La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de Pueblos Indígenas

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Extractado de MacKay*

  

 

Sumario

Introducción

Jurisprudencia de la Comisión y de la Corte

A. Arreglos Amistosos

1. Comunidades Indígenas Enxet-Lamenxay y Kayleyphapopyet (Riachito)

B. Decisiones sobre Casos e Informes emitidos por la CIDH

1. Yanomami

2. Informe sobre la Situación de Derechos Humanos de un Segmento de la Población Nicaragüense de Origen Miskito

3. Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Ecuador

C. Casos pendientes

1. Comunidades Indígenas Maya y Sus Miembros (Belice-Decisión sobre Admisibilidad)

2. Mary y Carrie Dann (Estados Unidos-Decisión de Admisibilidad)

3. Caso Carrier Sekani (Caso 12.279 (Canadá))

4. Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat (Caso 12.094 (Argentina)

D. Informe de la CIDH sobre la Situación Especial de Países

1. México (1998)

2. Colombia (1999)

3. Perú (2000)

4. Guatemala (2001)

5. Paraguay (2001)

E. Casos Decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

1. La Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua

2. Aloeboetoe et al v. Surinam

 

 

 


 

 

 

 Sumario

 

Los pueblos indígenas de las Américas continúan sufriendo serias violaciones de sus derechos humanos. Experimentan, en particular, una gran presión sobre sus tierras por parte de la explotación maderera, la minería, la construcción de caminos, las actividades de conservación, las represas, la agricultura comercial y la colonización. Aunque la mayoría de los estados americanos disponen de leyes que reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas en diversos grados, estas leyes son frecuentemente violadas. En otros casos, no existen leyes adecuadas. También, en muchos estados americanos, las leyes nacionales son inconsecuentes con las obligaciones de estos mismos estados conforme al derecho internacional sobre derechos humanos.

 

El sistema de derechos humanos Interamericano dispone de mecanismos para tratar estos problemas verdaderamente reales. El sistema establece obligaciones compulsivas para que todos los estados americanos cumplan con las normas de derechos humanos. Estos derechos incluyen, entre otros, los derechos de los pueblos indígenas:

 

·         A tierras, territorios y recursos usados y ocupados tradicionalmente, a un medio ambiente saludable y a no verse sometidos a la reubicación forzosa;

·         A la integridad cultural y física;

·         A una participación significativa en las decisiones que los afecten;

·         A preservar y utilizar sus propias instituciones culturales, sociales y políticas;

·         A ser libres de la discriminación y gozar de la misma protección legislativa.

 

En los organismos Interamericanos encargados de supervisar y proteger los derechos humanos existen procedimientos para presentar quejas sobre la violación de estos derechos. Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de estos organismos, son obligatorias para los estados. En lo relativo a asuntos de derechos humanos, constituye efectivamente la Corte supremo de las Américas donde los pueblos indígenas pueden acudir para procurar una reparación a sus ofensas.

 

Esta publicación describe en detalle cómo funciona el sistema Interamericano de derechos humanos. Hace un sumario de qué derechos están protegidos, centrándose en aquellos de importancia particular para los pueblos indígenas. También suministra una guía detallada sobre cómo presentar peticiones a la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. También se incluyen los sumarios sobre casos y sentencias importantes que ya han pasado a través del sistema o los que están en proceso. Estos casos y sentencias ejemplificados muestran cómo el sistema trata los derechos indígenas, y suministran ejemplos concretos sobre cómo un caso puede ser tramitado a través del sistema como forma de ilustrar algunos de los puntos correspondientes a la sección sobre cómo presentar una petición.

 

Tenemos la esperanza de que esta publicación suministrará a los pueblos indígenas una mejor comprensión de sus derechos y los alentará a utilizar estos procedimientos internacionales para obtener una reparación. También tenemos la esperanza de que ayudará a los estimulados estados americanos a reformar sus leyes internas y sus procedimientos jurídicos para poder suministrar una protección efectiva y significativa de los derechos de los pueblos indígenas dentro de sus jurisdicciones.

 

Introducción

 

Los derechos de los pueblos indígenas han asumido un importante lugar en el derecho internacional sobre derechos humanos y, durante los últimos 20 años, surgió y se concretó un discreto cuerpo legal que confirma y protege los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Este cuerpo legal se sigue expandiendo y desarrollando a través de la abogacía indígena en los foros internacionales; a través de decisiones de organismos internacionales de derechos humanos; a través del reconocimiento y codificación de derechos indígenas en instrumentos internacionales actualmente bajo consideración de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos; a través de la incorporación de los derechos indígenas a instrumentos y políticas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo; a través de la incorporación de estos derechos en el derecho y la práctica interna; y a través de decisiones jurídicas internas. Sumando todo esto, esta evolución del pensamiento y la práctica jurídica ha llevado a muchos a concluir que algunos derechos indígenas han obtenido el estatus de derecho consuetudinario internacional y, por lo tanto, obligatorios para los estados.[1]

 

Los organismos internacionales que disponen de mandato para la protección de derechos humanos han prestado particular atención a los derechos indígenas durante los años recientes. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos se destacan a este respecto. Estos organismos han contribuido al desarrollo progresivo de los derechos indígenas mediante la interpretación general de la aplicación de los derechos humanos de tal forma que tome en cuenta y proteja los derechos colectivos de los pueblos indígenas.[2] Incluso la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, por lejos el más débil de los organismos de derechos humanos, ha comenzado a encarar los derechos de los pueblos indígenas dando el importante paso de establecer un grupo de trabajo sobre pueblos indígenas en África.[3]

 

Se podría afirmar que los organismos del sistema Interamericano de derecho humanos, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y, en menor medida, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, están cumpliendo un rol destacado.[4] Estos organismos Interamericanos están actualmente litigando temas relativos a los derechos indígenas en el ámbito internacional. Las decisiones de la Corte resultantes de estos litigios son obligatorias para los estados en tanto que son asuntos de derecho internacional. Esto se pone de relieve en forma contrastante con los organismos de la ONU y la OIT, que sólo pueden hacer recomendaciones a los estados. Aunque el primer caso que trató directamente los derechos indígenas fue litigado en 1999 y 2000, la Comisión Interamericana presentará indudablemente más casos la Corte con mayor frecuencia en los años próximos.

 

A pesar de estos avances en el derecho internacional, las violaciones de los derechos indígenas siguen siendo demasiado frecuentes. Muchas de estas violaciones están asociadas con la enorme presión para explotar los recursos naturales en los territorios de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de las áreas de bosques tropicales han sufrido en forma severamente especial está presión cada vez más intensa sobre sus tierras, que tiene como resultado una rápida deforestación como producto de la explotación maderera, la minería, la expansión agrícola, la colonización y los proyectos infraestructurales. Las iniciativas de conservación del medio ambiente tampoco toman frecuentemente en cuenta los derechos indígenas. Además, muchos de los acontecimientos internacionales relacionados con los derechos indígenas todavía no se han traducido en cambios concretos en el ámbito nacional y local. Por ejemplo, el derecho nacional en muchos países sigue estando substancialmente ajeno a las normas internacionales de derechos humanos.

 

Esta Guía para los Derechos Indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una de una serie producida por el Programa para los Pueblos del Bosque, tiene el objetivo de suministrar a los pueblos y organizaciones indígenas información práctica para sustentar un uso efectivo de los mecanismos y procedimientos de derechos humanos Interamericanos para la reivindicación de sus derechos.[5] A pesar de que estos procedimientos están muy lejos de ser perfectos y ciertamente no resolverán todos los problemas de derechos humanos, su uso por parte de los pueblos indígenas ha conducido a beneficios concretos a nivel nacional y local en el pasado y puede esperarse que continúen haciéndolo en el futuro. Su uso refuerza y desarrolla además las normas de derechos indígenas en el ámbito internacional, lo que provee una fortaleza adicional a la defensoría local y nacional y a los esfuerzos reformistas.

 

Las Partes III y IV de la Guía brindan una visión general de las instituciones y de los derechos protegidos por los instrumentos del sistema Interamericano y la Parte V presenta a la Comisión Interamericana y la Corte de Derechos Humanos. La Parte VI describe los procedimientos y requisitos para presentar demandas ante la Comisión Interamericana, incluyendo las medidas que puede emplear la Comisión para tratar los problemas de derechos humanos y la Parte VII hace un sumario de la Comisión y de la Corte relativo a los derechos indígenas. Aunque todos los derechos humanos son de importancia para los pueblos indígenas, esta sección trata solamente aquellos casos que encaran derechos particulares de los pueblos indígenas, es decir, derechos territoriales. Finalmente, la Parte VIII trata sobre la Propuesta de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En todo el texto se hacen vínculos con sitios web que contienen documentos relevantes y el texto completo de los informes o casos analizados.

 

Jurisprudencia de la Comisión y de la Corte

Considerando el antecedente del interés especial de la ONU en la discriminación racial y la protección de las minorías, y la presentación de una serie de peticiones que alegan violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, la CIDH comenzó a considerar los derechos humanos de los pueblos indígenas a al inicio  de los años setenta. En 1971, la CIDH se refirió al Artículo II de la Declaración Americana (el derecho a la igualdad ante la ley) y estableció que los pueblos indígenas tenían el derecho a protecciones legales especiales para contrarrestar una severa y penetrante discriminación. También exhortó a los estados miembros de la OEA a implementar y respetar el Artículo 39 de la Carta Interamericana de Garantías Sociales, adoptada por la Asamblea General de la OEA en 1948, que establece:

 

En aquellos países en que existe el problema de la población nativa, deberán tomarse las medidas necesarias para brindar protección a los indígenas protección y asistencia, protegiendo su vida, libertad y propiedad y defendiéndolos del exterminio, y salvaguardándolos de la opresión y explotación, protegiéndolo de la pobreza y suministrando una educación adecuada … Deberían crearse instituciones o servicios para proteger a los indígenas, y en particular, para asegurar el respecto por sus tierras, legalizar su posesión e impedir la invasión de esas tierras por elementos externos.

 

Un año más tarde, en 1972, la CIDH emitió una resolución titulada, “Protección Especial para las Poblaciones Indígenas, Acción para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial” que exhortaba a los estados miembros “a actuar con el mayor celo en defensa de los derechos humanos de las personas indígenas, quienes no deberían ser objeto de ningún tipo de discriminación”.[6] Esta resolución estableció además:

 

Que por razones históricas y debido a principios morales y humanitarios, la protección especial de las poblaciones indígenas constituye un compromiso sagrado de los estados;

 

Que en diversas ocasiones esta Comisión ha tomado conocimiento de casos en los que ha sido verificado que los abusos de poder cometidos por funcionarios oficiales responsables del trabajo administrativo en conexión con las comunidades indígenas han causado injurias muy serias a los derechos humanos de sus miembros;

 

Que estas ofensas contra los derechos humanos son aún más reprensibles considerando que son cometidas por agentes del poder público y tienen como víctimas a personas o grupos para quienes el ejercicio efectivo de sus medios de defensa establecido por las leyes de los respectivos estados es particularmente difícil…

 

En conclusión, la CIDH recomendó:

 

Que todos los estados presten una atención muy especial a la capacitación adecuada de los funcionarios que realizarán su trabajo en contacto con poblaciones [indígenas], despertando en esos funcionarios la consciencia de los derechos de las personas indígenas, quienes no deberían ser objeto de ningún tipo de discriminación,

 

La CIDH siguió esta resolución tratando los derechos humanos de los pueblos indígenas en su Informe Anual de 1973 a la Asamblea General de la OEA. Destacó, entre otras cosas, violaciones del derecho a la vida, particularmente en conexión con intentos de despojar a los pueblos indígenas de sus tierras y la discriminación sistemática y la denegación de protecciones legales a los pueblos indígenas. Durante 1973-74, la CIDH intentó monitorear las medidas legislativas, judiciales y administrativas relativas a los pueblos indígenas en los estados miembro de la OEA. Sin embargo, debido a su creciente carga de trabajo y escaso personal, abandonó estos esfuerzos poco después. Hasta 1989, cuando comenzó a trabajar en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la CIDH sólo prestó una atención esporádica a los intereses de los derechos humanos de los pueblos indígenas, adoptando un enfoque ad hoc en vez de una acción coordinada. Actualmente, la CIDH examina regularmente la situación de los pueblos indígenas en sus informes sobre los países, con visitas in situ y audiencias y está procesando un registro de los casos que involucran a pueblos indígenas.

 

A. Arreglos Amistosos

 

1. Comunidades Indígenas Enxet-Lamenxay y Kayleyphapopyet (Riachito)[7]

Este caso fue iniciado en diciembre de 1996 cuando las comunidades indígenas enxet Lamenxay y Riachito (Kayleyphapopyet) presentaron una petición a la CIDH. La petición alegaba que Paraguay había violado los derechos de las comunidades indígenas y de sus miembros a un juicio imparcial, protección jurídica, propiedad, residencia y los beneficios de la cultura como se establece en los Artículo 8, 25, 21 y 22 del Convenio Americano sobre Derechos Humanos y el Artículo XIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

 

Hechos: los orígenes de este caso se remontan a 1885 cuando Paraguay comenzó a vender tierras a colonos en el Chaco paraguayo. Esta región es el territorio ancestral del pueblo indígena enxet, que hacia 1950 había sido ocupado totalmente por los colonos. En el área viven unos 6.000 enxet.

 

En 1991, los enxet iniciaron procedimientos administrativos en el Instituto de Bienestar Rural – IBR) para recuperar la propiedad de su tierra. También solicitaron un interdicto de la corte para asegurar que no se realizaran cambios al estatus de su tierra mientras que el IBR revisaba el caso. Esto fue otorgado en febrero de 1994, no obstante, los enxet alegaron que los colonos no obedecieron la orden de la corte. “Explicaron que esta falta de cumplimiento de la decisión de la corte socavó la posibilidad de la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas enxet de Santa Juanita, Riachito, Laguna Pato, y Los Lapachos, y que dos años después de la emisión del interdicto, el caso todavía estaba en la fase preliminar”.

 

Arreglo Amistoso: Después de la presentación de la petición en 1996, la CIDH invitó a Paraguay y a los enxet a reunirse para intentar resolver la situación amigablemente. La primera negociación de arreglo amistoso tuvo lugar en Paraguay en julio de 1997 durante la que se acordó que Paraguay compraría las tierras referidas en la demanda (aproximadamente 21.884,44 hectáreas) a los colonos y las retornaría a las comunidades indígenas. En marzo de 1998, las partes se reunieron otra vez en la sede de la CIDH en Washington D.C., donde firmaron formalmente un acuerdo de arreglo amistoso que “reconocía la existencia del derecho a la tierra de las comunidades indígenas, tanto en el ámbito nacional como internacional …”[8]. Adicionalmente, las partes acordaron lo siguiente:

 

14. El Estado acordó entregar la tierra a estas comunidades con la mínima demora para que las pudieran ocupar, usar y gozar mientras que los títulos de propiedad se redactaban; también acordó preparar un inventario de toda la propiedad, accesorios, instalaciones eléctricas y mecánicas, etc., de la tierra.

