La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

2. En la O.I.T.

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preparado por Viviana Figueroa

La Organización Internacional del Trabajo[1] aprobó el primer instrumento jurídico internacional vinculante en 1957 sobre los pueblos indígenas y sus derechos, el que fue sustituido en 1989 por el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales (número 169)[2].

En 1921, la Organización Internacional del Trabajo empezó sus estudios sobre las condiciones laborales de los trabajadores de los pueblos indígenas y tribales, en particular sobre el trabajo forzoso de las “poblaciones nativas” en las colonias. En 1926 el Consejo de Administración creo una “Comisión de Expertos en Trabajo Nativo” con el objetivo de elaborar normas destinadas a la protección de los trabajadores indígenas. Desde esa fecha, la Organización Internacional del Trabajo incorporó los derechos de los indígenas en diferentes tratados, como el Convenio sobre Trabajo Forzoso (número 29) que establece normas y permite el desarrollo de actividades a favor de los pueblos indígenas, el Convenio relativo a la reglamentación de ciertos sistemas especiales de reclutamiento de trabajadores (número 50) que aborda las particularidades culturales de estos trabajadores. En 1953 la OIT publicó un importante estudio de alcance mundial titulado “Poblaciones Indígenas. Condiciones de vida y trabajo de las poblaciones indígenas en los países independientes” con documentación sobre las poblaciones indígenas de todos los continentes, informe que continúa siendo una importante fuente de referencias para todo trabajo detallado en esta materia.

Como ya se dijera y aunque sólo 17 países[3] han ratificado el Convenio 169, éste es visto como un importante instrumento por muchos pueblos indígenas. Y varios han sido los casos en los que ha sido aplicado en lo interno (Colombia) como las recomendaciones giradas a los países desde la propia Organización[4].

Al adoptar el Convenio núm. 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la 76a. Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra, junio 1989) observó que en muchas partes del mundo estos pueblos no gozan de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población, reconociendo sus aspiraciones a asumir el control de sus propias instituciones, de su forma de vida y de su desarrollo económico[5].

El nuevo convenio, que revisa normas anteriores de la OIT, especialmente el Convenio núm. 107 (1957), se aplica a los pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional y a aquellos pueblos en países independientes considerados indígenas por su descendencia.

Los conceptos básicos del convenio son respeto y participación. Respeto a la cultura, la religión, la organización social y económica y la identidad propia: esto constituye la premisa de la existencia perdurable de los pueblos indígenas y tribales (el Convenio núm. 107 presumía su integración).

La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá ser considerada como criterio fundamental para determinar los grupos interesados; en otras palabras, ningún Estado o grupo social tiene el derecho de negar la identidad que pueda afirmar un pueblo indígena o tribal. La utilización del término "pueblos" en el nuevo convenio responde a la idea de que no son "poblaciones", sino pueblos con identidad y organización propia. Se aclara que la utilización del término "pueblos" en el nuevo convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. Así se acotó toda interpretación que pudiera ir más allá del ámbito de competencia de la OIT y de sus instrumentos.

Los gobiernos deberán asumir, con la participación de los pueblos interesados, la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto a su integridad. Deberán adoptarse medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, sus bienes, su trabajo, su cultura y su medio ambiente. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculo o discriminación. No deberá utilizarse ninguna forma de fuerza o coacción que viole estos derechos y libertades.

Al aplicarse el convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adopción de decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

El convenio refuerza las disposiciones que contenía el Convenio núm. 107 respecto de la necesidad de que la legislación nacional y los tribunales tomen debidamente en consideración las costumbres o el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y tribales. Se deberá respetar, por ejemplo, los métodos a los que estos pueblos recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus propios miembros.

Sin duda, un aspecto especialmente importante del nuevo convenio es el capítulo sobre tierras. El convenio reconoce la relación especial que tienen los pueblos indígenas con las tierras y territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera y, en particular, los aspectos colectivos de esa relación. Se reconoce el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, se deberá tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados en utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. Los derechos de estos pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente, comprendiendo el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

El convenio estipula que los pueblos indígenas y tribales no deben ser trasladados de las tierras o territorios que ocupan. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de estos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Siempre que sea posible, estos pueblos deben tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. Deberán preverse sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada de sus tierras.

El convenio incluye otros aspectos como la contratación y condiciones de empleo, formación profesional, promoción de la artesanía e industrias rurales, seguridad social y salud, educación, contactos y cooperación a través de las fronteras.

Al mismo tiempo que la Conferencia adoptó el nuevo convenio, aprobó por unanimidad una resolución que establece medidas a nivel nacional e internacional destinadas a apoyar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el requerido convenio. La resolución resalta en este contexto la acción de la OIT.

Ahora se abre un importante proceso de ratificación por parte de los Estados miembros. Al ratificar un convenio, un Estado miembro se compromete a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las disposiciones contenidas en el convenio. Asimismo, se compromete a informar periódicamente sobre su aplicación y a responder a las preguntas, observaciones o sugerencias de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.

El Convenio num. 169 fue ratificado por Noruega, México, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Perú, Honduras, Dinamarca, Guatemala, Países Bajos, Fiji y Ecuador.

El Convenio entró en vigor el 6 de setiembre de 1991, doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de los dos primeros Estados (Noruega y México) fueron registradas. A partir de esa fecha, el Convenio num. 107 cesó de estar abierto a la ratificación por los Estados miembros. Por lo tanto, el Convenio núm. 107 seguirá vigente sólo para los Estados miembros que, habiéndolo ratificado, no ratifiquen el nuevo convenio.

 


NOTAS:


[1] Aunque en el artículo 1 de su Carta constitutiva, establece que los miembros de la organización son los Estados, pero la organización es tripartita y participan los Estados, los empresarios y los trabajadores. Por ello, cada miembro esta representado por dos delegados gubernamentales, un delegado representando a los trabajadores, y un delegado representando a los empleadores, cada uno cuenta con un voto independiente y están acompañados de consejeros técnicos

[3] Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Fidji, Guatemala, Honduras, México, Países Bajos, Noruega, Paraguay, Perú y Venezuela

[4] Central Obrera Boliviana contra Bolivia. La Central Obrera Boliviana alegó que el gobierno de Bolivia había violado el Convenio 169 al otorgar concesiones para la tala de árboles que afectaban a territorios indígenas. En el informe resultante de este caso se pidió al Gobierno que consultara a los pueblos interesados antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Asimismo se pidió al Gobierno que llevara a cabo estudios del impacto medioambiental, cultural, social y espiritual conjuntamente con los pueblos interesados antes de autorizar la explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras. Ver Documento: Calidad Legislativa Indígena en América Latina Cumplimiento de los principios del Convenio 169 de la Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas Banco Interamericano de Desarrollo.

[5] Introducción al Convenio 169 Equipo Técnico Multidisciplinario (ETM)-OIT http://www.oit.or.cr/mdtsanjo/indig/intro169.htm

 

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