La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

2. Criterios e indicadores de identidad

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Debe tenerse en cuenta que en el caso y desde las distinciones producidas por la institucionalidad ciertos sujetos comparten determinadas características que les hacen definibles como conjunto[1], a estos sujetos emergentes -desde la diferenciaciones que se señalan en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución de la Nación- se les reconocen derechos específicos, propios e intransferibles.

La existencia –más aún, el “reconocimiento constituyente” de estos actores no sólo debe verse desde la perspectiva de la recuperación de espacios sociales y políticos (para los “pueblos indígenas argentinos”), sino desde la necesidad de construcción de relaciones en contextos de diversidad cultural y social[2]. Este acontecimiento jurídico genera entonces la necesidad de estructuras estatales que orienten proyectos y políticas específicas, y se desarrollen construcciones institucionales entorno de ellos, en tanto nuevos sujetos jurídicos y políticos. De allí la importancia de establecer con claridad a quiénes se les atribuirá la pertenencia, legitimación y establecimiento de tales roles jurídico-políticos y las reivindicaciones asociadas a derechos de todo tipo.

El siguiente es un enunciado de los indicadores posibles y cada uno de ellos responde a criterios que pueden ser más o menos aceptables en cada caso, incluso han de ser observados más como un auxilio forense que como variable determinante o constituyente. El desarrollo de indicadores apropiados es en última instancia un proceso dinámico y bastante flexible, desarrollarse continuamente mientras se verifiquen aumentos de información, y de la capacidad para generarla o corregirla, así como nuevas constataciones históricas y cotidianas. Los datos obtenidos de este modo asegurarán el balance, la integridad, la importancia y la credibilidad en la formulación de los indicadores[3].

Para la normativa vigente en la Argentina, las circunstancias que podrán tenerse en cuenta al afecto de la inscripción de las comunidades indígenas son: identidad étnica, lengua actual o pretérita autóctona, cultura y organización social, propias, conservación de sus tradiciones esenciales, convivencia en un hábitat común, constitución de un núcleo de por lo menos tres familias asentadas o reasentadas.  Esa enumeración no limita otros criterios que la autoridad de aplicación -el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas- entienda que corresponde tener en cuenta a efectos de la inscripción registral[4], esa discrecionalidad ofende la seguridad jurídica y connota la falta de convicción legal.

En los Estados Unidos los tribunales han establecido que la determinación de que un grupo de personas ha mantenido una relación tal como para constituir una tribu india debe tomar en cuenta los siguientes indicadores[5]:

þ   en qué medida los miembros del grupo son personas de ascendencia india que viven y fueron criados en una sociedad y comunidad india

þ  en qué medida su vida y sus actividades se hallan bajo el control de un gobierno indio

þ  la participación de los miembros en los asuntos de la tribu

þ  en qué medida el grupo ejerce control sobre un territorio específico

þ  en qué medida el status político del grupo es reconocido por las autoridades federales que tienen el poder y el deber de administrar las relaciones entre los Estados Unidos y los indios

þ  la continuidad histórica de estos factores

La idea es que el sujeto y el grupo den testimonio de carácter y dominio de su “indigeneidad”

Banco Mundial [Documento O P 4.10] utiliza el término Pueblos Indígenas para referirse a un grupo cultural y social particular y vulnerable que posee las siguientes características en diversos grados:

(i) auto identificación como miembros de un grupo cultural indígena particular y reconocimiento de esta identidad por parte de otros;

(ii) vinculación colectiva con hábitats geográficamente particulares o territorios ancestrales en el área del proyecto y con los recursos naturales en estos hábitats y territorios;

(iii) instituciones culturales, sociales, económicas o políticas habituales que estén separadas de aquellas de las sociedad y cultura dominantes; y

(iv) una lengua indígena, que frecuentemente es diferente del idioma oficial del país o región.

