La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

in re Viviani

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación

Cámara Federal de Apelaciones de Salta

Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación c/ Viviani Yolanda del Carmen - Viviani José s/ Expropiación. Tribunal de origen: Juzgado Federal de Jujuy N°2 Salta, 17 de noviembre de 2008.

Y visto:

Este expediente 242/06 caratulado " Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación c/ Viviani Yolanda del Carmen - Viviani José s/ Expropiación ".  Expte. N° 242/06.-

Y  resultando: 

Que a fs. 603, la actora interpuso recurso de apelación (la demandada desistió, con expreso pedido de eximición de costas), expresando agravios a fs. 611/616, en contra del pronunciamiento de primera instancia de fs. 586/599 vta., que con fecha 30 de junio de 2006 resolvió hacer lugar a la demanda, y fijó el valor del inmueble a la fecha de la desposesión en la suma de $ 1.145.886,3; ordenando se practique la deducción del importe ya cobrado por el expropiado en concepto de depósito ($ 102.500) y se adicione el CER e intereses conforme a las pautas expuestas en el considerando III. "G" de la sentencia; impuso las costas al Estado Nacional y difirió la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se cuente con un monto cierto para su cálculo y;

Y considerando:

A la cuestión planteada, el Dr. Jorge Luis Villada dijo:

I. Que este pleito fue promovido el 4 de noviembre de 1998 por el Dr. Jorge Eduardo Baglietto, en nombre y representación de la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, en contra de la señora Yolanda del Carmen Viviani y del señor José María Viviani, titulares registrales del inmueble identificado como Lote 572   Padrón H 1.702 con una superficie de 458 has, con 3.666,38 m2, con fundamento en lo normado por las leyes 21.499 y 24.725, 23.302 y 14.932 y 24.071. 

En su escrito de demanda refirió que la ley N° 24.725 declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble conforme a disposiciones legales, reglamentarias y a los Convenios 107 y 169 de la OIT aprobados por las leyes 14.932 y 24.071 respectivamente (art.1°); estableció que el PEN dispondrá la transferencia del inmueble expropiado a la autoridad de aplicación creada por ley 23.302 quien adjudicará la titularidad del dominio a la comunidad integrada por las familias aborígenes actualmente asentadas y radicadas en forma permanente dentro de los límites del predio y elaborará los planes y proyectos para su conveniente explotación (art.2°); determinó los límites del inmueble y su superficie en 24.469 has y 4113,14 mts.(art.3°); y dispuso que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tendrá a su cargo la totalidad de los actos y medidas cautelares para instrumentar y ejecutar lo normado por la ley, como también que las leyes 14.932 y 24071 serán de aplicación en todo lo no previsto en la misma (art.4°). 

Añadió que el Tribunal de Tasaciones de la Nación valuó el inmueble en la suma de $ 290.852,00 al contado, desocupado y sin mejoras al 1° de mayo de 1998, sosteniendo que sobre dicho importe les corresponde a los actuales titulares del padrón H 1.702 demandados en autos, la suma de $ 102.000 (cuya boleta de depósito adjunta conforme constancias de fs. 49 y 93 del expediente administrativo que acompañó como prueba), puesto que desde la sanción de la ley se fueron desagregando lotes con la consiguiente reducción del área a expropiar mediante donaciones con reserva de usufructo realizadas por su titular; lo que, a su criterio, constituyó una maniobra destinada a excluir de la expropiación las mejores tierras. Para sustentar sus afirmaciones, señaló que el proyecto de ley de declaración de utilidad pública tuvo ingreso al Congreso Nacional en el año 1994 y que por ello el demandado realizó las donaciones con reserva de usufructo para mitigar el impacto de la expropiación. Señaló que la ley 24.725 es específica, abarcando la totalidad del padrón H 173 en la superficie existente con anterioridad a las donaciones y que carece de lógica pretender que el Congreso actualice la información de dominio de los inmuebles incluidos en proyectos de leyes de expropiación   especialmente en oportunidad del tratamiento específico en cada Cámara  ya que aún aplicando ese criterio no se podría impedir el desmembramiento que se realice en oportunidad del estudio en la comisión respectiva previamente a su tratamiento en el recinto.

Seguidamente expresó que se intentó un avenimiento con los titulares de dominio del inmueble a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación (fs.58/59 del expte. administrativo), por intermedio de su organismo dependiente el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (art.13 ley 21.499) y que la propuesta fue rechazada, reproduciendo los argumentos de la contraria para sustentarlo.

Ofreció prueba documental, informativa, confesional, pericial e instrumental. Acompañó boleta de depósito solicitando su agregación por la suma de $ 102.000 (art.22 ley 21.499) y la entrega de posesión del inmueble. Por último, peticionó la anotación preventiva de la litis (art.24 ley 21.499), hizo reserva del caso federal y solicitó imposición de costas en caso de oposición (fs.124/131).    

II.  Que al contestar la demanda con fecha 18 de febrero de 1999 (fs. 353/373), el letrado de la demandada, Dr. Carlos Ernesto Sánchez Mera, pidió el retiro de la suma depositada haciendo reserva de imputarla a cuenta de mayor cantidad  y sin que implique aceptación de precio o indemnización  conforme a las resultas definitivas del monto indemnizatorio que surja en el presente juicio, en concepto de pago por el inmueble individualizado como Lote Rural N° 572, Padrón H 1.702 cuya superficie es de 458 has., con 3.666,38 m2. Afirmó que la misma surge del informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación (fs. 51) y que se  deberá tener presente tal circunstancia para el momento de dictarse sentencia y fijarse el monto indemnizatorio. 

