La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

in re Co. Catalán s/acto eleccionario

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Tribunal Superior de Justicia de la Pcia. del Neuquén

"Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina C/Provincia de Neuquén S/Acción de Inconstitucionalidad" (Res. Int. N° 4.203) -

NEUQUEN, 3 de junio de 2004.//-

V I S T O:

Los autos caratulados: "Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina C/Provincia de Neuquén S/Accion de Inconstitucionalidad", Expte N° 1090, Año 2004, en trámite por ante la Secretaría de Demandas Originarias del Tribunal Superior de Justicia, venidos a conocimiento del Cuerpo para resolver, y

CONSIDERANDO:

I. A fs. 22/34 vta. los accionantes, en el marco de la acción regulada por la ley 2130 en la que pretenden la declaración de inconstitucionalidad de la ley 2439 y del decreto N° 002/04, requieren que este Tribunal Superior disponga, en carácter cautelar, la suspensión del acto eleccionario del día 6 de junio de este año, dispuesto por el art. 2° del decreto que cuestionan.-

Fundamentan su requerimiento cautelar, en el entendimiento que, de llevarse a cabo el acto electoral convocado, a efectos de que la comunidad exprese su voto para seleccionar a las autoridades que conformarán la Comisión Municipal de Villa Pehuenia, se obligaría a los miembros de las comunidades indígenas "Catalán", "Puel" y "Plácido Puel" que representan, a participar, bajo pena de ser sancionados -art. 122 y ss. de la ley 165- en una actividad que consideran dañina para la preservación de su propia cultura. Ello, según lo interpretan, en franca violación a las garantías que les confiere el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que integran el derecho argentino, haciendo especial alusión al art. 3.2 del convenio 169 de la OIT.-

Conforme surge del relato efectuado en el escrito introductorio, los peticionantes denuncian la omisión en que incurriera el Estado provincial, al sancionar la ley de creación del Municipio de Villa Pehuenia, en cuyo ejido se encuentran asentadas las comunidades mapuches que integran, respecto al cumplimiento de la obligación de otorgarles la participación, cada vez que se prevean medidas legislativas y/o administrativas susceptibles de afectar sus intereses, deber emergente de la normativa en que fundan el derecho que les asiste.-

Concluyen en que la realización del acto electoral vulneraría, de manera insanable, sus derechos por cuanto, la posterior declaración de inconstitucionalidad de las normas impugnadas, sólo se proyectaría hacia el futuro, con lo cual el daño ocasionado sería irreparable.-

Requieren que la presente medida se resuelva inaudita parte, atento a la urgencia que el caso plantea, por la proximidad de realización del acto electoral.-

II.- A fs. 40 se expide el Sr. Fiscal del Cuerpo, propiciando el rechazo de la medida cautelar requerida.-

III.- Ingresando al análisis de las presentes actuaciones, ha de señalarse, en primer lugar, que los accionantes se encuentran legitimados para la interposición de la acción intentada, y consecuentemente para formular la requisitoria cautelar "sub análisis", atento a lo reiteradamente resuelto por este Tribunal Superior, en materia de legitimación procesal amplia, a partir del caso "AROMANDO" -R.I. Nº 223/84-, y "Comunidad Mapuche Zúñiga", -R. I. 1146/94- (jurisprudencia anterior a la reforma constitucional de 1994)) y en virtud del reconocimiento expreso de la preexistencia de estas comunidades y de los derechos conferidos por el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, a partir de la mencionada reforma.-

IV. Sentado lo expuesto, ha de recordarse que la medida solicitada reviste un carácter excepcional en el marco de la acción de inconstitucionalidad, por la indudable presunción de validez que poseen los actos de los poderes públicos y porque tal petición implica -indirectamente- la suspensión, aunque transitoria, de la aplicación de actos de alcance general que, "prima facie", se hallan investidos de la misma (cfr. al respecto los numerosos antecedentes de este Tribunal Superior de Justicia plasmados en R.I. nros. 1146/94, 1150/94, 1328/96, entre tantas otras).-

Partiendo de esta premisa, ha de adelantarse que los accionantes no han logrado desvirtuar, con el grado de certeza indispensable para el favorable andamiento de la protección cautelar, la presunción de constitucionalidad aludida.-