Algunos otros términos que se utilizan en diferentes países para referirse a estos grupos incluyen “minorías étnicas indígenas”, "aborígenes," "tribus de las colinas," "minorías nacionales," "tribus programadas," y "grupos tribales" (OP 4.10, para 4).

Por lo demás, los indicadores que a continuación se exponen no agotan la oferta ni son excluyentes entre sí, alguno de ellos puede ser de mejor y mayor aplicación a individuos y otros a conjuntos (comunidades y pueblos).

Recuadro 1. Justificación de la necesidad de identificación de Criterios & Indicadores étnicos

La regulación del reconocimiento ordenado por el art 75 inc 17 de la CN necesita -para que su operatividad armónica con las instituciones del ordenamiento-  una regulación positiva  que

1.       defina los criterios y los indicadores que proporcionarán un mecanismo por el cual se puedan “discernir” al sujeto a reconocer y a sus miembros; y

2.       diseñe un marco para verificar la aplicación de la norma sobre la base de la identificación de una serie de elementos incluyendo criterios, metas, objetivos, medios, indicadores, medidas aceptables que no ofendan, ni opaquen derechos consagrados entre los Derechos y Garantías de Constitución.

¿Quiénes son los pueblos indígenas? Una definición de trabajo, por José Martínez Cobo

No hay acuerdo general sobre una definición. El más común es la definición formulada por del ponente Especial la subcomisión, José Martínez Cobo en su estudio del problema de la discriminación contra poblaciones indígenas, (1986):

 

“las comunidades, la gente y las naciones indígenas son las que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades pre-coloniales se han desarrollado en sus territorios, considerándose a si mismos distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios, o en partes de ellos.

Criterio histórico-geográfico que deja de lado las poblaciones afroamericana: “maroons”, “garifunas” que han sido reconocidos como pueblos indígenas por Organismos Internacionales; en nuestro caso los “kelpers” de Malvinas podrían aspirar a ese reconocimiento

Forman actualmente sectores no-dominantes de sociedad y están determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras esos territorios ancestrales y su identidad étnica, como la base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, instituciones sociales y sistemas legislativos

Criterio cultural, los indicadores puede ser variados

Aparte de este concepto, existen un número de factores vistos como reveladores que define e identifica su continuidad histórica.

Léase indicadores

“una continuidad histórica puede consistir en la continuación, por un período extendido que alcanza al presente, de uno o más de los factores  siguientes:

Criterio histórico

(1) ocupación de tierras ancestrales, o por lo menos una parte de ellas;

Criterio geográfico-histórico

(2) ascendencia común con los habitantes originales de estas tierras;

Criterio biológico; aquí lo sindicadores podrán ser genealógico o genético. El primero admite adopciones (ej. la ley chilena) el segundo solo los de sangre (ej. La costumbre de los indios Cree de Canadá)

(3) cultura general, o en manifestaciones específicas,

Criterio cultural

(4) lengua;

Indicador del criterio cultural

(5) residencia en ciertas partes del país, o en ciertas regiones del mundo;

Criterio geográfico, el indicador será la zona que se especifique

(6) otros factores relevantes” (J. Martínez Cobo)

 

La autoidentificación como indígena también se considera como un elemento fundamental en una definición de trabajo:

Criterio psicológico

sobre una base individual, una persona indígena es aquella que se autoidentifica con el pueblo al que pertenece (sentido de grupo) y es reconocida y aceptada por el grupo como uno de sus miembros (aceptación del grupo). Ello reivindica para el pueblo indígena el derecho y el poder de decidir quién pertenece al grupo, sin interferencias externas

Criterio sociológico

 


NOTAS:


[1] Hasta hoy lo serían especialmente desde condiciones que no les permitirían hacerse cargo de su propia problemática y de la resolución de ésta. Desde allí la idea de vulnerabilidad que los aglutina en las comisiones legislativas.

