La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

in re Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación

Juzgado Civil y Comercial Nº 6

Resistencia, 17 de diciembre de 2004.

Autos y Vistos:

Para dictar sentencia en estos autos caratulados  "Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya; Asociación Comunitaria de Comandancia Frías y Asociación Comunitaria Nueva Población c/ Provincia Del Chaco y/o Subsecretaria de Recursos Naturales Medio Ambiente de la Provincia Del Chaco; Instituto de Colonización Del Chaco y/o quien resulte responsable s/ acción de amparo colectivo de intereses difusos ", Expte. Nro. 1754/04 y de cuyas constancias resulta:

Que a fs. 1/85 y vta. se presentan la Asociación  Comunitaria de Nueva Pompeya, la Asociación Comu­nitaria de Comandancia Frías y la  Asociación  Comunitaria Nueva Población por intermedio de su letrado apoderado  el Dr. Julio César Garcia y promueven Acción de Amparo Colectivo contra la Provincia del Chaco y/o contra la Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Provin­cia del Chaco, Instituto de Colonización y/o Q.R.R. de la De­predación  Ambiental  que  se  produce en la Provincia del Chaco  por aplicación de la Ley de Bosques 2386 y su modi­ficatoria Ley Nro. 5285 y normas reglamentarias, enumeran­do la normativa que se estima vulnerada.

Destaca  que se afecta el derecho a un me­dio ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado pa­ra el desarrollo humano, el derecho a la participación  de todos  los habitantes en general y de modo especial de los pueblos indígenas en las decisiones y gestiones  públicas, el  derecho a la identidad, a la alimentación y a la salud de los recurrentes por afectación de la Biodiversidad.

Alude a la competencia y a la legitimación activa. Se  refiere  a  los  antecedentes  de  los Pueblos Indígenas que habitan la Región Chaqueña: los  Wichis, los Tobas-Qom y los Mocoví  con  anterioridad  a  la existencia de la Provincia del Chaco y de la Republica Ar­gentina y hace hincapié‚ en que no se reconoce su derecho a que se titularicen a su nombre las tierras reservadas u ocupadas  por los mismos las que son entregadas a particu­lares o grandes empresas.

Que  una de las consecuencias de lo expre­sado  es  la  aparición  de compradores que arrasan con la tierra destruyendo su entorno y la biodiversidad biológica del bosque o monte chaqueño.

Que a raíz de una serie de  notas  en  los diarios  locales  el  Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)  refirió  que  esta situación se agravaría con la sanción  de  una reforma de la Ley de Bosques y se remitió el 12 de noviembre de 2003 un pedido de explicaciones ante la  Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco pidiendo que  el Proyecto de ley sea devuelto para un mayor estudio de la Comisión de Agricultura porque no se había respetado el art. 37 de la Constitución de la  Provincia  del  Chaco referente a la participación de los Pueblos Indígenas.

Menciona  que la Legislatura de la Provin­cia  del  Chaco en vez de frenar el proceso de destrucción del Medio Ambiente sancionó la Ley  5285  del  12  de  no­viembre de 2003 que reforma la Ley de Bosques  Nro.  2386, sin  ningún tipo de consultas a la sociedad en general y a los  indígenas en particular lo que fue expresamente reconocido por los legisladores.

Que la Ley 5285/03 modificatoria de la Ley de Bosques guarda la concepción de que el bosque o el mon­te o el Medio Ambiente pertenecen a un solo sector  de  la sociedad, con una visión economicista.

Que conforme a la opinión de entendidos en la  materia la Ley de Bosques en lo que hace al Bosque na­tivo  implica  una mayor desforestación de áreas boscosas, ya que se podría desforestar el ciento  por  ciento  de  un predio con la obligación de reforestar en otro  lado.  Que la realidad demuestra que no se está  haciendo  reforesta­ción  en  la  provincia, no existen sistemas de contralor, los bosques no se encuentran debidamente  clasificados  ni se contemplan los problemas de los distintos suelos.

Se agrega que no se tienen  en  considera­ción  los sistemas de gestión de territorio con participa­ción  de  los actores sociales como establece la Constitu­ción de la Provincia en su art. 38, ni la variada  riqueza que posee el bosque. Que se agudizará la destrucción de la Biodiversidad y el proceso de degradación ambiental y  so­cial, provocando mayor emigración del campo a las ciudades siendo unos de los grupos más lastimados los pueblos indígenas.

Destaca  que ante la desforestación inten­siva en el Impenetrable Chaqueño y vastas zonas del terri­torio provincial y la sanción de una ley que afecta a  los pueblos  indígenas  sin su participación la que profundiza la devastación del Medio Ambiente, se  solicita  al  Poder Ejecutivo  Provincial  la declaración de la Emergencia Am­biental en la Provincia, pero no se contesta  al  requeri­miento efectuado.

Alude a la procedencia de la acción de am­paro  por afectarse intereses colectivos y difusos, trans­cribe los Arts. 125 de la Constitución Nacional  y  arts. 41, 44, 37 y 38 de la Constitución Provincial.

Pretende que el estado cese en su actitud de entregar el medio ambiente como si  fuera  un  bien  de canje  o comercial a grupos económicos en la Provincia del Chaco, teniendo en consideración también el impacto  y  el daño sobre el medio ambiente a las generaciones  presentes y futuras.

Seguidamente  se  refiere  a  los derechos violentados por la omisión estatal y su acción permisiva:

Derecho a un Ambiente Sano y Equilibrado y el Derecho a la Identidad. Menciona que la cláusula transitoria Quinta  de la Constitución Provincial establece  dos obligaciones una es  la titularización de las tierras ocupadas y reservadas y  seguidamente enuncia una serie de labores y actividades que  debe  desarrollar  el Poder Ejecutivo para transferir las tierras aptas y necesarias para el desarrollo  indíge­na.

Alega que no existe proporcionalidad entre el impacto que se provoca en el Medio Ambiente la  gestión y  la  mitigación  de las medidas que deberían ejecutarse.

Expresa  que  los pueblos indígenas están sometidos a pre­siones  de los sectores económicos y gubernamentales a fin de que sean partes en la destrucción el bosque  y  que  no existe  antecedente alguno de que el gobierno provincial a través de sus poderes constituidos reconozca el derecho de los pueblos indígenas a participar en la  gestión  de  sus recursos  o  del  Medio Ambiente y que se efectivice dicha participación.

Que  la  tasa de desforestación de la masa boscosa  no se corresponde con ninguna tasa deforestación ni  de crecimiento que haga sustentable el recurso ambien­tal. Tampoco existen medidas que atenúen los impactos  so­bre los animales silvestres, vegetación o flora no madera­ble, ni se gestiona el territorio que posee bosque conforme a los tipos de suelo sobre los que se encuentra el mis­mo.

Enuncia  que no hay un registro de las supuestas reservas que se resguardan en cada permiso de corte de madera, ni un organismo de contralor que salvaguarde la biodiversidad.

Asegura que los funcionarios del organismo de contralor provincial sobre el Recurso Forestal y la Dirección  de  Bosques son los mismos que firman y presentan los planes de manejo para su posterior aprobación.

Que  se  vuelven  a otorgar permisos sobre bosques  ya degradados pero no se verifican los antecedentes al otorgarse un nuevo permiso, que últimamente se des­monta y se destronca para producción pecuaria, siembra  de soja o de forraje.

Añade que el derecho a la participación de los  pueblos  indígenas se encuentra reconocido en el art. 75 inc 17 de la Constitución Nacional, el art. 37  de  la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la OIT  sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Sostienen que los  indígenas no  fueron  consultados  al  momento del dictado de la Ley 5285 que reforma la Ley 2386, la Ley de Bosques. Que  asimismo  se  ha  violentado  la Ley 25.675 denominada de los Presupuestos  Mínimos prevista en el art. 41 de la Constitución Nacional para el logro de una gestión sustentable y adecuada  del ambiente, la preservación y la protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable  que  en su art. 2 establece los objetivos que deberá cumplir la política ambiental nacional.

Sostiene la violación del  Convenio  sobre la Diversidad Biológica y del Pacto Internacional de Dere­chos Económicos, Sociales y Culturales, aludiendo a la si­tuación inestable de la red agroforestal, a que la pérdida del bosque lleva a la desestabilización del suelo, a alte­rar el régimen hídrico, a no amortiguarse las temperaturas extremas.

Aseveran que la lesión al  Medio  Ambiente habitado ancestralmente por los pueblos indígenas  vulnera particularmente la cadena alimenticia de la que se  sirven y la salud. Que el Gobierno Provincial  con  sus  actos  y omisiones afecta gravemente el Medio Ambiente y el  Bos­que Chaqueño tanto por la extracción incontrolable de  ár­boles como habida cuenta que no se considera a  la  Biodi­versidad,  requiriendo  se declare la nulidad de la Ley de Bosques  de la Provincia, como la de todos los actos deri­vados de ella, ya sean reglamentos, decretos,  disposicio­nes, permisos de destronque, desmonte o alteración  de  la masa boscosa.

Finalmente  solicitan  que  se  declare la Emergencia Ambiental en la provincia del Chaco, conforme a las  previsiones de los arts. 41, 43 y 124 de la Constitu­ción Nacional y los arts. 37,38, 39, 41 y 44 de la Consti­tución  Provincial.  Que  se efectúe una evaluación de los Impactos ya ocasionados por la destrucción del Monte  Cha­queño y de Impacto Ambiental y Social sobre las  activida­des futuras a realizarse sobre el monte chaqueño de seguir idéntico ritmo de afectación de los bosques y suelos.

Peticiona  que la emergencia ambiental sea declarada  sobre  la  sustentabilidad  ecológica, social y productiva del bosque nativo en la  Provincia  del  Chaco, que se prohíba el desmonte a tala rasa de bosques,  montes nativos y selvas en todo el territorio de la provincia  en propiedades publicas y privadas.

Que  se  arbitren los medios para asegurar la participación con pluralidad de actores e intereses que establece la Constitución Provincial a los fines de desa­rrollar y proponer la ejecución de un  Plan  de  Preservación, Recomposición y Sustentabilidad del Bosque nativo de la Provincia del Chaco. Plantea la inconstitucionalidad de la Ley de Bosques  y  todas  sus  modificatorias.  Ofrecen pruebas y fundan el derecho.

A fs. 88 se imprime a la presente el  tr­ámite previsto en el art. 43 de la  Constitución  Nacional, art. 19 de la Constitución provincial y art. 10 de la  Ley 4297 y se requiere a los demandados informe circunstancia­do.

A fs. 106/107 el Instituto de Colonización informa  que se dio cumplimiento totalmente a la entrega y escrituración de las 150.000 has. (Interfluvio Trucó  Ber­mejito) a las Comunidades Indígenas.

Añade que con  respecto  a  otras  tierras pertenecientes  a  la provincia del Chaco en algunos casos ha realizado su transferencia, en otros ha hecho  reserva y  en otros casos hay tierras en proceso de Titularización a distintas comunidades indígenas, en forma  individual  o comunitaria cuya cantidad es de 350.000  has.  Aproximada­mente las que están avaladas por las Resoluciones y/o  De­cretos del caso.

A  fs.  115/121 comparece la Provincia del Chaco por intermedio de su letrado apoderado el Dr. Ricar­do Alberto Vallejos y presenta el informe circunstanciado, que  en  primer  término aclara que la acción fue dirigida contra  la Provincia del Chaco y/o Subsecretaria de Recur­sos Naturales y Medio Ambiente de la Provincia del Chaco e Instituto de Colonización los que carecen de  personalidad jurídica propia e independiente.

Seguidamente  advierte  que el trámite que se  le  imprimió  a  la presente no es el dispuesto en los arts. 2, 5 y 7 de la Ley Nro.  3911.  Menciona  que  dicha normativa tiene su correlativo en  la  Ley  Nacional  Nro.24.051  que  también requiere los requisitos de evaluación del impacto ambiental y la celebración de  audiencias  públicas, situaciones que no se observaron en autos.  Expresa que se presentan un grupo de  Asociaciones de pueblos indígenas promoviendo acción de amparo  en  protección de intereses difusos y colectivos, para que cese la Depredación Ambiental que se está llevando  a cabo en la Provincia del Chaco. Que en el caso concreto no se  visualiza  el daño que los actores manifiestan padecer ni lo demuestran en forma cabal o concreta.

Que la aplicación de las normas  referidas al desmonte chaqueño no pueden tener incidencia  colectiva ya  que  ello  se  encuentra  perfectamente reglamentado y cumpliéndose con los porcentajes de poda señalados para la defensa del medio ambiente.

En relación a los antecedentes de la medi­da cuestionada alega que cerca de una cuarta parte  de  la tierra escogida o sea unos 35.000.000  de  km2  se  en­cuentra cubiertas de bosques y de selvas, que la Dirección de  Bosques dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia  del  Chaco  es la encargada de otorgar permisos para la regulación de la Frontera Agropecuaria a titulares de  predios que así lo soliciten conforme los procedimientos administrativos que emanan de la Ley de Bosques.

Que a fin de mantener la reserva ecológica que constituye el monte chaqueño  se  aplican  las  normas contenidas en las Leyes Nro. 2386 y sus modificatorias Le­yes 3534 y 5285 que conjugan la forma y el manejo del monte  y  a  su vez el aprovechamiento económica de la madera extraída.

Que en cumplimiento  de  las  premisas  de mantenimiento del monte y de la reserva ecológica que ello significa se dictaron normas de contención  del  desmonte.

Así  se  fijó primeramente que los adjudicatarios y/o pro­pietarios  de  tierras  con  bosques no podrán realizar el aprovechamiento ni el desmonte de los mismos sin la debida autorización que ser otorgada previa presentación y apro­bación del plan de trabajo respectivo.

Que no se podrá autorizar un nuevo plan de aprovechamiento  forestal y/o desmonte a los productores propietarios que no hayan cumplido con uno anterior o  que no están cumpliendo regularmente con uno ya autorizado, lo que también se aplicará a los inmuebles rurales transferidos y los bosques con planes pendientes de ejecución.

