La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Introducción

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“Siendo los indios iguales en dignidad y en derechos a los otros ciudadanos, ellos gozarán de  la misma preeminencia y  serán gobernados por las mismas leyes”

 Artículo 128 Constitución de la Nación (1819)

 

Este programa intenta provocar la construcción de ideas entorno de una temática ciertamente nueva y fascinante como es la de aproximarse de una forma distinta a la vida de los pueblos indígenas, la de sus derechos.

Ellos han sido los "grandes ausentes" en la constitución de la sociedad moderna y, aún en sus espacios ancestrales, son minoritarios en la atribución social del poder de decisión y control. El objetivo de nuestro trabajo es ser una puerta hacia una mayor comprensión en la composición plena de un “nosotros”, en la diversidad de identidades, en esta obra pretendemos plasmar esa labor.

Si nuestra meta es vivir una auténtica interculturalidad, pluralidad social y solidaridad, y debemos saber de qué modo el derecho coadyuva a ese objetivo y ello nos lleva a preguntarnos ¿A qué se llama derecho de los pueblos indígenas? ¿Puede este derecho pretender legítimamente una autonomía disciplinaria o es sólo un disfraz de sostén de la estructura de control social imperante?

Para poder adentrarnos en el sujeto de estudio de este trabajo, debemos tener en claro que abarca contextos y contenidos muy diversos, pero no por ello no integrables en una convivencia normativa armónica, aunque la misma se plantee como un verdadero desafío. Tres escenarios jurídicos deben ser diferenciados:

  1. La legislación (sea esta internacional, nacional o provincial): que regula la inserción de los pueblos indígenas en la vida del Estado, sus derechos específicos y diferenciados de los que le son aplicables a sus miembros, en tanto ciudadanos o habitantes del país.
  2. Los tratados: entre los pueblos indígenas y las estructuras políticas del Estado, acuerdos que – aun históricos – estarían vigentes, aunque no se tenga noción de ello.
  3. La normativa consuetudinaria indígena: vigente en las relaciones internas entre los miembros de los pueblos indígenas, con instituciones propias en cada pueblo.

En tanto el primer grupo es de fácil acceso, el segundo emergerá de la relectura de la normativa que subyace en el iter constructivo de la organización política  y jurídica del Estado actual. Será necesario un análisis profundo que determine los alcances y la eficacia de las normas aludidas, y que permita una interpretación sistémica.  En lo referente al tercer grupo, poco o nada se conoce y con excepción de estudios etnológicos y lingüísticos dispersos (y muchas veces en lenguas extranjeras), los únicos que pueden ilustrar sobre tales contenidos son los propios Pueblos Indígenas. Pocos trabajos jurídicos de campo han sido realizados y la pesquisa de la documentación correspondiente aun no ha podido ser integrada en un corpus orgánico.

Estas páginas pretenden constituir un aporte a esa construcción; cuyos cimientos tienen sus bases en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución de la Nación Argentina, que dispone, dentro de las atribuciones del Congreso: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

En las siguientes páginas se analizaran los alcances y el contenido del mandato trascripto, estudio que abarca la forma en que han sido operativizados esos derechos y garantías de los pueblos indígenas argentinos como sujetos constitutivos de los Estados argentinos: el Nacional y los Provinciales según lo previeran sus respectivos principios constitucionales:

Buenos Aires (reforma constitucional 1994): Artículo 36 inciso 9 "De los indígenas. La Provincia reivindica la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a sus identidades étnicas, el desarrollo de sus culturas, y la posesión familiar y comunitaria de las tierras que legítimamente ocupan".  

Chaco (reforma constitucional 1994): Artículo 37 "La provincia reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su identidad étnica y cultural, la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones; promueve su protagonismo a través de sus propias instituciones; la propiedad comunitaria inmediata de la tierra que tradicionalmente ocupan y las otorgadas en reserva. Dispondrá la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano, que serán adjudicadas como reparación histórica, en forma gratuita, exentas de todo gravamen. Serán inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros. El Estado les asegurará:

1.      La educación bilingüe e intercultural.

2.     La participación en la protección, preservación, recuperación de los recursos naturales y de los demás intereses que los afecten y en el desarrollo sustentable.

3.     Su elevación socio-económica con planes adecuados.

4.     La creación de un registro especial de comunidades y organizaciones indígenas".

Chubut (reforma constitucional 1994): Artículo 34 "La Provincia reivindica la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a su identidad. Promueve medidas adecuadas para preservar y facilitar el desarrollo y la práctica de sus lenguas, asegurando el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Se reconoce a las comunidades indígenas existentes en la Provincia:

1.       La posesión y propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. El Estado puede regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas es enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes y embargos.

