La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

in re comunidad Arhuaca/libertad de culto

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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria.

Julio de 1997 Expediente No. 4254

 

Resumen

I. Antecedentes

Se instauro acción de tutela contra las autoridades indígenas del Cabildo Gobernador de la comunidad indígena Arhuaca, el Cabildo Mayor del Corregimiento de la Sabana del Jordán, el Fiscal de Sabana de Crespo, Dionisio Villafaña, el Secretario del Mamo, los momos (sic) de la zona y las demás autoridades indígenas responsables de las violaciones de los derechos constitucionales fundamentales a la libertad de cultos, de expresión y opinión, de conciencia y personal, a la vida y a la integridad personal, a la igualdad, a la honra y al libre desarrollo de la personalidad. La infracción aludida se fundamenta

La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia llegó a la Sierra Nevada de Santa Marta hace aproximadamente 39 años, fundando el corregimiento de Sabana del Jordán. Desde esa época, y con mayor intensidad en los últimos quince años, las autoridades indígenas han venido cometiendo arbitrariedades, injusticias y atropellos en contra de los indígenas que profesan el evangelio, tales como la prohibición de realizar cultos a Dios bajo amenazas de detención, el despojo de textos bíblicos y objetos personales, las detenciones y encarcelamientos efectivos a miembros y pastores de la iglesia, al punto de arrodillarlos en piedras y cerrarles el templo con candado, lo que ocurrió hace 9 años, obligando a los creyentes a celebrar los cultos clandestinamente por un espacio de cinco años; Que el Pastor Jairo Salcedo Benítez construyó hace cuatro años un nuevo templo en Peñíqueme, previo respaldo solicitado por escrito ante las autoridades de la comunidad indígena de parte de los aborígenes creyentes, quienes pidieron autorización para que entrara a la zona oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta y les ministrara en su creencia religiosa; con ocasión de la promulgación de la Carta Política de 1991, éste animó a los indígenas evangélicos para que informaran a las autoridades civiles, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y a la Jefatura de Asuntos Indígenas Nacionales, de las injusticias y atropellos de que eran objeto a causa de sus creencias, estamentos que no han dado solución al problema; Las autoridades reiteraron sus ataques aduciendo que las costumbres de la comunidad están por encima de la ley; El último hecho que se presentó fue la detención arbitraria por una semana, en Sabana de Crespo, de 5 miembros indígenas de la Iglesia con el fin de que éstos negaran su fe y renunciaran a ser miembros de la Iglesia; Con todo lo anterior, el Segundo Cabildo Gobernador, el Inspector de Policía y otras autoridades de Sabana de Crespo obligaron a algunos miembros indígenas de la iglesia a firmar un documento en el que solicitan la expulsión del pastor Jairo Salcedo por ser un civil; a causa de lo cual acudieron nuevamente a las autoridades gubernamentales presentando solicitudes ante la Defensoría del Pueblo del Cesar, la Procuraduría Provincial y la Jefatura de Asuntos Indígenas Nacionales, quienes se comprometieron a convocar a las autoridades indígenas para llegar a un acuerdo y devolver la armonía y la paz a la comunidad. Pese a las reuniones llevadas a cabo del 19 al 21 de mayo pasados, entre los miembros de la iglesia y las autoridades civiles en cita, y las autoridades tradicionales indígenas de la zona oriental, no fue posible llegar a ningún acuerdo por cuanto consideran que "los derechos colectivos tradicionales son vulnerados y las autoridades son suplantadas por personas que practican otro pensamiento" y así mismo porque el Estado tiene la obligación de proteger la diversidad imponiéndose de esta manera un statu quo a las actividades de la iglesia; además, finalizada la reunión, las autoridades indígenas amenazaron a los miembros de la iglesia con nuevos atropellos, circunstancias puestas en conocimiento de la Alcaldía del Municipio de la ciudad de Valledupar.

