La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación

Ley 26.160

Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes. Sancionada: Noviembre 1 de 2006 Promulgada: Noviembre 23 de 2006

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley

Articulo 1º — Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 (cuatro) años.

Articulo 2º — Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º.

La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada.

Articulo 3º — Durante los 3 (tres) primeros años, contados a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.

Articulo 4º — Créase un Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas, por un monto de $ 30.000.000 (pesos treinta millones), que se asignarán en 3 (tres) ejercicios presupuestarios consecutivos de $ 10.000.000 (pesos diez millones).

Dicho fondo podrá ser destinado a afrontar los gastos que demanden:

a)      El relevamiento técnico —jurídico— catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas.

b)      Las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales.

c)      Los programas de regularización dominial.

Articulo 5º — El Fondo creado por el artículo 4º, será asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Articulo 6º — Esta ley es de orden público.

Articulo 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, al primer dia del mes de noviembre del año dos mil seis registrada bajo el nº 26.160 —

Alberto E. Balestrini. — Jose J. B. Pampuro. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

Decreto 1122/2007

Ley Nº 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas originarias del país. Reglamentación. Autoridad de Aplicación. Bs. As., 23/8/2007

Visto el Expediente Nº INAI-50071-2007 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, organismo descentralizado del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, la Ley Nº 26.160, y

Considerando:

Que, la Ley Nº 26.160 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por el término de CUATRO (4) años, suspendiendo por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias de actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las referidas tierras.

Que la posesión de las tierras debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada.

Que asimismo, dicha ley establece que durante los TRES (3) primeros años, contados a partir de la vigencia de la misma, el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS deberá realizar el relevamiento técnico -jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.

Que, a tal efecto, la referida ley crea un Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas, por un monto de PESOS TREINTA MILLONES ($ 30.000.000), el cual será asignado al INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS.

Que la Ley Nº 26.160, que se reglamenta mediante el presente decreto, implica el cumplimiento de compromisos asumidos mediante la ratificación del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes — Ley Nº 24.071— así como de otros compromisos internacionales.

Que, específicamente, el relevamiento técnico jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas dispuesto por el artículo 2º de la citada norma, implicará dar cumplimiento a lo prescripto en el artículo 14.2 del referido Convenio Nº 169 Organización Internacional del Trabajo (OIT) que prevé que "Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente...".

Que, la Ley Nº 26.160 se sancionó en orden a lo previsto en el Artículo 75 inciso 17 de la CONSTITUCION NACIONAL que reconoce la personería jurídica de "las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan", siendo función del HONORABLE CONGRESO NACIONAL "regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano;..."

Que, el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, a los efectos de garantizar la participación y la consulta a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, ha creado mediante Resolución Nº 152 del 6 de agosto de 2004 el Consejo de Participación Indígena, el cual ha expresado su conformidad a la presente medida.

Que, por lo expresado, se considera de significativa trascendencia reglamentar la Ley Nº 26.160, en el marco de una política y estrategia nacional de desarrollo y ordenamiento territorial con el fin de propender a la participación plena en la gestión democrática del territorio, toda vez que el relevamiento ordenado cristalizará un acto de justicia y de reparación histórica para las comunidades de los Pueblos Originarios.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención de su competencia.

Que el presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello, el Presidente de la Nacion Argentina decreta:

Artículo 1º — Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.160 de EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESION Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE TRADICIONALMENTE OCUPAN LAS COMUNIDADES INDIGENAS ORIGINARIAS DEL PAIS, que como ANEXO I forma parte integrante del, presente decreto.

Artículo 2º — Desígnase al INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, como autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.160.

Artículo 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — Alicia M. Kirchner.

Anexo I Reglamentacion de la ley Nº 26.160 DE EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESION Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE TRADICIONALMENTE OCUPAN LAS COMUNIDADES INDIGENAS ORIGINARIAS DEL PAIS.

Artículo 1º — La emergencia declarada por la Ley Nº 26.160 alcanza a las Comunidades Indígenas registradas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) u organismo provincial competente, así como a aquellas preexistentes. Se entenderá por "aquellas preexistentes" a las comunidades pertenecientes a un pueblo indígena preexistente haya o no registrado su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) u organismo provincial competente.

Artículo 2º — Sin reglamentar.

Artículo 3º — El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS aprobará los programas que fueren menester para la correcta implementación del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas originarias del país, para la instrumentación del reconocimiento constitucional de la posesión y propiedad comunitaria. Los citados programas deberán garantizar la cosmovisión y pautas culturales de cada pueblo, y la participación del Consejo de Participación Indígena en la elaboración y ejecución de los mismos, en orden a asegurar el derecho constitucional a participar en la gestión de los intereses que los afecten.

El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS realizará el relevamiento técnico-jurídico- catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades registradas en el Registro Nacional de Comunidades indígenas (Re.Na.C.I.) y/u organismos provinciales competentes.

Con respecto a las comunidades preexistentes contempladas en el artículo 1º que ejerzan posesión actual, tradicional y pública, el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS resolverá su incorporación al relevamiento mencionado, previa consulta y participación del Consejo de Participación Indígena.

Artículo 4º — Sin reglamentar.

Artículo 5º — Sin reglamentar.

Resolución 587/2007

Creáse el Programa Nacional de "Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - Ejecución de la Ley Nº 26.160". Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Bs. As., 25/10/2007

Visto el Expediente Nº INAI-50405-2007 y la Resolución Nº 152/2004, ambos del Registro de este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, las Leyes Nº 23.302, Nº 24.071 y Nº 26.160 y el Decreto del P.E.N. Nº 1122 del 23 de agosto de 2007, y

Considerando:

Que la Ley Nº 24.071 ratifica el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por el que el Estado Nacional, en el Artículo 14, Inciso 2, se obliga a "… tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.".

Que, en un mismo sentido, la Constitución Nacional, establece, en su Artículo 75, Inciso 17, "… reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan…" las Comunidades Indígenas del país "… y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.".

Que, por su parte, la Ley Nº 23.302, de "Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes", en su Artículo 6º, apartado a), indica al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el actuar como su Organismo de aplicación.

Que la Ley mencionada en el Considerando precedente, establece en su Artículo 7º, que "…la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes…"

Que, a los efectos mencionados en los Considerandos precedentes, es indispensable para el Estado Nacional, el realizar un relevamiento técnico jurídico catastral del territorio que ocupan tradicionalmente las Comunidades Indígenas del país.

Que en virtud de ello, el Honorable Congreso de la Nación, sanciona la Ley Nº 26.160, que declara, por el término de cuatro (4) años, la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras tradicionalmente ocupadas por Comunidades Indígenas originarias del país, que suspende por dicho plazo "… la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras…", y ordena a este Instituto realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas.

Que posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional sanciona el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 26.160, que lleva el número 1122 del año 2007, y que en su Anexo I, Artículo 3º establece: "El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas aprobará los programas que fueren menester para la correcta implementación del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas originarias del país, para la instrumentación del reconocimiento constitucional de la posesión y propiedad comunitaria.".