En el caso que nos ocupa, los actores invocan el derecho constitucionalmente acordado a las comunidades indígenas y la correlativa obligación que pesa sobre los poderes públicos en punto a asegurar su participación en la gestión referida a los recursos naturales y a los demás intereses que los afecten -art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional-, intervención igualmente acordada por la normativa de rango internacional que citan.-

Pero, concomitantemente con la consagración de tales garantías, los constituyentes han establecido otros derechos - obligaciones que pesan sobre los poderes constituidos y sobre los habitantes de la Nación.-

Los primeros, vinculados con la organización del régimen municipal impuesto a las provincias por el art. 5 y 123 de la Constitución Nacional y por las normas constitucionales locales emergentes de los arts. 11, 183 y cc. de la Legislación Suprema de la Provincia de Neuquén. En tanto que los segundos, se hallan engarzados con la calidad universal y obligatoria del sufragio popular -art. 37 párrafo primero, "in fine" de la Constitución Nacional y art. 65 de la Carta Magna local, en cuanto lo define como un derecho que corresponde a todos los ciudadanos y a la vez, como una función política que tienen el deber de ejercer con arreglo a esta Constitución y a la ley respectiva-.-

Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que el Poder Legislativo al sancionar la ley cuya inconstitucionalidad se peticiona, interpretó, en ejercicio de atribuciones propias, las Cartas Magnas Nacional y Local, en virtud de competencias irrenunciables e indelegables impuestas por los respectivos Constituyentes, a efectos de organizar el régimen municipal -arts. 5° y 123 de la Constitución Nacional y arts. 11, 101 inc. 4°, 183, 185 y cc. de la Constitución Provincial-.-

De otra parte, el acto cuya suspensión peticionan cautelarmente los actores, importa la inhibición, al menos temporal, del derecho -deber de participar en la conformación del gobierno comunal, a través del sufragio, que posee el electorado votante en el nuevo Municipio creado por la Legislatura.-

En este sentido, corresponde consignar que la importancia del sufragio ha sido enfatizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde sus orígenes, al sostener que: "la pureza del sufragio es la base de la forma representativa de gobierno, sancionada por la Constitución Nacional y es de importancia sustancial reprimir todo lo que pueda contribuir a alterarla" (Fallos 9-14, "Lagraña") . El más alto Tribunal expresó, en idéntica línea de razonamiento, el 17/5/33 que: "En el sistema republicano representativo como el de nuestro pueblo, en cuyo nombre se dicta el estatuto fundamental, es la fuente originaria de la soberanía, cuyo ejercicio es el voto de los ciudadanos... Que esta prerrogativa preciosa del ciudadano es irrenunciable..., constituye el fundamento del gobierno, sin el cual no () es posible la existencia del Estado... Fuerza es compeler al ciudadano al ejercicio del voto, sea éste derecho o función, es inherente a la esencia de aquél, toda vez que así lo exige la vida misma de la República, cuya desaparición es inconcebible por el abandono de sus propios hijos... El Congreso ha podido, reglamentando el sufragio, hacerlo obligatorio... no se advierte cómo el voto obligatorio puede ser repugnante al art. 33 CN., ya que dicha exigencia, por su propia naturaleza nace precisamente del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno" (Fallos 183-175 en autos "Esquivel" ;; cfr. en idéntico sentido, Corte Suprema de Justicia de Santa Fe 29/11/94 in re "Holder, Joel A.  otros, J.A. 1995-II-404).-

V. Ahora bien, a esta altura del análisis, conforme también lo sostuviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha de señalarse que "los derechos fundados en cualquiera de las cláusulas de la Constitución Nacional tienen igual jerarquía, por lo que la interpretación de ésta debe armonizarlas, ya sea que versen sobre los llamados derechos individuales o sobre atribuciones estatales." (Fallos 264-94;; 302-60 y muchos otros).-

