La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Identidad indígena

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación

Antes y después

 

Alumno: Mauricio Motille, DNI 28.070202

 

I. Introducción.

II. Los Estados.

III. Metodología.

IV. Primeros Contactos

A. Convenio 169 OIT.

B. Recomendación OIT – 104

C. Convenio sobre la diversidad biológica

V. Situaciones particulares.

 México.

 Venezuela.

 Argentina.

VI. Conclusión.

Bibliografía

 

I. Introducción.

Cuando comencé a elaborar la idea hoy corporizada en el presente trabajo de investigación, pretendí rever la historia constitucional de algunos países latinoamericanos a la luz de la dicotomía que tal vez con más frecuencia aparezca al realizar un estudio político o jurídico, me refiero a la distinción de corte entre los aspectos formales y materiales de un mismo objeto de conocimiento.

Entonces, siguiendo como directriz conceptual a la idea antes expresada, intentaré abordar el tema madre de la presente investigación; esto es, los derechos de los pueblos indígenas – en especial sobre sus territorios y conocimientos tradicionales- , para intentar conocer en qué medida se ha visto modificado su status jurídico a partir de que los distintos Estados que integran, los han reconocido o bien incluido en sus propios textos constitucionales.

También cabe agregar que el título de este trabajo denota un momento de corte en la vida de los Estados Nacionales dado por el hecho de las reformas constitucionales que han tenido lugar para permitir una mejor adecuación al nuevo modelo económico mundial, esto es el neoliberalismo, y a la vez para reestructurar la sociedad bajo una forma "pluricultural" o "multiétnica", de manera que se han visto integradas en un mismo modelo de país, dos realidades radicalmente distintas e históricamente antagónicas, a punto tal que el desarrollo y fortalecimiento de una de ellas, ha dependido del avasallamiento y debilitamiento de la otra. Es por ello que, en el desarrollo del presente trabajo se pretenderá ver si se encuentran dadas las condiciones para que una realidad antigua, conviva en paralelo con una realidad más moderna, para que de una vez y para siempre se abandone el modelo de la pretendida igualdad homogeneizadora, para dar paso a uno respetuoso de la diversidad.

II. Los Estados.

Decidí investigar el tratamiento de la cuestión indígena en tres países latinoamericanos con distintas perspectivas políticas, aunque debo admitir que en la elección fue gran determinante mi interés personal en ciertos aspectos:

México: Es realmente un país con tremendo acervo cultural autóctono, como consecuencia de la historia de los pueblos originarios que habitaron, y hoy habitan su territorio. Cabe recordar que el imperio Maya fue quizá uno de los más imponentes de toda América, y si bien puede decirse que resistió hasta casi un siglo después de la llegada del conquistador, también debe decirse que las luchas que hoy libran los pueblos indígenas de México son de las más trascendentes y resonantes, en especial por haberse constituido el movimiento aborigen en uno de los más importantes grupos de presión para los gobernantes de turno.

Venezuela: Tomo el caso venezolano por la atención que creo yo merece prestar una " Revolución siglo XXI", que a través de la reforma del Estado forjada a partir de una caudalosa reformulación constitucional, se ha hecho eco como nunca antes desde la creación del Estado Venezolano, de los derechos de los pueblos originarios, que se han visto favorecidos por un amplio capítulo de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que crea el marco jurídico para que de una vez y para siempre se salden las deudas que ese estado tiene con un importante número de integrantes de ese país.

Argentina: A partir del año 1994, Argentina incorporó como parte del proyecto nacional a aquellas poblaciones que originariamente han habitado los territorios donde luego de 1916 se comenzó a constituir definitivamente la república Dicha incorporación al texto constitucional generó y genera la obligación del Estado Argentino de responder a los pueblos indígenas con políticas que permitan su desarrollo como tales y como ciudadanos Argentinos, lo cual hoy por hoy no esta tan claro que suceda.

III. Metodología.

El trabajo se desarrolla desde una perspectiva de derecho constitucional comparado, a partir de un análisis histórico de las realidades de los distintos países.

El trabajo de campo consistió en la recolección de datos históricos y de actualidad, por medio de consultas bibliográficas, información periodística, y realización de entrevistas, de manera que todo el plexo informativo fue luego decantado a través de dos canales: la historia y el derecho, para atender a dos objetivos concretos. El primero, que he denominado "práctico", referido a conseguir elaborar posibles soluciones normativas para los problemas argentinos y la cuestión indígena –en especial en materia de tierras y conocimiento tradicional-; y el segundo o "filosófico", que consiste en demostrar como en virtud de la ecuación de poder, que Loewenstein definiría como " tensión permanente" entre los detentadores del poder y los destinatarios del mismo, se dispara legislación divorciada no sólo de la realidad histórica, sino también divorciada de los mandatos constitucionales vigentes.

IV. Primeros Contactos

Las relaciones entre la Corona de Castilla y los pueblos que habitaban el "nuevo continente", pueden subsumirse en dos etapas claves. La primera abarcaría el período 1492-1573, mientras que la segunda va desde 1573 hasta el nacimiento de los Estados Nacionales ya independientes.

Durante la primera etapa aparece como principal característica la política de dominación forzosa por parte de los conquistadores, basada íntegramente en el "requerimiento compulsivo" propio del derecho de guerra, lo cual generó la mayor cantidad de crímenes y violaciones en la historia de las relaciones entre estas dos culturas encontradas. Esta actitud belicista estaba dada básicamente por la ansiedad y el afán de los españoles por quebrar la voluntad de los pueblos originarios, y la férrea resistencia que éstos naturalmente oponían.

A partir del año 1573, con el nacimiento de las llamadas "Ordenanzas de Nuevos descubrimientos y Poblaciones" promulgadas por Felipe II, se comienza a aplicar una nueva política de pacificación que encuentra fundamento en la doctrina de la Escuela de Salamanca, cuyo principal cultor fue fray Francisco de Vitoria. Según esta nueva modalidad relacional, debía tratarse a los indígenas como a libres, reconociéndoles su condición comunitaria, lo cual permitiría la disolución del hecho militar, obteniendo como efecto deseado mediato la consolidación del vasallaje por opción libre de los mismos indios.

Como parte de este nuevo plan, que era directamente comandado por el derecho natural, se prohibía la ofensa bélica, quedando sólo legitimada tal modalidad frente al ataque de los naturales; nace así la categoría de "guerra justa", la cual debía reunir las siguientes curiosas condiciones: Ser declarada por autoridad legítima; responder a causa bastante; llevar buena intención y modo conveniente. Todo ello permitía comenzar a distinguir entre pueblos que nunca habían sido sometidos, los cuales gozaban del derecho a la autodeterminación –falso en tanto era inducido por las políticas de seducción -, y los pueblos ya sometidos, pero aún rebeldes, quienes eran castigados por ser considerados vasallos infieles.

Independientemente de estas características puntuales, lo cierto es que en esta etapa se lograron un gran número de acuerdos, que en rigor de verdad no eran sino auténticos tratados hispano- indígenas, que regulaban una situación fáctica en la cual confluían derechos e intereses de dos civilizaciones, y que según algunos autores, aún tendrían relevancia jurídica.

Esta segunda etapa encontraría su quiebre definitivo con la creación de los Estados Nacionales en el siglo XIX, ya que aquí se abandonó definitivamente la vía del consentimiento, para dar lugar al nacimiento –inducido- de la "identidad nacional única y homogénea".