Que, en la convicción de que se trata de un proceso ligado al fortalecimiento de las formas de organización de los Pueblos y sus Comunidades, es fundamental impulsar el protagonismo del Consejo de Participación Indígena – CPI – creado por Resolución Nº 152/2004, en la construcción de las orientaciones de este Relevamiento, para que sea acorde a las aspiraciones y demandas de cada Pueblo Indígena.

Que el Programa cuya creación se impulsa a través de la presente, ha sido puesto en consideración del Consejo de Participación Indígena – CPI – y éste ha expresado su aval sobre su contenido y directrices, teniendo en cuenta que el Programa deberá garantizar la cosmovisión y pautas culturales de cada pueblo.

Que este Organismo entiende que ante la posesión tradicional de una Comunidad Indígena, existe un derecho reconocido por la Constitución Nacional y por ello resulta necesaria impulsar mecanismos tendientes a viabilizar su instrumentación.

Que, por lo antedicho, es menester previamente, demarcar y mensurar el territorio que actualmente ocupan las Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública, lo que constituye el objeto del Programa Nacional "Relevamiento territorial de Comunidades Indígenas – Ejecución de la ley nº 26.160", que impulsa el dictado de la presente.

Que la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas dependiente de este Instituto impulsa el dictado de la presente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nº 23.302 y su Decreto Reglamentario Nº 155/89, los Decretos Nº 357/02 y modificatorios y Nº 345 de fecha 19 de marzo de 2004.

Por ello, el Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas resuelve:

Artículo 1º — Créase el Programa Nacional "Relevamiento territorial de Comunidades Indígenas – Ejecución de la ley nº 26.160", que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente.

Artículo 2º — La presente resolución es refrendada por el Señor Director de la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas de este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Dr. Carmelo Antonio Dell’ Elce.

Artículo 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívase. Jorge Rodríguez.

Anexo I

1 Introducción

1.1. Antecedentes

1.2 Objetivos

1.2.1. Objetivo General:

1.2.2. Objetivos específicos:

2. Red Nacional de articulación

3. Conceptos rectores para el relevamiento territorial.

3.1. La Exploración y Explotación de Recursos Naturales.

3.1.a. La cuestión ambiental y el desarrollo.

3.1.b. Desarrollo

3.1.c. Recursos naturales y tierras.

3.2. Derecho Consuetudinario Ancestral y el Derecho positivo

3.2.1. El derecho positivo argentino y regional.

3.2.2. Constitución Nacional (Reforma 1994).

3.3. Reconstrucción de los territorios.

3.3.1. Territorio, tierras y propiedad.

3.3.2. Los territorios tradicionales.

3.3.2.a. Componentes de los territorios tradicionales

3.3.2.b. Delimitación de los territorios tradicionales

3.4. Factores Obstaculizadores y Facilitadores.

3.5. Metodología de trabajo para la delimitación de los territorios de Subsistencia

4. Metodología de implementación

4.1. Equipos y Roles

4.1.1. El Equipo de Coordinación del Programa —INAI—

4.1.2. El rol de la Mesa Coordinadora del CPI

4.1.3. El rol del CPI a nivel Provincia

4.1.4. El rol de las Comunidades

4.1.5. El rol del Representante del gobierno Provincial

4.1.6. El rol del ETO.

4.1.6.a. Definición del Equipo Técnico Operativo —ETO—

4.1.6.b. el Equipo Técnico Operativo —ETO—.

4.2. Programa Provincial

 

1 Introducción  

1.1. Antecedentes  

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con el objetivo de garantizar a las Comunidades Indígenas los derechos constitucionalmente reconocidos, regulados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y los Convenios de Derechos Humanos internacionales, cree imprescindible promover un relevamiento técnico-jurídico y catastral del territorio que ocupan tradicionalmente las Comunidades Indígenas del país.

Atento que el Convenio 169 OIT- Ley 24.071 establece: "Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión." Artículo 14 2.

Y la Constitución Nacional ordena: "…reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos." Art. 75, inc. 17

El INAI ha impulsado el tratamiento del Proyecto de Ley S- 1599/06, presentado por las Senadoras Alicia Kirchner y Liliana Fellner, sobre Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena. Este proyecto fue consultado al Consejo de Participacion Indigena (CPI) siendo avalado por el mismo, en el marco del Primer Encuentro Nacional, realizado en Chapadmalal el 1 de junio de 2006.

El CPI —creado mediante resolución del INAI Nº 152 de fecha 6 de agosto de 2004— materializa la representación indígena en el Consejo de Coordinación previsto por la Ley 23.302. Se ha establecido la representatividad indígena de todo el país por pueblo y por provincia, resultando finalmente integrado por ochenta y cinco (85) miembros, a efectos de garantizar una genuina participación en todos los intereses que los afecten.

El mismo acompañó el tratamiento del Proyecto de ley antes mencionado en cada una de las comisiones intervinientes en el ámbito de la Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación y recepcionó con gran beneplácito su sanción definitiva.

Dicho Proyecto luego de un amplio debate entre los meses de mayo y octubre de 2006, se convirtió en la Ley Nº 26.160/06 que fue sancionada el 1º de Noviembre de 2006, promulgada el 23 de noviembre de 2006 y publicada en el Boletín Oficial Nº 31.043, Primera Sección, págs. 2 y 3 el 29 de noviembre de 2006. Su Decreto Reglamentario Nº 1122/07 fue publicado en el Boletín Oficial Nº 31.225, Primera Sección, págs. 4 y 5 del 27 de agosto de 2007.

En el marco de la Ley, se ordena al INAI realizar el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas debiendo promover las acciones que fueran necesarias con el Consejo de Participación Indígena (CPI), los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.

Mediante dicha Ley se crea un Fondo Especial destinado a afrontar los gastos que demanden:

a)      El relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas.

b)      Las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales.

c)      Los programas de regularización dominial.

Dicho Fondo Especial será asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

En las últimas décadas hemos sido testigos de un proceso de revitalización de la identidad/conciencia indígena que ha sido acompañado por un reconocimiento jurídico de sus derechos en distintos textos constitucionales y legislativos.

En la convicción de que se trata de un proceso ligado al fortalecimiento de las formas de organización de los Pueblos y sus Comunidades, el INAI entiende que es fundamental el protagonismo y la participación del Consejo de Participación Indígena en la construcción de las orientaciones de este Relevamiento, para que sea acorde a las aspiraciones y demandas de cada Pueblo Indígena.

A modo de propuesta, el INAI pone a consideración del CPI, la posibilidad de integrar el Relevamiento Territorial a un proceso más amplio que contemple las siguientes etapas:

Þ      Identificación de las Comunidades Indígenas

Þ      Relevamiento social de la organización comunitaria

Þ      Relevamiento técnico, jurídico y catastral del territorio comunitario

Þ      Relevamiento socio-productivo y recursos naturales.

Esta propuesta fue presentada al Consejo de Participación Indígena (CPI) en las distintas instancias Regionales y la Nacional, teniendo en cuenta que: "…los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación." Art. 13. 1. Convenio 169 OIT

Para la elaboración del Programa Nacional "Relevamiento territorial de comunidades indigenas. Ejecucion de la ley 26.160" se consultó al Consejo de Participacion Indigena (CPI) en las distintas instancias Regionales, habiéndose confeccionado las actas correspondientes de cada encuentro.