El tribunal al fallar señala que si bien la libertad de cultos es un derecho fundamental, no por ello deja de serlo también la diversidad étnica y cultural que reconoce la Constitución a consecuencia del carácter eminentemente democrático, participativo y pluralista de nuestra República. Indica el fallo combatido que cuando se ponen en juego los derechos fundamentales, debe el juez constitucional dar prevalencia a aquél que se circunscriba a proteger la unidad racial y comunitaria, tanto más si se tiene en cuenta la protección especial de que estos grupos gozan, y la autonomía que tienen para ejercer funciones jurisdiccionales y dictarse sus propias normas sustanciales y procedimentales. Estima, además, el Tribunal que la construcción de templos evangélicos dentro de resguardos indígenas y la libre locomoción de personas diferentes a su etnia sin el consentimiento y aprobación del cabildo gobernador o corregidor o de la autoridad tradicional de la comunidad, constituye una violación a la propiedad comunitaria o colectiva, cuya integridad debe hacer respetar el juez de tutela, cuando por vías de hecho se han establecido centros de alabanza al señor creando malestar e inconformidad en la mayoría de sus integrantes. Sin embargo, a criterio del tribunal, quienes no se consideren atados a la autoridad de los Mamos, bien pueden liberarse de su señorío y recurrir a otras creencias religiosas, como la evangélica, dentro de las comunidades.

II. Consideraciones

La Constitución de 1991, como resultado de un proceso participativo y pluralista, reconoció en forma explícita en el artículo 7°, con carácter de principio filosófico y sociológico la diversidad cultural de las regiones -elemento constitutivo de la nacionalidad-, el cariz pluriétnico de la población y, por consiguiente, la pluralidad de las manifestaciones culturales de la Nación colombiana, producto obvio del proceso de conquista y colonización españoles, las diferencias existentes entre las regiones y el desarrollo desequilibrado del país, del cual se desprende sin lugar a dudas el status especial atribuido igualmente por la Carta a las minorías étnicas conformadas por las comunidades indígenas que en forma endémica habitan en algunos territorios del país, parcialidades que de acuerdo a la doctrina constitucional han "(...) dejado de ser una realidad fáctica y legal para ser sujeto de derechos fundamentales; es decir, que éstos no sólo se predican de sus miembros individualmente considerados, sino de la comunidad misma que aparece dotada de seguridad propia", justamente presupuesto del ameritado principio. (Corte Constitucional. Sent. T-380/93, reiterada en fallo SU-039/97).

Apoyada en este reconocimiento constitucional a las diferencias de origen, color de piel, lenguaje, modo de vida, tradiciones, costumbres, conocimientos y concepciones religiosas, con la mayoría de los colombianos, la doctrina constitucional ha indicado que la premisa fundamental para el intérprete en cuanto a este principio corresponde es "(...) la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y, por lo tanto, la de la minimización de las restricciones a las indispensables para salvaguardar intereses de superior jerarquía", pues únicamente con estribo en postulados de este linaje es posible la supervivencia cultural, cuya esencia descansa en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, reconocido en forma genérica en el artículo 9° de la Carta y en el artículo 1° del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, y, en forma específica en el Convenio 169 de la OIT ratificado por la Ley 21 de 1991. Consecuente con ello, la misma Carta Política ha establecido que las comunidades indígenas ejercen sobre los territorios en que se encuentran asentadas, bien sean resguardos ordinarios o con rango de municipio para efectos fiscales, o en entidades territoriales indígenas ( artículos 329, 357 y 287 superiores ), una forma de propiedad privada colectiva, que tal como lo indica el artículo 2° del Decreto 2001 de 1988, en armonía con los principios desarrollados al respecto en el canon 330 de la Carta y en el Convenio citado, "(...) se rige para el manejo de ésta y de su vida interna, por una organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas y tradiciones culturales", como que no podría ser de otra forma, si se tiene en cuenta que dichos territorios no son solamente su principal medio de subsistencia "(...) sino además porque constituyen un elemento integrante de su religiosidad" (C. Constitucional. Sent. T-405/93) (subrayado fuera del texto).

La autonomía que constitucionalmente se garantiza a los miembros de estas etnias, propendiendo por el mantenimiento de los rasgos y valores propios de su cultura tradicional, expuestos de manera constante al cambio que apareja el desarrollo de la civilización y por ende, a la penetración intencionada del modernismo, en detrimento de las mismas, se traduce en la posibilidad que tienen ellas de elegir sus propias autoridades, (art. 330), las que a su vez pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de acuerdo con los estrictos parámetros señalados en el mismo texto constitucional y de conformidad con sus usos y costumbres, lo cierto es que de todos modos, los derechos constitucionales fundamentales constituyen un límite material al principio de diversidad étnica y cultural y a los códigos de valores propios de las comunidades, por lo que en caso de conflicto entre ellos, deberán prevalecer los primeros más valiosos o importantes desde la perspectiva de los principios constitucionales (sentencia citada).