III. Normativa internacional aplicable a México, Venezuela, y Argentina.

A. Convenio 169 OIT.

Artículo 2 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2. Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

B. Recomendación OIT – 104

II. Tierras Se deberían adoptar medidas legislativas o administrativas para reglamentar las condiciones de hecho o de derecho, en que las poblaciones en cuestión utilizan la tierra. 3.1) Se debería garantizar a las poblaciones en cuestión una reserva de tierras adecuada a las necesidades del cultivo trashumante, mientras no se pueda introducir un mejor sistema de cultivo. 4. Respecto a la propiedad de las riquezas del subsuelo o del derecho prioritario a su explotación, las poblaciones en cuestión deberían gozar del mismo trato que los otros miembros de la colectividad nacional. 5.1) .2). Se deberían tomar medidas para asegurar que los propietarios perciban rentas equitativas. Las rentas de tierras de propiedad colectiva deberían utilizarse en beneficio de la comunidad propietaria, de acuerdo con una legislación adecuada. ... Se deberían establecer sistemas de crédito cooperativo y se deberían conceder a dichos campesinos préstamos a bajo interés, ayuda técnica y, cuando fuere adecuado, subsidios, a fin de que puedan explotar convenientemente sus tierras.

C. Convenio sobre la diversidad biológica: Río de Janeiro (5-6-1992).

Artículo 8. Conservación in situ. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: j ) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.

V. Situaciones particulares.

· México.

Según información disponible, hace casi 30.000 años que el hombre habita el territorio donde hoy se levanta el estado de México. En un principio, los antiguos pobladores cazaban y recolectaban productos silvestres, hasta que ya 7.000 años antes de nuestra era, la gran fauna desapareció por catástrofes climáticas, y por ello fue que comenzaron a cultivar y domesticar distintas especies de plantas, lo cual determinó el surgimiento de la agricultura, iniciándose así un proceso de sedentarización que tendría su fase final de consolidación entre 2000 y 1500 años antes de nuestra era.

Una vez dadas las condiciones antedichas, puede decirse que ocurre el auge de la cultura Olmeca , dueña de las primeras inscripciones, del calendario, y de majestuosas esculturas, la cual como cultura madre, comienza a influir hacia diversos rumbos. Al norte de Veracruz, la cultura Remojadas – luego Totonacas -; en Oaxaca, la cultura Zapoteca; y en Yucatán, la cultura Maya.

Todas como expresiones de una misma civilización, arrojan como dato fáctico, que las distintas culturas que hoy existen en el estado de México, son continuidad de aquellas que existieron en el pasado pre-colonial, y es por ello que al reconocerse en orígenes comunes, mantienen una unidad básica en la diversidad.

El surgimiento de México como estado independiente en 1821, no produjo ningún proyecto que –en las palabras de Bonfil Batalla- se aparte del modelo occidentalista. El único modelo que en algún momento tuvo la posibilidad de constituirse como proyecto nacional alternativo fue el de Emiliano Zapata, quien propugnó la defensa de los pueblos aborígenes, la reforma agraria y su no renuncia a las formas de reales de vida forjadas a través de los siglos, todo lo cual otorga al movimiento zapatista un lugar especial dentro de las corrientes que gestaron la revolución mexicana, a pesar de que sus lineamientos no hayan sido los determinantes a la hora de sancionar la constitución mexicana de 1917 hasta hoy vigente.

En síntesis, pesar de que la nación mexicana ha tenido desde su fundación una composición pluriétnica y pluricultural, sus constituciones no han reflejado esta realidad. Borrar lo indio o hacerlo mexicano obligándolo a abandonar su identidad, ha sido una obsesión de las clases dirigentes desde la Constitución de 1824, y aunque la Constitución de 1917 reconoció la existencia de sujetos colectivos y derechos sociales, no significó una modificación del status jurídico de los pueblos. Esta carencia de reconocimiento jurídico y las políticas integracionistas seguidas por los gobiernos de la Revolución no acabaron con los indígenas aunque como es ya conocido, el ideal homogeneizador provocó su exclusión, discriminación, marginación, opresión y explotación por parte del resto de la sociedad mexicana.  "Las etnias fueron condenadas a la disyuntiva de desaparecer como tales o vivir en la simulación y el engaño".

Los pueblos indígenas que actualmente habitan en territorio mexicano son: Amuzgos de Oaxaca, Coras, Chatinos, Chchimecas, Chinantecos, Chochos,Choles,Chontales (en altos de Oaxaca), Chontales de Tabasco, Guarijios, Huastecos de San Luis Potosí, Huastecos de Veracruz, Huaves, Huicholes, Kikapúes, Lacandones, Mames, Matlatzincas, Mayas, Mayos, Mazahuas, Mazatecos, Mexicaneros, Mixes, Mixtecos, Mochós, Nahuas de Guerrero, Nahuas (huasteca veracruzana), Nahuas de Milpa alta, Nahuas de Morelos, Nahuas (de sierra norte- Puebla), Otomíes del estado de México, Otomíes del Valle del Mezquital, Pames de Querétaro, Pames de San Luis Potosí, Pápagos, Pimas, Popolucas, Purépechas, Seris, Tarahumaras, Tepehuanes del norte

Tapahuanes del Sur, Tlapanecos,Tojolabales,Totonacas,Triquis, Tzlotziles y Tzeltales, Yaquis, Zapotecos (del istmo tehuantepec), Zapotecos ( de Sierra Norte- Oaxaca), Zapotecos (de Valles centrales), y Zoques de Chiapas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el año 1995, actualmente señala: Artículo 4o. Párrafo primero. "La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley" (...) Artículo 27 (...) "VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarios para elevar el nivel de vida de sus pobladores. La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela.

Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras, y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al cinco por ciento del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV.

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria".

En el año 1992 se produjo la reforma del artículo 4to. de la Constitución mexicana que estableció, por primera vez, una referencia a la existencia de los pueblos originarios, reconociendo sus derechos culturales, pero sin señalar los principios, relaciones e instituciones donde esos derechos debían materializarse, y relegando a leyes secundarias -inexistentes en muchos casos- su aplicación. Lo cierto es que la nueva redacción del art. constitucional no contempló las demandas sustanciales de los pueblos: autonomía como ejercicio de la libre determinación., sin embargo es importante señalar como dato histórico que de las más de 400 modificaciones que han transformado las dos terceras partes del articulado de la Constitución de 1917, nunca se plasmó un debate como el actual en torno a los derechos y la cultura indígenas. 

También se produjo la reforma del artículo 27 de la Constitución, relativa a un nuevo régimen agrario, y fue seguida por la promulgación de dos ordenamientos legales en dicha materia: la Ley Agraria y la Ley Orgánica de Tribunales Agrarios . Mediante la primera ley se creó la Procuraduría Agraria como organismo público descentralizado, y se dispuso la transformación del Registro Nacional Agrario (RAN) en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Reforma Agraria (SRA). Por medio de la segunda ley se crearon los Tribunales Agrarios, órganos federales dotados de jurisdicción y autonomía para dictar fallos en materia agraria a nivel nacional. La Ley Agraria fue reformada mediante Decreto de 9 de julio de 1993, fecha en que se publican también las reformas a la Ley Orgánica de Tribunales Agrarios. Las referencias que la Ley Agraria hace sobre los indígenas y sus tierras son limitadas. En su artículo 106 dispone que las tierras de los grupos indígenas deben ser protegidas en los términos del artículo cuarto y del segundo párrafo de la fracción VII del artículo 27 constitucional; y en su artículo 164 dispone que en los juicios que involucren a tierras de los grupos indígenas, los tribunales deberán considerar sus usos y costumbres mientras no contravengan lo dispuesto en la ley ni se afecten derechos de terceros. Dado que las tierras indígenas en México se encuentran reconocidas por la legislación agraria como ejidos y comunidades, conviene entonces analizar las implicancias que las múltiples y complejas transformaciones jurídicas introducidas a contar de 1992 tienen para estos núcleos agrarios. Entre las principales implicancias que las reformas jurídicas en análisis tiene para estos núcleos agrarios así como para quienes los integran, cabe destacar: a) El reconocimiento de la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales b) Autonomía de la vida interna de los ejidos y comunidades c) Reconocimiento de los sujetos de derecho agrario. d) Seguridad de las tres formas de propiedad rural (ejidal, comunal, y pequeña propiedad individual) reconocidas en el artículo 27 constitucional. De acuerdo a la Ley Agraria la propiedad ejidal se divide por su destino en tierras de uso común, tierras parceladas y tierras para el asentamiento humano.

