La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

3. En el sistema de la O.E.A.

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En el sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El tratamiento de la cuestión de pueblos indígenas en la región americana ha recibido la influencia del contexto internacional[1]. En 1922 cuando la Quinta Conferencia Internacional Americana -organismo antecesor de la Organización de los Estados Americanos- solicitó a los Gobiernos estimular el estudio de las respectivas lenguas aborígenes y tomar medidas para hacer respetar los monumentos arqueológicos inició una línea de acción que fue continuada por las siguientes Conferencias de la Unión Panamericana.

Así, en 1933 llamaron a que se organizara una reunión internacional de indigenistas para estudiar “el problema de las razas vernáculas y las civilizaciones de las tribus en las grandes selvas”; y en 1938  declararon que “los indígenas, como descendientes de los primeros pobladores de las tierras americanas tienen un preferente derecho a la protección de las autoridades públicas para suplir la deficiencia de su desarrollo físico e intelectual, y en consecuencia, todo cuanto se haga para mejorar el estado de los indios será una reparación por la incomprensión con que fueron tratados en épocas anteriores…”. 

Estos primeros esfuerzos llevaron a la celebración del Primer Congreso Indigenista Interamericano en Patzcuaro, Michoacán, México en abril de 1940, donde los Estados emitieron setenta y dos acuerdos y declaraciones sobre (entre otros temas): el reparto de tierras a los indígenas, las políticas de educación indígena, las cuestiones relativas a su bienestar político y social, los servicios sociales, la mujer indígena, y el respeto de sus lenguas. Allí se estableció también el Instituto Indigenista Interamericano[2], con la función de apoyar la política indigenista de los gobiernos miembros, hacer estudios y análisis, y promover políticas hacia el desarrollo integral y la erradicación de la pobreza en las poblaciones indígenas. En 1971, se realizaron Conferencias Interamericanas Indianistas, sobre cuyas recomendaciones la Comisión llamó a los Estados miembros a “implementar  medidas de protección especial para evitar las severas discriminaciones. En el mismo sentido en 1972, firmó una resolución reclamando que  “La protección especial de las poblaciones indígenas –combatiendo el racismo y la discriminación racial que por razones históricas y principios morales y humanitarios, y protegiendo especialmente a las poblaciones indígenas- es un compromiso sagrado de los Estados.”[3]

En 1948, se realiza la Novena Conferencia Internacional Americana y se aprueba la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, también llamada Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre que, en uno de sus últimos artículos, contiene una disposición relativa a los derechos indígenas.

En efecto, en la sección sobre Trabajo Rural, se dispuso: Artículo 39.  “ En los países en donde exista el problema de la población aborigen se adoptarán las medidas necesarias para prestar al indio protección y asistencia, amparándole la vida, la libertad y la propiedad, defendiéndolo del exterminio, resguardándolo de la opresión y la explotación, protegiéndolo de la miseria y suministrándole adecuada educación. El Estado ejercerá su tutela para preservar, mantener y desarrollar el patrimonio de los indios o de sus tribus, y promoverá la explotación de las riquezas naturales, industriales, extractivas o cualesquiera otras fuentes de rendimiento, procedentes de dicho patrimonio o relacionadas con éste, en el sentido de asegurar, cuando sea oportuna, la emancipación económica de las agrupaciones autóctonas. Deben crearse instituciones o servicios para la protección de los indios, y en particular para hacer respetar sus tierras, legalizar su posesión por los mismos y evitar la invasión de tales tierras por parte de extraños.”

La Carta de la Organización de los Estados Americanos y La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establecen una serie de derechos individuales y básicos para todos los habitantes, normas de conducta obligatorias para los Estados y sus agentes para promover, proteger y garantizar esos derechos, y posee órganos que promueven y defienden su observancia. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada en 1959 y desde ese momento ha atendido varios casos expuestos en referencia a los derechos humanos de los pueblos indígenas[4]. Algunos de los más resonados casos pueden ilustrar la interpretación de la Comisión[5]:

Caso de la Comunidad Mayagna (Suma) Awas Tingni contra Nicaragua. El caso tuvo su origen en una petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  por el Centro Indio de Recursos Legales y la Comunidad Indígena Awas Tingni en octubre de 1995. Responsabilizaba al Estado de Nicaragua de haber violado los Artículo 1, 2, 21, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por cuanto había quebrantado los derechos de la comunidad Awas Tingni por no garantizar y proteger efectivamente sus derechos de propiedad basados en su uso y ocupación tradicionales, y por otorgar una concesión de explotación maderera a una compañía coreana sin consentimiento, por discriminar contra la comunidad y no suministrarle una igualdad de protección ante la ley y por no proveer remedios judiciales adecuados y efectivos que permitieran a la comunidad afirmar y proteger sus derechos ante la justicia nicaragüense. Después de una serie de intentos de resolver el caso mediante arreglos amistosos, en junio de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso al Tribunal para que tomara una decisión. La decisión de la Corte, hecha pública en agosto de 2001, en el caso estableció que Nicaragua había violado los Artículos 1, 2, 21 y 25 del Convenio Americano y que el estado debe adoptar medidas para identificar, demarcar y titular las tierras Awas Tingni “de acuerdo al derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres de estas comunidades” También requirió a Nicaragua que reconociera, demarcara y titulara las tierras Awas Tingni y hasta que esto no fuera hecho se abstuviera de tomar ninguna medida que pudiera “afectar la existencia, valores, usos o goce de esa propiedad...”

Caso Michael Mitchell v. Canada. El gran cacique Michael Mitchel, Jefe del Pueblo Indígena Mohawk, presenta el 26 de noviembre de 2001, una comunicación en contra del Estado de Canadá por la violación al articulo 13 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el que se reconoce el derecho a participar en la vida cultural. El conflicto surge a raíz de que el 22 de marzo de 1988, el gran cacique Mitchell, acompañado por otros miembros de su comunidad, entro a Canadá procedente de Nueva York con una serie de mercancías destinadas a los territorios mohawk. Los funcionarios de la aduana canadiense informaron al gran cacique Mitchell que tenía que pagar las correspondientes tasas aduaneras, a lo que éste se negó invocando derecho aborigen y contractual consagrado en la Constitución de Canadá y en tratados firmados con su pueblo. Estas obligaciones estarían fundamentadas en el derecho aborigen al comercio con otros pueblos indígenas basado en las prácticas y costumbres existentes entre los pueblos de Canadá. El territorio mohawk de Akwesasne, al que pertenece el gran cacique Mitchell, está situado en las provincias canadienses de Quebec y Ontario y en el Estado de Nueva York, en Estados Unidos, y entre estas zonas el comercio es muy frecuente a la vez es considerado por los pueblos que lo practican como un elemento distintivo y esencial de su cultura. La Comisión declaró el caso admisible para ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por cuanto refiere a posibles violaciones de derechos protegidos por el artículo XIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el sentido de que “las actividades económicas deben abarcar un elemento esencial de la cultura de la minoría étnica” y ello incluye el “derecho al comercio a través de las fronteras internacionales sin pago de gravámenes o aranceles”

En 1989, la Comisión -por recomendación de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos-  inicio  sus trabajos relativos a la preparación de  un proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Luego de dos rondas de consultas a los Estados miembros y otras actividades de difusión entre diversos grupos indígenas del hemisferio, la Comisión lo aprobó -el 27 de febrero de 1997- en su 95º período de sesiones.


NOTAS:


[1] En nuestro continente habitan más de 40 millones de personas pertenecientes a alguno de los aproximadamente 400  pueblos indígenas.

[2] Ver “Conferencias Internacionales Americanas. 1889-1936”, y “Conferencias Internacionales Americanas 1938-1942”, Carnegie Endowment Washington D.C. 1938; y 1943 respectivamente.

[3] Dicha resolución se transcribe en el Informe 12/85 Caso Yanomami, reproducido en esta publicación.  Es interesante recordar que en ese mismo año el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas invitó a la Organización de los Estados Americanos y a sus agencias especializadas, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Indigenista Interamericano, a que “colaboren en erradicar toda forma de discriminación contra las poblaciones indígenas”

[4] Quizás el primero tuvo lugar en 1985, cuando se planteó la cuestión del derecho a la tierra de los pueblos indígenas, y la Comisión decidió solicitar al Gobierno de Brasil una serie de medidas en favor del pueblo Yanomami, entre ellas la demarcación de sus territorios

[5] Sintetizados por Figueroa, Viviana. Mecanismos internacionales de protección de derechos indígenas. Ver en sección Doctrina

 
 

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