Colombia de 1991 en el artículo 7 expresa que El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

El verbo reconocer (lat. recognoscere) significa distinguir o darse cuenta de algo que se tenía olvidado pero que se conocía. Esto implica que el estado no está instituyendo esa diversidad sino que la entiende como preexistente. Tampoco está creando la jurisdicción indígena, sino que está asumiendo en la norma constitucional su pre-existencia, lo cual lleva a la necesidad de coordinación con el sistema judicial nacional y los demás poderes del Estado.

Es clave hacer notar que lo único que está haciendo el Estado es dar rango constitucional o legal a una realidad que existe actualmente. Ni se está creando una jurisdicción y ni está rescatando una jurisdicción que existía en épocas prehispánicas.

Reconocimiento del Derecho Consuetudinario Indígena y de una Jurisdicción Indígena.

En el Título VIII, De la Rama Judicial, Capítulo V, De las Jurisdicciones Especiales, en el artículo 246 se establece que: Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

Este reconocimiento se da en tres dimensiones. La primera es la de la normatividad, tanto de forma como de fondo, lo cual no sólo implica la normativa vigente sino además la que pudiera dictarse en el futuro. La segunda es la institucionalidad que incluye tanto a las autoridades indígenas como a todo sistema institucional interno, sus procedimientos de constitución y designación de autoridades. La tercera es la jurisdicción que implica las funciones de administración y aplicación de las normas comunitarias a conflictos y realidades específicas.[3] 

Esta fórmula es la adoptada en los cuatro sistemas de los Países Andinos en estudio, con una similar extensión.

Relación del estado con la realidad pluricultural.

Existiendo una realidad de diversidad étnica y cultural, el Estado la reconoce y la protege. Se encuentran diferencias de tratamiento con otros plexos normativos, en los cuales los estados se autodefinen como multiéticos y/o pluriculturales. En el caso colombiano existe un accionar estatal que lleva al reconocimiento primero y a la protección después.

Derecho subjetivo reconocido.

La constitución reconoce el derecho de ejercer funciones jurisdiccionales  y de aplicar sus propias normas y procedimientos.

Objetos reconocidos en relación a la pluralidad jurídica.

La norma reconoce a las autoridades de los pueblos indígenas, sus funciones jurisdiccionales y las propias normas y procedimientos.

Sujeto titular del derecho reconocido.

La constitución reconoce a los pueblos indígenas como los sujetos titulares de los derechos reconocidos en torno a la pluralidad jurídica y al ejercicio de la administración de justicia.

Competencia.

La competencia territorial se extiende al ámbito territorial de los pueblos indígenas. La competencia material no está limitada y se deja librada a las normas internas por lo que se entiende que abarca a todas la materias. En relación competencia personal, la norma fundamental no establece si la misma rige sólo para indígenas o para todas las personas que se encuentren en territorio indígena.

Por lo tanto, al fijar la norma sólo la competencia territorial, puede entenderse que la misma se extiende dentro de ese territorio a todas las personas y en todas las materias.

Limitación al ejercicio jurisdiccional.

Las normas internas de los pueblos indígenas y sus procedimientos no pueden ser contrarios a la Constitución y leyes de la República.

En Colombia la interpretación de cada caso está en manos de la Corte Constitucional, la cual es conocida por sus amplios criterios y como precursora en la coordinación y aplicación del derecho indígena.

Ley de coordinación.

El texto constitucional expresa que una ley establecerá las formas de coordinación de la jurisdicción especial indígena con el sistema judicial nacional. Esta norma no ha sido sancionada aún.

Modelo Ecuatoriano.

Fundamento General.

La Constitución Política de la República de Ecuador de 1998, en su artículo 1 establece que El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. (...) El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley. La bandera, el escudo y el himno establecidos por la ley son símbolos de la patria.

Reconocimiento del Derecho Consuetudinario Indígena y de una Jurisdicción Indígena.

El artículo 191 de la Constitución ecuatoriana instituye que El ejercicio de la potestad judicial corresponde a los órganos de la Función Judicial. Se establecerá la unidad jurisdiccional. De acuerdo con la ley habrá jueces de paz, encargados de resolver en equidad conflictos individuales, comunitarios o vecinales. Se reconocerán el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la ley. Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional.

Relación del estado con la realidad pluricultural.

El Estado ecuatoriano se autodefine como pluricultural y multiétnico.

Derecho subjetivo reconocido.

La norma fundamental reconoce la potestad de ejercer funciones de justicia, la aplicación de normas y procedimientos propios y la aplicación de costumbres o derecho consuetudinario.

Objetos reconocidos en relación a la pluralidad jurídica.

La constitución reconoce a las autoridades de los pueblos indígenas, las funciones de justicia, las normas y procedimientos propios, así como sus costumbres o derecho consuetudinario.

Sujeto titular del derecho reconocido.

La norma reconoce a los pueblos indígenas como sujetos derecho.

Competencia.

La constitución no hace referencia a la competencia, salvo al mencionar que la jurisdicción indígena se aplicará a conflictos internos. Por lo tanto si bien se está acotando la competencia no queda claro cual es el límite exacto. En lo que hace a la competencia territorial parece desprenderse que se refiere a conflictos ocurridos dentro de las comunidades o territorios. La competencia material no es limitada por la norma, por lo que se deduce que se encuentran comprendidas todas la cuestiones que pudieran plantearse. También es controvertida la extensión de la competencia personal, puesto que al referirse a conflictos internos, no queda claro si se refiere sólo a conflictos entre indígenas o también aquellos en lo que se vean involucrados personas no indígenas pero que ocurran dentro del territorio comunitario.