Se menciona que en caso de que el predio a desmontar esté‚ compuesto del 100 % de masa boscosa produc­tiva según evaluación del inventario forestal se podrá au­torizar la reforestación en otro predio.

Que  se  estableció  que  la determinación cualitativa del bosque para la  definición  de  las  áreas preservadas en reserva y/o clausura  estará  a  cargo  del responsable técnico que la presentará en plan  de  trabajo de  aprovechamiento  o desmonte y están referidas a la su­perficies catastrales de cada predio según las precisiones que enumera.  Agrega  que  tales  porcentajes  pueden  ser incrementados por el Ministerio de la producción por razo­nes técnicas fundadas, ambientales ecológicas o de sustentabilidad de los bosques chaqueños.

Que las barreras  forestales,  reservas  y clausuras de bosques nativos son permanentes por lo que en ningún caso podrán ser objeto de eliminación, por ende las pérdidas o daños parciales o totales que les  acontecieran en  forma accidental o intencional impondrán indefectible­mente  la  restauración  por medio de reforestaciones ten­dientes a cumplir con los porcentajes establecidos.

Agrega que presentado el plan  de  trabajo con todos los requisitos exigidos deber ser autorizado  o denegado con razón fundada dentro de los 30 días de eleva­da la solicitud.

Se establece la obligatoriedad para todo plan de desmonte de contemplar el mantenimiento o la  rea­lización de barreras forestales con el objeto  de  mitigar la erosión hídrica o eólica así como la preservación de la biodiversidad.

Refiere que las superficies de las  barreras forestales estarán comprendidas dentro de los  bosques de reserva y/o clausura y que su estructura,  composición y disposición serán establecidas  por  reglamentación  del Poder Ejecutivo. Que el material forestal extraído con va­lor maderable producto del desmonte deber ser aprovechado quedando prohibida su eliminación mediante el uso del fue­go.

Que  tales requisitos fueron impuestos por la  Ley  5825 en procura de proteger el medio ambiente, la poda indiscriminada del bosque chaqueño, a fin  de  evitar que pierda su compacta naturaleza y se  transforme  en  un terreno desértico.

Manifiesta que  en  algunas  oportunidades resulta necesaria la tala de  los  árboles  vetustos  cuyo aprovechamiento maderero resulta nulo porque son una  verdadera plaga para el monte, por lo que se conjugan el man­tenimiento de la reserva arbórea con el aprovechamiento de la tierra.

Que  en tales casos no existe una poda in­discriminada  del  monte sino un verdadero aprovechamiento genuino  de  la tierra lo que generará otros recursos y se denomina cortar con sentido de sustentabilidad.

Que en toda reforestación son imprescindibles  las talas periódicas que determinarán el rendimiento económico y el ulterior desarrollo de las plantas que que­darán en forma definitiva o se realiza el "raleo" o sea la eliminación de la plantación de individuos que van a  que­dar permanentemente. Que del mismo modo la poda permite un beneficioso  incremento de la robustez del tallo principal o tronco y evita que la fuerza del árbol se disperse hacia las ramas.

Alude que con la implementación  de  tales normas  el  monto a muy corto plazo se ver beneficiado ya que ello permitirá la producción, regeneración y mejora de las técnicas de aprovechamiento de las  principales  espe­cies y sistemas forestales.

Sostiene que las leyes que son atacadas de inconstitucionalidad fueron dictadas mediante las faculta­des  conferidas por la Constitución Provincial y que preci­samente la Ley 5.285 zanjó la posibilidad de que se cayera  en arbitrariedad para el sector indígena  y  especialmente los productores forestales.

Que  con  su implementación se observa que los postulados del gobierno son el del mantenimiento de la reserva  ecológica y la terminación de la poda indiscrimi­nada de los árboles del bosque chaqueño.

Agrega que la situación se ver corrobora­da  con  el  dictado del Decreto Reglamentario de la misma que en sus considerando establecerá los recaudos para com­patibilizar la conversión de las áreas boscosas degradadas en tierras productivas para la agricultura sobre  la  base de la aptitud de los suelos para uso agrícola incorporando áreas  de reserva y/o clausuras y reforestaciones de espe­cies  nativas como medio de preservar procesos de sucesión vegetal y mitigación del impacto ambiental.

Que  para dar mayor transparencia al otor­gamiento de permisos de regulación de la frontera  agrope­cuaria se conformará una comisión de evaluación  y  segui­miento integrada por los representantes de las Direcciones de Bosques, de suelos y de agua rural, del IIFA, APA,  del Instituto  de Colonización , de los productores forestales y de los profesionales, como asimismo del INTA con el  ob­jeto de hacer un seguimiento del efectivo cumplimiento del Plan de Manejo de Suelos posteriores al desmonte.

Expresa  que de existir zonas con fragili­dad  ambiental  deber incrementarse la preservación de la masa boscosa bajo el concepto de  reservas  y/o  clausuras sin permitir el uso de maquinarias que puedan  alterar  el medio ambiente. Que el Ministerio de Producción convocó  a todos los sectores interesados para la realización de reu­niones con el objetivo de reglamentar la Ley 5285, que la Dirección  de  Bosques  analizó las distintas propuestas y ponencias  efectuadas y de acuerdo a ellas bajo el princi­pio constitucional de que el  aprovechamiento  integral  y racional de los recursos naturales del dominio público es­tá sujeto al interés general y a la preservación ambiental regulará el dictado del reglamento tendiente a la  aplica­ción de normas operativas.

Que se establece que a los efectos  de  la aprobación  de  un  permiso  de  regulación de la frontera agropecuaria  el  titular  del predio deber presentar los requisitos  administrativos  conjuntamente  con un plan de trabajo.

Añade que el citado plan deber ser elabo­rado  por  ingenieros forestales o agrónomos matriculados, siendo corresponsables de la correcta ejecución de las ac­tividades  aprobadas debiendo asesorar al productor en las tareas a desarrollar, certificando el cumplimiento de  las mismas.

Que se contempla el mantenimiento y la realización de barreras forestales principales y transversa­les para mitigar la erosión hídrica  y/o  eólica  como  la conservación  de  la Biodiversidad de modo que actúen como albergue, protección y tránsito de las especies  de  fauna autóctona.

Que en determinadas zonas se establece que se deberá incrementar los porcentajes de reservas o  clau­suras que son permanentes y no podrán ser objeto de elimi­nación.

Que  con  la reglamentación de la Ley 5285 se despeja toda duda  acerca  del  comportamiento  que  se tendrá en adelante con el monte o bosque chaqueño.

Alega que en oportunidades que el Gobierno Provincial invito a todas las comunidades y en  general  a la  población a sumarse a las reuniones que tenían por ob­jeto  lograr  la  reglamentación de la ley, los actores no concurrieron a exponer sus ideas.

Que el lugar de residencia de las  comuni­dades  accionantes,  zona  eminentemente aborigen se puede desmontar nada más que en un 30 % y sin el uso de  topado­ras lo que prácticamente no representa nada. Que la regla­mentación de la Ley de Bosques se efectúa en aras de  pre­servar el medio ambiente y nuestros  bosques  garantizando el goce de derechos humanos fundamentales.

Finalmente  solicita  el rechazo de la ac­ción  impetrada  habida cuenta que la cuestión requiere de mayor amplitud de debate y prueba. En tal sentido sostiene que  los  accionantes  tuvieron la opción de interponer los recursos administrativos  que  permitieran  determinar  la existencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. Que a tal fin resultaba suficiente controlar que los  actos  im­pugnados hubieran respetado  los  procedimientos  exigidos por la legislación nacional y provincial al efecto.

Ofrece pruebas, funda el derecho. Solicita se rechace la acción.

A fs. 122 se proveen las pruebas ofrecidas por las partes.

A  fs. 376 se clausura el período probato­rio.

A fs. 380 se corre traslado al Agente Fis­cal que se expide a fs. 381/384.

A fs. 386 se llama Autos  para  Sentencia, providencia que se encuentra firme y consentida.

CONSIDERANDO:

1)  La pretensión amparista  promovida  por la Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya, Asociación Co­munitaria de Comandancia Frías  y  Asociación  Comunitaria Nueva  Población  tiene  por  objeto la declaración de in­constitucionalidad  de  las  Leyes  de  Bosques Nro. 2386, 5285/03  y  todas  sus modificatorias, que se determine la Emergencia Ambiental en la Provincia del Chaco conforme  a las previsiones de los arts. 41, 43 y 124 de la  Constitu­ción Nacional y arts. 37,38, 39, 41 y 44 de  la  Constitu­ción Provincial, que se efectúe una evaluación de los  Im­pactos ya ocasionados por la  destrucción  de  los  Montes Chaqueños y acerca del Impacto Ambiental y Social en rela­ción a las actividades futuras  de  continuarse  el  mismo ritmo de afectación del bosque y suelos.

Se solicita que  la  emergencia  ambiental sea declarada sobre la sustentabilidad ecológica, social y productiva  del  Bosque Nativo en la Provincia del Chaco y que  se prohíba el desmonte a tala rasa de Bosques, Montes Nativos  y Selvas en todo el territorio provincial, sea en propiedades privadas y públicas.

Y que se arbitren los medios que  aseguren la  participación con pluralidad de actores e intereses de conformidad  a  lo establecido por la Constitución Provin­cial  con  el objeto de diseñar, desarrollar y proponer la ejecución de un Plan de Preservación, Recomposición y Sus­tentabilidad del Bosque Nativo de la Provincia del Chaco.

Se basan en que se vulneran los derecho  a un medio ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecua­do para el desarrollo humano y a la participación de todos los habitantes en  general  y  de  modo  especial  de  los pueblos indígenas en las decisiones y gestiones  públicas, el derecho a la identidad, a la alimentación y a la  salud por afectación de la Biodiversidad .

Agregan que no se reconoce  su  derecho  a que se titularicen a su nombre las  tierras  reservadas  u ocupadas  por los mismos las que son entregadas a particu­lares o grandes empresas, aseverando que una de las conse­cuencias de ello es la destrucción del entorno y la biodi­versidad biológica del bosque o monte chaqueño.

Menciona que a raíz de una serie de  notas en los diarios locales el Equipo Nacional de Pastoral Abo­rigen (ENDEPA) refirió que la situación se vería  agravada con  la  sanción de una reforma de la Ley de Bosques y que en fecha 12 de noviembre de 2003 se remitió un  pedido  de explicaciones  ante la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco requiriendo que el Proyecto de ley sea  devuelto para un mayor estudio de la Comisión de  Agricultura,  en­tendiendo no se había respetado el art. 37 de la Constitu­ción de la Provincia del Chaco en lo referente a la parti­cipación de los Pueblos Indígenas.

Que  la  Legislatura  de  la Provincia del Chaco sin embargo sancionó la Ley 5285 del 12 de noviembre de  2003 que reformó la Ley de Bosques Nro. 2386, sin nin­gún  tipo  de  consultas a la sociedad en general ni a los indígenas en particular.

Cuestionan la norma modificatoria de la Ley de Bosques por guardar una visión economicista, que impli­ca una mayor deforestación de áreas boscosas, entendiendo que se podrá desforestar el ciento por ciento de un predio con la obligación de reforestar en otro lado. Que la  rea­lidad demuestra que no se está realizando la reforestación en la provincia, no existen sistemas de  contralor  y  que los  bosques no se hallan debidamente clasificados ni tam­poco se contemplan los problemas de los distintos suelos.

Se  añade  que se agudizará la destrucción de la Biodiversidad, el proceso de degradación ambiental y social, lo que provocará una mayor emigración del campo  a las  ciudades siendo los pueblos indígenas uno de los gru­pos más lastimados.

Que se requirió al Poder Ejecutivo Provin­cial  la declaración de la Emergencia Ambiental en la Pro­vincia sin contestación alguna.

Aluden  a  la  procedencia de la acción de amparo  por  afectarse  intereses  colectivos  y  difusos, transcribe  los  arts.  125  de la Constitución Nacional y arts. 41, 44, 37 y 38 de la Constitución Provincial.

Se alega que  no  existe  proporcionalidad entre el impacto que se provoca en el Medio Ambiente y las medidas  que deberían ejecutarse, que la tasa de defores­tación  de  la  masa boscosa no se corresponde con ninguna tasa de forestación ni de crecimiento que haga sustentable el  recurso ambiental. Ni tampoco existen medidas que ate­núen los impactos sobre los animales  silvestres,  vegeta­ción  o  flora  no maderable, ni se gestiona el territorio que posee bosques conforme a los tipos de suelo.

Enuncian que no hay un registro de las su­puestas reservas que deben resguardarse en cada permiso de corte de madera, ni un organismo de contralor  que  salva­guarde la biodiversidad.

Que se vuelven a  otorgar  permisos  sobre bosques  ya  degradados sin verificarse los antecedentes y que últimamente se desmonta y se destronca para producción pecuaria, siembra de soja o de forraje.

Añaden que el derecho a  la  participación de los pueblos indígenas se  encuentra  reconocido  en  el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, el art. 37 de la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la OIT so­bre  Pueblos Indígenas y Tribales. Sostienen que los indígenas no fueron consultados al momento del dictado  de  la Ley  5285  que reforma la Ley 2386, la Ley de Bosques. Que asimismo  se ha violentado la Ley 25.675 denominada de los Presupuestos Mínimos prevista en el art. 41 de la  Constitución Nacional para el logro de una gestión sustentable y adecuada  del ambiente, la preservación y la protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable  que  en su art. 2 establece los objetivos que deber cumplir la política ambiental nacional.

Se sostiene la violación del Convenio  so­bre  la  Diversidad Biológica y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aludiendo a la situación  inestable de la red agroforestal ya que la per­dida  del bosque conlleva la desestabilización del suelo, la alteración del régimen hídrico y a que no amortigüen las temperaturas extremas.

A su vez la demandada al producir  el  in­forme  circunstanciado  hace hincapié‚ en que la aplicación de las normas referidas al desmonte chaqueño no tiene in­cidencia  colectiva indicando que se cumplen los porcenta­jes  de  poda  especificados para la defensa del medio am­biente.