15. Además, el Estado Paraguayo acordó suministrar a las comunidades con la asistencia necesaria: alimentos, medicinas, herramientas y transporte para trasladar a las diferentes familias y sus pertenencias desde sus residencias actuales a sus nuevos hogares. El Estado también garantizó a las comunidades indígenas que las personas que entonces estaban trabajando la tierra comprada fueran retiradas, junto con sus pertenencias y las de los antiguos terratenientes.

16. En forma similar, Paraguay garantizó suministrar a las comunidades Enxet-Lamenxay y Kayleyphapopyet (Riachito) asistencia sanitaria, médica y educativa en su nuevo asentamiento y que los caminos de acceso que conducen a su propiedad serían mantenidos en buen estado.

17. Ambas partes acordaron que en el caso de que hubiera disputa en la interpretación de cualquiera de las obligaciones del Acuerdo, consultarían con la Comisión para que interpretara el ámbito de las obligaciones y derechos que contiene; también acordaron publicar ampliamente el Acuerdo.

18. A su vez, los peticionarios declararon que todas las demandas en conexión con los incidentes que dieron surgimiento al caso habían sido satisfechas y destacaron que la mediación de la Comisión había jugado un rol decisivo para alcanzar un acuerdo amistoso de este caso.[9]

 

Después de haberse concluido el arreglo amistoso se realizaron reuniones de seguimiento entre los enxet, Paraguay y la CIDH para asegurar que el acuerdo fuera implementado, incluyendo una visita in situ a Paraguay en julio de 1999 por miembros de la Comisión. Durante este visita, la CIDH asistió a la ceremonia donde el Presidente de Paraguay emitió formalmente los títulos de propiedad de la tierra a los enxet.

 

Vínculo Web: inglés:http://www.cidh.org/annualrep/99eng/Friendly/Paraguay11.713.htm

Español: http://www.cidh.org/annualrep/99span/Solución%20Amistosa/Paraguay11713.htm

 

B. Decisiones sobre Casos e Informes emitidos por la CIDH

 

1. Yanomami[10]

En 1980, un grupo de ONGs presentó una petición a la CIDH quejándose por las violaciones de los derechos humanos afirmados por la Declaración Americana, perpetradas por Brasil contra el pueblo yanomami. Específicamente, alegaba violaciones de: Artículo I (derechos a la vida, libertad y seguridad personal; Artículo II, (derecho a la igualdad frente a la ley); Artículo III, (derecho a la libertad religiosa y de credo); Artículo IX, (derecho a la preservación de la salud y el bienestar); Artículo XII, (derechos a la educación); Artículo XVII, (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles); y, Artículo XXIII, (derecho a la propiedad).

 

Hechos: la petición yanomami está centrada en los efectos devastadores de la explotación de recursos, la construcción de caminos y la subsecuente inmigración de colonos y mineros independientes en busca de oro sobre el medio ambiente, la salud y la cultura yanomami. En los años sesenta, el gobierno brasileño autorizó la construcción de una autopista transamazónica que pasaría a través del territorio yanomami. También aprobó un plan de explotación de recursos para la región amazónica que incluía partes del territorio yanomami. En consecuencia, miles de mineros y prospectores utilizaron la autopista para introducirse en territorio yanomami en busca de oro y otros minerales, frecuentemente en colaboración con intereses externos y ciertos grupos políticos dentro del país.

 

La autopista en sí misma, forzó a una cantidad de comunidades ubicadas cerca del trazado de la construcción a abandonar sus comunidades y medios de subsistencia. Muchos de los habitantes de estas comunidades fueron obligados a entregarse a la prostitución y a la mendicidad para poder sustentarse. El aflujo masivo de personas externas introdujo una serie de enfermedades, para las cuales los yanomami no tenían inmunidad, resultando en muchas muertes. El contacto con los foráneos también causó una amplia desintegración y dislocación social y cultural. Además, ocurrieron varias confrontaciones violentas entre los yanomami y los mineros.

 

El gobierno del Brasil y FUNAI – la agencia gubernamental que funciona como guardián legal de los pueblos indígenas, porque fueron declarados incompetentes para actuar por sí mismos según el derecho brasileño – no hicieron casi nada para impedir y aliviar los efectos negativos sobre los yanomami. El gobierno había dado pasos para reconocer el territorio de los yanomami, creando un Parque Indígena Yanomami, sin embargo, las discusiones destinadas a ese fin habían estado en marcha durante 13 años sin progresar. En 1982, durante la investigación preliminar de la CIDH y luego de una intensa campaña de las organizaciones indígenas y de derechos humanos, el gobierno dio finalmente pasos concretos para reconocer el territorio yanomami. Sin embargo, este territorio no incluía una serie de comunidades yanomami establecidas. Consiguientemente, en 1984, se presentó una segunda propuesta que ampliaría al territorio en unos 2,5 millones de hectáreas e incorporaría a las comunidades excluidas en el primer plan. Este segundo plan no fue implementado durante la consideración de la petición por parte de la CIDH. Se delegó a FUNAI la responsabilidad para proteger los límites y los habitantes del territorio.

 

La Decisión: En 1985, la CIDH concluyó que Brasil había violado los derechos de los yanomami definidos en la Declaración. Específicamente, se decidió que Brasil había violado los derechos a la vida, libertad, seguridad personal (Artículo I), residencia y movimiento (Artículo VIII), y preservación de la salud y el bienestar (Artículo XI). La CIDH concluyó que estas violaciones habían ocurrido debido a que el gobierno y FUNAI no habían “tomado medidas efectivas y a tiempo en nombre de los yanomami” que habrían evitado, o al menos aliviado, el impacto de la autopista, los colonos  y los mineros.

 

La CIDH hizo una serie de recomendaciones a Brasil con respecto a su tratamiento de los yanomami. Primero, que implementara la propuesta de 1984 para la demarcación de un territorio yanomami. Segundo, que el gobierno tomara medidas sanitarias preventivas para proteger a los yanomami de enfermedades contagiosas. Tercero, que se instituyeran programas relacionados con la educación, la salud y la integración social que fueran administrados por personal técnico calificado en cooperación con los yanomami. Finalmente, que el gobierno informe a la CIDH sobre los pasos tomados para promover las recomendaciones antedichas.

 

El Parque Indígena Yanomami no fue creado oficialmente hasta 1992, más de siete años después de la decisión final de la CIDH. Además, la masacre de uno 30 yanomami que vivían en la frontera brasileño-venezolana en el verano de 1993 ilustra que los yanomami están lejos de estar seguros en su territorio.[11] Las invasiones de mineros, prospectores y colonos continúan ocurriendo. Aunque FUNAI ha aumentado sus esfuerzos para proteger al Parque Yanomami, sigue sometida a una severa crítica por la inadecuación de sus esfuerzos. También, los esfuerzos de los ricos intereses comerciales de Brasil continúan insistiendo en abrir el territorio yanomami y otros territorios indígenas para operaciones de extracción de recursos.

 

Esta continua serie de problemas condujo a que la CIDH volviera a visitar la situación yanomami en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil de 1997.[12] Concluyó que “El pueblo yanomami ha obtenido el pleno reconocimiento de su derecho a la propiedad de su tierra. Su integridad como pueblo y como individuos está constantemente bajo ataque por parte de prospectores invasores y la contaminación ambiental que producen. La protección estatal contra estas presiones e invasiones constantes es irregular y débil, por lo que ellos están constantemente en peligro y su medio ambiente está sufriendo un deterioro constante”.[13] Luego recomendó a Brasil “instituir medidas de protección federal con respecto a las tierras indígenas amenazadas por invasores, con particular atención a las de los yanomami … incluyendo un aumento del control, la prosecución y la imposición de castigos severos a los perpetradores reales y los arquitectos de tales crímenes, así como también a los agentes estatales que sean cómplices activos o pasivos.[14]

 

El caso yanomami ilustra algunas de las limitaciones institucionales bajo las que operan los procedimientos internacionales de derechos humanos y el grado en que consideraciones políticas externas influyen sobre las evaluaciones de derechos humanos. El caso yanomami debería ser considerado en su contexto político. La CIDH era consciente de que Brasil, que en ese momento estaba bajo un régimen militar, no estaría dispuesto a cooperar, más que mínimamente, con su investigación. Por lo tanto, enmarcó sus decisiones en forma acorde, alabando los pasos positivos que Brasil había dado con respecto a la situación de los yanomami – promoviendo la creación de un Parque Indígena, suministrando vacunas contra enfermedades, etc. En su decisión, optó por atribuir las violaciones que encontró a la omisión de Brasil de tomar medidas preventivas para proteger a los yanomami, en vez de citar ejemplos de un comportamiento gubernamental positivo que podría haber contribuido con las violaciones o las hubiera causado. La CIDH también tomó en cuenta el hecho de que Brasil estaba en el proceso de transferencia del poder del régimen militar a un gobierno electo democráticamente.

 

El caso yanomami ilustra también cómo los procedimientos de derechos humanos pueden promover indirectamente cambios en la política estatal. Aunque la decisión de la CIDH no fue directamente responsable de la creación del Parque Indígena Yanomami, influyó sin duda el debate dentro de Brasil y la demarcación final del territorio yanomami. Aparte de centrar la atención pública e internacional en la situación de los yanomami, los procedimientos de la CIDH forzaron a Brasil a responsabilizarse por su comportamiento ante un tribunal internacional. Por consiguiente, el gobierno dio una serie de pasos para encarar algunas de las críticas de sus acciones para mejorar su posición ante la CIDH, incluyendo acelerar las medidas legales para reconocer al territorio yanomami y suministrar servicios médicos a los yanomami.

 

Vínculo web: sólo en español: http://www.cidh.org/annualrep/84.85sp/Brasil7615.htm

 

Vínculo web: Report on the Situation of Human Rights in Brazil (1997):

Inglés: http://www.cidh.org/countryrep/brazil-eng/chaper%206%20.htm

Español:http://www.cidh.org/countryrep/Brasesp97/capitulo_6%20.htm

Portugués: http://www.cidh.org/countryrep/brazil-port/Cap%206.htm

 

2. Informe sobre la Situación de Derechos Humanos de un Segmento de la Población Nicaragüense de Origen Miskito[15]

La demanda que inició el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos de un Segmento de la Población Nicaragüense de Origen Miskito (Informe Miskito) fue presentada a comienzos de 1982. Las acusaciones formales contra Nicaragua fueron hechas por varias partes: MISURASATA (una organización indígena que representa a los pueblos miskito, sumo y rama), El Centro Indio de Recursos Legales, la Iglesia Moraviana y varios líderes de las naciones indígenas de la costa atlántica de Nicaragua. Las demandas alegaban violaciones de los siguientes derechos del Convenio: a la vida, a la libertad personal, a la seguridad personal, a un debido proceso, a la residencia y al desplazamiento, y a la propiedad. Las demandas también alegaban violaciones de los derechos de los pueblos indígenas (o, como lo declaró la CIDH, los “derechos especiales de los grupos étnicos”), no especificados en el Convenio, como no ser víctimas de etnocidio, a la autodeterminación y autonomía, a tierras y territorios y a la integridad cultural.[16]

 

Los hechos: La situación que origina el Informe Miskito tiene raíces históricas que se remontan al siglo XIX e incluso antes. Sin embargo, los sucesos sobre los que informa ocurrieron principalmente en 1980-83, a continuación de la revolución Sandinista que derrocó al régimen de Somosa. La guerra no declarada de los Estados Unidos contra Nicaragua también jugó un rol prominente en el conflicto y en las resultantes violaciones de derechos humanos. Adicionalmente, es muy probable que la presión de los Estados Unidos fuera fundamental en cuanto a la cantidad de atención prestada por la CIDH y la rapidez en la que llegó a su decisión – menos de dos años desde la iniciación hasta la decisión final. Hay que comparar esto con los cinco años que le tomó la CIDH alcanzar una decisión en el caso yanomami.

 

Al principio, los pueblos indígenas de Nicaragua (miskito) sustentaban a la revolución Sandinista. Sin embargo, cuando el gobierno comenzó a implementar un programa de integración territorial e integración cultural y asimilación, los miskito comenzaron a resistir estas medidas y a sostener sus derechos a la autonomía cultural, política y territorial. El gobierno respondió definiendo a los miskito como un movimiento contrarrevolucionario y separatista e inició una serie de intensas y brutales operaciones militares en el territorio miskito. Fueron registradas numerosas violaciones de derechos humanos atribuidas a los militares durante este período, incluyendo asesinatos, tortura, detención ilegal, violación, desapariciones, hostigamiento contra líderes políticos y destrucción de propiedad. Uno de los resultados de estas violaciones fue que miles de miskito huyeron de Nicaragua a campos de refugiados dentro de Honduras.

 

El gobierno también trasladó por la fuerza a miles de miskito de la región cercana a la frontera hondureña a campos de refugiados en el interior del país. La reubicación implicó frecuentemente marchas forzadas sin alimentos adecuados, servicios médicos y protecciones para los niños, los discapacitados y los ancianos. Después de que los miskito fueron trasladados, el ejército incendió sus comunidades y sacrificó a su ganado.

 

El Proceso de la CIDH y la Decisión: La primera demanda formal contra Nicaragua fue presentada en febrero de 1982. Poco después fue enviada al gobierno de Nicaragua para obtener su comentario. En los meses siguientes también se oyeron otras demandas e información en sesiones especiales de la CIDH dedicadas a la situación de los miskito. Nicaragua respondió a las demandas extendiendo una invitación a la CIDH a realizar una misión investigadora in situ para observar la situación. La misión investigadora se realizó en mayo de 1982, y en ese tiempo la CIDH visitó centros de detención, campos de refugiados en Honduras, campos de reasentamiento y otras áreas afectadas. También entrevistó a representantes indígenas, líderes y personas, ONGs y funcionarios oficiales.

 

Al final de la misión investigadora, la CIDH publicó una serie de “Recomendaciones Preliminares” con el objetivo de mejorar la situación de derechos humanos de los miskito. Las Recomendaciones Preliminares referían a: la situación de los miskito que habían sido reasentados y de aquellos que vivían como refugiados en Honduras; la reunificación de las familias separadas por el conflicto; la mejora del tratamiento de los miskito prisioneros del gobierno y; la provisión de un juicio justo y garantías procesales debidas. Nicaragua aceptó las recomendaciones y declaró que las implementaría.

 

En junio de 1982, la CIDH adoptó el “Informe Especial sobre la Situación de Derechos Humanos de los Indígenas Miskito de Nicaragua”.[17] Este informe detalla el análisis de la CIDH de la situación y contiene un estudio sobre los derechos especiales que los miskito pueden tener como grupo étnico. El informe también contiene una variedad de conclusiones y recomendaciones específicas además de las contenidas en las Recomendaciones Preliminares. Este informe fue enviado a Nicaragua, que respondió con la solicitud de que la CIDH actuara como mediadora con el objetivo de alcanzar un arreglo amistoso del conflicto. La propuesta fue aceptada por la CIDH.

