La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Recursos culturales

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Protección del conocimiento tradicional indígena

 Alumnas:   

                     Melisa Mercado       DNI 27.536.958

                     Ingrid Selser       DNI 28.076.155

                     Guadalupe Rocío Teira       DNI 28.166.702

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente trabajo se iniciará desarrollando el contexto normativo de la protección al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. 

Delimitaremos la legislación vigente, sumándose a ello la observación de falencias y vacíos que conllevan a la producción de efectos contrarios  a los objetivos que las normas tuvieron en mira.

Previamente se establecerán los distintos criterios del concepto de “conocimiento tradicional” y se arribará posteriormente a la delimitación del concepto de comunidad, elemento indispensable para poder dilucidar en cabeza de quién recae la legitimación para negociar la transmisión de dicho conocimiento.

A continuación desarrollaremos la figura jurídica que a nuestro criterio protege en forma óptima los derechos indígenas, acompañándose del análisis exhaustivo de la legislación vigente y el impacto de la misma.

Concluiremos realizando una exposición de la postura indígena a nivel nacional como internacional.

 

 

DESARROLLO 

 

Para poder delimitar el tema que nos compete consideramos necesario arribar a un concepto de “conocimiento tradicional”. El criterio que adoptemos delimitará el perfil del análisis que llevaremos a cabo, dado que no ha sido posible aún llegar a una definición plenamente consensuada.

Por una lado, la Organización Mundial de la Protección Intelectual (OMPI) considera que para que se configure el conocimiento tradicional deben coexistir dos elementos principales:

* por un lado, el conocimiento tradicional mismo

* y por otro, los sistemas sociales que los crean

Otra definición amplía este criterio y considera al conocimiento tradicional como aquél que surge de la exteriorización y transmisión de “un saber culturalmente compartido y común a todos los miembros que pertenecen a una misma sociedad, grupo o pueblo, que permite la aplicación de los recursos del entorno natural de modo directo, compuesto, combinado, derivado o refinado, para la satisfacción de necesidades humanas, animales, vegetales y/o ambientales, tanto de orden material como espiritual. [1]

Ahora bien, es importante destacar que lo “tradicional” acerca del “conocimiento tradicional” no es su antigüedad, sino la forma en que es adquirido y usado. En otras palabras, el proceso social de aprendizaje e intercambio de conocimiento, que es único para cada cultura indígena, yace en el corazón de su tradición.

Esta es la razón por la cual pensamos que la protección del conocimiento indígena necesariamente implica el reconocimiento de las leyes propias de dichos pueblos y de sus propios procesos de descubrimiento y enseñanza.

Es así que podemos afirmar, básicamente, que el conocimiento tradicional, corresponde a la sabiduría milenaria (conocimiento, innovación o práctica) colectiva o individual, con valor real o potencial, derivada de la relación simbiótica de las comunidades con su entorno natural que ha permitido la disponibilidad sostenible de los recursos”. [2]

Ahora bien, es necesario para poder adjudicar la propiedad del conocimiento tradicional definir el término “comunidad”.

 

DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE COMUNIDAD. SU COMPOSICIÓN.

 

La Constitución de la Nación Argentina asumió –en su reforma de 1994- el reconocimiento hecho en 1985 por la ley 23.302 al asignarle al Congreso de la Nación la facultad/deber de “Reconocer la  personería jurídica  de sus comunidades...” con el claro objetivo de promover el desarrollo cultural y económico de una franja postergada de la sociedad nacional, sin embargo el bien jurídico al que aquí nos referimos quedó sin titular legal posible para su asignación registral.

Ello puede ser explicado por la deficiencia y limitación con la que fue interpretado jurídicamente el término “comunidad” al ser ajeno a la tradición indígena.

En la aplicación práctica, la comunidad no comprendió legalmente a todo un Pueblo Indígena sino a la agrupación de algunos de sus miembros emparentados  (familias primarias y secundarias) o vecinos, que debieron adoptar la estructura de asociaciones civiles y someterse a la inscripción previa como tales ante los organismos generales pertinentes. Nada de esto configuraría una innovación jurídica, ni necesitaría de las citadas normas legal y constitucional específica, pues todo habitante de la República gozaba ya del derecho “...de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto;...”, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución de la Nación. [3]

Otro conflicto surge al momento de delimitar su composición: quienes pertenecen y forman una determinada comunidad y por lo tanto, detentan el derecho de propiedad intelectual sobre su conocimiento tradicional. El paso a seguir es establecer un criterio para poder distinguir y discriminar quienes pertenecen a esa comunidad.                                                    

Existen diferentes posibilidades, entre ellas, la determinación mediante el factor genético. Esto implicará que quienes compartan determinadas características genéticas pertenecerán a la misma comunidad. Por otro lado, pueden mencionarse otros criterios como el de auto percepción (sentimiento personal de pertenencia a una comunidad) o el reconocimiento por parte de los otros.