Las críticas a que dio origen la normativa constitucional y legal agraria antes referida han sido múltiples. Sectores campesinos e indígenas cuestionaron, en primer lugar, el término del reparto agrario que venía siendo impulsado desde la época de la revolución mexicana, argumentando que no era efectivo. Se cuestionó además la intencionalidad del gobierno al promover la reforma. Así, mientras los representantes de gobierno argumentaban que esta obedecía a la necesidad de capitalizar el agro deprimido, reconocer y regularizar la práctica de la individualización de la propiedad que en los hechos venía verificándose al interior del ejido y de la comunidad, así como de resolver la situación producida por la expansión o crecimiento de los centros urbanos al interior de estos núcleos agrarios, los detractores de la reforma han sostenido que la liberalización del mercado de tierras habría respondido a una exigencia del Tratado de Libre Comercio más que a una necesidad real del agro mexicano. La reforma además, ha sido considerada como atentatoria a los derechos reconocidos a los indígenas en la propia Constitución federal y en el Convenio 169. A juicio de Franco, la privatización y enajenación de las tierras ejidales y comunales –muchas de las cuales están en poder de grupos indígenas– sería contradictoria con el artículo cuarto de la Constitución por cuanto debilita la protección a las tierras en manos de los pueblos indígenas, y podría significar una amenaza a sus "formas específicas de organización social." Ella, además, sería contraria al Convenio 169 de la OIT ratificado por México en 1991, el que, vela por la protección de las tierras y de los recursos naturales indígenas. Entre las negativas más resonantes se destacan el término del régimen ejidal y la asignación de tierras en dominio pleno; la autorización que se otorga al ejidatario para transferir sus derechos de uso o usufructo sobre su parcela prácticamente sin limitaciones; la facultad que se otorga a los ejidatarios para transmitir el dominio de las tierras de uso común, –generalmente bosques, selvas, etc. – a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios, con los consecuentes riesgos de perdida de dichas tierras; la insuficiente protección que se otorga a las tierras de los asentamientos humanos ,los que son declarados propiedad plena de sus titulares, previéndose que estos últimos, en sitios de interés histórico o turístico, pasen a futuro a manos de terceros no campesinos; la facilitación de los contratos o convenios de cesión de tierras de uso común a terceros; la asimilación de las tierras de las comunidades (comunales) a las de las tierras de uso común de los ejidos, las que como dispone la ley, pueden aportarse a una sociedad o cederse en su uso y disfrute.

Desde una perspectiva ya más política, cabe señalar que en Enero de 1994 entró en vigencia para México el Tratado de Libre Comercio por medio del cual se estrecharon las relaciones con los Estados Unidos, posibilitando el acceso al gran mercado que prometía,- según los propios dirigentes mexicanos- todas las bondades del mundo moderno y próspero.

Mientras tanto, en ese mismo instante, desde el estado de Chiapas, al sudeste del país, se encolumnaron miles de indígenas que marcharon hacia el DF. para hacer sentir su voz y su oposición radical al acuerdo, en virtud de entender que de llevarse a cabo, significaría el sometimiento irremediable de los pueblos al hambre y la muerte como tales.

Resultado de esa movilización multitudinaria e histórica fue el llamado "Acuerdo de San Andrés", entre el gobierno mexicano y el movimiento zapatista como cara de los campesinos e indígenas que desde ese momento puso la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas sobre el tapete del debate político mexicano, aunque claro esta, como lo expresara el propio subcomandante Marcos, " ...el movimiento zapatista es mucho más que la lucha por los derechos indígenas, y ésta es la razón por la cual el movimiento indígena tampoco se agota en la lucha zapatista".

Del Acuerdo de San Andrés surgió la iniciativa de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas, elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación. La llamada "Ley Cocopa" fue elaborada en diciembre de 1996 por los legisladores pertenecientes a los 4 partidos políticos más importantes: el PRI, el PAN, el PRD y el PT. Esta iniciativa retomó lo más importante de los primeros Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno y el EZLN en febrero de 1996: reconoció el derecho a la autonomía incluyente de los pueblos indígenas -es decir, que se reconoce su diferencia pero siguen siendo mexicanos- sin romper la unidad nacional, respetando los derechos humanos. También señaló que los pueblos indígenas deben ser tomados en cuenta en al toma de decisiones que los afecten, que se debe respetar y promover su cultura, que se debe garantizar que su voz sea escuchada y atendida, y que tienen derecho a tener representaciones en el Congreso de la Unión y en los Congreso de los estados. Nótese que me estoy refiriendo en verbo pretérito. Asi es, luego de un intenso debate a nivel nacional, el Congreso de la Unión aprobó la reforma, y luego pasó el debate a las legislaturas locales, ya que la ley mexicana establece que para que una reforma constitucional entre en vigor, se requiere de la aprobación de al menos 16 legislaturas locales, pero fue en ese momento que la atención del mundo y en particular de las autoridades mexicanas se desvió hacia Estados Unidos, esta vez en virtud de el derrumbe de las torres gemelas de Nueva York, y así los derechos de los pueblos indígenas quedaron nuevamente relegados del debate nacional. Lo cierto es que los grupos de poder en el Senado de la república, en una alianza entre el Partido Acción Nacional, y el Partido Revolucionario Institucional no cedieron en su negativa de aprobar la reforma, y el 26 de Abril de 2001, el Congreso aprobó una ley sobre derechos y cultura indígenas que ignoró la propuesta de la COCOPA y que minimizó los alcances de los derechos indígenas.Según el manifiesto zapatista que rechaza la reforma, la misma "traiciona los acuerdos de San Andrés en lo general, y en lo particular, la llamada "ley cocopa", en sus puntos fundamentales: autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujeto de derecho público, tierras y territorio, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades y derecho de asociación regional, entre otros, (...) revelando el divorcio total entre la clase política y las demandas populares".

La reforma acotada fue aprobada por 19 legislaturas locales –pero rechazada de plano en estados como Oaxaca, Guerrero, o Chiapas, donde la población indígena es mayoritaria- y promulgada por decreto del Poder Ejecutivo, reformándose así los arts.1,2,4,18, y 115 de la Constitución mexicana, aún cuando todavía no se conocía el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia sobre las demandas de inconstitucionalidad de dicha ley por suprimir derechos que algunos pueblos ya habían obtenido a nivel estatal, y por contrariar abiertamente el Convenio 169 de la OIT, que es ley constitucional en México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se declaró incompetente para analizar el contenido de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena, aprobada por el Congreso de la Unión. Por tanto, se consideró jurídicamente válida dicha reforma, tanto en su procedimiento como en su contenido, desechando las más de 300 impugnaciones contra las reformas constitucionales interpuestas.

Parece evidente que la contracara de este atropello jurídico contra los pueblos originarios tiene su razón de ser en los megaproyectos económicos que impulsa actualmente la administración de mexicana – Plan Puebla Panamá, el "Corredor mesoamericano", entre otros- para los cuales el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a su territorio, libre determinación, y autonomía constituyen una "piedra en el zapato". Las organizaciones indígenas se sienten amenazadas frente al capital extranjero, sobre todo por el contexto de desprotección jurídica de sus territorios como resultado de la reforma aprobada, según sus expresiones "...est(os) proyecto(s) tiene(n) en sus ejes crear una infraestructura se servicios para la exportación de bienes, la explotación de (sus) recursos naturales, (de) la biodiversidad, y de la mano de obra de (los) pueblos..."

La política actual esta signada por fuertes recortes para el desarrollo social incluso e incluso de fuertes "ilusiones jurídicas", como la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que promueve la desaparición del Instituto Nacional Indigenista, como corolario de los fuertes recortes presupuestarios sufridos durante los años 2001 y 2002, pasando sus funciones a una Comisión que lleva el mismo nombre que la ley, aunque según los medios mexicanos, más de 70 organizaciones indígenas, académicos y políticos calificaron la ley como una "simulación del presidente Vicente Fox para lograr aplausos anticipados". Rechazaron dicha ley por considerar que viola los Acuerdos de San Andrés y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Señalaron que la ley es un ejemplo de que el presidente Fox no reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país, tal como lo afirma en su discurso.