Para la delimitación del concepto conflicto interno es necesario recurrir al derecho interno indígena.

Limitación al ejercicio jurisdiccional.

La norma constitucional implanta un límite claro a las normas y procedimientos del derecho consuetudinario indígena al expresar que los mismos no pueden ser contrarios a la Constitución y a las leyes.

Ley de compatibilidad.

El mismo artículo 191 de la Constitución establece que por ley se compatibilizarán las funciones jurisdiccionales indígenas con las del sistema judicial nacional. Sin embargo a la fecha no se ha dictado esta norma.

Modelo Peruano.

Fundamento General.

El artículo 2 de la Constitución Política de la República del Perú de 1993 reza: Toda persona tiene derecho (...) inc. 19: A su identidad étnica y cultural. El estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación.

Reconocimiento del Derecho Consuetudinario Indígena y de una Jurisdicción Indígena.

El artículo 149 de la Carta Magna estable: Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

Relación del estado con la realidad pluricultural.

La Constitución peruana por un lado reconoce el derecho de cada persona a su identidad étnica y cultural. Luego establece el reconocimiento y protección de la pluralidad étnica y cultural por parte del estado.

Derecho subjetivo reconocido.

La norma reconoce el derecho de ejercer funciones jurisdiccionales y de aplicar el derecho consuetudinario.

Objetos reconocidos en relación a la pluralidad jurídica.

La ley reconoce a las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas con el apoyo de las Rondas Campesinas. Es importante destacar que la fórmula utilizada se extiende más allá de las comunidades indígenas, aunque las comprende.

Este reconocimiento se extiende también al derecho consuetudinario de estas comunidades y a las funciones jurisdiccionales

Sujeto titular del derecho reconocido.

Los sujetos de derecho son las Comunidades Campesinas, las Comunidades Nativas, las Rondas Campesinas y también los Pueblos Indígenas, en virtud de la ratificación del Convenio 169 de la OIT.

Competencia.

En lo que hace a la competencia territorial la norma es clara quedando limitado el ejercicio de la jurisdicción al ámbito territorial de las Comunidades Campesinas, Nativas y Rondas Campesinas.

La competencia material no está limitada por la norma, por lo que la misma se extiende a todas las materias.

Tampoco se hace mención a la competencia personal y el interrogante que surge es si esta jurisdicción se aplica sólo a campesinos, nativos e indígenas o a todas las personas que estén involucradas en conflictos ocurridos dentro de los ámbitos territoriales más arriba señalados. Esta última postura parece ser la correcta a la luz de la norma, puesto que si la misma no limita la competencia debe entenderse que se aplica a todas las personas.

Limitación al ejercicio jurisdiccional.

La Constitución establece que el ejercicio jurisdiccional y el derecho consuetudinario de las comunidades no pueden violar los derechos fundamentales de las personas.

Esta limitación genérica es diferente a las de los modelos colombiano, ecuatoriano y boliviano; sin embargo es concordante con la que instituye el Convenio 169 de la OIT, que también forma parte del sistema de Perú.

Ley de coordinación.

El artículo 149 in fine expresa que mediante ley se llevará a cabo la coordinación entre la jurisdicción de las comunidades (que denomina especial), los Juzgados de Paz y las demás instancias del Poder Judicial.

Modelo Boliviano.

Fundamento General.

El artículo 1 de la Constitución Política de la República de Bolivia de 1994 reza: Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural...

Reconocimiento del Derecho Consuetudinario Indígena y de una Jurisdicción Indígena.

El artículo 171 del mismo ordenamiento fundamental establece Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional y especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando los usos y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. El estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer función de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de los conflictos, en conformidad a sus contumbres y procedimientos siempre que no sean contrarios a esta Constitución y las leyes. La ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los poderes del estado.

Relación del estado con la realidad pluricultural.

El estado se autodefine como multiétnica y pluricultural. En este aspecto se asemeja al tratamiento dado por la Constitución ecuatoriana.

Derecho subjetivo reconocido.

La norma consagra la potestad de ejercer la función de administración y aplicación de normas propias, tanto de fondo como de procedimiento.

Objetos reconocidos en relación a la pluralidad jurídica.

Se reconocen las normas propias, costumbres y procedimientos; las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas y la función de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de los conflictos.

Sujeto titular del derecho reconocido.

La norma instituye como titulares de derecho a las comunidades indígenas, las comunidades campesinas y es posible agregar también al contenido de la norma el precepto consagrado por el Convenio 169 de la OIT, por el cual son titulares de estos derechos los Pueblos Indígenas, puesto que Bolivia a ratificado el convenio.

Existe una gran similitud con la norma de Perú en este punto, siendo las dos únicas que se refieren a comunidades campesinas, ampliando el concepto al que se circunscriben las demás.

Está constitución es la única que se refiere a autoridades naturales, siendo esta la fórmula más adecuada dado que el texto deja muy claro que se trata de las autoridades que siempre existieron en las comunidades y no de autoridades que vaya a fijar el Estado. En el resto de los textos estudiados las normas tienen el mismo sentido, aunque podrían llevar a confusiones que el presente inhabilita de plano. 

Competencia.