[2] Avaria, Andrea. Políticas Sociales: Exclusión / Inclusión del Mundo Indígena. Revista del Magíster en Antropología y Desarrollo No.8.  Departamento de Antropología. Universidad de Chile Mayo 2003

[3] No han sido pocos los casos presentados en el ámbito internacional. Dos sentencias o recomendaciones surgidas del Comité Internacional de Derechos Humanos pueden ilustrar el sinuoso proceso a recorrer. Caso Sandra Lovelace contra Canadá: Sandra Lovelace, una mujer indígena perteneciente a la Comunidad Tobique (Canadá) del pueblo Maliset se casa con un hombre no-indígena y según el derecho indígena de su pueblo pierde su status dentro de la misma. El derecho indígena de su pueblo establecía que si una mujer indígena se casaba con un no indígena, dejaba de ser indígena, así como sus hijos, pero no establecía lo mismo para el caso de los hombres indígenas que se casaran con mujeres no indígenas, ni tampoco  establecía nada ante la situación de divorcio. Sandra Lovelace, se divorcia de su esposo no indígena y pretende regresar a tener el mismo status dentro de su comunidad con sus hijos, lo cual le es negado, por haberse casado con un no-indígena. Ante esta situación Sandra Lovelace basándose en el precedente negativo de la demanda planteada por Jeannette Viviana Corbiére Lavell en 1971 ante el Tribunal Supremo contra el artículo 12 de la Ley India canadiense por la que solamente la mujer, y no el varón, que se casaba con un no-indígena perdía su status como indígena, decide  el 29 de diciembre de 1977, presentar una comunicación individual contra Canadá ante el Comité de Derechos Humanos por violación del derecho a la participación en la vida cultural por cuanto la comunidad indígena era el único lugar en el que ella y sus hijos podían disfrutar de su cultura. Haciéndose eco de estos argumentos el Comité de Derechos Humanos condenó a Canadá en 1981 por violación del artículo 27 del Pacto. [Sandra Lovelace contra Canadá CCPR/C/43/D/358/1989 Ginebra, 28 de noviembre de 1990] Caso Ivan Kitok contra Suecia: Ivan Kitok, perteneciente al pueblo Saami, pierde su status de miembro de su pueblo, y por ende el derecho que le daba la ley a ejercerlos como tal sobre la tierra y el agua para la cría de renos, actividad principal de su cultura. Ivan Kitok argumentó que los criterios de pertenencia al Pueblo Saami debían basarse en la cuestión de la ascendencia-descendencia y que los criterios de la vigente ley violaban su derecho a la vida cultural como saami, por ende Suecia violaba el articulo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, el gobierno sueco sostuvo que la cría de renos era una actividad especialmente protegida y que no todos los saami podían hacerlo ya que el territorio y los recursos que implicaba la cría de renos exigía, para que fuera sostenible, que sólo algunos pudieran dedicarse a la misma. En la práctica, según el gobierno, el hecho de que Ivan Kitok hubiera perdido su carácter de miembro de una aldea saami no significaba que no pudiera dedicarse a la cría de renos. Su actividad como criador de renos podía continuar, pero no podía hacer uso de los derechos especiales que la ley otorgaba a los criadores de renos saami. En este sentido, el Comité entendió que siguiendo la ratio decidenci del caso Lovelace no existía una violación del artículo 27, ya que debía probarse que la restricción impuesta al derecho de un determinado miembro de una minoría tenía una justificación razonable y objetiva y era necesaria para la viabilidad y el bienestar de la minoría en su conjunto. El  Comité,  considero que estos requisitos habían sido cumplidos por el Estado parte en el caso.  [Ivan Ritok v. Suecia CCPR/C/33/D/197/1985 Ginebra, 10 de agosto de 1988]

[4] Articulo 20 del Decreto 155/1989 Reglamentario de la ley nacional 23.303.

[5] United States v Washington (WD Wash) 476 F Supp 1101 in re Duwamish, Samish, Snohomish, Snoqualmie and Steilacoom tribes

 

 

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