La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

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Comunidad Mapuche Vera – Dictamen del Dr. German Bidart Campos sobre Derechos Hereditarios y Propiedad Comunitaria

 DICTAMEN

 1- Para dictaminar sobre los derechos históricos que inviste la Comunidad Mapuche Vera de la provincia del Neuquen, voy a ocuparme de. su preexistencia, de la ley 23.302, de la ordenanza 115/87, y del actual art. 75 inc. 1 7 de la constitución reformada en 1994.

 Adelanto que en mi interpretación personal, todas las alusiones a los descendientes de don Carlos Vera, a sus sucesores, y a la comunidad indígena que tuvo su origen en aquel, se han de entender referidas a cuantas personas derivadas de, ese tronco histórico conviven y comparten las tierras que se hallan en discusión.

 2- Digo esto porque me queda claro que no se trata de derechos sucesorios o hereditarios o en el sentido del código civil, sino de los derechos históricos que,"como pueblo indígena preexistente, le pertenecen a la Comunidad Mapuche Vera, con personalidad jurídica otorgada (mejor sería decir, ahora, con lenguaje de la constitución: “reconocida”) por decreto 4149 del 22 de octubre de 1991 dictado por el gobernador de la provincia del Neuquen,

3- Doy por cierto e indiscutible que, desde fines del siglo pasado se perfiló la identidad étnica, cultural e histórica de lo que hoy es la Comunidad Mapuche como grupo o pueblo  indígena preexistente, y que hay que partir de esos antecedentes para reconocerle la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, en los términos del citado art. 75 inc. 17.

4- A ello debo agregar como de capital importancia que al momento de fallecer don Carlos Vera, este no era propietario de esas tierras con el alcance de un derecho real de dominio civilista, lo que me convence de que de acá no se trata de discutir derechos sucesorios o hereditarios de sus causahabientes, porque nadie puede transmitir a ellos un derecho del que no era ni es titular. Don Carlos Vera no investía un derecho de dominio al tiempo o de su muerte, por lo que ninguno de quienes puedan ser declarados herederos en su juicio sucesorio están en condiciones de pretender la adjudicación de tierras que se hallaban fuera del patrimonio del causante. No hay ni puede haber sobre las tierras en disputa una trasmisión "mortis causae" regida por las disposiciones del código civil.

5- De lo que acá se trata es de algo totalmente ajeno al régimen sucesorio civilista. Se trata -nada mas y nada menos- de dar efectividad a la cláusula operativa del art. 75 inc. 17 para aplicarla en orden a la posesión y propiedad comunitarias de las tierras. Si la ocupación tradicional se retrotrae a la época en que don Carlos Vera estaba vivo, la posesión y propiedad al día de hoy (o mejor al 24 de  Agosto de 1994, en que entró a regir la reforma de la constitución) se ha de reconocer a favor de quienes, como comunidad aborigen (la Comunidad Mapuche Vera), han mantenido y mantienen la convivencia grupal en ese ámbito. Reitero que es una transmisión hereditaria “mortis causae” a favor de  quienes acrediten ser herederos conforme al código civil, sino un título supraindividual o colectivo de la comunidad indígena en cuanto derecho histórico suyo.

6- La ley 23.302, anterior a la reforma constitucional, contiene normas que, en lo que ahora interesa, aluden al acceso a la propiedad de la tierra. Me resulta elocuente, por ejemplo, el art. 7º que para la adjudicación de tierras apunta a que deben hallarse en el lugar donde habita la comunidad, o en zonas próximas. No hay, como se advierte, remisión alguna a derechos hereditarios del código civil reconocidos o discernidos individualmente a cada uno de los eventuales sucesores. Siempre se torna en cuenta a la comunidad que cohabita grupalmente, con o sin título hereditario civilista.

Lo confirma el art. 12, cuando entre las obligaciones de los adjudicatarios, prescribe que deben habitar el lugar con radicación en él, y trabajar sus tierras.

Por fin, el art. 4º dice que las relaciones entre los miembros de las comunidades con personalidad jurídica se regirán por las leyes de cooperativas, de mutualidades, u otras formas de asociación legal reconocida. Tampoco aparecen acá reenvíos al régimen sucesorio del código civil

7- La ordenanza 115/87 se liga indisolublemente, a estos dispositivos previos a la reforma constitucional, y han de interpretase a la luz de las normas vigentes cuando aquella ordenanza fue dictada, porque tuvo como finalidad Indudable dar cumplimiento a la ley 23.302.

El "Visto" de   la ordenanza habla de "derechos históricos" adquiridos por don Carlos Vera. No se refiere a derechos "sucesorios" del código civil. Esos derechos históricos son los que ahora han plasmado en el reconocimiento deparado por el art. 75 inc. 17 de la constitución. Por algo, en los considerandos de la ordenanza encontramos el reconocimiento de un "afincamiento" llevado a cabo durante 80 años, y la alusión al “otorgamiento" de tierras a don Carlos Vera para que se estableciera en el lugar con su familia. Se dice asimismo que no media título de propiedad alguno que respalde la posesión pacífica de las tierras, lo que, revela que mal se podían reconocer- derechos hereditarios a sus descendientes sobre bienes que no eran del dominio de Vera ni se hallaban dentro de su patrimonio transmisible.