Agregó que encontrándose cumplimentadas las formalidades legales su parte no se opone a la expropiación, y en lo que respecta a la suma depositada por la actora afirmó que no representa el valor real y objetivo del inmueble, ya que se deben contemplar circunstancias y elementos soslayados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, negando los hechos expresados en el escrito de demanda que no fueren objeto de especial reconocimiento. Fundó tal aseveración, destacando y describiendo las características del inmueble expropiado, resaltando su privilegiada ubicación geográfica y especial microclima, el que además cuenta con tendido de redes eléctricas de media y alta tensión, dos gasoductos y servicio de telefonía que valorizaron la zona, habiéndose producido asentamientos espontáneos con anterioridad a la ley de expropiación en zonas aledañas al inmueble en cuestión, tanto por iniciativa privada como oficial dentro de los originarios límites del padrón H 173 del pueblo de Tumbaya, cuya población cuenta con todos los servicios con una inequívoca vocación de progreso e integración. 

Destacó que el Estado Nacional no eligió al azar la zona a expropiar, concluyendo que únicamente la Finca Tumbaya Grande es apta para la producción agrícola y ganadera y/o de cualquier índole y muestra evidentes ventajas que la hacen gozar de características prácticamente inigualables. Puso de relieve que la zona también cuenta con una eficiente comunicación por vía terrestre con numerosas compañías de transporte de pasajeros que lo vinculan con otros centros poblacionales aledaños, ciudades más importantes de la provincia y zonas limítrofes.

Por otra parte, reiteró su rechazo al precio que ofreciera el expropiante en base al dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación señalando que hasta resulta inferior a la valuación fiscal provincial fijada para el pago del impuesto inmobiliario. Puso de relieve, asimismo, que el expropiante realizó el ofrecimiento de la misma suma en el expediente administrativo y en el presente, en base a la estimación que efectuara el Tribunal de Tasaciones de la Nación a la que calificó de arbitraria, caprichosa y subjetiva ya que no existe parámetro alguno que permita apreciar la correspondencia entre el monto fijado y  el valor real y objetivo del bien expropiado. En cuanto al monto indemnizatorio que pretende, solicitó se realice un análisis comparativo de los antecedentes de compraventas inmobiliarias de parcelas pequeñas, pues no existe en la zona precedente de ventas de fracciones de superficies similares a la expropiada. Para ello acompañó como prueba compraventas recientes concretadas por la empresa multinacional Telecom Argentina Stet France Telecom S.A.  

Luego fijó pautas para la determinación del precio en función de operaciones de ventas realizadas, las que promediadas arrojan un resultado definitivo de $ 2,00 el m2 y son prácticamente concomitantes con la fecha de expropiación, debiendo realizarse las deducciones correspondientes en función de la menor extensión, merma por disponibilidad, mejor ubicación y distintas características topográficas del terreno, concluyendo que el valor a tener como antecedente para una justa indemnización debe ser de $ 0,09 m2. Añadió que también debería tomarse como antecedente una compraventa realizada por Gasoducto Cuenca Noroeste Ltda., de fecha 16 de noviembre de 1998, de un inmueble ubicado en Volcán  colindante con la superficie expropiada de su representado y de características similares, arribando al mismo valor consignado precedentemente al mes de septiembre de 1998. Agregó que también debían tenerse en cuenta los precios fijados judicialmente en otros juicios expropiatorios respecto de inmuebles de similares características, para lo cual trajo a colación la sentencia recaída en la causa N° A 25706/87 sobre “Expropiación   Estado Provincial c/ Ángel Pablo Viviani y/o quienes resulten legítimamente propietarios", de fecha 24 de marzo de 1998, que determinó el precio del inmueble expropiado disgregado del lote s/n Padrón H 173 con una extensión de 27.377,02 m2 en la suma de $ 68.990. Monto  éste fijado por el Tribunal de Tasaciones que no fue discutido, y que estableció una suma promedio de $ 2,51 m2, el que con las deducciones correspondientes arrojó un monto de $ 0,11 m2, debiendo tenerse presente para la determinación del quantum indemnizatorio. 

En definitiva, concluyó, el valor reclamado en forma concreta teniendo en cuenta los precios fijados libremente en el mercado es de $/ha 3.000, valor éste que multiplicado por la superficie a expropiar da una suma de $ 1.375.099,91 a la fecha de la desposesión, monto al que deberán agregarse los intereses correspondientes hasta la fecha del efectivo pago. Ofreció prueba instrumental, de informe, testimonial, pericial técnica, inspección ocular, haciendo reserva del caso federal. Por otra parte, se opuso a la producción de la prueba ofrecida por el expropiante bajo el título “documental en poder de terceros", consistente en que se oficie al Tribunal de Tasaciones de la Nación para que remita el expediente en el que tramitó la tasación practicada sobre el inmueble, habida cuenta que tal organismo es dependiente del Estado Nacional  por lo que no se trata de un tercero  y por lo tanto tuvo acceso permanente a la documental y no la presentó conjuntamente con la demanda. También se opuso a la producción de la prueba pericial ofrecida en el punto 5 del capítulo respectivo de prueba, a fin de no entorpecer el desarrollo del pleito dada su naturaleza sumaria y para no agravar la imposición de costas con una prueba superflua e innecesaria (fs.353/373).