Según información facilitada por el Servicio Profesional de Apoyo al Desarrollo Indígena de México, el problema de la migración interna es un tema muy importante entre los grandes productos de la política ineficaz de los gobiernos. Efectivamente, a las siguientes preguntas formuladas se respondió:

1- ¿Cuales son los criterios de reconocimiento de la existencia de una comunidad indígena ( quien es indígena y quien no) ?

Existen varios criterios, tanto a nivel académico como sociopolítico. No

hay una respuesta única y precisa y la pregunta daría para toda una

discusión teórica. Sin embargo, lo que sabemos que se maneja más

comunmente es:

a. Se considera indígenas a los que hablan alguna lengua indígena

b. Son indígenas aquellos que se consideran a sí mismos como tales.

2-¿Qué sucede con los impuestos a las tierras que las comunidades ocupan?

No tenemos información a la mano al respecto.

3- ¿Se da el fenómeno de migración interna (desde el ámbito rural al urbano)?

en todas partes se da esa migración.

4- ¿Cuales son las principales causas de ese fenómeno?

La marginación en que se encuentran las comunidades indígenas, que hacen

necesario salir en busca de oportunidades de subsistencia. la falta de

tierras y de fuentes de empleo. en algunas partes hay otras causas como

la violencia, (en colombia por ejemplo) o el desplazamiento forzado por

expropiación de tierras (en casos de construcciones de represas, por

ejemplo)

5- ¿Qué actividades realizan quienes migran a las ciudades?

Generalmente se encuentran en la economía informal: comercio ambulante,

trabajo doméstico, etc. sin embargo también hay quienes trabajan en algún

oficio: albañiles, plomeros, etc.

Hay algunos casos, muy pocos en que los indígenas logran estudiar alguna

carrera profesional y emplearse en su campo.

Estas respuestas, aportan datos concretos, para confirmar la hipótesis de que quienes están formalmente legitimados en el poder, no responden frente a las demandas de 15.000.000 de mexicanos que lejos de poder ser considerados como minorías, son mexicanos, pero antes de ello son también pobladores originarios del territorio mexicano, que luchan por entrar en un nuevo milenio con vientos de cambio favorables a una nueva forma de coexistencia respetuosa de la diversidad, pero por ahora, según el panorama que se divisa, parece ser que como genialmente lo idealizó Bonfil Batalla, en México coexisten dos civilizaciones: la mesoamericana o el "México profundo", y la occidental, o el "México imaginario", siendo el segundo excluyente y negador del primero, lo cual puede traducirse en coincidencias entre poder y civilización occidental en un polo, y sujeción y civilización mesoamericana, en el otro, producto de una sociedad de origen colonial a la postre descolonizada de manera incompleta, ya que se obtuvo independencia de España, pero no se eliminó la estructura colonial interna, que no da cabida a la realidad del México "profundo", que sólo es contemplado como símbolo de atraso y obstáculo a vencer.

· Venezuela.