 

Sin embargo, después de la adopción del Informe Especial, se presentaron evidencias de más violaciones de los derechos humanos de los miskito. En particular, más matanzas, traslados forzosos, hostigamiento de líderes indígenas, desapariciones y detenciones. La CIDH también tuvo dificultades para determinar cuál debería ser la otra parte en las negociaciones con Nicaragua. Esto era problemático por Nicaragua había deslegitimizado a MISURASATA y otras organizaciones indígenas, cuyos líderes estaban en el exilio o detenidos acusados de cargos penales. También había divisiones internas entre los miskito en cuanto a quién los representaría. Además, Nicaragua se negó a permitir que regresaran los líderes de MISURASATA debido a las serias acusaciones criminales pendientes contra ellos y se negó a renunciar o suspender las acusaciones citando la independencia judicial como justificación. Finalmente, la negativa de Nicaragua de garantizar que los líderes exiliados MISURASATA no serían detenidos si asistían a las negociaciones ocasionó el abandono de todo tipo de intento de alcanzar un arreglo amistoso. La CIDH decidió entonces emitir un informe final de sus conclusiones que fue publicado en 1984.

 

El informe final contiene un análisis detallado de las supuestas violaciones de los derechos de los miskito.[18] También contiene un análisis de los derechos que los miskito pueden beneficiarse de acorde al derecho internacional basados en sus estatus de grupo cultural y étnico diferente. Como se mencionó anteriormente, las demandas presentadas a la CIDH a nombre de los miskito, establecieron que Nicaragua había violado los derechos miskito de autodeterminación y autonomía, integridad cultural, no sufrir etnocidio y a tierras y territorios. Aunque reconoció que el Convenio garantiza sólo los derechos de los individuos, al contrario de los grupos o pueblos, la CIDH concluyó que:

 

La actual situación del derecho internacional reconoce la observancia del principio de autodeterminación de los pueblos, que considera ser el derecho de un pueblo a elegir independientemente su forma de organización política y establecer libremente los medios que juzgue apropiado para procurar su desarrollo económico, social y cultural. Sin embargo, esto no significa que reconoce el derecho de autodeterminación de cualquier grupo étnico como tal.[19]

 

Con respecto a la política de Nicaragua de asimilación e integración cultural, la CIDH estableció que “la ausencia de un derecho a la autonomía política o a la autodeterminación de parte de los miskitos, sumos y ramas de la costa atlántica [no] otorga al gobierno el derecho irrestricto de imponer una asimilación completa a esos indígenas”.[20] Al decidir que Nicaragua no podía imponer la completa asimilación a los miskito, la CIDH agregó que

 

Aunque la situación actual del derecho internacional no acepta la opinión de que los grupos étnicos de la zona Atlántica de Nicaragua tengan derechos a la autonomía política y a la autodeterminación, reconoce una protección legal especial para el uso de su lengua, la observancia de su religión y, en general, todos aquellos aspectos relacionados con la preservación de su identidad cultural. A esto debería agregarse los aspectos vinculados a la organización productiva, que incluyen, entre otras cosas, el tema de las tierras ancestrales y comunales. La no-observancia de esos derechos y valores culturales conduce a una asimilación forzosa cuyos resultados pueden ser desastrosos. Por esa razón, la Comisión considera que es fundamental establecer nuevas condiciones para la coexistencia entre minorías étnicas y el Gobierno de Nicaragua, en orden de soluciona antagonismos históricos y las serias dificultades hoy presentes. En la opinión de la CIDH, la necesidad de preservar y garantizar la observancia de estos principios en práctica implica la necesidad de establecer un adecuado orden institucional como parte de la estructura del estado nicaragüense. Esa organización institucional sólo puede implementar adecuadamente sus propósitos en la medida en que sea concebida en el contexto de una amplia consulta y realizada con la participación directa de las minorías étnicas de Nicaragua, a través de sus representantes electos libremente.[21]

 

Con respecto al reasentamiento, la CIDH concluyó que “La doctrina preponderante” sostiene que el principio de consentimiento es de aplicación general en caso que implican reasentamiento.[22] Esta es una declaración importante porque declara en esencia que el reasentamiento involuntario o forzoso de pueblos indígenas está en violación del derecho internacional sobre derechos humanos.

 

Como se desprende lo precedente, la CIDH reconoce que los miskito tienen algunos derechos inherentes por su una cultura diferente. También reconoce que se requiere que el estado adopte medidas que observen esos derechos. En particular se requiere, la protección de “todos aquellos aspectos relacionados con la integridad cultural”, incluyendo lengua, religión, actividades de subsistencia y económicas y el “tema de las tierras ancestrales y comunales”. Aunque el reconocimiento de la necesidad de proteger prácticas y temas de subsistencia relativos a las tierras es importante, queda claro que la CIDH ha observado el Artículo 27 del ICCPR como guía en esta ocasión, pero no ha logrado exceder los derechos protegidos en este artículo. Además, lo qué significa precisamente “el tema de las tierras ancestrales y comunales” no queda claro, excepto por la referencia a la declaración de que “[se debería realizar] un estudio para encontrar una solución al problema de las tierras ancestrales indígenas que tomara en cuenta tanto las aspiraciones de los indígenas como los intereses económicos y la unidad territorial de [Nicaragua]” contenida en las conclusiones y recomendaciones del informe final.[23]

 

El examen de la CIDH de la situación de derechos humanos de los miskito concluyó en 1984 con la publicación de su informe final y la emisión de una resolución que expresaba las conclusiones y recomendaciones de la CIDH.[24] No obstante, en septiembre de 1984, el gobierno nicaragüense extendió una invitación a uno de los líderes de MISURASATA para reanudar el diálogo. Esto fue aceptado y condujo a una ronda de negociaciones que comenzó en Bogotá, Colombia, en diciembre de 1984 y continuó hasta fines de los años ochenta. El propósito establecido de estas negociaciones era entrar en diálogo sobre la estructura y los parámetros de una región autónoma, atlántica para los pueblos miskito, sumo y rama. El resultado final fue el Estatuto de Autonomía de 1987.[25]

 

El Estatuto de Autonomía establecía esencialmente dos regiones semi-autónomas en la zona Atlántica, una para el Norte y otra para el Sur. Cada región tiene un Consejo Regional electo de autoridad limitada. Cada una es autorizada a participar en el programa nacional de desarrollo para la región atlántica y administrar las funciones locales, incluyendo la salud, la educación, la cultura, el transporte y los programas de servicios comunitarios. Además, cada Consejo Regional está autorizado a presentar legislación para la consideración de la legislatura nacional, desarrollar políticas en coordinación con el estado para el uso racional de los recursos naturales y elaborar una política impositiva regional.

 

El Estatuto de Autonomía también prevé la propiedad inalienable, colectiva e individual de tierras comunales, libres de impuesto por parte del estado y, sujeta al plan de desarrollo nacional estatal, el derecho a usar los recursos naturales.[26] Además, se reconocen los derechos pertinentes a la integridad cultural, incluyendo la educación bilingüe, libertad religiosa y programas sociales culturalmente apropiados. Aunque muchos de los llamados derechos autónomos reconocidos por el Estatuto de Autonomía están finalmente sometidos a la ley y la reglamentación estatal y son ciertamente substancialmente menores que los derechos demandados por los miskito, Nicaragua ha demostrado cumplir con las conclusiones y recomendaciones planteadas por la CIDH. Sí es que el Estatuto de Autonomía y la decisión de entrar en diálogo con los miskito es directamente atribuible a la CIDH es incierto. Sin embargo, si no es directamente atribuible, la correspondencia entre las medidas adoptadas por Nicaragua y las recomendaciones de la CIDH sugieren en gran medida que las dos están substancialmente relacionadas.

 

Es importante destacar que el pensamiento sobre los derechos indígenas dentro de la CIDH ha evolucionado considerablemente desde la emisión del Informe Miskito en 1984 y muchas de las conclusiones que se alcanzaron en el mismo –sobre autonomía y autogobierno, por ejemplo- ya no son válidas.

 

Vínculo web: Sólo en español: http://www.cidh.org/countryrep/Miskitosesp/Indice.htm

 

3. Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Ecuador[27]

El Informe Ecuador es un informe general sobre los derechos humanos en Ecuador que incluye dos capítulos concernientes a los derechos de los Pueblos Indígenas: Capítulo VIII, “Situación de los Derechos Humanos de los Habitantes del Interior del Ecuador Afectados por Actividades de Desarrollo”; y Capítulo IX “Derechos Humanos de Importancia Especial para los Habitantes Indígenas del País”. Publicado en 1997, estos dos capítulos constituyen una importante adición a los derechos indígenas en el sistema interamericano, particularmente en el área de derechos humanos y del medio ambiente.

 

Hechos: Los capítulos sobre derechos indígenas del Informe Ecuador surgieron en parte de una petición presentada en 1990 por CONFENIAE, la organización indígena paraguas para la Amazonía ecuatoriana, y una ONG no-indígena con sede en los Estados Unidos a nombre del pueblo huaorani. Al examinar la petición, la CIDH decidió que las demandas presentadas no eran únicas de los huaorani y deberían ser consideradas en el contexto de un informe general sobre la situación de derechos humanos en Ecuador. La petición refería al impacto devastador de la exploración y explotación petrolera en las tierras tradicionales, culturas y salud de los huaorani y otros pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. En particular, la petición alegaba que la explotación petrolera amenazaba la supervivencia física y cultural de los huaorani a causa de la masiva contaminación ambiental. Se presentaron pruebas que demostraban que la explotación petrolera era realizada en o cerca de las comunidades indígenas y que los ríos y el suelo habían sido contaminados con elementos químicos tóxicos causando enfermedades, severos problemas en la consecución de alimentos y agua y posibles muertes. El Informe destacó que el derecho ecuatoriano prohibía la contaminación ambiental pero que, no obstante, era evidente la existencia de una severa contaminación.

 

La Decisión: En su análisis sobre el impacto de la explotación petrolera en la Amazonía, la CIDH relaciona directamente el derecho a la vida a la seguridad ambiental, estableciendo que “La realización del derecho a la vida y a la seguridad e integridad física está necesariamente relacionada, y en algunas formas es dependiente, del entorno físico de la persona. En forma acorde, cuando la contaminación y la degradación plantean una amenaza persistente a la vida y salud humana, están implicados los antedichos derechos”.[28] Agregó en sus conclusiones que las “Condiciones de severa contaminación ambiental, que puedan causar serias enfermedades físicas, daños y sufrimiento por parte de la población local, son inconsecuentes con el derecho a ser respetado como un ser humano”.[29]

 

El informe también reconoció que la política y práctica estatal concerniente a la explotación de recursos y uso de la tierra no puede realizarse en un vacío que ignore sus obligaciones con respecto a los derechos humanos. Al hacerlo, la CIDH relacionó los intereses sobre los derechos humanos con el marco regulatorio y la capacidad de monitoreo del estado. Específicamente, la Comisión estableció que “reconoce que el derecho al desarrollo implica que cada estado tiene la libertad de explotar sus recursos naturales, lo que incluye el otorgamiento de concesiones y la aceptación de inversiones internacionales. No obstante, la Comisión considera que la ausencia de reglamentación, la reglamentación inapropiada o la falta de supervisión de la aplicación de las normas existentes puede crear serios problemas con respecto al medio ambiente que pueden convertirse en violaciones de los derechos humanos protegidos por el Convenio Americano”.[30] Esta última observación es importante porque, como se destaca en el Informe Ecuador, el hecho de que exista una legislación adecuada no constituye necesariamente una salvaguardia de los derechos humanos, las leyes también deben ser implementadas y las operaciones de explotación de recursos deben ser monitoreadas para garantizar el cumplimiento con la ley.

 

Basándose en los principios adoptados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (ver, Cáp. 6) y diversos artículos del Convenio Americano, la CIDH destacó el derecho a participar en decisiones que afectan al medio ambiente.[31] Por ejemplo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo adoptada por la UNCED establece en el Principio 10 que: “Los temas relacionados con el medio ambiente son mejor tratados con la participación de todos los ciudadanos involucrados a nivel pertinente. En el ámbito nacional, cada individuo tendrá un acceso apropiado a la información concerniente al medio ambiente que está en manos de las autoridades públicas, incluyendo información sobre materiales y actividades peligrosos en sus comunidades, y la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisión. Los estados facilitarán y alentarán la consciencia pública y la participación haciendo que la información sea disponible en forma amplia. Se proveerá un acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo a los resarcimientos y remedios”. Encarando específicamente a los pueblos indígenas, el principio 22 establece: “Los pueblos indígenas y sus comunidades y otras comunidades locales, tienen un rol vital en el manejo y desarrollo del medio ambiente debido a su conocimiento y prácticas tradicionales. Los estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y permitir su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible”.

 

Una parte integral del derecho a participar es el acceso a la información de una forma comprensible. Haciendo énfasis en las garantías procesales y las obligaciones estatales para adoptar medidas positivas para garantizar el derecho a la vida, la CIDH estableció que, “En el contexto de la situación bajo estudio, la protección del derecho a la vida y a la integridad física puede impulsarse mejor a través de medidas que apoyen y aumenten la capacidad de los individuos para salvaguardar y reivindicar esos derechos. La búsqueda de la garantía contra las condiciones del medio ambiente que amenazan la salud humana requiere que los individuos tengan acceso a: información, participación en los procesos importantes de toma de decisión y a los recursos judiciales”.

 

De acuerdo a la  CIDH, estos derechos están garantizados por los siguientes artículos del Convenio Americano: Acceso a la información, artículo 13 (derecho a la libertad de pensamiento y expresión), artículo 23 (derecho a participar en la conducción de los asuntos públicos) y artículo 25 (derecho a recursos judiciales) leído en conjunción con el artículo 8 (derecho a un proceso justo) y las obligaciones genéricas de los artículos 1 y 2 (implementación sin discriminación y recursos efectivos para las violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio).

 

Antes de emitir sus recomendaciones, la CIDH atribuyó responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos causadas por la explotación petrolera al Estado de Ecuador y a las compañías que realizan las operaciones al establecer que “’Es necesaria una descontaminación para corregir los errores que nunca debían haber sucedido’. Tanto el Estado como las compañías que realizan las actividades de explotación petrolera son responsables de esas anomalías y ambos deberían responsabilizarse por su corrección. Es deber del Estado asegurar que sean corregidas”.[32] Basándose en esto, las recomendaciones de la CIDH subrayan:

 

  1. la necesidad de solucionar la contaminación presente y futura de la explotación petrolera “que amenaza las vidas y la salud” de los pueblos indígenas que viven en la Amazonía;

  2. hacer lo mismo con respecto a otras industrias extractivas, como la minería aurífera, que plantearan la misma amenaza;

  3. tomar medidas para asegurar que todas las personas tengan el derecho de participar plenamente en las decisiones “que conciernen directamente a su medio ambiente”;

  4. tomar medidas para asegurar que las personas afectadas tengan acceso a la justicia en lo relativo a la contaminación ambiental y las violaciones de derechos humanos concomitantes, y;

  5. facilitar el goce del derecho a la información, el Estado debería tomar medidas para aumentar la participación pública en las tomas de decisión y mejorar los sistemas de difusión de la información al público.

