La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

pueblo Pilagá

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Operatividad actual de los derechos de los pueblos indígenas

Alumna: Graciela Beatriz Alba DNI 12.078.977

 

Introducción

            Este trabajo de investigación, tiene como objeto de estudio el Pueblo Pilagá, que se encuentra ubicado en la provincia de Formosa.

            Comenzaré en primer lugar con una breve reseña, sobre su ubicación geográfica y sus diferentes agrupaciones.

            Describiré seguidamente, un análisis del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional,  las normas de derechos humanos incorporadas con jerarquía constitucional, el convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la ley nacional 23.302 Ley integral del Indígena, las Constituciones  y leyes provinciales.

            Mi  idea es tratar de descubrir si la provincia de Formosa escucha a las comunidades, si han incorporado en su Constitución, los convenios internacionales firmados por Argentina.

            Saber a través de una entrevista, cuales son sus preocupaciones más urgentes, y poder darlas a conocer. 

Pilagás

            Pocas culturas etnográficas han sido tan escasamente estudiadas como la de los pilagá, con la voz guaraní “Guaicurú” se designó a tobas y pilagás, no porque haya nación guaicurú, sino porque significa inhumanidad o fiereza. Los españoles hallaron a los pilagás en el centro del gran Chaco. Parientes linguisticos de los tobas y de los wichis, compartieron con ellos el nomadismo propio de los pueblos que viven en el monte, agravado por la búsqueda de agua, las luchas con los macás (hoy extinguidos) , la guerra  entre Bolivia y Paraguay (siglo XIX), y las persecuciones de la gendarmería argentina (siglo XX) . Hoy en día sólo quedan 16 comunidades, en el centro de la provincia de Formosa.

            De las primeras familias que fueron 192, hoy en día son 7915 (relato del Sr. Andrés Madariaga), distribuídas en ocho agrupaciones: seis de ellas limitadamente autónomas, y dos reducciones estatales.  Las agrupaciones pilagás limitadamente autónomas son:  Pozo Navagán, Pozo de los Chanchos, Campo del cielo, El descanso, Colonia Ensanche Ibarreta (agrupación toba pilagá), todas ellas en el departamento Patiño; y Pozo Molina, en el departamento Bermejo.  Los pilagás reducidos pertenecen a la Colonia Francisco Javier Muñiz (lote 14 y su barrio marginal La Bomba) y a la Colonia Juan Bautista Alberdi, situadas ambas en el departamento de Patiño de la provincia de Formosa.

Los Indígenas después de la nueva Constitución Nacional

            Para poder entender la relación existente entre el Estado argentino y los Pueblos indígenas, hay que tener en cuenta el conjunto de disposiciones que se interrelacionan e integran la regulación.      

            El art. 75, inc. 17 de la C.N. a través de la reforma del año 1994, introdujo una sustancial modificación en materia indígena al incluir el texto…

            “Corresponde al Congreso… Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes y embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

            El inc. 17 reemplazó al inc. 15 del anterior art. 67 de la C.N. que decía: “ conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”.

            Casi ciento cincuenta años han pasado entre uno y otro texto de los incisos.  Durante todo este tiempo los pueblos indígenas fueron ignorados,librándolos a un estado de abandono y marginación hasta nuestros días.  Pero como  comentamos al principio, las normas no están aisladas, existe una interrelación y un juego armónico entre ellas.  La reforma de l994 incorporó a la Constitución Nacional 10 Pactos y Tratados sobre Derechos Humanos a los que se les reconoce jerarquía constitucional y cuyas disposiciones regulan lo relacionado a la lucha contra toda forma de opresión, desigualdad, discriminación y racismo. 

            Formando parte de esta interrelación de normas se encuentra el convenio 169 de la OIT,  el que fue aprobado por ley Nº 24.071, promulgada el 7 de abril  de 1992, y  ratificado por nuestro país el 17 de abril de 2000 habiendose comunicado  a la OIT el 3 de julio de 2000.  Constituye la normativa internacional que regula los derechos de los pueblos indígenas.  Este convenio es un reclamo permanente de las comunidades y organizaciones aborígenes argentinas, el mismo establece que cada Estado Nacional que firme deberá reconocer y respetar la diversidad cultural y étnica de los pueblos indígenas que habitan su territorio, así como garantizar el cumplimiento de los siguientes derechos: propiedad comunitaria de las tierras que ocupan originariamente, acceso a la educación bilingüe intercultural, igualdad de condiciones de empleo y contratación, seguridad social y salud, entre otros.

            Su artículo 38 establece:

            l. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de descon la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de integridad.