Refiere  que una cuarta parte de la tierra escogida o sea unos 35.000.000 de km. 2 se  encuentra  cu­bierta de bosques y de selvas, que la Dirección de Bosques dependiente  del  Ministerio de Producción de la Provincia del Chaco es la encargada de otorgar permisos para la  re­gulación  de  la Frontera Agropecuaria a titulares de pre­dios que así lo soliciten, de conformidad a  los  procedi­mientos administrativos emanados de la Ley de Bosques.

Que las normas  cuestionadas  salvaguardan la reserva ecológica que constituye el monte chaqueño, con­jugan la forma y el manejo del monte con el aprovechamien­to económico de la madera extraída.

Se  sostiene  a  fin de dar cumplimiento a tales  premisas  se dictaron normas de contención del des­monte,  fijándose  que los adjudicatarios y/o propietarios de tierras con bosques no podrán  efectuar  el  aprovecha­miento  ni el desmonte de los mismos sin la debida autori­zación otorgada previa presentación y aprobación del  plan de  trabajo  respectivo.  Asimismo se estableció que no se podrán autorizar nuevos planes de aprovechamiento forestal y/o desmonte a los productores propietarios que no  hubie­ran cumplido con uno anterior o que se hallaren cumpliendo regularmente  con  uno  ya  autorizado,  lo que también se aplicará a los inmuebles rurales transferidos y a los bos­ques con planes pendientes de ejecución.

Se menciona que en los  casos  en  que  el predio a desmontar esté‚ compuesto del 100 % de masa bosco­sa productiva según evaluación del inventario forestal  se autorizará la reforestación en otro lugar. Que la determi­nación cualitativa del bosque para la  definición  de  las áreas  preservadas  en reserva y/o clausura estará a cargo del  responsable  técnico  que debe presentar un plan de trabajo  de aprovechamiento o desmonte y se hallan referi­das a la superficies catastrales de cada predio según  las precisiones que enumera. Agrega que podrán ser incrementa­dos  por el Ministerio de la Producción fundado en razones técnicas,  ambientales, ecológicas o de sustentabilidad de los bosques chaqueños.

Que  las  barreras  forestales, reservas y clausuras de bosques nativos son permanentes  por  lo  que las  pérdidas  o  daños  parciales  o totales que pudieran acontecerles  ya sea en forma accidental o intencional im­pondrán indefectiblemente la restauración por medio de re­forestaciones tendientes a cumplir con los porcentajes es­tablecidos.

Sostiene que presentado el plan de trabajo con todos los requisitos exigidos deber ser autorizado  o denegado con razón fundada dentro de los 30 días de eleva­da la solicitud.

Se establece la obligatoriedad para  todo plan de desmonte de contemplar el mantenimiento o la  rea­lización  de  barreras forestales con el objeto de mitigar la erosión hídrica o eólica así como la preservación de la biodiversidad,  cuyas  superficies, composición y disposición serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo.

Que el material forestal extraído con va­lor maderable producto del desmonte deberá ser aprovechado quedando prohibida su eliminación mediante el uso del fue­go.

Que tales requisitos fueron impuestos  por la  Ley  5825 en procura de proteger el medio ambiente, la poda indiscriminada del bosque chaqueño, a fin  de  evitar que  pierda  su  compacta naturaleza y se transforme en un terreno desértico.

Enfatiza que en ciertas  oportunidades  es necesaria la tala de los árboles vetustos cuyo  aprovecha­miento maderero resulta nulo porque son una verdadera pla­ga  para el monte, por lo que se conjugan el mantenimiento de  la  reserva  arbórea  con  el  aprovechamiento  de  la tierra.

Que en toda reforestación son imprescindi­bles las talas periódicas que determinarán el  rendimiento económico y el ulterior desarrollo de las plantas que quedarán en forma definitiva y que asimismo la  poda  permite un beneficioso incremento de la robustez del tallo princi­pal o tronco evitando que la fuerza del árbol se  disperse hacia las ramas.

Y que las leyes atacadas de inconstitucio­nalidad fueron dictadas mediante las facultades conferidas por la Constitución Provincial y precisamente la Ley 5.285 zanjó la posibilidad de que se cayera en arbitrariedad pa­ra  el sector indígena y especialmente los productores fo­restales, ya que los postulados del gobierno son el mante­nimiento  de  la  reserva ecológica y la terminación de la poda indiscriminada de los árboles del bosque chaqueño.

Agrega que la situación se verá corrobora­da  con  el  dictado del Decreto Reglamentario de la misma que  establecerá  los  recaudos a fin de compatibilizar la conversión  de  las  áreas  boscosas degradadas en tierras  productivas  para la agricultura, todo sobre la base de la aptitud de los suelos para  uso  agrícola  e  incorporando áreas de reserva y/o clausuras y reforestaciones de  espe­cies nativas como medio de preservar procesos de  sucesión vegetal y mitigación del impacto ambiental.

Que para dar mayor transparencia al  otor­gamiento de permisos de regulación de la frontera  agrope­cuaria se conformará una comisión de evaluación  y  segui­miento integrada por los representantes de las Direcciones de Bosques, de suelos y de agua rural, del IIFA, APA,  del Instituto  de Colonización, de los productores forestales y  de los profesionales, como asimismo del INTA con el ob­jeto de hacer un seguimiento del efectivo cumplimiento del Plan de Manejo de Suelos posteriores al desmonte.

Expresa  que de existir zonas con fragili­dad ambiental deber incrementarse la preservación  de  la masa boscosa bajo el concepto de  reservas  y/o  clausuras sin  permitir  el uso de maquinarias que puedan alterar el medio ambiente. Que el Ministerio de Producción convocó  a todos los sectores interesados para la realización de reu­niones con el objetivo de reglamentar la Ley 5285, que la Dirección  de  Bosques  analizó las distintas propuestas y ponencias efectuadas y de acuerdo a ellas bajo el  princi­pio constitucional de que el  aprovechamiento  integral  y racional de los recursos naturales del dominio publico es­tá sujeto al interés general y a la preservación ambiental, regulará  el dictado del reglamento tendiente a la aplicación de normas operativas.

Que  se  establece que a los efectos de la aprobación  de  un  permiso  de  regulación de la frontera agropecuaria el titular del predio  deberá  presentar  los requisitos  administrativos  conjuntamente  con un plan de trabajo.

Y que el citado plan deberá ser  elaborado por ingenieros forestales o agrónomos matriculados, siendo corresponsables  de la correcta ejecución de las activida­des aprobadas debiendo asesorar al productor en las tareas a desarrollar, certificando el cumplimiento  de  las  mis­mas.

Que se contempla el mantenimiento y la realización de barreras forestales principales y transversa­les para mitigar la erosión hídrica  y/o  eólica  como  la conservación  de  la Biodiversidad de modo que actúen como albergue,  protección  y tránsito de las especies de fauna autóctona.

Que en determinadas zonas se establece que se  deberá incrementar los porcentajes de reservas o clau­suras que son permanentes y no podrán ser objeto de elimi­nación.

Se  concluye  que con la reglamentación de la Ley 5285 se despeja toda duda acerca del comportamiento que  se  tendrá en adelante con el monte o bosque chaqueño en  aras  de preservar el medio ambiente y garantizando el goce de derechos humanos fundamentales.

Finalmente que en las oportunidades en que el Gobierno Provincial invito a todas las comunidades y en general a la población a sumarse a las reuniones que tenían por objeto lograr la reglamentación de la ley, los  ac­tores no concurrieron a exponer sus ideas.

Sucintamente son estas las cuestiones so­metidas a juzgamiento, y cuya conducencia se merituarán en el acotado marco cognitivo del amparo.

Previo al análisis de la cuestión de fondo señalo que la accionante  al  contestar  el  informe  cir­cunstanciado la accionada expresó que si bien  la  acción interpuesta ha sido dirigida contra la Provincia del Chaco y/o Subsecretaría de Recursos Naturales y  Medio  Ambiente de la Provincia del Chaco e Instituto de  Colonización  del Chaco dichos organismos carecen de  personalidad  jurídica propia  e  independiente  por lo que solicita se tenga por contestado  en legal tiempo y forma el traslado conferido, a fs. 122 se tuvo por contestado el informe circunstancia­do en forma espontánea, atento a las constancias de  autos y lo ordenado a fs. 109.

2)En  tal cometido debe tenerse presente como  pauta  interpretativa  básica que la operatividad de los derechos y garantías constitucionales supone como pre­supuesto la oportunidad de acceder  sin  restricciones  ni formalismos irritantes a la  Justicia  entendida  como  un servicio puesto por el constituyente a favor de la comuni­dad toda y el deber del Juez de privilegiar  el  principio constitucional del favor actionis o pro actionis como ase­guramiento del Estado de Derecho.

Asistimos a un tiempo social que puede ser calificado, como tiempo social de la justicia, tiempo de la tutela judicial efectiva para todas las personas, sin  ex­cepciones, como prescribe la Constitución, para el ejerci­cio  de  sus  derechos  e intereses legítimos. Del proceso justo, sin que nadie, pero absolutamente nadie, sea perso­na física o jurídica, de derecho público o de derecho privado,  nacional  o  extranjero,  pueda quedar excluido del ejercicio de tal prerrogativa.

Es  tiempo de hacer del proceso una garan­tía  para  el  hombre, una vía legítima de pacificación de conflictos  que asegure la Paz Social. Por ello los jueces debemos  administrar  justicia  para todos, con valentía y activismo, pero también con prudencia y moderación, pues se necesita de una Justicia confiable para todos.

Si  se resigna el cumplimiento de este rol la interacción se tornará cada vez más dificultosa,  nadie estará  entonces en condiciones de prever la conducta aje­na,  ni  siquiera la propia y la magistratura se percibirá cada vez más lejana y menos creíble.

El derecho procesal constitucional, dentro del  cual uno de sus capítulos centrales son los llamados procesos constitucionales, entre ellos el amparo, para ga­rantizar la promesa constitucional en materia de intereses difusos  o colectivos postula la necesidad de un reconoci­miento de legitimación procedimental de base  ancha,  para que cualquier titular de esos intereses, nuestra Constitu­ción Provincial lo reconoce expresamente  a  toda  persona física o jurídica, sin otro condicionamiento,  pueda  recu­rrir a la Justicia.

Ello pone en crisis las categorías  clási­cas de interés legítimo y derecho subjetivo como posibili­dades  de  satisfacer  individualmente las necesidades me­diante la apropiación de objetos separables y susceptibles de protección aislada, frente a la defensa de  bienes  que por  su  naturaleza  no  son  susceptibles  de apropiación exclusiva, requiriéndose en consecuencia encontrar  nuevos tipos  de protección a través de las llamadas acciones colectivas, asignadas en cabeza de un grupo, clase o conjunto  de  personas  y  que  pueden ser iniciadas, como en autos, por cualquiera de ellas.-

Enseña Osvaldo Gozaini en Derecho Procesal Constitucional, tomo I, que la legitimación debe  ser  en­tendida  como un problema constitucional, y que el derecho de acceso a la Justicia supone tanto ingresar sin restric­ciones como tramitar un proceso útil, así como en resolver la controversia en un proceso justo que no  tenga  replie­gues  estériles  soportados en disposiciones rituales o en el  que  actúen las normas procesales sobre operatividades puramente formales.

Expresa  que hay aquí también un nuevo de­recho:  el  de  que  la  acción incoada no tenga solamente efectos de movida inicial, sino que traslade y se proyecte a todas las instancias que lleven a la sentencia.

Las vallas procesales (rituales)  que  se pongan  a la entrada al proceso confirman la crisis funda­mental que se aplica a la persona que  quiere  convertirse en parte y promover la actividad jurisdiccional. Se confi­gura como derecho fundamental porque es una proyección del derecho de acceso irrestricto que tiene toda persona  para perseguir la defensa de sus derechos (pag. 169/ 170).

El desafío que nos compete en el nuevo si­glo a los operadores judiciales frente a una sociedad  ex­pectante  que requiere respuestas oportunas y convincentes es  dar certeza en un tiempo razonable y de manera debida­mente  motivada  y justa abriendo las compuertas de la ju­risdicción y garantizando la tutela de las libertades fun­damentales a todos los habitantes.

Es  oportuno  también recordar como lo hi­ciera en otros fallos en procesos  de  tipo  colectivo, las enseñanzas del maestro Augusto M. Morello reproducidas  en el  Considerando  Nº  20.  del  Voto  del  Dr. Leopoldo H. Schiffrin, in re fallado por la Cámara Federal de La  Plata,  Sala III, el 8/8/88., G.D. y otro v Gobierno Nacional publicado en J.A.  1988-  III-  pag.  96  y  sgtes., cuando expresa que son intereses difusos los que pertenecen idénticamente a una pluralidad de sujetos, en cuanto integran­tes de grupos, clases o categorías de personas, ligadas en virtud  de la pretensión de goce, por parte de cada una de ellas, de una misma prerrogativa. De forma tal que la  sa­tisfacción  del fragmento o porción de interés que atañe a cada  individuo,  se  extiende por naturaleza a todos; del mismo modo que la lesión a cada uno afecta, simultáneamente y globalmente, a los integrantes del conjunto  comunitario.

Anticipándonos a su distinción con los in­tereses colectivos, resta agregar que- pese a pertenecer a un mismo género- los intereses difusos se identifican  con un  estado subjetivo más fluido. En efecto, están caracte­rizados por una cierta imprecisión o indeterminación en la integración  de la categoría. La mancomunidad subjetiva no se  concreta  a  través de una vinculación jurídica de los varios  titulares de la pluralidad de fragmentos del inte­rés superindividual. Los sujetos particulares no se fusionan o unifican para la persecución de la finalidad común.

En   cambio   los   intereses  colectivos, siempre  desde el ámbito de referencia a un amplio círculo de personas, encuentran un punto subjetivo de contacto que radica en las llamadas formaciones sociales o cuerpos  in­termedios.