Concluimos que el patrón debería estar dado por cada comunidad en particular de acuerdo a sus costumbres, creencias, culto, etc., y recogido y registrado por el órgano de aplicación sin intentar establecer un patrón objetivo de delimitación. Conceptualizado el término comunidad y quienes podrían integrarla, es necesario otorgarle “existencia” jurídica a cada Pueblo (de carácter público no estatal) e identidad legal a sus miembros de acuerdo con las propias tradiciones y realidad actual. Esto es fundamental para que puedan desempeñar su rol de defensa de sus propios derechos e intereses y no relegarlos en terceras personas.

 En nuestro país, si bien se ha legislado acerca de los derechos de los titulares de las patentes y demás derechos intelectuales, aún falta establecer el sistema de protección de los derechos en torno a la biodiversidad y su conocimiento. La biodiversidad (o recurso biológico) es un bien que la naturaleza brinda a los hombres para que éstos disfruten y puedan satisfacer sus necesidades. En esos recursos se encuentran los principios activos con los cuales se preparan productos y procesos nuevos, inventos, que luego se patentan.    Si se llegaran a contemplar estos derechos a través de los Sistemas de Propiedad Intelectual, cada pueblo regulará la exteriorización de su conocimiento tradicional: podrá proteger sus valores excluyéndolos del comercio cuando su significado sea sagrado o represente su sistema de creencias y podrá explotar los demás conocimientos y prácticas del modo que tradicionalmente le permitan sus usos y costumbres.

 

¿QUIÉNES ESTÁN LEGITIMADOS PARA NEGOCIAR?

 

El problema surge dado la naturaleza común o colectiva del conocimiento tradicional que impide identificar -en la inscripción registral propia de los sistemas de propiedad intelectual- a beneficiarios individuales.

Los dueños legítimos de ese conocimiento son los pueblos indígenas, cada uno de ellos en conjunto, y no sus miembros individualmente. Por ende, es imperante la necesidad de dotar de “personalidad” a los pueblos indígenas de modo que puedan obtener una inscripción registral satisfactoria.

Nuestra Constitución, en su reforma de 1994 asignó al Congreso el deber de reconocer la personería jurídica de sus comunidades indígenas con el objetivo de promover el desarrollo cultural y económico de las mismas. Sin embargo debido a las complicaciones que ha traído aparejado la interpretación del término “comunidad” (concepto delimitado en párrafos precedentes), el bien jurídico que debía protegerse quedó finalmente sin tutela legal y por ende quedó relegada toda suerte de inscripción registral.

En la aplicación práctica, no se ha comprendido legalmente a todo un pueblo indígena sino que se ha limitado a la agrupación de algunos de sus miembros emparentados (familias primarias y secundarias) que debieron adoptar la estructura de asociaciones civiles y someterse por ende a la inscripción previa como tales ante los organismos pertinentes.

Al respecto existen varias posturas:

1) Es el Estado quien se encargará de las relaciones con las personas que deseen obtener el conocimiento tradicional de algún pueblo. Esto, si bien no implica una completa disociación, entre las comunidades y el Estado, hace más difícil tener presente de manera permanente la opinión de los pueblos.

2)  Serán las comunidades indígenas quienes negocien y dispongan sobre sus conocimientos con los terceros. Si bien esta opción ofrece la ventaja, en principio, de un fiel reflejo de la voluntad de estas comunidades, ésta puede verse distorsionada por la falta de información y posibles abusos.

3) Una solución intermedia sería el establecimiento de un órgano de control y aplicación de las cuestiones que versen sobre biodiversidad y conocimiento tradicional que sea el intermediario entre los pueblos indígenas y las personas que quieran adquirir sus conocimientos. Esta tarea implica no solo la negociación sino además un completo asesoramiento a los pueblos de los beneficios y desventajas que traerá aparejada la negociación, información completa, clara y detallada, defensa de sus intereses, de manera de tener un diálogo fluido y permanente con los pueblos indígenas.

 

¿CUÁL ES LA FIGURA JURÍDICA QUE PUEDE PROTEGER ESTOS DERECHOS?