Þ      Regional NEA: Formosa, octubre de 2006

Þ      Regional NOA: San Miguel de Tucumán, octubre de 2006

Þ      Regional Centro-Sur: San Carlos de Bariloche, noviembre de 2006

Þ      Reuniones de la Mesa Coordinadora: desde Noviembre 2006 y que continúa hasta la fecha.

Se consultó a los representantes indígenas acerca de:

Þ      La relación con el territorio que ocupan.

Þ      La ocupación tradicional, actual y pública del territorio comunitario

Þ      Cómo concretar en el proceso de relevamiento, la participación indígena del Pueblo y Comunidad en la demarcación de la ocupación tradicional, actual y pública

Þ      Cómo realizar el Relevamiento en las Comunidades Indígenas, que ejercen una posesión y propiedad no comunitaria, o en Comunidades que ocupan ámbitos urbanos.

Þ      Se debatió acerca de la participación de otros Organismos y ONGs

Þ      Se solicitaron aportes sobre las distintas etapas del Relevamiento.

Posteriormente se elaboraron sucesivas versiones del programa que fueron puestos a consideración de la Mesa Coordinadora del CPI hasta llegar a la versión definitiva para ser sometido a la consulta y participación del Encuentro Nacional de representantes indígenas.

En el marco del Segundo Encuentro Nacional del CPI realizado en el mes de marzo de 2007, luego de exponer, evaluar y debatir procedimientos técnicos y metodología para su implementación, los representantes indígenas aprobaron el Programa Nacional "Relevamiento territorial de comunidades indigenas. Ejecucion de la ley 26.160" En él se acuerdan las metodologías y modalidad de participación del CPI y de las Comunidades en las distintas etapas del Relevamiento.

Þ      Se acuerda con los representantes indígenas una propuesta de ‘Equipo Técnico Operativo’ y cómo realizar el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas en cada provincia.

Þ      Se consulta y acuerda un proyecto de Decreto Reglamentario de La Ley 26.160 —ya avalado por la Mesa Coordinadora del CPI—, para su elevación al Poder Ejecutivo Nacional.

El Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indigenas se articulará con el Programa Fortalecimiento Comunitario —Res. INAI 235/04— que tiene como objetivo acompañar a las Comunidades Indígenas en todas las acciones tendientes a consolidar la posesión de la tierra que ocupan, con el objetivo de alcanzar la Propiedad Comunitaria de las mismas. Con ese fin el INAI subsidia a las Comunidades para afrontar las erogaciones económicas que acarrean las labores profesionales ejercidas en: acciones y/o defensas judiciales, asesoramiento jurídico/contable, talleres de capacitación legal, ejecución de mensuras, intervención de escribanos, antropólogos y otros profesionales. Este programa comparte el mismo espíritu de la ley debido a ello se complementan y articulan.

En el marco del Programa Fortalecimiento Comunitario se tramitarán los subsidios solicitados por las Comunidades Indígenas a los efectos de abordar "las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales" Art. 4º.b

Asimismo se gestionarán Programas de Regularización Dominial específicos a los efectos de cumplir con lo normado en el Artículo 4º c.

1.2 Objetivos  

El INAI de acuerdo a la Ley Nº 26.160 pretende garantizar:

Þ      El reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas.

Þ      Promover la participación indígena —a través del CPI— en la elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos que deriven del Programa.

El actual Gobierno ha mostrado especial interés en revertir la situación de desequilibrios territoriales y sociales. Para ello ha encomendado al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la ‘Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial’ (PNDT). Debido a ello este programa articulará las acciones necesarias dentro de este marco general de Gobierno.

Para:

Þ      promover el reconocimiento jurídico de los derechos de las Comunidades Indígenas sobre los territorios y los recursos;

Þ      impedir los eventuales desalojos en territorios comunitarios de actual ocupación tradicional

Þ      requerir la participación "efectiva" del CPI a través de todo el ciclo del programa;

Þ      involucrar a los pueblos indígenas —a través del CPI— en la implementación, el monitoreo y la evaluación del programa.

1.2.1. Objetivo General:  

Realización del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas.

Características de las Tierras a relevar De acuerdo a la Ley 26.160: "… de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas" (Art. 4º a)

1.2.2. Objetivos específicos:  

1.       Actualizar la información acerca de los Pueblos y de las Comunidades Indígenas pertenecientes a los distintos pueblos registradas en la República Argentina, en el ámbito nacional y provincial; aún aquellas que no han registrado su personería jurídica

2.       Formar conciencia social acerca de los alcances de la ley: Difusión, Asambleas Comunitarias y Capacitación en la implementación de la Ley 26.160 y en el relevamiento comunitario

3.       Relevar la organización comunitaria en el marco del pueblo al que pertenece

4.       Relevar los aspectos socio-productivo y recursos naturales.

5.       Realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral del territorio comunitario de ocupación tradicional, actual y pública.

6.       Verificar mediante relevamiento —con participación de las comunidades— la ocupación de las familias asentadas en los predios delimitados a efectos de contar con datos actualizados; respetando las modalidades de uso de las tierras y sus prácticas culturales. Modalidad rural y urbana

7.       Se relevarán todos los antecedentes de las historias, tenencia, ocupación de las tierras de cada una de las comunidades. Se realizará el relevamiento de puntos con GPS en conjunto con las comunidades y se volcarán en mapas con soporte SIG. Se confeccionará un mapa de conflictos y problemas y se plantearán las posibles estrategias de resolución de cada uno de los problemas por comunidad.

8.       De acuerdo a las particularidades de cada provincia- realizar la mensura de las comunidades y asentamientos a través de este Programa mediante:

a.       La formulación de bases y condiciones para la mensura

b.       La adjudicación y contratación de mensuras

c.       La ejecución de mensuras

d.       La aprobación planos

9.       El Programa generará las condiciones para que la Comunidad beneficiaria circunscriba las partes de los territorios en conflicto con el objeto de ser abordado desde el Programa Fortalecimiento Comunitario Res. INAI 235/04- tendiente a lograr el título comunitario. Estos Proyectos se implementarán de forma independiente al Proyecto formulado por el Equipo Técnico Operativo.

10.    Asimismo, los resultados del Programa favorecen la identificación de los territorios susceptibles de ser abordados por programas de regularización dominial específicos.

11. Elaborar informes de avance parciales bimensuales y anuales

12. Evaluar las herramientas de Regularización Dominial para cada caso

Para ello se deben promover las acciones que fueran necesarias:

Þ      Fundamentalmente con el Consejo de Participación Indígena (CPI) y con:

Þ      Los Institutos Aborígenes Provinciales,

Þ      Universidades Nacionales,

Þ      Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales,

Þ      Organizaciones Indígenas y

Þ      Organizaciones no Gubernamentales.

Estas tareas se imputarán al fondo destinado a afrontar los gastos que demanden: a) El relevamiento técnico – jurídico – catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas. Dicho fondo ha sido asignado por la citada Ley al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

2. Red Nacional de articulación  

El INAI con el objeto de fortalecer y consolidar los objetivos propuestos, articulará con organismos Nacionales con el fin de Objetivo: Garantizar los Derechos y Participación de las Comunidades durante el Transcurso del Programa.

