La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

in re Garcia y otros

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Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

Resistencia, 16 de septiembre de 2008

Y vistos:

Estos autos caratulados: “García Julio César y otros c/Estado Nacional – Poder Ejecutivo  Nacional Argentino s/ordinario” Expte. N° 44.376, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Formosa, en virtud del recurso de apelación deducido a fs. 69 y fundado a fs. 72/79 contra la resolución de fs. 64 y vta.;

Y considerando:

I- Contra la resolución de primera instancia que ordenó al Estado Nacional depositar a la orden de ese Juzgado Federal de la provincia de Formosa y como perteneciente a la  presente causa, la suma de pesos cien mil ($100.000) en concepto de expensas para cubrir las erogaciones resultantes de las medidas de prueba anticipadas ordenadas, este último dedujo recurso de apelación – a fs. 69 -, el que se encuentra fundado a fs. 72/79. 

Como motivos puntuales de queja manifestó:

a) la falta de legitimación activa del Dr. Julio César García para accionar por derecho propio, como así también de la Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá (en formación) a quienes representan dicho profesional y el Dr. Carlos A. Díaz toda vez que no consta en la demanda la representación que alegan,  presentándose sólo en su carácter de ciudadanos y como partícipes en organizaciones referidas a derechos humanos, lo que no resulta título suficiente para peticionar en nombre de la etnia Pilagá. Ello en virtud de señalarse como fundamento de  su actuación la acción de clase o acción colectiva por daños individuales que hasta el momento no ha tenido acogida en nuestro ordenamiento procesal. Criticó la jurisprudencia  acompañada en sustento, como así también la referencia que hicieran al art. 44 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a lo normado en el Convenio OIT N° 169 y a la aplicación de la ley 23.302, cuya propia normativa exige a  las comunidades indígenas, a efectos de ser reconocidas como tales, su inscripción en el registro de Comunidades Indígenas, circunstancia que no ha sido acreditada en autos;

b) el incumplimiento de las normas vigentes que regulan el proceso especial de “litis expensas” art. 639 y siguientes del código ritual, de tal suerte que el procedimiento llevado a cabo ante el juzgador, ha omitido etapas legales, tales la audiencia preliminar entre requirente y el requerido, y la posibilidad de una segunda audiencia a fin de alegar y probar los hechos invocados, ordenándose a su parte un depósito excesivo,  lo que implicó vedarle todo derecho de revisión o de eventual oposición a las pretensiones de la contraria. De esta manera –agregó - se vulneraban los derechos reconocidos en nuestra Ley Fundamental, especialmente sus cláusulas 1°, 4°, 16°, 17°, 18°, 28°, 31 y 75 inc. 12;

c) violación del  derecho de defensa en juicio del Estado Nacional, por habérsele privado de la posibilidad de ofrecer y producir prueba, más aún en el caso, en que la jurisprudencia reiterada y pacífica de nuestros tribunales han sostenido un criterio amplio en materia probatoria para el demandado en procesos especiales como el que nos ocupa;

d) la arbitrariedad y gravedad institucional, arribándose a una decisión prematura puesto que sin audiencia, ni respeto alguno al principio de bilateralidad, el juzgador obliga a su instituyente a la financiación de una prueba prematura – salvo que suponga que el demandado haya de realizar maniobras tendientes a alterar las condiciones de los lugares (y su contenidos) susceptibles de peritar – por el momento innecesaria y significativamente costosa. Agregó que el decisorio que recurre, se apartó del principio de legalidad, por extralimitación del juez en sus funciones al disponer, como lo hizo, una manda judicial sin intervención del demandado.    Solicitó en definitiva se haga lugar al recurso interpuesto, revocándose la decisión atacada, con costas. 

Para el supuesto de una resolución adversa a sus pretensiones, hizo reserva del caso federal.           

La contestación a los agravios antes resumidos obra a fs. 83/107.