Venezuela ha realizado el último censo poblacional, en el año 2001, este será nuestro marco de referencia. La población indígena venezolana para el año 2001, asciende a 536.863 habitantes, correspondiendo el 2,3% a esta población, de un total de 23.052.559 venezolanos. La división político-territorial venezolana, esta conformada por 23 entidades federales, de las cuales en 8 de ellas, se distribuyen 28 grupos étnicos, pertenecientes a cinco familias lingüísticas: ARAWACK, CARIBES, CHIBCHAS, SALIVA Y otras clasificadas como lenguas independientes. Los Estados fronterizos con presencia autóctona son: Amazonas, Apure, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre Y Estado Zulia, además de la zona que está actualmente en reclamación, con la República Federativa de Guyana, en la cual se ubican seis grupos étnicos. Los grupos étnicos venezolanos, de acuerdo al número de población, son: Wayuú; Warao; Pemon; añu; Yanomami/Saima/Sanema; Piraoa/Mako; Panare/ Eñepa Curripaco; Mapoyo; Baniva; Piaoco; Bare; Akawaio/Asawaio; Baniva; Pume/ Yaruro; Yabarana; Yeral; Puinave; Guajiro/ Kuiva; Yoti; Kariña; Bari; Uruak. A partir del año 1999, al aprobarse la Constitución Bolivariana de Venezuela, la situación jurídica de los pueblos indígenas de Venezuela mejoró notablemente. El reconocimiento de su existencia como pueblos, y sus derechos ancestrales, ha obligado a los distintos órganos del poder político a tener en cuenta la presencia indígena a través de sus representantes y organizaciones. Actualmente el movimiento tiene representación en distintos instancias del poder público, y tanto es así, que la vicepresidencia de la Asamblea Nacional es una diputada indígena Wayyú. Como lo expresa Domingo Sánchez P., en su trabajo "Una nueva realidad para los indígenas de Venezuela": "...Con la adopción de la nueva Constitución de 1999, se restablece la justicia, violada sistemáticamente, no solo después del descubrimiento con los procedimientos de la sociedad dominante durante  la conquista subsiguiente, sino que luego de haber sido independizada la República del yugo colonial español,  cuando violando la primera Constitución de 1811, los nuevos dueños de la República, se las arreglaron para apropiarse de cuanta tierra disponible y útil había, desconociendo de paso todo derecho de los aborígenes venezolanos a vivir en sus propios hábitats, a mantener sus inveteradas costumbres y su cultura, arrinconándolos y desconociéndoles todos sus derechos."Creo de importancia transcribir los arts. más significativos de la nueva constitución venezolana: Preámbulo: El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República..., multiétnica y pluricultural,...decreta la siguiente CONSTITUCIÓN. Artículo 9: "El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República, por constituir patrimonio cultural de la Nación y de la Humanidad." Artículo 119: "Constituyéndose en el eje transversal de los derechos consagrados a los pueblos indígenas, establece: "El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponde al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en laley." Articulo 120: "El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a esta Constitución y a la ley." Artículo 121: "Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones". Artículo 122: "Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos." Artículo 123: "Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen derecho a servicios de formación y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indígenas el goce de los derechos que confiere la legislación laboral." Artículo 124: "Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales".
Artículo 125: "Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena, conforme a la ley."
Artículo 126: "Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible....
"El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional." Artículo 156: "Es de la competencia nacional del Poder Público: (...)
Aparte 32: La legislación en materia de deberes y garantías constitucionales, la de Pueblos Indígenas y territorios ocupados por ellos." Artículo 166: "En cada Estado se creará un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas, presidido por el Gobernador o Gobernadora e integrado por los Alcaldes o Alcaldesas, los directores o directoras estadales de los ministerios; y una representación de las comunidades organizadas, incluyendo las indígenas... Artículo 181: Al identificar y establecer los Terrenos, Ejidos, dispone que..."Quedarán exceptuadas las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas". Artículo 186: En cuanto a la Asamblea Nacional, establece: "Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres.
Cada diputado o diputada tendrá un suplente, escogido o escogida en el mismo proceso". Artículo 260: "Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional". Durante el año 2001, se entregó a la Asamblea Nacional el anteproyecto de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas con la finalidad de desarrollar las normas constitucionales y el Convenio 169 de la OIT. En ese texto se desarrollan aspectos tales como el hábitat y tierras de los pueblos, su cultura, idioma, economía, propiedad intelectual colectiva, participación política y ciudadana, régimen de educación intercultural bilingüe, salud y medicina tradicional, jurisdicción, y además se prevé la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como un órgano autónomo dentro del estado, que les permita controlar y decidir sus propias prioridades de desarrollo. También durante ese mismo año se dieron pasos importantes para la realización del proceso nacional de demarcación de hábitat y tierras, a raíz de la aprobación de la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. En esta norma se regula por primera vez en Venezuela el derecho de los indígenas a la propiedad colectiva de sus tierras. Para darle operatividad, el presidente de la República decretó la creación de la Comisión Nacional de Demarcación. Esta Comisión, funciona a nivel nacional, pero conjuntamente con ella operan a nivel estatal las Comisiones Regionales, y a nivel local, las Comisiones Locales. Por último cabe agregar que la ley reconocerá demarcaciones ya realizadas por los pueblos o comunidades, como efectivamente sucede en los estados de Amazonas y Bolívar, donde las etnias Piroa y Yekuana llevan adelantados procesos de demarcación por sí. Otro campo regulado por el gobierno de las Revolución, muestra que también durante el año 2001, avanzó la "Ley de Educación de los Pueblos Indígenas y Uso de sus Idiomas". Con ella se intenta desbaratar el sistema imperante desde hace 22 años en esta materia –Régimen de educación interculutural bilingüe- que trata los valores y conocimientos de los pueblos, pero desde una perspectiva occidentalista que privilegia el aprendizaje en el marco de la escuela. Según la nueva normativa, se define la educación tradicional como "los sistemas de crianza y socialización propios de cada pueblo, mediante los cuales se transmiten y recrean elementos culturales". En este marco, se publicaron Guías Pedagógicas Pemón y Yecuna, especialmente diseñadas para docentes como un primer paso para la reforma total del plan de estudios, coordinado por la Dirección de Asuntos Indígenas, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y el patrocinio de UNICEF. En materia de propiedad intelectual, según la información obtenida, la Organización de las Comunidades indígenas del Amazonas, han presentado ante el servicio autónomo de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Producción y Comercio, un proyecto para asegurar el respeto, y la valoración de los conocimientos tradicionales relacionados con la biodiversidad, recursos genéticos, e innovaciones tecnológicas. En el, se establece un mecanismo de consulta, para obtener permisos por parte de las instituciones científicas interesadas en investigar en el área, las que deberán estar debidamente representadas en el ámbito nacional, por los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Educación y Deportes, Defensoría del pueblo y Consejo Nacional Indio; a nivel estatal, Por las diversas organizaciones indígenas estatales, y Consejos Regionales de Ciencia y Tecnologías; y a nivel local, deberán ser legítimamente reconocidas por las Asambleas Generales Comunitarias, las cuales parecen representar la instancia más válida para denegar o aprobar el acceso de la "ciencia dura". Entre las principales normas de aplicación en Venezuela que verdaderamente reflejan al menos un nuevo marco para el desarrollo de una nueva relación de fuerzas, y que realmente llamaron mi atención se encuentran la Constitución Bolivariana de Venezuela  de 1999 –traducida actualmente a varias lenguas indígenas- ; el Derecho consuetudinario indígena; el Decreto 1795 de uso obligatorio, oral y escrito de idiomas autóctonos en todas las modalidades del sistema de enseñanza nacional, en los colegios públicos y privados, de zonas rurales y urbanas donde habiten pueblos indígenas, así como en los textos escolares; Decreto 1796, de creación del Consejo nacional de Educación , Cultura e Idiomas indígenas, a fin de coordinar el accionar de las instituciones de acuerdo al programa educativo indígena; Decreto 2028, de conmemoración del 12 de Octubre de cada año como el día de la "resistencia Indígena". Graves problemas, son los que representa en Venezuela el desplazamiento territorial de algunos grupos indígenas, como resultado de las políticas neoliberales de las últimas décadas. La grave situación de pueblos como los Warao, ha provocado su migración a zonas urbanas, como consecuencia de la indiscriminada extracción de recursos naturales, que los ha obligado a vivir en precarias condiciones de vida. Otros pueblos afectados son los Yukpa y Bari, quienes a partir de la detención de algunos de sus miembros por la guerrilla colombiana –ya que son pueblos de frontera- han comenzado un desplazamiento como consecuencia de la ausencia de políticas de seguridad en esa zona de conflicto. Además, estos pueblos han sido acosados por los ganaderos de la zona, quienes se han apropiado de los mejores terrenos para la siembra, produciendo el "arrinconamiento" de los indígenas contra la loma de las sierras, en donde se sufre la escasez de agua, debido a la sequía de los manantiales. Este problema, llamado de "sicariato", preocupa seriamente a las autoridades Venezolanas, ya que se producen las mayores violaciones a los derechos humanos por esta modalidad, adoptada por los ganaderos, que rehúsan acatar el nuevo estado de cosas vigente en este país, y es por ello que actúan indirectamente a través de "sicarios", o "matones", contra los indígenas desplazándolos de sus propios territorios. La última información al respecto que pude recabar, nos dice que la Comisión Permanente de Pueblos y Comunidades Indígenas, elaboró un informe sobre estas situaciones solicitándose la declaración e emergencia en estas zonas. No se obtuvo información acerca del estado de cosas actual sobre el punto en Venezuela. Como dato fáctico no menor agrego que a la fecha de realización del presente trabajo, se realiza en Caracas el Encuentro Continental de Resistencia Indígena-Campesina, que cuenta con la participación de delegaciones de 50 países provenientes de Centro y Suramérica, Asia, África y Europa. Entre los objetivos de este evento, se encuentra como principal el de establecer una política de lazos fraternales entre todos los pueblos indígenas y campesinos del mundo, para crear un gran frente continental de ideas y propuestas para enfrentar al neo-liberalismo y al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), como fase superior del imperialismo. Vemos entonces, que hoy por hoy, el debate entre los pueblos del Caribe y de Mesoamérica, tiene su piedra angular en la crítica y el rechazo de todo intento de implantación de áreas de libre comercio en los países latinoamericanos, reflejándose así el nivel de conciencia de los sectores más desposeídos acerca de los efectos que ese tipo de políticas podrían tener, sobre los logros jurídicos que se han obtenido en los últimos años.
De esta manera, se hace evidente que la construcción jurídica actual, que se sigue intentando en Venezuela, requiere de algo más de tiempo para "hacerse carne" en la totalidad de las instituciones nacionales, estatales y municipales, como así también –y tal vez esto sea lo más difícil- en la conciencia del resto de la población venezolana, para poder comprender la necesidad de adecuar sus conductas y sus pasares al respeto debido a las formas ancestrales de la vida.

· Argentina.

En Argentina, los pueblos indígenas fueron incorporados al Estado con sometimiento de su parte al occidentalismo presente en el "pensamiento fundador", lo que determinó, entre otras cosas, que debieran convertirse en "cristianos y obreros", produciéndose así, el efecto devastador de sus culturas. Muestra suficiente de ello es el afortunadamente antiguo artículo 64 inciso 15 de la Constitución Nacional de 1853, que disponía como atribuciones de Congreso:… "Proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios, y promover a la conversión de ellos al catolicismo…", lo cual se daba realmente de patadas con otro artículo de la parte "dogmática"dell mismo texto constitucional, me refiero al artículo 14 que garantizaba la libertad de cultos en el país. Todas estas citas del proyecto de Alberdi, parecen ser las "bases" de las posteriores campañas al desierto y al Chaco, que bajo el lema "gobernar es poblar" (el desierto) dejaban ver sin timidez la política que definiría el rumbo de Argentina, por varios años, siempre sostenida, en perjuicio de los pueblos indígenas. Es una obviedad recordar que este país -como en mayor o menor medida todos los países de América- se edificó sobre la sangre de los indígenas. Y que lo que ellos tardaron cinco siglos en que se les reconociera -sus tierras y derechos- es mucho menos de lo que gozaban antes de ser invadidos.
Desde antes que Roca venciera en Choele Choel, algunos pueblos ya habían comenzado a reclamar por sus tierras. Y en 1946, medio país vio pasar el Malón de la Paz: Quechuas que bajaban desde el noroeste porque "Dios atiende en Buenos Aires" para pedir que se los tuviera en cuenta. Sin embargo, podría decirse sin temor a equívocos, que es recién a partir de 1990, que comienza a tomar fuerza la cuestión de los pueblos indígenas, no ya desde una perspectiva asimiladora, sino de reconocimiento en la diversidad, con la reforma de la Constitución del año 1994; la suscripción y ratificación del Convenio 169 de lo OIT; y el depósito de los instrumentos de su ratificación en Naciones Unidas. Claro que estos cambios coinciden con el impulso que en el ámbito internacional recibe la cuestión de los pueblos originarios, sea a través de organismos como la ONU, donde se ha comenzado a reunir a partir del año 2002 el Foro Permanente para los Pueblos Indígenas del Mundo, lo cual ha permitido que los pueblos indígenas comiencen a manifestarse y asumir compromisos desde su posición. En 1985, se sancionó la ley nacional 23.302, la cual creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entidad descentralizada que actúa como organismo de aplicación de la política indigenista del Estado. Las leyes provinciales, por su parte, crearon organismos semejantes. Todas introducen una serie de medidas positivas tendientes a la "preservación, mejoramiento, promoción, respeto, desarrollo, y participación" de los ciudadanos indígenas. A continuación se reproduce un cuadro comparativo entre la Costitución y la ley:

