La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Personalidad jurídica

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación

La redacción dada al artículo 75, inciso 17, constituye la decidida restauración de la presencia política y jurídica de los pueblos indígenas, la recuperación de quienes se tenía olvidados pero que se conocían, ello implica que se la entiende como ya existente, y marca a la necesidad de coordinación de la diversidad aceptada, con el sistema jurídico nacional y los demás poderes del Estado[1].

La dogmática, a la que nos ajustamos en estas líneas, pretende así evitar que las doctrinas jurídicas sean perturbadas por concepciones políticas (partidarias) y no perder su función de explicitadora del sentido objetivo del derecho positivo, y en este sentido y contexto nos referimos al derecho político como el ámbito natural para tratar la cuestión. Comprensiblemente, ni la Nación, ni las Provincias en nada pueden restringir derechos reconocidos a los Pueblos y Comunidades indígenas por la Constitución y las leyes que en su cumplimiento “haya dictado” el Congreso de la Nación, pero en el caso de marras, la propia Constitución de la Nación ha dejado en sus manos la atribución –bien que concurrentemente con el Órgano Federal-, esto es la facultad “nacional” de: reconocer, asegurar, garantizar, en fin, regular… Y hacerlo con el alcance y legitimación que le está dispuesto a propio Congreso de la Nación.

El artículo 75 –el cual provee las facultades al Congreso de la Nación-, concretamente en su inciso 17 estatuye que las provincias pueden ejercer concurrentemente esa atribución en lo referido a los derechos de los pueblos indígenas. Lo cual, significa que la misma no es exclusiva del Congreso nacional[2] sino que puede ser ejercida por las Provincias, y dado el alcance de la propia Constitución de la Nación, lo regulado por ellas puede tener eficacia dentro del territorio nacional. Este poder queda obligado a no cercenar derechos que consagre el texto de la Constitución de la Nación, por lo demás quedan las Provincias investidas del poder legisferante con eficacia nacional, en los temas alcanzados por el texto del inciso que comentamos.

Lo antedicho en razón de:

þ    El artículo 28 advierte que, en cuanto a que los principios, garantías y derechos reconocidos en la propia Constitución, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

þ    La propia Constitución de la Nación -en el artículo 5°-  estatuye la preeminencia de sus principios, declaraciones y garantías; e impone a cada Provincia el ser garante del goce y ejercicio de sus instituciones.

þ    El artículo 31 consagra  la supremacía de la legislación nacional; pero en el punto en examen (pueblos indígenas argentinos) y en frente a la “vacancia” legal; el poder provincial está no sólo legitimado a cubrir dicha laguna, sino compelido a ello.

þ    El artículo 121, surge que el gobierno federal tiene funciones expresas, definidas y limitadas, delegadas por las provincias -mediante la ley suprema- y que se determinan expresamente en el artículo 126, complementado por los artículos 121 y 124; ello nos recuerda que son las Provincias las que constituyen la Nación y que, genéticamente primordiales, asumen el imperio y la jurisdicción sin mayor estrépito ante la omisión decenal del Congreso de la Nación, en cumplimiento del mandato de la propia carta constituyente.

þ    El inciso 22 del artículo 75, otorga jerarquía constitucional entre otros al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que determina que no se negará a las personas que pertenezcan a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

þ    El artículo 128, los agentes naturales del Gobierno Federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación son los gobernadores de provincia.

Las Asambleas Constituyentes, no sólo Nacional sino Provinciales, han receptado -con excepciones- la existencia de los pueblos indígenas, sin embargo la operativización de dichos reconocimientos ha sido desigual e inorgánica. Falta de estudios doctrinarios profundos, de análisis exhaustivos pueden haber dejado a los legisladores huérfanos de fuentes ante tan importante e inusual tarea. Frente a ello, este trabajo -lejos de pretender llenar el hueco señalado- sólo se limita a señalar un método de exploración de los institutos jurídicos para la elaboración de una propuesta para el debate.

Bibliografía complementaria:

NORMATIVA

Constitución Nacional (Argentina)

Constituciones Provinciales (selección pertinente)

ENSAYOS Y NOTAS DOCTRINARIAS
MONOGRAFÍAS E INVESTIGACIONES
OTROS MATERIALES DE CONSULTA

Entrevista a Nina Wayta, aportado sin cita editorial en el trabajo: La cuestión poblacional indígena  y la política en la Republica Argentina por los Alumnos: Couder, René Pedro A.  Ojeda, Mirta

Zoé- Pueblo aislado (video)


NOTAS:


[1] Sin embargo, la decisión normativa ha sido postergada y soslayada en los hechos, minimizada a través de medidas administrativas distorsionantes, negada por los propios legisladores que al asumir en sus cargos juran justamente implementarla, ignorada por la sociedad civil o confundida con promesas de caridad por parte de organizaciones de prestigio social.

[2] Salvo en lo atinente a la regulación de la ciudadanía o naturalización, moneda o tributos (que pudieran incumbir a ciudadanos indígenas) Artículo 75, inciso 12 […]y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados

 

Ediciones Digitales © 2016-2019 - Material fuera de comercio

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación                        

 Dra. Teodora ZAMUDIO