            2.Esta acción deberá incluir medidas:

            a)que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igde los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

            b)que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.

            c)que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

            Es interesante el convenio 169 de la OIT, especialmente en lo que hace a los recursos naturales. En el art. 15 señala:

            “En caso de que pertenezcan al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derecho sobre otros recursos existentes en la tierra, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de estos pueblos serían perjudicados, y en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.

            Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten estas actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.”

            El primer avance legislativo de nuestro país, fue la ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, que consagra en su art. lº la participación del indígena con sus propias pautas culturales en la vida del país:

            “Declárase de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes”.    

            La ley 23.302 estableció dos puntos fundamentales:

            a)el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades indígenas radicadas en el país cuyos miembros fueran descendientes de pobladores que habitaran el territorio nacional antes de la etapa de la conquista y colonización; y

            b)la adjudicación de tierras en condiciones inembargables e inejecutables a las comunidades que no las poseyeran.

            Dispuso la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), órgano de aplicación de la ley, compuesto por un consejo de coordinación y un consejo asesor integrado por funcionarios del poder ejecutivo nacional y provincial y por representantes de las comunidades aborígenes.  El artículo 5º de la ley 23.302 establece que el mismo estará compuesto por:

            a)un representante del Ministerio del Interior.

            b)un representante del Ministerio de Economía

            c)un representante del Ministerio de Trabajo

            d)un representante del Ministerio de Educación y Justicia

            e)representante elegidos por las comunidades aborígenes cuyo número, requisitos y procedimiento electivo, determinará la reglamentación.

            f)un representante por cada una de las provincias que adhieran a la presente ley.    

            El INAI es responsable de la implementación del Registro Nacional de Comunidades, la elaboración e implementación de los planes de adjudicación de tierras y el asesoramiento de las comunidades en materia de promoción y desarrollo, mediante planes de educación, salud, vivienda y derechos previsionales.

            Al no implementarse el INAI hasta mediados de los años 90, fueron surgiendo organizaciones promotoras de la causa indígena, como ENDEPA, Equipo Nacional de Pastoral Aborígen, y la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en l992.  Paralelamente, la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA) y el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI) demandaron al Poder Ejecutivo Nacional por la creación del INAI, resuelto en 1992, año en el cual tras la participación de la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA) en las sesiones de la OIT en Ginebra que aprobaron el Convenio 169

            En el ámbito provincial, la primer constitución de Formosa fue dictada en 1957, y luego modificada en 1991 .  En su art. 79 dice:

            “La Provincia reconoce al aborigen su identidad étnica y cultural, siempre que con ello no se violen otros derechos reconocidos por esta Constitución; y asegura el respeto ,desarrollo social; cultural y económico de sus pueblos, así como su efectivo protagonismo en la toma de decisiones que se vinculen con su realidad en la vida provincial y nacional.         

            La primer ley sobre comunidades aborígenes fue promulgada en Formosa, y su elaboración tuvo un gran protagonismo indígena.

            En 1984 se crea una comisión conocida como “de los veintiuno”, siete representantes por cada una de las tres etnias aborígenes, (pilagá, toba y wichi) de la provincia.  Estos realizan una consulta a todas las comunidades de sus etnias, sobre la tierra, cultura educación, salud etc. Con la finalidad de insertar el pensamiento aborígen en una ley.

            Este proceso culmina con una gran movilización a la ciudad de Formosa para la presentación al Poder Legislativo del proyecto de Ley Integral Aborígen conjuntamente con el  Poder Ejecutivo.

            Esta ley se aprueba con el Nº 426 que otorga reconocimiento jurídico a las organizaciones aborígenes como asociaciones civiles, y con ella, la posibilidad de recuperar la tierra como “reparación histórica”.

 Este instrumento tiende a la preservación social y cultural de las comunidades aborígenes, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, mejoramiento de sus condiciones económicas, la efectiva participación en el desarrollo nacional y su acceso a un régimen jurídico que les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos.

            También está contemplado sus modos de organización y costumbres, el asentamiento de las comunidades, atendiendo en lo posible a la posesión actual o tradicional de las tierras.  Estas fracciones no podrán ser embargadas ni enajenadas, ni arrendadas a terceros sin la autorización de la Asamblea Comunitaria, su aprobación por el Instituto de Comunidades Aborígenes y ratificados por la legislatura provincial.       

            Con la ley 426, se crea el Instituto de Comunidades Aborígenes cuyas funciones son:  organización de las comunidades, incentivar el dictado de leyes específicas, acciones de amparo en áreas de salud, vivienda, trabajo, seguridad social y justicia, y promover su autogestión para que cada uno decida sobre su propio destino, rescatando la cultura aborígen.

            Su artículo 1º dice:  “Esta ley tiene por objeto la preservación social y cultural de las comunidades aborígenes, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones económicas, su efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional y provincial; y su acceso a un régimen jurídico que les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos”.

