La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Chubut

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Constitución provincial  (1994)

 

Ley 2378 Mensura y amojonamiento de tierras

Rawson, 25 de Septiembre de 1984 Boletín Oficial, 15 de Octubre de 1984

La legislatura de la Provincia del Chubut, sanciona con fuerza de ley:

Artículo 1.- El Poder Ejecutivo, a través del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, llevará a cabo las mensuras y amojonamientos definitivos correspondientes a las tierras comprendidas en las denominadas Colonias: Epulef, Tramaleú o Loma Redonda, Lago Rosario, Cerro Centinela, Chalia y Pocitos de
Quichaura, que se encuentran delimitadas geográficamente mediante Resolución Nro.255/79 del Organismo antes mencionado.

Artículo 2.- El Poder Ejecutivo, a través del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural y los organismos que a ese efecto considere convenientes, efectuará un relevamiento interno de las Colonias referidas en el artículo precedente, que determine: a) Nómina completa de los ocupantes aborígenes y sus grupos familiares, determinándose en cada caso; datos personales, fecha de iniciación de la ocupación y título que se invoca, además del tipo de explotación que realizan. b) Determinación geográfica de la ocupación de los pobladores referidos en el apartado a) c)
Nómina completa de los ocupantes no aborígenes y sus grupos familiares, determinándose en cada caso; datos personales, fecha de iniciación de la ocupación y título que se invoca, y tipo de explotación que se realiza. d) Determinación geográfica de la ocupación de los pobladores referidos en el apartado c).

Artículo 3.- El Poder Ejecutivo Provincial incorporará las partidas presupuestarias que fueren menester, correspondientes al Ejercicio del período 1985, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1ro. y 2do. de la presente Ley.

Artículo 4.- El Poder Ejecutivo dictará las normas  reglamentarias que fueren menester a los efectos del cumplimiento de la Presente Ley en el término de Noventa (90) días contados a partir de la promulgación de la misma.

Artículo 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

  

Ley 3247. Comisión Provincial de identificación y adjudicación de tierras a las comunidades aborígenes

Rawson. Chubut, 22 de Diciembre de 1988 Boletín Oficial, 10 de Enero de 1989

La legislatura de la provincia del Chubut, sanciona con fuerza de ley:

Capitulo I. Creación y conformación (artículos 1 al 2)

Artículo 1.- Créase la "Comisión Provincial de Identificación y Adjudicación de Tierras a las Comunidades Aborígenes", la que dependerá funcionalmente del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia del Chubut.

Artículo 2.- La Comisión creada por el artículo anterior estará conformada por diez (10) miembros, los cuales serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial, a propuesta de la Dirección Provincial del Aborígen y de los Delegados de la Asociación Indígena de la República Argentina (A.I.R.A.) en la Provincia del Chubut.

Capitulo II. Objetivos, funciones y atribuciones (artículos 3 al 0)

Artículo 3.- Los objetivos, funciones y atribuciones de la Comisión, son los siguientes;
1) Identificar las tierras fiscales ocupadas por aborígenes o por comunidades que los agrupen y requerir los relevamientos e inventarios disponibles a quien corresponda.

2) Quedan a disposición de la Comisión creada por el artículo 1, las tierras fiscales enumeradas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Ley con más las que se identifíquen ocupadas por aborígenes.

3) Regular las situaciones existentes en la Provincia en las que sean parte aborígenes en forma individual, familiar y comunitaria, excepto en los casos en que se hayan iniciado acciones judiciales

4) Asesorar en forma gratuita a los aborígenes y/o comunidades que sean parte de acciones judiciales relacionadas a la tenencia de tierras.

5) Dictaminar y proponer la adjudicación de tierras fiscales ocupadas por aborígenes y aquellos que surjan de la aplicación del artículo 8 de la presente Ley en cuanto tengan relación con la temática aborigen, al Organismo competente que deberá proceder a la
adjudicación en tiempo y forma. El plazo máximo para ello será de treinta (30) días y sólo podrá expedirse por la negativa por causa fundada en el control de legalidad.

Capitulo III. Disposiciones generales (artículos 4 al 12)

Artículo 4.- La Comisión Provincial de Identificación y Adjudicación de tierras a las Comunidades Aborígenes iniciará sus funciones dentro de los treinta (30) días de sancionada la Ley.

Artículo 5.- El funcionario de la Comisión creada por la presente Ley, continuará hasta el 31 de diciembre de 1990

Artículo 6.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley se solventarán con las partidas correspondientes que se habiliten en el Presupuesto Provincial.

Artículo 7.- Dispónese la medida de no innovar en todo asunto administrativo donde se trate de dirimir conflictos objetivos, en los que una de las partes, por lo menos, sea aborígen por sí o por pertenencia comunitaria o familiar.

Artículo 8.- Esta disposición somete a revisión toda resolución o disposición  administrativa, tomada desde 1979 en adelante. Asimismo esta disposición se extenderá hasta el cese de funciones de la comisión creada por esta Ley.

Artículo 9.- Los beneficios de esta Ley quedan exceptuados del cumplimiento de los artículos 17, 20, 53 y 54 de la Ley Nro. 823, así como de toda otra disposición que sea contradictoria con el texto y espíritu de la presente Ley.

Artículo 10.- La adjudicación de tierras previstas se afectará a título gratuíto. Los beneficiarios estarán exentos del pago de impuestos provinciales y libres de gastos o tasa administrativa. La Comisión gestionará exenciones impositivas ante los gobiernos
comunales.

Artículo 11.- Las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto por esta Ley son inembargables e inejecutables. Las excepciones a este principio y al solo efecto de garantizar los créditos con entidades oficiales serán previstas por la  reglamentación de esta Ley. En los títulos respectivos se hará constar la prohibición de su enajenación durante un plazo de veinte (20) años a contar de la fecha de su otorgamiento.

Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Ley 3657. Creación del Instituto de Comunidades Indígenas

Boletin Oficial, 30 de Agosto de 1991.

Titulo 1.- De las Comunidades Indígenas.

Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto la preservación social y cultural de las comunidades indígenas, la defensa y revalorización de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones económicas, su efectiva participación en el proceso de desarrollo provincial y nacional y su acceso a un régimen jurídico que les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos.

Artículo 2.- Se entenderá como comunidad indígena a los grupos de familias que se reconozcan como tales , con identidad, con cultura y organización social propia, que conserven normas, pautas y valores de su tradición, que posean o hayan poseído una lengua autóctona, que convivan en un hábitat común, en asentamientos nucleados o dispersos, rurales o urbanos.