En forma paralela al principio de diversidad étnica enunciado, la Carta de 1991 garantiza en el canon 18 la libertad de conciencia, con arreglo a la cual ni el Estado ni los particulares pueden impedir que se profesen determinadas creencias, ni ocasionar molestias al individuo por causa de ellas, garantía que va de la mano con la libertad de culto establecida en el precepto 19 superior, cuyo núcleo esencial asegura la posibilidad de las personas, de practicar, individual o colectivamente, los cultos, devociones y ceremonias propios de su credo religioso y la difusión de los criterios y principios que conforman la doctrina espiritual a la que ellas se acojan, obviamente, con observancia de los límites impuestos por el orden jurídico, en el interés público y en los derechos de los demás, puesto que, su ejercicio abusivo, como el de cualquier otro derecho, está expresamente proscrito por el numeral 1° del artículo 95 ibídem. Su ejercicio, de acuerdo con la doctrina constitucional, "(...) no puede llegar a convertir la libertad de cultos en motivo para cercenar los demás derechos fundamentales. Su uso debe ser razonable y adecuado a los fines que persigue. Los desbordamientos quedan sujetos a la acción de las autoridades, que, según el perentorio mandato del artículo 2° de la Constitución, han sido instituidas, entre otras cosas, para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus creencias, pero también para asegurar los derechos y libertades de los demás y para garantizar el cumplimiento de los deberes sociales particulares" (C. Constitucional. Sent. T-465/94).

La autonomía política, administrativa, presupuestal y jurisdiccional que tienen los grupos étnicos minoritarios tribales, en términos del Convenio 169 de la OIT, sobre los territorios que ocupan en una modalidad de propiedad privada colectiva, les confiere la facultad de ordenar internamente todos sus asuntos, obviamente, como se ha anotado, con las limitaciones que de suyo emergen de los derechos fundamentales, es evidente que en el proceder adoptado por las autoridades indígenas denunciadas no puede descubrirse la arbitrariedad que se les endilga en la tutela, pues no se entendería cómo puede garantizarse constitucionalmente el derecho a la propiedad, si cualquier persona puede circular por ella sin el consentimiento o venia de su propietario, que en últimas es lo que se pretende con el amparo incoado por la Institución Religiosa accionante, so pretexto de las restricciones a ella impuestas por las autoridades de la comunidad para ejercer el culto por medio de sus pastores en el resguardo y, por ende, de las limitaciones fijadas por los Arhuacos a los derechos de las personas para ejercer y profesar la religión que desean, pues dicha aspiración de la Iglesia, desconoce que sobre el interés particular o individual de algunos los miembros de la agrupación tribal, prevalece por fuerza de los mandatos y principios constitucionales, el interés general de la etnia, que, de no ser protegida, como de hecho lo hace el nuevo ordenamiento inspirado en el derecho internacional, tiene comprometida su supervivencia, ante el peligro que frente a sus rasgos culturales representa la penetración de la cultura del desarrollo y la modernidad.

La segunda, no por ello menos importante, está dada en el hecho de que no hay conflicto entre los derechos de los Arhuacos en su resguardo y los derechos fundamentales de la Iglesia accionante, por cuanto la negativa a autorizar el ingreso de sus pastores para que evangelicen y asistan espiritualmente a los miembros indígenas creyentes, hace parte también del núcleo esencial del derecho a la libertad de culto cuya protección se implora, con vista en el cual, así como la persona tiene derecho a recibir esa asistencia y enseñanza, igualmente puede rehusarla, sin que nadie, ni siquiera el Estado, pueda forzarlo a ello; de suerte que siendo la comunidad "un sujeto colectivo y no una sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos", como lo pregona la doctrina constitucional (fallo T-380/93), está legitimada para rehusar la fe y la doctrina que pretenda trasmitirle una iglesia, cualquiera que ella sea, así como también, en caso contrario, para recibirla (subrayado fuera del texto).

Finalmente, el amparo concedido en favor de algunos miembros de la comunidad Arhuaca, por haberse demostrado la lesión del derecho a la libertad de culto y a la integridad personal se mantendrá, protección que implica el reconocimiento integral de sus derechos, sin que para el efecto sea menester la aclaración del fallo impugnado.

III. Decisión

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de tutela de fecha y procedencia preanotadas.

Fallo completo

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria. Julio de 1997 Expediente No. 4254

 Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra

Santafé de Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997).

