La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

in re Puel, R s/daño

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Enviado por Cristina Bortot a quien agradecemos su colaboración. Ver su trabajo

Tribunal Superior de Justicia

ACUERDO NO. 8/1999: En la ciudad de Neuquén, Capital de la provincia del mismo nombre, a los doce días del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la Presidencia de su Titular, Dr. Marcelo J. Otharán, integrado por los Señores Vocales Dres. Fernando R. Macome, Arturo E. González Taboada, Armando Luis Vidal y Rodolfo G. Medrano, con la intervención del Titular de la Secretaría de Recursos Extraordinarios y Penal Dr. Héctor O. Dedominichi, para dictar sentencia en los autos caratulados “Puel, Raúl s/daño”(expediente no. 228-año 1998) del Registro de la mencionada Secretaría, se procedió a practicar la pertinente desinsaculación, resultando que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dr. Armando Luis Vidal, Dr. Arturo E. González Taboada, Dr. Rodolfo G. Medrano, Dr. Fernando R. Macome y Dr. Marcelo J. Otharán.

 

ANTECEDENTES:

Por sentencia No. 10/1998 (fs. 90/93) el señor Juez Correccional, Titular del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Zapala, declaró  a Raúl Puel autor penalmente responsable del delito de daño (art. 183 del Código Penal), imponiéndole la pena de un mes de prisión en forma condicional, estableciendo como reglas de conducta a cumplir las previstas en los incisos 1º. Y 3º. Del art. 27 bis del Código Penal, con más las costas del proceso.

A fs. 95/96 la señora Defensora Oficial del imputado Raúl Puel, Dra. Beatriz S. Ambrogio interpone recurso de casación, canalizando su queja a través del carril casatorio previsto por los incisos 1º. Y 2º. Del art. 415 de la ley adjetiva.

Por Resolución Interlocutoria no. 104.1998 (fs. 109/110) este Tribunal resolvió la admisibilidad formal del Recurso interpuesto.

Por aplicación de la ley 2153 de reformas del Código Procesal (Ley 1677) y lo dispuesto en el art. 424 del párrafo 2º. Del C.P.P. y C., ante el requerimiento formulado los recurrentes no han hecho uso de la facultad allí acordada, por lo que a s. 112 se produjo el llamado de autos para sentencia.

Cumplido el proceso deliberativo que prevé el art. 427 del Código de rito. El Tribunal se planteó las siguientes

CUESTIONES:

1)       ¿ Es procedente el recurso de casación interpuesto?, 2) En su caso, ¿ qué solución corresponde adoptar? Y 3) Costas.

VOTACIÓN:

A la primera cuestión, el Dr. Armando L. Vidal dijo:

I.                     En contra de la Sentencia no. 10/1998 la señora Defensora oficial del imputado Raúl Puel, Dra. Beatriz S. Ambrogio interpone Recurso de Casación. Concretamente, la recurrente orienta sus críticas hacia dos ámbitos:

A)      En primer lugar cuestiona la motivación del decisorio en lo que respecta a la autoría de su asistido. En este sentido, pone énfasis en la valoración realizada por el “a-quo”- de la declaración del funcionario policial Sergio Castillo (quien interviniera en la diligencia prevencional de la causa) y al que el imputado habría manifestado que él (Raúl Puel) había sido quien había destruido las estacas. Realiza, también, un cuestionamiento respecto de la parcialidad del testigo Alvaro G. Vitale.

B)      En segundo lugar, la Dra. Ambrogio dirige su crítica en relación a la subsunción que realizada el “a-quo” de la conducta de su defendido. Al respecto, afirma la recurrente que “(...) la extracción de las estacas, ilegítimamente colocadas en la propiedad del imputado, que el mismo ocupa y que tenía todo el derecho de remover (...)”, “(...) no puede merecer reproche penal alguno (...)”Ello así por cuanto quienes realizaron las obras de marcación que resultaron dañadas “(...) entraron sin su permiso a colocar estacas en donde habita y tiene su canal realizado con su trabajo y esfuerzo personal, para luego también sin su permiso entubar el agua y alambrar para que los animales no causen daños, con lo que terminaría obligado a alejarse del lugar en el que ya no podría subsistir, logrando la comisión de fomento sus fines ilegítimamente, ya que el Decreto 863/96 no prevé ninguna servidumbre de aguas y si la mentada Comisión las necesita para las residencias de veraneo (...) justo es que soliciten y obtengan el permiso mediante la negociación con quien corresponda y no con quien convenga, entrando en las tierras de la comunidad indígena Puel y en el lugar en donde vive el imputado y su familia, avasallando sus derechos.”(fs. 95 vta.)