 

Constitución Nacional - 1994 

Ley 23.302 - 1985 

Observaciones

Sujeto

Pueblos Indígenas

-Comunidades indígenas

-Individuos indígenas

La comprensión del término comunidad ha sido intuitiva y no reconoce una definición jurídica propia: se ha apoyado en la figura de la asociación sin fines de lucro y sido caracterizada –en algunos casos- por relaciones de familia entre sus miembros, en estos casos la comunidad (o agrupación) no incluye a miembros no familiares en la toma de decisiones y en la participación en los beneficios.

objeto

Identidad (cultural)

Tierras

Recursos naturales

Otros intereses (Conocimientos tradicionales de valor comercial)

art. 7° Tierras (otros: salud – educación - economía)

La base de la atribución de tierras es la identidad (para la CN) y la inscripción registral como persona jurídica de carácter privado (para la ley 23.302). Mientras la identidad no se perdería nunca, la personería podría desaparecer con la cancelación de la inscripción de la figura asociativa.

Atribución

-Preexistencia

-Tradición

-Habitación

-Carencia

La CN recoge un criterio reivindicatorio histórico; mientras la ley 23.302 lo hace de uno asistencial.

 Propiedad

Comunitaria

-Cooperativa

-Individual

La propiedad comunitaria –CN- es de carácter público (no estatal) "de provecho colectivo" y otorga a todo individuo indígena el derecho a habitar las tierras tradicionales (bien que de acuerdo a las reglas de sus usos y costumbres –esto por el reconocimiento a la cultura y a su injerencia en las decisiones que hagan a sus intereses-) o compartir los beneficios que de ella se deriven.

La propiedad corporativa, cooperativa o individual –ley 23.302- depende de una inclusión o participación asociativa registrada.

Fuente: Zamudio, Teodora (2002)