2.       La propiedad intelectual y el producido económico sobre los conocimientos teóricos y prácticos provenientes de sus tradiciones cuando sean utilizados con fines de lucro.

3.       Su personería jurídica.

4.       Conforme a la Ley su participación en la gestión referida a los recursos naturales que se encuentren dentro de las tierras que ocupan y a los demás intereses que los afectan".

Artículo 95 Tierras Fiscales "El Estado brega por la racional administración de las tierras fiscales tendiendo a promover la producción, la mejor ocupación del territorio provincial y la generación de genuinas fuentes de trabajo.

Establece los mecanismos de distribución y adjudicación de las tierras fiscales en propiedad reconociendo a los indígenas la posesión y propiedad de las tierras que legítima y tradicionalmente ocupan".

Formosa (reforma constitucional: 1991): Artículo 79: "La Provincia reconoce al aborigen su identidad étnica y cultural, siempre que con ello no se violen otros derechos reconocidos por esta Constitución; y asegura el respeto y desarrollo social, cultural y económico de sus pueblos, así como su efectivo protagonismo en la toma de decisiones que se vinculen con su realidad en la vid provincial y nacional. Asegura la propiedad de tierras aptas y suficientes; las de carácter comunitario no podrán ser enajenadas ni embargadas. La utilización racional de los bosques existentes en las comunidades aborígenes requerirá el consentimiento de éstos para su explotación por terceros y podrán ser aprovechados según sus usos y costumbres, conforme con las leyes vigentes".

Jujuy (reforma constitucional 1986): Artículo 50: "La Provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social".

La Pampa (reforma constitucional 1994): Artículo 6 2° párrafo: "La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas".

Neuquén (reforma constitucional 2006): Artículo 53: "La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos como parte inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial. Garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural

La Provincia reconocerá la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regulará la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, ni transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurará su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, y promoverá acciones positivas a su favor."

Río Negro (reforma constitucional 1988): Artículo 42: "El Estado reconoce al indígena rionegrino como signo testimonial y de continuidad de la cultura aborigen preexistente, contributiva de la identidad e idiosincrasia provincial. Establece las normas que afianzan su efectiva incorporación a la vida regional y nacional, y le garantiza el ejercicio de la igualdad en los derechos y deberes. Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, promueve la propiedad inmediata de las tierras que posee, los beneficios de la solidaridad social y económica para el desarrollo individual de su comunidad, y respeta el derecho que les asiste a organizarse".

Salta (reforma constitucional 1998): Artículo 15: Pueblos Indígenas

I. La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta.

Reconoce la personalidad de sus propias comunidades y sus organizaciones a efectos de obtener la personería jurídica y la legitimación para actuar en las instancias administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley. Créase al efecto un registro especial

Reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad de las tierras fiscales que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes ni embargos. Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de acuerdo a la ley.

II. El Gobierno Provincial genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores indígenas como no indígenas, con su efectiva participación, consensuar soluciones en lo relativo con la tierra fiscal, respetando los derechos de terceros.

Tucumán (reforma constitucional 2006): Capítulo Quinto Derechos de las Comunidades Aborígenes. Artículo 149: La Provincia reconoce la preexistencia étnico-cultural, la identidad, la espiritualidad y las instituciones de los Pueblos Indígenas que habitan en el territorio provincial.

Garantiza la educación bilingüe e intercultural y el desarrollo político cultural y social de sus comunidades indígenas, teniendo en cuenta la especial importancia que para estos Pueblos reviste la relación con su Pachamama.

Reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regulará la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.

Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.

Se dictarán leyes que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos consagrados en este artículo.

Bibliografía complementaria:

NORMATIVA

Constitución Nacional (Argentina)

Constituciones Provinciales (selección pertinente)

ENSAYOS Y NOTAS DOCTRINARIAS
MONOGRAFÍAS E INVESTIGACIONES
OTROS MATERIALES DE CONSULTA

Entrevista a Enrique Madariaga realizada para el trabajo Operatividad actual de los derechos de los pueblos indígenas por la alumna Graciela Beatriz Alba

GUÍA DE TRABAJO

Regulación constitucional. Análisis preliminar para la regulación del Artículo 75, inciso 17 de la Constitución de la Nación Argentina.

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