La norma no hace referencia expresa al ámbito de la competencia. En lo que hace a la territorial podemos deducir de la hermenéutica de la misma que la competencia se extiende hasta los limites territoriales de las comunidades indígenas y campesinas.

La competencia material no se encuentra limitada, por lo que abarca todas las materias.

Tampoco se establece una restricción a la competencia personal y en consecuencia surge el interrogante, al igual que en otros plexos normativos, si la competencia alcanza a las personas no indígenas y no campesinas. Al igual que en los otros casos se debe entender que la competencia se extiende dentro de las comunidades a todas las materias y a todas las personas. Sin embargo, tal como expresa la norma constitucional el ámbito de la competencia estará dado por las costumbres y procedimientos propios de la comunidad y será allí donde habrá que buscar respuesta.[4]

Limitación al ejercicio jurisdiccional.

La Constitución establece que las costumbres y procedimientos aplicados para la resolución de conflictos no pueden ser contrarios a esta Constitución y las leyes.

Ley de compatibilidad.

Al igual que las otras constituciones de la Región Andina, la presente establece que la ley compatibilizará la administración y aplicación de normas propias con las atribuciones de los poderes del estado.

Modelo Argentino.

Fundamento General.

La Constitución de la Nación Argentina de 1994 establece en el artículo 75 Corresponde al Congreso (...) 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar  el respeto a su identidad...

Este es el fundamento general de todos los derechos consagrados en la cláusula del inc. 17 de citado artículo.

Asimismo, este reconocimiento proclama a la Argentina como un estado pluricultural y multiétnico, y reconoce la existencia de otros pueblos habitando el sueldo argentino y formando parte de su sociedad, aunque no sea en la órbita política.[5]

Por otro lado, parte de la doctrina entiende que el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, supone también la de su derecho como producto cultural. Si la Nación Argentina es étnica y culturalmente plural, esto implica que también lo es en el plano del derecho. En el caso del derecho indígena, quedarían incluidas las costumbres y toda aquella forma de producción normativa que mejor defienda sus intereses.

Esta discusión va de la mano de la planteada en torno a la operatividad o no de la norma de en estudio.

Por la negativa encontramos a Ekmekdjian que entiende que ésta cláusula, pese a sus loables intenciones, es otro ejemplo de “catálogo de ilusiones” que incluyó la reforma  de 1994 en el texto constitucional. Estas cláusulas no son operativas en principio. Si se pretendiera su operatividad, ella puede ser fuente de serios conflictos, que -seguramente- serán resueltos por el Poder Judicial conforme a su posición conservadora cuando se trata de defender el espacio de la libertad.[6

En la vereda opuesta aparecen las opiniones de Quiroga Lavié[7] y Bidart Campos[8]. El primer autor afirma que el reconocimiento de los derechos ha sido efectuado por la Convención Constituyente y por lo tanto el mismo no depende de la actividad del Órgano Legislativo Nacional. Por su parte Bidart Campos le otorga valor de norma programática a la cláusula del inc. 17 del artículo 75 CN.

Cierto sector de la doctrina confunde la operatividad de la norma con la implementación de mecanismos normativos específicos a los efectos de su implementación en la realidad, lo cual es diferente. La operatividad de estas normas es indudable, sin embargo se hace necesaria la construcción legislativa a los efectos de poner en práctica dicha cláusula, lo que requiere mayor o menor grado de labor normativa dependiendo de las materias a las que se refiere el inc. 17. Por ejemplo cuando la norma expresa derecho a una educación bilingüe e intercultural, será imprescindible el dictado de una ley nacional que modifique los planes de estudio e implemente un sistema educativo que  cumpla con la cláusula.

Por otro lado la ley 24.071 por la que se ratifica el Convenio 169 de la OIT  y se lo introduce al derecho argentino es fuente de la cláusula constitucional y puede ser considerada como una reglamentación de la misma, atendiendo a su armonía. También sería reglamentaria la ley 23.302 en su parte vigente.

En lo que se refiere específicamente al pluralismo jurídico y a la administración y aplicación de la ley es posible afirmar que una vez reconocido al estado como pluricultural y multiétnico, se está reconociendo al derecho de esas otras culturas y a sus autoridades. De esta manera sólo sería necesario una normativa a los efectos  de la coordinación (lo cuál no es poco, por las implicancias de fondo que esto tiene) y dejar a las comunidades indígenas para que dicten sus normativas internas, no siendo necesario una tarea reglamentaria en este aspecto.

Sin embargo se producen importantes colisiones en nuestro texto constitucional, desde un punto de vista estrictamente jurídico, que parecen difíciles de evitar. Por ejemplo la facultad exclusiva del Congreso Nacional de dictar los códigos de fondo en materia penal, civil y comercial entra en contradicción con la facultad de dictar sus propias normas que se intenta reconocer a las comunidades. Este argumento suele ser refutado expresando que el inc. 17 del citado artículo 75 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, es decir su existencia anterior al estado. Sin embargo este no parece ser argumento suficiente a la luz de la totalidad del texto constitucional.

Lo antes dicho quiere expresar que nuestro sistema tiene poco de tal y más bien es un conglomerado de normas contradictorias y de reivindicaciones que configuran un agregado normativo en el cual, desde un punto de vista arqueológico, se pueden identificar capas que evidencian una evolución (siempre caótica como toda evolución).

Identificamos aquí, y ampliaremos más adelante, la primera diferencia con los sistemas de los países andinos, que en mayor o menor medida muestran una coherencia, tanto al interior de los mismos como con respecto a la realidad a la cual se aplican.