 

Contemplando lo expuesto anteriormente, la patente y un Sistema de Propiedad Intelectual que contemple los conocimientos tradicionales son los medios indicados para configurar su protección. Una de las herramientas sugeridas para agilizar el proceso de negociación y protección es la creación de un registro de los conocimientos tradicionales. Este registro sería llevado a cabo luego de un inventario realizado por los propios pueblos de acuerdo a la reglamentación del órgano de control, quedando a su cargo su mantenimiento y actualización. La inscripción permitirá además, determinar en el Registro el indicador o indicadores del conocimiento sobre la que recae el derecho patrimonial intelectual. “Con carácter general el derecho de propiedad supone una obligación de abstención a cargo de los demás miembros de la sociedad en cuanto a la realización de determinados actos en el uso de cosas o energías que incluso puedan ser propias de cuantos están sujetos a la obligación de abstención.” [4]

Si bien la creación de un registro parece ser la manera más ordenada y eficaz para la protección del conocimiento tradicional, se topa con el grave inconveniente de aspirar asentar toda una cultura en un registro. El proceso de registración requiere por lo tanto, un largo transcurso de tiempo para su confección, de manera de realizarlo lo más exhaustivamente posible.

“El conocimiento tradicional no puede ser percibido sino por su exteriorización material en una cosa o en una energía que la hace cognoscible y demuestra su aplicación, pero nunca se identifica con ninguna de sus exteriorizaciones, sino que las trasciende. En ello coincide con la caracterización hecha para los restantes –y ya instalados- bienes inmateriales que son objeto de la protección de los sistemas de propiedad industrial/intelectual.”

El derecho regula así la individualización de un bien determinado (en estos casos el conocimiento tradicional) inmaterial, producto de la creación intelectual (en estos casos de pueblos indígenas) regulando una protección a través de una figura jurídica como la patente.

Esta figura permite reglamentar diversos tipos de creación intelectual ya sea que se trate de: invenciones, signos distintivos, modelos industriales, etc.

Ahora bien, para que se configure el presupuesto de tutela de este derecho no basta con la exteriorización de la creación intelectual, sino que para constituir un bien inmaterial se requiere ostentar un derecho absoluto de utilización. Por ello es necesario poner en práctica la creación mediante la declaración emitida por autoridad competente: el certificado de registro. Esta declaración no sólo concierne a la configuración del derecho, sino que además se convierte en el supuesto de hecho estructural que el bien necesita, dado que de por sí no viene dado directamente de la realidad sino que resulta de una creación normativa.

La inscripción registral -además de completar el hecho constitutivo del bien inmaterial- legitimará a aquél a quien haya sido concedida para el ejercicio del derecho, de forma tal que este bien no podrá ser utilizado sin su previo consentimiento y negociación.

El conocimiento tradicional, al ser un producto resultante de prácticas ancestrales, puede ser considerado como un bien inmaterial y el titular de esa inscripción -el Pueblo Indígena dotado de personalidad por el derecho- poseerá todas las prerrogativas comunes a los titulares dentro del sistema de protección industrial/intelectual.

 

LEGISLACION

 

De acuerdo a lo sostenido en párrafos anteriores el conocimiento tradicional tiene un gran valor no solamente para los que dependen de él en sus vidas diarias, sino también para la ciencia moderna y la industria que se construye tras ella. Los pueblos indígenas disponen de una información valiosa para la humanidad y para el aprovechamiento de la biodiversidad. Biodiversidad entendida como el “conjunto de todas las especies de plantas y animales, su material genético y los ecosistemas de los que forman parte, entendiendo que los recursos del planeta son rentables y gracias a los adelantos tecnológicos son modificables, manejables o susceptibles de invención.” [5]

El inciso 17 del artículo 75 de la Constitución de la Nación (Argentina) establece “...asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten ...”.

La falta de reglamentación de la norma y la disparidad de los conceptos sobre la ‘propiedad’ manejados por una y otra cultura obstaculizan el ejercicio de los derechos sobre la biodiversidad domesticada y/o conocimiento de las propiedades de los principios activos de los recursos biológicos por parte de los pueblos indígenas.

