La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Tierras indígenas

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Las tierras de los pueblos indígenas argentinos.

Alumnas:    Claudia Carolina Fogelberg (D.N.I. 27.131.135)

                    Mariela Emilce González (D.N.I. 23.939.795)

                    Vanesa A. Juárez (D.N.I. 26.608.083)

1. Hipótesis.

2. Antecedentes históricos.

3. Factores políticos y económicos.

4. Incidencia de la escritura para el reconocimiento de la propiedad de las tierras Indígenas.

5. La visión del problema desde la normativa aplicable y la función de los órganos estatales.

6. Dificultades que se presentan para que las Comunidades Indígenas recuperen sus tierras.

7. Conclusiones.

Fuentes bibliográficas consultadas.

 

 

1. Hipótesis.

            En la actualidad existen numerosas Comunidades Indígenas que, pese a sus esfuerzos, no están reconocidas ni tienen titulo de propiedad y carecen del respaldo sobre sus tierras tradicionales.

            Es así que en el presente trabajo nos proponemos establecer, partiendo de lo dispuesto en la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17 y en el Convenio 169 de la OIT, cuáles son las dificultades que impiden que las Comunidades Indígenas recuperen las tierras que les pertenecían –y pertenecen- desde sus ancestros, y de esta manera obtener la titularidad de aquellas.

            De esta manera, se expondrán los antecedentes históricos y las situaciones actuales que incidieron –e inciden- a que las autoridades Estatales provinciales y nacionales no le devuelvan sus tierras. 

2. Antecedentes históricos. 

            Durante toda la historia de la humanidad, cada vez que los pueblos vecinos dominadores han ampliado sus territorios o que colonizadores procedentes de tierras lejanas se han apoderado por la fuerza de las tierras, han corrido peligro las culturas y el sustento, incluso la existencia de los pueblos indígenas, contra su situación jurídica y contra sus demás derechos establecidos por la ley, como grupos diferentes y como ciudadanos, no siempre asumen las mismas formas que en el pasado.

            En el período independiente (1810-1853), la situación jurídica de los indios mejoró, al menos teóricamente. La Asamblea del año XIII declaró extinguidas la mita y el yanaconazgo y cualquier tipo de servicio o tributo personal de los indios reconociéndolos como hombres libres y en igualdad de derechos a los demás ciudadanos.

            Pese a ello, la diferencia cultural entre las comunidades indígenas y los criollos y europeos, persistió. Las distintas tribus sufrieron también una sensible disminución a causa de las continuas escaramuzas en la línea de fortines, y en las expediciones al desierto realizadas por Juan M. De Rosas.

            La Constitución de 1853 reconoció esta situación marginal del indio, en el artículo 67, inc. 15, al exigir el trato pacífico con ellos y promover su conversión al catolicismo. Pero esto trajo como consecuencia, un proceso de aculturación al privársele de la práctica de sus costumbres y creencias ancestrales. Luego de sancionada la Constitución el problema del maltrato subsistió, ya que si bien varias tribus se asimilaron a la cultura europea, con sacrificio de las suyas, hasta que en las expediciones al desierto (Julio A. Roca) y al Chaco (Fontana) arramblaron con esas tribus rebeldes, llevándolas casi a su total extinción.

            Cabe destacar que hasta las campañas genocidas llevadas a cabo por el ejército argentino contra los pueblos indígenas durante la segunda mitad del siglo XIX, sus integrantes habían vivido en libertad en un extenso territorio sobre el que ejercían su control soberano. La meta de la persecución y el exterminio era la incorporación definitiva de los territorios al dominio eminente del Estado nacional, libres de habitantes nativos.

            Luego de la guerra étnica, con la derrota del Pueblo Indígena se abrió entonces una nueva etapa en nuestra historia.

            Así se llevó a cabo el proceso de repoblación de las tierras “conquistadas” bajo las imposiciones de la consolidación del Estado nacional al ritmo de su inserción, como tal, a los avatares del mercado internacional.

            En ese marco, el gobierno nacional cedía a particulares extensas porciones de territorios considerados aptos para la explotación de la agricultura o ganadería. Simultáneamente, inmigrantes pobres recién llegados al país iban instalándose en las zonas. Por su lado, los indígenas sobrevivientes se iban acomodando en las tierras menos fértiles.