Reconocimiento del Derecho Consuetudinario Indígena y de una Jurisdicción Indígena.

Desde el punto de vista comparativo la Constitución Argentina no presenta normativa específica, salvo las deducciones hechas más arriba. Por otro lado es plenamente vigente el Convenio 169 de la OIT, en los artículos 8 inc.2 y 9 inc. 1 antes citados y concordantes.

Otra parte de la doctrina[9] cree encontrar en el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades indígenas, por parte del inc. 17 del artículo 75 CN, el fundamento de la vigencia de sus instituciones propias. Algunos de estos autores sostienen que las comunidades indígenas son personas de derecho público junto con la Nación, las Provincias, los Municipios y la Iglesia Católica, pero personas jurídicas de carácter sub-estatal.

Esto coloca a las comunidades indígenas en una posición institucional que las habilita para el dictado de sus propias normas dentro del ámbito de su competencia, de lo que se deduce que no sería necesario el dictado de una ley reglamentaria que estableciera instituciones comunitarias. Por lo tanto quedaría solamente la necesidad de una regulación que coordine la competencia de las instituciones comunitarias con las nacionales.

Relación del estado con la realidad pluricultural.

El estado al reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, está reconociendo además que existen en el territorio del estado otras culturas diferentes a la nacional u “oficial”. Por otro lado la norma constitucional garantiza el respeto de estas identidades étnicas y culturales.

Derecho subjetivo reconocido.

En lo relativo al tema que estamos tratando es difícil identificar y más aún en virtud del análisis comparativo, el reconocimiento específico del derecho aborigen, las instituciones y las administración y aplicación de las leyes por parte de éstas. Sin embargo remitimos a los puntos anteriores en los cual es se trató la cuestión. Por otro lado es importante recordar que el Convenio 169 de la OIT sí reconoce derechos subjetivos en cabeza de los pueblos indígenas.

Objetos reconocidos en relación a la pluralidad jurídica.

Al igual que en el punto anterior se impone la remisión a lo antes dicho, así como al Convenio 169 de la OIT.

Sujeto titular del derecho reconocido.

Tal como lo expresa la Constitución nacional en el artículo citado, serían titulares de los siguientes derechos los pueblos indígenas argentinos y sus comunidades. En virtud del Convenio 169 de la OIT serían titulares de los derechos allí reconocidos los pueblos indígenas y los pueblos tribales.

Competencia.

No hay  normativa expresa en materia de competencia, ni en la Constitución Nacional ni en el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo podría deducirse que la competencia se encuentra ceñida en lo territorial al territorio de la comunidad, en la materia a todas las materias con las limitaciones que impone el Convenio, la Constitución y las leyes y en lo personal a los indígenas, en virtud del convenio. Sin embargo no hay una definición tajante en cuanto a esto y de la observación de la normativa es posible desprender soluciones de muy diferente amplitud en materia de competencia.

Limitación al ejercicio jurisdiccional.

Las limitaciones al ejercicio de la administración y aplicación de la justicia estás dadas, por la Constitución Nacional, incluyendo la normativa de derecho internacional en materia de derechos humanos, las leyes y las limitaciones introducidas por el Convenio 169 de la OIT, es decir la compatibilidad con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Ley de compatibilidad.

La Constitución Nacional no prevee una norma de coordinación, simplemente, porque no habilita expresamente la jurisdicción indígena. Por otra lado no es necesaria una previsión expresa para una ley de estas características, dado que la necesidad de la misma surge de los hechos. Sin embargo el sistema argentino, a diferencia de los vistos anteriormente, debe definir una gran cantidad de interrogantes (no sólo de índole jurídico) antes de encarar la coordinación de sistemas jurídicos, como algunos autores opinan.

 

Nota. En relación a este comparativo jurídico no es ocioso observar la dificultad o por lo  menos las diferencias que se observan en el análisis por variables planteado, en el cual los otros cuatro plexos normativos parecen adecuarse a la matriz elegida sin mayores problemas y el texto de la constitución nacional no termina de adaptarse a la misma, sin hacer grandes esfuerzos hermeneuticos. Más allá de la diferente técnica constitucional (siendo el nuestro un texto más acotado que marca lineamientos generales, inspirado en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y los otros textos más influenciados por el constitucionalismo social, que es proclive a una mayor previsión de temas específicos) es notable la diferencia, lo cual repercute profundamente en el sistema jurídico vigente en cada uno de los Estados.

Diferencias demográficas. La cuestión socio-cultural.

Con el fin de poner en contexto el análisis jurídico comparado es relevante confrontar algunos datos de población que van a arrojar un poco de luz al planteo.

La República del Perú posee un 45% de población indígena, 37% de mestizos, 15% de blancos, descendientes de europeos y el resto son descendientes de africanos, japoneses y chinos. Bolivia posee un 63% de población indígena, 30% de mestizos, el resto es población blanca, descendiente principalmente de españoles. Ecuador, por otra parte posee un 40% de población indígena, Colombia y Argentina tienen 2% y 1% respectivamente.

En los tres primeros casos referidos, lo categórico de las cifras relevan de todo comentario. Los elevados porcentajes de población indígena fundamentan y explican los textos constitucionales y la consagración del pluralismo jurídico.

Distinto es el caso de Colombia, que en una primera observación parece mostrar indicadores similares a los de Argentina. Sin embargo las realidades son muy diferentes.