 

En el Capítulo IX sobre derechos indígenas, la CIDH destacó que “Los pueblos indígenas del país enfrentan varios obstáculos serios para obtener el pleno goce de sus derechos y libertades establecidos por el Convenio Americano. Importantes segmentos de la población indígena sufren los efectos de una pobreza aguda y se dirigen pocos recursos sociales hacia este sector. Los individuos indígenas están sujetos a la discriminación, tanto del sector público como del privado. Se enfrentan a obstáculos cuando procuran ejercer su relación tradicional con las tierras y recursos que los han sustentado durante miles de años, y cuando procuran practicar y preservar sus propias culturas”.[33] La CIDH procedió entonces a dividir su discusión en las siguientes categorías: el derecho a una protección igual y a no ser discriminados; derechos a la tierra, recursos y propiedad; respeto por la expresión, religión y cultura indígenas; el impacto de las actividades de desarrollo; y los derechos humanos de pueblos indígenas no contactados. En lo relativo a la no-discriminación y la igualdad de protección, la CIDH destacó el hecho de que no se suministraba traducción a las personas indígenas en los procedimientos judiciales y el hecho de que había pocas personas indígenas representadas en el Gobierno.

 

Habiendo notado que los pueblos indígenas experimentan discriminación con respecto a los derechos a la tierra, la CIDH agregó que

 

La situación de los pueblos indígenas en la [Amazonía Ecuatoriana] ilustra, por un lado, la conexión esencial que mantienen con sus territorios tradicionales y, por otro lado, las violaciones de derechos humanos que los amenazan cuando estas tierras son invadidas y cuando la tierra en sí misma es degradada. … Para muchas culturas indígenas, la continua utilización de sistemas colectivos tradicionales para el control y el uso del territorio es esencial para su supervivencia, así como para su bienestar individual y colectivo. El control sobre las tierras refiera tanto a su capacidad de suministrar recursos que sustentan la vida y al “espacio geográfico necesario para la reproducción cultural y social del grupo”.[34]

 

Los derechos a la libertad de expresión, religión, asociación y reunión fueron destacados como derechos que sólo pueden ser disfrutados en comunidad con otros. La CIDH describió luego estos derechos de los pueblos indígenas como “esenciales para el goce y la perpetuación de su cultura”. Después de analizar estos derechos en el contexto de ICCPR, Artículo 27, agregó que “la OEA, por su parte: ha establecido, como acción prioritaria de los estados miembros, la preservación y fortalecimiento del patrimonio cultural de estos grupos étnicos y la lucha contra la discriminación que invalida el potencial de sus miembros como seres humanos a través de la destrucción de su identidad cultural e individualidad como pueblos indígenas”.[35]

 

La CIDH trató este tema previamente en su Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de Guatemala, donde encontró violaciones contra los pueblos indígenas de la “identidad étnica y del desarrollo de sus tradiciones, su lengua, sus economías y sus culturas”.[36] Caracterizó a estos derechos, referidos generalmente como la prohibición de ejercer etnocidio o genocidio cultural, como “derechos humanos también esenciales al derecho de la vida de los pueblos.” Esta posición está sustentada por otros instrumentos y documentos que afirman que: el etnocidio consiste en que un grupo es incapaz de vivir y desarrollarse en forma única,[37] y; que el etnocidio constituye una seria violación de la legislación internacional sobre derechos humanos (ver también, Art. 7(b) Proyecto de Declaración de la ONU).[38]

 

También se discutió el respeto por las formas indígenas de organización social, política e interna en el contexto de los derechos culturales. Citando a Stavenhagen, la CIDH afirmó que “la vida comunitaria indígena y, por lo tanto, la viabilidad de la cultura indígena depende de la vitalidad de la organización social de los grupos y, en muchas ocasiones, la implementación activa de la ley consuetudinaria local ... [E]l no reconocimiento  .... por parte del sistema legal estatal y la administración pública ... contribuye al debilitamiento y a la eventual desaparición de las culturas indígenas”.[39] En este contexto agregó que “’La prevención de la discriminación, por un lado, y la implementación de medidas especiales para proteger a las minorías, por otro lado, son simplemente dos aspectos del mismo problema: asegurar plenamente la igualdad de derechos de todas las personas’ Estas protecciones sirven también para establecer la precondición esencial para el goce de otros derechos ...”.[40]

 

En sus conclusiones y recomendaciones, la CIDH reiteró la necesidad de garantías especiales para pueblos indígenas. Estableció que: “Dentro del derecho internacional en general, y la legislación Interamericana específicamente, pueden requerirse protecciones especiales para los pueblos indígenas para que puedan ejercer sus derechos plena e igualmente al resto de la población. Además, se pueden requerir protecciones especiales para los pueblos indígenas para asegurar su supervivencia física y cultural – un derecho protegido en numerosos instrumentos y convenios internacionales.”[41] A continuación recomendó:

 

  1. capacitación para empleados públicos sobre derechos indígenas y una adecuada “supervisión para asegurar que los servicios públicos sean suministrados de forma no-discriminatoria”,

  2. prevención y castigo de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el sector privado contra los pueblos indígenas;

  3. remediar la discriminación prestando más atención a la distribución equitativa de los recursos y las expensas sociales en áreas indígenas;

  4. respeto por los derechos culturales indígenas, incluyendo programas de educación bicultural y bilingüe;

  5. que el estado tome medidas para establecer medidas proteccionistas adecuadas para prevenir daños a los pueblos indígenas debidos a la explotación petrolera y otras actividades antes de que ocurran los daños;

  6. asegurar que los pueblos indígenas participen significativamente y efectivamente en las decisiones sobre actividades de desarrollo y “tengan pleno acceso a la información que facilitará su participación”;

  7. que el estado “dé los pasos necesarios para resolver demandas pendientes sobre título, uso y control de territorios tradicionalmente indígenas, incluyendo lo que ser requiera para completar cualquier proyecto de demarcación pendiente”, y;

  8. tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de los pueblos indígenas no contactados de Ecuador, incluyendo protecciones legales para sus tierras.

 

Aunque no trata plenamente la naturaleza seria y penetrante de las violaciones de derechos humanos conectadas con la industria petrolera en Ecuador, el Informe Ecuador es una importante elaboración de las obligaciones estatales con respecto a los derechos de los pueblos indígenas conforme al Convenio Americano de Derechos Humanos y un importante caso en la jurisprudencia Interamericana sobre derechos humanos.

 

Vínculos web: inglés: http://www.cidh.org/countryrep/ecuador-eng/index%20-%20ecuador.htm

En español: http://www.cidh.org/countryrep/Ecuador-sp/indice.htm

 

C. Casos pendientes

La CIDH está procesando actualmente unos 40 casos relativos a pueblos indígenas de diversas partes de las Américas. Esta sección analizará sólo cuatro de estos casos, dos que han sido declarados admisibles y otros dos que tienen pendiente una decisión sobre admisibilidad. Los primeros serán analizados en detalle, los últimos serán solamente mencionados brevemente.

 

1. Comunidades Indígenas Maya y Sus Miembros (Belice-Decisión sobre Admisibilidad)[42]

Este caso fue iniciado en agosto de 1998 por el Consejo Cultural Toledo Maya y el Centro Indígena de Recursos Legales en nombre de las comunidades maya y sus miembros del Distrito de Toledo en el sur de Belice. La petición alega violaciones de derechos garantizados por la Declaración Americana, específicamente, el derecho a la vida (Artículo I), el derecho a la igualdad ante la ley (Artículo II), el derecho a la libertad religiosa y de cultos (Artículo III), el derecho a una familia y a su protección (Artículo VI), el derecho a la preservación de la salud y el bienestar (Artículo XI), el derecho a la protección judicial (Artículo XVIII), el derecho al voto y a participar en el gobierno (Artículo XX), y el derecho a la propiedad (Artículo XXIII). Belice no ratificó el Convenio Americano. La petición fue declarada admisible por la CIDH en octubre de 2000.

 

En 1993, Belice comenzó a emitir numerosas concesiones para la explotación maderera y petrolera en tierras tradicionalmente ocupadas y usadas por las comunidades maya de Toledo. Estas concesiones afectaron 38 comunidades y fueron emitidas sin consulta ni participación de los mayas. Los mayas se opusieron a esto presentando una moción de Recurso Constitucional en la Suprema Corte de Belice en diciembre de 1996 alegando violaciones del derecho de propiedad y de otros derechos garantizados en la Constitución de Belice. Estos derechos de propiedad estaban basados en la ocupación y uso tradicional maya de sus tierras y sus recursos. En abril de 1998, los mayas solicitaron un interdicto de la Corte para suspender todas las actividades de explotación maderera y otras hasta que la demanda relativa a la propiedad de la tierra hubiera sido resuelta por la Suprema Corte. La solicitud de interdicto fue pospuesta indefinidamente por la Corte a solicitud del Ministro de Justicia de Belice. Desde que fueron presentadas, ni la moción Constitucional ni la solicitud de interdicto han sido decididas ni han producido ningún resultado en los tribunales de Belice. Por esta razón, los mayas presentaron una petición ante la CIDH, procurando su asistencia para tratar las supuestas violaciones de derechos humanos. Los mayas también solicitaron que la CIDH aplicara medidas precautorias que suspendieran las concesiones madereras y petroleras para evitarles daños inevitables (ver arriba, pág. xx).

 

La petición presentada por los maya solicitaba que la CIDH recomendara que Belice:

 

  1. suspendiera todas las actuales y futuras concesiones en el Distrito de Toledo hasta que se negociara un arreglo apropiado entre el Estado y las comunidades indígenas pertinentes;

  2. iniciara un diálogo con las comunidades maya;

  3. estableciera un mecanismo legal en la legislación interna que reconociera la tenencia consuetudinaria de la tierra y el uso de los recursos;

  4. implementara un plan con las comunidades afectadas para reducir el daño ambiental causado por las actividades de explotación maderera y petrolera;

  5. pagara los daños morales y pecuniarios sufridos por las comunidades maya como resultado de las concesiones y todos los costos que afectaron a las comunidades y al peticionario para defender los derechos de la comunidad; y 6) suministraran otras compensaciones que la Comisión considere apropiadas y justas. [43]

 

La CIDH transmitió la petición maya al estado de Belice en septiembre de 1998. Sin responder a los temas planteados por la petición, Belice escribió a la CIDH en noviembre de 1998 solicitando que facilitara un arreglo amistoso entre el estado y los mayas. Los maya y la CIDH estuvieron de acuerdo. Esto fue seguido por una serie de reuniones e intentos de resolver el caso hasta agosto de 2000, cuando quedó en claro que no era posible llegar a un arreglo amistoso.[44] Destacando que Belice no había respondido a numerosas solicitudes de información sobre los alegatos presentados en la petición sobre recursos internos y sobre la solicitud maya de medidas precautorias, la CIDH declaró el caso admisible en octubre de 2000.

 

Discutiendo las posiciones de las partes sobre recursos internos, la CIDH estableció que los mayas afirmaban: 1) que habían intentado resolver sus demandas numerosas veces en el ámbito interno, incluyendo la acción judicial, sin resultado; 2) que los intentos de un arreglo amistoso fracasaron ampliamente debido a la mala fe de parte de Belice y; 3) que deberían ser exentos del agotamiento de los requisitos de recursos internos debido a una indebida demora en el caso presentado ante la Suprema Corte en Belice, que había sido previamente la corte desde diciembre de 1996. La CIDH destacó nuevamente que Belice no había provisto ninguna información sobre los aspectos de recursos internos del caso.

 

Conforme a la CIDH, el caso maya había planteado dos recursos internos distintos: 1) sí había habido una demora indebida en el caso presentado ante la Suprema Corte de Belice que exoneraría a los mayas de la regla de agotamiento y; 2) “sí el silencio del Estado al no responder a las comunicaciones de la Comisión constituye un motivo para objetar el no-agotamiento de los recursos internos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Comisión”.[45] La CIDH también se refirió al Artículo 37(3) de sus Reglamentaciones (ahora Artículo 31(3), CIDH Reglas de Procedimiento) que prevé que “Cuando el peticionario afirma que él o ella es incapaz de probar el cumplimiento del [agotamiento de los recursos domésticos] requeridos por este artículo, incumbirá al Estado en cuestión demostrar a la Comisión que los recursos de la ley nacional no han sido previamente agotados...”

 

Sobre el primer tema, la CIDH concluyó que había habido una demora indebida en los procedimientos nacionales y, por esa razón, los mayas estaban exentos de la regla de agotamiento. Sobre el segundo tema, sostuvo que “de acuerdo con los principios generalmente aceptados del derecho internacional que el estado renunció tácitamente a su derecho a objetar la admisibilidad de la petición basada en el agotamiento de los recursos internos”.[46] Para llegar a esta decisión, la CIDH hizo referencia a su jurisprudencia y la de la Corte sobre el tema. Esta jurisprudencia es importante para comprender el requisito de los recursos internos y por esa razón la citamos aquí:

 

Conforme al Artículo 46(1) del Convenio y de acuerdo con los principios generales del derecho internacional, es deber del estado que afirma el no-agotamiento de los recursos internos, probar que esos recursos existen en realidad y que no han sido agotados (Caso Velásquez Rodríguez, Objeciones Preliminares, supra 39, párr. 88; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Objeciones Preliminares, supra 39, párr. 87, y Caso Godínez Cruz, Objeciones Preliminares, supra 39, párr. 90).[47]

 

Los principios generalmente reconocidos del derecho internacional indican, primero, que esta es una regla que puede ser renunciada, ya sea expresamente o implícitamente, por el estado que tiene el derecho de invocarla, como este Tribunal ya ha reconocido (ver Viviana Gallardo et al. Sentencia del 13 de noviembre, 1981, no. G 101/81. Serie A, párr. 26). Segundo, la objeción que afirma el no-agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe ser hecha en la etapa inicial de los procedimientos por el Estado habilitado para hacerlo, para que no se presuma una renuncia del requisito. Tercero, el Estado que alega el no-agotamiento tiene obligación de probar que los recursos internos todavía no están agotados y que son efectivos.[48]

 

Finalmente, la CIDH también concluyó que Belice no había cumplido con las normas establecidas en sus Reglamentos (ahora Art. 31(3), CIDH Reglas de Procedimiento) porque no había probado que los recursos internos no habían sido agotados. Adicionalmente, de acuerdo al Tribunal “el Estado que alegue el no-agotamiento debe indicar cuáles recursos internos deberían ser agotados y probar la efectividad de los mismos”.[49] En caso de que el estado no lo haga, habrá perdido el requisito de prueba requerido y la petición puede declararse admisible.

 

El caso maya todavía está pendiente en la CIDH aguardando una decisión sobre los méritos. Esta decisión fue dilatada en parte por renovados intentos de Belice y los mayas para alcanzar un arreglo amistoso. La CIDH realizó recientemente una visita in situ a Belice donde sostuvo más discusiones sobre el caso con los mayas y el estado.

 

Vínculos web:

Inglés: http://www.cidh.org/annualrep/2000eng/ChapterIII/Admissible/Belize12.053.htm

Español: http://www.cidh.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Admisible/Belice12.053.htm

 

2. Mary y Carrie Dann (Estados Unidos-Decisión de Admisibilidad)[50]

La petición que inició este caso fue presentada en 1993 por el Centro Indígena de Recursos Legales en nombre de las hermanas Dann, miembros de la tribu Dann de la Nación Shoshone Occidental, contra los Estados Unidos de América. La petición alega violación de la Declaración Americana, Artículo II, el derecho a la igualdad ante la ley, Artículo XVII, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y derechos civiles y, Artículo XVIII, el derecho a un juicio imparcial, así como también la violación de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Los Estados Unidos no han ratificado el Convenio Americano.

