La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

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Juzgado N°5 - Secretaría N° 10

Buenos Aires, 11 de septiembre  de 2008.

Y vistos: Y considerando:

I-  Llega la presente causa a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal –Dr. Luis Horacio Comparatore– a fs. 706/707 y por la querella –Liga Argentina por los Derechos Humanos, representada por el Dr. Rodolfo N. Yansón– a fs. 713/716 contra la resolución del Juez de primera instancia por medio de la cual decretó el sobreseimiento de Nelson Alejandro Sánchez Anterino, Gabina Sofía Verón y Hermes Raúl Luis Provenzano “ante la posible infracción al artículo 117 de la Ley N° 25.871...(art. 336, inc. 2° del C.P.P.)” y se declaró incompetente para investigar el delito penado en el artículo 35 de la Ley de Trabajo a Domicilio (N° 12.713) (fs. 680/687).

El 27 de marzo del 2007 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formuló la denuncia que dio origen a este sumario, como consecuencia de las irregularidades advertidas por la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Formación Profesional del Ministerio de Producción en ocasión de inspeccionar algunos talleres textiles donde se confeccionarían prendas de la marca SOHO (fs. 1/4).

A su vez, el 28 de marzo del 2007 se presentó la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires –Alicia Beatriz Pierini– para ampliar la mencionada denuncia. En tal oportunidad, relató que las autoridades de la marca SOHO  delegarían la confección de sus prendas en talleres clandestinos en los que no se cumpliría con las reglas mínimas salariales, de higiene y de seguridad, y cuyos trabajadores serían extranjeros irregulares en el país (fs. 6/11). A fs. 307/314 y 317/319, respectivamente, lucen los allanamientos efectuados en los inmuebles sitos en las calles Balbastro 2468 y Tandil 4575 de esta Ciudad, en donde se encontraron –entre otras cosas– máquinas  de confección y prendas, y en donde se observó la presencia de ciudadanos extranjeros.

De esta manera, el Agente Fiscal a fs. 294/300 –en ocasión de solicitar el llamamiento a prestar declaración indagatoria de los imputados–, describió los hechos investigados en los siguientes términos: “... las personas que tuvieron a su cargo el manejo y la dirección de la empresa de indumentaria textil que comercializa la marca ‘SOHO’ con en el objeto de lograr mayores ganancias, han tercerizado parte de la confección de las prendas de vestir en talleres de costura donde trabajaban extranjeros indocumentados, realizando dicha actividad de manera oculta hacia las autoridades de contralor estatal” y continuó “...las personas que trabajaban en dichos talleres era en su mayoría de origen extranjero, que permanecían en nuestro país de manera irregular y que sus tareas las realizaban en extenuantes jornadas de trabajo por un sueldo escaso, vulnerándose de esa forma sus derechos laborales. La situación de violencia moral en la cual los trabajadores indocumentados eran obligados a desarrollar sus labores...fue producto principalmente por la intimidación ejercida por los responsables de la marca ‘SOHO’, al exigírsele a los talleristas el cumplimiento de determinadas pautas de costura en plazos cortos y abonando un precio mínimo por la labor encomendada”. En el recurso de apelación, el representante del Ministerio Público Fiscal se agravia por considerar prematura a la resolución atacada. En este sentido, señala que diversas medidas de prueba pueden arrojar luz a los hechos investigados, resalta el hallazgo de personas con situación migratoria irregular en el país en los domicilios denunciados e insiste en la existencia de indicios que evidencian el conocimiento de los imputados respecto de las conductas que se llevaban a cabo en los talleres. 

La Liga Argentina por los Derechos Humanos, por su parte, critica la interpretación de los delitos penales en juego, la valoración de los hechos efectuada por el a quo y cuestiona enfáticamente las consideraciones realizadas por el magistrado relativas a las comunidades Ayllu. A su vez, ya en el trámite en esta instancia, se presentó el Departamento de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires (fs. 724/725), la organización MINK´AKUYTAWANTINSUPAG (Trabajo recíproco para la reconstrucción de la confederación de Tawantinsuyu), junto con el Centro Cultural Hijos del Pueblo (fs. 742/746) y el Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina (fs. 752/753) manifestando su repudio a la resolución del Dr. Oyarbide y criticando severamente las consideraciones referidas a las comunidades Ayllu.

El Sr. Fiscal presentó en esta instancia el informe en los términos del artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación. Por su parte, en la misma oportunidad procesal, la querella informó oralmente, acompañada por el antropólogo Licenciado Ricardo Gabriel Abduca (fs. 795), audiencia a la que también asistieron José González –Cónsul de la República de Bolivia–, Gustavo Vera –entidad “La Alameda”–, y los representantes de las organizaciones “Mink´ Akuy Tawantisapag” y del “Centro Cultural Hijos del Pueblo”. Asimismo, la defensa mejoró fundamentos ante esta Alzada (fs. 738/741).