Si bien Colombia presenta un porcentaje de alrededor del 2% de indígenas del total de la población del país, posee además 6% de zambos y afro-americanos, 24% de mulatos, 47,8% de mestizos y sólo un 20% de blancos, según las cifras del censo realizado en 1997, con un total de 37 millones de habitantes.

En la Argentina en cambio la población es en su mayoría blanca [10], el 85% es descendiente de europeos. La población mestiza es mucho más escasa que en otros países latinoamericanos, aunque en los últimos tiempos la misma ha aumentado. El mestizaje es un proceso que comienza en el resto de América Latina desde la conquista española. Sin embargo en la Argentina los procesos han sido distintos, puesto que la población mestiza comienza a configurarse con las migraciones internas de mediados del siglo XX.

Por lo tanto la realidad de la Argentina con relación a la de Colombia, si bien comparten cifras parecidas en algún indicador poblacional, es muy diferente.

A lo antes referido debemos agregar que en la Argentina los procesos transculturales han tenido también una característica propia. No es casual que el Estado-Nación argentino sea el más europeo de toda Latinoamérica. Esta defensa acérrima de ese modelo político era lo único que podía diferenciar a nuestros Padres de la Patria de la realidad indígena y salvaje americana. Ese proceso de negación de lo indígena y de instalación de un estado-nación trajo como consecuencia no sólo el exterminio de gran parte de la población indígena sino además un proceso transcultural por el cual el estado se extendió y se mezcló con la cultura y la realidad  indígena de una manera particular.[11] Esto trajo como consecuencia que en ciertas regiones de la Argentina conviva entremezclada la cultura indígena con el estado, en forma ya pacífica, refundida en una nueva realidad, que sin embargo conserva todo su valor.[12]

Todas estas realidades, tanto la jurídica como la socio-cultural escuetamente expresada, nos revelan que la cuestión argentina tiene diferencias notorias, que en principio parecen hacer dificultosa la aplicación de los modelos plurales jurídicos vigentes en los Estados Andinos.

Caso de estudio.

La realidad argentina en lo que hace a la cuestión indígena es muy variada. El INAI reconoce 17 pueblos indígenas en el territorio del país, los cuales a su vez se dividen en comunidades.

Decidimos tomar un caso de estudio a los efectos de acotar el análisis y poder observar cuan cercana o lejana está la discusión jurídica de la realidad.

El caso elegido es la Localidad de Humahuaca, Pcia. de Jujuy, de la República Argentina.

Algunas de las personas entrevistadas fueron:

- Marcos Miguel Medina: Intendente de Humahuaca

- Marta Benavidez: Sec. de Gobierno de Humahuaca y maestra

- María Ramos: agricultora, coplera y maestra

- Leocadio Tioconas: Director de la Escuela de Arte de Humahuaca

- Carlos Cruz: coplero y maestro

- Teresa Quipildor: coplera y maestra

- Ricardo Guanuco: maestro Escuela Agrotécnica de Humahuaca

- Aldo Eugenio Juares: trabajador social

- Comunidad de Tres Cruces

- Comunidades del Zent

Si bien sería necesario continuar con la investigación, es posible extraer algunas conclusiones de la misma, que pueden iluminar la discusión jurídica que suele tornarse teórica.

En principio desde el punto vista cultural, encontramos un entramado transcultural, en el cual convive la cultura indígena con el estado-nación de manera pacífica y fusionada. Por otro lado es evidente que no hay una identificación de los habitantes con el estado. Esto puede observarse en la baja (prácticamente nula) recaudación impositiva[13]. Sin embargo la Intendencia y la persona del intendente, en particular, es aceptada por la población.[14]

En lo que hace al aspecto religioso encontramos un sincretismo en el cual conviven personas que abiertamente se declaran como no católicos, en tanto reconocen a la católica como una religión impuesta, con una parroquia en el centro de la Localidad y con procesiones, que son clara evidencia de lo que podríamos denominar cristianismo popular, es decir una religión sincrética en la cual se fusionan la religión católica con la religiosidad y espiritualidad propias de la cultura indígena.

Siguiendo en este punto al gran Rodolfo Kusch[15], podemos decir que lo que se observa es el fenómeno definido por él como fagocitación de lo blanco por lo indio. Este fenómeno es más profundo que el de aculturación, que más bien es superficial y se refiere a cuestiones exteriores. Es posible que exteriormente en Humahuca encontremos una organización que responde a ciertas características del estado-nación. Sin embargo en lo profundo la cultura indígena ha fagocitado a lo blanco y es por eso que desde un punto de vista occidental podríamos afirmar que hay un estado ausente. Sin embargo esto no es así, el estado, como construcción impuesta, basada en una lógica racionalista con voluntad y actitud absoluta ha sido fagocitado por la cultura indígena, que no intenta ser absoluta, que entiende a la realidad como inestable y concibe al vivir como constante ejercicio de mantenimiento entre opuestos, que son el orden y el caos. En una cultura así es imposible que el estado-nación occidental pueda sobrevivir y no es extraño que ante la vista de observador desprevenido el indígena pase como un ser desinteresado.

Sin embargo tampoco es posible afirmar que estemos ante una comunidad indígena como las que pueden encontrarse en zonas de Ecuador, Boliva, Perú o Colombia, en las que existen autoridades y sistemas de administración y aplicación de leyes propios. Estamos frente a una realidad distinta, que no es asimilable a la del estado-nación, ni en lo político-organizacional ni en lo cultural; pero que tampoco lo es a lo indígena como puede presentarse en otros países. En lo que hace el valor profundo de la cultura es indudable que la misma se mantiene, sin embargo en lo que hace a lo organizacional no es posible asimilar la realidad de Humahuaca a la de otras comunidades con organización propia.