 

La tierra de las hermanas Dann es un establecimiento campestre y las áreas ubicadas dentro de la Nación Occidental Shoshone en el oeste de los Estados Unidos, tierras garantizadas por un tratado de 1886 entre los Estados Unidos y los shoshone occidentales. Las hermanas criaban ganado y lo vendían para satisfacer sus necesidades básicas. Las tierras que rodeaban el establecimiento estaban confiscadas por la ley estadounidense por invasión gradual de los colonos a pesar de la afirmación de las Dann de que ellas tenían títulos aborígenes válidos sobre el área por virtud de su ocupación y uso inmemorial, así como también derechos emergentes de tratados que garantizaban su uso y goce.

 

En 1974, el gobierno de los EE.UU. se dirigió a la justicia para que las hermanas Dann fueran retiradas de las tierras donde pastoreaban su ganado y procuró una declaración de la justicia de que el gobierno de los Estados Unidos poseía las tierras en cuestión. Al mismo tiempo, se estaba procesando una caso a través de la Comisión de Demandas Indias, un organismo gubernamental de los EE.UU. establecido para compensar a los nativos americanos por pérdidas de tierras, para compensar a las Dann por la pérdida de sus tierras. Las hermanas Dann no participaron en el caso de la Comisión de Demandas, que resultó en una sentencia final que otorgaba compensación a las Dann en 1979. La compensación fue depositada en una cuenta bancaria pero nunca fue pagada a las Dann. Aunque las hermanas se negaron a reconocer la validez de esta compensación, el gobierno de los EE.UU. sostuvo que la compensación constituía una extinción de cualquier derecho o título que tuvieran las hermanas sobre sus tierras de pastoreo.

 

El caso de 1974 llegó finalmente a la Suprema Corte de los EE.UU., que se pronunció en favor del gobierno en 1985, enviando de vuelta el caso a la corte Federal para un examen adicional. Las Dann perdieron ese caso así como también las subsiguientes apelaciones presentadas contra la sentencia en la corte de Federal de Apelaciones. Hacia el mismo tiempo, el Consejo Nacional Shoshone Occidental presentó una demanda solicitando protección de los derechos a la caza y a la pesca sobre sus tierras tradicionales, incluyendo las ocupadas por las Dann. La corte Federal se pronunció contra el Consejo Nacional en 1990, en una decisión confirmada más tarde por la Corte Federal de Apelaciones. La Suprema Corte negó la revisión de la decisión de la Corte de Apelaciones dos años más tarde finalizando efectivamente el caso. La petición en nombre de las hermanas Dann fue presentada a la CIDH en abril de 1993.

 

En agosto de 1993, el Buró de Administración de Tierras del gobierno de los EE.UU. (BLM) publicó un anuncio de que tenía la intención de confiscar todo el ganado encontrado en las tierras donde las Dann pastoreaban a sus animales. Los peticionarios informaron a la CIDH y declararon que la pérdida de ganado tendría consecuencias devastantes para las hermanas. Un mes más tarde la CIDH escribió a los Estados Unidos solicitando que no confiscara ningún ganado hasta que se tomara una decisión sobre los méritos del caso Dann. Los EE.UU. respondieron declarando que el caso era inadmisible y no representaba ninguna violación de derechos humanos, pero no incautó el ganado. Hubo una serie de otros intercambios de información y documentación entre la CIDH y las partes en los siguientes años, que culminó en una audiencia en octubre de 1996. En la audiencia las Dann informaron la CIDH que sus tierras de pastoreo habían sido adquiridas por una compañía minera que había emitido recientemente un anuncio de que comenzaría las exploraciones en busca de depósitos de oro.

 

Dos años más tarde, el BLM emitió más anuncios sosteniendo que tenía la intención de incautar el ganado de las Dann. La CIDH escribió otra vez a los EE.UU. y solicitó que detuviera las confiscaciones hasta que se alcanzara una decisión sobre el caso. Sin embargo, el BLM, publicó más anuncios y órdenes exigiendo que las Dann sacaran sus animales y requiriendo que pagaran una multa de US$ 288.191,78 por pastoreo ilegal. Las Dann se opusieron a las acciones del BLM a través de un proceso administrativo, pero fracasaron. También intentaron alcanzar un arreglo con el BLM, que también fracasó y el BLM publicó otra vez anuncios y órdenes que establecían que el ganado sería confiscado. En junio de 1999, la CIDH requirió formalmente que se adoptaran medidas precautorias hasta que tuviera la oportunidad de investigar plenamente el caso (ver más arriba, pág. xx).

 

El 27 de septiembre de 1999, la CIDH declaró el caso admisible. El peticionante sostuvo que todos los recursos internos habían sido agotados antes de presentar la petición ante la CIDH. El gobierno de los EE.UU., por otro lado, afirmó que todavía había otros recursos a disposición de las Dann, en particular una demanda basada en el título original aborigen. La CIDH determinó que las Dann habían agotado de hecho todos los recursos internos y que los EE.UU. no habían probado lo contrario. Este caso está todavía pendiente en la CIDH aguardando una decisión sobre los méritos casi ocho años después de que fue presentado originalmente.

 

Vínculos web:

Inglés: http://www.cidh.org/annualrep/99eng/Admissible/U.S.11140.htm

Español: http://www.cidh.org/annualrep/99span/Admisible/EstadosUnidos11.140.htm

 

3. Caso Carrier Sekani (Caso 12.279 (Canadá))

Este caso fue presentado por los Jefes de las Naciones Miembro del Consejo Tribal Carrier Sekani en 1999. En mayo de 2000 se presentó una petición enmendada. La petición solicita la asistencia de la CIDH para revertir los actos y omisiones del gobierno Federal canadiense y el gobierno Provincial de Columbia Británica. Específicamente, los peticionantes acusan a Canadá de no reconocer ni garantizar su tierra ancestral y sus derechos a los recursos naturales, violación de esos y otros derechos causadas por el otorgamiento de concesiones de explotación maderera a intereses corporativos en su territorio sin su participación ni consentimiento, y violación de derechos culturales, de subsistencia y otros causadas por las actividades madereras. Como Canadá no ratificó el Convenio Americano, la petición alega violaciones de la Declaración Americana y otros instrumentos de derechos humanos.

 

Los peticionantes requirieron que la CIDH se dispusiera a mediar en un arreglo amistoso y también solicitaron que otorgara medidas precautorias. Las medidas precautorias solicitadas incluyen: la inmediata suspensión de todo nuevo permiso, licencia y concesión para la explotación maderera y otra actividad de explotación de recursos naturales en tierras usadas y ocupadas los las Naciones Miembro del Consejo Tribal Carrier Sekani, la suspensión de la readjudicación de derechos de arrendamiento dentro del área y medidas para asegurar que las actividades de explotación maderera y de otros recursos naturales no sean aumentadas o continúen sin el acuerdo de los peticionarios. La CIDH todavía está procesando este caso y todavía no ha llegado a una decisión sobre su admisibilidad.

 

4. Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat (Caso 12.094 (Argentina)

Este caso fue presentado en el año 2000 por 35 comunidades indígenas que actuaban a través de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat. La petición cita violaciones de los derechos a la vida y la salud, a la integridad cultural, a la propiedad y a un medio ambiente saludable conforme a la Convención Americana y otros instrumentos internacionales. Se alega que estas violaciones han tenido lugar en conexión con la construcción de un camino a través de la Argentina que vincula a Brasil con Chile, un puente internacional entre Argentina y Paraguay y un plan para urbanizar el área indígena. La carretera pasa a través de las tierras de las comunidades y ya ha alterado las actividades de subsistencia y causado daños al medio ambiente. Las comunidades sostienen que cuando el tráfico pesado, comercial, comience a movilizarse por el camino, experimentarán severos problemas adicionales que pueden afectar su capacidad de sobrevivir como pueblos distintos.

 

Los peticionarios solicitaron que la CIDH mediara un arreglo amistoso y solicitaron medidas precautorias par evitar daños irreparables debido a la pérdida de tierra, el proyecto de construcción y la degradación ambiental conexa a estos factores.[51] La solicitud de medidas precautorias incluía la preparación de una evaluación de impacto ambiental, consulta con las comunidades, la detención de las actividades de construcción que estaban en marcha en territorio indígena y medidas para reconocer y garantizar los derechos colectivos de propiedad de la tierra sobre ese territorio. En octubre de 2000, se celebró una audiencia formal ante la CIDH en Washington D.C. para discutir el caso. En esta audiencia, la CIDH dio a Argentina 30 días para comunicar las medidas que tenía intención de tomar para garantizar los derechos de las comunidades afectadas. Actualmente está bajo discusión una propuesta para llegar a un arreglo amistoso del caso y la CIDH todavía tiene que pronunciarse sobre la admisibilidad del caso.

 

D. Informe de la CIDH sobre la Situación Especial de Países

El Informe de la CIDH sobre la Situación Especial de Países se centra en la situación general de derechos humanos en un país dado e incluye frecuentemente al menos un capítulo que trata sobre los derechos de los pueblos indígenas. Estos informes son frecuentemente fuentes muy útiles de información y además brindan una guía sobre cómo la CIDH interpreta las obligaciones de los estados y los derechos indígenas en un contexto nacional particular. Esta sección hará un breve sumario de algunas de las principales conclusiones y recomendaciones realizadas por la CIDH en informes especiales recientes sobre la situación en algunos países.

 

1. México (1998)[52]

El Capítulo VII del Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México trata abundantemente sobre las serias violaciones de derechos humanos causadas por la militarización y represión en las áreas indígenas de México, particularmente en Chiapas, a continuación del levantamiento Zapatista de 1994 y las negociaciones de paz orientadas a la resolución del problema allí.

 

Las conclusiones del Informe contienen una serie de declaraciones interesantes. Por ejemplo, tocan el punto del derecho al desarrollo estableciendo que “Es obligación del Estado de México, basada en sus principios constitucionales y en principios reconocidos internacionalmente, respetar las culturas indígenas y sus organizaciones y asegurar su máximo desarrollo de acuerdo con sus tradiciones, intereses y prioridades”.[53] Esta redacción indica claramente que los esfuerzos de desarrollo deben ser consecuentes con las tradiciones, intereses y prioridades indígenas, todas las cuales presuponen y requieren un grado substancial de participación indígena en las actividades de desarrollo.

 

En inglés: http://www.cidh.org/countryrep/Mexico98en/Chapter-7.htm

En español: http://www.cidh.org/countryrep/Mexico98sp/capitulo-7.htm

 

2. Colombia (1999)[54]

El Capítulo X del Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia trata sobre los derechos de los pueblos indígenas. Comienza con una visión general de los derechos indígenas en la Constitución de Colombia de 1991 y en la legislación, destacando algunos de los avances realizados por Colombia.[55] También analiza el progreso realizado en la titulación y demarcación de tierras indígenas observando que “Como varias leyes colombianas han reconocido que los pueblos indígenas tienen el derecho a que el Estado reconozca su plena propiedad sobre esas áreas, no como un acto discrecional del Estado sino como una obligación, estos procedimientos no constituyen simples transferencias sino que tendrían que ser considerados en cambio como un proceso de ‘producción de pruebas que establezcan la propiedad previa de las comunidades’”.[56]

 

Este Informe también examina los problemas enfrentados en la titulación y demarcación de los territorios indígenas, concluyendo que los problemas principales se debieron a demoras burocráticas, incluyendo la omisión del estado de otorgar a los pueblos indígenas el certificado necesario para completar la transferencia de tierras, y amenazas y violencia por parte de terratenientes no-indígenas, colonos y unidades paramilitares que trataban de adquirir las tierras indígenas.[57] Las recomendaciones de la CIDH sobre derechos a la tierra fueron las siguientes:

 

El Estado debería tomar medidas apropiadas para asegurar que el proceso de demarcación legal, reconocimiento y otorgamiento del título a la tierra y al uso de los recursos naturales a las comunidades indígenas no sea obstaculizado o demorado por dificultades burocráticas.

 

El Estado debería asegurar que las comunidades indígenas gocen de un control efectivo sobre tierras y territorios designados como territorios indígenas, resguardos u otras tierras comunitarias sin interferencia de individuos que procuran mantener o tomar control sobre estos territorios mediante la violencia o cualquier otro medio en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas.

 

Las dos secciones siguientes del Informe tratan sobre la explotación de recursos y el impacto de los megaproyectos, particularmente los proyectos de infraestructura. En cuanto a lo primero, la CIDH destacó que la legislación colombiana otorga la propiedad de los recursos del subsuelo al estado, pero también requiere una consulta con los pueblos indígenas antes de su explotación. Además destaca que se recibieron una serie de quejas sobre la falta de consulta con respecto a las actividades petroleras y mineras. Una de estas demandas, presentada por los u’wa, se queja de actividades petroleras autorizadas por el estado en tierras u’wa, sin una consulta adecuada, que puede tener serias consecuencias para la futura supervivencia de los u’wa como pueblo. Actualmente la CIDH está revisando un petición formal sobre este caso. Con respecto a la explotación de recursos y megaproyectos, la CIDH recomendó que:

 

El Estado debería asegurar que la explotación de recursos naturales que se encuentran en tierras indígenas debería ser precedida de consultas apropiadas y, en la medida de lo legalmente requerible, con el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas. El Estado también debería asegurar que esa explotación no cause daños irreparable a la identidad cultural, religiosa o económica y a los derechos de las comunidades indígenas.

 

El Estado debería asegurar que los proyectos de desarrollo importantes en o cerca de tierras indígenas o áreas de población indígena, sean realizados después de cumplir con los requisitos legales, que no causen daños irreparable a la identidad cultural, religiosa o económica y a los derechos de las comunidades indígenas.