La ley 24.375 aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), realiza un importante reconocimiento a la contribución que el conocimiento tradicional puede hacer para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.  Por ello, en su art. 8º “J” impone a las legislaciones nacionales: “respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promover su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.”       De la redacción de la Convención sobre Diversidad Biológica (arts. 8, inc. J, 15, Párr. 4º; 16, Párr. 3º; y 19, Párr. 2º, 18, Párr. 5º), surge que el consentimiento debe ser otorgado previa información y sólo después de comprendidas las implicaciones y las aplicaciones que la transferencia de tal conocimiento suponen. Además la CDB en su art. 15º párrafo 5º establece que “... todo contrato de acceso está condicionado al consentimiento fundamento previo de la parte que proporciona los recursos.”

Del juego de estas disposiciones surge:

Que en el ámbito interno de cada país de organización federal habrá éste de resolver la cuestión de la legitimación (nacional o provincial) para contratar con las poblaciones locales e indígenas que habitan en una jurisdicción y negociar con ellas el conocimiento nativo de las propiedades de principios activos de los recursos biológicos.

Por ello es de fundamental importancia que los Estados y las comunidades locales puedan participar y controlar estos contratos de acceso -que no se realizarán entre países sino entre instituciones públicas y/o privadas nacionales y las grandes corporaciones trasnacionales- de modo justo y brindando la mayor seguridad para todas las partes. Para ello es necesario registrar los titulares del conocimiento tradicional a fin de cotejar las concurrencias que permitan una disposición conjunta de tal conocimiento y la correspondiente participación en la distribución de los beneficios emergentes.

Esta disposición (respecto del conocimiento tradicional) está sometida al consentimiento fundamentado previo de la parte contratante que proporciona los recursos culturales, a menos que ésta decida otra cosa. Por lo tanto para el acceso a los conocimientos, innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas deberá contarse con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos.

La necesidad de obtener el consentimiento fundamentado previo da a quienes tienen que otorgarlo la oportunidad de llegar a condiciones mutuamente convenidas con quienes solicitan el acceso, y determinar la naturaleza exacta de los beneficios que han de compartirse.

Por su parte, el Decreto 1347/97 establece la Autoridad de Aplicación de la Ley sobre Diversidad Biológica.

 

POSTURA INDÍGENA

 

Propuesta al Taller sobre conocimiento tradicional y la diversidad biológica. Documento trabajado sobre la implementación del art. 8 J y arts. relacionados.

Del 20 al 22 de noviembre de 1997 se llevó a cabo en Madrid el II Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad. Alrededor de 100 representantes indígenas de todas partes del mundo se dieron cita en este importante evento.

Preocupaciones de los Pueblos Indígenas sobre el articulo 8j y artículos relacionados:

1. La falta de reconocimiento de los Pueblos Indígenas como pueblos con derechos a priori inalienables y por lo tanto como partes de la Convención y su implementación.

 2. La falta de reconocimiento de la relación que existe entre las tierras y los territorios de los Pueblos Indígenas y su conocimiento y biodiversidad.

 3. La falta de reconocimiento de control de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y territorios y sus recursos naturales y el medio ambiente, incluso su biodiversidad. Este se refiere también a los Pueblos Indígenas desalojados de sus tierra ancestrales, territorios y recursos y a las áreas protegidas que han sido mal utilizados para la militarización de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas.

 4. La falta de la participación plena de los Pueblos Indígenas en los procesos relacionados al CDB.

 5. La falta de preocupación de las partes de la Convención y sus acciones para tratar el tema de la biopiratería y la falta de control de acceso a los recursos genéticos en tierras y territorios indígenas y áreas marinas.

 6. La falta de reconocimiento que la promoción de la aplicación amplia de los conocimientos, innovaciones y practicas indígenas es un proceso que tiene que ser controlado por los mismos Pueblos Indígenas.

 7. El claro favoritismo de la CDB a favor de los actuales marcos jurídicos internacionales, multilaterales, bilaterales y nacionales, incluso los regímenes de derechos de propiedad intelectual y sus impactos sobre conocimiento indígena.

 8. La falta de reconocimiento del carácter único del conocimiento indígena, incluso los valores, las creencias y la espiritualidad asociados, su carácter colectivo, su vinculo indisoluble con la biodiversidad y el tiempo que duró para evolucionar este conocimiento.

 9. La falta de incentivos para proteger y mantener el conocimiento, innovaciones y prácticas indígenas en la CDB.

 10. La falta de reconocimiento de las perspectivas culturales, espirituales, políticas, sociales y económicas de los Pueblos Indígenas en la CDB.

 11. La falta de reconocimiento de la importancia del conocimiento, roles y responsabilidades de las mujeres indígenas en relación con la diversidad biológica.

