La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

- 3.3. Situación fiscal e impositiva

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Sobre la viabilidad de establecer exenciones impositivas y/o un tratamiento diferencial a favor de los Pueblos Indígenas han opinado no muchos doctrinarios no obstante se ha vertido la reflexión de que el constituyente, en la reforma de 1994, ha contemplado explícitamente en el art. 75, inc.17 a los puebles indígenas argentinos estableciendo mandatos, para el legislador ordinario, de especial consideración como una forma de integrarlos al Estado, por lo cual y siendo el tributo una de las tantas herramientas al alcance del legislador para la consecución de los objetivos de nuestra ley fundamental, el trato dispensador que se les brinde tiene sustento constitucional[1]

El tributo no se agota en una función recaudatoria sino que, en cuanto institución constitucional, tiene un papel que cumplir al servicio del programa y los mandatos constitucionales, aunque la función extra-fiscal del sistema tributario no aparece explícitamente reconocida en la Constitución[2], pero dicha función puede derivarse directamente de aquellos preceptos constitucionales en los que se establecen principios rectores de política social y económica, dado que tanto el sistema tributario como cada figura tributaria concreta forman parte de los instrumentos de que dispone el Estado para la consecución de los fines económicos y sociales constitucionalmente ordenados.

La igualdad impuesta por el artículo 16 de la Constitución de la Nación como es la base del impuesto y de las cargas públicas debe ser entendida en el sentido del derecho de todos a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias... no es pues, la nivelación absoluta de los hombres, lo que se ha proclamado[3]. La igualdad en materia tributaria como igualdad relativa, lleva implícita la facultad del legislador de crear categorías de contribuyentes. En este sentido, cabe analizar la razonabilidad selectiva, para juzgar si las distinciones, clasificaciones o categorías obedecen a motivaciones sustantivas o si, por el contrario, establecen distinciones con el fin de hostilizar o favorecer arbitrariamente a determinadas personas o clases.

El artículo 75, inciso 17 de la Constitución ha sido juzgada como una acción positiva, como una forma de garantizar la igualdad real de oportunidades; por ello, una interpretación sistemática, teniendo en cuenta la clara evolución hacia el constitucionalismo social que impuso la reforma, debe superar una aplicación parcelada, y mostrar que no existe óbice constitucional. Ello consteste con la inveterada doctrina que la Corte Suprema de nuestro país mantiene desde antiguo al respecto[4], el Congreso Nacional puede otorgar exenciones en los tributos. Incluso aceptando la mas conservadora doctrina que entiende que la facultad del Congreso de la Nación para eximir el pago de tributos debe interpretarse en forma restrictiva, en armonización sistemática con el resto del ordenamiento, la exención  debería alcanzar a los recursos que compongan el patrimonio del Pueblo indígena y su explotación y ello porque según esta posición justamente solo debe admitir la dispensa en la medida que el ejercicio de los poderes impositivos interfiera, menoscabe o impida la consecución de los fines tenidos en mira por la Constitución de la Nación.

En lo que respecta al sistema impositivo vigente, la dispensa podría abarcar, en al ámbito nacional, a los impuestos a las Ganancias, a los Bienes Personales y al Valor Agregado (I.V.A). Por su parte, en el ámbito provincial, mediando una ley provincial de adhesión, se podría contemplar exenciones o alícuotas diferenciadas menores en los impuesto a los Ingresos Brutos, Inmobiliario o Contribución Territorial e impuesto de Sellos. Finalmente, en el plano municipal, si el pueblo o comunidad indígena, se ubicara en un ejido o partido municipal, se podrían conceder exenciones o reducciones de alícuotas sobre tasas u otros derechos. En relación con las llamadas tasas de registro: la exención podría abarcar tanto a las nacionales, como a las provinciales o municipales (también, en este último caso, los derechos de oficina o tasas administrativas)[5].

 

 


NOTAS:


[1] Urresti, Esteban. Dictamen al Ante proyecto de Ley marco de los Pueblos Aborígenes de la República Argentina al Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Argentina)

[2] Tribunal Constitucional español (STC 37/1987), ver dictamen de Urresti, Esteban

[3] Aspiración quimérica y contraria a la naturaleza humana, sino su igualdad relativa, propiciada por una legislación tendiente a protección en lo posible de las desigualdades naturales. Fallos 151:359, entre muchos otros ver dictamen de Urresti, Esteban

[4] Fallos 68-227 ver dictamen de Urresti, Esteban

[5] Urresti, Esteban. Dictamen citado

 

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