III. Que reproducidas sucintamente las pretensiones y fundamentos invocados por las partes, se señala que el Juez a quo puntualizó que las diferencias a dirimir estaban ceñidas en cuanto 1°) a las características topográficas y productivas del territorio a expropiar y 2°) al monto indemnizatorio.

a) Respecto del primer punto, y en primer lugar determinó que la superficie del inmueble objeto de la expropiación es la fijada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, (458 has. con 3.666,38 m2). En ese sentido no hizo lugar al planteo del actor que consideró la donación con reserva de usufructo del inmueble, efectuada por el Sr. Ángel  Pablo Viviani a los demandados, como una maniobra para sustraerlo del objeto de la ley 24.725 (de expropiación de Finca Tumbaya). La tuvo por válida en función de lo dispuesto por el art. 2505 del Código Civil y la propia ley de expropiación, que declara la invalidez de los contratos celebrados con posterioridad a la vigencia de la ley respectiva sin aludir a los que se celebraren con anterioridad. Concluyó que habiéndose probado la prelación temporal de la operación de desmembramiento de la superficie tenida en cuenta por esa ley con respecto a su entrada en vigencia, el contrato es plenamente eficaz y no se opone ni a su letra, ni a su espíritu dado que en su art.3° establece que la finca se expropiará a su titular Ángel Pablo Viviani "… o a quien o quienes resulten ser los legítimos titulares del dominio". 

Avocándose a la determinación de las características del fundo expropiado lo dividió en zonas conforme al estudio pericial de fs. 512/524:

1) la primera de 63 has., cuya mayor relevancia y valor está dada por su capacidad productiva y potencial a los fines de la urbanización y fácil acceso;

2) respecto a la segunda, determinó que no se aplica al caso de autos, dado que según el informe y la ubicación del lote que surge de fs. 94 y vta., la finca no comprende territorios de esas características;

3) y por último, el remanente de la finca, al que sólo puede accederse por senderos transitables a pie o a lomo de equino, y que sólo resulta apta para la cría de ganado menor y pastoreo abarcando la mayor superficie restante comprensiva de 395 has. con 3.666,38m2.

b) Entrando al examen de la segunda cuestión, esto es el monto indemnizatorio respecto del cual las partes difieren sensiblemente, el a quo se apartó de la valuación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación por considerar que el precio fijado no guardaba relación con otras apreciaciones relativas a inmuebles aledaños o a parcelas del mismo, ni con el de las tierras al  momento de la desposesión. Señaló que el organismo omitió apreciar otros elementos de tipo socio económico para la correcta valuación del inmueble, tales como servicios de telefonía domiciliaria, energía eléctrica pública domiciliaria, acceso mediante diversas empresas de transporte, red distribuidora de agua. Agregó que tampoco se analizaron las posibilidades socio-económicas que genera la finca por su ubicación, no sólo por su capacidad productiva sino también por la vinculación con distintos centros comerciales internacionales. Ponderó la aptitud del inmueble para su aprovechamiento turístico y señaló, que el Tribunal Técnico tomó como criterio de valuación las posibilidades de utilización que habría dado el Estado Nacional a las tierras, y no las posibilidades objetivas productivas que el fundo reunía. En función de tales consideraciones y por existir errores y omisiones en el dictamen del cuerpo  técnico, desestimó el precio fijado por el Tribunal Administrativo.

Respecto al monto pretendido por la demandada y luego de una reseña sobre el procedimiento de cálculo adoptado y propuesto por el expropiado, estimó que también adolece de errores que justifican descartarlo a los fines de determinar la suma indemnizatoria. Para ello sostuvo que se aplicó el mismo valor a todo el fundo sin atender a las notorias diferencias existentes entre los distintos sectores expropiados ni a las características que reseñara. Del mismo modo, agregó que sólo tuvo en cuenta algunas áreas, lo que no puede ser aplicado a todo el inmueble. Así, las tierras bajas poseen relevancia económica por sus especiales condiciones.

Para determinar entonces el valor conforme a lo prescripto por el artículo 20 de la ley 20.499 sostuvo que la indemnización debía establecerse teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la desposesión. Consideró apropiado adoptar el criterio de estimación consistente en tener en cuenta los valores de la zona fijados por compra venta de inmuebles próximos al expropiado, con características geográficas y posibilidades de expropiación similares y con ello, aplicó el método denominado "pasaje de lote a bloque". Por consiguiente, analizó los valores aportados a la causa que guardaren vinculación con la finca expropiada con el objeto de arribar a un valor base a partir del cual, y teniendo en  cuenta las distintas características de las zonas sujetas a expropiación, correspondía aplicar coeficientes de reducción. A los fines de la determinación del monto base aludido  (luego de analizar y descartar las valuaciones del Tribunal de Tasaciones de la provincia de Jujuy y del Tribunal de Tasaciones de la Nación), tuvo en cuenta diversas compraventas de lotes del propio espacio de la finca expropiada y de terrenos aledaños. Así consideró a las operaciones cuyas constancias se encuentran glosadas a fojas 347/352, 315/317 y 339/340 de autos, de las cuales obtuvo un valor promedio por hectárea, expresando que el sistema se halla avalado por la doctrina, la  jurisprudencia, el valor del mercado y las pruebas obrantes en autos. Luego promedió los montos consultados obteniendo la suma de $/ha 40.140,366, considerando que debía tenerse presente como valor base de las hectáreas más valiosas de la zona en que se halla el inmueble. Este valor, sostuvo, debía aplicarse sólo a la porción descripta como áreas 1 del inmueble y al que se le restan las reducciones pertinentes.