Artículo 3.- Se considerará como indígena o aborígen a todo ciudadano de las etnias aborígenes que sean o no nativos de la provincia, de origen puro o mestizo en otro tipo de raza, o ser descendiente en cualquier grado de etnias prehispánicas o de probada antiguedad de asentamiento en base a los mecanismos que los pueblos aborígenes adopten para su reconocimiento.

Artículo 4.- El estado reconoce la existencia legal de las comunidades aborígenes y les otorgará personería jurídica conforme a las disposiciones vigentes.

Titulo 2 Del Asentamiento de las Comunidades Indígenas

Artículo 5.- El asentamiento de las comunidades indígenas se realizará en tierras fiscales, atendiendo en lo posible a la posesión actual o tradicional de las tierras. El consentimiento libre y expreso de la comunidad aborigen será esencial para su asentamiento en sitio distinto al de sus territorios habituales.

Artículo 6.- La adjudicación de tierras fiscales a las comunidades indígenas será gratuita y en forma individual o comunitaria, según el interés de cada grupo. La fracción no podrá ser embargada, arrendada a terceros, no comprometida en gerantía real de crédito alguno, en todo o en parte, bajo pena de nulidad absoluta.

Artículo 7.- En caso de querer proceder a la venta de su propiedad, el titular del dominio estará obligado a notificar al Gobierno de la Provincia del Chubut, por intermedio del organismo competente, a fin de que el Estado pueda hacer uso de la facultad de preferencia.

Artículo 8.- La comunidad podrá otorgar a sus miembros el uso de parcelas para sus necesidades. En caso de abandono de las mismas, la comunidad dejará sin efecto dicha concesión y determinará su nuevo destino.

Titulo 3 De la Creación del Instituto de Comunidades Indígenas

Artículo 9.- Créase el Instituto de Comunidades Indígenas (ICI) como persona jurídica autárquica, el que mantendrá sus relaciones con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Bienestar Social.

Artículo 10.- El Instituto tendrá por objetivos generales los siguientes:

a) Promoverá la organización de cada comunidad y del conjunto de los pueblos indígenas, tanto para el trabajo como para su propio desarrollo como grupo social, conforme con su cultura y costumbres.

b) Promoverá la autogestión de las comunidades para decidir sobre su propio destino, conforme con el principio de autodeterminación dentro del marco constitucional.

c) Incentivará la capacitación en todas las instancias del trabajo, en especial la de los jóvenes de las comunidades.

d) Promoverá el otorgamiento de tierras en propiedad a los indígenas en forma comunitaria o individual.

e) Incentivará el dictado de leyes específicas y de acciones de amparo en las áreas de salud, educación cultura, vivienda, trabajo, seguridad social y justicia.

f) Asistirá técnicamente a las comunidades indígenas y dará apoyo económico para el mejoramiento de la producción y la comercialización mediante créditos de bajos intereses y otros medios.

g) Promoverá, por medios de comunicación masiva, campañas de difusión de las culturas indígenas, tendiendo a un mayor entendimiento y respeto hacia el pueblo indígena.

Artículo 11.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

a) Establecer y aplicar programas de trabajo que respeten las costumbres indígenas, previa consulta a la comunidad de que se trate.

b) Prestar asistencia científica, técnica, jurídica, administrativa y económica a las comunidades indígenas por cuenta propia o en coordinación con otras instituciones y gestionar la asistencia de entidades provinciales, nacionales e internacionales, públicas y privadas.

c) Realizar el censo de la población indígena ante entidades gubernamentales y privadas.

d) Promover la formación técnico-profesional del indígena, especialmente para la producción agropecuaria, forestal, pequeña industria artesanal y capacitarlo para la organización, administración y dirección de las comunidades y del instituto.

e) Revitalizar el sistema de trueque y feria ante las comunidades e incentivar la producción tradicional.

f) Implementar departamentos técnicos, específicos en las áreas de salud, educación, trabajo, vivienda, asistencia, seguridad social, jurídica y de las tierras. En cada Departamento se implementará los proyectos del área específica, respetando la cultura y costumbres del indígena.

g) En salud coordinará planes sobre:

- Educación del indígena para preservar la salud.

- Formación de agentes sanitarios indígenas.

-Puesta en funcionamiento de unidades sanitarias y formulación de programas y acciones de acuerdo a las prioridades de las distintas comunidades.

-Erradicación de las enfermedades endémicas y campañas masivas vacunación.

h) En educación coordinará y elaborará con otras áreas:

- Una enseñanza bilingüe y bicultural (castellano-mapuche tehuelche).

- Planes específicos reformulando los contenidos pedagógicos conforme con la cosmovisión e historia indígena.

- Campañas de alfabetización de rescate y difusión de las lenguas, especialmente la tehuelche.

- Un sistema de becas estímulo para los indígenas en condiciones de acceder a los distintos niveles educativos.

- Los planes necesarios para la formación de docentes indígenas, que podrán reemplazar en los establecimientos especiales a los suplentes o internos.

- Planes de estudio de nivel primario y medio que contemple temas encaminados a difundir el conocimiento de la cultura, cosmovisión e historia indígena.

- Planes de estudio con salida laboral.

- Los instrumentos legales y materiales para iniciar y continuar la educación secundaria bilingue de los niños indígenas.

- Fomentar las artesanías e industrias rurales indígenas que preserven su autenticidad, considerándolas como fuente de trabajo y expresión cultural de nacionalidad.

i) En trabajo:

- Asistirá jurídicamente al indígena en los reclamos laborales judiciales y extrajudiciales por medio de su departamento jurídico.

- Promoverá la integración cooperativa para el mejoramiento socio económico de la comunidad indígena.

j) En asistencia y seguridad social:- Realizará regularmente, a través de personal idóneo, un cuadro de situación en las distintas comunidades.

- Gestionará la jubilación o pensión, nacional o provincial, según los casos particulares.

k) En tierra:

- Tomará vista en todo expediente de tierras relacionadas con los pobladores indígenas.

- Brindará todo el apoyo técnico necesario para el traspaso definitivo de las tierras a los indígenas.

I) En el área Jurídica:

- Acordará los medios necesarios para asistir al indígena brindandole, en forma gratuita, atención profesional en derecho, en todas las circunscripciones, comprendiendo las instancias extrajudiciales o judiciales cuando el indígena sea parte de un proceso.