II.                   Que luego de realizado un análisis de la sentencia y del recurso soy de opinión de que, la casación articulada debe ser declarada procedente. Empero, adelanto que, la  razón del recurrente, lo será en relación al motivo casatorio previsto en el inciso 1º. Del art. 415 de la ley adjetiva (inobservancia o errónea aplicación de la ley penal sustantiva).

Ahora bien, según lo expusiera en el considerando anterior, la Señora Defensora ha alegado también la nulidad del decisorio cuestionado por entender que presenta falencias en su fundamentación en lo que respecta a la autoría. Dicho motivo casatorio que- adelanto nos será acogido- exige, empero, metodológicamente su  tratamiento con carácter previo habida cuenta de que de la respuesta a que él se dé dependerá la existencia de un pronunciamiento jurisdiccional válido.

1º). Nulidad de la sentencia por falta de fundamentación: No comparto en este aspecto la crítica recursiva. Adviértase, en efecto que la señora defensora sienta su censura en que ambos testigos (Castillo y Vitale) tendrían ‘(...) intereses creados en el asunto”; enfatizando que el “a-quo” no habría descartado sus dichos a pesar de “(...) la evidente animosidad de esos dos testigos” (fs. 95). Como podrá observarse, la recurrente, en rigor, se limita a cuestionar el valor (mérito) que a tales elementos de convicción diera el sentenciante. Al ser esto así, la Dra. Ambrogio ha olvidado que en el ámbito del recurso articulado, no es correcto formular censuras de esa índole. Ello, simplemente, porque el órgano jurisdiccional es soberano en cuanto al análisis crítico de los elementos de prueba legalmente incorporados, no pudiendo el Tribunal de casación cuestionar el juicio de mérito sobre la selección y valoración (Conf. Fernando De la Rúa, “La Casación Penal”, Edit. Depalma, Buenos Aires, 1994, pág. 140)

2º) Errónea aplicación de la ley penal sustantiva:  En mi criterio, el razonamiento realizado por la señora Defensora es parcialmente correcto por lo que, en este sentido, he de acompañar, votando por la procedencia del recurso. En efecto,. Si bien es cierto que no comparto su criterio en relación a que la conducta del imputado no sea delictiva por ser lícita, estimo que ha mediado a favor de Puel una causa de justificación putativa por lo que en virtud del art. 34 inciso 1º. del Código Penal (error) en función del art. 34 inciso  Fd (legítimo ejercicio de su derecho), propondré su absolución. Doy mis razones:

A)           Aspecto fáctico (reconocido en la sentencia):

Entre la prueba incorporada por su lectura (confr. Fs. 88 vta.) a debate (que fuera valorada por el sentenciante) constan las declaraciones  testimoniales de Castillo y Vitale. Tales deposiciones  son coincidentes respecto de la siguiente manifestación de Puel: que él (por Puel) había roto las estacas porque lo perjudicaban y era su terreno: (testimonial de Castillo, fs. 37 y vta.). Por su parte, Vitale, luego de ratificar el extremo anterior, pone en boca del imputado la siguiente expresión: “que lo había hecho (la rotura de las estacas) porque nadie le había pedido autorización para ponerlas” (fs. 46 y vta.). Es, din duda, por estas expresiones que –el señor Juez “a-quo”- hace alusión en la sentencia a que “Puel se siente propietario (...) de los lotes 38 y 39 (...)” (fs. 92). La circunstancia reseñada, constituye el núcleo fáctico- reconocido por el magistrado- sobre el cual deberá desenvolverse la argumentación jurídica que, seguidamente habré de desarrollar.

B)           Fundamento jurídico:

a)        El nuevo marco Constitucional: La reforma constitucional de 1994, junto a un reconocimiento expreso del “respeto (por la) identidad” de los pueblos indígenas argentinos (Art. 75 inciso 17) elevó a jerarquía Constitucional distintos documentos Internacionales enumerados en el inciso 22 de aquel mismo artículo. Entre dichos instrumentos internacionales se ubica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuyo art. 27º. Expresa que: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponden, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propio religión y a emplear su propio idioma”.