Decídese la impugnación formulada contra el fallo del 12 de junio de 1997, proferido por el Tribunal Superior -Sala Civil-Familia- del Distrito Judicial de Valledupar, en el trámite de la acción de tutela promovida por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el pastor evangélico Jairo Salcedo Benítez y los indígenas de la comunidad Arhuaca ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, Alicia, Danila, Rubiela, Liduvina y Saul Miguel Torres Izquierdo, Manuel, Francisco, Norberto, Miguel, Fernando, Tasiana y Delfia Izquierdo Torres, Evangelina, Eugenio, Luis Alberto y Diomedes Torres Villafaña, Jorge E. y Leticia Izquierdo Solís, Teresa L. y Eliseo Torres Solís, Rigoberto Izquierdo Crespo, Cecilia Villafaña Chaparro, Aquilino Izquierdo Izquierdo, Liria Gutiérrez Izquierdo, Miriam Crespo Izquierdo, Rosa Esther Solís, Kennedy Izquierdo Rodríguez, Elizabeth Chaparro Solís y Benedexsa Villafaña Solís, contra el Cabildo Gobernador de la comunidad indígena Arhuaca, Bienvenido Arrollo, el Segundo Cabildo Gobernador de la misma, Felipe Torres, el Cabildo Mayor del Corregimiento de la Sabana del Jordán, Calletano Torres, el Comisario Joaquín Robles, el profesor Alvaro Izquierdo y el líder indígena del citado corregimiento, Amado Villafaña, la Líder Nacional de la Comunidad Arhuaca, Leonor Salabata, el Fiscal de Sabana de Crespo, Dionisio Villafaña, el Secretario del Mamo, Juan Solís, los momos (sic) de la zona y las demás autoridades indígenas responsables de las violaciones que más adelante se señalaran.

I. Antecedentes

1. La acción de tutela fue instaurada contra las autoridades indígenas en cita, aduciéndose vulneración de los derechos constitucionales fundamentales a la libertad de cultos, de expresión y opinión, de conciencia y personal, a la vida y a la integridad personal, a la igualdad, a la honra y al libre desarrollo de la personalidad.

 2. La infracción aludida se fundamenta, a modo de compendio, de la siguiente forma:

a) que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia llegó a la Sierra Nevada de Santa Marta hace aproximadamente 39 años, fundando el corregimiento de Sabana del Jordán. Desde esa época, y con mayor intensidad en los últimos quince años, las autoridades indígenas han venido cometiendo arbitrariedades, injusticias y atropellos en contra de los indígenas que profesan el evangelio, tales como la prohibición de realizar cultos a Dios bajo amenazas de detención, el despojo de textos bíblicos y objetos personales, las detenciones y encarcelamientos efectivos a miembros y pastores de la iglesia, al punto de arrodillarlos en piedras y cerrarles el templo con candado, lo que ocurrió hace 9 años, obligando a los creyentes a celebrar los cultos clandestinamente por un espacio de cinco años.

b) que el Pastor Jairo Salcedo Benítez construyó hace cuatro años un nuevo templo en Peñíqueme, previo respaldo solicitado por escrito ante las autoridades de la comunidad indígena de parte de los aborígenes creyentes, quienes pidieron autorización para que entrara a la zona oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta y les ministrara en su creencia religiosa; con ocasión de la promulgación de la Carta Política de 1991, éste animó a los indígenas evangélicos para que informaran a las autoridades civiles, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y a la Jefatura de Asuntos Indígenas Nacionales, de las injusticias y atropellos de que eran objeto a causa de sus creencias, estamentos que no han dado solución al problema;

c) que hace un año, las autoridades indígenas reiteraron los ataques aduciendo que las costumbres de la comunidad están por encima de la ley. El último hecho que se presentó fue la detención arbitraria por una semana, en Sabana de Crespo, de 5 miembros indígenas de la Iglesia: Fernando Izquierdo Niño, Leonardo y Juan Torres y Kennedy y Nelson Izquierdo, por ser evangélicos, con el fin de que éstos negaran su fe y renunciaran a ser miembros de la Iglesia; además, el domingo 11 de mayo del año en curso, el joven Norberto Torres Solís fue puesto preso y "guindado" de sus brazos cuando intentó defender al pastor Jairo Salcedo, en el momento en que iba a ser detenido "(...) después de que hablara con el Inspector de Policía y el Segundo Cabildo Gobernador en Sabana de Crespo, quienes después de prohibirle su ingreso a la zona lo expulsaron de allí"; Juan Aurelio Izquierdo Solís, quien a pesar de no ser miembro de la iglesia, también fue objeto de estos atropellos por permitir que sus 4 hijos sí hicieran su membresía en ella. Después de tales hechos el citado pastor y 37 miembros indígenas tras él, tuvieron que huir a Valledupar, para refugiarse en la Iglesia Pentecostal de esa ciudad, en búsqueda de protección de las autoridades civiles;