 

En inglés: http://www.cidh.org/countryrep/Colom99en/table%20of%20contents.htm

En español: http://www.cidh.org/countryrep/Colom99sp/indice.htm

 

3. Perú (2000)[58]

El Capítulo X del Segundo Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Perú trata sobre los derechos de los pueblos indígenas y comienza con una revisión de la legislación nacional, concluyendo con respecto a los derechos territoriales que “el marco legal no ofrece a las comunidades nativas seguridad efectiva ni estabilidad con respecto a sus tierras”[59]. En conexión con esto la CIDH declaró que “La tierra, para los pueblos indígenas, es una condición para la seguridad individual y su vínculo con el grupo. La recuperación, reconocimiento, demarcación y registro de las tierras representan derechos esenciales para la supervivencia cultural y el mantenimiento de la integridad comunitaria”[60]. Luego, la CIDH recomendó que Perú, “adoptara medidas apropiadas para garantizar el proceso legal de demarcación, reconocimiento y emisión a las comunidades indígenas de títulos a la tierra, y asegurara que este proceso no perjudique el normal desarrollo de la propiedad y la vida comunitaria”.[61]

 

El Informe destaca también el severo impacto de las operaciones de extracción de recursos sobre las comunidades indígenas de la región del Amazonas, estableciendo que “Las acciones de las compañías madereras y petroleras en estas áreas, sin consultar ni obtener el consentimiento de las comunidades afectadas, en muchos casos lleva a la degradación ambiental y pone en peligro la supervivencia de estos pueblos”.[62] La recomendación correspondiente establece “que todos los proyectos para construir infraestructura o explotar recursos naturales en el área indígena o que afecten su hábitat o cultura sean procesados y decididos con la participación y consulta con los pueblos interesados, con miras a obtener su consentimiento y posible participación en los beneficios”.[63] La redacción “con miras a obtener su consentimiento” es tomada del Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Perú. El Informe hace referencias frecuentes a las obligaciones de Perú conforme a este instrumento. En lo que respecta a los derechos en general, el Informe recomienda que Perú adopte una ley “que garantice los mecanismos de participación de personas indígenas en la adopción de decisiones políticas, económicas y sociales que afecten sus derechos, y se les otorgue una mayor participación política en la adopción de decisiones en el ámbito nacional”.[64]

 

También se analiza la discriminación contra los pueblos indígenas, tanto en forma general[65] como en conexión con la salud y la educación.[66]. El Informe recomienda que Perú “mejore el acceso de las comunidades nativas a los servicios públicos, incluyendo la salud y la educación, para eliminar las diferencias discriminatorias y brindarles niveles dignos en el ámbito de las normas nacionales e internacionales”;[67] y, “[q]ue ayude a fortalecer el rol de las poblaciones indígenas para que puedan tener opciones y sean capaces de mantener su identidad cultural, participando también en la vida económica y social de Perú, con respeto a sus valores culturales, lenguas, tradiciones y formas de organización social”.[68]

 

En inglés: http://www.cidh.org/countryrep/Peru2000en/TOC.htm

En español: http://www.cidh.org/countryrep/Peru2000sp/indice.htm

 

4. Guatemala (2001)[69]

Como en otros informes, el Capítulo XI del Quinto Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Guatemala comienza con una visión general de la situación de los pueblos indígenas de Guatemala y el marco legal nacional aplicable a ellos. Refiriéndose a los derechos a la tierra, la CIDH volvió a establecer los muchos compromisos que Guatemala ha asumido para reconocer y respetar los derechos a la tierra de los indígenas, incluyendo las importantes previsiones de OIT 169. Observó que la “población indígena está estructurada sobre la base de su profunda relación con la tierra, que, en el caso de Guatemala, significa una importante porción del territorio donde los pueblos indígenas han vivido y tratado desde tiempos ancestrales”.[70] A pesar de esto, la tierra está distribuida en forma desigual en favor de las  personas no-indígenas, en su mayoría, empresas agrícolas a gran escala. No obstante este no es el único problema:

 

La distribución desigual de la tierra está compuesta por la actual incertidumbre legal con relación a los derechos de propiedad, particularmente los de las comunidades indígenas, que las hace especialmente vulnerables y ocasiona conflictos y violaciones de derechos. En la mayoría de los casos, las comunidades indígenas tienen títulos de propiedad que no son reconocidos por el derecho común, que son distintos de otros títulos, o que no han sido completamente registrados y reconocidos. Sumado a estas dificultades, está el hecho de que en algunos casos las cortes son inconscientes de los derechos de su propiedad y uso ancestrales y no reconocen las previsiones legales indígenas basadas en la costumbre. Esto bloquea o limita considerablemente su capacidad para afirmar estos derechos, así como también el reconocimiento de la posesión ancestral de sus tierras.[71]

 

Esta es una declaración importante e instructiva que se repite en una serie de los informes y decisiones sobre peticiones de la CIDH, así como en la reciente decisión de la Corte en el Caso Awas Tingni (ver más adelante). Para que un estado proteja efectivamente los derechos de propiedad indígenas, esos derechos, definidos por la ocupación y el uso tradicional, deben ser reconocidos por la ley, el área debe ser demarcada, deben ser emitidos títulos y deben ser debidamente registrados, y deben existir procedimientos adecuados y efectivos en la legislación que permitan a los individuos, comunidades y pueblos afirmar y defender sus derechos ante organismo judiciales independientes. Este punto se reitera en las notas y recomendaciones concluyentes, que establecen respectivamente que Guatemala debería “Tomar las medidas necesarias y establecer mecanismos especiales rápidos y efectivos para solucionar los conflictos relacionados a la propiedad y suministrar garantías y seguridad legal a las comunidades indígenas con respecto a la posesión de sus propiedades, y suministrar tierras estatales a las comunidades que las necesitan para su desarrollo, como se establece en el Artículo 68 de la Constitución de Guatemala”.[72]

 

En inglés: http://www.cidh.org/countryrep/Guate01eng/chap.11.htm

En español: http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala01sp/cap.11.htm

 

 

5. Paraguay (2001)[73]

El Capítulo IX del Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Paraguay comienza con una visión general de la situación de los pueblos indígenas del Paraguay una revisión de la legislación nacional, incluyendo el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Paraguay en 1994. Destacando que la situación ha mejorado en Paraguay desde el Caso Ache, la CIDH concluye que “No obstante, la población indígena, que todavía mantiene sus tradiciones y organización ancestrales, sigue siendo marginada y sufriendo las peores condiciones de vida en Paraguay, en una situación precaria que constituye un ataque a la dignidad del ser humano”.[74] La discusión sobre el marco legal nacional concluye que “Aunque la legislación actualmente vigente en Paraguay ofrece un marco legal favorable para los pueblos indígenas, no es suficiente para la debida protección de sus derechos si no es acompañada por políticas y acciones estatales que garanticen la aplicación e implementación de las normas a las que el estado se obligó soberanamente”.[75] Esto último se refiere a normas internacionales de derechos humanos.

 

Analizando la degradación ambiental, el Informe observa que “El medio ambiente está siendo destruido por los intereses ganaderos, agrícolas y madereros, que reducen las capacidades [indígenas] tradicionales y estrategias para sus actividades alimenticias y económicas”.[76] Luego recomienda que Paraguay “Adopte las medidas necesarias para proteger el hábitat de las comunidades indígenas de la degradación ambiental, con énfasis especial en la protección de los bosques y aguas, que son fundamentales para su salud y su supervivencia como comunidades”.[77] Esta es una importante declaración que, consecuente con otros informes y declaraciones emitidos por la CIDH, vincula la integridad y degradación ambiental al respeto por los derechos de los pueblos indígenas.

 

El Capítulo IX incluye un extenso examen de la situación de derechos a la tierra de los pueblos indígenas de Paraguay, estableciendo que de 47 de sus demandas de tierra más de la mitad todavía tienen que ser resueltas adecuadamente. A este respecto, la CIDH estableció que:

 

El proceso de resolución de las demandas territoriales a que el Estado paraguayo se comprometió hace más de 20 años, para beneficiar a las comunidades indígenas todavía está pendiente. Esta obligación no se cumple sólo distribuyendo tierras. Aunque el territorio es fundamental para el desarrollo de las poblaciones indígenas en comunidad, debe ser acompañado por servicios de salud, educación y sanitarios, y la protección de sus derechos laborales y de seguridad social y, especialmente, la protección de su hábitat.[78]

 

Esta es otra afirmación muy importante que ilustra cómo la CIDH considera las obligaciones estatales en conexión con los derechos territoriales indígenas. No solamente debe transferirse suficientes tierras a los pueblos indígenas, un paso fundamental para el desarrollo indígena, la integridad ambiental de esas tierras debe ser garantizada y el estado debe asegurar que los pueblos indígenas gocen de servicios adecuados de salud, educación y sanitarios, presumiblemente al menos de la misma calidad de los que gozan las personas no-indígenas.

 

Inglés: http://www.cidh.org/countryrep/Paraguay01eng/chap9.htm

Español: http://www.cidh.org/countryrep/Paraguay01sp/cap.9.htm

 

E. Casos Decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Hasta la fecha, la Corte sólo ha decidido un caso que trata directamente los derechos de los pueblos indígenas, el Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua. También ha sido decidido un caso presentado a nombre de los saramaka maroon (cimarrones), un pueblo tribal afroamericano que vive en Surinam.[79] Ambos casos son analizados aquí, el último principalmente porque las conclusiones de la Corte son muy importantes para la situación de los pueblos indígenas en las Américas así como también para comprender el tema de resarcimientos en la Corte.

 

1. La Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua[80]

El Caso Awas Tingni es uno de los acontecimientos más importantes para los derechos indígenas en el sistema Interamericano debido a su afirmación de las formas propias de propiedad comunal y otros derechos indígenas en una decisión obligatoria. Es la primera vez que un organismo judicial internacional apoyó los derechos territoriales al confirmar que esos derechos surgen de la ocupación y uso tradicional y las formas de tenencia indígenas, no de otorgamiento, reconocimiento o registro por parte del estado. Este y otros principios establecidos por la Corte son aplicables a todos los casos similares en todas las Américas. En efecto, la Corte sostuvo que el título aborigen – derechos a las tierras y recursos basado en la ocupación y uso tradicional o inmemorial – es parte de la legislación obligatoria de derechos humanos Interamericana cuestionando, sí es que no invalidando, siglos de tradición legal americana que sostenía que los derechos territoriales indígenas dependían del otorgamiento y reconocimiento de las autoridades coloniales y de los estados que las sucedieron. La CIDH describió justamente la decisión de la Corte como “un paso histórico para el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a su tierra”.[81]

 

El caso tuvo su origen en una petición presentada a la CIDH por el Centro Indio de Recursos Legales y la Comunidad Indígena Awas Tingni en octubre de 1995.[82] Acusaba a Nicaragua de haber violado los derechos de la comunidad Awas Tingni por no garantizar y proteger efectivamente sus derechos de propiedad basados en su uso y ocupación tradicionales, por violar activamente esos derechos al otorgar una concesión de explotación maderera a una compañía coreana, por discriminar contra la comunidad y no suministrarle una igualdad de protección ante la ley y por no proveer remedios judiciales adecuados y efectivos que permitieran a la comunidad afirmar y proteger sus derechos ante la justicia nicaragüense. Específicamente, los peticionantes alegaron que Nicaragua había violado los Artículo 1, 2, 21, 24 y 25 del Convenio Americano así como las previsiones de otros instrumentos internacionales de derechos humanos obligatorios para Nicaragua. Después de una serie de intentos de resolver el caso mediante arreglos amistosos, en junio de 1998, la CIDH presentó el caso al Tribunal para que tomara una decisión.

 

Hechos: La comunidad Awas Tingni está situada en la subdivisión norte de la costa atlántica de Nicaragua y consiste de unas 630 personas. Su economía es principalmente de subsistencia, basada en la agricultura, la pesca, la caza y la recolección para satisfacer las necesidades más básicas. Estas actividades son realizadas en todo el territorio tradicional Awas Tingni, que está definido conforme a la costumbre y la ley indígenas.

 

En junio de 1995, se informó a la comunidad que el Consejo Regional de la Región Autónoma del Norte de la Costa Atlántica (RAAN) había firmado un acuerdo que permitiría a una compañía coreana, SOLARCSA, comenzar a operar dentro de su territorio.[83] Ellos objetaron inmediatamente esta decisión porque había sido tomada sin su participación y solicitaron a un tribunal local que emitiera un interdicto para suspender la emisión de la concesión a la compañía. Esta solicitud fue rechazada por la corte por motivos procesales en septiembre de 1995 y la comunidad presentó una petición a la CIDH en octubre de 1995. La apelación contra la decisión de septiembre fue rechazada por la Suprema Corte de Nicaragua más de un año después, en febrero de 1997. En ese mismo mes la comunidad recurrió al RAAN para que apoyara sus esfuerzos para demarcar sus tierras y detener la concesión.

 

Los miembros del RAAN presentaron una demanda a la Suprema Corte de Nicaragua, objetando la concesión por motivos constitucionales ya que no había sido aprobada por el plenario completo del RAAN. Casi un año antes de la decisión de la Suprema Corte, en marzo de 1996, se otorgó a SOLARCSA una concesión de 30 años para la explotación maderera en tierra Awas Tingni y permiso para construir un camino de acceso a su concesión. El 27 de febrero de 1997, la Suprema Corte dictaminó sobre el caso presentado por RAAN y sostuvo que la concesión era inconstitucional. Nicaragua no retiró la concesión y SOLARCSA continuó sus actividades. La única acción tomada por las autoridades estatales fue volver a presentar la solicitud de concesión a RAAN para que decidiera otra vez. La concesión fue aprobada por mayoría de votos de RAAN en octubre de 1997, forzando a la comunidad a presentar una demanda ante la justicia contra RAAN al mes siguiente. En febrero de 1998, la Suprema Corte ordenó que se ejecutara su sentencia del 27 de febrero que declaraba la concesión como inconstitucional. Tres meses después, en mayo de 1998, el gobierno notificó finalmente a SOLARCSA que su concesión era inválida y que debía finalizar sus actividades.

 

Como se mencionó previamente, los awas tingni habían presentado una petición a la CIDH en octubre de 1995, sosteniendo que Nicaragua había violado el Convenio Americano y varias otras previsiones del derecho internacional. A esto le siguió en diciembre de 1995 una solicitud adicional de medidas precautorias con el objetivo de procurar la asistencia de la CIDH para impedir que Nicaragua garantizara la concesión maderera a SOLARCSA. En mayo de 1996, las partes acordaron intentar un arreglo amistoso del caso. Después de que Nicaragua había rechazado su propuesta original para solucionar el caso, los Awas Tingni propusieron que Nicaragua acordara demarcar su territorio y suspender la concesión hasta que la demarcación estuviera finalizada.

 

En una tercera reunión sobre el arreglo amistoso celebrada en octubre de 1996, Nicaragua informó a la CIDH que había establecido una Comisión Nacional de Demarcación para tratar el tema de la titulación y demarcación de tierras indígenas en toda Nicaragua. En abril de 1997, los awas tingni informaron a la CIDH que la Suprema Corte de Nicaragua había declarado inválida la concesión a SOLARCSA por razones constitucionales, pero que las operaciones madereras continuaban. Repitieron esto otra vez en octubre de 1997 y el 31 de octubre la CIDH otorgó medidas precautorias que requerían que Nicaragua suspendiera la concesión (ver pág. 25 más arriba). Nicaragua replicó declarando que el RAAN había aprobado la concesión y por lo tanto ahora era válida. Los awas tingni respondieron estableciendo el principal tema planteado en su petición – la omisión de Nicaragua de garantizar y proteger sus derechos territoriales – todavía no había sido tratado y solicitaron que la CIDH procediera a publicar un informe sobre los méritos del caso. En diciembre de 1997, debido al caso planteado por miembros del RAAN objetando la concesión, Nicaragua sostuvo que los recursos internos no habían sido agotados. Repitió esto otra vez en marzo de 1998 y solicitó que la CIDH no procesara más el caso.

