La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

in re Pueblo Bríbi

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"Asociación Comisión para la Defensa de los Derechos Indígenas del Pueblo Bríbri, contra el Decreto Ejecutivo Nº 21475-G de 1992 que crea los "Consejos Étnicos Indígenas".

Costa Rica. Acción de Inconstitucionalidad. Voto 3197-95, de 20 de junio de 1995

Categoria: - Convenio169, Costa Rica, Jurisprudencia, Consulta

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resuelve acción de inconstitucionalidad interpuesta por la entidad indígena "Asociación Comisión para la Defensa de los Derechos Indígenas del Pueblo Bríbri, contra el Decreto Ejecutivo Nº21475-G de 1992 que crea los "Consejos Etnicos Indígenas". La acción reclamaba que la emisión de ese Decreto atentaba contra el derecho de consulta que en favor de los Pueblos Indígenas consagra el Convenio núm. 169 de la OIT al no haber sido el mismo consultado debidamente a las propias comunidades indígenas, sino solo a unas pocas entidades formales de esos territorios. Se declaró sin lugar la acción, por considerarse que los indígenas si fueron consultados.

Acciones de Inconstitucionalidad: Cuatrimestre 2, 1995 Voto 3197

Accion de Inconstitucionalidad N° 1026-93 C.O.N.A.I. c/Decreto Ejecutivo N° 21475-G DEL 12/10/1992. Exp. N° 1026-P-93 N° 3197-95

Sala Constitucional de la Corte Suprema De Justicia. San José, a las quince horas con dieciocho minutos del veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco.

Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por Guillermo Rodríguez Romero, cédula de identidad #1-071-515, en su condición de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Comisión para la Defensa de los Derechos Indígenas del Pueblo Bribrí, contra el Decreto Ejecutivo #21475-G del 12 de octubre de 1992. RESULTANDO

[Antecedentes]

I.- Alegó el recurrente que, a pesar de que los artículos 6.1 y 6.2 del Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la O.I.T., aprobado por Ley #7316 del 3 noviembre de 1992, establecen el principio de consulta a los pueblos indios respecto de actos que se emitan en las vías administrativa o legislativa que se relacionen con ellos, en el Decreto Ejecutivo #21475-G del 12 de octubre de 1992 no sólo no se siguió ese procedimiento, sino que introdujo elementos que atentan contra los derechos de estos pueblos indígenas. Por ello, solicitó que se declare inaplicable el Decreto Ejecutivo impugnado y que se establezca un procedimiento que asegure que, en lo sucesivo, las autoridades del Poder Ejecutivo y de las instituciones de derecho público consulten de manera legítima y conforme a estas comunidades a través de sus entidades tradicionales legitimadas para representarlos.

II.- Farid Beirute Brenes, Procurador General Adjunto de la República, contestó la audiencia conferida en los siguientes términos: el Decreto Ejecutivo #21475-G fue emitido el 12 de octubre de 1992, en tanto la Ley #7316, que aprueba el "Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribunales en Países Independientes" fue aprobada el 3 de noviembre de ese año, es decir, que el Decreto Ejecutivo es anterior a la Ley; no obstante, en razón de vigencia, el convenio es anterior al Decreto Ejecutivo. Independientemente de lo anterior, señaló que el contenido material del Decreto Ejecutivo impugnado fue consultado al Instituto Geográfico Nacional, a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, a la Municipalidad de Corredores, a la Asociación Indígena Costarricense y a la Junta Directiva de CONAI, tal y como prescribe el artículo 6.1 a) del Convenio, razón por la cual, la alegada violación al debido proceso es infundada.

III.- Sara José White Solano, Presidenta de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, en la audiencia conferida, manifestó que el decreto cuestionado fue firmado con fecha anterior al momento de publicación y entrada en vigencia del Convenio sobre Pueblos Indios. Sin embargo, CONAI, a instancias del Poder Ejecutivo y previo a tramitar el decreto cuestionado, procedió a consultar el proyecto a las reservas indígenas, por medio de sus representantes legales. Incluso, en distintas oportunidades, las comunidades indígenas solicitaron al Presidente la reglamentación de los puntos establecidos en el Decreto Ejecutivo impugnado, de manera que han sido los mismos indígenas los autores y propulsores del Decreto Ejecutivo #21475-G, que fue firmado el 12 de octubre de 1992, en presencia de los representantes de las 22 reservas indígenas del país, incluyendo los de las zonas para las que trabaja el accionante y su comisión. Indicó que la finalidad del decreto impugnado es resaltar y dar reconocimiento a la identidad indígena, por lo que resultan falsas las afirmaciones del accionante, al indicar éste que los indígenas no fueron informados ni consultados. Todo ello denota, a su juicio, que la acción no constituye una defensa para garantizar los derechos de los indígenas, sino una voluntad deliberada de oponerse a todo procedimiento indigenista que provenga del CONAI, sin siquiera hacer consultado el accionante a los indígenas si consideraban arbitrario, inconstitucional y perjudicial para ellos ese decreto. Indicó que, de hecho, el accionante no cuenta con el apoyo de las comunidades. Por lo anterior, solicitó que se rechace la presente acción de inconstitucionalidad, por carecer de fundamento legal.