Þ      Secretaría de Derechos Humanos, (Dirección Nac. de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de Incidencia Colectiva)

Þ      Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales),

Þ      Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)

Þ      Defensoría del Pueblo de la Nación

A tal efecto se celebrará un acta de compromiso que establecerá la modalidad de articulación.

3. Conceptos rectores para el relevamiento territorial[1].  

El problema de la tierra de los Pueblos Indígenas no puede ser respondido solamente en términos topográficos, o meramente histórico o geográfico. Los planteos deben estar enmarcados dentro del concepto de territorio tradicional (etnoterritorio según algunos autores) y considerando los derechos fundamentales a la identidad y autodeterminación como Pueblo Originario.

Es importante señalar algunas acotaciones sobre el espacio y el territorio:

1.       Cada pueblo tiene un control y apropiación particular del espacio que se expresa en la manera en que es distribuido y organizado. En ese sentido el espacio es una construcción social resultado del tipo de relaciones sociales y de producción existentes. Los procesos sociales imperantes en cada pueblo son los que definen el tipo de organización espacial y las formas de apropiación del territorio.

2.       El territorio es esencialmente un espacio socializado y culturalizado, portador de significados que sobrepasan su configuración física. La trascendencia del territorio radica en que éste es el sustrato espacial imprescindible de toda relación humana. Los seres humanos nunca acceden directamente a ese sustrato, sino que lo hacen a través de elaboraciones culturales. De esta manera, entre el ambiente natural y la actividad humana hay siempre mediando una serie de objetivos y valores específicos, un cuerpo de conocimientos y creencias, en otras palabras un patrón cultural.

3.       El espacio no es un elemento pasivo e inerte sino que forma parte del propio sistema social y condiciona en cierto modo su funcionamiento, originando respuestas múltiples a las actuaciones emanadas de ese sistema social. Ello genera distintos modelos culturales de estructuración del espacio.

4.       El territorio conlleva un carácter temporal por lo que hay que analizarlo en perspectiva histórica. Es a partir de estos procesos históricos que pueden comprenderse las dinámicas y transformaciones de las estructuras espaciales en un tiempo determinado. En esa perspectiva no hay espacio, sino un espacio-tiempo históricamente construido y determinado.

El relevamiento territorial en su conjunto, deberá:

Þ      Recabar información sobre los diversos aspectos sociales, bióticos y fisiográficos que configuran los territorios indígenas.

Þ      Diseñar diagnósticos que den cuenta de la situación actual de cada pueblo indígena y su territorio.

Þ      Identificar, analizar y explicar las dinámicas espaciales que han transformado los territorios propios y han condicionado el ordenamiento existente.

Þ      Delimitar los fines de usos de la tierra de acuerdo a sus cosmovisiones y su relación/es con el ambiente y a la demanda que exista sobre ella.

Þ      Potenciar las dinámicas naturales de resiliencia que permitan la conservación, defensa y mejoramiento de los denominados recursos naturales renovables.

Þ      Preservar el paisaje y la biodiversidad.

Þ      Preservar zonas arqueológicas y lugares sagrados.

Þ      Crear las condiciones para la implementación de los Derechos Constitucionales consagrados

3.1. La Exploración y Explotación de Recursos Naturales.  

3.1.a. La cuestión ambiental y el desarrollo.  

Nos referimos a la relación Pueblos Originarios-Naturaleza y reseñamos las distintas cosmovisiones y los conflictos ambientales que han provocado la ideología dominante en nuestro país.

El tema de la tierra nos hace confrontar dos modos de verla, de vivirla, uno que nos coloca sobre la naturaleza como señores y otro con la naturaleza como hermanos y hermanas o hijos.

Son dos concepciones, una que disocia y excluye y otra concepción que religa, que está en comunión.

Los modelos actuales tienden a uniformar y destruir la diversidad y condicionan e influyen en las expectativas y deseos de la gente. Para ello se fragmenta la realidad y la posibilidad de cualquier construcción que no esté dentro del proyecto económico, su mejor arma es generar la desesperanza.

Las Comunidades Indígenas han resistido todos estos siglos gracias a esa ligazón que les permitió mantener su identidad y su diversidad, ese ser y estar con, que el mundo moderno está perdiendo.

Al conocer el pensamiento de los pueblos originarios y reflexionar sobre esa concepción simbólica "Hombre-Naturaleza", es evidente el contraste del pensamiento originario homogéneo con el pensamiento hegemónico capitalista, europeo u occidental y sus prácticas generalizadas de destrucción de la vida y la naturaleza.

Esas distintas visiones del mundo podrían sintetizarse de esta manera:

- Una visión de los Pueblos originarios que intenta una relación de complementariedad con la naturaleza, donde el pueblo originario es un elemento más del ecosistema: "La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra".

- En contraposición, una visión nor-occidental dominante, donde el hombre no es un elemento constitutivo del sistema ambiental, sino un elemento de dominación de la naturaleza, donde el afán de crecimiento y rendimiento ilimitados generan contradicciones y crisis ecológicas y sociales. En síntesis:

Relaciones sociedad-naturaleza

Pueblos Originarios

Cultura Occidental

acción respetuosa y de complementareidad con el ambiente, consciente de las limitaciones y condicionamientos del ecosistema

Acciones predadoras impulsadas por la ideología del lucro y el consumismo, puramente instrumentales y depredadoras de la naturaleza.

3.1.b. Desarrollo  

El "desarrollo" de los pueblos originarios es definido por ellos mismos, así como sus metas, medios y parámetros de medición cuantitativa y evaluación cualitativa.

3.1.c. Recursos naturales y tierras.  

Los más importantes recursos naturales existentes son los recursos no-renovables (gas, petróleo, minerales). Entre los renovables cuentan también los hidroeléctricos, forestales y paisajísticos.

La realidad económica de los Pueblos Originarios es en general la de subsistencia, basada principalmente en la actividad pecuaria o agropecuaria; en algunos casos de caza y recolección. Como ingresos complementarios tienen la horticultura, artesanía y tareas fuera de la comunidad. En el último siglo la población ha aumentado, mientras que sus tierras aptas han disminuido. Muchos migran a ciudades. Actualmente la mayoría se encuentran en áreas marginales urbanas, o rurales con fuertes condicionamientos ecológicos (aridez, relieve pronunciado, pasturas deficientes) límites naturales, económicos y técnicos tal vez superables con otro tipo de actividades productivas. A ello se suma el aislamiento social y la situación de exclusión.

La actual exploración y explotación de recursos naturales en las tierras indígenas se desarrolla por personas y entes empresariales y estatales ajenos a las comunidades, impactando —en general en forma negativa— sobre su población, hábitat, cultura y economía. En muchas de las tierras que actualmente ocupan las comunidades existen minerales de diferente categoría cuya explotación, en lugar de proporcionar beneficios a los poseedores de la tierra, sólo les acarrea perjuicios sin compensación alguna.

