La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

in re Salas, D.

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Salas Dino y otros c/Pcia de Salta y Estado nacional (14/09/10)

 

 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que a fs. 1295/1296 el letrado apoderado de la parte actora, junto con nueve personas que invocan su condición de demandantes en este proceso y de integrantes de la "Mesa de Tierras del Norte de Salta", denuncian que se habría violado la medida cautelar dictada por esta Corte en el sub lite. Afirman que diversos miembros de las comunidades que  representan habrían observado que los desmontes continuaron pese a la decisión adoptada en esta causa.

Individualizan los desmontes que —según dicen— pudieron comprobar que se realizaron durante el período comprendido entre el 22 de enero y el 21 de octubre de 2009, en zonas que, según el Ordenamiento de Bosques provincial, estarían ubicadas en áreas de la Categoría II (amarillo) y, además, serían utilizadas por pueblos indígenas y poblaciones criollas. Sostienen que también se habría violado el decreto local 2789/2009, en cuyo art. 1° establece que "Durante el plazo de vigencia de la ley 26.160, no podrán ejecutarse las autorizaciones de desmontes pendientes de realización, en aquellas propiedades incluidas en la Categoría II (amarillo) definida por la ley 7543 y su reglamentación, que, a la fecha del presente instrumento, se encuentren sometidas a un reclamo formal por parte de Comunidades Indígenas con personería inscripta en los registros de ley".

Destacan que el daño causado por los desmontes realizados durante la vigencia de la cautelar no puede ser dimensionado en su totalidad, y que si bien sólo detectaron la situación ilegal en las fincas que individualizan, ello daría la pauta clara de que hechos similares podrían haber sucedido en los departamentos en los que estaba vigente la suspensión dispuesta por este Tribunal el 26 de marzo de 2009 en estas actuaciones.

Con tal fundamento solicitan que se requiera a algún organismo independiente de la provincia, como el INTA o la Universidad Nacional de Salta, que mediante el estudio de imágenes satelitales de los años 2008 y 2009 detecte los lugares en los que se hubieran realizado desmontes en los departamentos de Rivadavia, San Martín, Orán y Santa Victoria, durante la vigencia de la referida medida cautelar, y peticionan que se extreme el control de su cumplimiento hasta el dictado de la sentencia definitiva.

2°) Que la medida cautelar dictada por esta Corte el 26 de marzo de 2009 se fundó en el principio precautorio contemplado en la Ley General del Ambiente 25.675 (art. 4), frente a la situación clara de peligro grave que se presentaba, y fue dispuesta a fin de evitar la degradación del medio ambiente.

De allí que no se advierte la necesidad de requerir a algún organismo independiente que "dimensione" el daño causado por los desmontes ilegales durante la vigencia de la cautelar (ver fs. 1296), pues la determinación de la magnitud de ese fenómeno sólo podría dar lugar eventualmente a reclamos vinculados con las consecuencias dañosas que esos hechos pudieran haber ocasionado, cuestión que excedería el marco de este proceso y resultaría ajena a la competencia de esta Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional (conf. Causa "Mendoza", Fallos: 329:2316).

Asimismo, es preciso indicar que la medida como la pretendida excedería los fines perseguidos por el Tribunal con la intervención asumida en el caso, tendiente a la modificación del estado de cosas que dio lugar a su promoción y a la búsqueda de caminos de superación del conflicto (ver sentencia de fs. 313/316, considerando 4°); propósitos que trajeron aparejados el dictado de los decretos provinciales 2785/2009 y 2789/2009 y la presentación del estudio de impacto ambiental acumulativo ordenado en el sub lite, sobre el que se pronunciará esta Corte oportunamente (ver fs. 1292).