Con relación a la zona 1 restó al monto base obtenido el 40% de su valor (por fraccionamiento) y el 25% (por pago de contado) arribando a la suma de $/ha 18.063,16, fijando como valor total de la zona en cuestión, comprensiva de 63 has., la suma de $ 1.137.979,60. Entrando al análisis de la valuación de la zona 3, señaló que de las pruebas obrantes en el expediente la única valuación de esas tierras fue asignada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación que fijó en $/ha 2. Respecto a este monto predicó su inaplicabilidad por haber incurrido el Tribunal en omisiones al no tener en cuenta la potencialidad turística de la zona. Entendió apropiado asignar el valor indemnizatorio ya establecido en el Expte. N° 374/2/98, caratulado “Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación c/Viviani, Ángel Pablo s/expropiación" ($ 20 por ha.). En consecuencia, a las 395, 366648 has., les asignó un valor de $ 7.907,33. En conclusión fijó el valor indemnizatorio a la fecha de desposesión del inmueble identificado como lote 572, padrón H-1702 en la suma de $1.145.886,3 ordenando se deduzca el importe ya cobrado por el demandado en concepto de depósito ($102.000), y se aplique al monto resultante el CER desde enero de 2002 hasta la fecha del efectivo pago, y al monto así obtenido una tasa de interés del 6% anual desde el momento de la desposesión hasta el efectivo pago, cuyo cálculo difirió para la etapa procesal oportuna. Por último, impuso las costas al Estado Nacional difiriendo la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto se cuente con un monto cierto a los efectos del cálculo. 

IV. La sentencia fue apelada por la parte actora y la demandada (pero ésta última  a fs. 610 desistió del recurso).

a) Que el primer agravio expuesto por el actor se vincula con lo que denomina la "cuestión indígena". Dice que con la ley 24.725 estamos en presencia de una ley nacional de expropiación pero que reconoce la ocupación tradicional de un territorio por parte de los beneficiarios de dicha expropiación, reconocimiento que no ha sido ponderado por la sentencia en grado. Destaca luego el texto del art. 75 inc.17 de la Constitución Nacional, que habla de un reconocimiento de la propiedad y personería de las comunidades indígenas, cláusula constitucional que resulta plenamente operativa; que el concepto de territorio de uso y ocupación que poseen las Comunidades beneficiarias de la expropiación es diametralmente opuesto al que se entiende a la luz de los principios civilistas; que los indígenas no interpretan a la tierra en que habitan como un bien más, sino que corresponde al espacio necesario y esencial para el desarrollo y transmisión de su cultura ancestral. Expresa que la posesión del territorio en el derecho indígena es diametralmente opuesto al concepto civilista del mismo; que nuestro derecho positivo enseña que para adquirir la posesión se requieren “actos materiales"; pero por el singular respeto que los indígenas experimentan por las fuerzas que se  hallan en ella, a través de sus árboles, sus ríos y arroyos, sus cerros, etc., mal podrían violentar cualquiera de esas fuerzas a través de la construcción de grandes obras o emprendimientos, de tala de bosques, del tendido de caminos o del cambio en el curso de algún arroyo, y en atención a la importancia que otorgan a las prácticas comunitarias, no podrían impedir el libre tránsito de sus hermanos de la comunidad y animales a través del tendido de alambrados. Por esa particularidad de la cosmovisión de los pueblos indígenas es que se viene desarrollando en el derecho americano la doctrina de la invisibilidad de los pueblos indígenas en cuanto a la forma de su posesión; es así que edifican sus casas sin degradar el medio ambiente, respetan los árboles, las vertientes, los arroyos y aguadas; que por ello es que las Comunidades indígenas beneficiarias de la expropiación, lejos de implantarse en el terreno expropiado, desde siempre lo han utilizado. Así, expresa, la ley de expropiación  representa un medio para instrumentar la propiedad que siempre detentaron. Finalizó la cuestión aseverando que el a quo no la ponderó, fallando como  si se despojase a un propietario de sus tierras para darlas a los beneficiarios, cuando en realidad aquél nunca adquirió su posesión. A ello agregó que se trata de una cuestión de hecho reconocido en la ley mentada. Expone que tomando en cuenta el concepto de territorio indígena, se deduce que las dos zonas en que la sentencia en grado divide la finca expropiada fueron siempre de uso y ocupación de la Comunidad indígena beneficiaria, razón por la que no puede valuarse el territorio partiendo de que el titular registral ejercía un uso y explotación total del inmueble; que tampoco puede valuarse el inmueble y sus zonas por medio del valor de venta de mercado, y se pregunta ﾿quien compraría un inmueble con una vasta Comunidad Indígena asentada en forma tradicional, máxime si ello ocurre con posterioridad a la reforma constitucional de 1994?. Considera que los valores tomados en cuenta por  el a quo referidos a otras operaciones inmobiliarias de la zona no pueden ser tomadas en consideración  sin que se les aplique a los mismos esta realidad.

b)  Luego de destacar los elementos tenidos en cuenta por la sentencia apelada para fijar la indemnización, señala la accionante que la valuación del Tribunal de Tasaciones es la única que estimó el valor del inmueble en forma integral, es decir, considerando la situación de ocupación por las comunidades indígenas, las potencialidades, su efectiva explotación y otras cualidades adversas; y el demandado, que tenía la carga de hacerlo, no ha aportado la única prueba que podría válidamente rebatir tal valuación, cual es la opinión de un perito tasador, sin que pueda suplirse la misma por los mecanismos de aplicación analógica de otras valuaciones que el propio demandado ofrece, lo que significa suplir la negligencia del demandado. Cuestiona que la sentencia no haya realizado un promedio de todos los montos arrimados a la causa y desechado el del Tribunal de Tasaciones que es el único propio del inmueble; también que haya tomado en cuenta la operación que tuvo por protagonista al propio expropiado. En apoyo de lo expuesto, trajo a colación los arts. 1195 y 1199 del Código Civil en lo que respecta a los efectos de los contratos con respecto a los terceros.