En el orden internacional, en 1992, a través de la ley 24.071, Argentina adoptó el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT), y por ley 24.375, se ratificó el Convenio sobre Diversidad biológica. En el 2000, se ratificó el primer Convenio, que entró en vigencia el 3 de julio del 2001.En 1995 se aprobó, por ley 24.544, la Constitución del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (ONU). En 1997, la ley 24.874 adoptó el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (ONU). Todas ellas, parecen abandonar el antiguo paradigma "asimilacionista", dando lugar a uno de reconocimiento de la diversidad cultural. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios ignora el marco legal vigente para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, a lo que se suma la incomprensión que hace que al adoptarse medidas concretas, muchas veces se siga el retrógrado programa integracionista- paternalista. Es así como en áreas claves como la Secretaría de Energía y Combustibles de la Nación, encargada de aprobar las exploraciones de hidrocarburos, no parece aplicar en sus funciones el derecho constitucional protegido por el derecho internacional según el cual debe:…"Asegurar(se) (la) participación ( de los pueblos indígenas)en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten." El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) fue creado en 1985 por ley, pero es una realidad que la ley nunca se implementó en lo que hace a la participación indígena en los asuntos que se atienden. Por otro lado, en los años 1991 y 1994, dos decretos del Poder Ejecutivo Nacional, lo desjerarquizaron, transformándolo en una Oficina dependiente de otros organismos del Ejecutivo, devolviéndosele su constitución según la ley, en Agosto del año 2000, fallo judicial mediante. Hoy, su situación jurídica sigue siendo irregular, ya que carece de estructura y sus recursos son exiguos. Como organismo descentralizado del Estado requiere de un mínimo de 5.000.000 de pesos anuales, y según información brindada por este organismo, ha contado con 2.000.000 de pesos para ejercicio 1999; y con 250.000 pesos (o 500.000 U$S) para el ejercicio 2001. Consiguientemente, mientras perdure esta situación, el organismo no podrá cumplir eficientemente con los mandatos constitucionales y legales, que prescriben en primera instancia, demarcar y entregar tierras, y financiar proyectos indígenas. Como se puede percibir, el desempleo, el subempleo, y la pobreza generados en Argentina, tras largas décadas de acuñar representantes y políticas que miraban para otros continentes en lugar de mirar dentro de las propias fronteras latinoamericanas, han llevado consigo fuertes restricciones en las políticas sociales del estado, lo cual ha afectado nuevamente a los sectores más vulnerables, y entre ellos, a los pueblos indígenas, que ven sus derechos pisoteados cada vez que se produce la ocupación de sus tierras y territorios, o la apropiación y destrucción de sus recursos naturales; pero como decía antes, afortunadamente y en paralelo, ha ido creciendo la autoconciencia y la fuerza organizativa de dichos grupos. En la Argentina de este siglo hubo dos grandes procesos migratorios. Uno comenzó a fines del siglo anterior e incorporó a los europeos; el otro se produjo a mitad de siglo y es llamado "migración interna": eran provincianos que se trasladaban a Buenos Aires en busca de trabajo. Se dice también que estos argentinos eran los "cabecitas negras", protegidos del peronismo. Esto es cierto, pero también es cierto que tenían las cabezas negras porque en gran proporción eran indígenas, pero esto no se decía.
Hoy, algunos viven en comunidad, pero muchos están asimilados a la vida urbana, renegando a veces de sus orígenes para evitar ser discriminados.
Luis Pincén -un tehuelche mapuchizado descendiente del cacique Pincén-, profesor de biología e instalado en la vida urbana y la militancia indígena, observa tres etapas en la recuperación de la identidad de los indígenas urbanos: "La primera es de ignorancia; vos te apegás a los estereotipos de belleza y fealdad y esto te hace marginarte y renegar de ser aborigen. Después, a través del estudio y la transmisión oral te vas enterando de cómo fueron las matanzas, la cacería, el ensañamiento con el indígena, y te agarra indignación; entonces devolvés veneno, hacés racismo al revés. Hay bastantes que superan eso y pasan a una instancia más política y más consecuente con nuestra propia naturaleza, que es que no hay que odiar sino comprender."
Instalados en las ciudades, en los 60 comenzaron a organizarse. Al principio se concentraron en las villas del Barrio porteño de Retiro, actualmente, además, se encuentran organizándose en otros barrios de la Capital Federal. Debido a mi preocupación por la migración interna, y sus efectos negativos, tales como la pérdida de valores tradicionales, sea por miedo a ser discriminados o por falta de prácticas que lleven a mantener vivas las costumbres tradicionales en las ciudades, realicé dos entrevistas a indígenas residentes en el gran Buenos Aires, que a continuación se comentan, para poder entender un poco mas a fondo la problemática. Entrevista realizada a Don Braulio Escobar Duarte, perteneciente a la comunidad "Cuarajy", actualmente radicado en Moreno (Gran Bs. As.). Braulio, vivía en la provincia de Misiones (Argentina), allí trabajaban la tierra cultivando tabaco, yerba, etc. Pero luego, debió buscar su futuro fuera de la comunidad, con motivo de la pobreza, y la falta de espacio en la estaban viviendo. Y así fue que se le presentó la oportunidad de ir a trabajar a Buenos Aires en "la construcción" –como dice-, y hoy está asentado con otros hermanos en Moreno, gestionando ante ese municipio – INAI mediante-, la entrega de tierras para poder vivir de acuerdo a sus costumbres. Otro caso es el de la comunidad Aymará en Bs. As, en cuyas reuniones tuve el honor de participar, en el Barrio porteño de "Paternal", y realizar allí una entrevista con sus miembros, entre los que se encontraba Don Paco Alanéz. Esta comunidad se reúne periódicamente a fin de realizar tareas de concientización, por medio de la promoción de su cultura en distintos espacios como escuelas, hospitales, universidades, etc. Ellos, como la mayoría de los indígenas que hoy habitan las ciudades, debieron emigrar de sus comunidades por la pobreza en que se encuentran en el interior del país. "Esta situación –dice Paco- se produce por el arrinconamiento que sufren los pueblos contra la falda de los cerros, como consecuencia de la apropiación de sus tierras por terceros; por la contaminación de las aguas, que deja de ser apta para el consumo de las comunidades; por las talas indiscriminadas de los bosques y selvas…". Pero la "aculturización" a la que ellos mismos tratan de hacer frente, no se produce sólo en las ciudades, según Paco: "Se pierde la cultura en las ciudades, y también en el campo, porque los indígenas (son) constantemente desplazados, y porque en muchos casos se trata de pueblos recolectores, que necesitan de un amplio territorio para desplazarse, y de repente se ven acorralados, o rodeados por un cerco – con animales y todo-, lo cual ocasiona que se los intente correr por medio de la violencia. Cuando los pueblos son desposeídos de sus tierras, enseguida llega el asistencialismo y los planes que el gobierno –de la provincia- implementa para acostumbrar a los indígenas a vivir en un espacio reducido, y a esperar siempre la ayuda del gobierno…". Esto me recuerda a una anécdota que me comentaron en unas de mis visitas al INAI, y que refleja la problemática de la pérdida de valores tradicionales por algún motivo, por ello me permito narrarla: En una oportunidad funcionarios del INAI fueron al norte del país para realizar tareas previas al otorgamiento de tierras. En esa oportunidad -cuentan- llegaron a un asentamiento en el que había una mujer "Kolla", que se encontraba haciendo trabajos en la tierra. Su marido, era quien viajaba al pueblo para llevar sus mercaderías y venderlas allí. Mientras la mujer se encontraba vestida con las vestimentas típicas de indígena – incluso cargaba a su "wawa" en sus espaldas-, el hombre llevaba "campera de jean y gorra nike" –según cuenta Roberto del INAI-, y cuando le preguntaron a la mujer sobre su origen dijo ser "salteña", no indígena, a diferencia de lo que expresaba su marido. Esto revela que la mujer no reconocía su origen, para evitar la entrega de tierras a perpetuidad, ya que de esa manera su situación no variaría jamás, debería seguir trabajando, mientras su marido seguía urbanizándose con sus viajes al pueblo. Según lo expresado por los entrevistados, la mayoría de los indígenas que migran a las ciudades –en su gran mayoría jóvenes- se dedican a trabajos domésticos, venta ambulante, albañilería, jardinería, entran algunos en las fuerzas de seguridad, y otros recolectan cartones. Pero tal vez, lo más alarmante, es la cantidad de inmigrantes indígenas que deben dormir en las calles, o pedir limosnas para comer. Frente al vacío oficial en materia de censos, algunos organismos no gubernamentales y organizaciones indígenas han estimado que el número de personas indígenas podría estar entre 800.000 y 2.000.000, en la Argentina. Se cree que un porcentaje bastante elevado vive en asentamientos rurales y en forma comunitaria representando aproximadamente entre un 3% y un 5% de la población total del país. Algunas provincias cuentan con un 17 a 25% de indígenas en su población. Según las fuentes mencionadas, existirían más de 800 comunidades en todo el país mientras que por efectos de la migración urbana en algunas capitales de provincias habría una altísima concentración de familias y personas indígenas.Según esta información su composición y distribución sería aproximadamente la siguiente: Región Noreste (provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe): Pueblos Mbya-Guarany, Mocoví, Pilagá, Toba, Vilela y Wichí.egión Noroeste (provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán): Pueblos Atacama, Avá-Guarany, Chané, Chorote, Chulupí, Diaguita- Calchaquí, Kolla, Omaguaca, Tapiete, Toba, Tupí-Guarany y Wichí. Región Sur (provincias de Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego): Pueblos Mapuche, Ona, Tehuelche y Yamana. Región Central (provincias de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza): Pueblos Atacama, Avá Guarany, Diaguita-Calchaquí, Huarpe, Kolla, Mapuche, Rankulche, Toba y Tupí Guarany. En el marco del Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2001, el INDEC decidió consultar a los indígenas sobre la manera de llevar a cabo el trabajo, y crear las bases para diseñar y programar la encuesta complementaria 2002. Para ello se realizaron varias reuniones, en las que la posición indígena fue negativa debido a la falta de participación que se les había dado en la creación de la ley y en su implementación. A pesar de ello, el censo se realizó, pero fue imputado de ilegítimo, y se elaboró el siguiente manifiesto de los pueblos indígenas frente al censo nacional y encuesta complementaria, tras la reunión mantenida por los representantes de las cuatro regiones de la Argentina: NOA, NEA, CENTRO y SUR, pertenecientes a los pueblos chané, chorote, chulupí, diaguita-calchaquí, huarpe, kolla, mapuche, mbyá guaraní, mocoví, selk'nam (ona), pilagá, rankulche, tapieté, tehuelche, toba, Ava Guaraní, tupí guaraní, wichí, atacama y tonocoté:
"1) Que esta reunión ni las reuniones regionales previas no revisten el carácter de una consulta según lo establece el art. 6º del Convenio 169 de la OIT.
2) Que se ha violado el derecho a la participación de los pueblos indígenas que establecen la Constitución Nacional (art. 75 inciso 17) y el art. 1º de la Ley 23.302, los arts. 2º, 4º incs. 1 y 2, art. 6º, art 7º inciso 1º, art. 8º inciso 1º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
3) Que los pueblos indígenas, sus organizaciones y comunidades no han participado en la planificación del censo nacional 2001.
4) Que se ha comprobado el incumplimiento de acuerdos y la falta de respuesta a nuestras propuestas por parte de las autoridades responsables del CENSO e INAI, al no haber concretado el apoyo financiero, ni haber garantizado nuestra participación en las capacitaciones ni nuestra participación directa en las actividades operativas del Censo (Jefes de Fracción, Jefes de Radio, Censistas) en cada una de las provincias.
5) Que por lo expuesto anteriormente, no se cuenta hoy con la garantía plena para realizar un censo real y serio de los hogares indígenas, con el grave perjuicio que esto ocasionará para el presente y futuro de los pueblos indígenas de Argentina, ya que el resultado no reflejará la realidad indígena ante la política del Estado de condenar nuevamente a los pueblos indígenas a ser los nuevos desaparecidos de la Argentina.
6) Que una vez más nos sentimos manoseados ante situaciones de discriminación, violatorios de la Ley Nº 23.592 (ley antidiscriminatoria). Por todo lo expuesto, los representantes aquí reunidos y firmantes al pie, EXIGIMOS: 1) Postergar la realización del Censo 2001 previsto para el 17 y 18 de noviembre por el lapso de cinco (5) meses con el objeto de que se generen las siguientes instancias favorables que permitan a los pueblos indígenas tener plena participación y garantía de un censo verdadero de hogares indígenas: a) Participación en la capacitación de instructores, jefes de departamento, jefes de fracción, jefes de radio y censistas en cada una de las provincias donde tengan su asentamiento territorial los pueblos indígenas, sus comunidades y miembros.
b) En áreas rurales y urbanas de cada provincia, designación de técnicos indígenas, docentes, agentes sanitarios o personas elegidas por las comunidades indígenas como jefes de radio o censistas.
c) Asignación de un presupuesto de $ 60.000 para cada provincia, destinado a realizar campañas de difusión, movilidad y toda actividad que involucre a pueblos indígenas que será administrado por las instituciones indígenas representativas.
d) Se garantice la estadía de los abajo firmantes por el tiempo necesario a los fines de acordar con las autoridades los puntos planteados en la presente. 2) En caso de no contar con una respuesta favorable en un tiempo prudencial, los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas ejercerán las acciones legales que por derecho les correspondan. Aunque se realice el Censo en la fecha prevista y se ejecute la pregunta NUMERO 2 de la cédula censal, los pueblos indígenas desconoceremos el resultado obtenido. Todas las regionales realizamos esta propuesta sin perjuicio de reconocer el trabajo ya realizado en función del Censo por hermanos indígenas, comunidades y organizaciones, cuyos invalorables aportes no han sido tomados en cuenta por el Estado Argentino".