d) que no satisfechos con todo lo anterior, el Segundo Cabildo Gobernador, el Inspector de Policía y otras autoridades de Sabana de Crespo obligaron a algunos miembros indígenas de la iglesia a firmar un documento en el que solicitan la expulsión del pastor Jairo Salcedo por ser un civil; a causa de lo cual acudieron nuevamente a las autoridades gubernamentales presentando solicitudes ante la Defensoría del Pueblo del Cesar, la Procuraduría Provincial y la Jefatura de Asuntos Indígenas Nacionales, quienes se comprometieron a convocar a las autoridades indígenas para llegar a un acuerdo y devolver la armonía y la paz a la comunidad. Pese a las reuniones llevadas a cabo del 19 al 21 de mayo pasados, entre los miembros de la iglesia y las autoridades civiles en cita, y las autoridades tradicionales indígenas de la zona oriental, no fue posible llegar a ningún acuerdo por cuanto consideran que "los derechos colectivos tradicionales son vulnerados y las autoridades son suplantadas por personas que practican otro pensamiento" y así mismo porque el Estado tiene la obligación de proteger la diversidad imponiéndose de esta manera un statu quo a las actividades de la iglesia; además, finalizada la reunión, las autoridades indígenas amenazaron a los miembros de la iglesia con nuevos atropellos, circunstancias puestas en conocimiento de la Alcaldía del Municipio de la ciudad de Valledupar.

3. Fundados en los anteriores asertos, recaban que mediante el amparo se permita a los miembros indígenas de la iglesia Pentecostal practicar de manera libre su creencia religiosa dentro de la comunidad y se prevenga a las autoridades tradicionales para que no continúen con las acciones y omisiones arbitrarias e ilegales; se permita al pastor predicar el evangelio a los miembros que dentro de la comunidad indígena así lo deseen, así como reunirse para celebrar culto a Dios sin temor alguno a ser maltratados o castigados por ese hecho.

4. Tras oír en declaración al pastor Jairo Salcedo Benítez, a los indígenas Juan Torres, Cecilia Villafañe, Francisco Izquierdo Torres, al Cabildo Gobernador, Bienvenido Arroyo, y al Comisario del Corregimiento respectivo, Joaquín Emilio Robles Torres, y de incorporar a la actuación la respuesta dada a la tutela por el Cabildo Gobernador Arhuaco, mediante escrito presentado igualmente por 60 indígenas de las diferentes organizaciones de la Confederación Indígena Tayrona, 12 de la tribu Arsaria de la organización Wiwa Yugumayun y 5 de la tribu Koguis, de la organización Gonavindwa Tayrona, así como de un concepto rendido por el Jefe de Asuntos Indígenas del Cesar, el Tribunal, mediante la sentencia ahora impugnada, decidió dispensar el amparo pretendido en favor de los indígenas accionantes, en protección del derecho a la libertad de cultos, ordenando a las autoridades accionadas que respeten y toleren que los accionantes ejerciten su libertad de culto, y denegarla en cuanto al pedimento incoado por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.

II. El fallo del tribunal

Después de precisar los alcances de la tutela, como mecanismo de protección constitucional, y de describir la postura que frente al ingreso de la Iglesia al resguardo tienen las autoridades indígenas tradicionales, de acuerdo con las versiones que en el trámite de la tutela dieron el Cabildo Gobernador y el Comisario de Policía de Sabana Crespo, según las cuales con ello se está "desquebrajando" su homogeneidad cultural, en detrimento de una tradición religiosa dada a ellos por sus ancestros milenarios, enfrentando y dividiendo la etnia y socavándose su infraestructura o convicción moral, conviene el tribunal en señalar que si bien la libertad de cultos es un derecho fundamental, no por ello deja de serlo también la diversidad étnica y cultural que reconoce la Constitución a consecuencia del carácter eminentemente democrático, participativo y pluralista de nuestra República,.

Partiendo de dicha perspectiva, indica el fallo combatido que cuando se ponen en juego los derechos fundamentales, debe el juez constitucional dar prevalencia a aquél que se circunscriba a proteger la unidad racial y comunitaria, tanto más si se tiene en cuenta la protección especial de que estos grupos gozan, y la autonomía que tienen para ejercer funciones jurisdiccionales y dictarse sus propias normas sustanciales y procedimentales.

