La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

1. Etnicidad cultural

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“..... el derecho de definir quién es persona indígena debe reservarse a los propios pueblos indígenas.

Bajo ninguna circunstancia debemos permitir que unas definiciones artificiales tales como las contenidas en la Ley sobre los Indios del Canadá, Ley sobre Aborígenes de Queensland de 1971, de Australia, etc., nos digan quienes somos.” [1]

José R. Martínez Cobo

 

Cuando el artículo 75 inciso 17 de la Constitución de la Nación alude a la “preexistencia étnica y cultural” es necesario previamente analizar los alcances y contenidos de los términos utilizados, como así también al sujeto de referencia y los elementos que deben ser tenidos en cuenta para reconocer el estatus de “pueblo indígena argentino”.

La atribución de reconocimiento hecho en el inciso 17 ha de serlo sobre la base de una etnicidad diferenciada conforme con criterios culturales; desplazando los vagos e inciertos indicadores de “auto percepción” y “reconocimiento de los otros” o la aplicación de métodos ofensivos a la dignidad cultural como los marcadores genéticos. Ello no porque se pueda dar más crédito a un indicador que a otro sino porque esta contenido expresamente en la norma: “reconocer la preexistencia étnica y cultural…” Sin embargo, la construcción jurídica de parámetros identitarios puede ser una difícil tarea sino se recuerda que son ellos, los miembros de los pueblos indígenas, quienes deben determinarlo, y el legislador recogerlo en la norma.

Hablamos de una legislación o corpus normativo identificado por su destinatario (pueblo indígena) y no por su materia. Esta identificación implica un orden subjetivo, no por ello indefinido ni mucho menos clasista, si bien muchas ideologías (o ideólogos) pueden acusar este abordaje (incluso a sus contenidos) de discriminatorio y, al hacerlo, insinúen una característica disvaliosa, consideramos la discriminación con una actitud realista y respetuosa, frente a la identidad diferenciada que se pretende reconocer y respetar. La discriminación es aquí un derecho de rango constitucional y constitutivo del Estado Argentino. Por ello cabe marcar aspectos que aclaren conceptos con una finalidad didáctica básica.

Pasajes del Informe de Martínez Cobo.

La expresión genérica “pueblos indígenas” está referida a grupos humanos muy diferente entre sí, producto de evoluciones sociales y culturales muy diversas e incluso dispares. J Martínez Cobo, destaca aquellos factores que son vistos como reveladores y que definen e identifican una continuidad histórica, la que...

“puede consistir en la continuación, por un período extendido que alcanza al presente, de uno o más de los factores siguientes:

(1) ocupación de tierras ancestrales, o por lo menos una parte de ellas;

(2) ascendencia común con los habitantes originales de estas tierras;

(3) cultura general, o en manifestaciones específicas,

(4) lengua;

(5) residencia en ciertas partes del país, o en ciertas regiones del mundo;

(6) otros factores relevantes”[2],

no implicando ello, que estas características deban darse todas, algunas, o sean sólo esas.

La determinación legal de quienes son los “pueblos indígenas argentinos” y quiénes pertenecen a ellos, va a explicitar indicadores diferenciales de acuerdo con los criterios que la cultura y la forma de vida de los pueblos indígenas vivencie como propios. Es decir, tales indicadores deben corresponder a los criterios que responden a las bases de construcción de la identidad de cada pueblo y sólo distinguiéndolos se podrá ubicar y referenciar los sujetos a quienes se les reconocerán los derechos y las garantías que el 75 inciso 17 de la Constitución de la Nación proclama.  Quede claro lo trascripto en el proemio de este capítulo: ...el derecho de definir quién es persona indígena debe reservarse a los propios pueblos indígenas; nadie de fuera puede decirles quienes son [3] El criterio que se adopte al surgir del seno mismo del pueblo indígena garantiza –mejor que otros- que responde a la idiosincrasia cultural y permitirá  alcanzar tanto la presencia urbana como la rural, que en el caso de las actuales comunidades indígenas marca una división que causa inseguridad jurídica dentro y fuera de las mismas.

El miembro de un pueblo indígena que reside en la ciudad no percibe muchas veces la identidad de serlo, o la manipula entorpeciendo el acceso de los habitantes agrarios. En tanto estos últimos niegan a aquellos una pertenencia que culturalmente les corresponde. Este desorden se imputa a que es imposible volver a la situación histórica estricta y exclusivamente comunera y se debe considerar la realidad actual mixta (urbana y rural) pues los derechos reconocidos en la Constitución de la Nación (1994) –de toda índole, más aún los patrimoniales- han de serlo en razón de la pertenencia a los pueblos preexistentes, política y jurídicamente organizados y no sobre la base de la residencia de los individuos, cuando tal requisito no lo sea en la tradición del pueblo en cuestión.


NOTAS:


[1] Martínez-Cobo J.R. Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas. Subsecretaría de prevención de discriminación y protección de las minorías. Naciones Unidas. 1982E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.6. Capítulo V

[2] Martínez Cobo J. Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas Informe final presentado por el relator especial, Sr. José Martínez Cobo, en pág. 50, Doc. UN. E/CN.4/Sub2/1983/21/Add.8. 1983

[3] “..... el derecho de definir quién es persona indígena debe reservarse a los propios pueblos indígenas. Bajo ninguna circunstancia debemos permitir que unas definiciones artificiales tales como las contenidas en la Ley sobre los Indios del Canadá, Ley sobre Aborígenes de Queensland de 1971, de Australia, etc., nos digan quienes somos.” Martínez-Cobo J.R. Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas. Subsecretaría de prevención de discriminación y protección de las minorías. Naciones Unidas. 1982E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.6. Capítulo V

 

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