El único motivo del esbozo de este caso es mostrar que no es posible importar sistemas jurídicos livianamente, por más que eso traiga consigo importantes reivindicaciones políticas.

El caso de Humahuaca nos impone el estudio y la búsqueda de una solución que acoja y asuma la realidad transcultural en la que vivimos y de la que somos parte. Esta realidad debe ser acogida por el derecho, puesto que la norma no debe partir de una disputa de poder mezquina, sino de un estudio profundo y desinteresado de la realidad.

Conclusión.

En primer lugar, luego del análisis jurídico comparativo, encontramos a la Argentina claramente diferenciada de los países andinos, con respecto a la normativa vigente en relación al pluralismo jurídico. Nosotros llegamos a entender al Estado como plural desde el punto de vista jurídico, a partir de la interpretación del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional y luego a fuerza de interpretaciones llegamos a la conclusión de la procedencia de una administración y jurisdicción indígenas. Sin embargo es necesario hacer un comentario: se hace imperioso distinguir entre una deducción interpretativa jurídica surgida de la lógica y una interpretación que más allá de la pura lógica contemple la voluntad del legislador o en este caso del constituyente. Si realizamos un análisis desde la pura lógica jurídica nuestro plexo constitucional, como ya lo adelantáramos, es un cúmulo de contradicciones. Estas contradicciones son las mismas que muestran nuestra triste historia argentina, la cual no es más que una instalación de una cultura sobre otra, en forma brutal y caótica. Lo mismo pues se encuentra en el análisis jurídico. Es posible que aquel fenómeno de la fagocitación también allá llegado a lo jurídico (como no podía ser de otra manera). Entonces ya no sólo tenemos un texto jurídico que nada tiene que ver con nosotros, sino que además el mismo ha comenzado a ser poblado por cláusulas que cuestionan su fundamento primigenio.

Es por eso que nuestro sistema constitucional dista mucho de ser tal, cuando reconoce la pluralidad étnica y cultural en el capítulo IV de las atribuciones del Congreso (cuando debió haberlo hecho por lo menos en la parte de los nuevos derechos), a diferencia de otros estados que se reconocen como pluralmente étnicos en sus primeros artículos[16]. Sin embargo es posible que esto revele la voluntad del constituyente, como así también la de gran parte de la sociedad blanca. Lo cierto es que nuestra realidad argentina es muy diferente a la de los demás estados relevados y eso también se evidencia en el alcance de las cláusulas constitucionales.

También podemos tener interpretaciones ideológicas de la constitución, que son aquellas que parcializan, algunos elementos y desarrollan un razonamiento, en apariencia lógico a partir de ello. Si entendemos que no existen derechos indígenas y que la jurisdicción indígena es claramente violatoria de la Constitución, estaremos razonando ideológicamente, puesto que no tenemos en cuenta lo establecido por el artículo 75 inc. 17 CN (amén del Convenio 169 OIT). Si por otro lado decimos que del reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural surge claramente la administración y aplicación jurisdiccional de la ley por parte de las comunidades, también estaremos razonando ideológicamente, dado que el espíritu del texto en su totalidad y normas específicas como el artículo 75 inc. 12 estarían en franca contradicción con una afirmación tan liviana.

Entendemos que no podemos apartarnos de la intención del constituyente para realizar la interpretación de la cláusula. La posición de éste nos es útil para encontrar el límite de la reivindicación, hasta dónde la sociedad entiende que se debe reconocer un derecho. En esta línea de ideas no parece ser la voluntad del constituyente la de implementar o reconocer el sistema de administración de justicia propio, por lo menos no parece haber una intención deliberada.

Esta es la gran diferencia con los sistemas de los estados andinos. Sus constituciones se acercan mucho más lo que se denomina sistema jurídico. Los textos observan un gran dinamismo que evidentemente va de la mano de un mestizaje que lleva ya más de quinientos  años y una cultura indígena que aflora incluso allí en la norma. Ellos no tienen miedo a lo impredecible y por eso pueden tener textos dinámicos, nosotros en cambio tenemos miedo al caos y por eso nos aferramos a una constitución del siglo XVIII. Es que por un lado no somos tan indígenas como ellos y por otro tenemos miedo de asumir nuestra condición de americanos.

Por otro lado encontramos al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblo Indígenas y Pueblos Tribales, como plenamente vigente en nuestro país. Sin embargo más allá del gran desarrollo y las amplias reivindicaciones y reconocimientos que el mismo otorga, debemos decir que éste sólo refleja una pequeña porción de la realidad argentina en general o indígena en particular.

Es por eso que llegado este punto surge con claridad la necesidad de distinguir realidades y problemáticas. Por ejemplo encontramos situaciones muy distintas, en lo institucional, entre el Pueblo Mapuche y las distintas comunidades Kollas del NOA, como por ejemplo la de Humahuaca aquí referida. En algunas comunidades mapuches rigen sistemas de administración propios, los cuales a veces entran en colisión con el sistema nacional. [17]

Más allá de la reivindicación cultural que implica el reconocimiento de un sistema jurídico de administración y aplicación de la ley indígena, existe otra problemática que es la del acceso a la justicia y la del respeto por las garantías en el caso de que ese acceso se lleve a cabo.