Titulo 4 De la Dirección y Administración del Instituto de Comunidades Indígenas

Artículo 12.- El Instituto de Comunidades Indígenas será administrado por un Directorio integrado por:

- Un representante del Poder Ejecutivo.

- Un representante indígena por cada departamento político en donde existan comunidades indígenas reconocidas debiéndo también proponer sus respectivos suplentes.

- El Poder Ejecutivo designará presidente del Instituto de Comunidades Indígenas al representante indígena que resulte de una terna elegida entre las comunidades reconocidas.

Artículo 13.- Son deberes y atribuciones del Directorio del Instituto de Comunidades Indígenas:

a) Dictar su reglamento de funcionamiento.

b) Proponer al Ejecutivo el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos y someter a su consideración la Memoria y Balance Anual.

- Disponer la designación, contratación o promoción del personal del Instituto, preferenciando a los indígenas.

- Aceptar subsidios, donaciones con o sin cargo y legados. Para aceptar donaciones con cargo deberá previamente, dictaminar la Fiscalía de Estado.

e) Ejecutar y coordinar con los organismos provinciales competentes la realización de obras y prestación de servicios.

f) Contraer empréstitos con entidades financieras, públicas o privadas, con autorización del Poder Ejecutivo o Legislativo, según corresponda.

g) Aprobar los programas financieros de producción, comercialización y acción social de organismos

h) Celebrar convenios con otros organismos municipales, provinciales, nacionales o internacionales que tengan por objeto el cumplimiento de funciones vinculadas al Instituto, sujeto a la aprobación legislativa que corresponda.

i) Ejecutar toda clase de actos y celebrar los contratos necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 14.- Son deberes y atribuciones del Presidente del Instituto de Comunidades Indígenas:

a) Proponer al Directorio la estructura orgánica funcional del Instituto.

b) Dirigir y ejerceer el control del personal de las dependencias y actividades del Instituto.

c) Ejercer la representación legal del Instituto, otorgando mandatos especiales o generales.

d) Convocar y presidir las reuniones del Directorio.

e) Adoptar decisiones respecto de todos los asuntos administrativos y técnicos que fueran de competencia del Directorio cuando razones de urgencia así lo exijan, debiendo dar cuenta a aquel en la primera reunión que celebre.

f) Ejecutar y controlar el cumplimiento de las resoluciones que adopte el Directorio.

g) Proponer al Directorio la designación, contratación, promoción o remoción del personal.

h) Informar al Directorio sobre la marcha de las actividades del Instituto.

i) Intervenir en el manejo de los fondos del Instituto con sujeción a las normas de la presente Ley y las que establezca el Directorio, llevando el inventario general de los bienes pertenecientes al Instituto.

j) Proponer al Directorio las operaciones financieras que sean necesarias o convenientes para el cumplimiento de los objetivos del Instituto.

Artículo 15.- El Instituto organizará delegaciones en el territorio de la provincia llamadas Centros Comunales, las que abarcarán íntegralmente las necesidades de los indígenas en todas las áreas ya especificadas debiendo encarar toda planificación bajo tres aspectos: organización, participación y capacitación indígena.

Titulo 5 Del Patrimonio y los Recursos del Instituto de Comunidades Indigenas

Artículo 16.- El patrimonio del Instituto de Comunidades Indígenas estará compuesto por:

a) Los bienes inmuebles, muebles, automotores y semovientes determinados en el inventario y pertenecientes a la actual Dirección del Aborígen, la que será reeplazada por el Instituto de Comunidades Indígenas creado por esta Ley.

b) Los ingresos provenientes de la venta de piezas artesanales o productos realizados por el Instituto.

c) Los fondos provenientes de leyes especiales, subsidios o aportes del Gobierno Nacional, de la provincia o de fuentes internacionales.

d) Las donaciones, subsidios y legados de cualquier origen.

Artículo 17.- Con los recursos del artículo anterior se creará una cuenta especial denominada "Fondo Especial para Comunidades Indígenas", la que será destinada a cumplir los objetivos de esta Ley.

Artículo 18.- El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente Ley dentro de los 180 días posteriores a la fecha de su promulgación, estando facultado a efectuar las reestructuraciones presupuestarias que sean menester.

Artículo 19.- Derógase toda norma legal que se oponga a la presente Ley.

Artículo 20.- La presente Ley será especialmente difundida en las comunidades indígenas.

Artículo 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Ley 3510 Se reconoce a las comunidades indígenas radicadas en la provincia 

Rawson, 14 de Marzo de 1990 Boletin Oficial, 30 de Marzo de 1990

La legislatura de la Provincia del Chubut, sanciona con fuerza de ley:

Artículo 1.- A los efectos del cumplimiento de la Ley 3247 y sus modificatorias, reconócese a las Comunidades Indígenas radicadas en la Provincia.

Se entenderá como Comunidades Indígenas a las delimitadas geopolíticamente mediante Resolución Nro. 255/79 - IAC, reconocidas por la Ley Provincial Nro. 2378, con más aquellos conjuntos de familias que se reconozcan como tales, por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el Territorio Nacional en la época de la
conquista o colonización.

Artículo 2.- El reconocimiento de las Comunidades Indígenas se formalizará mediante decreto del Poder Ejecutivo Provincial hasta tanto se cree el correspondiente Registro de Comunidades Indígenas.

Artículo 3.- Lo normado en el artículo anterior será solicitado por cada comunidad indígena, haciendo constar nombre y ubicación de la comunidad, pautas de su organización y designación de sus representantes.

Artículo 4.- Las Comunidades Indígenas podrán reagruparse, dividirse, trasladarse y/o constituir nuevas comunidades, según sus necesidades y normas consuetudinarias y en las tierras dispuestas a tal fin, haciendo conocer tales modificaciones a sus efectos.

Artículo 5.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.

Artículo 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Ley 3623. Adhesión a la Ley Nacional 23.302 de Protección de Comunidades Aborígenes

Rawson, 28 de diciembre de 1990 Boletín Oficial, 18 de enero de 1991

La legislatura de la provincia del Chubut, sanciona con fuerza de ley:

Artículo 1.- Adhiérese la Provincia del Chubut a la Ley Nacional Nro. 23.302 sobre políticas indígenas y apoyo a las comunidades aborígenes sin perjuicio de la plena vigencia de las leyes provinciales existentes y las que pudieran dictarse en  adelante para mejor prosecución y cumplimiento de los objetivos  previstos en su artículo 1º.

Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Ley 3765. Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural.  