Se han definido como intereses colectivos, los que tienen como portavoz al  ente  exponencial  de  un grupo  no ocasional, es decir, una estructura organizativa no limitada a una duración efímera o contingente, sino in­dividualizable   como   componente  sociológico  concreto, dentro de la colectividad general.

En  este sentido, los intereses difusos se traducen  en  colectivos,  a través de un procedimiento de sectorialización y especificación (v.gr. el interés difuso de  los consumidores a la salubridad del mercado de consumo, se transforma en el interés colectivo de los  miembros de una asociación de consumidores; el interés difuso de la colectividad  a  la  salubridad  del  medio  ambiente,  se transforma en el interés colectivo de los  integrantes  de una agrupación  territorial afectada por una industria con­taminante).

Sin embargo, ni los intereses difusos,  ni los colectivos, conforman una simple reunión  cuantitativa de prerrogativas individuales. Ya hemos dicho que los  su­jetos son titulares de las distintas porciones de un mismo interés. Media un ligamen cualitativo, que permite categorizar al interés supraindividual desde un plano objetivo.

En  efecto,  la relación entre el grupo de sujetos  y un determinado bien perseguido (v.gr. la salud, etc.), refleja un interés al desarrollo de  ciertas  posi­ciones  plurales, socioeconómicas, que chocan en la sociedad  en la sociedad con fuerzas que les son contrapuestas. Ello da lugar a situaciones de conflictualidad, en las que se  busca participar grupalmente, razón por la cual la ca­tegoría  de los intereses superindividuales revela una co­nexión  funcional, que le da fisonomía propia al margen de la existencia de las figuras subjetivas que puedan consti­tuirse  en  exponentes del interés mismo (Gabriel A. Stiglitz,"  La  responsabilidad  civil-  Nuevas  formas   y perspectivas", prólogo del Dr.  Augusto  Mario  Morello, LL Bs.As., 1984, ps. 24-25, n.13).

A su vez en el Considerando 22  del  fallo ya  citado se sostiene que al criticar globalmente la evo­lución del derecho procesal en la primera mitad del siglo, Augusto Mario Morello formula ideas similares y estimulan­tes  en el sentido de que no deja de ser interesante apun­tar, asimismo, que casi contemporáneamente, Lascano, entre nosotros, ofrendaba reflexiones...,  acentuando  el  matiz social y la necesidad de la comprensión que  del  Servicio debían tener con un ancho consenso los destinatarios, esto es,  los  consumidores jurídicos de este hacer: los justi­ciables más que los operadores técnicos y auxiliares (jueces, abogados, peritos, etc.).-

E identificando las causas de la  frustra­ción actual del sistema de administración de  justicia  da relieve a esta:"... El aislarse de un contexto socioeconó­mico, sustancialmente diferente y matizado de notas singu­lares, traídas por un capitalismo avanzado y "maduro" cuya evolución al alcanzar inéditas y espectaculares conquistas técnicas, producía en contraréplica graves lesiones y de­terioros  -  retrocesos- en la calidad de vida, originando necesidades de una muy diversa  configuración  que  fueron anudándose hasta precipitarse en la  sociedad  conflictiva en la que deambulan nuestras existencias. El posindustria­lismo que se asienta en la producción y consumo de masas y cuyo  derecho no es solo el privado sino también una trama cada  vez más abundante de "leyes y ordenamientos especia­les",  que  buscan atrapar la dinámica de cuadros económi­cos- sociales  complejos,  de  un  hoy que ya es mañana, la aceleración (“ rapidación”) de toda la estructura social y el  proceso  de  desarrollo,  así como de su evolución ( e “involución”) redondean un cuadro de situación con quiebre de valores y aparición de otros nuevos de rasgos  inéditos que buscan su rostro y perfil.

Desde esta perspectiva, el panorama compa­rativo  acusa una modalidad de tutela que se orienta hacia un juez con "responsabilidad social" o sea independiente a cabalidad pero comprometido, no desde luego con la  orientación política circunstancial del gobierno del Estado si­no  con el sentido de ayudar o facilitar, lógica y razona­blemente, la trascendente evolución del Derecho. Abastecer las necesidades de la sociedad moderna  y  en  congruencia con los valores, con sustrato  ético  que,  sucesivamente, predominan en nuestras comunidades.

La  perspectiva en variadísimas e irritan­tes zonas de estas sociedades conflictivas, muestran  pues a los jueces en áreas o categorías de derecho o  intereses requirentes de defensa "ideologizados" mas que neutrales (en  el proceso laboral, en la paridad femenina, en las soluciones de rencillas en donde operan por la  técnica  del emparche  o zurcido; la justicia coexistencial en la nomi­nación de Mauro Cappelletti, de  controversias  menores  o mayores que afloran en la convivencia diaria y que hay que remendar hacia adelante). Matices éstos que instan al juez en el marco de un proceso funcional (por necesidad lógica y práctica) de tipo " promocional", con poderes de equidad y  morigeración,  atento  a facilitar la conciliación y la búsqueda  activa de soluciones adecuadas y oportunas. Ade­más de ser básicamente humanista y solidario, sin sólo re­fugiarse en la actuación del frío manto del "Derecho".

Es entonces que  la  explicación  clásica, conceptualista, la que recogen nuestras periódicas  refor­mas a los códigos como métodos de solución de las  contro­versias,  aparece desbordada porque ya ni su estructura ni el andamiaje en que se soporta según los datos de la experiencia, son aptos para satisfacer la función social ni la finalidad  última  de hacer justicia que es obviamente, su alta  y  primera misión y justificación ". (Augusto Mario Morello, "Las nuevas exigencias de tutela (Experiencias y alternativas para repensar la política procesal y asegurar la  eficacia  del servicio)", capítulo III de "La Justicia entre  dos  ‚pocas  " de Morello, Berizonce, Hitters y No­gueira, La Plata, 1983, ps. 58 a 61, 64 y 65; ed. Librería Editora Platense S.R.L.).

Aplicando estos principios a la singulari­dad del caso resulta que nuestra normativa  constitucional local  en  el  art. 38 in fine acuerda legitimación a toda persona  para accionar ante autoridad jurisdiccional o ad­ministrativa en defensa y protección de los intereses  am­bientales y ecológicos reconocidos, explícita o implícita­mente, por esta Constitución y por las leyes.

Se reconoce una legitimación más amplia  y tuitiva  en relación a la Constitución Nacional, la que por su exégesis es susceptible de autorizar una interpretación mas limitada.

Sin embargo no es la inteligencia que debe darse a la normativa provincial, ya que el dispositivo  es claro  al  respecto y de ninguna manera limita ni circuns­cribe la defensa de tales derechos al afectado. Asimismo es relevante citar el imperativo y generoso art.38 también de la Constitución Provincial referido específicamente  a  la tutela de la ecología y medio ambiente, cuando en su par­te in  fine dispone que: Toda persona está legitimada para accionar ante autoridad jurisdiccional o administrativa en defensa y protección de los intereses ambientales y ecológicos reconocidos,  explícita  o  implícitamente, por esta Constitución y por las leyes.

Por  otra  parte  el  art 4.de la ley 3911 también concede legitimación para  accionar  judicialmente en forma directa a toda persona física o jurídica, sin otra exigencia.

3) En cuanto a la improcedencia de la  vía articulada  para la dilucidación de las cuestiones articu­ladas, al alegarse en el informe circunstanciado que no  se dan  los presupuestos del amparo adelanto que no le asiste razón, como paso a exponer.

Bueno  es tener presente el pensamiento de quien  fue  uno  de  los  más grandes maestros del Derecho Constitucional,  Germán  Bidart Campos, cuando nos sugiere lo difícil que a muchos les viene resultando admitir, pen­sar  y  reconocer  que  después  de  la reforma de 1994 la Constitución ha incorporado muchas categorías nuevas, aun­que a veces el vocabulario no aporte  las  palabras,  sino solamente los conceptos. Para captarlos,  es  recomendable liberarse de los estreñimientos mentales y conceptuales, o como diríamos en italiano, asumir Aggiornamentos.

En  este  sentido  La Corte Suprema, en su histórico fallo en el  caso: PROVINCIA  DE  SAN  LUIS  C/ P.E.N.-LEY  25561, DTO. 1570/01 Y 214/02 S/ AMPARO, en fe­cha: 05/03/2003 en el Considerando 12), del magistral vo­to  del Dr. Nazareno, expresa:" Que si bien es cierto que la  vía excepcional del amparo, en principio, no sustituye las instancias ordinarias judiciales para traer  cualquier cuestión  litigiosa  a  conocimiento de la Corte, no lo es menos que siempre que aparezca de un modo  claro  y  mani­fiesto el daño grave e irreparable que se  causaría  remi­tiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordi­narios,  administrativos  o  judiciales, corresponde que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringi­do  por  la  rápida  vía  del  recurso  de amparo (Fallos: 280:228; 294:152; 299:417;  303:811;  307:444;  308:  155; 311:208, entre otros), a fin de que el curso de los proce­dimientos  ordinarios no torne abstracta o tardía la efec­tividad  de  las   garantías   constitucionales   (Fallos: 323:2519, considerando 5º), circunstancias que se configu­ran en el caso”.

Nuestro régimen jurídico provincial  habi­lita dos procedimientos o vías para la defensa de los  in­tereses   difusos  o  derechos  de  incidencia  colectiva, el amparo  reglado  por el art.19 de la Constitución local, para cuya procedencia deben cumplimentarse con tres recau­dos esenciales, la existencia  de  ilegitimidad  manifiesta (ilegalidad o arbitrariedad),derivada de un acto u omisión de autoridad pública o de un particular, que lesione o ame­nace derechos de rango constitucional, y la inexistencia de otra vía más pronta y eficaz para su tutela.

A su vez el artículo 38 de  la  Constitu­ción  de  la  Provincia reconoce a todos los habitantes el derecho inalienable a vivir en un ambiente  sano,  equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano  y a participar en las decisiones y gestiones  públicas  para preservarlo, así como el deber de conservarlo y  defender­lo. Es decir que pone en cabeza de cada habitante el dere­cho inalienable pero también el deber de contribuir  a  la conservación del medio ambiente, el que sin duda constituye un  derecho esencial de las personas, presupuesto del ejer­cicio de tantos otros.

Asimismo impone como deber de los  poderes públicos  dictar  normas  que  aseguren  entre  otras cir­cunstancias  a las que hace referencia en doce incisos que integran dicha normativa, la exigencia de estudios previos sobre  impacto  ambiental,  para autorizar emprendimientos públicos o privados (inc. 8).

De lo expuesto se deduce que la  operati­vidad de la tutela jurisdiccional de esta singular catego­ría de derechos puede hacerse valer mediante  el  procedi­miento  especial  previsto  en la ley 3911 o por el carril específico del amparo, por el  que  optó  el  demandante, o puede ser requerida por cualquier otra vía procesal que el sujeto decida poner en movimiento para garantizarlos.

Durante mucho tiempo nos enseñaron que las libertades no son absolutas y que los derechos de cada uno terminan donde comienzan los derechos del otro, principio  de relatividad de los derechos, contenido en el art. 14 de la Constitución Nacional, que fundamenta el poder de policía del Estado o de reglamentación.

Si  bien  es este un principio básico de convivencia, reconocido en todos los textos constituciona­les,  se  trata  en realidad de un principio derivado, que tiene como  antecedente  otro primigenio, la regla son las libertades, su excepción la limitación, de lo que se dedu­ce  que en caso de duda habrá que estar siempre a favor de la regla, es decir del reconocimiento del derecho o liber­tad.

Se trata de la primer regla básica de interpretación constitucional a partir de la cual se derivan las restantes, in dubio pro libértate, o indubio pro homine,  expresamente consagrada en el art.29 del Pacto de San José de Costa Rica.

De la defensa y más aún el compromiso que compete a cada uno de los miembros de un estado social democrático y por ende ensencialmete participativo, para velar por la fuerza normativa de la  Constitución  dotándola de la operatividad necesaria para reglar el comportamiento global  de la sociedad provocando la competencia jurisdic­cional cada vez que se asista a una situación concreta  de afectación a las prerrogativas que esta asigna.

Enseñaba Edgardo Rossi en  su  obra  "La acción de Inconstitucionalidad en la Provincia del Chaco", pag.17,  que  ya  es  axioma  decir  que  el titular de la Constitución  es el pueblo, y ningún particular o autoridad puede  disponer  de  ella,  como no sea por los medios que ella misma determina o que en su consecuencia  se  dicten.

El  auténtico guardián de la Constitución es, por lo tanto el pueblo; pues -repito- ella nace de la fuerza y voluntad de este y en su nombre se mueve el Poder Jurisdiccional fren­te  a  los  otros  poderes, políticos por naturaleza y por tendencia dominantes y autoritarios.

Y en su Manual de Derecho Constitucional del  Chaco  expresaba  que si se descubre predominancia de alguno de los poderes en el sistema de gobierno que  orga­niza  la  Constitución será a favor del Poder Judicial, con  imperium  suficiente, para afirmar y mantener su inviolabi­lidad funcional e independiente frente a los otros poderes del Estado ( ob.cit. p.183).

En  nuestro  sistema  constitucional,  si­guiendo  el  modelo norteamericano (sistema jurisdiccional difuso), se ha asignado al Poder Judicial, organizado como un poder fuerte e independiente, junto a la función de administrar  justicia  la de ejercer el control de constitucionalidad.

La competencia estatuida somete a la  re­visión judicial la totalidad de las normas y actos  emana­dos  de  los  poderes públicos y de los particulares a los efectos del contralor de su legitimidad a través de la de­claración de inconstitucionalidad de las  normas  en  todo tipo de procesos.