IV.- En escritos presentados ante esta Sala por Felipe Estrada Torres, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Ujarrás; Otilio López, Vice-presidente de la Reserva Indígena Nairi Awari; Edwin Hernández Parra y otros representantes de la Reserva Indígena de Zapatón de Puriscal; Alfredo Jiménez, Secretario de la Asociación de la Reserva Indígena Cabecar de Tayni; Fabio Sandoval Sandoval, Presidente de la Asociación de la Reserva Indígena Cabecar de Telire; Otilio Mora Jiménez, Vice-presidente de la Reserva Indígena Cabecar de Bajo Chirripó; Iris Rojas Sánchez, secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Quitirrisi de Mora; Carlos Iginio Súñiga, secretaio de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabecar de Talamanca; y Juan Sánchez Agüero y otros representantes de la Asociación de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí de Mora, manifestaron su apoyo al Decreto Ejecutivo #21475-G e indicaron que es falso que haya sido tramitado sin consultarlo a los indígenas, por lo que solicitaron que no se acoja la acción planteada.

V.- En escrito de 3 de mayo de 1993, los representantes de los Consejos Directivos de las Reservas Indígenas legalmente establecidas manifestaron su rechazo a la acción de inconstitucionalidad presentada, por considerarla perjudicial de los intereses indígenas; valoraron el decreto como un aporte al rescate de su identidad y consolidación de sus organizaciones; negaron que tal decreto haya sido tramitado sin consultarles, y afirmaron que los accionantes no son reconocidos como representantes o voceros de los indígenas, ni siquiera de la comunidad Bribrí de Talamanca. Solicitaron se rechazara la acción, y adjuntaron una serie de folios con firmas de los miembros de las Juntas Directivas delas diversas Asociaciones de Desarrollo Integral, en adhesión al decreto.

VI.- En escrito presentado el 22 de marzo de 1995, el recurrente señaló que en un documento que recibió del "Comité de la Organización del Derecho Ngjavegue de la Reserva Indígena Guaymi-Coto Brus" se denuncia la injerencia de intereses no indígenas alrededor de la reciente coronación del cacique Guaymi, que es miembro de CONAI y no tiene el apoyo de su comunidad. A su juicio, este tipo de acciones que riñen con la tradición indígena son desarrolladas en el decreto ejecutivo impugnado. Asimismo, miembros de la Asociaciación Cultural Ngobegue, de la Asociación Ngöbe de Altos de San Antonio, vecinos de las comunidades indígenas de Cabagra, Salitre, Rey Curré, Osa, Conte Burica, Térraba, Boruca, Guaimy de Coto Brus y el Pueblo Indígena de San Antonio, manifestaron su desacuerdo con el Decreto Ejecutivo #21475-G porque consideran que el hecho de que se divida en cinco pueblos la organización indígena atenta contra los pueblos indios, y no están de acuerdo en que haya un solo cacique que los represente, razón por la que no reconocen el reciente nombramiento del cacique, pues esto significa imponerles una forma de asociación sin consulta alguna y sin poder participar en la elección y funcionamiento de las presuntas Asociaciones de Consejos Etnicos, lo cual viola lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución Política.

VII.- Mediante resolución de las 16:05 horas del 23 de marzo de 1993, se dio curso a esta acción de inconstitucionalidad, confiriéndose audiencia a la Procuraduría General de la República y a la representante legal de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Los edictos de ley fueron publicados en los Boletines Judiciales #67, #68 y #69 del 7, 12, y 13 de abril de 1993.

VIII.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley. Redacta el Magistrado Granados Moreno; y, CONSIDERANDO

I.- Sobre la admisibilidad

El recurrente acciona a nombre de la "Asociación Comisión para la Defensa de los Derechos Indígenas del pueblo Bribrí" y tiene como base el amparo N° 629-93, en el cual la Sala, por resolución de las 16:00 horas del 18 de febrero de 1993, le concedió plazo para interponer la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo #21475-G del 12 de octubre de 1992, por encontrarse entre los supuestos del artículo 30 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

II.- Sobre el fondo

En el presente caso, el recurrente impugna el Decreto Ejecutivo #21475-G del 12 de octubre de 1992, mediante el cual se establecen los "Consejos Etnicos Indígenas" como organismos socioculturales consultivos y de coordinación entre las diferentes Reservas Indígenas pertenecientes a un mismo grupo étnico indígena, con el fin de mantener la cohesión del mismo por medio de actividades culturales, de manera que cualquier acción eventual de los Consejos Etnicos en las Reservas se hará a través de las Asociaciones de Desarrollo Integral locales, respetando la autonomía de éstas. Señala que para la emisión de este Decreto Ejecutivo no se consultó a los pueblos indios, según lo dispone el Convenio N° 169 de la O.I.T. sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en sus artículos 6.1 y 6.2.

III.- Independientemente de que el "Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes", aprobado mediante Ley N° 7316 del 3 de noviembre de 1992, con posterioridad a la firma del Decreto Ejecutivo #21475-G del 12 de octubre de 1992, y que la publicación de la Ley fuera anterior a la del decreto ejecutivo impugnado, lo cierto es que los indígenas sí fueron consultados y, según consta a folio 42 y 43 del expediente, manifestaron su acuerdo ante CONAI con el Decreto Ejecutivo. Asimismo, las manifestaciones presentadas ante esta Sala por diferentes Asociaciones de Desarrollo Integral de las Reservas Indígenas señalan que el decreto ejecutivo impugnado fue tramitado por iniciativa de las comunidades indígenas y de sus representantes. En virtud de lo anterior, estima la Sala que no es inconstitucional el Decreto impugnado, por lo que esta acción debe ser declarada sin lugar.

POR TANTO, Se declara sin lugar la acción. Luis Paulino Mora M.Presidente. Jorge E. Castro B. Luis Fernando Solano C. Eduardo Sancho G. Hernando Arias G. Fernando Albertazzi H. Mario Granados M.

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