            Pues bien, como puede apreciarse de esta reseña, lo cierto es que, como dice Miguel Ángel Ekmekdjian “.... la igualdad de los indios con los demás habitantes del país nunca fue real, sino otro “catálogo de ilusiones”.

            Así por ejemplo, cuando se sancionó la igualdad de ellos, se los privó de las tierras en las que estaban asentados, incorporándolas a las tierras fiscales, o bien dividiéndolas entre los jefes de cada familia. La situación de sus tierras, es un problema todavía no resuelto.

            Desde los orígenes del Estado nacional, ninguna de las distintas formas jurídicas que adoptó el “sistema de propiedad del suelo” programado por el Estado permitió hasta el día de hoy, que los campesinos indígenas accedieran y dispusieran de sus tierras de asiento[1].

            Por el contrario, los pobladores nativos se vieron siempre forzados a ocuparlas y explotarlas a discreción del gobierno estatal.

            Lograr el reconocimiento estatal de los derechos territoriales de la comunidad está resultando extremadamente difícil. Sus tierras son altamente codiciadas por su diversidad biológica y cultural, su paisaje, sus recursos minerales y por sus cursos de agua no contaminada. Y su situación legal es conflictiva.

 

3. Factores políticos y económicos.

            Es posible asegurar que no existe voluntad política por parte de los tres poderes de los Estados provinciales y nacional de que las Comunidades Indígenas recuperen las tierras que le pertenecen.

            En especial, el Poder Judicial no aplica la normativa indígena que garantiza la reproducción de su identidad social por medio del derecho al arraigo y el control participativo de los temas de su interés. No sólo no respetan la ley positiva sino que tampoco lo hacen con los pactos acordados entre los gobiernos nacional y provincial y los representantes de los Pueblos Indígenas, aduciendo que los derechos indígenas reclamados no se encuentran suficientemente acreditados.

            La parcialidad evidenciada requiere entonces escalar instancias judiciales que alcancen ámbitos independientes, capaces de ordenar una investigación profunda que desenmascare la red de complicidades estatales que frustra el ejercicio los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas, meta actualmente impracticable ante la imposibilidad de los pobladores rurales de ejercer su derecho de acceso a la justicia.

            En el marco de aplicación de las nuevas políticas económicas de libremercado, tanto el Estado nacional como los distintos Estados provinciales, promueven la eliminación de las zonas rurales de campesinos ya sea: 1) para colaborar con la expansión de la agricultura extensiva agroexportadora o, 2) para negociar las tierras en la banca internacional, constituyéndose como prenda de futuros préstamos o subsidios.

            En ambos casos se produciría un desplazamiento masivo a las zonas urbanas de los pobladores rurales, lo que llevaría al incremento de la mano de obra y la consecuente baja de los sueldos del campo y la ciudad.

            En la actualidad, en miras a que se aumente la recaudación del impuesto inmobiliario, los organismos internacionales de crédito presionan a los Estados provinciales y nacional a que actualicen la regularización dominial de las tierras fiscales, muchas de ellas ocupadas  por Comunidades Indígenas.

            Pero tanto para el trabajador de la zona rural como para las Comunidades Indígenas la regularización dominial no es favorable. Por que, la titularización dominial importa la incorporación del campesino al sistema impositivo rural y el consecuente peligro de pérdida definitiva de la tierra que hoy detenta precariamente.

            En efecto, con la obtención del título de propiedad sobre la tierra, el campesino estará obligado a pagar la renta inmobiliaria. La precariedad económica por la que atraviesa el campesinado en la Argentina, provocará  la falta de pago del impuesto.

            Ocasionando la venta inmediata y a precio vil, el abandono del campo o el desalojo por deuda impositiva, son las consecuencias que se vislumbran para el sector rural.

            Lo importante y fundamental sería la titularización comunitaria (sólo reconocida por la ley a los Pueblos Indígenas), ya que la misma se regula acompañada de medidas que sean favorables para el campesino (aplicación de políticas de excepción o de discriminación inversa), tales como inembargabilidad, imprescriptibilidad o inenajenabilidad de las tierras titularizadas.