Solicitó que se desechen los valores traídos a colación por la demanda por carecer de relación con el fundo expropiado, recalcando su negligencia en el ofrecimiento de una prueba pericial. Sostuvo que se debe merituar la situación de ocupación tradicional ya mencionada con la cual el inmueble es prácticamente imposible de vender y desocupar. Expresó que el demandado no demostró error u omisión manifiesta en el dictamen del Tribunal de Tasación, y que tampoco tiene ese efecto el criterio evaluador que invocó porque se trata de las valuaciones de otros fundos cercanos que se abstrae de las particularidades del inmueble en cuestión y que poseen los elementos subjetivos propios de la formación de precios en un mercado libre.

Alega que se trata de una cuestión técnica que no fue rebatida  por pericia alguna y que el apartamiento del a quo del valor establecido por dicho Tribunal no posee fundamento real. Concluyó que se deben considerar las situaciones de hecho y de derecho (que mencionó y que consideró omitidas) al momento de valuar el daño expropiatorio, caso contrario, se estaría produciendo un enriquecimiento indebido de los demandados. V. Entrando en el análisis y resolución de la cuestión planteada  y haciendo la expresa salvedad de que este tribunal se ha pronunciado respecto a varios aspectos atinentes al caso, reproduciremos nuestros anteriores fundamentos con mínimas diferencias, en aquello que sea pertinente. 

1. Cabe señalar que, como ya se dijo en autos “Sec. de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación c/ Viviani Ángel Pablo s/ expropiación" - Expte. N° 402/05", resuelto el 04 de septiembre de 2008 por esta Cámara (en relación a la expropiación del resto de la Finca Tumbaya), la cuestión indígena fue introducida recién en esta instancia, y entonces,  al no ser propuesta para su tratamiento en la etapa procesal oportuna y no pudo ser ponderada por el magistrado de 1ra. Instancia. Al bucear en los orígenes  de la ley expropiatoria dictada en el caso particular que se examina (idéntica a la de los autos mencionados), reiteramos que en modo alguno puede soslayarse que el Convenio 169 de la OIT "sobre pueblos indígenas y tribales" ratificado por nuestro país el 3 de julio de 2000, dictado en los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y  demás instrumentos internacionales sobre prevención de la discriminación, para reconocer las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de desarrollo económico, y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los Estados en  que viven, traducido en el derecho de propiedad de las tierras que ocupan y la necesidad de instrumentar procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. Así, teniendo como antecedentes las leyes N° 3175 de 1974, N° 4153 de 1985, y N° 4.344 de 1987 de la Provincia de Jujuy, se dictó la ley N° 24.725 (sancionada el 23 de octubre de 1996 y publicada el 19 de noviembre). Atendiendo a los fines expresados, los derechos de los pueblos originarios y las prescripciones contenidas en el art. 75 inc.17° de la Constitución Nacional, se expropiaron las tierras objeto del juicio a efectos de ser entregadas a las comunidades que las ocupan. 

2. A través de la expropiación, se viene sosteniendo que se procura cumplir con los postulados constitucionales encaminados a las finalidades de utilidad pública e interés general, aunque bueno es remarcarlo, respetando y armonizando los derechos adquiridos por parte de los posteriores ocupantes de estas tierras, que desde hace un siglo o dos, lo hicieron bajo prescripciones legales civiles que expresamente nacieron también a partir de la sanción de nuestra Constitución Nacional de 1853 y conforme a las leyes dictadas en su consecuencia (entre ellas el Código Civil Argentino). Es así  que a los efectos de la solución del presente juicio, si bien no puede perderse de vista el motivo por el que han sido expropiadas las tierras, tampoco puede soslayarse la situación de quien es el propietario y titular registral del inmueble conforme a nuestro derecho patrio (Código Civil y demás leyes complementarias), porque es a él a quien se le debe dar una justa indemnización por la privación de aquellas tierras que le pertenecían según la mentada ley civil. 

3. En efecto, si bien los extremos (excepcionales) según los cuales la propiedad privada puede ser tomada para el uso público, están fundados en las razones de “utilidad (no necesidad) pública" que el legislador arbitre, además quedan ineludiblemente sujetos a la restricción de que debe darse a cambio una “justa indemnización”.  La “causa” de la expropiación, responde a exigencias del interés colectivo e implica perseguir o buscar la satisfacción del bien común. Y en este punto, hay que resaltar la opinión de Marienhoff (“Tratado  de D. Administrativo” - Tomo IV; pág. 1296), en cuanto que “el perfeccionamiento social"  quiere significar que la expropiación es procedente no sólo para el requerimiento de índole material, sino para alcanzar también la finalidad del poder, de belleza, de protección y de derecho, quedando comprendidas en ellas, las razones y motivos de cultura, estética, arte y, en general, la satisfacción de índole espiritual.

