La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Espiritualidad indígena

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Introducción

Esta cuestión, lejos de ser menor, ha quedado relegada en la reflexión gubernamental quizás por ser catalogada como no prioritaria, menos asistencial, o incluso innecesaria o no aplicable, criterio que no comparto ya que la espiritualidad es el sostenimiento moral de un pueblo, y en el caso de los pueblos indígenas considero que constituye el meollo de su identidad.

En cierto modo la libertad de conciencia y pensamiento en tanto no se exteriorizan quedan fuera de  la órbita del derecho (artículo 19 de la Constitución de la Nación). No obstante, está dentro del ámbito de protección constitucional, el derecho a no ser obligado a manifestar sus creencias religiosas. La libertad de conciencia es el derecho de cada uno a formar su propio juicio respecto a cualquier materia, ya sea política, religiosa, filosófica, etc. y  pertenece a la intimidad del hombre. La libertad de conciencia es una variante de la libertad de pensamiento; en cambio la libertad de culto consistiría en la exteriorización y practica de la religión elegida. A diferencia de la libertad de conciencia, que pertenece al ámbito de la libertad personal y por tanto  no esta sujeta a la potestad estatal ni de terceros, el ejercicio de la libertad de cultos, al igual que los restantes derechos individuales, esta sujeto a las leyes que lo reglamenten, conforme artículo 14 de la Constitución de la Nación[1] que declara que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de profesar libremente su culto (reafirmándolo –superabundantemente- en el artículo 20 al referirse a “todos los ciudadanos [...] pueden ejercer libremente su culto”)[2]; en tanto la reforma constitucional de 1994, ratificando el reconocimiento a la libertad de conciencia, de creencias y de culto, ha suprimido la norma que se refería a la conversión al catolicismo de los indios[3]

Por otra parte los pactos y convenios internacionales a los que ha adherido nuestro país despejan toda duda acerca de la libertad de práctica religiosa, con un último límite que son la libertad y la vida de los habitantes[4]. Así:

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre: toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado [artículo 3°] toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden [artículo 4°]

Pacto de San José de Costa Rica, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias , o de cambiar de religión o de creencias así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias , individual o colectivamente, tanto en público como en privado [artículo 12, inciso 1°] nadie puede ser objeto de medidas restrictivas  que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias  o de cambiar de religión o de creencias [artículo 12, inciso 2°] la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias esta sujeta únicamente a las limitaciones prescriptas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden la salud,  o la moral públicos  o los derechos y libertades de los demás [artículo 12, inciso 3°]

Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia y de religión este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias asi como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la practica, el culto y la observancia [artículo 18]

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza [artículo 18]

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación racial, los estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona de igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los siguientes derechos... d) el derecho de pensamiento, de conciencia, de religión [artículo 5°]

Frente a este espectro legal, en nuestro país aún sigue vigente la ley 21745 de febrero de 1978 que organizó -en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- el Registro Nacional de Cultos, ante el cual procederán a tramitar su reconocimiento e inscripción las organizaciones religiosas distintas a la Iglesia Católica, correspondiendo al Poder Ejecutivo Nacional establecer las condiciones y recaudos para obtener esa inscripción y reconocimiento, que serán previos y condicionarán la actuación de esas organizaciones, así como también la concesión de su personería jurídica [artículos 1° y 2°].

De este modo, el decreto 2037/79 establece las funciones del registro y los requisitos para la inscripción y reconocimiento de los cultos no católicos[5]. Son causales de  denegación  de la inscripción solicitada o de su cancelación: el incumplimiento de lo previsto en la ley o cuando tales asociaciones o su actividad resultaren lesivas al orden público, la seguridad nacional, la moral y las buenas costumbres [artículo 3°, inciso b)][6]. Sin perjuicio de los reparos a la regulación vigente que se pudieran hacer, es importante advertir que en el derecho comparado no es infrecuente establecer límites al ejercicio de la libertad de culto, como por ejemplo la moral o la alteración del orden público[7]; resguardos con los que no puede sino estarse de acuerdo si su interpretación no se extiende más allá de su espíritu, con el que la totalidad de las cosmovisiones de los pueblos indígenas es coincidente.

La sociedad occidental judeo-cristiana esta atravesada por el imperativo divino plasmado en el Génesis respecto del cual los hombres fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, quien los bendijo y de viva  voz les ha dado orden y legitimación para que sean  fecundos y se multipliquen, para que llenen la tierra y la sometan y manden a las aves del cielo y a cuanto animal viva sobre la tierra. El referido imperativo  categórico y moral podría ser el sustento que  legitima al hombre de occidente  como el sujeto dominador y explotador indiscriminado respecto del resto de los objetos que existen en su entorno. Dicho mandato divino cruzaría  toda la cosmovisión  de Occidente en donde la relación de poder se verifica en forma verticalista. Los pueblos indígenas que no han conocido la Torá y que por lo tanto han carecido de este mandato divino, podrían haber vivenciado e internalizado  una relación de carácter  horizontal respecto de los demás objetos y el entorno en el cual se desarrollan cristalizando pensamientos y conductas en donde dicha relación de  interacción con la naturaleza tendría el  carácter horizontal y filiatoria.         