            Tales medidas contrarrestarían los peligros de pérdida de la tierra para el sector indígena. Pero a su vez, en tanto las tierras indígenas representan un alto porcentaje, en algunas provincias, de las tierras disponibles para las arcas estatales locales, la titularización bajo tales condiciones significaría una merma significativa de la reserva provincial, garantía de los próximos subsidios y préstamos de los organismos multilaterales. 

            Esta situación explica las dilaciones, elusiones y omisiones, expresas e implícitas, de las autoridades gubernamentales de los tres poderes provinciales a la hora de cumplir sus obligaciones para con los Pueblos Indígenas. También explica la conformidad silenciosa del Estado nacional.

 

4. Incidencia de la escritura para el reconocimiento de la propiedad de las tierras Indígenas.

            En este punto debe considerarse, en especial, el papel que ha jugado la tradición escrita (en oposición a la tradición oral) para competir en la conformación y consolidación de derechos.

            Desde esta perspectiva, debe considerarse el papel de poder y dominación que jugó históricamente -y aún juega- el “texto escrito”.

            Debe tenerse presente el sentido de la escritura como reproductora de los modelos de dominación cuando se valora el documento escrito como fuente de verdad legal e histórica en oposición a la verdad declarada oralmente. El texto, como sujeto de la estructura social[2], se presenta como la correa de trasmisión del poder emergente de quienes tienen acceso cultural a plasmar las “verdades” en mapas topográficos o catastrales y/o en asientos registrales. Al mismo tiempo, la diferencia cultural que incapacita a quien no maneja el medio escrito para conocer y/o cuestionar tales registros, refuerza, convalida y consolida la estructura de dominio impuesta. Todo ello sin profundizar en los valores (los propios de las tradiciones escritas) que el texto como sujeto legitima por medio de su simbología y enunciados.

            Desde esta intelección, debe alentarse la caída de la “presunción de verdad” de la que gozan los asientos oficiales -y la necesaria “redargución de falsedad” que debe interponerse ante este tipo de documentos para deslegalizarlos- para viabilizar la investigación histórica en zonas ocupadas por poblaciones indígenas.

            En especial, se debe atender a lo expresado en “La Declaración y el Programa de Acción de Viena” acordado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (junio de 1993).  En este marco, el Proyecto de Principios para la protección y promoción de los DDHH mediante la lucha contra la Impunidad  promueve 1) el derecho (colectivo) que tienen los Pueblos a conocer la historia de su opresión en tanto ello forma parte de su patrimonio y el deber consecuente de su conservación[3], 2) el derecho a la justicia que impone las siguientes obligaciones al Estado: la de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si se establece su culpabilidad, hacer que sean sancionados y 3) el derecho a un juicio imparcial.

 

5. La visión del problema desde la normativa aplicable y la función de los órganos estatales.

            Los pueblos indígenas atraviesan una situación de vulnerabilidad y de indefensión jurídica frente a la sociedad. De un lado, su acceso al sistema de administración de justicia nacional es precario, en muchos casos inexistente; de otro lado, se desconoce y niega desde la sociedad el reconocimiento a una forma de administrar justicia propia como un derecho especial fundamentado en el marco de la propia cultura.

            En la práctica es frecuente ver el conflicto entre el derecho positivo y el derecho consuetudinario, reconocido constitucionalmente; y cómo afecta los derechos humanos de los pueblos indígenas. A modo de ejemplo, uno de los problemas más frecuentes es que cuando los indígenas son procesados por la justicia formal, las autoridades judiciales desatienden sus derechos a utilizar interpretes en su idioma y aplicar sus normas y costumbres de acuerdo con el artículo 169 del Convenio, entre otros.

            Ahora bien, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional -incorporado en la reforma de 1994-, establece en la parte pertinente, que le corresponde al Congreso “...reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.”

            Esta disposición no es, en principio, operativa. Pretender su operatividad, sería fuente de serios conflictos, que seguramente se resolverían rechazando las pretensiones de los indígenas por falta de leyes reglamentarias.

            Cabe agregar que el reconocimiento de la personería jurídica a las comunidades aborígenes requerirá de una ley especial que establezca los efectos jurídicos de ellas, y alguna estructura comunitaria.