Los textos precitados, sin duda, han afectado nuestro sistema jurídico y tanto el intérprete de la ley penal, como el Juzgado frente a los casos a decidir, están obligados a reparar en que las normas de derecho común, deben de analizarse en armonía dentro de ese nuevo esquema en que se insertan. “Lo dicho es de ese modo por cuento, ‘las cosas suceden como en el estanque de una fuente. El agua nueva, propagando ondas se mezcla con el agua del pilón y la van cambiando. A veces, según el nivel alcanzado se derrama agua para hacer lugar a la que entra, la cual se diluye y confunde con la que había ya. Pero aún sin derramarse, la composición, la temperatura, el grado de pureza del agua, todo, en fin, es afectado por la que se va agregando así como una sola gota de tinta cambia el color de todo el líquido”. (Sebastián Soler, Interpretación de la ley, Editorial Ariel, Barcelona 1962, pág. 113). Pensar lo contrario es negar el dinamismo, la coherencia y unidad del orden jurídico y al mismo tiempo sostener que pese a que la Constitución se ha modificado visceralmente el orden jurídico sigue siendo el mismo vigente con anterioridad, vale decir, que se niega así la reforma o bien se la acepta para no cumplirla (...)’. (Conf. Daniel P. Carrara, “Etica-Cultural-Derecho”_, En “Anales”, Academia de Derecho y Ciencias Sociales, de Córdoba, 1996, pág. 194/195).

b)        Consecuencia del nuevo marco Constitucional

La consecuencia de este  nuevo marco Constitucional (art. 75 inciso 17 de la C.N., art. 27 del Pacto Internacional) parece clara: de ahora en más deberá garantizarse a las comunidades étnicas que habitan el territorio nacional la posibilidad de “integrarse con sus diferencias, en la mismidad de sus perfiles; [en otras palabras] respeto a la identidad es equivalente a derecho a tratamiento igualitario sin pérdida ni renuncia de (...) [su] (...) identidad” (Conf. Germán Bidart Campos, “Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo VI, Edit. Ediar, Buenos Aires, 1995, pág. 373).

Si se está de acuerdo con lo anterior, no podrá dudarse que como cumplimiento de aquellas mandas constitucionales, ciertas conductas desplegadas en el ámbito de determinados grupos étnicos deben ser analizadas en función de la significación que, las mismas adquieren dentro de su atmósfera cultural; ello, simplemente porque es dentro de esa atmósfera en que se vuelven inteligibles. Como muy bien lo ha puntualizado Beatriz Kalinsky “El uso de giros tales como  ‘internalización de la norma’ (...) frecuentes en el vocabulario jurídico penal, descuentan que los límites impuestos por el contrato social  protegen a todos por igual (...) Sin embargo, el núcleo expresivo de lo que pretendemos mostrar como la pluralidad cultural nos dice que esas normas –jurídicas y culturales- serán revisadas a la luz de las actualizaciones de criterios y miradas de acuerdo con las condiciones sociales en donde pretenden ser respetadas”. (Conf. “Diversidad sociocultural y formas punitivas del Estado. En busca de respuestas antropológicas al sistema jurídico penal en el sur de la Provincia del Neuquén- Argentina, En: “Alteridades”, 1996, 6 (11), pág. 92. El énfasis me pertenece)

c)        La condición del imputado y el caso analizado

El documento sentencial materia de recurso da cuenta de que el imputado es un “criancero” que pertenece a la comunidad “Mapuche”. También, como ya se pusiera en evidencia, Raúl Puel, en reiteradas ocasiones afirmó que había sacado las estacas porque al estar dentro de los límites de su propiedad no se le había requerido “autorización” para colocarlas.

Esta circunstancia, que en otro contexto, podría (lícitamente) ser considerada como una mera excusa exculpatoria, en este caso, por las particularidades culturales que conforman la “identidad” del imputado, debieron haber merecido, por parte del juzgador, un tratamiento más detallado (en rigor, algo de esto intuye el señor Juez “a-quo” cuando a fs. 92 del decisorio expresa: “Sin duda, este conflicto aparentemente aislado, se inscribe dentro de la problemática general entre el Pueblo Mapuche y su más centenario reclamo a la posesión de las tierras que tradicionalmente vienen ocupando (...)”.  Y se afirma que tal circunstancia debió merecer un análisis más profundo, por cuanto constituye una realidad, demostrada a partir de las investigaciones antropológicas de base  llevadas a cabo respecto a este grupo la de que:  “Aunque la dinámica comunitaria tradicional, en muchos aspectos haya desaparecido, el hábitat unido al concepto de identidad y su inusual capacidad de convocatoria, sigue siendo el elemento que le devuelve significación a la vida cotidiana de estos hombres y mujeres. Campesinos o proletarios, residentes en el campo o en la ciudad, viven entrañablemente vinculados a la tierra (Mapu) y a su gente (che), porque en el mundo de lo simbólico, ambos elementos son inseparables y dimensionan el sentido del ser, el espacio y el tiempo”. (Confr. Ingrid de Jong, su colaboración en: Isabel Hernández y otros, “La identidad enmascaradas. Los Mapuches de Los Toldos”, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1993, pág. 156. Los subrayados me pertenecen).

