La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

4. Ciudadanía

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La interpretación de la inclusión del gentilicio “argentino” podría indicar la limitación o imposibilidad para reconocer a otros pueblos originarios en los actuales Estados extranjeros, toda vez que el reconocimiento de una nacionalidad se determina sobre la base del

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ius soli (criterio geográfico) y

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no el ius sanguinis (criterio personal).

Las variantes posibles del reconocimiento serían:

þ                 Exclusivamente los pueblos que se originaron; y habitan el suelo del actual territorio de la Republica Argentina. Ello excluiría a todos los que llegaron a estos terrenos aún antes que el colonizador europeo (ejemplo de ellos: el imperio incaico y guaraní) quienes reconocen su núcleo geográfico de origen en latitudes y longitudes –hoy- extranjeras, o después de su llegada aunque antes de la efectiva ocupación de su área de influencia (por ejemplo los pueblos mapuche, que con tal identificación inician la penetración hacia el este cordillerano en las postrimerías del siglo XVIII)

þ                 Exclusivamente los pueblos que habitaban; y habitan el suelo del actual territorio de la República Argentina al momento de:

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fundación del Virreinato, 1776;

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creación del primer gobierno patrio, 1810;

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declaración de la independencia, 1816;

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Jura de la Constitución Nacional, 1853 

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Jura de la reforma a la Constitución Nacional que admitió expresamente su realidad, 1994

La Argentina de ayer... la Argentina de hoy

Como se señaló en el acápite anterior el momento de fijar nuestro territorio histórico determina para los pueblos la inclusión o no en el mapa argentino indígena.

Posiciones ideológicas y disciplinarias han elevado su voz contra esta segregación que excluiría a conjuntos sociales vulnerables que han buscado en nuestra república protección como auténticos refugiados económicos y sociales. Lejos de despreciarlos este análisis pretende conducir a un verdadero resguardo ante su situación. Por ello, no debe confundirse la finalidad de la norma constitucional que apunta a un reconocimiento político que no menciona la pobreza o el desamparo como criterio de identificación o de asignación de derechos, ni puede ser “agregado” legítimamente por la interpretación.

Quede claro que el artículo 75, inciso 17 suma a nuestra esfera pública a sus actores primigenios: los pueblos indígenas argentinos y garantiza sus derechos más allá de cualquier situación –personal o colectiva- de vulnerabilidad económica o social. Con toda justicia histórica –en muchos casos- la norma reconoce a quienes constituyeron esta República, la defendieron o la consolidaron. Las acciones sociales de asistencia a otros pueblos y hombres que deseen habitar el suelo argentino tiene suficiente garantías en el preámbulo constitucional[1] y sus circunstancias son merecedoras de la más tenaz ayuda administrativa. Pero aquí se trata de otro estatuto.

þ                 Exclusivamente los pueblos que habitan; en este caso acreditada la etnicidad cultural indígena el reconocimiento se amplía a los pueblos que actualmente residen en la República Argentina; residencia organizada según su cultura y sus costumbres tradicionales. Esta posición incluiría a todos aquellos que aún originados fuera de nuestras fronteras nacionales se han afincado en la jurisdicción reconociente con intención de residir; esta posición se aleja de la condición de preexistencia y se acerca a una posición panamericanista, que aunque admisible debería promover la reforma constitucional y apoyarse en pactos multilaterales internacionales.

Un problema adicional de esta opción lo constituye la presencia de pueblos que en el concierto internacional han sido reconocidos como indígenas pero que no se han originado en suelo americano o al menos su presencia en él data de tiempos cercanos, sin embargo no tan breves como para no haber ya acuñado un perfil cultural propio que no se halla en otro lugar del orbe: el criollo vasco; el gaucho judío; y hasta el malvinense británico!!, podrían barruntar un reclamo. Sus gentilicios de sangre no logran ocultar sus caracteres nuevos culturales -y hasta genéticos- argentinos, producto de la combinación de los traídos desde el origen en un orden y composición inéditos.

¿Qué hacer frente a ellos? El mismo preámbulo determina acogerlos en pie de igualdad, por ello la clarividencia del inciso subexamine: si bien el criterio identificador es étnico-cultural no se extiende ni puede borronearse. La asistencia social, económica será para todos; el reconocimiento político interno que propone la norma constitucional sólo está reservada para los identificados y que se identifiquen de acuerdo con el criterio legal insoslayable: Pueblos Indígenas Argentinos

Una somera revista a la realidad actual de la Argentina pone en evidencia lo difícil que puede ser adoptar un criterio nacional, único para todas las situaciones. No ha de olvidarse que con el reconocimiento propugnado va explícito el efectivo cumplimiento con los derechos consecuentes con él, tal el caso de la posesión y propiedad de sus tierras tradicionales y la participación en los que importe la disposición de sus recursos naturales. Sobre ello volveremos más adelante.


 

NOTAS:


[1] En efecto, el preámbulo de nuestra constitución establece: “Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina.”

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 Dra. Teodora ZAMUDIO