En el Considerando 42) del  voto  del  Dr. Nazareno del caso de la Provincia de San Luis, la Corte  ha dicho: "  que la Constitución Nacional organiza una república en la que los ciudadanos, que participan de la  for­mación del orden jurídico mediante la elección de  quienes sancionaron las leyes, ostentan derechos de jerarquía  su­pralegal. El reconocimiento que la Ley Fundamental efectúa de  aquellos  derechos,  como  preexistentes a su sanción, inclusive  no enumerados, pero igualmente válidos art. 33 de la Constitución Nacional, traduce la existencia de una zona de reserva de los habitantes de la Nación  en  cuanto al ejercicio de sus derechos básicos, que se refleja en el sistema de control de constitucionalidad.

La pretendida inaplicabilidad de la  norma en el caso concreto que el individuo somete a decisión del juez, importa una manifestación genuina del  principio  de soberanía del pueblo. Los jueces se constituyen en  "guar­dianes  de  la Constitución" para reparar la lesión que un sujeto ha sufrido en sus derechos individuales.

Así, el  ejercicio  de la petición de in­constitucionalidad de un acto de gobierno ante los  estra­dos judiciales constituye la expresión máxima de autonomía del ciudadano, quien reclama la plena vigencia de sus  de­rechos individuales, no delegados, frente a los excesos en que hubiesen podido incurrir sus representantes".

4) Zanjado el aspecto relativo a la proce­dencia y admisibilidad formal de la acción y  entrando  al análisis de la cuestión de fondo corresponde ab initio po­ner  de manifiesto las normas legales vigentes en la materia  y  que  rigen el caso. Ello teniendo en consideración que el análisis de los derechos y pretensiones en juego se encuentra ubicado en el ámbito de las garantías  constitucionales de derecho ambiental.

Desde la máxima  jerarquía  normativa  del Estado, el art. 41 de la Constitución  Nacional  contempla el derecho de los habitantes de Argentina a  un  "...medio ambiente  sano, equilibrado, apto para el desarrollo huma­no...", y el deber de preservación del mismo en  aras  del desarrollo sustentable.

Este derecho goza de una garantía  consti­tucional prevista en el mismo artículo, en cuanto impone a las autoridades estatales la obligación de  proveer  "...a la protección de este derecho, a la  utilización  racional de  los recursos naturales, a la preservación del patrimo­nio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales...".

Sobre el dictado de normas en materia  am­biental y de la posterior actividad de contralor en base a las mismas, debemos tener presentes los siguientes precep­tos constitucionales. La forma de Estado Argentino es  fe­deral, por ello las provincias conservan todo el poder  no delegado a la Nación por la Constitución, regla de deslin­de establecida en los arts. 1, 5 y 121 de la C.N..

El  dominio originario de los recursos na­turales  pertenece a las provincias (art. 124 C.N.), de lo que resulta que, en principio, las provincias son  quienes tienen la función de ejercer el poder de policía en  mate­ria  ambiental.  Las excepciones a esta regla son aquellas específicamente previstas en la Constitución Nacional  re­lativas a cuestiones interprovinciales, inter- jurisdiccionales entre la Nación y las provincias, territorios nacionales y las que hagan al crecimiento armónico de la Nación (art. 75 incs. 12, 13, 15, 18, 19 30 y conc. de la C.N.).

Corresponde  a  la Nación establecer, con­forme al art. 41 C.N., los presupuestos mínimos de protec­ción al ambiente.

De lo expuesto se concluye que, los habi­tantes de la Nación tienen derecho a un  ambiente  sano  y las autoridades deben asegurar el goce de este derecho. En principio las provincias tienen competencia para reglar en la materia, con las excepciones  explícitamente  previstas por la Constitución Nacional, sin perjuicio de la facultad del  Gobierno  Federal de regular los presupuestos mínimos en la materia.

Sobre  la  competencia de los estados pro­vinciales, la Corte Suprema de Justicia Nacional ha expre­sado: "...Son las autoridades administrativas y judiciales del Estado de la Provincia de Buenos Aires las  encargadas de  valorar si la obra proyectada afecta aspectos tan pro­pios del derecho provincial como lo es todo lo concernien­te a la protección del medio ambiente. En efecto,  corres­ponde  reconocer  a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para  la que gobiernan, como asimismo valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo las autoridades, en ejercicio de poderes propios que afectan el bienestar perseguido.  Tal  conclu­sión  cabe extraerla de la propia Constitución, la que, si bien establece que le cabe a la Nación "dictar las  normas que contengan los presupuestos mínimos de protección", re­conoce expresamente las jurisdicciones locales en la mate­ria, las que no pueden ser alteradas (art. 41, tercer  párrafo de la Constitución Nacional.

El ambiente es un conjunto interrelaciona­do de componentes de la naturaleza y de la cultura que dan fisonomía  a la vida en el planeta que posibilitan la sub­sistencia de la civilización y que aseguran  la  conserva­ción  del hombre y de los demás seres vivos como especies. El  medio  ambiente  o simplemente ambiente está integrado por "aire, agua, suelo" y demás  factores  básicos  de  la existencia natural (dada) y cultural (creada) en el planeta  Tierra,  "  por ello cabe poner límites al impulso del hombre  por  "tener  y  gozar” más que por "ser y crecer",  "creer  y  crear" lo que lleva a una insensata destrucción de los recursos de la Tierra. Se olvida que la  tierra  es un bien que debe preservarse para salvaguardar la auténti­ca ecología humana" ( Encíclica Centesimus Annus, Parágra­fo  38, "La Constitución Reformada" Roberto Dromi. Eduardo Menem. Pg. 134).

Este derecho al ambiente no es un  derecho solitario. Existe  una  inmediatez  del  ambiente  con  el hombre:  el  hombre  con su circunstancia. El hombre y sus relaciones  con la naturaleza, la industria, la producción y las generaciones venideras. El hombre y su responsabili­dad  de  equilibrio,  ecuanimidad y protección. (Conf. ob. cit. pg. 136).

Si bien todos los habitantes gozan del de­recho de disfrutar de un ambiente sano, equilibrado y apto todos  tienen  el deber de preservarlo con comportamientos concurrentes.

Las  autoridades públicas son las encarga­das  de  proveer  todo lo conducente a la preservación del ambiente: a) protección del derecho al ambiente, b) Utili­zación  racional  de  los recursos naturales: se refiere a los recursos renovables y no renovables e implica una  di­rectiva  para la explotación económica del suelo "Los cri­terios  de protección ambiental se instalan en forma definitiva  en  la  evaluación del fenómeno económico. Esto se refiere  tanto a la actividad agropecuaria como a la mine­ra, la forestación, que puede cambiar la fisonomía  y  aún el ecosistema de una región..." c) Preservación del patri­monio natural y de la diversidad biológica: "La Nación debe preservar su integridad territorial no sólo en cuanto a los  confines  de su extensión sino también en su composi­ción. Esto es la protección de los  ecosistemas  naturales aún no afectados significativamente  por  las  actividades humanas, el objeto de la protección son aquí los ambientes naturales..." d) Preservación del patrimonio  cultural  e) Información f) Educación. (conf. ob. cit. pg. 140/142).

En el 3er. párrafo se dispone:"Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupues­tos mínimos de protección y a las provincias  las  necesa­rias para complementarlas sin que aquellas alteren las ju­risdicciones locales."

Es decir que el art. 41 determina la obli­gación del Estado Nacional de proveer a la  protección  de la diversidad biológica, correspondiendo  en  consecuencia dictar  las  normas que contengan los presupuestos mínimos de  protección  y  a  las  provincias  las necesarias para complementarlas.

Y  el art. 124 de la Constitución Nacional preceptúa  que  corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales existentes en su territorio, lo que obliga  a éstas a trazar una política ambiental, tomar de­cisiones, fijar estrategias, planes y programas de gestión  ambiental, así como legislar sobre la  protección  de  sus recursos naturales y cuidado ambiental comprensivo  de  la biodiversidad, todo lo cual debe ser compatible con el régimen  ambiental nacional que esencialmente instrumenta la Ley General del Medio Ambiente Nº 25.675 que establece los presupuestos mínimos en la  materia, rectora  de  toda  in­terpretación normativa (art. 4 L.G.M.A.)

La Constitución Nacional ordena  sobre  el particular y la Nación ha firmado Convenios  Internaciona­les  específicos  sobre  esta disciplina, que tienen rango Constitucional. La experiencia internacional  comienza  en 1972 y se ratifica fuertemente en  la  Cumbre  de  Río  de 1992.Destacándose también con rango constitucional supremo ( art.75 inc.22), el Pacto Internacional de Derechos  Eco­nómicos  y  Culturales,  el  Convenio  169 de la OIT ( LEY 24071/92) y el Convenio Sobre Diversidad Biológicas,(  Ley 24375/94),entre otras normativas.

El mismo Estado es quien reconoce la necesidad  de  creación de estas Políticas y que la ciudadanía debe  participar  de este objetivo y concretarlo, indepen­dientemente  de  las plataformas políticas de los próximos gobiernos nacional, provinciales y municipales.

De lo expuesto se deduce que tanto a nivel nacional como en los ámbitos locales, se ha legislado desde  las  normas constitucionales en primaria coincidencia. Existe,  por ello, sin discusión posible, un orden público ambiental  y también un conjunto de procedimientos que ha­bilitan su tutela activa.

La Ley 25.675 contiene principios  de  in­terpretación  y  aplicación de la normativa y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental que en general son reconocidos por la doctrina del derecho ambiental:  1)  Principio  de congruencia, 2) Principio de progresividad:  del que derivan dos subprincipios: propor­cionalidad y gradualidad, 3) Principio de equidad interge­neracional,  4)  Principio de sustentabilidad 5) Principio de responsabilidad 6) Principio de solidaridad 7)  Princi­pio de Cooperación 8) Principio de prevención 9) Principio Precautorio 10)Principio  de Subsidiariedad 11) Principio de Integración.

Adquieren fundamental importancia en  par­ticular los principios de  sustentabilidad,  prevención  y precautorio.

Principio de sustentabilidad: con base di­recta en el art. 41 de la CN consagra el derecho ambiental "para que las actividades productivas satisfagan las nece­sidades presentes sin comprometer la de  las  generaciones futuras"  adoptando  la fórmula de Brundtland, acorde a la idea  de  desarrollo  sustentable, sostenible, sostenido o duradero elaborada para el informe de la Comisión  Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo denominada "Nuestro Futuro Común" aprobado por las Naciones Unidas  en  1998.  (Conf. "Ambiente y derecho de sustentabilidad", Walsh Juan Rodri­go, LL.2000).

El desarrollo sustentable es  la  unión  o lazo  entre  el  medio  y el desarrollo, cuya finalidad es buscar un nuevo modo de desarrollo basándose en  una  sana utilización de los recursos para la  satisfacción  de  las necesidades actuales y futuras de la sociedad.

La  sustentabilidad es requerida en cuatro: áreas: a)  área ecológica: lo que conlleva a mantener los procesos  ecológicos que posibiliten la capacidad de reno­vación  de  plantas, animales, suelos y aguas, mantener la diversidad biológica y su capacidad de generación b)  área social, que permita igualdad de oportunidades de la socie­dad y estimule la integración comunitaria, con respeto por la  diversidad de valores culturales, participación ciuda­dana en la tarea de decisión y  de  gestión  ambiental  c) área cultural: que preserva la identidad cultural básica y reafirma las relaciones entre el hombre y su medio d) área económica, eficiencia que  implica  o  internalización  de costos  ambientales, consideración de todos los valores de los  recursos  presentes,  equidad dentro de la generación actual y respeto de las generaciones futuras. (Conf. "Res­ponsabilidad Civil por Daño Ambiental". Félix Trigo Repre­sas. Marcelo J. López Meza. T.III, pgs, 550/552.)

Principio de prevención: el  énfasis  pre­ventivo  es  uno  de los carácteres del derecho ambiental. "Es  imperativo  transformar  las  concepciones judiciales brindar  tutela a los fenómenos de la vida colectiva, dignos de la mas enérgica anticipada protección y en este  marco  el  derecho a vivir en un ambiente agradable, viene entendiéndose  como una ampliación en la esfera de la per­sonalidad un atributo fundamental de los individuos. Fren­te  a  ello el derecho ambiental requiere de la participa­ción activa de la judicatura, lo que en definitiva se tra­duce en un obrar preventivo acorde con  la  naturaleza  de los derechos afectados y en la medida de sus  requerimien­tos". (Cámara Federal de La Plata, "Asociación  Coordinadora de Usuarios, consumidores y Contribuyentes  c/  ENREEDESUR",  fallo  del  8  de  julio  de 2003. ob. cit. pg. 550).

Principio precautorio: El precepto reclama medidas  de inmediato, de urgencia, aún cuando hubiera in­suficiencia  de  pruebas o elementos científicos referidos al comportamiento de la naturaleza, a fin  de  impedir  la creación de un riesgo  con  efectos  todavía  desconocidos plenamente,  lo  que  presupone que cualquier demora puede resultar  a  la larga más perjudicial que cualquier acción temprana intempestiva. Se señalan una serie de condiciones para  su puesta en práctica: 1) Situación de incertidumbre acerca  del riesgo, b) Evaluación científica del riesgo c) perspectiva de un daño irreversible e irreparable d)  pro­porcionalidad de las medidas e) transparencia de las medi­das f) inversión de la carga de la prueba. ("El  principio de precaución: un nuevo estándar jurídico para la era Tec­nológica", LL, 18/07/02. Roberto Andorno).

El  tema  del medio ambiente, es un asunto donde al Estado le incumbe por expreso  mandato  constitu­cional  y  legal  una  función primordial e indelegable de custodia.

Cuando la Constitución manda algo (como el artículo  41)  su mandato se dirige a todos sus habitantes y,  en última instancia, a las autoridades que integran el gobierno del Estado, en el sentido amplio  de  tal  expre­sión, o sea el conjunto de las magistraturas públicas.

El Estado es garante pero también es suje­to activo, por lo que su rol no puede limitarse por expre­so mandato constitucional a adoptar un rol meramente  gen­darme, de vigilia del libre accionar de los particulares, sino que requiere la adopción de políticas activas de pre­servación y cuidado del medio ambiente que  hagan  en  los hechos operativa la clusula constitucional citada.