Y efectivamente, la Comisión de Juristas Indígenas en Argentina presentó un recurso de amparo para solicitar la postergación del Censo, pero la Justicia rechazó el pedido.

En cuanto a la encuesta complementaria del censo 2001, podemos decir que –gracias al material facilitado por el INAI- no refleja la realidad indígena de nuestro país, ya que los pueblos que figuran en la grillason: Chané, Choroté, Chulupí, Diaguita-calchaquí, Huarpe, Kolla, Mapuche, Mbyá, Mocoví, Ona, Pilagá, Rankulche, Tapiete, Tehuelche, Toba, Tupi guaraní, y Wichi, el resto aparece bajo el rótulo "otro pueblo indígena" correspondiendo a esta variable 111.318 hogares, sobre un total de 551.664, y lo que tal vez sea más alarmante –como muestra real de la situación en que se encuentran los pueblos indígenas-, 196.410, o sea el 35% de los indígenas censados ignora su pertenencia a un pueblo determinado. Los pueblos registrados en el INAI son: En Buenos Aires: Tupi guaraní (emigrado), toba, mapuche. En Catamarca: Diaguita, Calchaquí. En Chaco: Toba. Mocovi. Wichi. En Chubut: Tehuelche, Mapuche, Tehuelche - mapuche (mestizaje). En Formosa; Pilaga, Wichi, Toba. En Jujuy: Kolla, Atacama, Pulmamarca, Guarany. Kolla - Humahuaca, Chiriguano, Yalas (según registro proveniente de la oficina indígena de Jujuy), Chiriguano-Chané (caso igual que el anterior), Guarany En La Pampa: Ranqueles. En Mendoza: Huarpes, Pehuenches (mapuche). En Misiones: Mbyá (guaraní). En Neuquén: Mapuche. En Río Negro: Mapuche. En Salta: Kolla, Wichi. Diaguita, Calchaquí. Lule. Chane-Guarany, Guarany, Corotes, Oclollas, Aba-Guarany, Tupi-Guarany Kollas-Huamauaca, Tobas, Guarany, Chiriguano, Chiriguano-Tapiapé. En San Juan: Huarpes. En Santa Fé: Tobas, Mocovi. En Santiago del Estero: Tonocote (Suritas). En Tierra del Fuego: Onas o Selknan. En Tucuman: Diaguita-Calcaquí.

En el año 1996, se lanzó el Plan de Regularización de tierras fiscales (aproximadamente 2.000.000 de has.) para las comunidades residentes en las provincias de Chubut, Jujuy, y Rio Negro, a casi siete años, la situación es la siguiente. En Chubut no ha habido participación indígena, a pesar del decreto pcial. 109/97 que crea la figura del mediador aborigen en el proceso de verificación y mensura; el Instituto Autárquico de Colonización brinda escasa y confusa información a las comunidades e impone los límites sin consulta a los indígenas. El único título que se entregó a la comunidad Mallín de los Cual (9.082 has.) es imperfecto y violatorio de los preceptos constitucionales, por cuanto establece un plazo para la prohibición de enajenar las tierras – 20 años-. En Jujuy los pueblos Atacama, Kolla, y Omaguaca, formaron la Comisión de Participación Indígena, que entiende en todos los aspectos referidos al citado programa en la provincia. Por, último, en Río Negro, se ha constituido un equipo Coordinador Operativo de Campo a cargo de indígenas, para informar a las comunidades de la provincia, pero aún no se han realizado mensuras, ni entregado títulos.

Lo cierto es que en nuestro país que posee una superficie total de 2.780.400 kilómetros cuadrados, se concentra, más del 45% de la población total (16.485.462 habitantes) en sólo 307.771 kilómetros cuadrados que posee la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

En este alto nivel de densidad, debe leerse el alto grado de centralización que existe en nuestro país, el cual hace que muchas personas indígenas y no indígenas deban buscar mejores horizontes en los grandes centros urbanos, abandonando sus familias y sus costumbres, muchas veces sin posibilidad de volver a insertarse en ellas.

En síntesis, creo que en el desarrollo del presente trabajo se logró exponer aunque más no sea en forma sucinta, cual es la situación social en tres países de América latina, con perspectiva políticas –al menos en el corto plazo- muy disímiles, y cual es el estado que en ese marco, tiene la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas, pretendiendo dejar sobre el tapete la discusión sobre la necesidad de descentralizar nuestro país, para lograr que los largos kilómetros que forman nuestro país, sean habitables, y aptos para el desarrollo de la cultura indígena, que no tiene porque ser sólo cosa de indígenas.

VI. Conclusión.

Se observa que en América Latina, y en Argentina en particular, falta andar aún para que se consolide un gran movimiento indígena, que pueda actuar como grupo de presión importante en la escena política del país y del continente, pero consecuentemente, el camino ya comenzó a recorrerse, a pesar de que nos encontremos viviendo en la sociedad de la "emergencia", donde sólo se aplican políticas de "necesidad", y de "urgente" pragmatismo para solucionar problemas concretos – que no son mas que los efectos- de años de irresponsable custodia y dilapidación de aquellos "…laureles que supimos conseguir..".

Los pueblos indígenas y sus derechos siguen esperando con sublime paciencia que los representantes del pueblo se detengan a pensar en la importancia que reviste para el conjunto de la población de un país, que las comunidades de los pueblos originarios, puedan asentarse definitivamente en tierras aptas para el desenvolvimiento social en contacto con la naturaleza, posibilitando así el desarrollo de sus milenarias prácticas y conocimientos, para que mediante su traspaso generacional a través de la garantía de interculturalidad en la educación de los niños, y mediante el ofrecimiento por parte del Estado de tecnologías adecuadas a sus fines coadyuven a …"constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad…"; Porque la dura realidad nos muestra que antes, los pueblos recolectaban productos silvestres de la naturaleza para poder subsistir; hoy, deben recolectar productos industriales entre la basura, también para poder subsistir.

Antes y después la acción es la misma… sucede que por desgracia la basura también.

Bibliografía

· "Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto latinoamericano", por Willem Assies.

· "Teoría de la Constitución", Loewenstein.

· "Paz en la frontera", Abelardo Levaggi.

· "Diplomacia hispano- indígena en las fronteras de América", Abelardo Levaggi

· "México Profundo, una civilización negada", Guillermo Bonfil Batalla.

· http://geocities.com/alertanet

· http://indígenas.gob.mx

· "México: Constitución y derecho indígena", Luis Hernández Navarro

· Iturralde, Diego (1997), "Desarrollo indígena: los retos del final de siglo"

· Periódico " La Jornada"

· Anuario 2001-2002 IWGIA

· Servicio Profesional de Apoyo al Desarrollo Indígena, México

· Conapo, "La situación demográfica de México".

· Cimac noticias, 30-5-2003

· http://comunidades indígenas.gov.ve

· "Una nueva realidad para los pueblos indígenas de Venezuela", por Domingo Sánchez

· http://defensoria.gov.ve

· http://venpres.gov.ve 

· Revista La Maga

· http://indigenas.bioetica.org 

· Diario El Chubut On Line

 

Ediciones Digitales © 2016-2019 - Material fuera de comercio

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación                        

 Dra. Teodora ZAMUDIO