El reconocimiento de la jurisdicción indígena soluciona este inconveniente a los indígenas que aún viven en comunidad, sin embargo aquellos que han migrado hacia las grandes ciudades quedan aún desprotegidos. Desde mediados del siglo XX se han producido grandes migraciones de indígenas a los centros urbanos, los cuales se han asentado en su mayoría en zonas suburbanas o de emergencia. Es por todos conocida esta situación de pauperización y marginación, en donde el inadecuado acceso a la justicia y el inexistente respeto por las garantías constitucionales son una muestra más del desamparo.

Esta es otra realidad, también negada, que interroga e impone la obligación de trabajar desde el derecho para solucionarla. Esta es la otra cara de lo indígena, donde aparece lo popular, que como es más cercano a nosotros (los urbanos-occidentales) nos interroga aún más y no nos hace dar vuelta la cara o apurar el paso. 

Es por eso que la propuesta que hacemos a continuación tiene como fundamento la conversación intercultural, lo cual va aún más allá del diálogo. Éste último encierra un intercambio desde el poder, implica la dualidad fuente de la dominación, del sufrimiento y de la fragmentación cultural. Con-versar significa, en cambio, compartir todos sobre algo, lo que versa; compartir algo común, sin perder la individualidad, pero también sin voluntad de dominar al otro

Por lo tanto como conclusión final y primer paso para el abordaje de la cuestión encontramos que los modelos plurales jurídicos de los estados andinos no son transmisibles de la realidad argentina, por lo que se impone un estudio particular y profundo para resolver problemáticas propias.

Propuesta.

Esta propuesta intenta abarcar una realidad compleja, que desde el inicio descarta la ambición de encontrar una “solución total”, sin por otro lado marginar a ninguno de los sectores involucrados. La complejidad jurídica, transcultural, política y hasta económica a la que nos enfrentamos nos impone comenzar por buscar soluciones que sean factibles de llevar a cabo, sin caer en simplificaciones tanto cómodas como peligrosas[18]. 

 La propuesta es la implementación de los artículos 8 inc. 1 y 9 inc. 2, más al aporte del artículo 10, del Convenio 169 de la OIT, ratificado por la ley 24.071.

Estas normas establecen implementación de un sistema de administración de justicia intercultural. Como es sabido en la actualidad y desde hace ya muchos años suelen requerirse peritajes antropológicos en casos en lo que están involucrados indígenas. Sin embargo esto no es algo sistemático.

Lo que proponemos aquí es la creación de una instancia intercultural, en la cual haya un intercambio entre el sistema nacional y el sistema indígena, pero dentro del ámbito del derecho nacional, puesto que como observamos en el ejemplo Humahuaca, en muchas comunidades indígenas no hay una jurisdicción organizada. Por otro lado este sistema propuesto sería el mismo aplicable a situaciones de población indígena urbana. Esto no implica desconocer las administraciones comunitarias que funcionan en la actualidad, sino un complemento de éstas. Es decir para las administraciones existentes, la regulación propuesta actuaría como norma coordinadora de sistemas y para aquellas realidades en las que no hay jurisdicción funcionando sería la instancia intercultural.

Lo que se propone es una ley nacional que establezca la creación de comités consultivos que tengan la función de asesorar a los juzgados en la administración de justicia. Estos comités deberían estar formados por indígenas, antropólogos y abogados especialistas en la cuestión indígena. La implementación de estos comités podría realizarse por ley provincial, dado que se trata de una cuestión procesal, basada en una ley nacional como es la 24.071. Siendo potestad de cada provincia formar los comités consultivos cada provincia nombrará distintos comités que se correspondan con la realidad cultural de las distintas regiones que las mismas encierran. Estos comités podrán intervenir con carácter consultivo en todos los fueros, sin la necesidad de que haya uno por fuero, lo cual además se asemeja al sistema indígena, donde la división de los problemas en distintas materias no existe.

Estos comités serían una instancia consultiva, no sólo en materia de prueba (cómo lo son los peritajes antropológicos) sino además en lo que hace al derecho y la interrelación de las normas nacionales con el derecho indígena, tal como lo estipulan las normas citadas del Convenio 169 de la OIT.

Si bien el dictamen del Comité podría ser no vinculante para el magistrado, la presión que produciría su actividad sería muy importante. Por otro lado la acumulación de dictámenes podría ir generando una doctrina, dentro del ámbito mismo de la justicia nacional, que se configuraría como una importante fuente de derecho (tanto de normas generales: leyes; como específicas: resoluciones judiciales).

Esta parece ser una solución relativamente fácil de llevar a cabo, extensiva a una realidad compleja y contemplativa de los múltiples intereses en juego.

Esta solución contribuye a la conversación entre culturas y no a la reivindicación con aislamiento. Es sólo en la conversación donde uno puede aceptar al otro, que en principio se presenta como alteridad infranqueable y posibilitar la enseñanza mutua.

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NOTAS:


[1] Fernando García Serrano (FLACSO) denomina transgresión, conflicto o “problema” a la situación social que es susceptible de activar el aparato de justicia indígena, entendiendo a aquella como el rompimiento temporal del orden cultural y social establecido.  Formas Indígenas de Administración de Justicia. Tres Estudios de Caso de la Nacionalidad Quichua de la Sierra y la Amazonía Ecuatoriana. Actas, XII Congreso Internacional Derecho Consuetudinario Y Pluralismo Legal. Desafios En El Tercer Milenio. Arica, Chile. Marzo 13-17 del 2000.