Ello supone además  el  deber  de  la  ma­gistratura  judicial de dar eficaz respuesta ante un plan­teo judicial  conducente,  como  el  de  autos.Desde  esta perspectiva y al haberse incorporado al texto constitucio­nal  en  forma  expresa  el derecho a un Ambiente Sano, devendrán inconstitucionales los actos de  los  particulares y/ o de las autoridades, que por acción u omisión colisio­nan  contra ese derecho así como los actos u omisiones es­tatales que no propenden a su concreción.

Cabe destacar que la Ley 5285/03 fue  pro­yectada  y sancionada por el Poder Legislativo y oportuna­mente promulgada por el Poder Ejecutivo y realiza  modifi­caciones  y ampliaciones sobre lo arts. 18, 19, 20, 21, 42 y 43 de la ley 2386. En su art. 19 determina que los  pro­pietarios y /o adjudicatarios de tierras  con  bosques  no podrán realizar aprovechamiento ni desmonte sin la  debida autorización que ser aprobada previa presentación y apro­bación  de un plan de trabajo, elaborado por profesionales forestales o agrónomos matriculados.

La ley fué sancionada, sin las necesarias, consultas, investigaciones y debates  sobre  política  am­biental necesarios por la dimensión de las cuestiones  de­cididas y la situacion grave del  bosque  chaqueño,  hecho público y notorio, denunciado en distintos ámbitos  y  fo­ros,  y  que  las autoridades no podían desconocer, lo que resulta  de la cuantiosa documental y recortes periodísti­cos  agregados a la causa. Se puntualiza este aspecto tam­bién en la demanda, aludiéndose concretamente al Convenio 169 de la OIT, ratificado por Ley 24071/92 y Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificado por Ley 19865,  adjuntándose la misiva remitida por los diputados, Elena Nilda Gamarra y Lino César Orsolini, la que no fuera impugnada por la contraria y un  conjunto  de  otras,  que tengo a la vista.

La  concesión de los permisos de desmontes aparece como ajena a los criterios  estrictos  y  reglados que  deben existir en materia ambiental máxime cuando como ya  se  apuntara  se carece de todo estudio de impacto am­biental frente a medidas como las impugnadas.

Sentado los expuestos tengo a la vista  la instrumental aportada a la causa por las  amparistas  bajo Sobre Nro. 1754/04 A).

A fs. 349/361 luce el informe de la Funda­ción para la Defensa del Ambiente  (FUNAM)  sobre  la  Ley 5285 de la Provincia del Chaco respecto a como  contribuye al  mayor  desmonte de los remanentes de bosque seco y por lo tanto al genocidio silencioso de las comunidades  indígenas  chaqueñas,  realizado  en  julio de 2004 que aporta elementos de raciocinio relevantes a fin  de  resolver  la cuestión, del que emerge que se produjo una inconsulta mo­dificación  de  la  Ley  2386 mientras continuaba la des­controlada venta y cesión de tierras fiscales  con  bosque nativo. Señala cuatro omisiones por parte del Poder Ejecu­tivo y de la Cámara de Representantes, pues la  norma  fue modificada a) sin consultar a las comunidades indígenas b) sin consultar  a  los  pobladores  rurales no indígenas c) desconociendo la estrecha relación que existe entre el te­rritorio de  vida de cada comunidad indígena y el bosque y d) ignorando deliberadamente criterios elementales  sobre  funcionamiento del Chaco boscoso, principios  básicos  de ecología y reglas básicas de gestión ambiental.

Es relevante señalar que en el informe  se refiere a que posiblemente con la intención  de  morigerar la reacción pública contraria desatada por  esa  modifica­ción, cuatro días después de la presentación  del  recurso de amparo, el veintiuno de abril de dos mil cuatro, el Go­bierno  del  Chaco creó por Decreto 672 la "Reserva de Re­cursos  Impenetrable Chaqueño" de un millón de hectáreas ( 250.000 hs.en el Departamento Brown y 750.000 en el Depar­tamento Guemes). Se expresa que esta nueva  decisión,  que se evalúa como positiva, por dicha Institución,  en  tanto se  proteja  efectivamente el ambiente chaqueño, carece de efecto  sobre  la  Ley  5285  que  sigue siendo una puerta abierta al desmonte y la expansión descontrolada de cultivos industriales como la soja o el maíz RR.

Dice  que  la norma abre la posibilidad de mayores desmontes en un momento particularmente  favorable a la expansión de un cultivo transgénico el maíz RR (Round Up Reeady NK 603) que se suma a la soja RR que está detrás de buena parte de los desmontes ocurridos recientemente en la Provincia del Chaco.

Que el gobierno decidió unilateralmente el destino  de  recursos naturales y sistemas ecológicos cuya destrucción  afecta directamente a las comunidades indíge­nas incumpliendo las normativas constitucionales, y dichas comunidades no podían ser marginadas de dicho proceso. Que hicieron  un proyecto de norma unilateral desconociendo leyes, hechos indígenas y normas ecológicas fundamentales.

Menciona que tampoco los pobladores  rura­les  del monte seco fueron consultados, y en cambio el go­bierno sí mantuvo contactos con sectores de interés que no viven en el bosque y que se benefician con la expansión de la frontera agrícola (cultivo de soja y algodón).

Que no se respetó el territorio  (zona  de vida) que las comunidades indígenas necesitan para obtener sus plantas medicinales, alimentos y materiales  de  cons­trucción. Refiere que en el bosque chaqueño  los  territo­rios  de los distintos grupos de indígenas estaban fuerte­mente adaptados al funcionamiento  y  limitaciones  de  un ecosistema  contínuo y biodiverso, que las sucesivas gene­raciones vivieron en el ambiente chaqueño sin dejar  gran­des huellas, excepto su contribución a los ciclos pulsáti­les de bosque y pastizal por efecto del fuego provocado.

Añade que la población  blanca  en  cambio produjo modelos distintos, primero se delimitaron y  asig­naron lotes a propietarios públicos y privados en su mayo­ría blancos sin respetar los flexibles territorios indíge­nas que existían antes de la apropiación y posteriormente los propietarios dotaron a sus propiedades de construccio­nes resistentes y ecosistemas de cadena alimentaria  corta (cultivos,  campos ganaderos, etc.).  Que en la Provincia del Chaco varias comunidades comenzaron a hibridizarse  cultu­ralmente, pero persisten sobre todo en el Chaco seco nume­rosas  comunidades  que  mantienen buena parte de sus cos­tumbres ancestrales y su modo de vida.

Y que la estrategia de cadena  alimentaria corta que imponen los blancos implica la destrucción de la cobertura  vegetal  nativa,  muy biodiversa y su reemplazo por ambientes ecológicamente simples y extremadamente fr­ágiles (cultivos de soja y algodón por ej.). Que  cualquier norma que facilite estos procesos de simplificación ecológica  para  extender las fronteras agropecuarias de cadena corta rompe los territorios indígenas y afecta  gravemente sus posibilidades de supervivencia.

Que el Bosque Chaqueño ha sido durante mi­les de años la principal fábrica de suelo  chaqueño,  pero también  el principal protector de los recursos hídricos y del clima local. Que sin vegetación nativa  los  cultivos solamente utilizan un recurso rico pero que no se  renueva y el suelo queda expuesto a la insolación y a la violencia mecánica  de  las  lluvias  cada vez más impredecibles por efecto del cambio Climático Global.

Alega  que tampoco se tuvieron en conside­ración  las  fuertes limitaciones ambientales que tiene el Ecosistema Chaqueño, que la destrucción del  bosque  y  de los  ambientes  nativos registrados en las últimas décadas ha  sido  demencial, ya que los dirigentes siguen creyendo que  todos  los ambientes nativos pueden ser transformados en cultivos y campos ganaderos y que basta  con  conservar una cierta superficie de Parques y Reservas.

Que  además se parece ignorar que parte de la provincia se encuentra en situación de  emergencia  am­biental y social y que este proceso  es  agravado  por  su pertenencia  a  la "isla de calor de Prohaska" y el cambio Climático Global. Que seguir  alentando  la  expansión  de cultivos de alto impacto sobre suelos de extrema  fragili­dad es conveniente para los compradores privados que acce­den a la tierra pagando precios bajos e incluso viles pero no para las comunidades indígenas que vivían del bosque ni para el resto de la población y el patrimonio provincial.

Se sostiene que la cruda verdad del bosque chaqueño es que con la excusa del progreso se siguen  aba­tiendo  ancestrales  fábricas de suelo y agua para colocar en su reemplazo cultivos de soja y algodón," la soja es el bosque más protegido de la provincia".

Que  además  la multiplicación de los des­montes y la ampliación de la frontera van acompañados  por el uso indiscriminado de plaguicidas.

Que  la ley posee numerosos errores técni­cos, desconoce principios elementales  de  ecología  y  se inscribe en la generación de normas de fomento productivo, no de conservación.

Sostiene  que  el  art. 19 de la normativa cuestionada establece que los propietarios y/o adjudicata­rios de tierras con bosques no podrían realizar  aprovecha­miento ni desmonte sin la debida autorización, la cual se­rá  otorgada  -previa presentación y aprobación de un plan de trabajo exclusivamente por la autoridad  administrativa provincial. Se agrega que dicho Plan de Trabajo deber ser elaborado por profesionales forestales o agrónomos  matri­culados.

Se alude al desconocimiento en materia am­biental ya que lo que correspondería hacer en cada caso es una formal evaluación de Impacto Ambiental y no un mero  e incompleto plan de manejo.

Manifiesta  que la ley de bosques no puede basarse  únicamente  en  la noción de masa boscosa activa, que  el  bosque chaqueño es irreemplazable en los procesos de  generación  de suelos y conservación de aguas y que el mejor  aseguro  de  vida  de los ambientes chaqueños es la persistencia de los bosques.

Que  en  el  art. 19 se han detallado ins­trucciones para las llamadas "superficies a  desmontar"  y "superficies objeto de aprovechamiento forestal" sin haber considerado principios básicos de conservación y  de  ges­tión, ni nociones básicas de biodiversidad general,  capa­cidad de carga, fragmentación y continuidad.

Anuncia  que  la irracional venta y cesión de tierras y la falta de control del estado originará  que el bosque sea reemplazado por una falsa y verdadera  pampa con suelos estrechos y frágiles que quedan expuestos  al sol,  al viento, a los plaguicidas y a la erosión, e indi­rectamente se destruirán los sistemas naturales donde  las poblaciones  indígenas  obtienen  sus plantas medicinales, o materiales de construcción y alimentos naturales.

Y que la nueva ley avanzó en la considera­ción de criterios productivos olvidando el nuevo escenario de cambio climático que enfrentan la provincia y el  país, ya que en la Argentina son evidentes los efectos  del  so­brecalentamiento. Que cualquier normativa que favorezca el desmonte y la pérdida de la biodiversidad hace  retroceder la capacidad regional para resistir los  cambios  climáti­cos.

En cuanto a la  reforestación  se  expresa que  el  art. 19 refiere en ningún caso sustituye siquiera en forma mínima la biodiversidad y naturaleza  del  bosque chaqueño original.

Como colofón que la  Ley  Provincial  Nro. 5285 "es una inaceptable puerta para los  desmontes  y  al ingreso de cultivos industriales que benefician por lo ge­neral a unos pocos empresarios (generalmente no chaqueños) y destruyen en forma irreversible un bosque único y extre­madamente  valioso sin el cual las comunidades indígenas (y los propios blancos) no podrán vivir en el corto, media­no y largo plazo).

Es elocuente el programa emitido por Te­lenoche Investiga, y que da cuenta el video agregado a  la causa, y reservado bajo sobre 1754/04, que he  examinado. La  investigación periodística visualiza un panorama grave y desolador de la situación de los bosques en Argentina, y específicamente  del bosque chaqueño, bajo el título " El otro  éxodo", que obliga a las autoridades, y en este caso a  la  magistratura  frente  a  la pretensión articulada a adoptar los recaudos necesarios a los efectos  de  impedir el avance de la desertificación , revelando  cifras  alar­mantes  para la región, el país y el propio planeta, y so­bre  el  daño ambiental producido. Conmueve el reportaje a Andrés uno de los  primeros  pobladores  tobas  que  debió abandonar  su  tierra junto a su familia y que subsiste en las afueras de Rosario en condiciones paupérrimas y  lejos de  su  habitat. El video no hace sino corroborar la grave situación  ambiental de nuestra provincia, así como el ma­terial - documental contenido en los disketes agregados tam­bién al proceso.-

También tengo a la vista la  documentación reservada bajo Sobre Nro. 1754/04 d) remitida por la Agen­cia Alemana de  Cooperación  Técnica  SRL  consistente  en archivo en disquete de El Gran Chaco Americano  y  releva­miento  expeditivo de la situación de los indígenas en re­lación  a las organizaciones que trabajan para el desarro­llo y dos tomos Alternativas PAN.

A fs. 262/284 consta el informe  suscripto por el Presidente de la  Fundación  Ambiente  Total  Jorge Castillo,  Magister  en  Gestión  Ambiental  y   Ecología.

En respuesta al oficio  dispuesto  por  el Juzgado  en  relación  a  la presentación de documentación pertinente referida a la actividad forestal y avance de la frontera agropecuaria en el territorio provincial, mención de los impactos ambientales y afectación de la biodiversi­dad y de la calidad de vida de los pueblos indígenas radi­cados en las zonas impactadas.

Se señala que desde hace años hay informes técnicos   que  dan  cuenta  fehaciente  del  maltrato  de nuestros bosques autóctonos. Informa el experto que en las visitas in situ que han realizado en distintas oportunida­des a algunas de las zonas afectadas y las fotografías sa­telitales analizadas en diferentes épocas, no dejan  lugar a  dudas  acerca  de que el llamado "avance de la frontera agropecuaria"  se viene produciendo desde hace muchos años en forma descomedida y sin un control eficiente por  parte del Estado Provincial, debido a que este no cuenta con  la insfraestructura  técnica  y  de  personal  necesario para ejercer  plenamente el poder de policía que le confiere la Constitución.