4. La sentencia en crisis tomó en cuenta múltiples circunstancias vinculadas al inmueble, arribando a una solución que -anticipamos- resulta justa a la luz de tales parámetros, teniendo en cuenta que el destino de las tierras expropiadas es el de entregarlas a las comunidades originarias (lo que es de esperar en el futuro se siga respetando, ya que son múltiples e insospechables los intereses que juegan sobre nuestra puna -especialmente por sus innegables riquezas y propiedades minerales, metalíferas, paisajísticas, reservas ocultas de agua potable y otras muchas potencialidades dignas de explotarse en un tiempo no muy lejano-). Sin embargo, y en otro orden de ideas,  los nobles propósitos perseguidos por el legislador  para nada implican que deba dejarse de lado la manda constitucional contenida en el art. 17 de la Constitución Nacional respecto a otorgar una justa indemnización al expropiado, quien -como ya dijimos- a fin de cuentas adquirió las tierras conforme al derecho vigente y común a toda la Nación.  Reiteramos (como ya lo hiciéramos en el fallo antes citado), que nuestro más Alto Tribunal ha señalado que “la indemnización en materia expropiatoria debe entenderse como el resarcimiento de todo lo necesario para que el patrimonio del expropiado quede en la situación que tenía antes de la expropiación, la que traduce un cambio de valores: el expropiado deja de ser propietario de la cosa o bien objeto de la expropiación y se convierte en titular de una suma de dinero; y esa suma de dinero -para dejar indemne al propietario-,  debe cubrir el costo de reproducción o de reposición; es decir, lo que habría que invertir para obtener, actualmente, un bien igual al de que se trata. En su voto, el Dr. Lorenzetti señaló que en la expropiación no hay sino un fenómeno de conversión y sustitución de derechos del particular a favor de la comunidad. Y al logro de tal objetivo esencial coadyuva, precisamente, la calificación que la obligación expropiatoria tiene como obligación de valor -y no dineraria-. De tal suerte, el derecho del sujeto expropiado está delimitado por el valor actual de reposición de aquella propiedad de la que ha sido privado por causa de utilidad pública. Su derecho no es mayor ni menor a ese valor, y la indemnización "justa" a que se refiere el art. 17 de la Constitución Nacional sólo se alcanza si se satisface esa proporción" (CSJN 28-11-06 Sociedad Anónima Compañía Azucarera Tucumana, ED 221-181).

5. Como ya se expresara en el fallo anterior de esta Cámara  (de septiembre de este año),  la valuación realizada por el Tribunal de Tasaciones no resultaba vinculante para el juez a quo, quien ajustadamente decidió apartarse con los fundamentos tenidos en cuenta para hacerlo (Conf.: “A los efectos de fijar el justo precio de la expropiación, si bien la intervención del Tribunal de Tasación es obligatoria, no lo son sus conclusiones, puesto que se admite la posibilidad de valorar otros medios de prueba tendientes a establecer el justo valor expropiatorio, que serán justipreciados en la sede judicial" - Cám. Fed. Córdoba, Sala “B", 05/12/84 - “Dirección Nacional de Vialidad c/ Bertinatti, Juan B"; LLC, 985-615). En efecto, la sentencia ponderó a nuestro entender, en forma equilibrada y equitativa los diversos elementos aportados a la causa, incluyendo algunos correspondientes al propio órgano nacional tasador, más allá de que se apartara de los valores consignados en el mismo (la tasación obrante a fs. 47, que por el total de 24.469 hectáreas, 4.613,14 m2, justipreciaba la Finca Tumbaya en su totalidad en la suma de $ 256.000 (en febrero de 1998), lo que era casi un precio vil, difícil de aceptar bajo el imperio de la equidad y las reglas de la sana crítica racional, la experiencia y el más elemental conocimiento de las riquezas que encierra esa zona de la provincia de Jujuy (incluida la Mina de Dolomita, cuya situación se trató en el expediente 402/05). 

6. Tampoco resultaba razonable la "revaluación"  que luce a fs. 75 y que con iguales errados parámetros alcanzaba apenas a la suma de $ 290.852 (véanse los criterios adoptados en 1998 y que lucen a fs. 510/524, los que parecieran haberse realizado "a ojo de buen cubero"). Es criterio de nuestro Tribunal Cimero, que en el juicio de expropiación el dictamen del Tribunal de Tasaciones no es obligatorio para los jueces y no excluye las demás probanzas que los interesados puedan producir para acreditar el valor real de los bienes expropiados (CSJN, 18 12 90, “Estado Nacional (Servicio de Parques Nacionales) vs. García del Río de Colero, Amelia", L.L. 1991 C 236, y DJ, 1991 2 316); y pese a la importancia decisiva que pueda serle atribuida, el funcionamiento de tal organismo asesor no implica haber mediado delegación de la potestad jurisdiccional (CSJN, 24 3 83, "Estado Nacional vs. Santo Domingo S.A."). 

7. Pero además, dicho organismo no tomó en cuenta sino aspectos (hasta cierto extremo) superficiales de la fracción cuestionada en esta causa, que a la luz de las probanzas reunidas y demás elementos de criterio que son de público y notorio conocimiento, tales como el emplazamiento de la fracción aludida, el hecho de que sea atravesada por una ruta nacional (que en esa región es el único vínculo con la República de Bolivia y uno de las dos salidas posibles a Chile, vía de comunicación y transporte que es explotada por al menos ocho empresas de transporte según constancias de fs. 543/556, además de empresas de turismo, transporte de cargas y particulares), a la vera de uno de los ríos más importantes que atraviesan la Provincia, surcada por el gasoducto que lleva tal fluido a la República de Chile, que es de las escasas zonas altamente aprovechables desde todo punto de vista, tanto en materia agrícola, como ganadera, turística, etc. (del total de la Finca expropiada) y asiento de pequeñas poblaciones que se encuentran a la vera del camino.  