Rawson, 15 de Octubre de 1992  Boletín Oficial, 09 de Noviembre de 1992

La legislatura de la provincia del Chubut, sanciona con fuerza de ley:

Atribuciones  (artículos 1 al 2)

Artículo 1.- (IAC - Naturaleza Jurídica - Relaciones). El Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) es una entidad autárquica de derecho público y privado, regida por las disposiciones de la presente Ley y es la autoridad de aplicación en materia de tierras fiscales.  Mantendrá sus relaciones con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Economía, Servicio y Obras Públicas.  El IAC tendrá su domicilio en la ciudad de Rawson, pudiendo establecer agencias y delegaciones en otros lugares de la Provincia

Artículo 2.- (Atribuciones - Funciones y Obligaciones). Son atribuciones y obligaciones del I. A. C.:  

a) Ejecutar el régimen legal de la tierra fiscal, administrándola y otorgándola en propiedad con arreglo a las prescripciones constitucionales a las de la presente Ley y demás leyes  específicas vigentes.

b) Determinar los latifundios y minifundios conforme lo dispuesto por la Constitución Provincial y promover la formación de explotaciones económicamente rentables. A estos efectos organizará y llevará un registro permanente de establecimientos rurales, que deberá contemplar su extensión, capacidad, producción ganadera y  todo otro dato que fuera necesario a sus fines.

c) Administrar los bienes y fondos de la Institución, adquirir inmuebles o solicitar su expropiación por intermedio del Poder Ejecutivo para ser destinados a los fines de esta Ley.

d) Estar en juicio como autora y demandada.

e) Requerir a los organismos competentes informe actualizado respecto al cumplimiento de las normas legales referentes a condiciones de explotación de los predios rurales  (sanidad vegetal y animal).

f) Requerir el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario, de conformidad con las normas y procedimientos vigentes.

Directorio. Organización y Administración (artículos 3 al 10)

Artículo 3.- (Integración). El IAC estará integrado por cuatro Directores, designando el Poder Ejecutivo al Presidente y a un Director, y los otros representarán a la Federación de Sociedades Rurales y las Cooperativas Rurales, respectivamente, y resultarán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna de las mencionadas entidades. Las designaciones requerirán acuerdo de la Honorable Legislatura. Se nombrarán igual número de suplentes, en designación de los Titulares, quienes reemplazarán a estos cuando no pudieren actuar.

Artículo 4.- (Mandato - Duración - Residencia). Los miembros del Directorio durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos por una sola vez sin intervalos, deberán ser argentinos nativos o por opción, con cinco años de residencia inmediata en la Provincia

Artículo 5.- (Impedimentos). No se designarán como miembros del Directorio, ni podrán pertenecer al personal del IAC cualquiera sea su jerarquía:

a) Los propietarios, gerentes, administradores y los miembros del Directorio de Sociedades o  Administraciones de  Entidades Comerciales, dedicadas a las  transacciones de tierras agropecuarias, así como los miembros del Directorio de aquellas sociedades en las que los tenedores de acciones no sean  individualizables.

b) Los cónyuges de las personas indicadas en el inciso anterior, si no existiere disolución del vínculo.  

c) Los que se encuentren condenados criminalmente, los fallidos, inhibidos, incapaces e inhabilitados para contratar según la legislación común y los que se hallen privados de sus derechos electorales.

Artículo 6.- (Presidente del Directorio - Atribuciones). El Presidente es el representante Legal del Organismo y le  corresponde:

a) Presidir las reuniones del Directorio, preparar y dar a conocer con suficiente antelación el orden del día y citar al cuerpo.

b) Ejercer las funciones del Directorio, respecto a la tierra pública, cuando lo exijan fundadas razones de urgencia o necesidad imperiosa. Las medidas tomadas serán Ad - Referendum del Directorio y sometidas al mismo en su próxima deliberación.

c) Nombrar, promover y sancionar disciplinariamente al personal dando debida cuenta de ello al Directorio. En todos los casos, los nombramientos y promociones del personal jerárquico,  administrativo o técnico deberán tener previa anuencia del Directorio.

Artículo 7.- (Directorio - Facultades y Obligaciones). El Directorio tiene todas las obligaciones, facultades y atribuciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos asignados. Expresamente le corresponde:

a) Cumplir y hacer cumplir esta Ley y sus reglamentaciones ejecutando la política que fije el Poder Ejecutivo.

b) Establecer las normas necesarias para la gestión interna y externa del Directorio y fiscalizar su cumplimiento.

c) Crear y clausurar agencias y delegaciones.  

d) Preparar el presupuesto anual del Ente y elevarlo al Poder Ejecutivo para su aprobación.

e) Decidir todos los actos de aprobación y disposición que tengan por objeto la tierra fiscal.

f) Imponer sanciones y multas a los infractores del régimen legal que aplica.

g) Dictar el Reglamento interno, decidir el otorgamiento de poderes y autorizar las transacciones que comprometen a la Institución.

h) Reunirse en forma ordinaria y extraordinaria todas las veces que fueren convocados a ese efecto, conforme a lo que determine el Reglamento Interno.

Artículo 8.- (Responsabilidad Personal). Toda resolución violatoria del régimen legal del I. A. C. impondrá responsabilidad personal y solidaria de los miembros del Directorio que, estando presentes, no hubieran hecho constar expresamente su voto negativo o su oposición en el acta de la reunión respectiva.

Artículo 9.- (Directorio Reemplazos - Vacantes). En caso de ausencia o impedimento del Presidente éste será reemplazado por el Director representante del Poder Ejecutivo. Cuando se produzcan vacancias definitivas del Presidente o de alguno de los Directores,
el Poder Ejecutivo designará, conforme al Artículo tercero, el nuevo Director quién completará el período para el que fue designado su antecesor.

Artículo 10.- (Quórum). El Directorio funcionará con un mínimo de tres miembros. Todos los miembros tendrán voz y voto, computándose doble el del Presidente en caso de empate.

Recursos económicos (artículo 11)

Artículo 11.- (Recursos). Para el cumplimiento de los fines establecidos por la presente Ley, el I. A. C. dispondrá de los siguientes recursos:

a) Del producido de las ventas o pastaje de tierras fiscales.

b) De los legados y donaciones que se le hagan, como así también de todo otro importe que perciba como consecuencia de la aplicación de las leyes en la materia.

c) Del aporte proporcional que perciba cada año de Rentas Generales. Le asisten al I. A. C. facultades suficientes que lo habilitan para constituírse en su propio agente de  recaudación.