II- Por razones de método, se tratarán en primer lugar los agravios referidos a la falta de legitimación activa de los actores, y  a la arbitrariedad de la decisión que aquí se cuestiona. 

a) Con relación al primer punto de queja, en particular la falta de legitimación activa para actuar de los Dres. Julio César García y Carlos A. Díaz, cabe poner de manifiesto, conforme lo esgrimido en su escrito de contestación de agravios, que mediante presentación efectuada el 1° de julio de 2.005, obrante a fs. 50/57, modificaron el escrito de demanda en lo que a este aspecto se refiere, en forma previa a la notificación de la demanda, lo que fue proveído el 25 de julio de 2.005 – conforme surge de fs. 59 del presente, fs. 63 del principal que se tiene a la vista -  presentándose en esta  oportunidad como apoderados de los señores Bartolo Fernández, Juan Córdoba, Ramona Jiménez y Juan González, todos de la provincia de Formosa, quienes otorgaron poder por sí como argentinos pertenecientes a la etnia Pilagá. Asimismo, los tres primeros como titulares del Órgano de Conducción, y ellos y el nombrado en último término como integrantes de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá.      Por tanto, habiéndose cuestionado la actuación por derecho propio de los profesionales antes nombrados, y modificada que fuera la primera presentación que efectuaran, acreditando su personería mediante el poder general con cláusula especial - glosado a fs. 46/47 – que acompañaron, que los habilita para actuar como apoderados y patrocinante respectivamente, no se advierte a esta altura obstáculo para que los actores, personas físicas pertenecientes a la etnia Pilagá, intervengan en este proceso, máxime que tampoco se acreditaron los extremos que alegó la demandada para descalificar a la Federación de Comunidades Indígenas.    Ello en virtud a que los derechos plasmados en la Constitución no son sólo garantías jurídico –formales, sino derechos plenos y operativos que exigen efectiva realización material. Su violación o su falta de virtualidad impone directamente al Estado un deber de aseguramiento positivo, una acción dirigida a vencer los obstáculos del camino  hacia su concreción. Berizonce, Roberto “Derecho Procesal Civil Actual”, Editora Platense–Abeledo Perrot, pág. 131.     La defensa judicial de los derechos asume una significación superlativa, porque su consagración exige el libre e irrestricto acceso a la jurisdicción. De ahí que las garantías de igualdad procesal ostenten jerarquía constitucional y que la cuestión de igualdad ante la ley se traduzca ahora en el tema de la igualdad ante la justicia. Es que, la acción procesal se considera como un derecho humano a la justicia, y no simplemente a la prestación jurisdiccional estrictamente formal. 

Como consecuencia de lo antes dicho, la enorme amplitud con la cual cabe admitir la acción procesal, y teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentra el proceso, no cabe sino otorgar legitimación a los actores, atento las razones esgrimidas en la demanda y a la existencia de un  conflicto en el plano de la realidad de las comunidades indígenas.  

Que modificada entonces la legitimación inicial  invocada, el agravio que la cuestiona respecto a los Dres.  García y Díaz, como así también a la Federación de Comunidades Indígenas, merece rechazarse.   

b) Que, en cuanto a la arbitrariedad señalada, aspecto que involucra el punto d) de la expresión de agravios, cabe poner de manifiesto, según lo tiene dicho el Máximo Tribunal  que “la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de la prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho común, así se estimen esas discrepancias legítimas y fundadas. Esta tacha atiende sólo a los supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales” (Fallos 244:384).  En este sentido, dijo también la Corte que “ si el fallo apelado, dictado por los jueces de la causa, es fundado y serio, aún cuando pueda  discutirse con base legal la doctrina que consagra o sus consecuencias prácticas, no resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en materia de arbitrariedad” (237:69) toda vez que “…la impugnación  por arbitrariedad no consiste exclusivamente en la mera disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican, en tanto no exceden las facultades que son propias de su función … y cuyo acierto o error no incumbe al Tribunal revisar” ( 237:142). Dicho lo cual y aún cuando pudieran existir discrepancias con lo resuelto, debe entrarse al tratamiento de los restantes puntos traídos a decisión.    