 12. La falta de clarificación en la relación entre los derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales que entrañan estilos tradicionales de vida y los agricultores.

 13. La falta de mecanismos para proteger y mantener las lenguas y sistemas educativos indígenas.

 14. La falta de vinculación del artículo 8j y otros artículos relacionados con otros instrumentos internacionales que tratan con los derechos de los Pueblos Indígenas.

 15. La falta de cumplimiento de los Estados Parte con los términos y condiciones de la CDB y otros instrumentos internacionales relacionados.

 16. La falta de reconocimiento de que el uso consuetudinario de los recursos biológicos de los pueblos indígenas y que los beneficios que surgen de la utilización del conocimiento, innovaciones y prácticas relacionados con este uso abarcan elementos comerciales y no comerciales.  

 

DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE BENEFICIOS

 

La CDB establece que "... los beneficios de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente" (Artículo 8º, inc. j). Los beneficios derivados de la utilización de los recursos pueden ser monetarios o de carácter no monetario. Si bien de esto se hará mención en párrafos subsiguientes, es importante dejar sentado que la “utilidad/beneficio” en la contraprestación debida por quien utiliza o aprovecha estos conocimientos no siempre es mensurable en términos económicos.              

 “En la Quinta Reunión, celebrada en Nairobi, Kenya, del 15 al 26 de mayo de 2000, un grupo de expertos en acceso y distribución de beneficio concluyó que, aparte de los beneficios de carácter monetario, existen otros de este carácter que frecuentemente no se tienen en cuenta en las deliberaciones sobre la distribución de beneficios”.  [6]                                       

Consideramos necesario enfocar la CDB desde la perspectiva de los “supuestos” beneficiarios, esto es desde los pueblos transmisores del conocimiento tradicional: 

Reclamos de los pueblos indígenas respecto al acceso y distribución de beneficios:

Declaración del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad en el Grupo de Trabajo abierto intersesional sobre acceso y distribución de beneficios, Bonn, Alemania, 22-26 de octubre de 2001:

1) El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue negociado sin la participación de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad ha estado siguiendo el trabajo del Convenio durante varios años con mucho interés, porque el Convenio tiene implicaciones graves para los Pueblos Indígenas en todo el mundo y suscita grandes preocupaciones para nuestros Pueblos.

2) Los Pueblos Indígenas somos importantes en este proceso porque nuestras tierras y territorios contienen la mayor parte de la diversidad biológica en el mundo, que tiene un gran valor social, cultural, espiritual y económico. Tenemos conocimiento sobre el manejo y el uso sostenible de la diversidad biológica del mundo, como ha sido reconocido en los acuerdos internacionales que surgieron del proceso de Río (UNCED). Queremos subrayar que las mujeres indígenas tienen un papel fundamental en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y son detentadoras de derechos clave de conocimientos tradicionales específicos.

3) Reafirmamos nuestros derechos intrínsecos y colectivos como Pueblos Indígenas. Estos  derechos están siendo reconocidos en instrumentos legales nacionales e internacionales, entre otros, la autodeterminación, los derechos a nuestras tierras, territorios, sistemas legales consuetudinarios, instituciones, idiomas, patrimonio cultural, control de nuestro propio conocimiento, nuestro autodesarrollo y nuestro libre consentimiento fundamentado previo para cualquier actividad que afecte a nuestros Pueblos. Los Pueblos Indígenas somos detentadores de derechos, no simples interesados. Por el momento, el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas en su versión actual, proporciona los estándares mínimos respecto a nuestros derechos cual recordamos a las Partes.

4) Dentro del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el pronto reconocimiento de los derechos y contribuciones de los Pueblos Indígenas, tal como se está discutiendo en el seno del Grupo de Trabajo sobre el artículo 8(j) y disposiciones conexas, hará progresar de modo efectivo el trabajo de los programas de trabajo temáticos y sobre asuntos transversales del CDB.

5) La Quinta Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Panel de Expertos sobre Acceso y Distribución de Beneficios han enfatizado que la confianza es condición previa fundamental para poder avanzar en la consecución del tercer objetivo del Convenio, es decir, el delicado asunto del acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de la utilización de esos recursos. Sin embargo, es difícil construir relaciones de confianza mientras algunos gobiernos se nieguen a reconocer nuestra existencia como Pueblos Indígenas y nuestros derechos a nuestras tierras, territorios, natural recursos y sistemas de conocimientos, y nuestro libre consentimiento fundamentado previo para cualquier actividad que nos afecte. Es decir, el reconocimiento de nuestra existencia y de nuestros derechos es la precondición fundamental para construir la confianza.

