La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Registro de Comunidades

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación

Resolución 4811

Presidencia de la Nación - Secretaria de Desarrollo Social

Buenos Aires, 08 de Octubre de 1996.

 

Visto

Lo dispuesto por la Resolución Nro. 718/95, que crea el Registro de Comunidades Indigenas y la necesidad de explicitar los criterios adoptados para disponer la inscripción de comunidades, y

Considerando

Que en virtud de la reforma constitucional del ano 1994, se han introducido, respecto de los pueblos indígenas que habitan la República Argentina, profundas modificaciones a tenor de lo dispuesto por el citado art. 75 inciso 17 de nuestra Carta Magna.

Que esta norma, al referirse a las atribuciones del Congreso de la Nación, dispone el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

Que así también establece la garantía del respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, el reconocimiento la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; normando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.

Que la misma norma fundamental se asegura la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.

Que las provincias podrán ejercer concurrentemente las referidas atribuciones que la norma constitucional atribuye al Congreso de la Nación.

Que del texto de esta cláusula constitucional se desprende el reconocimiento, en el mas alto rango de prelación en cuanto a la aplicación e interpretación de las leyes, de importantísimos derechos a nuestros pueblos indígenas, a saber: su identidad étnica, histórica y cultural, la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, la transmisión de su conocimiento mediante la educación bilingüe e intercultural, la preservación de su patrimonio y existencia  a través de la garantía de inalienabilidad e inembargabilidad de las tierras que habitan, la entrega futura de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano y su participación en la gestión de sus recursos naturales.

Que se desprende de esta disposición constitucional, el reconocimiento por parte de los constituyentes de 1994 de la diversidad étnica y cultural de la Nación.

Que ello constituyó un acto de profunda justicia por la reparación histórica que conlleva y un claro reconocimiento de los derechos humanos, sociales y comunitarios de los primigenios pueblos que habitaron nuestro suelo patrio.

Que entre estos nuevos derechos de raigambre constitucional, merece destacarse el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades indígenas.

Que nuestros legisladores, imbuidos de las modernas tendencias imperantes en el concierto internacional, sancionaron la Ley 23302 Sobre Política Indigena y de Apoyo a las Comunidades Aborígenes, en cuya virtud se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indigenas, actualmente dependiente de esta Secretaria de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación.

Que su Titulo II denominado “De las Comunidades Indigenas -Comunidades Indigenas. Personería Jurídica” aborda esta problemática en su articulo 2do. Al definir como comunidad indígena a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitan el territorio nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad. Crea además el Registro de Comunidades Indigenas al expresar que la personería jurídica se adquirirá por la inscripción en el mismo y se extinguirá mediante su cancelación.

Que en su articulo 3ero, la Ley enumera los requisitos necesarios para la inscripción en el Registro, a saber: nombre y domicilio de la comunidad, miembros que la integran, su actividad principal, las pautas de su organización y los datos y antecedentes que puedan servir para acreditar su preexistencia o reagrupamiento y los demás elementos que requieran la autoridad de aplicación.

Que la norma expresa que en base a estos requisitos, el Instituto Nacional de Asuntos Indigenas otorgará o rechazará la inscripción, la que podrá cancelarse cuando desaparezcan las condiciones que la determinaron.

Que el articulo 4 de la norma citada, incorpora conceptos y previsiones ajenos al espíritu de la ley al disponer que las relaciones entre los miembros de las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida se regirán de acuerdo a las disposiciones de las leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas de asociación contempladas en la legislación vigente.

Que no parece compatible el respeto a la identidad histórica de las comunidades indígenas, con la imposición de formas asociativas propias de la sociedad moderna y, por ende, ajenas a las tradiciones y pautas de organización que cada comunidad se ha dado a lo largo de su historia.

Que la contradicción se hace mas evidente al confrontar este articulo con lo normado en el Art. 3 de la citada norma, que impone como requisito la descripción de “las pautas de su organización”.

Que por otra parte, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto Nro.155/89. reglamento la Ley Nro.23302.

Que en virtud del art. 19 de esta norma, las comunidades indígenas inscriptas en el Registro, tendrán su personería jurídica reconocida con los alcances del inciso 2do. Del párrafo segundo del articulo 33 del Código Civil, es decir, se les reconoce como personas jurídicas de derecho privado.