Los estados provinciales, a través de años, han formulado y puesto en marcha planes y programas de explotación de esos recursos sin la participación en la elaboración y control de los mismos de las comunidades directamente afectadas y sus organizaciones representativas. Tampoco son notificadas ni consultadas en ocasión de otorgarse los permisos mineros.

A esto agregamos el abuso ejercido por las empresas, que explotan sin miramientos del daño que provocan, con grave alteración del equilibrio natural agravando las precarias condiciones de vida de los pobladores. Invaden reservas y territorios indígenas de ocupación tradicional sin aviso, consulta o tratativas previas. Miden, clavan estacas, extraen muestra, contaminan, excavan, ingresan personal, maquinaria y vehículos, como si en esos territorios no habitasen personas

3.2. Derecho Consuetudinario Ancestral y el Derecho positivo   

Marco legal del Programa

El marco jurídico de los derechos de los pueblos indígenas que encuadra las acciones del Programa se integra con las siguientes normas:

1.       El artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y normas conexas;

2.       Las Declaraciones y los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, en particular, los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (art. 75, inc. 22);

3.       Otros convenios internacionales debidamente ratificados, con carácter infraconstitucional pero supralegal (art. 75 inc. 22); en particular, el Convenio Nº 169 OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Ley Nº 24.071) y el Convenio sobre Diversidad Biológica (Ley Nacional Nº 24.375);

4.       Las leyes nacionales específicas, en primer lugar, la ley nacional Nº 23.302 de Política indígena y de apoyo a las comunidades aborígenes en cuanto no se oponga a los derechos establecidos en las normas antes citadas y la recientemente sancionada ley nacional Nº 26.160 de Emergencia de la propiedad comunitaria indígena y;

5.       Las Constituciones provinciales y leyes provinciales.

El Derecho Consuetudinario Ancestral y el Derecho positivo

Las autoridades originarias tienen su legitimidad en el régimen parental, la concepción filosóficoreligiosa y en el vínculo de la comunidad con la naturaleza.

El orden jurídico interno de nuestro Estado, ante el derecho consuetudinario se manifiesta con la expresión "usos y costumbres"; y lo acepta como "fuente de derecho", en rango inferior y supletorio, exigiendo variados requisitos para su reconocimiento legal.

El Código Civil argentino, por su parte, reza en su art. 17 (reformado por Ley 17.711): "los usos y costumbres no pueden crear derecho sino cuando las leyes se refieren a ellos o en circunstancias no regladas legalmente". Vemos entonces que se abren los caminos para la incorporación del derecho consuetudinario de los pueblos originarios:

3.2.1. El derecho positivo argentino y regional.  

Queremos finalmente sintetizar la legislación de nuestro país, relativa a tierra ocupadas por indígenas y a la explotación de sus recursos naturales. Comenzando por la cúspide de la pirámide, la Constitución Nacional argentina ha dado un salto cualitativo en su Reforma Constitucional del 94

3.2.2. Constitución Nacional (Reforma 1994).  

"Art. 75. inc. 17 -Corresponde al Congreso reconocer la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad Comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos."

En primera instancia debe destacarse que el tema de la propiedad de la tierra ha sido tradicionalmente el núcleo neurálgico de la problemática indígena y se ha convertido en la principal demanda de los pueblos indígenas argentinos. El Art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional menciona dos situaciones distintas que deben tenerse en cuenta en la implementación de políticas con respecto a las tierras indígenas:

1.       Se refiere al "reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan", el Estado asume una realidad fáctica a la que otorga derechos de envergadura constitucional.

2.       Trata sobre la "regulación del acceso a tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano", lo que implica obligación estatal de atender a las necesidades presentes y futuras de los pueblos indígenas respecto de la tierra.

El INAI entiende, con respecto a la posesión indígena de la tierra, que esta es sensiblemente distinta a la regulada en el Código Civil. La ocupación se manifiesta de manera diferente y no siempre es evidente por el modo cultural de producción que no incluye, como ocurre en las sociedades de tecnología compleja, la práctica de transformación masiva de la naturaleza. A pesar de la sutileza con que aparecen los signos de la posesión, los sitios de asentamiento periódico, las aguadas, los pozos, los territorios de caza, las zonas de recolección o de pesca, los casi imperceptibles cementerios, etc. están marcados de forma indeleble en la memoria histórica de los pueblos indígenas.

Esa memoria histórica, indisociable de la geografía, es la principal señal de posesión tradicional actual, que ahora posee rango constitucional, y que es objeto de este Relevamiento Territorial.

Se observa el positivo reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria, junto al silencio sobre otras formas (familiar p.ej.) previstas por los instrumentos internacionales de DD.HH (v. Conv. OIT 169, art. 15). - El presente de "ocupan" y la previsión de procesos restitutivos; la entrega de otras tierras aparece como concesión graciosa, a "regular".

Recursos naturales: (cont, inc. 17) "Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que les afecten".

El inc. 17 finaliza: "Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones". En realidad el grueso de las tierras llamadas "fiscales", disponibles en el país, y gran aporte de los recursos naturales, son del dominio de los Estados Provinciales, de modo que la aplicación de la norma a nivel nacional se restringiría a las tierras de esa jurisdicción (ej. Parques Nac.) o actividades económicas regladas por leyes nacionales. El texto del inciso no incluye el concepto de "territorio" pese a la previa ratificación legislativa del citado convenio de la OIT (Ley 24.071).

3.3. Reconstrucción de los territorios.  

3.3.1. Territorio, tierras y propiedad.  

En la actualidad las comunidades indígenas conservan porciones de tierras en áreas que fueron parte de sus territorios ancestrales. Estas tierras las poseen como propiedad constituida en base al derecho del Estado-Nación y en muchos casos como ocupantes de terrenos sin título vigente, encontrándose una gran cantidad de hectáreas de tierras inscriptas a nombre de particulares o del fisco.

Muchas veces las tierras en manos indígenas, se consideran como territorios étnicos, sobre la base que ellas son propiedad constituida, pero no se consideran las tierras aledañas en posesión de terceros que hasta hace pocas décadas pertenecieron a las comunidades indígenas y que les fueron enajenadas por variados métodos. En cambio, desde la perspectiva indígena ellas son parte del territorio ancestral y por lo tanto son reivindicadas como parte de los espacios jurisdiccionales históricos, y por tanto se consideran territorios.

Esta doble perspectiva requiere analizar los significados de los conceptos de territorio, tierras y propiedad tienen el Estado y los Pueblos Originarios.

Sin embargo la denominación de territorio de indígenas fue cambiada por territorio de colonización, es decir a medida que se ocupaban militarmente, se sometía a los pueblos Indígenas a la jurisdicción nacional, se apropiaba de sus tierras y se disponía de ellas para radicación, remates y colonización con nacionales y extranjeros, el territorio dejaba de ser de estos pueblos que habitan el territorio desde hace por lo menos 13.000 años.