La “religión” o sistema de “religar” o “unir” ha constituido (y aún constituye) el sistema por el cual los individuos se unen y ligan social y emocionalmente. En nombre de un ser superior, de otro orden supremo, cientos de religiones y sectas activas en comunidades indígenas de América Latina acompañan divisiones, cambios culturales y luchas internas: católica, anglicana, nazarena, luterana, mormona, adventista, Iglesia del Verbo, de Alfa y Omega, del Manantial de Vida o los Guardianes del Santo Sepulcro son sólo algunas de las religiones y credos presentes –con una penetración e injerencia variables- en las comunidades indígenas[8]. Cualquiera que sea la religión, impacta en lo espiritual que es el terreno medular de la vida la mayoría de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas.

La vida “espiritual” entre los pueblos indígenas se identifica con manifestaciones concretas y reales de creencias y prácticas comunitarias cotidianas. Los diversos ritos y creencias pueden ser relacionados con diversas situaciones que en común tienen el estar dirigidas hacia lo sobrenatural o lo extradimensional (más allá de cómo lo definamos aquí y ahora) y reconocidas como religiosas. Esta extradimensionalidad tiene injerencias sobrenaturales (por ejemplo, para inducir la lluvia, para asegurar la fertilidad en los cultivos, animales o mujeres; para proveer protección) y cotidianas (por ejemplo, para solidificar alianzas; para iniciar a grupos o individuos que han llegado a cierta edad, etc.).

Elementos de la espiritualidad indígena

Al igual que las religiones “autorizadas”, la vida espiritual indígena presenta mitos y proposiciones; estipula celebraciones y rituales y confía en instituciones el complejo de comportamientos, procedimientos que regula la conducta moral, aunque en rigor tales estipulaciones y las correlativas sanciones asociadas varían considerablemente entre unas y otras.

Aunque en las “religiones” indígenas -a diferencia de aquellas oficialmente reconocidas- no se tiene la pretensión de ser -no sólo auténtica sino- única vía hacia las recompensas o beneficios alegados en el más allá sobrenatural.  

Por ello, los pueblos indígenas han “incorporado” los dioses occidentales y han acrecentado su acerbo “religioso” tanto en los mitos como en las ceremonias, a medida que sus sociedades experimentaron el contacto con pueblos vecinos o invasores[9]. Esto las lleva hoy a presentarse –ante el estudioso secular- como expresiones histórico-sincréticas igualmente válidas, igualmente considerables en sí mismas.

La fiesta religiosa y la fiesta orgiástica no son sino dos caras de una misma moneda que buscan expresar aquella parte íntima y misteriosa del hombre. En este mestizaje o sincretismo, los nombres de los "santos" católicos han ido reemplazando a los nombres de las deidades indígenas originarias, pero ahí están y estas "tradiciones" se han mantenido casi sin cambios desde la colonización hasta nuestros días.

Pero en el siglo XX, llegaron otras religiones a competir por la fe de los pueblos originarios. Entre ellas y el catolicismo se planteo un vaivén no por incruento menos abrumador para el centro de la disputa que no es otro que el alma del indígena.

En las últimas décadas, algunas religiones cristianas protestantes están empezando a romper con los ritos indígenas y los sincretismos logrados; y están avanzando en las comunidades indígenas a las que atienden en sus necesidades organizacionales: económicas, familiares, productivas y educativas, al precio de siempre: la profesión de fe y la adopción de costumbres, aunque esta vez no haya sangre, ni fuego -al menos por el momento- hay doblegamiento de la identidad indígena.

Previsiones regulatorias

El campo de lo espiritual y religioso no es ajeno a las exigencias del proceso democrático del Estado, si bien su ámbito es el privado e individual, el Estado debe garantizar el respeto por su manifestación. Tal respeto parte del reconocimiento y con él, la posibilidad de cumplir su papel de contralor positivo; esto es facilitador de la expresión de sus ciudadanos  en plenitud civil y espiritual. Valga traer los borradores de las declaraciones que en el seno de la Naciones Unidas y de la Organización de estados Americanos se vienen estudiando:

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Resolución aprobada por la Asamblea General, 13 de septiembre de 2007:

“Artículo 12 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos. 2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.

Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de febrero de 1997, en su sesión 1333a. durante su 95 Período Ordinario de Sesiones):

Artículo V. Rechazo a la asimilación 1. Los pueblos indígenas tendrán derecho a preservar, expresar y desarrollar libremente su identidad cultural en todos sus aspectos, libre de todo intento de asimilación. 2. Los Estados no adoptarán, apoyarán o favorecerán política alguna de asimilación artificial o forzosa, de destrucción de una cultura, o que implique posibilidad alguna de exterminio de un pueblo indígena.

Artículo X. Libertad espiritual y religiosa 1. Los pueblos indígenas tendrán derecho a la libertad de conciencia, de religión y práctica espiritual, y de ejercerlas tanto en público como en privado. 2. Los Estados tomarán las medidas necesarias para prohibir los intentos de convertir forzadamente a los pueblos indígenas o imponerles creencias contra su voluntad. 3. En colaboración con los pueblos indígenas interesados, los Estados deberán adoptar medidas efectivas para asegurar que sus sitios sagrados, inclusive sitios de sepultura, sean preservados, respetados y protegidos. Cuando sepulturas sagradas y reliquias hayan sido apropiadas por instituciones estatales, ellas deberán ser devueltas. 4. Los Estados garantizarán el respeto del conjunto de la sociedad a la integridad de los símbolos, prácticas, ceremonias sagradas, expresiones y protocolos espirituales indígenas.

Pautas de reconocimiento y ejercicio

Por ello se considera insoslayable, la necesidad de dar respuesta objetiva a las siguientes demandas:

Þ      Reconocimiento de las espiritualidades de los pueblos indígenas como uno de los elementos centrales de la identidad y, en esos términos, reconocerlos incluidos en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución de la Nación, por lo que deben adecuarse las exigencias reglamentarias para su registro a las características propias de las espiritualidades de los pueblos indígenas adoptando -en las definiciones y límites- el arbitraje de los especialistas religiosos indígenas.

Þ      Consideración de los procesos de conversión y de transformación religiosa de los pueblos indígenas sujetos a la garantía de  consentimiento informado previo de las autoridades religiosas indígenas. 

Þ      Respeto a las autoridades religiosas indígenas.

Þ      Preservación de las creencias y los rituales propios de los pueblos indígenas.

Þ      Respeto por los lugares sagrados y los lugares religiosos, definidos por los propios pueblos indígenas Redefinir los sitios y objetos arqueológicos que tienen un papel central en las espiritualidades indígenas, acordando con los pueblos indígenas la custodia y acceso a ellos.

Þ      Garantía de los caminos y rutas de peregrinación, en especial en las épocas señaladas por los propios pueblos indígenas como los más propicios para tales acontecimientos.

Comentaba el jurista indígena don Eulogio Frites: En relación a los pueblos indígenas, no se habían registrado en nuestros tribunales, casos en cuyos procesos para dilucidar los hechos, se hayan tenido en cuenta los idiomas y las pautas culturales de los indígenas, para saber si los mismos que protagonizaron los hechos tuvieron conciencia de la criminalidad de sus actos. A partir de 1978 cn el caso "P., R. y otros s/homicidio calificado reiterado y lesiones leves en concurso real", ocurrido en la localidad de Lonco Luan (del mapuche "cabeza de guanaco") en Lago Aluminé, Neuquén, esa situación se modificó. Dicho caso generó un reconocimiento de los derechos preexistentes de los indígenas que concluyó en consagrar el derecho indígena actual, plasmado en las leyes 23.302, 24.071 y en el artículo 75, inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional reformada en 1994, la que consagró el Derecho Constitucional Indígena. Con este caso se abrió jurídicamente el camino del reconocimiento de las cosmovisiones de los Pueblos Indígenas frente a la sociedad global, permitiendo a los juzgadores conocer la conciencia de la criminalidad de sus actos. Es así que la Cámara declaró la inimputabilidad de los imputados, considerando que en el momento de causar las muertes de cuatro personas y lesiones a una quinta, estuvieron en un estado de éxtasis místico profundo que les impidió comprender y dirigir sus acciones, en virtud del artículo 34 inciso 1 del Código Penal, y ordenó su internación en un instituto especializado, hasta tanto desaparecieran las causales de peligrosidad[10]

Bibliografía complementaria:

NORMATIVA

Ley 21.745. Registro de Cultos.  Buenos Aires, febrero de 1977.
Decreto Nº 2037/1979,  23 de Agosto de 1979.
Resolución 167/1997, 17 de enero de 1997

ONU

Declaración de los Derechos del Hombre. 10 de diciembre de 1948.

Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial 7 de marzo de 1966.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 16 de diciembre de 1966

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  16 de diciembre de 1966.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Resolución aprobada por la Asamblea General, 13 de septiembre de 2007

UNESCO

Declaración universal sobre la diversidad cultural Paris, 15 de octubre al 3 de noviembre de 2001

OEA

Pacto de San José de Costa Rica OEA. San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.

ENSAYOS Y NOTAS DOCTRINARIAS
MONOGRAFÍAS E INVESTIGACIONES

 La espiritualidad indígena y la libertad de cultos. Fernanda Nogueria, Alicia Valdiva y Verónica Vieito

La coca sagrada o ilegal. Valeria Fernández y Carlos Sandro Vásquez

Las libertades espirituales e intelectuales. Gisela Cheung, Elicia Ling, Alejandro Del Grosso y Alberto Heras

Inscripción de cultos indígenas. Federico Poggi

OTROS MATERIALES DE CONSULTA

 

 

NOTAS:


[1] Al respecto, la Corte Suprema en distintos fallos ha distinguido entre libertad de conciencia y libertad  de culto diciendo: que  la libertad de conciencia comprende el derecho a seleccionar un sistema de valores , no necesariamente religiosos , sino también éticos , para que cada sujeto formule su propio proyecto de vida (Portillo, fallos, 312:496), que la libertad de conciencia se nutre de principios religiosos o convicciones morales (Agüero fallos 214:139) y que el esquema constitucional es en este punto necesariamente  pluralista, ya que los constituyentes pusieron especial cuidado en respetar la diversidad de pensamientos y en no obligar a los ciudadanos a una uniformidad (Portillo 312:496).

[2] Sin embargo se ha diferenciado la libertad de conciencia, que pertenece al ámbito de la libertad personal y por tanto no esta sujeta a la potestad estatal ni de terceros, del ejercicio de la libertad de cultos, que al igual que los restantes derechos individuales, estaría sujeto a las leyes que lo reglamenten. A pesar de esta interpretación que prevalece, en los hechos la Corte Suprema de la Nación ha hablado del “ejercicio” de la libertad de conciencia [Lopardo fallos 304:1524] con lo que da a ella un sentido operativo y práctico, no limitado al fuero interno de cada uno.

[3] Artículo 67, inciso 15 de la Constitución de la Nación de 1853: “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”.

[4] Todo ellos de rango constitucional según el Artículo 75, inciso 22: “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño: en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.  Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”

[5] En noviembre de 2000, se dicto la nueva resolución reglamentando la inscripción de iglesias o comunidades religiosas en el registro nacional de cultos; requisitos, formularios e instructivo para la obtención de certificaciones. Sin embargo, esta norma no estaría vigente ya que no surge que haya sido publicada en Boletín Oficial.

[6] Para Linares Quintana esa norma es inconstitucional porque restringe exageradamente el principio de libertad de culto al dejar la autorización a discreción del Poder Ejecutivo Nacional  y sin recurso judicial, colisionando claramente con el artículo 28 de la Constitución de la Nación que impide alterar por vía de reglamentación un derecho constitucional

[7] Artículo 2°, inciso 3 de la Constitución del Perú. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Tampoco la libertad religiosa es absoluta, tiene límites en España: el ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y  de culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la  salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moral pública, elementos  constitutivos del orden público protegido por la ley en el ámbito de una  sociedad democrática. Es decir, el derecho de expresión y culto está garantizado mientras no  vulnere la ley que protege a las personas

[8] Existe tanta diversidad de patrones de creencias, ceremonias y organización que cualquier definición de la religión difícilmente puede abarcar todas las manifestaciones que esta supone; sin embargo, todas tiene un rasgo común: la religión siempre es normativa. (Como ejemplo se puede citar la Torá que para los hebreos además de contener la ley que es  la revelación divina, era sustancialmente un dispositivo de normas domesticas que han regulado la vida y la organización del pueblo  hasta en sus  mínimos detalles cotidianos)

[9] Entre los 40 millones de indígenas que viven en América Latina prima la religión católica, que en los siglos XV y XVI impuso a sangre y fuego el conquistador europeo y la Santa Inquisición (que no sólo padecieron aquí los indígenas sino en la propia Europa), barriendo creencias de los pueblos precolombinos sin embargo, en América Latina, en la fiesta religiosa y bajo elementos sincretizados, las manifestaciones de las espiritualidades indígenas continúan vigentes  y  mantienen elementos propios

[10] Frites, Eulogio Inimputabilidad por falta de comprensión de la criminalidad del acto por enajenación mística Comentario al fallo "P., R. y otros s/Homicidio calificado reiterado y lesiones leves en concurso real", Juzgado Penal de Zapala, 3º Circunscripción.  Publicado en El Derecho, 15 de Agosto de 1995

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