d)        La solución jurídico-penal adecuada

En este marco, la expresión del “a-quo”, en el sentido de que Puel “se siente propietario” de los terrenos en los que se procedió  a la colocación de las estacas que fueron destruidas, constituye un aspecto central. Veamos:

d.1) En primer lugar, debe reconocerse que, en principio, no parece incorrecto el análisis del magistrado al considerar lícita la realización de los estudios que posteriormente resultaron dañados por el imputado. Ello así, por cuanto -como lo advierte el sentenciante- quienes colocaron los instrumentos dañados (estacas) se encontraban autorizados por el Lonco Vicente Puel y que dichas tareas fueron realizadas en el terreno de la comunidad.

d.2) Pero que aquellas tareas, objetivamente, fueron lícitas no exime al Sr. Juez de haber profundizado el análisis en un aspecto de carácter subjetivo, que surge de la propia sentencia (como alegado por el imputado según los dichos de los testigos Castillo y Vitale), en el sentido de que él obró de esa manera, por cuanto entendió que las tareas desarrolladas lo eran en una tierra de su propiedad y que no obstante ello, no había requerido su autorización.

En mi criterio, esta circunstancia da pie a una causa de justificación putativa (art. 34 inciso 1º. del Código Penal).

Siguiendo a Carlos A. Tozzini, entiendo que las causas de justificación putativas “son aquellas (...) en las que el sujeto agente, debido a una estructura errónea del campo físico en su campo conductual, alega que le asistieron [las justificaciones] en respaldo de su conducta desajustada”. (confr. “Dolo, error y eximentes putativas”, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1964, pág. 65). Una de las formas que puede asumir esta eximente es la del ejercicio de un derecho (art. 34 inciso 4º. del Código Penal) putativo. Bajo este concepto, precisamente (entre otras manifestaciones) entrarían aquellos casos en los que el agente, da a una situación jurídica determinada, una extensión que en realidad no tiene. (Conf. Tozzini, op. cit., pág. 79). En mi opinión, es sobre esta premisa, que debe darse solución al caso. En  efecto, interpreto –porque así surge de las constancias de la sentencia- que Puel, procedió a la destrucción de las tareas realizadas (levantamiento de estacas) porque consideró que, al no haberse solicitado su autorización y tratándose de tierras que ‘consideraba’ como propias, estaba – al obrar de esta manera- ejerciendo un legítimo derecho (art. 34 inciso 4 del Código Penal), sin reparar que, tales tierras, en rigor –y como lo puntualiza el “a-quo”- pertenecían a la comunidad.  De esta forma, el imputado, creyó estar en su derecho (art. 34 inciso 4º.) de no permitir la realización de los estudios que se practicaban; empero, tal creencia –en el caso- se vio viciada por un error no imputable (art. 34 inciso 1º.) – por las particularidades a las que se aludiera (adviértase, en este sentido, la atinada observación de Kalinsky- Arrúe al expresar que: “El título de propiedad da derechos comunitarios pero el uso real de esas tierras tiende a ser individual/ familiar”. (confr. “Se ha cometido un delito. Cultura y procesos de conocimiento en el ámbito jurídico penal. Edit. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998, pág. 157. El énfasis me pertenece) – que lo llevaron a actuar en la forma en que lo hizo, no obstante que el propio decreto 863/1996 transfería las tierras a favor de la “Agrupación Mapuche Puel” y no de él (como titular dominial exclusivo). Confrontar con la diferenciación que hacemos en el texto, Gonzalo Segovia y Juan Fernando Segovia: “La protección del  los indígenas”, en: “Derecho Constitucional de la Reforma de 1994”, Edit. Depalma [distribución], Mendoza, 1995,  quienes afirman que el carácter “comunitario” de la posesión y de la propiedad de las tierras que ocupan, importa: “un expreso supuesto de prohibición de la propiedad privada (...)” sobre las mismas. En igual sentido, en cuanto particulariza el nuevo status que diera a las tierras la reforma Constitucional, Elena Highton “EL camino hacia el nuevo derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria en la Constitución de 1994:”en : Revista de Derecho Privado y Comunitario, no. 7, “Derecho privado en la reforma constitucional”, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1996, págs. 309/310.