            De allí que para solucionar este tipo de inconvenientes resulta de suma trascendencia que el art. 75 inc. 17 de la carta fundamental sea reglamentado.

            Pero el problema jurídico más grave se refiere al reconocimiento de la “propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”. No existe en el Código Civil este tipo de “propiedad comunitaria”, por lo que debiera ser definido en una ley especial. Ahora bien, la doctrina se plantea una serie de interrogantes: ¿qué se puede entender por “propiedad comunitaria”?, ¿será algo similar a los “Ayllu”[4], del imperio inca, en la América precolombina?, ¿estarán censadas estas tierras?, ¿esto significa que ninguna comunidad indígena podrá tener tierras bajo el régimen de la propiedad privada clásica?[5].

            Un tema a tener presente es los conflictos que esto pueda generar ya que, si miramos al pasado, todo el territorio de nuestro país y de América entera fue propiedad tradicional de las comunidades indígenas.

            En cuanto a la entrega de otras tierras aptas para el desarrollo humano, obviamente se trata de tierras fiscales o bien de particulares que deben ser expropiadas. Este párrafo parece partir del supuesto de que las tierras que actualmente poseen las comunidades aborígenes no les son suficientes para su desarrollo.

            Pues bien, en términos generales, la normativa sobre derecho indígena que introduce la Constitución Nacional en 1994 y lo regulado por el Convenio 169 de la OIT (muy especialmente lo reglado sobre la lesión subjetiva) establecen que es imposible dirimir con justicia un conflicto que se plantea en zonas de fricción socioétnica sin tener en cuenta las diferentes culturas que se encuentran y las relaciones históricamente construidas entre las partes involucradas. Dado que la causa que da origen a la nueva legislación es la reparación histórica de los crímenes perpetrados por los ejércitos nacionales en la época de consolidación del Estado argentino y la consecuente apropiación ilegítima de sus tierras, la normativa ordena la interpretación de este tipo de conflictos a la luz de la génesis sociohistórica de las estructuras relacionales que les dan base, aplicando políticas de reconocimiento y estrategias de discriminación inversa que equilibren las asimetrías históricas entre las dos tradiciones sociales que colisionan.

            De esta manera, observamos que la situación actual de la titularidad de las tierras que ancestralmente correspondieron –y corresponden- a las Comunidades Indígenas se encuentra en flagrante violación a los dispuesto en la Constitución Nacional, puesto que los actos administrativos (por acción, dilación u omisión) de disposición y titularidad de las tierras emanados de las autoridades provinciales y nacionales contradicen los dictámenes constitucionales, violando así los principios de supremacía constitucional y de federalismo que lideran el orden normativo nacional y atentan directamente contra el Estado de derecho.

            Por otra parte, se viola lo establecido en el Convenio 169 OIT, especialmente la cláusula que reprime todo acto de apropiación ilegal de tierras por medio de la lesión enorme ( art 17 Inc 3) y el derecho de los pueblos a la propiedad de sus tierras y a ser partícipes de las resoluciones administrativas de su competencia e interés (arts 6,13 y 14).

            En este sentido, cabe destacar para establecer los mecanismos de solución del problema aquí planteado que la reforma constitucional de 1994 fue alentada por los siguientes principios:

  1. resignificación del Principio de Igualdad (Igualdad Real que toma en cuenta las diferencias estructurales e históricas),

  2. principio de No-discriminación,

  3. adscripción Argentina a la forma de Estado pluricultural y la apreciación de los hechos y el derecho poniendo atención en la diversidad[6] social, política, económica y cultural de las partes o los inculpados.

 

6. Dificultades que se presentan para que las Comunidades Indígenas recuperen sus tierras.

            Para evaluar las posibilidades que las Comunidades Indígenas tienen para recuperar y proteger sus tierras, hay que reflexionar sobre el vacío legal en el ámbito provincial y nacional para hacer valer derechos de la categoría que aquí se aducen[7].

            En primer lugar, es de destacar que los procedimientos y acciones prescriptos giran en torno a la dualidad zonas de dominio privado individual-zonas de dominio público (y a los derechos, deberes, garantías, titularidades y aspectos específicos que de ellas se derivan)[8]. Se desconoce todo lo referente a derechos colectivos y las zonas de dominio indígena (comunitario), (su sentido, valores y principios) y en particular lo atinente a los Pueblos Originarios y el respeto a la diferencia[9].