Ignorar estos aspectos (que surgen hasta de un mero repaso al plano de fs. 157, cuya consulta impone el art. 7° de la ley de expropiaciones N° 21.499), resultaba grosero. Ciertamente el juez a quo lo advirtió claramente, expidiéndose con meridiana claridad respecto a la validez de los desmembramientos y fijando la superficie objeto del juicio presente en 458 hectáreas, 3.666,38 m2., aclarando que en nada se vulneraba ni el espíritu de la ley 24.725, ni se irrogaba perjuicio alguno al expropiante.      

8. En torno a la valuación efectuada, el Juez A quo  tuvo en cuenta fundadamente los caracteres del terreno en cuestión (punto II.2 de sus considerandos), distinguido  claramente la Zona 1 (de 63 hectáreas) y la Zona 3 (de 395 hectáreas con 3.666,38 m2) con sus características puntualizadas rigurosamente; excluyendo la Zona 2 (por no corresponderse con la descripción del lote en cuestión),  justipreciando el valor de la fracción total del inmueble expropiado en la suma de $ 1.145.886,30, apartándose del valor objetivo del bien determinado por el órgano técnico, que no se correspondía con los valores del mercado inmobiliario, lo cual demuestra que la reparación no revestía los caracteres de justa, actual e integral (Conf.: Cám. Civ. Com y Min. San Juan Sala I, 16 5 06, Rep. L.L. 2007 621, N° 6). En los puntos C) y D) de sus considerandos, el Juez A quo fundó claramente en principios de equidad los valores de cada zona, conformado a doctrina y jurisprudencia y dando razones sobradas de la conclusión a la que arribara. Además, precisó los desmembramientos efectuados por ventas a Telecom en 1994 y 1998, con valores que oscilaban entre los $ 14.285,70 a $ 75.000 por hectárea, pero sin dejar de considerar la relatividad de estos parámetros, las especiales características de cada una y manejando un prudente razonamiento al respecto. Esta conducta observada por el Juez A quo, se ajusta perfectamente a lo dispuesto por el art. 10 de la ley 21.499 (pautas para la determinación-valor real; justa; valor venal; potencial, según se puede consultar en “Expropiación" - Ed. Astrea, pág.51 y ss de Casas - Romero Villanueva) y el propio art. 2511 del C.C.

9. Al sólo efecto de describir tales variables, esto es lo que ha ocurrido en el caso, ya que el Juez en grado  tomó en cuenta los valores de otras  operaciones perfectamente válidas (como las que lucen a fs. 167/170; 171/175; 176/178; 183/185; 190/192; 197/198); el expediente de expropiación provincial (iniciado en 1987) cuyos antecedentes lucen a fs. 236 y en adelante, el acta de fs. 75/97 (fs. 318), y sentencia de fs. 339/340 en el que se arribara a una tasación definitiva de $ 68.990 por 27.377,02 m2 (o sea: $ 25.000 -aproximadamente- por hectárea), valuación que fue aceptada por el Tribunal de Tasación provincial de Jujuy para la expropiación de un terreno ubicado en zona lindera del de la presente fracción; la operación de compraventa documentada a fs. 347/350 (ante Escribano Público), de fecha noviembre de 1998. Las constancias atinentes al gasoducto (Gas Atacama) que obran desde fs. 390 en adelante (especialmente el contrato de servidumbre de fs. 413/416). Las constancias correspondientes a la empresa Agua de Los Andes, las reducciones correspondientes, en base a los informes proporcionados por la Inmobiliaria Marcalain, el informe de la Martillera Sandra Pastrana, los de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia y la Dirección provincial de Minería (que lucen a fs. 558/568). Pero además rola en autos, el acta de constatación efectuada en la propia fracción motivo de estos autos realizada por el por el propio Juzgado Federal de Jujuy de fs. 573.

10. A fs.  753/768 y ante las intensas gestiones realizadas por este Tribunal de Alzada, para obtener una evaluación más apegada a la realidad y atento el tiempo transcurrido en la gestión del proceso, el Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios - Tribunal de Tasaciones de la Nación, dictamina un nuevo valor expropiatorio, que arriba a la suma de $ 413.210 por el total de las 458 hectáreas, 366638 m2 en cuestión (menos de $ 1.000 por hectárea), a la fecha de desposesión (12 de noviembre de 1998), con los fundamentos allí vertidos de carácter genérico consistentes en un estudio comparativo de valores de zonas del Noroeste argentino y región de Cuyo, con  marcados e indescifrables contrastes como se puede ver a fs. 758 (comparándose zonas de monte virgen, planicies cultivables de similar o mayor rendimiento agrícola que las zonas más ricas de nuestro País; o del Gran Chaco que posee aún zonas inexploradas, aunque ricas en madera; de los Valles Calchaquíes y la precordillera). Se registran allí referencias a explotaciones agrícolas y ganaderas de tal disparidad, que resultan poco menos que inaceptables (zona de mediana producción como Burruyacu -norte de Tucumán-, contrastada con la mucho más rica de La Cocha o Bella Vista en el sur de Tucumán, o la de San Pedro de Jujuy; zonas sojeras de alto rendimiento como la de Tolloche o de Dragones en el oeste subtropical de la Provincia de Salta; con las tabacaleras como la del Valle de Lerma en el centro de Salta; las viñateras y especieras como la de los Valles Calchaquíes (en Catamarca, Tucumán y Salta). 