En mérito de lo expuesto, concluyo propiciando al Acuerdo, se acoja favorablemente el Recurso articulado. Mi voto.

El Dr. Arturo E. González Taboada, dijo: Que adhiero a los fundamentos expuestos por el Vocal preopinante, votando en idéntico sentido la cuestión propuesta. Así voto.

El Dr. Rodolfo G. Medrano, dijo: Por compartir los fundamentos expuestos por el Vocal preopinante de primer voto, adhiero a la solución que propicia. Mi voto.

El Dr. Fernando R. Macome dijo: Comparto las conclusiones a las que arriba el señor Vocal, Dr. Armando Luis Vidal, por lo que adhiero en aquel sentido. Mi voto.

El Dr. Marcelo J. Otharán, dijo: Por compartir en su totalidad, hago mía la respuesta que da el señor Vocal preopinante, Dr. Armando L. Vidal, al contestar esta primera cuestión, por lo que voto en igual sentido. Mi voto

A la segunda cuestión, el Dr. Armando Luis Vidal dijo: Atento al modo en que se propusiera resolver la cuestión precedente, voto en el sentido de que deberá casarse (art. 420 C.P.P. y C.) la sentencia que fuera materia de recurso y por la que se condenara a Raúl Puel, como autor responsable del delito de daño (art. 183 del Código Penal) disponiéndose, en su lugar, la absolución del nombrado por haber obrado en virtud de una causa de justificación putativa (art. 34 inciso 1º, en función art. 34 inciso 4º., ambos del Código Penal). Mi voto.

El Dr. Arturo G. González Taboada, dijo: Que comparto la conclusión sustentada por el Vocal preopinante, atento a los fundamentos dados a la primera cuestión.

El Dr. Rodolfo G. Medrano, dijo: Por compartir la solución dada a esta segunda cuestión por el señor Vocal Dr. Armando Luis Vidal, voto en igual sentido.

El Dr. Fernando R., Macome, dijo: Atento los fundamentos propiciados a la primera cuestión planteada, comparto la solución dada por el señor Vocal de primer voto a esta segunda cuestión.

El Dr. Marcelo J. Otharán, dijo: Adhiero a lo manifestado por el señor Vocal Dr. Armando Luis Vidal, votando en igual sentido.

A la tercera cuestión, el Dr. Armando Luis Vidal, dijo: De conformidad al modo en que se resolviera el presente recurso, corresponde eximir de costas, en todas las instancias, al impugnante (art. 492 C.P.P. y C.). Tal es mi voto.

El Dr. Arturo González Taboada. Dijo: Comparto lo expuesto por el señor Vocal preopinante, a esta  tercera cuestión.

El Dr. Rodolfo G. Medrano dijo: Adhiero a lo manifestado por el señor Vocal del primer voto, eximiendo de costas al recurrente.

El Dr. Fernando R. Macome dijo: Atento la solución dada al presente recurso, comparto lo manifestado por el señor Vocal que votara en primer término a esta tercera cuestión.

El Dr. Marcelo J. Otharán dijo: Teniendo en cuenta el resultado a que se arriba en el tratamiento de las cuestiones precedentes, corresponde eximir de costas al recurrente.

FALLO:

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE

I.                     HACER LUGAR al Recurso de casación deducido por la señora defensora oficial, Dra. Beatriz S. Ambrogio, a favor del procesado Raúl Puel (art. 415 incs. 1º. Y 2º. C.P.P. y C.). II- CASAR la sentencia no. 10, de fecha 12 de marzo de 1998, obrante a fs. 90/93 dictada por el Juzgado de Instrucción y Correccional de la ciudad de Zapala (art. 428 ibidem), y ABSOLVER  al citado del delito de Daño (art. 183 del Código Penal) por el que fuera condenado. III. Sin costas (art. 492 del C.P.P. y C.)- IV- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las presente actuaciones al Juzgado de origen.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores Magistrado por ante el Actuario, que certifica.

Fuente: Alertanet http://www.alertanet.org/F2b-sentenciaNeuquen.htm

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 Dra. Teodora ZAMUDIO