            En segundo lugar, la legislación procedimental vigente es inadecuada:

i.                     en relación a la materia que regula: las relaciones interétnicas;

ii.                   en relación al tipo de derechos que regula (colectivos);

iii.                  en relación a los sujetos (colectivos) legitimados activos: los pueblos y/o comunidades indígenas;

iv.                 en relación las obligaciones constitucionales de los legitimados pasivos: los particulares y el Estado nacional, provincial o municipal;

v.                   en relación al objeto sobre el que recae la norma: entre otros, las tierras ocupadas tradicionalmente por los Pueblos/Comunidades Indígenas; el bilingüismo, la educación intercultural; la consulta previa informada; etc

vi.                 porque no tiene en cuenta las medidas de excepción que se regulan,

vii.                ni la causa en que se funda la legislación sustantiva: la reparación histórica,

viii.              ni el fin que persigue: el trato en pie de igualdad, el respeto a la diferencia y el diálogo interétnico en paridad de condiciones.

            Por último, en relación a los territorios indígenas, la legislación procedimental vigente es inadecuada:

  1. porque no respeta los modos propios de expresar la ocupación tradicional;

  2. porque no tiene en cuenta los atributos prescriptos y la razón de ser del derecho al arraigo.

            En definitiva, las normas procesales vigentes atentan contra lo materialmente alcanzado. Entretanto, sólo resulta idónea para el caso de defensa, la acción de amparo con la petición de que se ordene medida de “no innovar” y, en caso de duda, la acción declarativa de derecho, en ambos casos haciendo reserva del caso federal.

 

 

 

 

7. Conclusiones.

            Las comunidades y pobladores indígenas se encuentran con una serie de obstáculos reales (situaciones de hecho y condiciones socioculturales) y legales que tornan imposible el ejercicio de los derechos territoriales reconocidos.

            A pesar de que en el texto constitucional a partir de la reforma de 1994, se reconoce a las Comunidades Indígenas su legítima titularidad posesoria y dominial de las tierras que tradicionalmente ocupan y les garantiza su reproducción social, en la práctica estas declaraciones de derechos no se han hecho efectivas.

            La Comunidad Indígena y sus pobladores encuentran truncados el ejercicio de sus derechos, los que son violados reiteradamente por actos propios de gobierno que, en flagrante configuración de lesiones subjetivas y objetivas, imponen políticas de tierras y sociales (u omiten aplicarlas o dilatan su aplicación o la obstaculizan) a las que las comunidades y pobladores no pueden negarse por desconocimiento de la ley (y por lo tanto del sentido de la ley, de sus efectos y de lo que ella encubre) o por miedo a "perderlo todo".

            Ante los conflictos de tierras que se suscitan, el gobierno nacional y  los provinciales consolidan las apropiaciones ilegales a la vez que permiten (y en ciertas oportunidades impulsa) nuevas ilegalidades.

            En especial, omiten proveer lo conducente al ejercicio efectivo de los derechos colectivos reconocidos a las Comunidades sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, sea por medio de la falta de promoción y sanción de legislación materialmente válida a la luz de la reforma constitucional de 1994 y los acuerdos internacionales vigentes (Conv 169 OIT), sea por medio de la indiferencia u omisión cuando propone y/o aprueba legislación que compromete intereses de las Comunidades Indígenas pero que ignora su existencia y derechos flagrantemente.

            De allí que los pobladores indígenas afectados carecen de acceso a una Justicia imparcial e independiente que incorpore a las prácticas de interpretación y aplicación de la ley tanto el derecho de los Pueblos Indígenas como los conceptos rectores del respeto de la diversidad cultural, histórica y social.