 

El 3 de marzo de 1998, de acuerdo con el Artículo 50 del Convenio, la CIDH aprobó el Informe No. 27/98 que concluyó que:

 

141. Sobre la base de las acciones y omisiones examinadas, [...] que el Estado de Nicaragua no ha cumplido con sus obligaciones bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado de Nicaragua no ha demarcado las tierras comunales de la Comunidad Awas Tingni, ni de otras comunidades indígenas. Tampoco ha tomado medidas efectivas que aseguren los derechos de propiedad de la Comunidad en sus tierras. Esta omisión por parte del Estado constituye una violación a los artículos 1, 2, y 21 de la Convención, los cuales en su conjunto establecen el derecho a dichas medidas efectivas. Los artículos 1 y 2 obligan a los Estados a tomar las medidas necesarias para implementar los derechos contenidos en la Convención.

 

142. El Estado de Nicaragua, es responsable por [violar el] derecho a la propiedad en forma activa, consagrado en el artículo 21 de la Convención, al otorgar una concesión a la compañía SOLCARSA para realizar en las tierras [de] Awas Tingni trabajos de construcción de carreteras y de explotación maderera, sin el consentimiento de la Comunidad Awas Tingni.

 

143. [...] que el Estado de Nicaragua no garantizó un recurso efectivo para responder a las reclamaciones de la Comunidad Awas Tingni sobre sus derechos a tierras y recursos naturales, de acuerdo con el artículo 25 de la Convención.[84]

 

El Informe recomendó entonces que Nicaragua:

 

a. Estable[ciera] un procedimiento en su ordenamiento jurídico, aceptable a las comunidades indígenas involucradas, que t[uviera] como resultado la pronta demarcación y el reconocimiento oficial del territorio de Awas Tingni y de los territorios de otras comunidades de la Costa Atlántica;

b. Suspend[iera] a la mayor brevedad, toda actividad relativa a la concesión maderera otorgada a SOLCARSA por el Estado dentro de las tierras comunales de Awas Tingni, hasta que la cuestión de la tenencia de la tierra que afecta a las comunidades indígenas h[ubiera] sido resuelta, o que se h[ubiera] llegado a un acuerdo específico entre el Estado y la Comunidad Awas Tingni; [y]

c. Iniciar[a] en el plazo de un mes un diálogo con la Comunidad Awas Tingni, a fin de determinar bajo qu[é] circunstancias se pu[diera] llegar a un acuerdo entre el Estado y la Comunidad Awas Tingni.[85]

 

Nicaragua respondió en mayo de 1998, más tarde del límite de 60 días establecido por la CIDH, estableciendo lo qué había hecho para cumplir con las recomendaciones de la CIDH. La CIDH consideró estas medidas inadecuadas y presentó el caso al Tribunal el 28 de mayo de 1998. Los procedimientos ante la Corte fueron divididos en dos fases, objeciones preliminares y méritos. La CIDH solicitó al Tribunal una decisión sobre sí los siguientes artículos del Convenio habían sido violados: 1 (Obligación a Respetar los Derechos), 2 (Efectos Legales Internos), 21 (Derecho a la Propiedad) y 25 (Derecho a la Protección Jurídica). Requirió que la Corte ordenara que Nicaragua está obligada a: 1) establecer un procedimiento para reconocer y demarcar las tierras Awas Tingni; 2) abstenerse de otorgar cualquier concesión en el área hasta que los derechos de propiedad Awas Tingni hayan sido aclarados y garantizados y; 3) otorgar una compensación a la comunidad por violación de sus derechos. La CIDH también requirió que la Corte ordenara que Nicaragua pagara a los peticionantes los costos incurridos en el transcurso del caso.

 

Objeciones Preliminares: La fase de las objeciones preliminares del caso en cuestión constaba de  la afirmación de Nicaragua de que los recursos internos no habían sido agotados y que, por lo tanto, el caso era inadmisible. Nicaragua planteó este tema en diciembre de 1997, más de dos años después de que la petición fuera presentada a la CIDH, así como también en agosto de 1998 después de que el caso había sido trasladado al Tribunal. La CIDH respondió solicitando que la Corte rechazara las objeciones preliminares porque Nicaragua había aceptado su responsabilidad en el caso cuando indicó cómo estaba cumpliendo con las obligaciones de la CIDH, porque había renunciado a sus derechos de plantear temas de recursos internos debido a su omisión de invocar la regla en su tiempo debido en los procedimientos ante la CIDH y porque los argumentos de Nicaragua en apoyo de las objeciones preliminares trataban los méritos del caso en vez de las objeciones preliminares.

 

Analizando los argumentos de Nicaragua y de la CIDH, la Corte repitió su jurisprudencia previa sobre el agotamiento de los recursos internos de la manera siguiente:

 

Por cierto, de los principios generalmente reconocidos del derecho internacional referidos en la regla de agotamiento de los recursos internos, el principal es que el Estado acusado puede explícita o tácitamente renunciar a la invocación de esta regla. Segundo, para que sea oportuna, la objeción de que los recursos internos no han sido agotados deber ser planteada durante las primeras etapas de los procedimientos o, al contrario, ser presumirá que el Estado interesado ha renunciado su uso tácitamente. Tercero, el Estado que alega el no agotamiento de los recursos internos debe indicar cuáles recursos internos deberían ser agotados y brindar evidencia de su efectividad.[86]

 

Conforme con lo precedente, la Corte sostuvo que Nicaragua había renunciado a su derecho de objetar el no agotamiento de los recursos internos debido a que no invocó la regla en una forma oportuna durante los procedimientos ante la CIDH. En otras palabras, Nicaragua no podía objetar el caso sobre la base de los recursos internos porque no lo había hecho durante las primeras etapas de los procedimientos ante la CIDH.[87] Consecuentemente, la Corte decidió rechazar las objeciones preliminares de Nicaragua y continuar con su consideración del caso.

 

Los méritos: La audiencia de la Corte sobre los méritos del caso tuvo lugar del 16 al 18 de noviembre de 2000 en San José, Costa Rica. Para fundamentar el caso, los abogados de los awas tingni presentaron una serie de testigos, incluyendo expertos antropólogos, trabajadores para el desarrollo internacional, líderes indígenas nacionales, abogados locales, y los líderes awas tingni. Nicaragua presentó sólo un testigo, un político electo de la agencia a cargo de la distribución de tierras rurales, quien argumentó que los awas tingni eran recientes inmigrantes al área, no eran realmente indígenas y, por lo tanto, no tenían derecho a reclamar la tierra sobre la base de la ocupación ancestral.

 

La decisión de la Corte, hecha pública en agosto de 2001, afirmó que los awas tingni tenían derechos colectivos a sus tierras tradicionales, recursos y medio ambiente y demostró que la falta de reconocimiento, garantía, respeto e implementación efectivos de esos derechos estaban en conflictos con las obligaciones estatales según el Convenio Americano. La Corte llegó a esta conclusión observando, en parte, a otros instrumentos internacionales, como lo permite el Articulo 29(b) del Convenio Americano. En virtud de esto, concluyó que el “artículo 21 del Convenio protege el derecho a la propiedad en el sentido de que comprende, entre otras cosas, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas dentro del marco de la posesión comunal...” [88] Luego fundamentó su comprensión sobre los derechos de propiedad indígena y la fuente de los mismos:[89]

 

149. Dadas las características del presente caso, es menester hacer algunas precisiones respecto del concepto de propiedad en las comunidades indígenas. Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su

integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.

 

151. El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata. Como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro.

 

Estos dos párrafos son sumamente importantes porque reafirman la centralidad de los derechos territoriales indígenas a la integridad cultural y ubican la fuente de los derechos de propiedad indígenas en las costumbres indígenas y en la posesión del territorio, independientemente de si el estado ha emitido título o reconocido de otra manera los derechos indígenas sobre ese territorio. Consecuentemente, la Corte concluyó que “los miembros de la Comunidad Awas Tingni tienen un derecho de propiedad comunal sobre las tierras que habitan actualmente...”[90]

 

La Corte argumentó luego que el reconocimiento de derechos territoriales sin tomar medidas para asegurar el respeto y la garantía de esos derechos es inadecuado. En particular, la Corte estableció que garantizar el respeto por los derechos territoriales incluye la emisión y registro de títulos formales y la demarcación para fijar y hacer conocer los límites del territorio. A continuación de esto la Corte declaró que “los miembros de la Comunidad Awas Tingni tienen el derecho a que el Estado:

 

a) delimite, demarque y titule el territorio de propiedad de la Comunidad; y

b) se abstenga de realizar, hasta tanto no se realice esa delimitación, demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad..[91]

 

Debido a que Nicaragua no observó estos derechos la Corte concluyó que

 

a la luz del artículo 21 de la Convención, el Estado ha violado el derecho al uso y el goce de los bienes de los miembros de la Comunidad Mayagna Awas Tingni, toda vez que no ha delimitado y demarcado su propiedad comunal, y que ha otorgado concesiones a terceros para la explotación de bienes y recursos ubicados en un área que puede llegar a corresponder, total o parcialmente, a los terrenos sobre los que deberá recaer la delimitación, demarcación y titulación correspondientes.[92]

 

Finalmente la Corte sostuvo que

 

el Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de éstas. Asimismo, como consecuencia de las violaciones señaladas de los derechos consagrados en la Convención en el presente caso, la Corte dispone que el Estado deberá proceder a delimitar, demarcar y titular las tierras que corresponden a los miembros de la Comunidad Awas Tingni, en un plazo máximo de 15 meses, con la plena participación, y tomando en consideración el derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres de la Comunidad. Mientras no se hayan delimitado, demarcado y titulado las tierras de los miembros de la Comunidad, Nicaragua se debe abstener de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad Awas Tingni.[93]

 

Como se puede notar de lo precedente, la sentencia de la Corte es de gran alcance y sumamente significativa. En el párr. 46, la Corte establece que el derecho de propiedad en el Convenio Americano tiene un sentido distinto de las definiciones de propiedad de la ley nacional y no está limitado por ellas. Por lo tanto, los derechos de propiedad indígenas, protegidos por el derecho internacional, pueden ser definidos en forma diferente  a las  interpretaciones legales nacionales prevalecientes de esos derechos. La Corte estableció específicamente que los derechos de propiedad indígenas surgen y son aplicables en virtud de la ocupación y uso tradicionales y en virtud del derecho indígena. Conforme a esto, los derechos de propiedad indígena no dependen de un acto u otorgamiento del estado, sino que existen en virtud de la ocupación y el uso tradicional y la operación del derecho indígena. Se requiere a los Estados reconocer y garantizar esos derechos mediante la delimitación, demarcación y titulación (párr. 153). Esta medidas deben realizarse con “la plena participación de los pueblos indígenas y considerando el derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres de” los mismos (párr. 164). En adición al reconocimiento de la naturaleza independiente y colectiva de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas, la Corte también los relacionó a derechos culturales económicos y religiosos (párr. 149):

 

La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su  integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación  con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para  preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.

 

La orden de la Corte en el caso estableció que Nicaragua había violado los Artículos 1, 2, 21 y 25 del Convenio Americano y que el estado debe adoptar medidas para identificar, demarcar y titular las tierras awas tingni “de acuerdo al derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres de estas comunidades”[94]. También requirió a Nicaragua que reconociera, demarcara y titulara las tierras awas tingni y hasta que esto no fuera hecho se abstuviera de tomar ninguna medida que pudiera “afectar la existencia, valores, usos o goce de esa propiedad...”[95]

 

Vínculo web: Objeciones Preliminares:

Español: http://www.corteidh.or.cr/serie_c/c_67_esp.html

Inglés: http://www.corteidh.or.cr/seriecing/c_66_eng.html

 

Sentencia: Español: http://www.indianlaw.org/Sentencia_de_la_Corte.pdf

Inglés: Todavía no disponible.

 

2. Aloeboetoe et al v. Surinam[96]

La petición que inició el Caso Aloeboetoe et al. fue presentada a la CIDH en enero de 1998 y subsiguientemente transmitida al Tribunal en agosto de 1990. El caso implicaba la ejecución extrajudicial de 7 cimarrones saramanka por parte del Ejército Nacional de Surinam en diciembre de 1987. Los cimarrones (maroon) son los descendientes de esclavos africanos escapados que lograron su libertad de la esclavitud luchando y establecieron comunidades autónomas en el interior del bosque tropical de Surinam en el siglo XVIII. Su libertad de la esclavitud y los derechos a la autonomía territorial y política fueron garantizados en tratados concluidos con las autoridades coloniales en los años 1760. La CIDH concluyó su examen del caso en mayo de 1990 cuando redactó un informe -Artículo 50- concluyendo que Surinam había violado los Artículos 1, 2, 4(1), 5(1), 5(2), 7(1), 7(2), 7(3), 25(1), y 25(2) del Convenio Americano. El informe otorgó a Surinam 90 días para implementar las recomendaciones de la CIDH. Surinam no tomó ninguna medida y la CIDH presentó el caso a la Corte para que tomara una decisión.

 

Los argumentos de la CIDH fueron presentados en un memorial fechado el 1 de abril de 1991. Surinam respondió el 28 de junio de 1991 y planteó una serie de objeciones preliminares como la no extinción de los recursos internos. El 3 de agosto de 1991, la Corte ordenó que se celebrara una audiencia en la que se pudieran escuchar los argumentos de las objeciones preliminares. Esta audiencia fue realizada el 2 de diciembre de 1991. Sin embargo, en vez de argumentos que sustentaran sus objeciones preliminares, Surinam decidió aceptar la responsabilidad por la matanza e informó a la Corte esa decisión. La Corte destacó la admisión de Surinam de su responsabilidad y ordenó que el caso fuera retenido para poder establecer resarcimientos.[97] La fase de resarcimiento del caso trata sólo de la compensación y otros remedios apropiados que la Corte puede ordenar. Se estableció una audiencia sobre los resarcimientos según lo establecido por el Artículo 63 del Convenio Americano para el 23 de junio y luego fue pospuesta hasta el 7 de julio de 1992.

 

 El Artículo 63(1) del Convenio Americano autoriza al Tribunal ordenar resarcimientos en casos en que la violación o violaciones han sido establecidas. Establece que “Si la Corte concluye que ha habido una violación de un derecho o libertad protegidos por este Convenio, la Corte deberá dictaminar que la parte perjudicada sea asegurada de su goce a este derecho o libertad que fue violado. También deberá dictaminar, si lo considera apropiado, que las consecuencias de la medida o situación que constituyó el quebrantamiento de este derecho o libertad sea remediada y que se pague una justa compensación a la parte perjudicada”. De acuerdo con la Corte, el Artículo 63 “codifica una regla del derecho consuetudinario que, además, es uno de los principios fundamentales del actual derecho internacional….”[98].

