La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

in re Caitruz

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Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

“Corporación Interestadual Pulmarí c/ Caitruz, Audencio y otro s/ desalojo”   (Expte. N° C00600) Tribunal de origen: Juzgado Federal de Zapala 

En General Roca, provincia de Río Negro, a los 21  días del mes de octubre del año dos mil ocho, se reúnen en acuerdo los señores jueces de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en esta ciudad para dictar sentencia en los autos del epígrafe, conforme con la asignación previamente efectuada.   El doctor Ricardo Guido Barreiro dijo:

I.  Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) dedujo apelación a fs.323 contra la sentencia que a  fs.316/319 rechazó, con costas, el desalojo que entabló AICIcontra Audiencio Caitruz, de un campo individualizado como “Melún”, ubicado en el departamento Aluminé de la Provincia OSdel Neuquén, del que la primera dijo ser propietaria en Uvirtud de la ley 23.612. 

Los agravios fueron expresados a fs.332/337 y no fueron replicados por el demandado.   

II.    La apelante arguyó que la sentencia era incongruente y había incurrido en absurdo cuando llevó este conflicto al plano del derecho comunitario de la Agrupación Mapuche Aigo, tergiversando incluso la oposición del demandado que sólo invocó una posesión individual y no la derivada del vínculo con la comunidad, a lo que cabía agregar que el sitio estaba excluido de las 14.000 hectáreas que a esa comunidad se le asignó por concesión.   

Señaló que de la prueba colectada no surgía que el demandado hubiese ocupado Melún de acuerdo a pautas  culturales de su pueblo, según lo expuso el a-quo, sino que se introdujo sin derecho entre el 4 y 5 de enero de 1996 para efectuar el pastoreo de animales propios, pero que la comunidad Aigo nunca tuvo el dominio de ese lugar.     

Indicó que tampoco existió un acto jurídico o administrativo expreso, exigido por la ley, para la adjudicación de la tierra a las comunidades indígenas reconocidas y que el requerido pretende a título individual y no en forma comunitaria, como lo autoriza la ley. Subsidiariamente se quejó por la imposición de costas. 

III. Pese a la franciscana pobreza del fallo recurrido, el recurso debería ser repelido.   

Ello por cuanto la actora, arguyendo ser propietaria del campo “Melún”, pretendió desalojar de éste a Audiencio Caitruz aduciendo que el fundo estaba afectado al pastoreo de ganado bovino y caballar de propiedad de la corporación y, además, que no se había otorgado autorización tácita o expresa al demandado o al cacique Zalazar para ocuparlo (fs.16vta., párrafo primero).   Agregó que hubo clandestinidad en la ocupación efectuada por Caitruz, a quien calificó como intruso.     

  Al contestar a la demanda (fs.42vta./44) el emplazado negó el carácter atribuido por la actora desde que la ocupación fue pública y pacífica, afirmando —más tarde—  que poseía el campo como veranada (fs.42vta., ap.V) fundando la causa en costumbres ancestrales de la cultura mapuche, seguidas por las comunidades Aigo y Salazar. 

Negó expresamente haber referido autorización alguna del Lonko Zalazar pues dijo no pertenecer a esa comunidad. 

De la muy escasa prueba producida en este legajo puede extraerse que, más allá del invocado derecho de la actora de excluir al demandado del fundo en cuestión, Caitruz pertenece a la Comunidad Aigo, lo que así afirmó la accionada al poner la 1ª posición de fs.268 (art.411, párrafo segundo,  CPCC), a lo que adiciono la respuesta afirmativa de Caitruz. El único testigo que declaró en autos, Quintunahuel, declaró que desde siempre el demandado ocupaba “Melún” porque antes estaba su padre, así como que el campo es de la  comunidad Aigo y Zalazar (fs.271). 

Este panorama, árido por cierto, determina el fracaso de la actora en la carga de probar que el demandado  carecía del título que invocó para ocupar el inmueble objeto de desalojo al responder a la demanda, lo que sella su suerte. 

En materia de costas, advierto que los argumentos esgrimidos para sortear el principio general estatuido en el art.68 del CPCC, esto es, el respeto por la legislación vigente y el tener que ocurrir a la instancia judicial para mantener el funcionamiento regular de la corporación, no alcanzan para apartar el resultado de lo que manda el principio establecido en la ley procesal.    Las costas de alzada deberían imponerse en el orden causado ante la ausencia de réplica a los agravios que concitaron la atención del tribunal (arts.68 y 69 del CPCC), regulándose los honorarios del letrado de la actora en el 25% de los que le correspondan por la instancia anterior (art.14, ley 21.839). 

El doctor Carlos A. Müller dijo:   Me pronuncio de la misma manera que el señor juez que abre el acuerdo.

En virtudd del acuerdo que antecede, el tribunal resuelve:

I. Rechazar el recurso deducido por la parte actora contra la sentencia fs.316/319;   

II. Imponer las costas de alzada en el orden causado y regular los honorarios del modo indicado en el párrafo final del último capítulo del primer voto;   

III. Registrar, notificar y devolver.   

Con lo que se dio por finalizado el acuerdo, firmando los señores magistrados por ante mí, Secretario autorizante, que doy fe. 

Fdo. Dres. Barreiro – Müller. Restante vocalía vacante. Reg. N° 059 F° 233/34 Año 2008 PSD. 

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 Dra. Teodora ZAMUDIO