Apoyado en ello, concluye que los pedimentos de la Iglesia no pueden tener despacho exitoso, por cuanto ello implicaría desconocer la propia autonomía de esas comunidades y, de paso, abrirle las puertas a sectas religiosas que irían a imponer sus principios, chocando con los usos y costumbres que predominan en los indígenas; lo que no obsta para que, dichas comunidades cambien de religión, aunque de acuerdo a sus propios reglamentos y "por fuente de su propia iniciativa".

Por demás, estima el Tribunal que la construcción de templos evangélicos dentro de resguardos indígenas y la libre locomoción de personas diferentes a su etnia sin el consentimiento y aprobación del cabildo gobernador o corregidor o de la autoridad tradicional de la comunidad, constituye una violación a la propiedad comunitaria o colectiva, cuya integridad debe hacer respetar el juez de tutela, cuando por vías de hecho se han establecido centros de alabanza al señor creando malestar e inconformidad en la mayoría de sus integrantes.

Sin embargo, a criterio del tribunal, quienes no se consideren atados a la autoridad de los Mamos, bien pueden liberarse de su señorío y recurrir a otras creencias religiosas, como la evangélica, dentro de las comunidades, liderados por uno de sus iguales, o por fuera de los resguardos, guiados por pastores civiles, ya que de lo contrario se pondría en peligro la estabilidad y permanencia de la raza asentada en la religión, contribuyendo con su extinción, lo que iría en contravía de la Constitución Política.

III. La impugnación

La apoderada de la institución religiosa cuestiona el fallo de primer grado, adverso a ésta, desde dos puntos de vista, que resumidos expresan lo siguiente:

1. En primer término, porque la apreciación del tribunal es errada al considerar que la Iglesia y el evangelio llegaron a la Sierra Nevada de Santa Marta, a manera de colonización, imponiéndose sobre la cultura tradicional indígena mediante violencia o por engaños, pues en realidad ello ocurrió cuando una indígena de la comunidad llamada María Eugenia Solís conoció el evangelio por conducto de uno de los miembros de la Iglesia, y lo transmitió a otros aborígenes, quienes, después de escucharlo, decidieron iniciar una práctica diferente a la tradicional; por su iniciativa se construyó el primer templo de predicación y culto, ministeriado por líderes indígenas. Previo visto bueno de la autoridad indígena, pastores civiles prestaron asistencia religiosa, aunque luego fueron expulsados, lo que en suma pone de presente que su llegada no ocurrió contra la voluntad de la etnia.

Bajo este panorama se presentaron, según la impugnante, las incidencias que en últimas motivan la presentación del amparo, en particular aquellas que tienen relación con los atropellos de que han sido objeto el pastor Salcedo Benítez y los indígenas creyentes amparados.

2. De otra parte, por cuanto el derecho a la libertad religiosa, en la forma en que lo desarrolla la Ley 133 de 1994, tiene, según lo señala la impugnación, una serie de connotaciones que van desde permitir profesar, cambiar, abandonar y manifestar libremente las convicciones religiosas, hasta la de recibir asistencia de este tipo en donde quiera que se encuentre la persona y a recibir e impartir enseñanzas religiosas, al igual que el derecho a rehusarlas, con vista en las cuales y teniendo en cuenta el caso en particular deben protegerse, pues no es que la Iglesia pretenda entrar al resguardo, sino que son sus moradores quienes solicitan su presencia; punto en el que se basa la impugnación, para recabar la revocatoria del fallo, en lo que toca con el amparo denegado en beneficio de la entidad religiosa, y su aclaración, en cuanto a la protección dispensada en favor de los indígenas creyentes, para que en esta se involucre en toda su extensión el concepto que de esta libertad trae la ley 133/94 en cita.

IV. Consideraciones

1. De acuerdo con la síntesis precedente, el proceder que mediante la tutela reprocha la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y el grupo de indígenas evangélicos pertenecientes a dicha etnia a la autoridad indígena tradicional de la comunidad Arhuaca asentada en la zona Oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo constituye la persecución de que han sido objeto por el hecho de profesar una fe religiosa distinta a la que culturalmente tiene la comunidad como herencia ancestral milenaria, la expulsión de los pastores civiles que intentan llevar el evangelio a estos territorios, quienes han sido también objeto de atropellos, pese a la autorización que para cumplir tal cometido ha dado la autoridad tradicional, y el cierre de dos templos de predicación y culto construidos por los propios aborígenes creyentes, lo que desconoce el contenido del derecho fundamental a la libertad de culto y, de paso, infringe otros derechos del mismo rango superior, entre los que tienen mayor incidencia la vida y la integridad personal.