II- En torno al fondo del asunto, y de conformidad con lo esgrimido por los recurrentes, advertimos la excesiva premura de la resolución apelada.

En efecto, el a quo fundó primordialmente su decisión en la circunstancia de que “[l]os recientes allanamientos efectuados...permitieron establecer que si bien habían quedado etiquetas y prendas a medio confeccionar pertenecientes a la firma ‘Soho’, no se encontró a persona alguna realizando las tareas del rubro textil, entretanto también se advirtió que no existían elementos ni maquinaria para desarrollar tal labor, como así tampoco documental relacionada con la marca ‘Soho’ sino tan sólo algunas personas extranjeras que alquilaban habitaciones” (conf. fs. 686 vta.).

Sin embargo, el objeto procesal de la causa no debe limitarse por el resultado de los allanamientos practicados –que constituyen, en definitiva, sólo elementos de prueba–, sino, por el contrario, por la denuncia que le diera origen.  

Desde esta óptica, entendemos que la resolución en crisis resulta prematura. Basta para ello tener en cuenta que en autos no se ha citado a declarar en testimonial a aquellas personas que habrían sido víctimas de la explotación en los talleres investigados, medida que resulta fundamental a los efectos de circunscribir el curso de la investigación. A su vez, más allá de las medidas que el a quo estime conducentes, consideramos conveniente solicitar a la Dirección Nacional de Migraciones que informe cuál es la situación legal en el país de la totalidad de las personas que fueran habidas en los domicilios de las calles Tandil 4575 y Balbastro 2468 al momento de realizar las actas de constatación (ver fs. 71 y 414) y los respectivos allanamientos (fs. 317/319 y 307/308), dado que sólo se cuenta con esa información respecto de algunas de ellas.  Asimismo, deberá analizarse especialmente el momento en el cual las personas que gozaban de una residencia regular en el país habrían iniciado el trámite correspondiente y analizar si fue con posterioridad al inicio de estas actuaciones.

De lo dicho se desprende que las diligencias realizadas hasta el momento han sido insuficientes como para resolver del modo en que lo hizo el instructor, máxime cuando los agentes municipales habían detectado serias irregularidades al momento de efectuar la inspección de los establecimientos. Así las cosas, entendemos que el a quo deberá extremar los recaudos para que aquellas sospechas sean establecidas o descartadas fehacientemente y con la celeridad que el caso exige en atención a la gravedad de las conductas denunciadas. Es central en este sentido comprender que la eventual interrupción de las conductas delictivas no borra el reproche respecto de lo acontecido. Recién establecidos tales extremos fácticos corresponderá, eventualmente, dar respuesta a aquellas cuestiones introducidas en esta instancia referidas a la interpretación de los tipos penales en juego. Finalmente, y sobre la base de las consideraciones expuestas, también luce prematura la declaración de incompetencia dictada respecto del delito penado en el artículo 35 de la Ley de Trabajo a Domicilio (N° 12.713). Por último, creemos conveniente advertir que  la investigación no debería  circunscribirse exclusivamente a investigar la posible comisión de los delitos establecidos en los artículos 117 de la Ley N° 25.871 –facilitación de la permanencia ilegal en el país de extranjeros– y 35 de la Ley de Trabajo a Domicilio (N° 12.713). En efecto, de las denuncias efectuadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad surge que en los talleres se encontraban varias personas mayores y menores de edad, que las características de esos lugares–tales como la falta de higiene e instalaciones mínimas, ausencia de ventilación, etc– en los que vivían varias de las víctimas con sus familias respectivas eran deplorables, y que los trabajadores eran sometidos a  prolongadísimas jornadas laborales, malos tratos e insignificantes salarios. De esta manera, entendemos que no puede descartarse sin más que los empleados hayan sido sometidos a condiciones indignas y reducidos a la servidumbre o a formas análogas (artículo 140 del Código Penal), sobre todo cuando la sujeción estricta a determinado tipo penal desatiende que lo que está bajo la lupa son conductas y no calificaciones. La confusión sobre estos extremos parece haber sido la responsable de que el instructor haya sobreseído una calificación legal –“ante la posible infracción al artículo 117 de la Ley N° 25.871...(art. 336, inc. 2° del C.P.P.)”–. 