Para los Pueblos Indígenas, la pérdida del territorio es una cuestión ilegítima, en la medida que éste fue enajenado mediante diversos mecanismos de violencia directa, engaño y usurpación legal. De aquí que la recuperación de las tierras siga teniendo vigencia en la memoria colectiva de las comunidades, las que siempre son reivindicadas como parte de los territorios ancestrales, tanto las que hoy poseen, como aquellas que se encuentran en posesión de terceros. Igualmente las organizaciones indígenas promueven la construcción de distintos grados de autonomía, ya sea exigiendo el reconocimiento o ejerciendo ese derecho. Lo relevante es que el territorio indígena mantiene vigencia en el discurso y el imaginario, sustentado en las actuales tierras de comunidades, que representan porciones del antiguo dominio territorial.

El Estado sustituyó el territorio de indígenas por propiedad de indígenas, ya sea constituida en base a las normas del derecho común o por leyes especiales como fueron las de radicación. La características de estos títulos fue que en ellos se reconocía lo efectivamente ocupado, es decir el lugar de las viviendas y zonas de producción, pero no así sus jurisdicciones comunales, que después fueron asignadas a particulares conformando propiedad privada sobre las tierras indígenas.

En la mayoría de los títulos de propiedad indígena no se respetó los territorios jurisdiccionales de cada comunidad y en la mayoría de los casos se entregó sólo una parte pequeña de los efectivamente dominado y poseído. En segundo lugar, no se respetó las formas de transmisión, ocupación y uso de la tierra indígena, sino en la mayoría de los casos se realizó por familias, no se reconocieron cada uno de los potreros poseídos por familias y no se aseguró la permanencia del uso extensivo sobre extensas praderas. Usualmente se les obligó a la reducción drástica de sus tierras a un uso del suelo de subsistencia precaria.

Respecto de la categoría de tierra, ésta asumió usualmente el carácter de fiscales, baldías, vírgenes o mal explotadas donde era preciso se introdujera la civilización y el progreso.

La tierra asumía entonces sólo un valor especulativo, productivo y apropiable. Para los Pueblos indígenas la tierra, poseía y posee un profundo sentido que trasciende lo meramente productivo, aunque este aspecto sea el principal de la subsistencia y reproducción social y económica, pero la tierra no sólo da el alimento, sino también sentido de identidad y pertenencia, permitiendo la sobrevivencia cultural y la manutención de las prácticas religiosas.

En conclusión, las categorías de territorio, propiedad y tierra tienen distinto sentido, contenido y vigencia para el Estado y para los Pueblos Originarios. En esta perspectiva la reconstrucción de los territorios tradicionales requiere en cuanto a la base material de asentamiento y dominio de estas tres categorías, que se conjugan de distinta forma dependiendo del caso de que se trate y de la particular manera en las comunidades que le han sido enajenados sus antiguos dominios territoriales.

Los territorios tradicionales, se reconstruyen a partir de los actuales dominios de tierras de las comunidades, desde aquí se producen las recuperaciones de los terrenos ancestrales sea por vía directa o por vía de exigir la intervención de instituciones del Estado. Los deslindes y superficies de un territorio tradicional, incluyen en su definición los aspectos políticos jurisdiccionales de los antiguos dominios, cuyos linderos han sido transmitidos de generación en generación y permanecen en la memoria histórica de la comunidad. También estos deslindes del territorio tradicional consideran los espacios económicos-productivos, los espacios sociales ancestrales, los antiguos espacios sagrados, rituales y religiosos. Es por ello que todos los espacios territoriales están cargados de sentido cultural de una etnia específica.

3.3.2. Los territorios tradicionales.  
3.3.2.a. Componentes de los territorios tradicionales  

Los territorios tradicionales constituyen una categoría que da cuenta de los espacios habitados por pueblos indígenas o una parte de éstos, que poseen por característica, encontrarse delimitados por hitos geográficos reconocidos socialmente por una o más agrupaciones de una misma etnia o de otra distinta. Estos territorios son valorizados por los pueblos indígenas, al asignarle un contenido político, económico, social, cultural y religioso.

La dimensión política, se expresa como jurisdicción territorial, gobernada por un representante de la comunidad, regida por normas y leyes propias, cuyos grados de autonomía e independencia territorial están determinados por factores y momentos históricos.

El valor económico es aquel necesario para la reproducción y subsistencia de la comunidad o Pueblo.

La valoración indígena de cada espacio productivo que se relaciona estrechamente con las características ambientales que éste tiene, ya que allí se encuentran los recursos necesarios para su subsistencia y desarrollo.

La dimensión social del etno-territorio se vincula a la población indígena que lo habita, la cual se da una organización no sólo para ocuparlo de acuerdo a normas, derechos y obligaciones de sus miembros, sino que se construye un ordenamiento que posibilita su uso y aprovechamiento comunitario.

Es de especial relevancia la organización social del espacio en base a las relaciones de parentesco, es decir, la pertenencia de los linajes al uso y aprovechamiento de territorios, determinados por la tradición y la herencia, que es reconocida por el conjunto de la comunidad.

La dimensión cultural de territorio indígena conforma una variable de especial importancia pues la toponimia se refleja no sólo en la lengua, sino también la cosmovisión de la comunidad indígena. El espacio geográfico cultural contiene a su vez una dimensión valorativa de toda la vida natural y en general de las fuerzas de la naturaleza.

La perspectiva religiosa de los Pueblos indígenas de su territorio, es una dimensión que vincula lo divino con lo terrenal, dentro de él se construyen o erigen lugares sagrados. Quizás, una cuestión que ancla a los Pueblos o Comunidades indígenas a un territorio, es un aspecto religioso vinculado al paso que se produce con la muerte, de espacio terrenal a otro distinto pero donde el ritual funerario y el lugar escogido para enterrar los cuerpos, construye otro espacio sagrado en el territorio que da pertenencia, al igual que el lugar en que se nace. Esta dimensión también la encontramos en los campos de rogativa, en las apachetas, y los lugares sagrados para cada uno de los pueblos.

La conformación de los territorios tradicionales es multidimensional, porque contiene todos los aspectos que definen a los Pueblos Indígenas y que éstos consideran en el complejo mapa de la valoración de las particularidades y estrechas vinculaciones de sus componentes sociales y naturales. Sin embargo, todo ello se contiene dentro de deslindes, límites y fronteras territoriales, ya sea para distinguirse de otros, como para organizar y ordenar el uso, posesión, aprovechamiento y/o usufructo de los espacios dentro de un territorio, que conforman los Pueblos y Comunidades indígenas.

3.3.2.b. Delimitación de los territorios tradicionales  

La delimitación de sus límites y fronteras requiere de la consideración integrada de todos sus aspectos; políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos expresados en el territorio como espacio multidimensional en que la perspectiva antropológica-histórica es de fundamental importancia para la comprensión y reconstitución de estos espacios jurisdiccionales indígenas.

La consideración de los aspectos políticos-territoriales desde una perspectiva histórica permite reconstituir los espacios ancestrales y a su vez comprender la situación actual en que se encuentra esta dimensión jurisdiccional de los indígenas sobre su territorio. Ello a su vez posibilita comparar los antiguos dominios con los actualmente poseídos, comprender los procesos de reducción de los ámbitos político-territoriales, comparar los deslindes y entender las demandas de las comunidades por recomponer sus antiguos dominios, cuestión que está presente en la memoria colectiva, en los mapas mentales del territorio de cada comunidad, y refrendado en numerosa documentación, permitiendo deslindar y re-delimitar el territorio político jurisdiccional.