Que el articulo 20 del Decreto Reglamentario Nro.155/89, enumera una serie de circunstancias que podrán tenerse en cuenta al afecto de la inscripción de las diversas comunidades indígenas (identidad étnica, lengua actual o pretérita autóctona, cultura y organización social propias, conservación de sus tradiciones esenciales, convivencia en un habitad común, constitución de un núcleo de por lo menos tres familias asentadas o reasentadas)

Que tal enumeración es de carácter meramente enunciativo y de manera alguna limitativa de otros criterios que la autoridad de aplicación, el Instituto Nacional de Asuntos Indigenas entienda que corresponde tener en cuenta a efectos de la inscripción registral.

Que no puede obviarse que la reforma constitucional de 1994 alteró respecto a las comunidades indígenas en tanto sujetos de derecho, las disposiciones legales previas a la citada reforma.

Que al reconocer la personería jurídica de las comunidades indígenas, a las que define como preexistentes étnica y culturalmente, garantizando el respeto a su identidad y su participación en todos los interés que los afecten, ha producido una evidente modificación en grado de prelación superior, en cuanto a los criterios que deben guiar a la Administración en referencia a los requisitos para inscribir a las diferentes comunidades en el Registro de Comunidades Indigenas.

Que sin perjuicio de la inscripción de comunidades en los términos y con los alcances del art.4 de la Ley 23302 en el caso que ellas así lo soliciten, la norma constitucional habilita a la inscripción de comunidades indígenas que por su tradición cultural manifiesten su voluntad de inscribir su personería jurídica con formas asociativas que le sean propias, independientemente de su adecuación o no a las formas societarias cooperativas, mutuales u otras contempladas en la legislación vigente.

Que a partir de la reforma de nuestra Carta Magna, las relaciones entre los miembros de una comunidad indígena inscripta en el Registro de Comunidades Indigenas, deberá, a no dudarlo, regirse por aquellas pautas de orden histórico, cultural y asociativa que las mismas comunidades entienden que es la que mejor tiende a la defensa de todos aquéllos intereses que los afecten.

Que cualquier criterio en contrario, implicaría el no respeto de expresos derechos consagrados en el articulo 75 inc.17 de nuestra Constitución Nacional

Que la reforma operada en nuestra Ley Fundamental a este respecto, debe considerarse operativa y no meramente programática y que, si bien se incluye en la parte orgánica, debe necesariamente considerarse parte integrante de la parte dogmática, al otorgar un nuevo status jurídico a estos pueblos y reconocerles derechos de rango constitucional.

Que esta moderna tendencia, ha sido decepcionada en las constituciones de la provincia de Chubut, Chaco, Rio Negro, La Pampa y Salta.

Que en el ámbito internacional, la moderna tendencia aconseja la adaptación de criterios como el expuesto.

Que uno de los conceptos rectores del derecho internacional de las poblaciones indígenas es el de flexibilidad, y por ello el Convenio Nro.107 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Ley 14.932, recomienda a los países signatarios que, en relación a las medidas que adopten para dar efecto al mismo, que las estas y su alcance sean determinadas por un criterio de flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país y, por ende, de sus comunidades Indigenas.

Que este convenio fue receptado en el Decreto Reglamentario Nro.155/89 de la Ley 23302 al disponer que el Instituto Nacional de Asuntos Indigenas entenderá como autoridad de aplicación en todo lo referente a esa Ley y al citado Convenio.

Que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Países Independientes, que nuestro país ratifico por Ley 24071, introduce un concepto rector en relaciona a este aspecto: el auto identificación.

Que en su artículo 2 expresa que: la conciencia de su identidad indígena o tribal, deberá considerarse un criterio fundamental para determinar a los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. Ello implica, por extensión, que subyace en la conciencia de la identidad indígena la adopción de formas asociativas que le sean propias y que mejor representen los intereses individuales y comunitarios de sus miembros. Solo en el respeto a la autodefinición, el permanente duelo entre la geografía y la historia de estas comunidades Indigenas podrá incorporarlas en forma inescindible a la diversidad étnica y cultural que nuestros constituyentes de 1994 reconocieron como constitutivas de nuestra nacionalidad.