Que  el  fenómeno de desforestación que se viene  denunciando desde hace varios lustros por distintas organizaciones Provinciales, Nacionales e Internacionales, son un hecho lamentable e irreversible hasta la fecha, ad­juntando fotocopias de distintos recortes periodísticos al respecto.

Alude además a que sobre la  deforestación hay pruebas concretas, parte de las cuales adjunta  en  un C.D con una serie de fotografias satelitales obtenidas  en diferentes épocas e incluyendo otros documentos complemen­tarios  que aportan más información sobre el tema. Informa que el Asesor Técnico fué Valerio Gustin, Geólogo de basta experiencia e intérprete de fotografías satelitales, quien señaló los numerosos caminos y picadas que están  haciendo en las zonas de riesgo, el impenetrable y sudeste  chaque­ño,  como  paso previo para introducir luego topadoras con las  cuales  abatir los árboles. Que también se evidencian zonas "peladas" o cubiertas de cultivo en donde años ante­riores existía cobertura arbórea.

Respecto a la segunda parte del pedido re­ferido específicamente a los impactos ambientales que pro­duce la deforestación y el avance de la  frontera  agrope­cuaria,  expresa  que  la Provincia del Chaco tiene uno de los  índices  del  NBI mas grandes del País y que presenta además otros índices de subdesarrollo y  mala  calidad  de vida, como el de la alta tasa de fallecimientos  y  desnu­trición de la población infantil; bajo nivel de  escolari­zación y uno de los más altos de deserción escolar,  entre otros  igualmente  preocupantes, según datos aportados por el Censo Poblacional del 2001 (datos del INDEC).

Efectúa  consideraciones en punto a la in­cidencia que la demanda puede tener en cuanto a la posibi­lidad de revertir el grado alarmante de deterioro  ambien­tal  que  se produce en el Chaco y que a pesar de declara­ciones oficiales o de Empresas inversoras foráneas que es­tán deforestando en la Provincia para ampliar las  fronte­ras agropecuarias,  va en aumento, con el agregado de que en  lugar  de mejorar las condiciones de vida de la pobla­ción local, la empobrece cada vez más.

Suscintamente  se señala la dependencia al modelo agroforestal "minero" porque expolea el bosque y el suelo sin consideraciones técnicas elementales produciendo su agotamiento (desertificación), dando lugar a  prácticas dañinas para la calidad ambiental.

Que  los  técnicos  además  han señalado a través de las fotografías satelitales  las  grandes  áreas afectadas  por  incendios,  que  se ven desde el aire como enormes cicatrices, aún en los casos en que se siembre en­cima, estrategia de quemar el bosque simulando un acciden­te, para justificar después la utilización del espacio pa­ra siembra. Que el tema de los incendios mereció una atención especial a dicha fundación en el documento que envia­ron  al  Subsecretario de Recursos Naturales y Ambiente de la Provincia, al que hace referencia y que por razones  de brevedad me remito.

Refiere que en coincidencia con otras  or­ganizaciones, la Fundación que preside considera necesario que se paralice totalmente en la Provincia  la  extracción de bosque nativo, así como también la entrega  de  tierras fiscales  y  el avance de la frontera agropecuaria, lo que permitiría que quienes no están participando de las  deci­siones en lo que hace a la problemática  ambiental  puedan intervenir  activamente. En este sentido sugiere la conve­niencia de participación no sólo de los productores fores­tales  y  agropecuarios,  sino las O.N.Gs ambientistas que defienden el ambiente natural y cultural, tales como  Eco­logistas, Asociaciones Comunitarias, Aborígenes y Criollos asentados en los lugares  en  riesgo  de  desertificación, etc., que propusieran en notas presentadas al Sr. Subsecre­tario.

En relación a los impactos ambientales  en las  comunidades  locales, especialmente los aborígenes, y que dependen totalmente de ese ecosistema  para  proveerse de  albergue,  vestimenta, alimentación y lazos afectivos que  hacen  a  la  identidad cultural y al arraigo y salud mental de sus integrantes señala lo siguiente.

Que a través de una tesis magistral, ya en 1998 integrantes de la Fundación consideraban como princi­pal  perturbadora  de la calidad de vida de los pobladores locales, la influencia de los grupos  de  poder  económico asociados a los gobiernos locales en la  fijación  de  las políticas públicas, efectuando consideraciones al respecto a las que me remito.

Seguidamente alude al fenómeno  social  de la exclusión que afecta a los ocupantes de las zonas afec­tadas  asi  como a los megaemprendimientos y avance de las fronteras agropecuarias alentados por  los  distintos  go­biernos  en nuestra provincia y a que uno de los principa­les impactos, la desertificación ya  estaba  instalada  en muchos departamentos de la Provincia desde antes de  1998. Cita una denuncia pública de la U.P.C.P.de aquella  época, en  la que se denunciaba que la masa boscosa del Chaco du­raría unos diez años más, concluyendo que han pasado  seis años desde aquella denuncia y el estado actual del  bosque y la tierra pública en la provincia pareciera confirmar la catástrofe anunciada.

También a que el 2 de  diciembre  de  1997 dicha  entidad  inició una serie de acciones legales y de­nuncia en los medios de información local por la  defores­tación masiva y quema de los restos, producida en el Esta­blecimiento "Don Pano" propiedad de Eduardo  Eurnekian,  y que la misma indiferencia que mantuvieron los funcionarios de aquélla época es la que alienta a los actuales.

Que  el  fenómeno es también analizado por los técnicos del Gobierno Provincial en el Plan  de  Desa­rrollo Integral del Chaco (Plan DICHA 1996), en cuanto  al uso  potencial del area ganadera, se comprueba que corres­pondiendo a  la  capacidad  ganadera el 57 % del total del área, se destina a las actividades (tanto  ganadera  como forestal) el 79 % es decir que en función de estos datos, estaría sobredimensionada la actividad, en otros términos  se estaría ocupando tierras aptas para agricultura.

Afirma que pareciera  no  tener  presencia los bosques en los planes de "Desarrollo Integral del Cha­co " y que no hay indicios ciertos acerca de las  estrate­gias que desarrollará el Estado  Provincial  para  quienes pretendan seguir viviendo de su explotación o  de  su  uso racional puedan sobrevivir.

Expresa  el informe que los pueblos aborígenes tampoco han sido consultados al respecto ni los gru­pos ambientalistas, a pesar de estar activamente  partici­pando de reuniones mixtas del sector privado,  comunitario y  oficial, sin que hasta la fecha se instrumenten las necesarias políticas ambientales que vienen reclamandose ha­ce años.

Alude también a las  conclusiones  finales del  Foro Nacional Aborigen en el que las distintas etnias existentes en la Argentina concluyen en el punto 2 del tituto Recursos Naturales que en las leyes que se dicten so­bre  el ambiente debe introducirse la figura obligatoria y vinculante de la audiencia pública previa al  otorgamiento de cualquier certificado de aptitud ambiental, para  cualquier proyecto público o privado, que de manera directa  o indirecta afecte a las comunidades de los pueblos  indíge­nas, sus pueblos o territorios. La misma declaración exige que  se reconozca a dichos pueblos los recursos y faculta­des necesarias para proteger y conservar los  bosques,  la fauna y la biodiversidad en general, asi como la propiedad intelectual  de sus recursos genéticos y conocimientos so­bre el uso de los recursos naturales.

Se denuncia que lejos de cumplir con ésto, el  Estado Provincial ha tolerado en estos últimos años la invasión de productores de otras  latitudes,  quienes  ad­quieren terrenos fiscales a precio vil, según informe del Dr.  Rolando Nuñez del 23-5-04 Revista "Chaqueña" del Diario Norte y que se introduce sin ningún control soja transgénica lo que ha alterado totalmente las prácticas agronómicas  produciendo severa intoxicación a pobladores y ani­males de  bastas  zonas,  agregando  documentación  anexa.

Que  las modificaciones recientes a la ley de bosques se han dado sin un ciclo de consultas a la  so­ciedad en general y a los protagonistas obligados que  son los aborígenes y criollos que viven en esos ambientes  que se pretende controlar, lo que hubiera permitido tener  una idea más acabada de lo que desean los habitantes del Chaco y de los impactos ambientales que producieron los planes de gobierno.

Y  que  seguir  la tendencia a deforestar sin  reforestar, ante la inexistencia de planes al respec­to, aludiendo a una tesis magistral (2003) de Alicia Fele­niuk,  magister  de  la U.N.N.E.; y otra tesis de Graciela Muchutti, también magister de dicha universidad referida a la financiación de proyectos productivos, que ha demostra­do que en Chaco muchos de tales proyectos no son sustenta­bles  porque no se tienen en cuenta en el momento de otor­gar los préstamos, los impactos ambientales  que  produci­rán.

El  fundado  dictámen que se analiza y que sin duda aporta elementos de juicio idóneos para  informar a esta jurisdicción respecto de  la  cuestión  materia  de litis, señala también que la cesión de tierras fiscales de la manera en que se están haciendo en el  Chaco  representa un   avance   inadmisible   sobre  lo  que  constituye  el patrimonio  comunitario  y  que  hasta  el  momento ningún gobierno lo ha podido controlar.  Efectúa  consideraciones sobre la sojización del campo a los que debo remitirme  en mérito a la brevedad.

Se  expresa que la nueva ley demuestra que el conflicto no se ha destrabado y que el hecho de que  no se  haya consultado a la comunidad como manda la Constitu­ción Provincial amenaza más que nunca la sustentabilidad de las acciones, pero especialmente la paz social.

Corolario  de todo lo dicho se expresa que a mero título informativo se reproducen los cálculos efec­tuados  por el Ing.Forestal Francisco Cardozo, del INTA de General San Martín, Chaco, para evaluar el valor ambiental de un árbol.

Cabe  hacer  mención a los recortes perio­dísticos que se glosan a dicho informe en fotocopias, per­tenecientes al autor del mismo, al Taller sobre Diagnósti­co  de  la  Región  Chaqueña realizado los días 18 y 19 de marzo de 1999, en esta ciudad. Al artículo publicado en el Diario Clarín del  30/04/04  por  la  periodista  Georgina Elustondo bajo el título "El País perdió el 70 %  de  sus  bosques en  los  últimos  70  años", en el que entre otras circunstancias refiere a que el Censo  Forestal  de  1935  contabilizó un  millón  cien  mil  kilómetros cuadrados de bosques naturales,  quedando sólo trescientos treinta mil, por la  tala  indiscriminada, incendios y expansión de las fronteras agrícolas, el que da cuenta de datos  alarmantes concluyendo  en  un panorama desolador. En el mismo la pe­riodista  Diana  Baccaro dá su punto de vista, concluyendo que hace falta previsión y responsabilidad de los  funcio­narios para diseñar políticas de protección, pues si no se hace nada en treinta años no quedarán bosques.

Es  relevante  además el recorte del mismo diario de la misma fecha que  alude  específicamente  como caso  típico  de deforestación en el Chaco, bajo el título "El Impenetrable", sólo un nombre  y  demás  artículos  en sentido concordante.

A fs. 309/312 consta el  informe  remitido por el Director General INCUPO y la Secretaría Red Agrofo­restal  que da cuenta de que la desforestación en una zona de frágilidad ecológica como es el  Impenetrable  Chaqueño genera cambios en la estructura y composición del  bosque, modificando los patrones de vegetación propios del sitio.

Que el avance de la frontera  agropecuaria por su  velocidad,  extensión,  tipo  de  ecosistemas  que implica y modo de operación tecnológica  y  social  es  el factor que más afecta la sostenibilidad  ambiental  y  so­cial.

Que  la  desforestación provoca la pérdida irreversible  de los bosques nativos y ambientes naturales  con dilapidación de lo bienes que produce el  bosque  cha­queño como: maderas, recursos alimenticios, plantas  medi­cinales,  biodiversidad,  fauna, reducción de capacidad de proporcionar servicios como la matención de los ciclos hi­drológicos, regulación del clima regional, de  la  calidad del aire y agua, mantención de los suelos,  regulación  de los ciclos de nutrientes, recursos para  la  investigación científica.

Que  la  pérdida  de  la cobertura vegetal provoca erosión con decapitamiento  de  suelos,  saliniza­ción, disminución de la capacidad productiva y degradación de las cuencas hídricas, fragmentación de los  ecosistemas con  aumento de las áreas degradadas provocando pérdida de Diversidad,  homogeneidad y producción y aumenta la vulne­rabilidad a catástrofes como sequías.

Se menciona que  de  continuar  la  actual tendencia de expansión de la frontera agrícola en la  zona del Impenetrable el futuro escenario  de  tierra  arrasada limitará  enormemente  las posiblidades para un desarrollo que incluya a las comunidades indígenas y a las generacio­nes venideras.

Que si se continúa la tasa actual de defo­restación  la región va tener como escenario futuro un am­biente  desertificado: pérdida de fertilidad de las condi­ciones  biológicas  de los suelos, colapso de la capacidad productiva,  pérdida irreversible de las masa boscosas na­tivas y biodiversidad, irrenovablidad de  los  hábitat  de flora y fauna, cuencas hídricas degradadas  y  pérdida  de humedales,  aumento de las catástrofes por sequías e inun­daciones.  Que  en las zonas en cuestión habitan innumera­bles  comunidades indígenas que se encuentran impactadas a la  fecha por la deforestación en la zona y de persistirse en tales actividades se vería comprometida su sustentablidad ambiental y social.

Se puntualiza que la deforestación provoca la pérdida irreversible de los bosques nativos y ambientes naturales con dilapidación de los bienes  que  produce  el bosque chaqueño, y que allí cita.

Informan  que en las zonas en cuestión ha­bitan innumerables comunidades indígenas pertenecientes  a los pueblos Wichi, de la etnia de los Matacoguayos y  Toba, de la etnia de los Guaycurúes, superando fácilmente el número de veinte comunidades, los que indudablemente  impac­tados a la fecha por la deforestación en la zona y de per­sistirse en tales actividades ven gravemente  comprometida su sustentabilidad ambiental y  social.Agregan  documenta­les.