Régimen de la tierra (artículos 12 al 15)

Artículo 12.- (Afectación). Aféctese al régimen de la presente Ley:

a) La totalidad de los bienes inmuebles que corresponden al Estado Provincial en virtud del dominio eminente a que se refiere el inciso 1ro. del artículo 2342 del Código Civil,  como así también los que le corresponden, mediante declaración judicial, por el inciso 3ro. del mencionado artículo.  

b) Las tierras que, en lo sucesivo, el I. A. C. adquiera por compra, donación,  expropiación o cualquier otro título. El I. A. C. podrá declarar el cambio de destino del uso del suelo, conforme los requerimientos socioeconómicos que se le planteen en cada caso.

Artículo 13.- (Ofrecimiento Público). Las tierras fiscales rurales libres de ocupantes, que no fueran afectadas a planes de colonización o reservadas a Entes Oficiales podrán ser sometidas a ofrecimiento público o concurso privado de linderos.

Artículo 14.- (Evaluación Previa). Los ofrecimientos de tierra Fiscal y toda otra decisión acerca de ésta serán consecuencia de la consideración previa de sus características agro - ecológicas, como elemento básico para decidir respecto a su destino o finalidad.

Artículo 15.- (Títulos Jurídicos). Los títulos jurídicos otorgables por el organismo con relación a la tierra fiscal rural, serán los siguientes:

a) Permiso Precario de Ocupación.  

b) Depósito de mejoras o arrendamiento.

c) Adjudicación en venta y/o Adjudicación sin contraprestación pecuniaria en el caso de Aborígenes.

d) Propiedad.

De las tierras fiscales rurales adjudicadas (artículos 16 al 17)

Artículo 16.- (Títulos de Propiedad - Requisitos). Para que el Directorio proponga al Poder Ejecutivo la extensión del Título de Propiedad, el adjudicatario deberá:

a) Haber abonado las sumas que se hubieren fijado en las  condiciones de la adjudicación en venta.

b) Haber cercado el perímetro de acuerdo a la reglamentación respectiva.

c) Tener aprobada la mensura del predio.

Artículo 17.- (Títulos de Propiedad - Otorgamiento). Los adjudicatarios de Tierras Fiscales que hubieren cumplido con las obligaciones impuestas por esta Ley, recibirán del Gobierno Provincial el título de propiedad de sus predios.

De las tierras fiscales rurales ocupadas, libres de adjudicación (artículos 18 al 24)

Artículo 18.- (Reales Ocupantes). La tierra fiscal rural será otorgada en propiedad a los reales ocupantes de la misma, que se encuentren encuadrados en las prescripciones de la presente Ley. Considera real ocupante al que tuviere la tenencia de un predio de tierra fiscal rural y lo explotare en forma continuada y pacífica debiendo estar la tierra  deslindada por mensura aprobada o por alambrados o límites naturales.

Artículo 19.- (Requisitos para resultar Adjudicatario). La tierra fiscal rural se adjudicará en venta a los reales ocupantes que reúnan los siguientes requisitos:

a) Residir en la zona o en la Provincia desde tres años inmediatos a la fecha de la adjudicación y efectuar una  explotación directa con capitales propios.

b) Introducir mejoras, cultivos y/o ganados que aseguren la efectiva explotación del predio, o cumplir con el programa de inversiones que hubiere motivado el cambio de destino de la tierra por parte del I. A. C., conforme se prevé en el artículo 12, inciso
"b" in fine de la presente Ley.

c) No tener saldos deudores pendientes con el I. A. C. a la fecha de la adjudicación.

Artículo 20.- (Impedimentos para resultar Adjudicatarios). No se adjudicará la tierra fiscal rural bajo ningún título, ni se extenderá escritura traslativa de dominio a las siguientes personas, a excepción de las adquisiciones mortis causae, a saber:

a) A las Sociedades Anónimas y a las Sociedades donde los tenedores de acciones no pueden ser individualizados.

b) A los que resulten transgresores de la presente Ley, leyes anteriores sobre las tierras, sus reglamentaciones y toda otra norma legal que expresamente lo prevea. En dicho supuesto no regirá la excepción establecida en el presente título referente a las adquisiciones mortis causae.

c) A los funcionarios y magistrados integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia, de la Nación o de los Municipios, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad hasta transcurridos cinco años del cese de sus funciones activas no podrán resultar Permisionarios, Depositarios y/o Adjudicatarios bajo cualquier título. Exceptúase de la presente disposición a aquellos cuya Adjudicación se encuentre aprobada con anterioridad a la asunción del cargo, en cuyo caso los trámites
continuarán conforme las prescripciones de la presente Ley y respectivas reglamentaciones.

d) A los empleados del Directorio hasta transcurridos cinco años del cese de sus funciones.

e) A los que se encuentren afectados por interdicciones legales

Las prohibiciones indicadas en los incisos anteriores se extienden a los cónyuges de las personas físicas comprendidas en ellas, salvo en caso de divorcio vincular y disolución de la sociedad conyugal por sentencia judicial firme.

Artículo 21.- (Formalización de la Operación). Adjudicada en venta la tierra fiscal, el titular deberá proceder a formalizar la operación en la forma que determina la Ley y a presentar la mensura correspondiente a la Dirección de Catastro y Geodesia de la Provincia para su aprobación en el plazo que le fije el I. A. C. La institución impartirá las autorizaciones respectivas de mensura El poblador que demuestre la imposibilidad de mensurar a su cargo podrá solicitar su realización por parte del organismo y el otorgamiento de un plan de pago acorde con sus posibilidades.

Artículo 22.- (Título de Propiedad). Aprobada la mensura y registrada en legal forma, el Instituto propondrá al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Título de Propiedad al adjudicatario La Escritura Pública respectiva será autorizada por la Escribanía General de Gobierno quien actuará por intermedio de una delegación notarial en el ámbito del I. A. C. sin perjuicio de la posterior protocolización y registración pertinente.  Las referidas Escrituras, si fuere menester, podrán constituírse con Derecho Real de Garantía Hipotecaria a favor de la Provincia por deudas que el Adjudicatario en venta mantenga sobre la tierra ocupada.

Artículo 23.- (Ocupantes de Tierras Fiscales - Ilegalidad). El Directorio resolverá la situación de los ocupantes de tierra fiscal rural que no encuadren dentro de lo prescripto en la presente Ley, adoptando las medidas adecuadas con sujeción a las leyes vigentes,
promoviendo en su caso, las acciones legales pertinentes.

