La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

in re Asociación Civil Ayo La Bomba s/Amparo. Dictamen de la Procuración General de la Nación

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Dictamen de la Procuración General de la Nación

Asociación Civil Ayo La Bomba y otro c/Formosa, Provincia de y otro s/ acción de amparo. Recurso Originario A. 1032. XL

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2004.-

Los actores, invocando el derecho de dominio sobre las tierras comunitarias que ocupan las comunidades indígenas del pueblo de Pilayá y su Federación, cuya transmisibilidad y, por ende, su expropiación, se encuentra expresamente prohibida por la ley, promueven acción de amparo con fundamento en los arts. 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional, contra el ESTADO NACIONAL -MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y contra la PROVINCIA DE FORMOSA, a fin de oponerse a la ejecución del proyecto de obra pública: "Reconstrucción y Adecuación -Complejo Hidrovial Ruta Provincial N1 28, Bañado La Estrella", tramo Las Lomitas -Posta Cambio Salazar-, financiada por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLLO mediante el Convenio de Préstamo 1118/OC-AR suscripto entre esa entidad y la República Argentina (v. decreto del P.E.N. 1142/03).

Asimismo, pretenden obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial 1439, en cuanto declara de utilidad pública y sujetos a expropiac1ión a los inmuebles afectados a esa obra que -según dicen- les pertenecen.

Manifiestan que dicho programa de recuperación de zonas inundables, de carácter federal, e imputado al presupuesto nacional, que se realiza a través de una Unidad Ejecutora Provincial (UEP), en la Provincia de Formosa, de la Unidad Central de Administración de Programas (UCAP), que está en la Capital de cada jurisdicción y de la Unidad Ejecutora Central (UEC) o nacional, responsable de la obra, que funciona en la Capital Federal (Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios), será efectuado en forma irregular e ilegítima en cuanto, al levantar en 45 cm. El terraplén de la ruta provocará inundaciones aguas arriba del Bañado La Estrella, peligro cierto de roturas en él y la posibilidad de pérdida de vidas humanas y bienes de los pobladores de la zona, los que deberán ser reubicados en otro lugar, lo cual afectará decididamente al medio ambiente.

Afirman así que tal comportamiento de las autoridades nacionales y provinciales lesiona, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta -a su entender-, sus derechos sobre dichos parajes y viola los arts.14, 16, 17, 18, 28, 29 y 75, inc. 17, de la Constitución Nacional, 79 de la Constitución de la Provincia de Formosa, 13, 14 y 35 del Convenio 169 de la O.I.T. Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (aprobado por ley nacional 24.071) y el Protocolo Adicional al Pacto de San José de Costa Rica.

Por otra parte, indican que el criterio de acopiar aguas originadas en la cuenca del Río Pilcomayo mediante su retención, viola el Acuerdo Trinacional de manejo de la cuenca hídrica del Río Pilcomayo suscripto entre las Repúblicas de Argentina, Bolivia y Paraguay.

Solicitan, en consecuencia, la nulidad del proyecto, del estudio del impacto ambiental por ser poco serio y carente de datos corroborables, del llamado a licitación internacional y a la audiencia pública realizada el 10 de octubre de 2003, por haberse efectuado sin la participación de los afectados directos.

Señalan que interpusieron un reclamo administrativo previo ante ambas jurisdicciones: provincial (Expte. N1 A-1280/04) y nacional (Expedientes S01-0002954/2004 y S01-00527201/2004), con el propósito de intentar un diálogo con las respectivas autoridades, pero, si bien en el orden federal obtuvieron, el 17 de febrero de 2004, la suspensión preventiva de la obra, esa decisión no fue instrumentada por el Estado provincial, lo que demuestra la razonabilidad de la acción de amparo que deduce.

En virtud de lo expuesto, requieren que se decrete una medida cautelar de no innovar por la cual se ordene la suspensión de las referidas obras hasta tanto se resuelva este proceso.

A fs.60, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.

El Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria, toda vez que, de otro modo, en tales ocasiones quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Constitución Nacional (v. Fallos: 307:1379; 311:489; 810 y 2154; 313:127; 320:1093; 322:190, 1387, 1514 y 3122; 323:2107 y 326 entre otros).

Es mi parecer que dichos presupuestos se presentan en autos. En efecto, de los términos de la demanda, a cuya exposición de los hechos se debe atender de modo principal a fin de determinar la competencia según el art. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y doctrina de Fallos: 306:1056; 308:2230, entre otros, se desprende prima facie que los actores dirigen su pretensión de amparo contra actos que emanan de autoridades nacionales y provinciales.

Por ello, la única forma de armonizar las prerrogativas jurisdiccionales que gozan ambos demandados, tanto el Estado Nacional al fuero federal, según el art. 116 de la Ley Fundamental, como la Provincia a la competencia originaria de la Corte, conforme al art. 117 de la Constitución Nacional, es sustanciando la acción en esta instancia (doctrina de Fallos: 322:1043, 2038 y 2263; 323:470, 1110 y 1206; 324:2042 y 2859, entre muchos otros).

En tales condiciones, opino que el sub-lite debe tramitar ante los estrados del Tribunal, en instancia originaria.

Ricardo O. Bausset.-

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 Dra. Teodora ZAMUDIO