6) Señor Presidente, nuestro conocimiento colectivo no es una mercancía que se puede comercializar como cualquier objeto en el mercado. Nuestro conocimiento de la biodiversidad es indivisible de nuestras identidades, leyes, instituciones, sistemas de valores y cosmovisiones como Pueblos Indígenas. Durante generaciones, nuestros pueblos han sido y siguen siendo los guardianes de la Naturaleza de la que todos dependemos. Por tanto, estamos totalmente comprometidos con los dos primeros objetivos del Convenio que son la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Pero cualquier discusión del tercer objetivo sobre acceso y distribución de beneficios debe reconocer los derechos fundamentales del control indígena de nuestro propio conocimiento, el derecho del libre consentimiento fundamentado previo como Pueblos y nuestro derecho territorial colectivo.

7) En el contexto de los derechos de los Pueblos Indígenas a la autodeterminación y el desarrollo sostenible, el principio del libre consentimiento fundamentado previo a todos los programas y planes que afecten a nuestras tierras, territorios y conocimiento tradicional ha emergido como el estándar que debe aplicarse para promover y proteger nuestros derechos en el proceso de desarrollo. El libre consentimiento fundamentado previo significa que:

1.Todos los miembros de las comunidades afectadas consienten en la decisión

2.El consentimiento está determinado de acuerdo con las leyes,  prácticas y derechos consuetudinarios

3.Que no exista manipulación externa, interferencia o coerción

4.Plena información sobre la intención y alcance de la actividad

5.La decisiones se hace en un lenguaje y en un proceso comprensible para las comunidades

6.Las autoridades tradicionales y las instituciones representativas de los pueblos indígenas deben estar implicadas en todas las etapas de proceso de consentimiento

El derecho al libre consentimiento fundamentado previo incluye el derecho a decir NO.

8) Señor Presidente, es importante que el Convenio cumpla con sus objetivos de una manera equilibrada. Sin embargo, nos preocupa que en estos momentos se está haciendo un énfasis desproporcionado sobre los valores comerciales y económicos de la biodiversidad, a través de los derechos de propiedad intelectual, en detrimento de la conservación y de sus valores culturales y espirituales. La privatización y la comercialización de nuestro conocimiento y recursos naturales, tiene el potencial de destruir la integridad política, social, económica y cultural de nuestrs Pueblos.

9) Señor Presidente, hasta que las Partes no reconzcan la existencia y derechos de los Pueblos Indígenas, ouestros Pueblos no estarán en condiciones de proporcionar su consentimiento fundamento previo para la utilización comercial de nuestro conocimiento y recursos. Hemos  sufrido durante generaciones la discriminación, explotación y marginación. La constante insistencia para que comercialicemos nuestros conocimientos y recursos naturales debe parar. Los Pueblos Indígenas no podemos ser obligados a compartir nuestros conocimientos y recursos.

10) Señor Presidente, sabemos que las conclusiones del informe de la Segunda Reunión del Panel de Expertos sobre Acceso y Reparto de Beneficios afirman que la creación de capacidad debe ser la esencia del trabajo del Convenio en relación con el acceso y el reparto de beneficios. En nuestra opinión, la creación de capacidad debe entenderse bajo una perspectiva más amplia. Una  perspectiva que contribuya al fortalecimiento de nuestros derechos y culturas y a la capacitación de las Partes para cumplir con sus obligaciones respecto a nuestros derechos como Pueblos Indígenas. Finalmente, Señor Presidente, queremos dejar constancia de las principales preocupaciones del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad por lo que hemos estimado necesario y oportuno adjuntar un conjunto de recomendaciones que consideramos condiciones previas, indispensables para entrar en un proceso de diálogo y entendimiento mutuo para las consideración de las Partes.

Gracias, Señor Presidente.

Asimismo, dejan en claro que:

Para los Pueblos Indígenas, el reconocimiento legal de los derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente la seguridad de tierras y territorios, predomina sobre los beneficios monetarios y no monetarios. Sólo si la seguridad territorial está garantizada podrá establecerse un reparto equitativo de los beneficios.