Artículo 24.- (Resolución Desfavorable). Si en el caso previsto en el artículo anterior el Directorio resolviera desfavorablemente la situación del ocupante, así como en los casos en que el Directorio decidiera que la tierra fiscal está indebidamente o ilegalmente ocupada, previa la recuperación de su tenencia, podrá ofrecerla en concurso,  prefiriéndose el otorgamiento a los pobladores linderos de la zona.

De las transferencias (artículos 25 al 26)

Artículo 25.- (Transferencias - Autorización Previa). Las transferencias de mejoras y cesiones de derechos acordados en virtud de la presente Ley, sobre tierra fiscal, no serán oponibles al I. A. C., si, previamente, no fueren autorizadas por éste. El Directorio establecerá el procedimiento, requisitos y formas a esos fines. Imperativamente, en un plazo no superior a los treinta (30) días hábiles a contar desde la presentación del interesado deberá por resolución fundada acordar o denegar la solicitud de transferencia.

Artículo 26.- (Transferencias - Presunción). El I. A. C. evitará autorizar transferencias o cesiones que tengan o entrañen fines especulativos, privilegiando la real explotación y ocupación de la tierra. La reiteración de cesiones efectuadas por quien hubiera ejercido la titularidad de derechos sobre un predio fiscal, será considerada presunción juris  tantum de la intención de especular

De la extensión de los derechos sobre la tierra fiscal (artículos 27 al 30)

Artículo 27.- (Derechos sobre tierras Fiscales - Extensión - Permisos Precarios). El Permiso Precario de Ocupación que podrá otorgar el Directorio, no crea en favor del Permisionario derecho alguno sobre la tierra, sin perjuicio del crédito por el valor de
las mejoras introducidas de buena fe. Este permiso será concedido al solo efecto de mantener el ordenamiento de la tierra fiscal, en aquellos casos en que las características agro - ecológicas del predio impidan constituír sobre él una unidad económica de
producción o cuando la actual situación patrimonial del poblador no le permita formalizar la adjudicación en venta, sin perjuicio de lo que se dispone en el Artículo 37.- de la presente Ley. El Permiso Precario de Ocupación es personal y eminentemente
revocable.

Artículo 28.- (Adjudicación en Venta). La adjudicación en venta crea a favor del adjudicatario el derecho a la transferencia del dominio del predio por parte del Estado Provincial, previo cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y en el Instrumento de Adjudicación.

Artículo 29.- (Adjudicación en Venta - Causales de Rescisión). Formalizada la adjudicación en venta, ésta podrá dejarse sin efecto:

a) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas legalmente

b) Por fallecimiento del adjudicatario, cuando no dejara cónyuge supérstite, herederos u otras personas con las que coposeía cuanto menos en los últimos cinco años. En el supuesto del inciso a) previamente a dejar sin efecto la adjudicación, el Directorio intimará en forma fehaciente al adjudicatario a cumplir la prestación a su cargo en un plazo no mayor de un año, bajo apercibimiento de resolución contractual. Cuando hubiere de cursarse notificaciones al Adjudicatario y éste no fuera habido en el domicilio constituído ante el I. A. C., se requerirán datos de su paradero a la autoridad Policial Provincial, como así también a la Delegación de la Policía Federal. Se verificará el último domicilio que trascienda de las constancias de la Secretaría Electoral en el Juzgado Federal más próximo a la última residencia o domicilio conocido del Adjudicatario; todo ello a efectos de practicar la notificación pertinente. Si, pese a realizarse las gestiones indicadas, no resultare factible la notificación en forma fehaciente, se practicarán citaciones por Edictos en los dos periódicos de mayor  circulación en la zona del último domicilio conocido, por tres días continuos.  Igualmente, se practicarán citaciones por igual lapso a través de la Radioemisora de más alcance en la zona del último domicilio o residencia conocidos. Agotadas que fueren las diligencias precedentes con resultado negativo, y previo a adoptar cualquier resolución al respecto, el I. A. C. deberá constituírse inmediatamente en el predio con el objeto de constatar, labrando acta, la situación del inmueble, cosas y personas.

Artículo 30.- (Restitución del Predio Fiscal - Mejoras). Extinguido el Permiso Precario de Ocupación o habiendo sido dejada sin efecto la adjudicación en venta, el ex - titular deberá restituír el predio al I. A. C. libre de todo ocupante dentro de un plazo de sesenta días corridos. Si no lo hiciere el Directorio promoverá las acciones judiciales  correspondientes para obtener la restitución del inmueble. Durante ese lapso y hasta lograr la recuperación del predio, el I. A. C. podrá efectuar actos de administración y conservación del mismo, absteniéndose de disponer o propiciar actos que impliquen una nueva adjudicación a otra u otras personas, lo que podrá efectuar una vez lograda la
restitución del bien.  En todos los casos, respecto a las mejoras que hubieren sido
introducidas en predios fiscales se procederá con arreglo a las disposiciones del Código Civil en relación a lo edificado en terreno ajeno.

Restricciones al dominio sobre la tierra fiscal rural (artículos 31 y 32)

Artículo 31.- (Adjudicatarios de Predios Fiscales Impedimentos). Los adjudicatarios de predios fiscales no podrán:  

a) Transmitir los derechos que devienen de la adjudicación por actos entre vivos, sea a título oneroso o gratuito salvo lo establecido en el artículo 25.-

b) Arrendar el predio o ceder o transferir su explotación bajo ningún título, salvo lo dispuesto por el artículo 25.-.

Las restricciones expuestas precedentemente se extienden a quienes resulten sucesores por causa de muerte del adjudicatario, incluyéndose a aquellas personas con las que co - poseía cuanto menos durante los últimos cinco años conforme el artículo 29.-, inciso b).

Artículo 32.- (Escribanos - Penalidades). El Escribano que autorice registre o redacte un instrumento público o privado en contravención a lo establecido en el inciso a) del artículo 31.-, será pasible de las sanciones previstas en las leyes que  reglamenten la función notarial. Los notarios que autoricen Escrituras Públicas o intervengan en la  instrumentación de cesiones de derechos y transferencias de mejoras de predios fiscales,
previamente deberán recabar al I. A. C. la certificación de autorización pertinente, que prevé el Artículo 25.- de la presente Ley. El notario que omitiere la obtención de la "certificación de autorización" incurrirá en falta grave, que deberá ser severamente sancionada por la autoridad que ejerza el Poder Disciplinario Notarial.  También están obligados a recabar la constancia de autorización mencionada los funcionarios públicos que, por su aptitud funcional, tengan intervención en la confección, elaboración o  instrumentación de las aludidas cesiones de derechos y transferencias de mejoras

Centros poblados en tierras fiscales (artículos 33 al 35)

Artículo 33.- (Centros Poblados - Venta de Solares). En los Centros de Población donde no se hayan constituído corporaciones municipales, el I. A. C. tendrá a su cargo las mensuras y subdivisiones y procederá a ofrecer en venta (con pacto de retroventa) las parcelas resultantes, respetándose en su ocupación a quienes posean predios sin título en forma pacífica y pública con o sin mejoras, en el marco de lo establecido en la presente Ley.