 

Aparte de constituir un caso fundamental sobre las reparaciones en el sistema Interamericano, Aloeboetoe es muy importante para los pueblos indígenas debido a la manera en que la Corte decidió cómo deberían realizarse las reparaciones. Lo que es más importante, la Corte determinó que debe ser considerada la ley saramaka, en vez de la ley surinamesa, para determinar cuáles personas tenían derecho a compensación por el asesinato de los siete hombres.[99] Al llegar a esta conclusión, la Corte puso mucho énfasis sobre el hecho de que el derecho familiar surinamés no era efectivo ni aplicable dentro del territorio saramaka:

 

La única cuestión de importancia aquí es sí las leyes de Surinam en el área familiar se aplican a la tribu Saramaka. En este tema, las pruebas presentadas llevan a la conclusión de que el derecho familiar surinamés no es efectivo en lo que respecta a los saramaka. Los miembros de la tribu no lo conocen y adhieren a sus propias reglas. El Estado, por su parte, no provee las facilidades necesarias para el registro de nacimientos, casamientos y muertes, un requisito esencial para la aplicación de la ley surinamesa. Además, los saramaka no llevan los conflictos que surgen sobre tales asuntos a los tribunales del Estado, cuyo rol en esas áreas es prácticamente inexistente con respecto a los saramaka. Debería destacarse que, en el caso actual, Surinam reconoció la existencia del derecho consuetudinario saramaka.[100]

 

Como el derecho de familia surinamés no era efectivo en territorio saramaka, la Corte contempló la ley saramaka para decidir quiénes eran los niños, esposas y parientes de las víctimas. Sin embargo, la Corte se refiere sólo a la ley saramaka en la medida en que se juzgó que no contravenía el derecho Interamericano de derechos humanos:

 

Como ya se estableció, aquí la ley local no es la ley surinamesa, porque ésta no es efectiva en la región en lo que se refiere al derecho de familia. Entonces, es necesario tomar en cuenta la costumbre saramaka. Esa costumbre será la base para la interpretación de esos temas [hijos, esposas, parientes], en la medida en que no contradiga el Convenio Americano. Por lo tanto, al referirse a los ascendientes, la Corte no hará ninguna diferencia en cuanto al sexo, incluso si esto pudiera ser contrario a la costumbre saramaka.[101]

 

En forma importante, la Corte también destacó que Surinam no había ratificado el Convenio 169 de la OIT, implicando que las previsiones de ese convenio, particularmente las que se aplican con respecto a los sistemas legales, instituciones, costumbres y tradiciones indígenas, serían muy importantes para la resolución de los temas presentados en Aloeboetoe.[102] Diez estados de las Américas han ratificado el Convenio 169 de la OIT. Su importancia para todos los aspectos de casos en el sistema Interamericano debe ser continuamente evaluada mientras el caso progresa a través del sistema.

 

Vínculo web:

En inglés: http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/b_11_15b.htm

En español (formato PDF): http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/!11fndo.pdf

 


NOTAS:


* Programa para los Pueblos del Bosque. Esta Guía ha sido producida con el apoyo de un subsidio de la Fundación Ford

[1] Ver, entre otros,  S.J. Anaya, Indigenous Peoples in International Law (Oxford y Nueva York: OUP, 1996), en p. 49-58, 107; S. Wiessner, The Rights and Status of Indigenous Peoples: A Global Comparative and International Legal Analysis, 12 Harv. Human Rights J. 57 (1999), en  p. 128; R. Torres, The Rights of Indigenous Peoples: The Emerging International Norm, 16 Yale Journal Int'l Law 127; y C. Iorns Magallanes, International Human Rights and their Impact on Indigenous Peoples’ Rights in Australia, Canada and New Zealand, En, P. Havemann (ed.) Indigenous Peoples’ Rights in Australia, Canada and New Zealand. (Auckland: OUP, 1999), p. 238 (“Since the 1970s international law has reflected ‘a new generation of international consensus on indigenous peoples’ rights’” ); p. 242 (“Further significant international legal developments provide evidence that customary international law has accepted the right of cultural self-determination for indigenous peoples and the consequent autonomous control necessary to achieve that ….”); y, S.J. Anaya & R. Williams, The Protection of Indigenous Peoples’ Rights over Land and Natural Resources under the Inter-American Human Rights System. 14 Harv. Hum. Rts. J. 33 (2001).

[2] Por instrumentos de aplicación general se refiere a todos los instrumentos de derechos humanos que se aplican a todas las personas en vez de instrumentos dirigidos exclusivamente a los derechos de los pueblos indígenas.

[3] African Commission on Human and Peoples’ Rights, Resolution on the Rights of Indigenous People/Communities in Africa, Cotonou, Benin, 6 de noviembre 2000. El mandato del Grupo de Trabajo está descrito en la resolución como: “examinar el concepto de pueblos y comunidades indígenas en África; estudiar las implicaciones de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y bienestar de las comunidades indígenas especialmente con respecto a: el derecho de igualdad (Artículos 2 y 3), el derecho a la dignidad (Artículo 5), la protección contra la dominación (Artículo 19), sobre la autodeterminación (Artículo 20) y la promoción del desarrollo cultural y la identidad (Artículo 22); [y] considerar las recomendaciones apropiadas para el monitoreo y la protección de los derechos de las comunidades indígenas”.

[4] Por una publicación oficial de la OEA sobre actividades Interamericana de derechos humanos concernientes a los pueblos indígenas ver, The Human Rights Situation of Indigenous People in the Americas. OEA/Ser.L/V/II.108 Doc. 62, 20 de octubre de 2000. Inglés: http://www.cidh.org/Indigenas/TOC.htm Español: “La Situación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en las Américas”. http://www.cidh.org/Indigenas/indice.htm

[5] Se han escrito también guías sobre el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos.

[6] OEA/Ser.P.AG/doc. 305/ 72, rev. 1, marzo 14, 1973, pp. 90 – 91.

[7] Informe Nos. 90/99 (Caso 11.713) Las Comunidades Indígenas Enxet-Lamenxay y Kayleyphapopyet (Riachito) (Paraguay). En, La Situación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de las Américas. OEA/Ser.L/V/II11.108 Doc. 62 (2000), 173-77.

[8] Íd. , 175.

[9] Id., en 175-76.

[10] Decisión Yanomami, Res. No. 12/85, Caso No. 7615, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1984-85, OEA/Ser.L/V/II.62, doc.10 rev.1 (1985).

[11] Esta masacre fue en sí misma objeto de un caso formal presentado a la CIDH – Caso No. 11.706 Masacre de una Comunidad Indígena Yanomami. El 10 de diciembre de 1999 se logró un arreglo amistoso en el que Venezuela afirmó su obligación de asegurar la integridad física de la comunidad, su derecho a la salud y a cambiar la legislación para garantizar los derechos de los yanomami. Como parte de este arreglo, también se concluyó un acuerdo bilateral entre Venezuela y Brasil, por el que ambos países se comprometieron a implementar un plan para monitorear y controlar las actividades mineras en la región yanomami.

[12] Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil. OEAA/Ser.L/V/II.97 Doc. 29 rev. 1 (1997).

[13] Ïd. 112

[14] Íd.

[15] Informe sobre la Situación de Derechos Humanos de un Segmento de la Población Nicaragüense de Origen Miskito, OEA/Ser.L/V/II.62, doc. 26 (1984).

[16] Íd., 75, párr. 3.

[17] Informe Especial sobre la Situación de Derechos Humanos de los Indígenas Miskito de Nicaragua. OEA/Ser.L/V/II.11, doc. rev.1 (1983).

[18] Informe sobre la Situación de Derechos Humanos de un Segmento de la Población Nicaragüense de Origen Miskito. OEA/ser.L/V:II, doc 26 (1984).

[19] Íd., en 78, párr.9

[20] Íd., en 81, párr. 11.

[21] Íd., en 81, párr. 15.

[22] Informe sobre la Situación de Derechos Humanos de un Segmento de la Población Nicaragüense de Origen Miskito. OEA/ser.L/V/II, doc 26 (1984), 120.

[23] Íd., en 133, párr. 3(j).

[24] Íd., 135. Resolución del Procedimiento de Arreglo Amistoso con Respecto a la Situación de Derechos Humanos de un Segmento de la Población Nicaragüense de Origen Miskito.

[25] Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, Ley No. 28 del 7 de sept. de 1987.

[26] Íd.

[27] Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Ecuador. OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev. (1997).

[28] Íd., 88.

[29] Íd., 92.

[30] Íd., 89.

[31] Íd. 92-5.

[32] Íd. en 94.

[33] Íd. 98.

[34] Id. 115.

[35] Íd. 104.

[36] Tercer Informe Sobre la Situación de Derechos Humanos en la República de Guatemala. OEA/Ser.l/V/II. 67, doc. 9 1986, 114. Vínculo web: sólo en español: http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala85sp/indice.htm

[37] U.N.E.S.CO. Declaración sobre el Etnocidio y el Etnodesarrollo, San José 1981.

[38] Informe Revisado y Actualizado sobre la Cuestión y Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/6.

[39] Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Ecuador, 105-6.

[40] Íd., 106.

[41] Íd. 115.

[42] Comunidades Indígenas Maya y Sus Miembros (Caso 12.053 (Belice)), Informe No. 78/00 (Admisibilidad). Por un artículo en línea en inglés sobre este caso, ver, S. J. Anaya, Maya Aboriginal Land and Resource Rights and the Conflict Over Logging in Southern Belize, 1 Yale Hum. Rts. Dev. L.J. 1 (1998) http://diana.law.yale.edu/yhrdlj/vol01iss01/anaya_james_article.htm

[43] Comunidades Indígenas Maya y Sus Miembros (Caso 12.053 (Belice)), Informe No. 78/00 (Admisibilidad), párr. 6.

[44] Íd. Párr. 9-26.

[45] Íd., párr. 47.

[46] Íd., párr. 53.

[47] Íd., párr. 49, cita, Excepciones del Agotamiento de Recursos Internos (Art. 46(1), 46(2)(a) y 46(2)(b) Convenio Americano sobre Derechos Humanos, Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Opinión Asesora No. OC-11/90 del 10de agosto 10, 1990, 32, párr. 41.

[48] Íd., párr. 50, cita, Caso Godínez Cruz, Objeciones Preliminares. Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Sentencia del 28 de junio, 1987, párr. 90.

[49] El Caso Mayagma (Sumo) de la Comunidad Awas Tingni, Objeciones Preliminares. Sentencia del 1 de febrero de 2000, Serie C No. 66, en párr. 53, citando, entre otros a casos Cantoral Benavídes, Objeciones Preliminares, sentencia del 3 de septiembre de 1998. Serie C No. 40, párr. 31; caso Durand y Ugarte, Objeciones Preliminares. Sentencia del 28 de mayo, 1999. Serie C No. 50, párr. 33.

[50] Mary y Carrie Dann (Caso 11.140 (Estados Unidos)), Informe No. 99/99 (Admisibilidad). Por un artículo en línea en inglés sobre la situación de las Dann, ver, http://www.law-lib.utoronto.ca/Diana/fulltext/duss.htm

[51] Dos ONGs presentaron un informe en apoyo del caso que se pueden encontrar en el siguiente sitio web (sólo en inglés): http://www.ciel.org/Publications/WichiAmiciCuriae2.pdf

[52] Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México. OEA/Ser.L/V/II.100 Doc. 7 rev. 1 (24 de septiembre 1998).

[53] Íd., párr. 577.

[54] Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia. OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1 (26 de febrero 1999).

[55] La Constitución y otras leyes de Colombia que afectan a los pueblos indígenas son analizadas en mayor detalle en el Segundo Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia. OEA/Ser.L/V/II.84 Doc. 39 rev.
(14 de octubre 1993). Vínculos web: Inglés ; Español

[56] Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia, Cap. X, párr. 19.

[57] Íd., párr. 23-7.

[58] Segundo Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Perú. OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 59 rev.  (2 de junio, 2000).

[59] Íd., párr. 19.

[60] Íd., párr. 16. Ver también, Informe Ecuador, supra, nota 73.

[61] Íd., párr. 39(4).

[62] Íd., párr. 26.

[63] Íd., párr. 39(5).

[64] Íd., párr. 39(1).

[65] Íd., párr. 32.

[66] Íd., párr. 35-8.

[67] Íd., párr. 39(2).

[68] Íd., párr. 39(7).

[69] Quinto Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Guatemala. OEA/Ser.L/V/II.111 doc. rev. (6 de abril de 2001).

[70] Íd., párr. 56.

[71] Íd., párr. 57.

[72] Íd., párr. 66(4).

[73] Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Paraguay. OEA/Ser.L/V/II.110 Doc. 52 (9 de marzo de 2001).

[74] Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Paraguay, Cap. IX, párr. 1.

[75] Íd., párr. 28.

[76] Íd., párr. 38.

[77] Íd., párr. 50(8).

[78] Íd., párr. 47.

[79] El pueblo saramaka maroon (cimarrón) también ha presentado una demanda a la CIDH, recurriendo a su asistencia par proteger su tierra, tratado  otros derechos a la luz de la omisión de Surinam de reconocer y respetar estos derechos, tanto por no promulgar garantías legales para proteger sus derechos territoriales como por otorgar concesiones madereras dentro de su territorio sin su participación y consentimiento. El caso, presentado en octubre de 2000, está actualmente pendiente de una decisión de admisibilidad.

[80] Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, Decisión sobre las Objeciones Preliminares del 1 de febrero, 2000, Serie C No. 66. Se puede encontrar un resumen más completo de este caso en: http://www.indianlaw.org/awas_tingni_summary.htm

[81] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa No. 23/01, Comunidad Mayagna Awas Tingni, Washington D. C., 29 de septiembre, 2001.

[82] Mayagna (Sumo) Awas Tingni (Caso 22.577 (Nicaragua)).

[83] RAAN es parte de la estructura administrativa de la Costa Atlántica establecida por el Estatuto de Autonomía de 1987. Ver, el análisis del Informe Miskito más arriba.

[84] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 27/98 (Nicaragua), citado en, El Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, Sentencia sobre las Objeciones Preliminares del 1 de febrero, 2000, Serie C. No.66. párr. 22.

[85] Íd.

[86] El Caso de la Comunidad Mayagma (Sumo) Awas Tingni, Sentencia sobre las Objeciones Preliminares de 1 de febrero, 2000, C. Interam. de D. H. Ser. C No. 66, párr. 53.

[87] Íd., párr. 54.

[88] Indian Law Resource Center,  Unofficial English Translation of Selected Paragraphs of the Judgment of the Inter-American Court of Human Rights In the case of The Mayagna (Sumo) Indigenous Community of Awas Tingni v. the Republic of Nicaragua Issued 31 August 2001 (notas al pie omitidas) (en archivo del autor).

[89] Íd., párr. 149 y 151.

[90] Íd., párr. 153.

[91] Íd.

[92] Íd.

[93] Íd., párr. 164.

[94] Íd., párr. 173.

[95] Íd.

[96] Caso Aloeboetoe et al. Resarcimientos (Art. 63(1) del Convenio Americano de Derechos Humanos), Sentencia del 10 de septiembre, 1993, Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Serie C. No. 15. Por un análisis detallado del Caso Aloeboetoe, ver, entre otros R. Price, Executing Ethnicity: The Killings in Suriname, 10 Cultural Anthropology 437 (1995) y, D. Padilla, Reparations in Aloeboetoe v. Suriname, 17 Human Rights Q (1995).

[97] Caso Aloeboetoe et al. Sentencia del 4 de diciembre de 1991, Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Serie C No. 11.

[98] Caso Aloeboetoe et al. Resarcimientos (Art. 63(L1) del Convenio Americano de Derechos Humanos), Sentencia del 10 diciembre de 1993. Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Serie C No. 15, párr. 43.

[99] Íd., párr. 62.

[100] Íd. párr. 58.

[101] Íd., párr. 62.

[102] Íd., 61.

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 Dra. Teodora ZAMUDIO