            Todo esta situación se agrava ante la falta de una investigación exhaustiva de los procesos históricos de exterminio y aculturación compulsiva (etnocidio) a los que fueron sometidos los Pueblos Indígenas. La falta de condiciones objetivas para que dichas comunidades proyecten planes sociales, políticos, económicos y jurídicos que aseguren su vida autónoma y su reproducción. Falta de transferencia de recursos por parte de los gobiernos para concretar el derecho de autogestión. Carencia de delimitación y demarcación de las tierras indígenas practicadas conjuntamente con los interesados y que tenga en cuenta sus pautas culturales (políticas, sociales, económicas, espirituales) y su historia. Se observa la falta de estudios demográficos, sociales, económicos y ecológicos sobre las zonas de efectiva ocupación que diagnostiquen y pronostiquen la capacidad de reproducción (material y simbólica) identitaria y colectiva de las Comunidades Indígenas, estas condiciones impiden que dichas comunidades proyecten planes sociales, políticos, económicos y jurídicos que aseguren su vida autónoma y su reproducción. No se observa  transferencia de recursos por parte de los gobiernos para concretar el derecho de autogestión. Esto llevo a la decadencia de la actividad productiva que fueron compelidos a desarrollar (ganadería y agricultura).

            Además, la creciente promoción e implementación de proyectos de "desarrollo" profundizan aún más la exclusión del sistema productivo actual (forestación, turismo, inversiones latifundistas, etc.).

            Estos factores llevan a que los indígenas vivan una creciente pauperización de las condiciones mínimas de existencia y de reproducción social (alimenticias, sanitarias, educativas, etc), ocasionando consecuencias que llevan al progresivo deterioro de las condiciones ecológicas del territorio.

 

            En consecuencia, el actual marco legal no brinda garantías para la seguridad efectiva y estabilidad jurídica de las tierras y los territorios indígenas, a pesar de lo establecido en el art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT.

            En este contexto, resulta fundamental el dictado de una legislación especial para el tratamiento de la problemática relacionada a la tierra de las Comunidades Indígenas.

Fuentes bibliográficas consultadas.

Documentos normativos.

- Constitución Nacional de la República Argentina.

- Convenio 169 de la OIT.

- Declaración y Programa de Acción de Viena, acordado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (junio de 1993).

Obras doctrinales.

- Bidart Campos, Germán J., El derecho de la Constitución y su fuerza normativa, EDIAR, Bs. As., 1995.

- Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, EDIAR, Bs. As., 1996.

- Bidart Campos, Germán J., "Los derechos de los Pueblos Indígenas" en La Ley, T 1996-B. Sec. Doctrina.

- Ekmekdjian, Miguel Ángel, Manual de la Constitución Reformada.

- Highton Elena, "El camino hacia el nuevo derecho de los Pueblos Indígenas a la propiedad comunitaria en la Constitución de 1994." En Revista de Derecho Privado y Comunitario, Nro 7, Derecho Privado en la Reforma Constitucional, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1994.

- Rosatti, Horacio Daniel, "Status Constitucional de lo Pueblos Indígenas argentinos" en La Reforma de la Constitución, Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 1994.

- Trinchero Hugo, Los dominios del demonio, Bs. As., Eudeba, 2000A.

 


NOTAS:


[1] Los pobladores accedieron a las tierras por dos vías:  1) el permiso provisorio de ocupación de tierras otorgado por el Estado a grupos indígenas en calidad de “reservas indígenas” hasta tanto se practicaran los deslindes individuales correspondientes y 2) el permiso provisorio de ocupación de tierras fiscales otorgados a particulares con la posibilidad de acceder a un contrato de arrendamiento como paso previo a la adjudicación en venta.  Sólo en el segundo caso podía llegarse a adquirir el título de dominio del predio concedido. El proceso para lograr la adquisición, si bien fue variando en el tiempo, en términos generales consistía en: a) la obtención de un permiso de ocupación por el cual había que pagar un canon por pastaje (fiscaleros-pastajeros-ocupante con título). Si mensuraba era ocupante o fiscalero con mensura, b) la suscripción de contratos de arrendamiento otorgados en virtud del cumplimiento de las pautas de ocupación acordadas al permisionario y por los cuales debía pagarse un canon por el arriendo (se sumaba al del pastaje) y c) la adjudicación en venta del predio arrendado siempre y cuando se cumplieran los requisitos formales exigidos, entre los que era de peso la obligación de practicar la mensura. En ambos casos la detentación de la nuda propiedad quedaba en manos del Estado y el acceso se restringía al uso y usufructo del suelo. Por lo tanto la titularidad otorgada era precaria, esto es, disponible sin condiciones para el Estado.  Para el resto de los pobladores quedaba la ocupación fiscal de hecho (ocupantes sin título). Ellos eran: 1) quienes no estaban en situación económica.