El espacio cultural se delimita en el territorio a partir de los elementos más genéricos como la toponimia que denomina los lugares en lengua indígena connotándolos de sentido, y va especificando los lugares elegidos para los encuentros de la comunidad de carácter festivo o religioso. Es necesario precisar entonces, que los espacios culturales pueden ser más extensos que el territorio de una comunidad, cuando trascienden sus deslindes para conjugar el sentido colectivo de múltiples comunidades, o son compartidos como patrimonio común indígena.

La delimitación religiosa del territorio se vincula preferentemente al área de congregación de comunidades (espacio-territorio sagrado).

Los territorios tradicionales deben comprender en su análisis reconstitutivo diferentes aspectos, partiendo en primer lugar por la participación activa de las comunidades indígenas, que definen el alcance de cada variable territorial y su expresión espacial, para luego ser complementada con otros antecedentes de orden bibliográfico, que ayuden al proceso de ordenamiento y sistematización de la información, con el fin de reconstruir el territorio que en la actualidad ocupan, el que antaño poseyeron y el que se busca recrear.

3.4. Factores Obstaculizadores y Facilitadores.  

Es necesaria la confección de los mapas de conflictos que surjan del Relevamiento Territorial. Por ejemplo, Isabel Hernández en el siguiente cuadro (2003) sintetiza la complejidad de esta problemática para los Mapuche en Chile y en Argentina: Factores Obstaculizadores y Facilitadores para el ejercicio de la Autonomía en Wallmapu

Facilitadores

Obstaculizadores

- Territorio definido e identificado por organizaciones.

- Aumento del estado de conciencia de PUEBLO, portador de derechos.

- Disposición acelerada por recuperación territorial

- Mayor acceso al Sistema Educación (especialmente, a nivel Superior y sobre todo en Chile)

- Aumento de Profesionales Mapuche en ejercicio y con conciencia de pertenencia al pueblo-nación (especialmente en Chile).

- Aumento de la conciencia de la existencia de Pueblos originarios, por parte de las sociedades chilena y argentina.

- Dispersión territorial facilitadora de formas de autogobierno y liderazgo diferentes, lo cual también facilita el control territorial

- Proceso de descentralización de los Estados.

- Proceso de disminución de los aparatos Estatales.

- Dispersión política de organizaciones.

- Rivalidades históricas entre organizaciones.

- Frentes de conflictos diversos y dispersos en tiempo y espacio: Reforma Procesal Penal, Programa BID-"Orígenes", Conflictos CONADI, Litigios Empresas Forestales, Conflictos de Hidroeléctrica Ralko, Vertederos de Basura, problemática diversa y respuestas organizacionales dispersas, en ámbitos rurales y urbanos, etc. (en Chile) y Conflictos provinciales y nacionales, acelerado despojo de recursos naturales del subsuelo, venta indiscriminada de territorios, etc. (en Argentina).

- Estado unitario, constitución Política sin reconocimiento de los Pueblos originarios y correlación de fuerzas adversas en el ámbito parlamentario y sistema electoral binominal (en Chile).

- Fuerte presencia de intereses económicos privados nacionales y extranjeros en la zona.

- Estereotipos en población chilena y argentina, reproductora de discriminación y marginación sistemática e institucionalizada.

- Gobiernos nacionales y regionales o provinciales con marcado discurso nacionalista e integracionista.

- Asistencialismo asumido hacia la población Mapuche.

- Degradación progresiva de los Recursos Naturales, por excesiva explotación privada.

- Inexistencia de orgánica mínima de muchas organizaciones mapuche.

- Poderes económicos de la región con representación política parlamentaria (en Chile).

- Dependencia económica generada por la situación internacional. (Tratados de Libre Comercio-TLCs, resultan negativos para la calidad competitiva de los productos mapuche.

- No ratificación de instrumentos internacionales: Convenio 169 OIT (en Chile).

- Sistemas Educativos y de Salud (institucionalizados) reproductores de ideologías discriminatorias, prejuiciosas e intolerantes

3.5. Metodología de trabajo para la delimitación de los territorios de Subsistencia  

La Metodología de trabajo obtenida para el programa ha sido tomada de la experiencia de LHAKA HONHAT

La Asociación Aborigen LHAKA HONHAT. (Asesoría técnica ASOCIANA). Realiza el estudio cartográfico de la ocupación y uso de tierras entre las comunidades Indígenas en los lotes fiscales 14 y 55, en el Municipio de Santa Victoria Este, Departamento de Rivadavia, Provincia de Salta, (hemos tenido acceso al informe de Ag de 2002 del que tomamos la información)

El trabajo fue financiado por IWGIA, BfW Alemania y Miserior (Alemania). A su vez, el proyecto incorpora información demográfica generada a través de otro proyecto, llevada a cabo por el INAI.

Esta es una experiencia concreta de delimitación de la ocupación actual de un territorio. Consideramos que este trabajo plantea una clara metodología a seguir para establecer el territorio sobre la base de la economía de subsistencia. Para pueblos con diferentes economías se puede utilizar la misma metodología de relevamiento pero deberá ser adaptada a los diferentes modos de vida y subsistencia

4. Metodología de implementación  

El Instituto Nacional de Asuntos Indigenas (INAI) a través de Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas es el encargado de la instrumentación del reconocimiento constitucional de los territorios de las comunidades de los Pueblos Indígenas que habitan en Argentina.

La implementación del Programa de Relevamiento territorial se realizará a través de un ‘Equipo de Coordinación del Programa’ dependiente de la Dirección de Tierras y Re.Na.C.I. y con los Equipos Técnicos Operativos de cada Provincia.

4.1. Equipos y Roles  

El Equipo Técnico Operativo (ETO) deberá articular a través de una Unidad Provincial (UP) con el Consejo de Participación Indígena (CPI) y el Representante del Gobierno Provincial.

El INAI evaluará excepciones fundamentadas a la metodología de implementación señalada, de acuerdo a las realidades provinciales y atentas las facultades establecidas en el Art. 3º de la Ley 26.160.

4.1.1. El Equipo de Coordinación del Programa —INAI—  

Este equipo dependerá de la Dirección de Tierras y Re.Na.C.I. del INAI

Coordinación General  à Coordinador/a general del programa. Encargad@ de la implementación del programa, de articular en conjunto con la Dirección de Tierras y Re.Na.C.I. las distintas etapas del programa. Articulará y promoverá las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.

Asesoría Legal à  Abogad@s, encargados puntualmente de todas las consultas relacionadas con el Programa y en articulación permanente con la Dirección de Tierras y Re.Na.C.I.

Monitoreo y Secretaría

Þ      Técnic@s encargadas de monitorear el programa

o         Con un perfil netamente social y capacidad de comprensión e integración a los objetivos del Programa

o         Serán las personas que deberán ir actualizando la información de las distintas regiones

Þ      Encargad@ de la Secretaría del Programa (administrativ@).