Artículo 34.- (Venta de Solares). Los solares referidos en el Artículo anterior se  ofrecerán en venta:

a) A personas físicas hasta dos solares por pueblo.

b) A Cooperativas, Empresas, Asociaciones y Sociedades Civiles, Comerciales o Entes de Bien Público, tantos como se consideren necesarios a sus fines. En cada caso, las adjudicaciones se otorgarán con obligaciones especiales fijando su plazo de cumplimiento.

c) Las chacras y quintas se adjudicarán en venta, en base a los planes que sobre colonización ejidal se elaboren  

Artículo 35.- (Adjudicación de Solares - Obligaciones). Los adjudicatarios de los Solares determinados en el artículo anterior deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Construír o tener en construcción los edificios o mejoras necesarias para el cumplimiento de sus finalidades.  

b) Cercar totalmente el solar.

c) Pagar regularmente las cuotas establecidas en los plazos y modos que indique la reglamentación.

Precio y formas de pago de la tierra pública (artículo 36)

Artículo 36.- (Tierra Pública - Precio). El precio de la venta de la tierra pública, en todos los casos será establecido por el IAC teniendo en cuenta su naturaleza, rentabilidad, finalidad a la que se afecte y en cada caso se tendrá en cuenta el valor de las mejoras introducidas por terceros. Los precios serán pagados por los adjudicatarios conforme lo establezca la reglamentación.  

De los aborígenes y pobladores de escasos recursos (artículo 37)

Artículo 37.- (Los pobladores aborígenes o de escasos recursos). Los pobladores aborígenes en todos los casos, y aquellos que por su escasa solvencia económica no están en condiciones de contratar a título oneroso con el Estado, serán relevados de las cargas y prestaciones pecuniarias que no puedan afrontar, a fin de superar la situación de Permisionarios Precarios prevista en el Artículo 27 - de la presente Ley.

En estos supuestos, el Instituto Autáquico de Colonización y Fomento Rural proveerá en forma directa y/o gestionará ante Entidades de carácter Públicas o Privadas, los  recursos necesarios para practicar las mensuras y demás operaciones conducentes al
otorgamiento del Título de Propiedad.

Adjudicación de tierras a los aborígenes – gratuidad (artículo 38)

Artículo 38.- En todos los casos se asegurará a los pobladores Aborígenes la propiedad de la tierra que ocupan, ya sea en forma individual o comunitaria, efectuándose la  misma a título gratuito, quedando los beneficiarios exentos del pago de impuestos y libres de gastos o tasas administrativas o de cualquier otro gravamen. Se gestionarán exenciones impositivas ante las Corporaciones Municipales.

De las tierras fiscales ocupadas por aborígenes (artículos 39 al 46)

Artículo 39.- (Comisión de Tierras Indígenas). A los efectos de la previa intervención en todas las cuestiones administrativas relacionadas con tierras fiscales ocupadas por aborígenes, créase dentro de la estructura orgánica del I. A. C. la Comisión de Tierras Indígenas (C. T. I.) con las atribuciones y funciones determinadas por la presente Ley.

Artículo 40.- (Atribuciones). Son atribuciones y funciones de la C. T. I.:

a) Identificar las tierras fiscales ocupadas por aborígenes en forma individual y comunitaria.  

b) Dictaminar en todas las actuaciones administrativas relacionadas con pobladores aborígenes, por sí o por pertenencia familiar o comunitaria.

c) Dictaminar y proponer la adjudicación de tierras ocupadas por indígenas (ya sea en forma individual o comunitaria) y regularizar a tal fin las situaciones de conflicto, donde al menos una de las partes sea aborígen, por sí, por pertenencia familiar o comunitaria.

d) Intervenir en los acuerdos de linderos donde una de las partes sea aborígen.

e) Dictar su propio reglamento y elegir por simple mayoría a su Presidente. Participar a través del Presidente de la Comisión en las reuniones del Directorio donde se traten temas en los que la Comisión tenga dictamen o participación obligada.

Artículo 41.- (Dictamen Previo). Previo a cualquier acto Administrativo que recaiga sobre situaciones en las que una de las partes, al menos, sea aborígen por sí o por pertenencia comunitaria o familiar se deberá correr vista a la Comisión quien deberá
dictaminar dentro del término de treinta (30) días hábiles.

Artículo 42.- (Facultad de Revisión). A los fines del artículo anterior, queda sometida a revisión, toda resolución o disposición administrativa que involucre tierras ocupadas por aborígenes, desde la suspensión de la Ley Nro. 3.681 hasta la puesta en funcionamiento de la C. T. I. creada por el Artículo 39.- de la presente Ley

Artículo 43.- (Ofrecimientos Públicos - Dictamen Previo). La C.T I dictaminará con respecto a las tierras en forma previa a la afectación u ofrecimiento público de las mismas, sobre la conveniencia de que sean destinadas a la complementación de las
ocupaciones comunitarias o individuales de aquellos pobladores indígenas que hubiesen sido despojados de su ocupación original

Artículo 44.- (Acuerdos de Linderos - Participación Obligada). En los acuerdos con linderos previstos por esta Ley, cuando alguno de ellos sea aborígen deberá intervenir, ineludiblemente, un miembro de la C. T. I. que lo certifique.

Artículo 45.- (Inembargabilidad - Inejecutabilidad - Limitación Temporal a las Transferencias). Los derechos de los pobladores aborígenes sobre las tierras fiscales y las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto por esta Ley son inembargables
e inejecutables. Las excepciones a este principio y al solo efecto de garantizar los créditos con entidades oficiales serán previstos por la reglamentación de esta Ley. En los títulos respectivos se hará constar la prohibición de su enajenación durante un plazo de veinte (20) años a contar de la fecha de su otorgamiento. Para las distintas relaciones contractuales que se formalicen entre aborígenes respecto del uso y/o explotación, la C. T. I. podrá tomar intervención prestando el asesoramiento pertinente.