3°) Que en cuanto a la violación que se aduce respecto a la prohibición establecida en el decreto provincial 2789/2009, cabe destacar que mediante dicha norma se dispuso que la delimitación definitiva y la categorización final de las áreas boscosas que ocupan o utilizan las comunidades indígenas se decidirá una vez realizado el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de esas tierras (art. 2°), tarea que de acuerdo al artículo 3° de la ley nacional 26.160, se encuentra a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; y que, mientras tanto, dichas áreas serán consideradas de manera precautoria en la Categoría II (amarillo), conforme el artículo 5° de la ley local 7543, prohibiéndose la ejecución de las autorizaciones de desmonte pendientes de realización en aquellas propiedades incluidas en esa categoría y que se encuentren sometidas a un reclamo formal por parte de tales comunidades (art. 1°).

A su vez, en el art. 3° del decreto el Estado provincial expresamente dispuso: "Encomiéndase a la Autoridad de Aplicación de la ley 7543, adoptar las medidas necesarias y conducentes para asegurar el efectivo cumplimiento del presente".

En ese contexto, los extremos que se denuncian indican la ineludible intervención de la jurisdicción salteña para examinar si se configuran los presupuestos de aplicación del decreto provincial que se dice violado, como así también los diversos aspectos de índole local que se vinculan con la cuestión, tales como la revisión estricta de los actos administrativos de autorización de desmontes en las propiedades que individualizan los peticionarios, a fin de determinar si se encontraban pendientes de ejecución a la fecha del dictado del decreto 2789/2009, y la delimitación precisa de las áreas en las que se habría violado la prohibición establecida en dicha norma, a los efectos de corroborar si se encuentran sometidas a reclamos de comunidades indígenas con personería inscripta en los registros de ley (art. 1°).

4°) Que las conclusiones expuestas no se ven alteradas por el hecho de que las violaciones que se denuncian, relacionadas al medio ambiente y más específicamente a la conservación y afectación de bosques nativos, tengan influencia en las garantías que la Constitución Nacional le ha reconocido a las comunidades indígenas, ya que su presencia en juicio, o el reconocimiento de los derechos que invocan, no transforma a la cuestión planteada a fs. 1295/1296 en una que pueda ser calificada como predominante o exclusivamente federal y que, como tal, justifique, por la sola presencia de las garantías que se dicen afectadas por esas  comunidades, la jurisdicción constitucional que se pretende mediante el planteo efectuado en autos.

Al respecto cabe poner de resalto que el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Salta es casi una transcripción del artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y dispone: "Pueblos indígenas. I. La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta. Reconoce la personalidad de sus propias comunidades y sus organizaciones a efectos de obtener la personería jurídica y la legitimación para actuar en las instancias administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley. Créase al efecto un registro especial. Reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras fiscales que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes ni embargos. Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de acuerdo a la ley. II. El Gobierno Provincial genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores indígenas como no indígenas, con su efectiva participación, consensuar soluciones en lo relacionado con la tierra fiscal, respetando los derechos de terceros".

No se advierte que la disposición provincial transcripta contradiga o altere la finalidad, sentido o espíritu de la norma nacional citada, de manera tal que se justifique esta competencia, en la inteligencia de que la previsión local, por no contemplar los presupuestos de la Constitución Nacional o de las leyes dictadas en su consecuencia, exija la intervención directa de esta Corte como órgano custodio de garantías constitucionales en lo que concierne a la cuestión introducida a fs. 1295/1296.

Consecuentemente, el planteo referido deberá realizarse ante las autoridades locales, pues se vincula directamente con las facultades inherentes al poder de policía asignado expresamente en el art. 3° del decreto 2789/2009 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, en su condición de autoridad de aplicación de la ley 7543 (art. 36), al que le compete —como se puso de resalto— asegurar el efectivo cumplimiento de la prohibición que se denuncia violada.

Lo que así se resuelve. Notifíquese.

Ricardo Luis Lorenzetti - Elena I. Highton De Nolasco - Carlos S. Fayt - Enrique Santiago Petracchi - Juan Carlos Maqueda.

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 Dra. Teodora ZAMUDIO