III- Finalmente, detrás del análisis de la cuestión de fondo ligada  a la valoración de los hechos, subyacen los planteos formulados tanto por la parte querellante, como por quienes ante esta Alzada se presentaron en carácter de amicus  curiae en relación con los elementos extrajurídicos introducidos por el a quo, específicamente en su referencia a las comunidades Ayllu. En lo que a ello respecta puntualmente el magistrado, para fundar en el caso de autos la ausencia de tipicidad subjetiva del delito de facilitación de permanencia ilegal de extranjeros en el país, se remitió textualmente a  jurisprudencia reciente de la Sala II de este Tribunal en la causa “Guarachi Mamani” (n° 26.083, reg. 27.707, del 20/11/07). Así, desde una perspectiva que lo llevó a presumir una aparente identidad entre la idiosincracia de los sujetos comprometidos en uno y otro caso expresó:  “Por ello, y para que la actividad que aquí es motivo de reproche penal pueda considerarse constitutiva de la figura prevista en el art. 117 de la ley 25.871, es necesario comprobar la única circunstancia adicional que establece esta norma, situada en el plano subjetivo y descripta como la finalidad de obtener directa o indirectamente un beneficio. Respecto de este punto en particular este Tribunal considera que adquieren relevancia los argumentos expuestos...que no hubo aprovechamiento de la situación migratoria irregular de las personas que trabajaban en los talleres, explicando a tal efecto cuáles son las costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del altiplano boliviano de donde proviene la mayoría de los ocupantes de los inmuebles allanados, incluidos los encartados. En síntesis, se señaló que se trataba de un grupo humano que convive como un ayllu o comunidad familiar extensa originaria de aquella región andina, que funciona como una especie de cooperativa de ayuda mutua donde se comparten los gastos y se reparten las ganancias” (con cita del precedente de la Sala II en causa n° 26.083, “Guaraschi Mamani”, reg. 27.707, del 20/11/07).   

Las distintas agrupaciones que se presentaron en el expediente criticaron fervientemente que un magistrado argentino haya hecho una equivocada alusión a prácticas que serían inherentes a pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano, valoraciones todas ellas que fueron reproducidas en la audiencia oral celebrada en la oportunidad prescripta por el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación (fs. 795).  La querella puntualmente señaló que “la actividad que se desempeña en dichos talleres forma parte de un sistema de producción capitalista contemporáneo que nada tiene que ver con las formas de producción de los pueblos originarios pertenecientes a las culturas andinas” (v. fs. 714 vta.).  Asimismo, los presentantes acercaron información acerca del funcionamiento y la caracterización de las comunidades ayllu, y pretendieron corregir errores conceptuales que se vieron reflejados en el fallo judicial. El entuerto pone sobre el tapete la extrema prudencia que un magistrado debe tener al momento de resolver un conflicto y decir el derecho. En este caso puntual, las espontáneas reacciones generadas nos llevan a dejar en claro nuestra posición en torno a lo que entendemos desacertado: pretender extrapolar estructuras propias de pautas culturales del Altiplano para intentar explicar el funcionamiento de talleres textiles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires en los que se confeccionan productos que serán luego comercializados en la lógica de mercado que rige en esta urbe.

En este sentido, el tipo de manifestaciones realizadas en la resolución atacada es sustancialmente análogo a las representaciones que, luego del ocaso de los procesos de colonización europea, fueron conocidas como orientalismo. Bajo este concepto se alude a la construcción de parte de la civilización y cultura material europea como: “...una institución colectiva que se relaciona con Oriente, relación que consiste en hacer declaraciones sobre él, adoptar posturas con respecto a él, describirlo, enseñarlo, colonizarlo y decidir sobre él; en resumen, el orientalismo es un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente” (Edward W. Said, Orientalismo, Traducción de María Luisa Fuentes, Al Quibla, Ensayo IBN Jaldun, página 21).  Desde esta óptica, se comprende el repudio a la denunciada ligereza en la extrapolación, especialmente cuando pende la ofensa del ensalzamiento de una cultura en detrimento de otra.

Por todo lo expuesto, el Tribunal resuelve:

 I-Revocar el sobreseimiento de Nelson Alejandro Sánchez Anterino, Gabina Sofía Verón y Hermes Raúl Luis Provenzano en orden a los hechos imputados; y declarar la falta de mérito a su respecto (artículo 309 del C.P.P.N.).

II-Revocar la declaración incompetencia respecto del delito penado en el artículo 35 de la Ley de Trabajo a Domicilio (N° 12.713). Regístrese, hágase saber y remítase al Juzgado Federal N° 2 (cfr. causa n° 42.160, “Incidente de Inhibitoria en autos: Gilmer S.A. s/ infracción Ley 12.713”, reg. 935, del 15/08/08), debiendo el a quo actuar de acuerdo a lo ordenado en los considerandos.

Sirva la presente de atenta nota de envío.  Firmado: Freiler, Farah. Ante Mí: Casanello.

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