c) En orden al agravio que refiere el incumplimiento por parte del Juzgador del trámite propio del instituto de litis expensas, en particular la celebración de la audiencia prevista en el art. 639 y siguientes del C.P.C.C.N., cabe tener en cuenta lo resuelto en el día de la fecha por este Tribunal, en el expediente N° 44.993, que luce agregado por cuerda al presente, en particular en la parte en la que se hace referencia a la real naturaleza del instituto en cuestión, remitiendo a los argumentos allí vertidos, en homenaje a la brevedad, dándolos aquí por reproducidos.    Poniendo de resalto, a mayor abundamiento que, por las especiales características históricas, culturales y jurídicas de la cuestión planteada, y en el caso concreto, atento la necesidad de resguardar los elementos que hacen a la justa solución de la contienda,  deviene necesario que desde el planteamiento mismo del conflicto se vayan enhebrando respuestas anticipadas, casi siempre urgentes, que de modo provisional, sobre la marcha y adecuándose a  la versatilidad de requerimientos naturalmente dinámicos de las circunstancias, resuelvan siquiera provisoriamente los puntuales conflictos que se presentan, vinculados con la seguridad y protección del patrimonio cultural e histórico de los solicitantes.   Ahora bien, el fenómeno tan singular de la tutela urgente, indispensable en procesos como el que nos ocupa, viene impuesto de algún modo, por la necesidad cada vez más apremiante de asegurar la eficacia en concreto de la prestación jurisdiccional, cuya creciente morosidad impulsa la búsqueda de mecanismos simplificadores, y hasta sustitutivos del mismo  juicio de cognición. 

Semejante evolución implica potenciar los poderes de los jueces, a fin de que los ejerciten preventivamente, al cobijo de misiones especiales, que no ameritan dilación, cuando  estén en juego – se reitera - ciertos intereses necesitados de una protección urgente, que debe llegar sin demoras porque, de lo contrario, el derecho se frustraría inevitablemente. Dicha protección asume, en el caso, el carácter de una tutela procesal diferenciada, de “acompañamiento” ante la inminente pérdida o deterioro de los elementos cuya conservación se pretende con la presente medida, que rechaza los formulismos sacramentales, demandando tratamientos más flexibles, funcionales y, sobre todo más dinámicos, acelerados, que aunque no compongan definitivamente el conflicto, cuanto menos brinden soluciones puntuales en tiempo razonable, sobre la base del buen derecho aparente que ostenta quien pretende el pronunciamiento. Morello, A.M. “La medida cautelar sustancial”, Juris. Arg., 1.992 –IV, Pág.317; “La tutela judicial provisoria durante el desarrollo del proceso”, La Ley 1.994 – E, pág.848.   A mayor abundamiento, conforme a la naturaleza otorgada a la medida solicitada en el sub examine – cautelar -, no era necesaria su sustanciación, toda vez que se tramitan “inaudita parte”.   Concluyendo en el sentido expuesto, y atento al carácter provisorio de la decisión, no se advierte en autos la lesión al derecho de defensa de la demandada – aspecto introducido en el punto “c” del memorial recursivo -,  pues el proceso se encuentra en su etapa inicial, correspondiendo por tanto su rechazo, así como también el de los restantes agravios procediendo, en consecuencia, se confirme la resolución de primera instancia que concedió la medida solicitada.   Participando la presente, de los caracteres de una medida provisional, debe tenerse en cuenta lo que se decide en ellas respecto a la imposición de costas y regulación de honorarios. En tal virtud, se difiere su tratamiento para cuando finalice el principal (esta Cámara en Fallos T XXVI, F° 11.903;  T XXVIII,  F° 13.513; T XLVIII, F° 22.654; T LIV, F° 25.181, entre otros).

Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, se resuelve:

1) Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 69, y fundado a fs. 72/79 confirmando en consecuencia la resolución de fs. 64 y vta.;

2) Diferir la imposición de costas y la regulación de honorarios para cuando concluya el principal.  

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Fdo. Dr. José Luis Alberto Aguilar – Dra. Ana Victoria Order. Secretaria Dra. Patricia Beatriz García.

S.I. N° 480 – T V, F°1.339/43.   

Nota: De haberse dictado el Acuerdo precedente por los Sres. Jueces de Cámara que constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto.Ley 1285/58 y art. 109 del Reg.Jus.Nac.), por encontrarse vacante una vocalía.- Secretaria, dieciseis de septiembre de 2.008.- 

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