 

 

RECLAMOS Y EXPECTATIVAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA ARGENTINA

 

El 20 de febrero del 2003, se realizó el Segundo Seminario Nacional sobre los derechos indígenas y los Sistemas de Propiedad Intelectual, en la Ciudad de Buenos Aires. En ella participaron 3w representantes de pueblos indígenas como: Tonocoté, Ava Guaraní, Guaraní Wichi, Mocoví, Mapuche Neuquen, Toba, Colla, Aimara, Atacama, entre otros así como representantes de 7 organizaciones indígenas (COPIRECHA, ACOIN, ADDA, CENKORA, GRAN PARLAMENTO INDÍGENA NACIONAL, ASOCIACIÓN WE KUYEN KA Y JUVENTUD INDÍGENA ARGENTINA) quienes analizaron y discutieron sobre el conocimiento tradicional, los derechos indígenas y los sistemas de propiedad intelectual:

En consecuencia, los Pueblos Indígenas, sus autoridades tradicionales y sus organizaciones, participantes en el Segundo Seminario Nacional sobre Los Derechos Indígenas y los Sistemas de Propiedad Intelectual, solicitan al Gobierno de la República Argentina que:

1.  A la mayor brevedad proceda a reglamentar los asuntos concernientes al Artículo 8 inciso J) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, vigente en el país por Ley Nacional Nº 24.375.

2. Se proceda a establecer el Registro de Conocimientos Tradicionales acorde a las recomendaciones de las Conferencias de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica y las de las Sesiones Intergubernamentales sobre Recursos genéticos, Conocimientos tradicionales y Folclore de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

3. Se prevea el procedimiento de Transferencia de Tecnología Tradicional, asegurando que:

a.- la misma sea concedida por las autoridades legítimas y legitimadas del /de los Pueblo/s Indígena/s interesado/s;

b.- que el consentimiento otorgado de modo fundamentado

c.- que la distribución de beneficios sea justa y equitativa; y

d.- que cualquier defensa ulterior y eventual de los derechos emergentes no pueda ser prorrogada fuera de los límites de la República o quede garantizado el acceso real y concreto a las instancias judiciales, arbitrales o conciliatorias que fueran menester.

4. Promueva la activa participación de los Pueblos Indígenas de Argentina en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica, incluido el Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8 inciso J). Así como también su incorporación efectiva en la Estrategia y Plan de Acción Nacional sobre la Biodiversidad, como en todos los planes y líneas de acción vinculadas a sus intereses.

5. Promueva la inclusión de delegados indígenas en las delegaciones oficiales de la República Argentina en los procesos y las reuniones internacionales donde sean debatidos sus intereses.  Se impulse en el marco de los Tratados y Acuerdos del MERCOSUR el reconocimiento de los países integrantes del mismo del valor de los Conocimientos, Prácticas e Innovaciones Tradicionales Indígenas impulsando la legislación regional pertinente a dicho fin.

Firman las autoridades tradicionales de los Pueblos y de las Organizaciones Indígenas presentes.- 

 

 

Entrevista a  ABELINO PALACIOS perteneciente a la COMUNIDAD KOLLA.

 

1) ¿ Qué medicina tradicional conoce que existe en su comunidad?

Abel Palacios : En la Comunidad tenemos una gran variedad de plantas medicinales que utilizamos para la cura de enfermedades no solo del cuerpo sino del espíritu, conocidas por todos. Hay conocimientos sobre  medicina que solo lo tienen nuestros "curanderos", y nadie más.

 

2) ¿De qué forma se transmite en su comunidad este conocimiento tradicional?

Abel Palacios: En forma oral e intergeneracional donde la mujer cumple un rol fundamental de transmisora.

 

3) ¿Alguna vez algún científico, empresa u otro organismo se interesó por ese conocimiento tradicional, en comunidad específicamente?

Abel Palacios: Sí, lamentablemente los ambientalistas  como Fundación Vida Silvestre, Pro yungas, Niey, que han llegado a la zona con la excusa de proteger el medio ambiente se están apropiando de nuestros conocimientos, han enviado investigadores para conocer la utilización que le damos a la biodiversidad que existe en nuestro territorio.

 

4) ¿Si existiera la posibilidad de que haya algún resarcimiento por esos conocimientos, lo aceptarían?

Abel Palacios: Depende de la situación concreta luego de la decisión en consenso de la Comunidad, con la presencia plena y efectiva de los amautas (sabios de la comunidad), analizando los pro y los contra.

 

5) ¿Y en caso de aceptarlo que aceptarían como resarcimiento? (dinero, tierras, ganado, semillas, etc).

Abel Palacios: Depende de la decisión comunitaria.

 

6) ¿Según la estructura de su comunidad quien estaría legitimado para negociar la transmisión de ese conocimiento?