8- En consecuencia, cada. vez que con terminología diferente la ordenara 115/87, menciona a la "sucesión' Vera, y a los "sucesores" de don Carlos Vera para transferir la titularidad del dominio en los términos de la ley 23.302,  entreveo con nitidez meridiana que tiende a titularizar el derecho dominial en la “comunidad" Vera sucesora de don Carlos Vera no como un conjunto o conglomerado de herederos “civiles”, sino como un grupo conviviente indígena que “sucede”, prolonga y conserva la cohabitación y radicación en el lugar, del modo exigido entonces por la ley 23.302, y que tiene personalidad jurídica propia.

9- Si de acuerdo al código civil don Carlos Vera no fue propietario, y si por ende al ocurrir su fallecimiento no transmitió ni pudo transmitir a sus herederos un derecho de dominio del que él carecía, he de interpretar que la ordenanza 115/87 mal podía reconocer o conceder derechos sucesorios que, como propios del código civil, no puedes  ser regulados ni modificados por normas inferiores. Una ordenanza municipal que confiriera derechos "mortis causae" al margen y en contra del código civil a quienes no  son ni pueden ser herederos de don Carlos Vera, incurriría en alteración del régimen sucesorio civilista y sería a todas luces inconstitucional.

10- De ahí que la citada ordenanza, dictada para dar aplicación a la ley 23.302, tiene el sentido y el alcance de reconocer el derecho "histórico" que inviste la comunidad indígena a la que dio origen Vera, a la transferencia de las tierras donde tradicionalmente cohabitaron sus descendientes. "Descendientes" no son "sucesores" civiles con derecho hereditario, sino sucesores "históricos" que, con o sin parentesco legal, han estado radicados y han trabajado las tierras en la forma descripta por el art. 4º' y el art. 7º de la ley 23.302, que son las mismas tierras, aludidas en el art. 75 inc. 17 de la constitución reformada.

11- Estamos ante el derecho histórico de quienes, como tronco ancestral de don Carlos Vera y su familia originaria, ocupan esas tierras comunitariamente, por formar parte de un grupo étnico y cultural asentado en el lugar. Este es el único alcance y única acepción que, a la luz de la ley 23.302, de la ordenanza 115/87 v del art. 75 inc. 17 de la constitución, puedo atribuirle a los vocablos "sucesión" y sucesores" de don Carlos Vera, sin que proceda introducir ningún derecho hereditario emergente del código civil o regido por él, por ser totalmente ajeno a la cuestión era análisis.

Es la geografía, la historia y la constitución, las que perfilan el derecho a la transferencia de tierras con título de propiedad para la Comunidad Mapuche "Vera”', no para los herederos civiles de don Carlos Vera, que no pueden invocar ni titularizar derecho “personal” alguno, sino solamente los derechos históricos en la medida en que hayan formado y formen parte permanente y sin discontinuidad del grupo  que ha cohabitado y cohabita en el lugar a transferir.

12. Por ende:

a)       no puede hablarse de derechos "adquiridos" en virtud de la ordenanza 115/87 si  por derechos adquiridos se entendiera derechos sucesorios del código civil;

b)       Si dicha ordenanza recibiera una interpretación en cuyo mérito se dijera que invistió de tales derechos sucesorios civilistas a los herederos de Don Carlos Vera, sería inconstitucional desde antes de la reforma constitucional (por reconocer derechos hereditarios a quienes de acuerdo al código civil no pudieron heredar lo que no formaba parte del patrimonio ni era propiedad del causante.

c)       los derechos reconocidos por la ordenanza 115 son derechos históricos en les términos de la ley 23.302 y, ahora, de la constitución reformada (art. 75 inc.. 17), eso y solo eso.

d)       el art. 75 inc.17 prevé en forma operativa v directa un régimen diferente a la normativa del código civil en materia de propiedad y de derecho sucesorio;

e)       con las interpretaciones que vengo desarrollando estimo que no existe, responsabilidad alguna del municipio para con los herederos civilistas de don Carlos Vera.

f)         solamente hay que tomar en cuenta el derecho a una propiedad comunitaria de la persona jurídica "Comunidad Mapuche Vera, (personería jurídica 4149/91) reconocida por decreto 4149/91;

g)       El municipio debería dictar una ordenanza en tal sentido, con fundamento en la interpretación que personalmente aconsejo.

h)       el juzgado donde tramita la sucesión de don Carlos Vera deberá aplicar el código civil, y conforme a sus normas los herederos sólo podrán ser declarados tales en relación con el derecho civil de propiedad que titularizaba el causante al tiempo de su muerte; de incluirse en el régimen sucesorio del código civil las tierras que no integraban su patrimonio, la Comunidad Mapuche vera debería impugnar todo cuanto perjudicara los derechos históricos que comunitariamente he venido analizando.

 GERMAN J. BIDART CAMPOS

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1997.

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