Formosa y la Legislación vigente

            Una vez presentado todo el derecho vigente, tanto Internacional, Nacional, como Provincial, mi intención es averiguar si la Provincia de Formosa adecuó su legislación a la Constitución Nacional (ref.1994), Tratados y convenios, y ley 23.302.

            La legislación provincial es concordante con el espíritu de la ley 23.302, a través de la ley Nº 426 de la Provincia de Formosa (Ley Integral del Aborígen), que reconoce la existencia legal de las comunidades aborígenes y le otorga personería (art.6). Esta provincia es considerada como la que dio el primer paso en Derecho de los Pueblos Indígenas, la ley 426 fue reglamentada por decreto Nº 574 de 1986.  Cuando uno realiza una lectura de la ley, en paralelo con el decreto reglamentario puede observar que  todo lo realmente importante no se encuentra reglamentado todavía, paso a detallar algunos de los arts. Más importantes :

            Art. lº-……y su acceso a un régimen jurídico que les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos.  El decreto 574 aún no lo reglamentó.

            Art. 5º-En los procesos en que los aborígenes sean parte, los jueces tendrán en cuenta sus usos y costumbres, ……. El beneficio de la duda favorecerá al aborígen……

No reglamentado.

            Art. 6º-El estado reconoce la existencia legal de las comunidades aborígenes y les otorgará personería jurídica conforme a las disposiciones específicas en la materia. Sin reglamentar.

            Art. 7º-El pedido de reconocimiento de la personería jurídica será presentado al instituto por los caciques y/o delegados de la comunidad con los siguientes datos: a)denominación de la comunidad…….. El art.7º reglamentó La denominación de la comunidad….( obviando totalmente todo lo concerniente al reconocimiento de la personería jurídica.

            Art. 8º-El instituto inscribirá el decreto que reconozca la personería jurídica de la comunidad aborígen en un libro que se llevará al efecto.  Sin reglamentar.

            Art. 11º-El asentamiento de las comunidades aborígenes atenderá en lo posible a la posesión actual o tradicional de las tierras….. Las comunidades que tienen título o Decretos históricos, nacionales o provinciales que estén vigentes sobre tierras que les fueron desposeídas, tendrán derecho a intentar la recuperación de las mismas…….

Sin reglamentar.

            Art. 12º-La adjudicación de tierras fiscales a las comunidades aborígenes será gratuita y en forma individual o comunitaria según el interés de cada grupo, la fracción no podrá ser embargada, arrendada a terceros ni comprometidos en garantía real de crédito alguno, en todo o en parte bajo pena de nulidad absoluta. La tierra que se les otorgue no podrá ser enajenada (art. 57, in fine, Constitución Provincial). 

El decreto reglamentó: El Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales adjudicará a las comunidades aborígenes que obtengan la personería jurídica, el dominio de las  tierras que posean mensura aprobada, en forma gratuita y sin exigencias……

En el Area Educación, se establece al igual que en el art. 75 inc 17 de la CN, la enseñanza bilingüe (castellano-lengua aborígen), los planes y contenidos pedagógicos conforme a la cosmovisión e historia aborígen, las becas estímulo para poder acceder a estudios secundario y terciario. La formación  de docentes aborígenes.

El decreto 574 lo único que detalla es: ..se conformará la Comisión Provincial de Educación Aborígen que se integrará con representantes del Ministerio de Cultura y Educación, Consejo General de Educación y el Instituto de Comunidades Aborígenes, uno por cada uno de ellos. El art. 75 inc 17 de la CN, ausente.

En el Area Jurídica, la ley establece que El Instituto arbitrará los medios para asistir al aborígen, brindandole en forma gratuita atención profesional en derecho en todas las circunscripciones, comprendiendo las instancias extrajudiciales o judiciales cuando el aborígen sea parte de un proceso.  El decreto reglamentó: La asistencia estará a cargo del Departamento Jurídico del Instituto de Comunidades aborígenes. 

La Constitución de Formosa

            La Constitución de la Provincia de Formosa fue reformada en 1991, esto abrió la posibilidad para que delegados de los pueblos Pilagá,toba y wichi presentasen una propuesta de reforma en materia aborígen con seis puntos básicos que incluían : la introducción en el preámbulo de la Constitución de Formosa  como una provincia multiétnica y pluricultural, la inclusión del Convenio 169 de la OIT y la reformulación del art. 79 .  No se respetó la propuesta original de los Pueblos Indígenas , era el producto de dos años de trabajo con talleres de capacitación en toda la provincia implementados a través del Convenio 169 aprobado por la Constitución Nacional.  Algunos de los puntos fundamentales  a ser incorporados en la reforma de la Constitución eran :

            l)Reconocimiento de la preexistencia no solo de los pueblos indígenas, sino de sus organizaciones e instituciones. 