Abel Palacios: La legitimación está dada por la decisión unánime de la Comunidad por la importancia que tienen. Los representantes "autoridades" sólo ejecutan la decisión de la Asamblea de la Comunidad, no pueden decidir las autoridades por si solas.


7) ¿Cuál cree que sería la forma más conveniente para proteger ese conocimiento?

Abel Palacios: En nuestra comunidad no se tiene conocimiento de las normas jurídicas que nos pueden orientar en cual sería lo más beneficio para que se mantengan nuestros conocimientos.


8) ¿Estaría de acuerdo en que su comunidad explotara en su propio beneficio este conocimiento?

Abel Palacios: Por supuesto.


9) ¿Creería conveniente que miembros de su comunidad se capaciten para poder explotar al máximo estos conocimientos y así evitar que terceros lo hagan por ustedes?

Abel Palacios: Por supuesto.

 

Entrevista a  SOLITA PEREYRA perteneciente a la COMUNIDAD TONOKOTE.

 

1) ¿Qué medicina tradicional conoce que existe en su comunidad?

Solita Pereyra: Son muchos, pero sólo mencionaré una que no la conocen en otros lados: "MASCASUNI MANA TARISUNI" y sirve para el dolor de muelas. Las demás como la JARILLA, EL PALAN-PALAN, EL CHAÑAR, EL VINAL, LA TUSCA, ETC. YA SON CONOCIDAS PÚBLICAMENTE.

 

2) ¿De qué forma se transmite en su comunidad este conocimiento tradicional?

Solita Pereyra:. En forma oral y práctica

 

3) ¿Alguna vez algún científico, empresa u otro organismo se interesó por ese conocimiento tradicional?

Solita Pereyra: Debe haber sucedido, por supuesto en otros años, pero desde que nos dimos cuenta, ya no pasa más en nuestro Pueblo.

 

4) ¿Si existiera la posibilidad de que haya algún resarcimiento por esos conocimientos, lo aceptarían?

Solita Pereyra: Si preguntás por el pasado, "pediríamos resarcimiento penal y civil, porque si se apropiaron lo hicieron de mala fe, a sabiendas que cometían un robo, y en lo civil, porque eso les dio ganancias que no la compartieron con quienes correspondía.

 

5) ¿Y en caso de aceptarlo que aceptarían como resarcimiento? (dinero, tierras, ganado, semillas, etc).

Solita Pereyra:. En lo civil, un resarcimiento económico para costear mercaderías, ropas, viviendas, AGUA POTABLE, semillas, una EDUCACIÓN BILINGÜE, etc.


6) Según la estructura de su comunidad ¿quién estaría legitimado para negociar la transmisión de ese conocimiento?

Solita Pereyra: El CONOCIMIENTO no se NEGOCIA para transmitirlo. En las Comunidades, el Hermano que SANA usa las medicinas, y hay otro Hermano que ya esta señalado para ser iniciado en las prácticas curativas.

 Si te refieres para afuera de las Comunidades, no se transmite ahora hasta tener APROBADO EL REGISTRO primero y en caso de existir ya el Registro, estaría facultado para inscribir todo Conocimiento, el/la Tinkina.

 

7) ¿Cuál cree que sería la forma más conveniente para proteger ese conocimiento?

Solita Pereyra: Registrándolo.


8) ¿Creería conveniente que miembros de su comunidad se capaciten para poder explotar al máximo estos conocimientos y así evitar que terceros lo hagan por ustedes?

Solita Pereyra: Buscamos elevar nuestra cultura y preparación para que no nos estafen, pero no para que alguno de nosotros explote el Conocimiento. Sólo hay ciertos integrantes preparados para el tema, por ejemplo: de plantas medicinales, de diseños, etc.

 

Bibliografía

- www.prodiversitas.bioetica.org
- www.ifla.org
- www.bioetch.bioetica.org
- www.biopropiedad.bioetica.org
- www.indigenas.bioetica.org
- www.eurosur.org
- www.fder.uba.ar.seminarioderechosindigenas
 

 


NOTAS:


[1] .Teodora Zamudio, WWW.PRODIVERSITAS.BIOETICA.ORG

 [2] Cols, Javier R.,  “Qué es el conocimiento tradicional”,  WWW.BIOETCH.BIOETICA.ORG

[3] idem 1.

[4] idem 1.

[5] WWW.PRODIVERSITAS.BIOETICA.ORG/nota9.htm  pág. 2

[6] idem 1.

 

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 Dra. Teodora ZAMUDIO