2. La Constitución de 1991, como resultado de un proceso participativo y pluralista, reconoció en forma explícita en el artículo 7°, con carácter de principio filosófico y sociológico la diversidad cultural de las regiones -elemento constitutivo de la nacionalidad-, el cariz pluriétnico de la población y, por consiguiente, la pluralidad de las manifestaciones culturales de la Nación colombiana, producto obvio del proceso de conquista y colonización españoles, las diferencias existentes entre las regiones y el desarrollo desequilibrado del país, del cual se desprende sin lugar a dudas el status especial atribuido igualmente por la Carta a las minorías étnicas conformadas por las comunidades indígenas que en forma endémica habitan en algunos territorios del país, parcialidades que de acuerdo a la doctrina constitucional han "(...) dejado de ser una realidad fáctica y legal para ser sujeto de derechos fundamentales; es decir, que éstos no sólo se predican de sus miembros individualmente considerados, sino de la comunidad misma que aparece dotada de seguridad propia", justamente presupuesto del ameritado principio. (Corte Constitucional. Sent. T-380/93, reiterada en fallo SU-039/97).

Apoyada en este reconocimiento constitucional a las diferencias de origen, color de piel, lenguaje, modo de vida, tradiciones, costumbres, conocimientos y concepciones religiosas, con la mayoría de los colombianos, la doctrina constitucional ha indicado que la premisa fundamental para el intérprete en cuanto a este principio corresponde es "(...) la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y, por lo tanto, la de la minimización de las restricciones a las indispensables para salvaguardar intereses de superior jerarquía", pues únicamente con estribo en postulados de este linaje es posible la supervivencia cultural, cuya esencia descansa en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, reconocido en forma genérica en el artículo 9° de la Carta y en el artículo 1° del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, y, en forma específica en el Convenio 169 de la OIT ratificado por la Ley 21 de 1991. Consecuente con ello, la misma Carta Política ha establecido que las comunidades indígenas ejercen sobre los territorios en que se encuentran asentadas, bien sean resguardos ordinarios o con rango de municipio para efectos fiscales, o en entidades territoriales indígenas ( artículos 329, 357 y 287 superiores ), una forma de propiedad privada colectiva, que tal como lo indica el artículo 2° del Decreto 2001 de 1988, en armonía con los principios desarrollados al respecto en el canon 330 de la Carta y en el Convenio citado, "(...) se rige para el manejo de ésta y de su vida interna, por una organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas y tradiciones culturales", como que no podría ser de otra forma, si se tiene en cuenta que dichos territorios no son solamente su principal medio de subsistencia "(...) sino además porque constituyen un elemento integrante de su religiosidad" (C. Constitucional. Sent. T-405/93) (subrayado fuera del texto).

Y si bien la autonomía que constitucionalmente se garantiza a los miembros de estas etnias, propendiendo por el mantenimiento de los rasgos y valores propios de su cultura tradicional, expuestos de manera constante al cambio que apareja el desarrollo de la civilización y por ende, a la penetración intencionada del modernismo, en detrimento de las mismas, se traduce en la posibilidad que tienen ellas de elegir sus propias autoridades, (art. 330), las que a su vez pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de acuerdo con los estrictos parámetros señalados en el mismo texto constitucional y de conformidad con sus usos y costumbres, lo cierto es que de todos modos, los derechos constitucionales fundamentales constituyen un límite material al principio de diversidad étnica y cultural y a los códigos de valores propios de las comunidades, por lo que en caso de conflicto entre ellos, deberán prevalecer los primeros más valiosos o importantes desde la perspectiva de los principios constitucionales (sentencia citada).

3. En forma paralela al principio de diversidad étnica enunciado, la Carta de 1991 garantiza en el canon 18 la libertad de conciencia, con arreglo a la cual ni el Estado ni los particulares pueden impedir que se profesen determinadas creencias, ni ocasionar molestias al individuo por causa de ellas, garantía que va de la mano con la libertad de culto establecida en el precepto 19 superior, cuyo núcleo esencial asegura la posibilidad de las personas, de practicar, individual o colectivamente, los cultos, devociones y ceremonias propios de su credo religioso y la difusión de los criterios y principios que conforman la doctrina espiritual a la que ellas se acojan, obviamente, con observancia de los límites impuestos por el orden jurídico, en el interés público y en los derechos de los demás, puesto que, su ejercicio abusivo, como el de cualquier otro derecho, está expresamente proscrito por el numeral 1° del artículo 95 ibídem. Su ejercicio, de acuerdo con la doctrina constitucional, "(...) no puede llegar a convertir la libertad de cultos en motivo para cercenar los demás derechos fundamentales. Su uso debe ser razonable y adecuado a los fines que persigue. Los desbordamientos quedan sujetos a la acción de las autoridades, que, según el perentorio mandato del artículo 2° de la Constitución, han sido instituidas, entre otras cosas, para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus creencias, pero también para asegurar los derechos y libertades de los demás y para garantizar el cumplimiento de los deberes sociales particulares" (C. Constitucional. Sent. T-465/94).