Artículo 46.- (Gratuidad Comprensión). Todo derecho que emane de la situación de compación del poblador aborígen y que resulte conducente al otorgamiento por parte del Estado Provincial del dominio sobre la tierra gozará de los beneficios de esta Ley,
quedando comprendidos a partir de su sanción los pobladores y/o comunidades aborígenes que hubieren recibido títulos de propiedad por leyes anteriores.

Comisión de tierras indígenas - composición (artículos 47 al 48)

Artículo 47.- (Composición). La C. T. I. estará compuesta por cinco miembros que serán nombrados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Instituto de Comunidades Indígenas (I. C. I.).

Artículo 48.- (Presidente de la C. T. I. - Calidad). El Presidente de la C. T. I., revistará en el I. A. C. en la categoría de Director General y el resto de sus integrantes en la
categoría de Directores, no pudiendo en ningún caso desempeñar paralelamente funciones en el Estado Municipal, Provincial o Nacional. Todas las designaciones tendrán el régimen de los funcionarios políticos, feneciendo su mandato conjuntamente con las autoridades del turno electoral del Poder Ejecutivo respectivo que los designó

Disposiciones generales (artículos 49 y 50)

Artículo 49.- (Mensuras y Subdivisiones). Toda subdivisión y mensura de las tierras que el I. A. C. destine para el cumplimiento de sus fines, deberán ser aprobadas por la Dirección de Catastro y Geodesia de la Provincia, sin cargo.

Artículo 50.- El I. A. C. dentro del término de noventa (90) días deberá revisar la totalidad de las actuaciones en trámite e impulsar de oficio el procedimiento previsto en el artículo 29 con el objeto de activar su tramitación hasta la entrega de títulos definitivos.

Disposiciones transitorias (artículos 51 al 54)

Artículo 51.- (Propuesta de Integrantes). Hasta la puesta en funcionamiento del Instituto de Comunidades Indígenas (I. C. I.), los integrantes de la Comisión de Tierras Indígenas (C. T. I.) serán elegidos de su seno por los Pueblos Aborígenes existentes en la Provincia, debiendo resultar electos descendientes de Aborígenes La organización y control del proceso de elección de los representantes aborígenes será llevado a cabo por la Asociación Indígena de la República Argentina y/o la entidad que la reemplace en el futuro. El Poder Ejecutivo pondrá a disposición de la Asociación previo requerimiento de éste los medios necesarios para llevar adelante la elección.  A los efectos del presente artículo se elegirán cinco miembros titulares y cinco suplentes, que reemplazarán a los  primeros en caso de impedimento o renuncia de éstos.

Artículo 52.- Deróganse las Leyes Nros. 823.-, 3681.- y toda otra norma legal que se oponga a la presente Ley.

Artículo 53.- Hasta tanto entre en vigencia la presente Ley se mantendrá la suspensión impuesta por Ley Nro. 3756.-

Artículo 54.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Ley 4013. Creación del Registro de Comunidades Indígenas

Boletin Oficial, 19 de Octubre de 1994

La Legislatura de la Provincia del Chubut, sanciona con fuerza de ley :

Artículo 1.- Establécese en el ámbito de la Escribanía General de Gobierno el "REGISTRO DE COMUNIDADES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT", el que será regido exclusivamente por las previsiones de la presente Ley.

Artículo 2.- La inscripción en dicho Registro se efectuará a la sola solicitud de cada comunidad, haciéndose constar nombre y ubicación de la misma, pautas de su organización y designación de sus representantes.

Artículo 3.- La rubricación correspondiente al registro será efectuada por el Ministerio de Gobierno y Justicia, quien legalizará asimismo la firma del Escribano General de Gobierno. El Registro será de carácter público y la inscripción en el mismo exenta de todo gravamen.

Artículo 4.- La personería adquirida mediante la inscripción de conformidad con la presente Ley tendrá el alcance establecido en el segundo párrafo inciso 1ro) del artículo 33ro. del Código Civil (T O. Ley Nacional Nro. 17.711).

Artículo 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Ley 4072. Bandera.

Comunidades Aborígenes de la provincia del Chubut.Sancionada 14/3/1995; Promulgada 28/3/1995; Publicada 5/4/1995

La Legislatura de la provincia del Chubut sanciona con fuerza de ley:

Art. 1.  Reconócese como símbolo y emblema de las comunidades aborígenes de la provincia del Chubut, la bandera con los colores amarillo, blanco y azul y una punta de flecha; aprobada por unanimidad en la asamblea general de la primera reunión provincial de caciques y comunidades aborígenes.

Art. 2.  Ley general. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aubia   Sotomayor

 

Ley 4384. Subprograma Integral de Mejoramiento en la Calidad de Vida de las Comunidades Aborígenes

Boletin Oficial, 17 de Julio de 1998

Articulo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio suscripto entre la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, representada por el señor Secretarío de Desarrollo Social Licenciado Eduardo Pablo AMADEO, y el Ministerio de Salud y Acción Social del Gobierno de la Provincia del Chubut representado por el señor Ministro de Salud y Acción Social Don Carlos Alberto LORENZO, el día 4 de septiembre de 1997, protocolizado al Tomo 6 - Folio 105, del Registro de Contratos de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno con fecha 5 de noviembre de 1997, y que tiene por objeto el financiamiento del proyecto subprograma Integral de Mejoramiento en la Calidad de Vida de las Comunidades Aborigenes de la Provincia del Chubut, para desarrollar actividades destinadas a brindar electrificación por energía eólica, ratificado por el Poder Ejecutivo Provincial por Decreto Nº 1475/97.

Artículo 2º.- Ley No General. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Ley 4899 Adhesión provincial a la Ley Nacional 25607 sobre campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas

Rawson, 22 de Agosto de 2002

Boletin Oficial, 13 de Septiembre de 2002

La legislatura de la Provincia de Chubut sanciona con fuerza de ley

Artículo 1º.- La Provincia del Chubut adhiere a lo dispuesto en la Ley Nacional Nº 25.607, promulgada el 4 de julio de 2002, por la cual se establece la realización de una campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio de los organismos de su competencia, tiene la responsabilidad de la gestión y la incorporación de los derechos contenidos en la Constitución de la Provincia del Chubut como parte de las acciones
de difusión a desarrollarse en jurisdicción chubutense.

Artículo 3º.- Ley General. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

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 Dra. Teodora ZAMUDIO