Asimismo y siguiendo los términos de nuestro Supremo Tribunal Nacional, se concluye que "...la Constitución es una estructura coherente y, por lo tanto, ha de cuidarse en la inteligencia de sus cláusulas, de no alterar en este caso el delicado equilibrio entre la libertad y la seguridad. La interpretación del instrumento político que nos rige no debe, pues, efectuarse de tal modo que queden frente a frente los derechos y deberes por él enumerados, para que se destruyan recíprocamente. Antes bien, ha de procurarse su armonía dentro del espíritu que les dio vida." (Fallos 312-508 y 509) (11)".-

En función de lo hasta aquí expuesto, debemos poner de resalto que efectuando una interpretación armónica e integradora de los distintos derechos emergentes de las cláusulas constitucionales en aparente tensión, este Cuerpo concluye que no se advierte "prima facie" la violación de la garantía constitucional que los accionantes invocan.-

Por el contrario, una de las vertientes de la participación requerida por los mismos aparecería concretizada a través del acto cuya suspensión paradójicamente requieren, por cuanto cumplimentándose con la obligatoriedad del sufragio se da acabado respeto al derecho a la participación ciudadana en el sistema democrático constitucional.-

Por lo demás, nada indica que constituido el gobierno comunal, las autoridades elegidas por el pueblo omitan conferir a los accionantes la oportuna participación en la gestión de los intereses comunales que puedan incidir de manera directa en la vida de las comunidades indígenas cuya representación invocan. No debe descuidarse en este aspecto que, justamente es el municipio, el primer ámbito en donde los hombres ejercitan sus derechos y es dentro de este esquema de descentralización política adoptado por el Constituyente provincial ya desde 1957, donde se propicia el mayor grado de participación en la toma de decisiones que inciden directamente en la vida comunitaria.-

Por tal razón, y en atención a no vislumbrase con la meridiana certeza requerida el "fumus bonis iuris" habilitante de la medida cautelar peticionada se impone su rechazo, sin perjuicio de reconocer que este pronunciamiento se emite dentro del acotado marco propio de una medida cautelar y que, por lo tanto no compromete la decisión de fondo a adoptarse en los presentes.-

VI. Lo dicho alcanza para la desestimación del requerimiento precautorio impetrado. No obstante, respecto al recaudo atinente al peligro en la demora que denuncian los peticionantes, deben efectuarse las siguientes consideraciones.-

La ley 2439 denunciada como inconstitucional por los demandantes fue sancionada el 19 de septiembre de 2003, mientras que el decreto de convocatoria a elecciones cuya suspensión requieren fue dictado el 2 de enero de 2004 y publicado en el B.O. el día 9 del mismo mes y año. Por su parte, el presente requerimiento cautelar se formuló el día 2 de junio de 2004, a sólo cuatro días de la celebración del acto electoral que se pretende suspender cuatelarmente, acudiendo a este Tribunal.-

Los accionantes contaron con un considerable espacio de tiempo para formular tal requerimiento y no lo hicieron, acudiendo a esta instancia, ante la inminencia de la celebración del acto comicial programado con la antelación que impone la ley N°165. Invocar, en tales circunstancias, el peligro que acarrearía la generación de un daño de insuficiente o imposible reparación ulterior, resulta contradictorio con su propia inacción previa.-

VII. Por las razones invocadas, atento al marcado cariz restrictivo con que deben ponderarse este tipo de peticiones precautorias, cuando se enderezan a la suspensión de la vigencia de normas emanadas de los órganos que ejercen las funciones del poder público, se impone el rechazo del requerimiento cautelar "sub examine", dado que los argumentos actorales no alcanzan para enervar tal criterio.-

Por lo expuesto, de conformidad Fiscal:

SE RESUELVE:

1) Rechazar la solicitud de suspensión de la vigencia del art. 2° del decreto N° 002/04 que establece la realización del acto eleccionario a llevarse a cabo en Villa Pehuenia el día 6 de junio de 2004.-

2) Regístrese, notifíquese.//-

Fdo.: Dr. JORGE OSCAR SOMMARIVA (Presidente) - Dr. MARCELO J. OTHARAN - Dr. ARTURO E. GONZALEZ TABOADA - Dr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ - Dr. EDUARDO JOSE BADANO

Dra. MARIA JULIA BARRESE - Secretaria

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