4. Proyectadas las anteriores nociones al caso sub-judice, dos razones de entidad afloran para concluir que el amparo pretendido por la entidad religiosa accionante no amerita despacho favorable:

La primera, porque si la autonomía política, administrativa, presupuestal y jurisdiccional que tienen los grupos étnicos minoritarios tribales, en términos del Convenio 169 de la OIT, sobre los territorios que ocupan en una modalidad de propiedad privada colectiva, les confiere la facultad de ordenar internamente todos sus asuntos, obviamente, como se ha anotado, con las limitaciones que de suyo emergen de los derechos fundamentales, es evidente que en el proceder adoptado por las autoridades indígenas denunciadas no puede descubrirse la arbitrariedad que se les endilga en la tutela, pues no se entendería cómo puede garantizarse constitucionalmente el derecho a la propiedad, si cualquier persona puede circular por ella sin el consentimiento o venia de su propietario, que en últimas es lo que se pretende con el amparo incoado por la Institución Religiosa accionante, so pretexto de las restricciones a ella impuestas por las autoridades de la comunidad para ejercer el culto por medio de sus pastores en el resguardo y, por ende, de las limitaciones fijadas por los Arhuacos a los derechos de las personas para ejercer y profesar la religión que desean, pues dicha aspiración de la Iglesia, desconoce que sobre el interés particular o individual de algunos los miembros de la agrupación tribal, prevalece por fuerza de los mandatos y principios constitucionales, el interés general de la etnia, que, de no ser protegida, como de hecho lo hace el nuevo ordenamiento inspirado en el derecho internacional, tiene comprometida su supervivencia, ante el peligro que frente a sus rasgos culturales representa la penetración de la cultura del desarrollo y la modernidad.

La segunda, no por ello menos importante, está dada en el hecho de que no hay conflicto entre los derechos de los Arhuacos en su resguardo y los derechos fundamentales de la Iglesia accionante, por cuanto la negativa a autorizar el ingreso de sus pastores para que evangelicen y asistan espiritualmente a los miembros indígenas creyentes, hace parte también del núcleo esencial del derecho a la libertad de culto cuya protección se implora, con vista en el cual, así como la persona tiene derecho a recibir esa asistencia y enseñanza, igualmente puede rehusarla, sin que nadie, ni siquiera el Estado, pueda forzarlo a ello; de suerte que siendo la comunidad "un sujeto colectivo y no una sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos", como lo pregona la doctrina constitucional (fallo T-380/93), está legitimada para rehusar la fe y la doctrina que pretenda trasmitirle una iglesia, cualquiera que ella sea, así como también, en caso contrario, para recibirla (subrayado fuera del texto).

Por supuesto que este concepto de sujeto colectivo de status constitucional especial, tiene validez en la medida en que se trate de un "(...) conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores propios de su cultura tradicional, así como formas de gobierno y control social internos que los distinguen de otras comunidades rurales", como los define el art. 2° del Decreto 2001/88; no en cambio frente al individuo, considerado independientemente del grupo, pues es lógico que en relación con éste, será de su fuero interno el recibir o rehusar un credo determinado; lo que si bien puede tocar en el sentido de pertenencia que al grupo se tenga, afectando la fragilidad de los lazos que atan a los miembros de la comunidad, resulta ser un derecho fundamental, por encima de la colectividad sui generis de la que hace parte.

5. Finalmente, el amparo concedido en favor de algunos miembros de la comunidad Arhuaca, por haberse demostrado la lesión del derecho a la libertad de culto y a la integridad personal se mantendrá, protección que implica el reconocimiento integral de sus derechos, sin que para el efecto sea menester la aclaración del fallo impugnado.

6. Como secuela ineludible de lo expuesto, se impone la confirmación del fallo impugnado.

V. Decisión

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de tutela de fecha y procedencia preanotadas.

Comuníquese esta decisión a las partes mediante telegrama y remítanse los autos a la Corte Constitucional para la eventual revisión.

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 Dra. Teodora ZAMUDIO