En el mismo texto el Secretario de la Tenencia Política de la parroquia Juan Benigno Vela, perteneciente al cantón Ambato, de la provincia de Tungurahua, Ecuador expresa ,  ...en la comunidad no actuamos apegados a la  ley sino más bien  a la conciencia de que debemos vivir en armonía...

[2] Esta matriz de análisis ha sido tomada, aunque modificando algunas variables, del trabajo de Raquel Z. Irigoyen Fajardo Reconocimiento Constitucional del Derecho Indígena y la Jurisdicción Especial en los Países Andinos (Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador). Publicado en: Revista Pena y Estado # 4. Buenos Aires: INECIP y Editorial el Puerto, 2000.

[3]  En forma similar se expidió la Corte Constitucional de Colombia en autos “BOCANEGRA IZQUIEDO, JAIME y OTROS s. Declaración de Inconstitucionalidad”

[4] Es posible que esta preocupación por delimitar estrictamente los conceptos, no sólo la competencia jurisdiccional, sea propia de nuestro pensamiento occidental, por lo que tal vez sería saludable dejar a las comunidades aborígenes con su incertidumbre natural.

[5] No se reconoce a los Pueblos Indígenas sino a los Pueblos Indígenas Argentinos. Es claro que el constituyente ha querido evitar las implicancias que tendría un texto de dichas características y sus derivaciones, dado que reconocido como pueblo, tendría derecho a la autodeterminación conforme el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 1) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 1) que forman parte de la Constitución conforme el art. 75 inc. 22.

[6] Ekmekdjian, Miguel A. Análisis Pedagógico de la Constitución Nacional. Ed. Depalma.

[7] Quiroga Lavié, Humberto Constitución de la Nación Argentina comentada Zavalía. Buenos Aires, 1996.

[8] Bidart Campos, Germán J. El derecho de la Constitución y su fuerza normativa Ed. Ediar. Buenos Aires 1995.

[9] Sarmiento García, Jorge H. Soberanía, autonomía, autarquía, región y comunidades indígenas” en “La reforma constitucional interpretada Instituto de Estudios de Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos Aires 1995 y  Gonzalo Segovia y Juan Fernando Segovia  La protección de los indígenas en  Derecho constitucional de la reforma de 1994 del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos Dir. Pérez Gilhou. Ed. Depalma, Mendoza 1995

[10] Es importante destacar que la Argentina ha sufrido un proceso geno-etnocídico y de reemplazo sistemático de una población autóctona indígena y criolla (no hay que olvidar que luego del exterminio indígena prosiguió el exterminio del gaucho) por otra de origen europeo. Sobre este tema ver Sala, Arturo E. UNA TRAGEDIA ARGENTINA Poder, muerte y corrupción en el Congreso Nacional. De los orígenes del exterminio sistemático en la República hasta nuestros días. Editorial Biblos.

[11] En la Argentina en lo que hace a la cuestión de frontera se han dictado las leyes 147/1857, 215/1867, 385/1870, 492/1871, 551/1872, 752/1875, 947/1878, 1120/1881, 1133/1881, 1224/1882, 1470/1884, 1964/1887, 8325/1911; en lo que se refiere a sometimiento las leyes 215/1867, 385/1870, 947/1878, 1744/1885; en lo relativo a la tropa los decretos 1/07/1875, 10/11/1875 y las leyes 1224/1882, 1311/1883, 1470/1884, 1774/1885; con respecto a las misiones las leyes 817/1875, 1532/1884, 4167/1902; y las misiones religiosas la ley 1838/1886, los decretos 10/04/1900, 04/05/1900, 13/07/1900, 5463/58 y las leyes de ministerios 80/1856, 3727/1898, 13529/1940, 14303/1954, 14439/1558, 16956/1966; en lo que hace a reducciones la ley 817/1875 y los decretos 27/10/1911, 24/07/1912, 26/09/1912, 11/01/1927, 1594/46 y en lo que referente a colonias las leyes 12636/1940, 14254/1953 y los decretos 2964/58, 2211/61, 5463/58.

[12] Fernando Ortiz reconoce cinco fases en los procesos transculturales, la hostil, la transigente, la adaptativa, la reivindicadora y la integrativa. Es en esta última en la cual los conflictos han cesado y las culturas se han fundido. La cubanidad y los negros en Estudios Afrocubanos, Volumen III, N°1-4. La Habana, 1939

[13] En el momento en que tuvimos la oportunidad de realizar la salida a campo pudimos comprobar que la Intendencia de Humahuaca no contaba con servicio telefónico a causa de la falta de pago. Demás está decir que prácticamente no hay obra pública.

[14] Pudimos observar grandes muestras de afecto hacia el Intendente Marcos Medina y una relación muy estrecha con cada una de las personas, en especial con motivo de celebrarse el Festival de Rodero.

[15] Kusch, Rodolfo América Profunda Editorial Biblos

[16] Bolivia y Ecuador lo hacen en el artículo 1, Perú en el artículo 2 y Colombia en el artículo 7.

[17] Autos Maripán, Fermín Rodolfo s. Lesiones Graves. Tramitado en la Justicia Penal de Neuquén.

[18] La igualdad ante la ley, para todos los ciudadanos, sin contemplar diferencias, es una simplificación muy peligrosa.

 

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 Dra. Teodora ZAMUDIO