            2)El otorgamiento de títulos en forma gratuita.

            3)Reconocimiento del Convenio 169 de la OIT, reconocido por el art. 75 de la Constitución Nacional.

            4)Verdadero derecho de participación en todos los niveles y prestar consentimiento en todo aquello que afecte a sus interéses.

            5)La personería jurídica de sus organizaciones y formas tradicionales de hacer política, económica y jurídica.

            6)La posesión, uso y propiedad no solo de las tierras que tradicionalmente ocupan, sino de otras tierras aptas para el desarrollo humano, los territorios y recursos naturales.

            Por mi parte pienso que el Convenio 169 de la OIT, que nuestro país ha adherido por ley 24071 del año 1992, debería haber sido traducido a los idiomas propios de cada pueblo indígena, para  poder comprender mejor el texto del Convenio, y saber cuales son sus derechos.        

Entrevista a don Andrés Madariaga (cacique Pilagá) <ir a la entrevista>>

Entrevista con las autoridades en el ámbito nacional

            Antes de entrevistar a Don Andrés Madariaga, fui tres veces al INAI, quería realizarles una entrevista a fin de poder llegar a comparar entre los pedidos y solicitudes del pueblo Pilagá, y el organismo que debe velar por el cumplimiento de la ley 23.302.

No obtuve mucha respuesta, todos dicen estar ocupados, y no tener tiempo para poder contestar unas simples preguntas. 

            No saben con que presupuesto cuentan, el organismo que debería velar por los intereses de los pueblos indígenas no se ha formado todavía, hoy el Consejo de Coordinación, que es el que debería estar integrado por representantes de distintas comunidades, solo repiten un eslogan sobre los proyectos de huertas, cultivos y artes que ellos tienen a su cargo, y cuando uno quiere averiguar algo más, entonces la respuesta es que hay que hablar con cada técnico en el tema.  Acto seguido todos están ocupados y no pueden perder dos segundos en gente, que está estudiando sobre el tema que debería ser su especialidad.           

Conclusión

El artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, es por fin el reconocimiento constitucional que merecían los pueblos indígenas argentinos, es una reivindicación muy merecida.

            El Congreso debe a la mayor brevedad conferirle operatividad, (si bien hay doctrinarios que sostienen que ya lo es).

            A  casi diez años de la sanción de la nueva Constitución, el olvido, la marginalidad, y la pobreza por la que atraviesa el pueblo Pilagá, entre otros, requiere en forma inmediata que no haya más demora y se cristalice el inc. 17 del art. 75. 

            Que se reconozca la preexistencia étnica y cultural, que la palabra garantizar se convierta en efectivo cumplimiento por parte del Estado Argentino en un verdadero respeto de su identidad cultural, una educación bilingüe, la restitución de tierras, asegurarles en la realidad, la participación en los recursos naturales que afectan sus territorios, y todo esto podrá recién llevarse a cabo, cuando exista una verdadera voluntad política que hoy parece abandonada por el gobierno Nacional, y sobre todo por gobiernos provinciales, que tienen más características de feudos que de democracia participativa.

            Para poder llegar a cumplir fielmente  el inciso 17 del art. 75, también es necesario, que los Institutos que llevan adelante una política de desarrollo, y promoción, como el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), el Ministerio de Educación, etc, permitan una debida representación de los pueblos indígenas en todas los asuntos que los relacionen.

            Espero que el Congreso de la Nación establezca en poco tiempo una legislación rápida y sencilla sin dependencia burocrática y que el art. 75. inc 17, no siga vulnerandose  por los gobiernos provinciales, porque mientras no lo haga está concediendo en forma inconsciente a las Legislaciones Provinciales, facultades extraordinarias (art. 29  CN).

Bibliografía

Bidart Campos Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino. 1994-
Martínez Sarasola Carlos Nuestros Paisanos Los Indios. Emece. 1993-
Constitución de la Nación Argentina.-
Diario Clarín Los Pueblos Indígenas-Los Pilagás. 2001-
Documentos facilitados por la Dra. T. Zamudio.
Convenio 169 de la OIT.
Ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes. 1984-
Decreto reglamentario Nº 155/89-
Ley de la Provincia de Formosa Nº 426 de 1984.-
Decreto reglamentario Nº 574/85.-
www.indigenas.bioetica.org
www.endepa.org.ar
www.aaba.org.ar
www.tierraycultura.com
www.paginadigital.org
www.prodiversitas.bioetica.org
www.medioambiente.gov.ar
www.alertanet.org
www.pueblosindigenas.net
www.geocities.com
www.pagina12.com.ar
www.madryn.com
www.laaventura.com.ar
www.lamaga.com.ar

 

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 Dra. Teodora ZAMUDIO