Que es ilustrativa de los objetivos de nuestros legisladores, la exposición de motivos de la Ley 23302 cuando expresa que hoy, cuando la casi totalidad de los argentinos sustenta la voluntad de ahondar en las raíces de lo nacional para avanzar hacia un destino unitivo de grandeza, es indispensable tomar conciencia de los valores de dicho origen, subyacente en las diversas culturas aborígenes, existen muy importantes elementos espirituales que es imperioso preservar en cuanto hacen  a los sentimientos nacionales. No se trata, por ende, solo de buscar un paliativo que permita disminuir en parte las vicisitudes que están acostumbrados a sufrir nuestros compatriotas indígenas, o de compensar en algo el desapoderamiento histórico padecido por quienes fueran los naturales dueños de la tierra, sino asumir la preservación del ancestro cultural de América del Sur, impidiendo su disgregación definitiva, con sus inexorables consecuencias, un ingrediente esencial para la expresión de la cultura americana.

Que es necesario encomendar al Instituto Nacional de Asuntos Indigenas asistir a las comunidades inscriptas en las gestiones que realicen ante el propio registro, las instituciones publicas y privadas, nacionales y/o internacionales. Ello con fundamento normativo en el art. 6 inciso c. de la Ley 23302 y 3 inc. K y 17 del Decreto Reglamentario Nro.155/89.

Que, asimismo, es necesario encomendar al Instituto de Asuntos Indigenas la celebración de acuerdos con los gobiernos provinciales tendientes a homogeneizar criterios para la inscripción, el reconocimiento y la adecuación de las personerías oportunamente otorgadas a las comunidades indígenas en jurisdicción nacional o provincial, cuando las reformas asociativas adoptadas por ellas resulten ajenas a su organización real y ellas así lo soliciten.

Que, por último, resulta imprescindible contar con una base de datos de las comunidades indígenas asentadas en el país, conforme lo dispuesto por el art. 3 inc.  O del Decreto Reglamentario Nro.155/89.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que el suscripto se halla facultado para resolver en las presentes actuaciones en virtud de lo dispuesto por las leyes nro. 14932, nro 23302, nro 24071, y el Decreto Nro. 227/94.

Por ello;

El Secretario de Desarrollo Social

Resuelve

Artículo 1.- Autorizar la inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indigenas con los alcances del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, de todas las Comunidades que así lo soliciten y cumplan con los requisitos dispuestos en el articulo segundo.

Articulo 2.- Establecer como únicos requisitos para la inscripción a que alude el artículo primero: nombre y ubicación geográfica de la comunidad, reseña que acredite su origen étnico – cultural e histórico, con presentación de la documentación disponible; descripción de sus pautas de organización y de los mecanismos de designación y remoción de autoridades, nómina de integrantes con grado de parentesco, mecanismos de integración y exclusión de miembros.

Articulo 3.- Asistir a las comunidades inscriptas en las gestiones que realicen ante el Registro, las instituciones públicas y privadas, nacionales y/o internacionales.

Articulo 4.-Encomendar al Instituto Nacional de Asuntos Indigenas la celebración de acuerdos con los gobiernos provinciales en orden a homogeneizar criterios para la inscripción, el reconocimiento y la adecuación de las personerías oportunamente otorgadas a las comunidades indígenas en jurisdicción nacional y/o provincial, cuando las formas asociativas adoptadas por ellas resulten ajenas a su organización y así lo soliciten. Los acuerdos se celebraran sobre la base de los criterios indicados en el modelo que se adjunta como anexo I.

Articulo 5.- Instruir al Instituto Nacional de Asuntos Indigenas para que integre una base de datos de todas las comunidades indígenas asentadas en el país, con toda la información disponible en sede nacional y/o provincial.

Articulo 6.- Comuníquese, regístrese y archivese.

Eduardo Pablo Amadeo. Secretario de Desarrollo Social - Presidencia de la Nacional

Corresponde a expediente nro. 7760/96

Ediciones Digitales © 2016-2019 - Material fuera de comercio

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación                        

 Dra. Teodora ZAMUDIO