[2] Trinchero, Héctor Hugo, Los Dominios del Demonio, Buenos Aires,  Eudeba, 2000.

[3] Para lo cual se promueve la creación de Comisiones Extrajudiciales de Investigación con el fin de  desmontar los mecanismos de Estado que perpetúan la comisión de actos denigrantes y aberrantes a la Humanidad.

[4] Sistema de organización social y económica practicado en la zona andina precolombina, adaptado luego por los españoles, que lo llamaron aíllo. Consistía en una unidad social, patriarcal y endogámica, que agrupaba a los descendientes de un antepasado común, cuyo cuerpo momificado o representación era adorado como una divinidad, dirigidos por un jefe o curaca. A diferencia del clan implicaba además la posesión y explotación colectiva de la tierra.

[5] Bidart Campos opina que esta propiedad común o colectiva no implica la prohibición de la propiedad privada, ni el desarraigo voluntario de quienes quieran separarse de la comunidad. Lo que se prohíbe es el deserrado forzado de los habitantes tradicionales.

[6] 1)Artículos 38 y 75 Inc 17, 19 y 23 CN.  2) Ley 24.309 (habilitación de Reforma Constitucional) Inc. ll del Art. 3ro, que ordena la "Adecuación de los textos constitucionales a fin de garantizar la identidad étnica y cultural de los Pueblos Indígenas". 3) La exposición de motivos del Despacho de mayoría de la Comisión de Nuevos Derechos a la Comisión de Redacción (Dictamen de Comisión Nro. 5 del 7 de julio de 1994) "El fundamento para la incorporación del artículo propuesto está dado por el reconocimiento de la existencia de diferentes Pueblos Indígenas, con su propia identidad étnica y sus peculiares culturas, que conforman el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación Argentina." 4) Inserciones agregadas a los Diarios de Sesión.

[7] “El Código Civil (CC) está concebido desde la idea individualista de la propiedad, desde la idea occidental, que puede ser buena, mala, o regular pero que no engloba la vinculación de las comunidades indígenas con la tierra. [...] la posesión como está pensada en el CC es individual, tiene mecanismos, requisitos, efectos, que están relacionadas a la tradición romanística del Código francés  [...] había que abrir un nuevo horizonte que hiciera posible recibir jurídicamente, en el orden jurídico argentino de hoy que tiene esa otra tradición, a este modo muy particular a que hace referencia la nueva norma constitucional.[...] Si aplicáramos a la posesión de un ámbito territorial que tradicionalmente ocupa un pueblo indígena las reglas del CC, lo que estaríamos haciendo es darles un derecho que nunca se concretaría, porque en definitiva estaríamos haciendo competir un modo de acceso a la posesión y a la propiedad de la tierra que está previsto en el CC con otro que no lo está; esa posesión comunitaria que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas no cabe en las palabras del Código Civil.[...] el Congreso de la Nación debe hacerse cargo de que hay un modo diferente de ejercer la posesión de la tierra y necesariamente deberá dictar leyes que aten las consecuencias jurídicas a este modo diferente." (Convencional Díaz en Asamblea Constituyente de la Reforma Constitucional)   

[8] Mientras en las zonas de propiedad individual privada, los titulares y administradores de los predios son sujetos individuales, personas físicas o jurídicas, y en las zonas de dominio público, los titulares son todos los ciudadanos argentinos y el administrador es el estado, en las zonas de dominio indígena, sus titulares y administradores son las Comunidades/Pueblos Indígenas.  Mientras en las zonas de propiedad individual privada, los titulares y administradores de los predios son sujetos individuales, personas físicas o jurídicas, y en las zonas de dominio público, los titulares son todos los ciudadanos argentinos y el administrador es el estado, en las zonas de dominio indígena, sus titulares y administradores son las Comunidades/Pueblos Indígenas. 

[9] Dice expresamente el art. 14 Inc 3 del convenio 169 de la OIT " Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados"

 

 

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