Georeferenciamiento

Þ      Técnic@s encargad@s de establecer los procedimientos de georeferenciamiento y de utilización de GPS. Procedimientos de mapeo y pautas de relevamiento catastral. Capacitación en uso de GPS.

Þ      Técnic@s GIS para generación de Banco de datos de la información recibida y el volcado de toda la información georeferenciada.

Administración à Técnic@s contables (Area de Administración)

Pasantes o figura equivalente de Universidades u otros Organismos que pueden colaborar con el Programa.

4.1.2. El rol de la Mesa Coordinadora del CPI  

Þ      Acompañar en la definición de los Parámetros para la confección del programa.

Þ      Definir criterios para la distribución del Fondo especial.

Þ      Determinar criterios y contenidos de difusión en el marco de la ley 26.160 y la 25.607.

Þ      Junto al INAI participará en una evaluación continua del programa integral.

Þ      A solicitud del CPI Provincial intervendrá en las unidades provinciales con serios inconvenientes en la implementación del programa.

Þ      Junto con el INAI buscará mecanismos de intervención en aquellos Pueblos que aún no posean Comunidades registradas.

4.1.3. El rol del CPI a nivel Provincia  

Þ      Participar en la evaluación técnica del plan presentado por el ETO

Þ      Proponer ante el INAI al Equipo Técnico Operativo ETO

Þ      Proponer a los técnicos de confianza ante el ETO

Þ      Articular con los miembros de la UP

Þ      Designar junto a las Comunidades técnicos y/o encuestadores de los diferentes relevamientos.

Þ      Articular con el ETO la difusión de la implementación ley 26.160 en las Comunidades

Þ      Contralor de la ETO

Þ      Monitorear, evaluar informes de avance y eventualmente sugerirá rescisión del convenio ante grave incumplimiento del ETO.

4.1.4. El rol de las Comunidades  

Þ      Participación activa en las encuestas y relevamiento de la organización comunitaria

Þ      Participación activa en el relevamiento territorial en sus distintas etapas

4.1.5. El rol del Representante del gobierno Provincial  

Þ      Es designado por el Poder Ejecutivo provincial

Þ      Articulará el ETO con organismos provinciales (catastro, Institutos, etc.)

Þ      Optimizará el uso de los recursos provinciales aplicados al relevamiento territorio

Þ      Promoverá la incorporación del relevamiento territorial en las políticas públicas provinciales

Þ      Facilitará la participación de los representantes del CPI en las acciones que requieran el relevamiento provinciales

Þ      Acompañará las acciones que fueren menester para la regularización dominial de las tierras objeto de este relevamiento

Þ      Pondrá a disposición de la UP toda la información y registros provinciales útiles a la correcta ejecución del programa

4.1.6. El rol del ETO.  

Þ      Ejecutar y Administrar el programa en tiempo, plazos y condiciones de acuerdo al convenio.

Þ      Transmitir y actualizar todo avance e información del relevamiento territorial al banco de datos del INAI en los tiempos convenidos.

Þ      Remitir continuamente al INAI toda la información de GPS para la confección y actualización permanente de la cartografía

Þ      Articular con Representante del Gobierno Provincial y con CPI

Þ      Informar a la UNIDAD PROVINCIAL

Þ      Articular con el INAI

4.1.6.a. Definición del Equipo Técnico Operativo —ETO—  

El Equipo Técnico Operativo —ETO— es el Organismo Administrador y Ejecutor del Programa en cada Provincia. Es creado a los efectos de la implementación del Programa.

Para seleccionar al Equipo Técnico Operativo —ETO— se consultará a los Representantes del CPI por Provincias; A ellos se les solicitará que presenten diferentes propuestas para ser evaluadas.

Se seleccionará un Equipo Técnico Operativo —ETO— por provincia

4.1.6.b. el Equipo Técnico Operativo —ETO—.  

Formularán un Programa Provincial de Relevamiento Territorial sobre la base del ‘pliego de condiciones’ con los requisitos mínimos exigidos. Dichos requisitos se presentan en el Anexo I.

4.2. Programa Provincial  

El Programa Provincial deberá contener:

1.       La actualización de la información acerca de los Pueblos y de las Comunidades Indígenas registradas en la República Argentina

i.                     Banco de datos ReNaCI _ actualización por parte del INAI

ii.                    Banco de datos Provinciales _ actualización por parte de la ETO

2.       Formar conciencia social acerca de los alcances de la ley: Difusión de Ley, Asambleas y Capacitación en la implementación de la Ley 26.160 y en el relevamiento comunitario.

i.                     Folletos

ii.                    Cartillas

iii.                  Publicidad

3.       Relevamiento social de la organización comunitaria

4.       Relevamiento técnico, jurídico y catastral del territorio comunitario

5.       Relevamiento socio-productivo y de recursos naturales.

6.       Verificar mediante relevamiento —con participación de las comunidades— la ocupación de las familias asentadas en los predios delimitados a efectos de contar con datos actualizados; Respetando las modalidades comunitarias de uso de las tierras y sus prácticas económicas. Modalidad

iv.                 rural y

v.                   urbana

Actualización de la información a través de

1.       publicaciones

2.       documentos archivos

3.       catastros

4.       institutos  de tierras

5.       censos

6.       libros escuelas

7.       libros iglesias

8.       Tradición oral

(Se deberá siempre explicitar la fuente)

Diagnostico: Situación de las Tierras de Comunidades Indígenas a nivel provincial

i.                     Modalidades de Delimitación de territorios por Pueblo

ii.                    Mapas esquemáticos y medición GPS por las propias comunidades

7.       Realizar la mensura de las comunidades y asentamientos y/o núcleos urbanos de las provincias.

a.       Amojonamiento

b.       Formulación de bases y condiciones para la mensura

c.       Adjudicación y contratación mensuras

d.       ejecución trabajos

e.       aprobación planos

8.       Elaboración de informes de avance parciales bimensuales y anuales

9.       Evaluación de herramientas de Regularización Dominial

10.    Ejecución de Programas de Regularización Dominial Pertinente..

El Presente informe está redactado principalmente sobre la base información y bancos de datos generados por las distintas personas que desarrollan su trabajo en distintas áreas del INAI, y que aportaron además su experiencia de años de trabajo. Se utilizó también como base las importantes experiencias de relevamiento territorial llevadas a cabo en: Neuquén por la UNC-APDH Defensa y Reinvocación de Tierras indígenas. 1996.  Salta: LHAKA HONHAT (Asesoría Técnica ASOCIANA) Estudio cartográfico de la ocupación y uso de tierras entre las comunidades Indígenas en los lotes fiscales 14 y 55, Provincia de Salta; Base de Datos de los Pueblos Indígenas del Chaco Salteño INAI - ASOCIANA. 2002; y la de Jujuy, el Programa de Regularización y Adjudicación de Tierras a la Población Aborigen de la Provincia de Jujuy PRATPAJ.

  


NOTA:

[1] Se utilizó fundamentalmente Filachi et al 1995; Molina 1995; Huenchulaf; Defensa y Reivindicación, 1996 y ONIC 1997

Ediciones Digitales © 2016-2019 - Material fuera de comercio

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación                        

 Dra. Teodora ZAMUDIO