11. Pero además y a fs. 666, expresamente consigna que la tasación se efectuó sobre la tierra “libre de mejoras", no incluyendo por ende lo plantado ni lo adherido ni construido sobre el terreno, por cuanto se consideró que “ toda mejora fue introducida por las familias que integran la comunidad y ocupan dicho predio ancestralmente". No está claro para nada, de qué fundamentos o pruebas se valió el Tribunal de Tasaciones para sortear la expresa letra y espíritu de la ley de expropiaciones, porque el art. 11, "sólo excluye expresamente de la indemnización, a las "mejoras posteriores" realizadas al bien con posterioridad al acto declarativo de afectación a la expropiación, salvo las mejoras necesarias". Pero luego, en adelante, los arts. 15, 17 y concordantes del C.C., mandan observar el valor de todo lo plantado, adherido y aún muebles y semovientes incluidos en el inmueble. Y nuevamente surge el interrogante, acerca de si desde la ocupación de los titulares dominiales durante las  décadas que llevan en el lugar, ninguna mejora produjeron, ningún camino, ninguna construcción, ninguna obra. El Tribunal de Tasación no da razones suficientes y atribuye a las comunidades allí radicadas todo el mérito al respecto. ﾿Con qué fundamentos y probanzas o elementos de criterio?. Su labor técnica no podía nunca apoyarse en el folcklore o las creencias tradicionales del lugar, por más respetables que resulten.

12. Pero véase que a un mismo tiempo y "casualmente", todas  estas referencias (descritas a fs. 758), hacen muy poca o nula alusión a las riquezas mineras, metalíferas, turísticas o acuíferas que -reiteramos-, son de público conocimiento y para cuyo “develamiento" hubiere bastado un recorrido por la puna salto-jujeña. Tal vez, un repaso "visual" actual al área comprometida, o a los periódicos locales de los últimos años (por aquello de público y notorio), hubieran otorgado una mejor visión y perspectiva de los valores que se manejan en este juicio, no sólo a los miembros del Órgano Nacional de Tasación, sino a la propia apelante. Este otro sector económico -no considerado-, que es el minero y el acuífero, se hizo público hasta en los medios de prensa. Vayan a guisa de ejemplo los siguientes: “En el área minera cuenta con dos actividades perfectamente determinadas: La exploratoria (que busca poner en evidencia depósitos económicamente explotables) y la extractiva (que comprenden los yacimientos minerales que integran parte del circuito productivo provincial). Con respecto a la primera, las exploraciones llevadas a cabo durante el “boom" minero 1.994/1.997 permitieron comprobar la presencia de una faja de pórfidos de cobre en el oeste de la puna, entre los que se destacan Taca - Taca (perforado y en proceso de evaluación), Samenta (perforado con buenos resultados) y un nuevo hallazgo de oro y cobre en Río Grande, al sur del salar de Arizaro" (Fuente: Secretaria de Minería, Industria y Recursos Energéticos de la Provincia de Salta). Ninguna consideración se hizo al respecto. Ídem: "Perforaron un acuífero descubierto en la Puna salteña, uno de los últimos biomas intactos del planeta, a más de 3.500 metros de altura. Una empresa hizo cinco pozos cerca del cerro Socompa. Uno de ellos bombeó 500 mil litros de agua por hora. El gobernador de Salta, Juan Urtubey, aseguró que no autorizará la exportación de agua". El tema llegó al Congreso de la Nación, Cancillería y Minería. 03/05. Fuentes: La Voz del interior. La guerra del agua llegó a la Puna Salteña. 28/04 El Tribuno: Piden  informes a la Cancillería y Minería por el agua de la Puna)-24/04 El Tribuno: Prohibirán que se venda agua de la Puna salteña.

13. El Tribunal no puede ignorar estos extremos y dejar de concluir que la resolución en crisis se halla sobradamente fundada en cuanto a la determinación de la superficie expropiada y a la precisión del monto indemnizatorio que resolvió determinar a fs. 586/599 y que debe ser convalidado en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la vencida, ya que como principio general, se ha considerado que las costas deben ser a cargo del expropiante para no vulnerar la integridad del resarcimiento reconocido al propietario por el art. 17 de la Constitución Nacional. Por otra parte, me pronuncio difiriendo los cálculos pertinentes para la etapa de ejecución de sentencia con el debido contradictorio de las partes, con costas a la actora y quedando asimismo la regulación de los honorarios para la oportunidad mencionada.

Así me pronuncio.

A idéntica cuestión planteada el Dr. Roberto Gerardo Loutayf Ranea dijo:

Adhiero al voto que antecede por compartir sus fundamentos y la solución del caso.

En mérito al sentido de los votos que anteceden este Tribunal resuelve rechazar el  recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 603 y en consecuencia confirmar la sentencia de primera instancia de fecha 30 de junio de 2006 ( fs. 586/599 y vta.), difiriendo los cálculos pertinentes como así también la regulación de los honorarios para la etapa de ejecución de sentencia,  con costas ( art. 68 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. No firma la presente el Dr. Horacio José Aguilar por encontrarse excusado de intervenir en estos autos. Fdo. Dres. Roberto G. Loutayf Ranea- Jorge Luis Villada 

Ediciones Digitales © 2016-2019 - Material fuera de comercio

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación                        

 Dra. Teodora ZAMUDIO