Del Proyecto 510 de "Evaluación del Impac­to Ambiental Areas  transformadas"  reservado  bajo  Sobre Nro. 1754/04 a) da cuenta de que el área transformada ocu­pa  una superficie de 225.171 ha. (41,8 % del total, que la heterogenidad de los suelos del área y sus características permitieron agruparlos en 13 grupos de fragilidad que  po­sibilitaron focalizar normas del uso y manejo para la  ma­yor parte de los grupos. Que dos grupos de fragilidad (K y  M)  necesitan  de mayor investigación para aconsejar su uso y manejo.

Que los índices de  encostramiento  en  el caso de las áreas desmontadas se vieron incrementadas  en relación a los suelos vírgenes (de leve a  moderado  y  de moderado a grave.)

Que los mayores índices de  encostramiento se dieron en los suelos desmontados mediante el sistema de acordonado y quema y que la región carece de  experiencias científicas  válidas  suficientes en manejo y conservación de  suelos.  Que la siembra directa es una práctica que se aplica recientemente en el área con resultados aún no eva­luados.

Que  a pesar de existir una ley Provincial de Bosques que regula los desmontes muchos de ellos se han efectuado sobre suelos de una alta fragilidad ambiental.

Que  los  productores  y técnicos del área están  interesados en discutir y profundizar la temática y dispuestos  a colaborar en la investigación del manejo del suelo  y  de  sistemas productivos aptos a las condiciones particulares de la región dentro de un contexto de susten­tabilidad que no degrade el sistema.

A  fs.314 consta la prueba informativa su­ministrada por la AGENCIA ALEMANA DE  COOPERACION  TECNICA que adjunta archivo en diskets, folletos y atlas del  Gran Chaco Sudamericano y alternativas PAN (Programa de  Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación) Tomos I y II, experiencias  de trabajo conjunto en zonas áridas y semiáridas  de  Argentina,  material que tengo a la vista y que corrobora la conducencia de acceder a la acción  articula­da.

A fs. 316 consta respuesta al  oficio  por parte de "ARTEAR – ARGENTINA”, adjuntando un cassette  VHS conteniendo material fílmico relacionado con  la  imágenes en donde consta la devastación y  desertificación  sufrida en los bosques y montes nativos de la Provincia.

La testimonial de  la  Ingeniera  Agrónoma María  Luisa  Pizzi  a  fs. 326/333 corrobora los extremos descriptos. Se refiere a la relación de los aborígenes con la tierra y la naturaleza, a su característica de  pueblos cazadores y recolectores, al conocimiento profundo que po­seen acerca de cada planta y sus usos y de los hábitos  de las distintas especies animales. Que anteriormente habita­ban  amplios territorios que actualmente han quedado redu­cidos a propiedades comunitarias. Alude a las  actividades forestales que se desarrrollan en la zona  con  subestima­ción del valor que tiene el monte en sí mismo y las tareas de  forestación que deben realizarse. Menciona que se hace la  limpieza  o destronque del terreno, arado de la tierra con maquinarias inadecuadas para estos suelos los que que­dan completamente expuestos al sol que destruye su materia orgánica, posteriormente se realiza la carpida y en  algu­nos  casos  la  cosecha.  En  cuanto a los trabajos que se efectúan al momento de la explotación del bosque hace hin­capié en la clausura de ese predio, lo que no se realiza y que reviste importancia porque cualquier árbol  nuevo  que salga es comido por el ganado y que también en muchos  ca­sos la superficie de manejo es una  superficie  que  sirve para hacer una sobreexplotación. Refiere que la  forma  en que se llevan a cabo las tareas forestales y agrícolas incide negativamente sobre la biodiversidad porque se produ­ce  una selección a favor de los ejemplares enfermos y de­fectuosos que son los que se dejan y por el  mismo  motivo de la falta de clausura solamente crecen especies de esca­so  valor,  en  cuanto  a la fauna se ve desplazada por la falta de su alimento habitual. Relata que las empresas que hacen agricultura extensiva hacen  un  acordonamiento  del monte con topadoras y muchas veces hay  árboles  de  valor maderable o para carbón o leña y se le prende  fuego  como si fuera un arbusto. Que previamente a la autorización  de aprovechamiento forestal debe efectuarse  un  estudio  por parte de un ingeniero forestal agrónomo en el que  se  de­termina  el  trabajo  o  la extracción que se va a hacer y tiene que certificar el trabajo  de  acuerdo  al  plan  de aprovechamiento, sin embargo pasan muy poco tiempo  en  el lugar  aunque se habilitan muchas hectáreas para la explo­tación  lo  que  debería ser el resultado de un inventario muy complejo y lento. Sostiene que cuando se sacan los ár­boles  de grandes diámetros sobre maduros queda clausurada durante al menos tres años o cuatro años para que haya una renovación de ese monte pero el mismo se rejuvenece porque los árboles  de tales características van a morir. Que la intervención  humana  puede ser beneficiosa en el ambiente pero al sacar la cubierta boscosa los suelos se van  dete­riorando y son arrastrados por la lluvia, quedando las ra­íces expuestas al aire y colmando las  reservas  de  aguas naturales. Detalla los usos y beneficios para las  comuni­dades indígenas en cuanto al aprovechamiento de la madera, frutos  comestibles,  propiedades medicinales y además al­bergan  a la fauna silvestre. Menciona que las actividades que se desarrollan por los explotadores del monte no  tienen ningún control, que influyen sobre las comunidades in­dígenas  a la que les quita fuente de alimentos, de cultu­ra,  de  medicina  y el deterioro del ambiente se ve en la disminución de la fauna silvestre. Agrega que las  activi­dades  desarrolladas  no son sustentables, no regeneran el bosque ni los ejemplares jóvenes llevando a la  desertifi­cación, la pobreza y la migración de la población y el ambiente está sufriendo un proceso de deterioro gravísimo en el que la Ley de Bosques y sus  modificatorias  juegan  un rol negativo.

Asimismo  reservado bajo Sobre Nro. 1754/04 a) obra  el expte. 1-2002-53510000855/04-6 tramitado ante el Ministerio de Salud de Secretaría de Ambiente  y  Desa­rrollo Sustentable en el que a fs. 20/23 consta el informe suscripto por el Director Nacional de Recursos Naturales y Conservación  de  la Biodiversidad el que alude al impacto de la actividad forestal en la provincia del Chaco, aumen­to de la frontera agrícola en los últimos diez años, a los incendios y recursos no forestales. En cuanto a las impli­cancias ambientales y sociales hasta la fecha y proyeccio­nes  sociales o ambientales de persistirse con tales acti­vidades extractivas señala que en la Provincia  del  Chaco entre los años 1997 y 2003 la superficie sembrada con soja aumentó  más de 600.000 ha. en tanto similar superficie se redujo la destinada a cultivos industriales tal es el caso del algodón que posee mayor incidencia en la economías re­gionales y requiere una mayor cantidad de mano de obra  lo que permite vislumbar un efecto negativo en el empleo.

Continúa  expresando que la degradación de la biodiversidad y la pérdida de ecosistemas trae apareja­do un menor aprovechamiento sustentable de  especies  sil­vestres  toda  vez que la primera causa de extinción de la fauna  silvestre es la desaparición del habitat natural de las cuales son los principales beneficiarios las comunidades locales. Que no existe información acerca del grado de afectación de estas comunidades pero indudablemente la de­saparición del habitat que les sirve de sustento y un  me­nor  aprovechamiento sustentable de especies silvestres de las cuales son los principales beneficiarios las comunida­des locales constituyen  impactos  negativos  considerados con un efecto precautorio.

Manifiesta que el mayor avance de la fron­tera  agrícola  se registra en términos básicos del centro de  la  provincia hacia el sur en toda su extensión siendo más pronunciado en la región sudeste y que la  destrucción del escaso bosque nativo existente  en  zonas  de  aptitud agrícola  degrada  aún  más el agroecosistema con impactos que van desde el mayor uso de plaguicidas hasta la pérdida de la biodiversidad en especies que habían demostrado  una mayor adaptación a hábitats degradados.

Que  más grave aún resulta el avance en el norte de la provincia donde la destrucción paulatina de la cobertura vegetal y la compactación del suelo donde exista sobrecarga animal, favorecen la acción de procesos  exóge­nos como desertificación y erosión  lo  que  determina  la pérdida  gradual del suelo para absorber y retener humedad acentundose las condiciones de aridez en zonas de escasas precipitaciones anuales.

5) Frente  a tal realidad se advierte que las disposiciones de la ley cuestionada no atienden a  los mandatos  ni  finalidades  constitucionales  queridas,  no siendo  idónea,  sino  por  el  contrario  manifiestamente contraria para la evitación de los grandes daños ambienta­les  actuales  y futuros de proyección inmediata, no mera­mente eventuales, integralmente considerados, por  lo  que corresponde  sin hesitaciones su descalificación jurídica, con efectos amplios atento a la naturaleza  colectiva  del amparo articulado.

La valoración de la  prueba  analizada  en los  apartados precedentes, mediante las reglas de la sana crítica  me  permite concluír que es deficiente el régimen dispuesto por la Ley 5285/03 para la preservación del bos­que o monte nativo y su biodiversidad en el ámbito del te­rritorio provincial, así como la grave  situación  de  los aborígenes y ocupantes de la zonas geográficamente compro­metidas en la situación que se denuncia,  como  surge  sin hesitación  de  la documental agregada a la causa y de los informes  y  estudios técnicos,  científicos y académicos agregados a estos autos y que no  cumplimenta  los  presu­puestos mínimos exigidos para asegurar una gestión ambien­tal sustentable y adecuada. Y fundamentalmente irrazonable ante la ausencia de estudios de impacto ambiental que aseguren la preservación de los recursos naturales y las  ne­cesidades de los distintos sectores involucrados.

Asimismo y a fin de  no  incurrir  en  in­congruencia destaco la imposibilidad material de tener ac­ceso al contenido de los CD remitido por el INTA en  razón de no contarse en el Poder Judicial, según se me informara por personal de la Dirección de Informática con el progra­ma  específico necesario a tal fin. No obstante lo cual la totalidad de las pruebas  analizadas  permiten  de  manera idónea decidir la presente causa.

Que las medidas adoptadas por la demandada según se expresa en el informe circunstanciado, lo  infor­mado a fs. 180/183 por el Ministerio de la Producción - Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambien­te,  y las testimoniales producidas a fs. 165/170 y vta. y 171/174  y  vta., e incluso el dictado de los Decretos Reglamentarios Nros. 668 y 672 glosados  a  fs.  197/215,  y propuestos como hecho nuevo, que considero conveniente ad­mitirlos, se presentan insuficientes. Ello en razón de que si bien se fueron adoptando por el Poder Ejecutivo provin­cial diversas medidas para paliar la grave situación, mar­cando un avance en relación al estado de los bosques  cha­queños, que data ya de años anteriores,son solo un inicio, como lo reconoce en su declaración  el  Sub-Secretario  de Recursos Naturales, ante el vasto y contundente plexo pro­batorio rendido, y por ende  reitero,  insuficientes  para impedir  la afectación de la masa forestal de la Provincia sus  suelos  y su biodiversidad. Ante el impacto ambiental que  la prosecución de la actividad de tala y desmonte ge­nera de manera irreversible en los recursos naturales  ac­tualmente  degradados, provocando  la  desertificación y un daño ambiental grave con compromiso para su uso y goce pa­ra  las  generaciones  presentes y futuras. Concretando de esta manera la afectación actual al medio  ambiente  y  la amenaza a los intereses difusos cuya génesis es el derecho a un ambiente sano garantizado constitucionalmente.

Las medidas adoptadas  para  subsanar  las deficiencias constitucionales de la Ley Provincial 5285 no alcanzan para superar la tacha de inconstitucionalidad  de esta  última  y  en este sentido por todos los fundamentos vertidos me aparto del  dictamen  del  Sr.  Agente  Fiscal obrante a fs. 381/383.

6) Y sobre la base de lo expuesto lo ale­gado  por la accionada al contestar el informe circunstan­ciado a fs. 116/121 en punto a la ausencia de la  relación de causalidad entre la conducta administrativa y  el  daño alegado  carece  de  trascendencia  atento al objeto de la presente acción, la conducencia de la pretensión articula­da  en  razón de la indiscutible certeza respecto al grave daño  ambiental  que  afecta al bosque chaqueño, y del que las  pruebas obrantes dan cuenta elocuente, y a lo que debe agregarse para fundar la improcedencia de  tal  argumento, la inexistencia de un reclamo resarcitorio de tipo ambien­tal.

7) Se ha definido al  Daño  Ambiental  como toda alteración relevante que modifique  negativamente  el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los  bienes  o  valores  colectivos.(Art.  27  de la Ley 25.675).

Mosset  Iturraspe señala que "por la mate­ria sobre la cual recae, por el bien jurídico  comprometi­do, encaja difícilmente en las clasificaciones tradiciona­les: daño  patrimonial  o extrapatrimonial, daño cierto o incierto,  daño actual o futuro, daño personal o ajeno. De donde  liminarmente las características del daño, según la concepción  mayoritaria: cierto,  personal y directo, son puestas en grave aprieto." (Conf.  "Responsabilidad  Civil por  Daño  Ambiental". Félix A. Trigo Represas- Marcelo J. López Meza. T. III. pág. 577.)

Bustamante Alsina destaca que toda activi­dad humana individual o colectiva que ataca elementos  del patrimonio ambiental causa un daño social por afectar  los llamados  intereses  difusos,  que son supraindividuales pertenecen a la comunidad y no tienen por finalidad la tu­tela de un sujeto en particular, sino de un interés  gene­ral o indeterminado en cuanto a su  individuo.  (Ob.  cit. pág. 577).

En concordancia, los  tribunales  sentaron la  siguiente  doctrina:"En el daño ambiental hay mucho de sutil, de inasible, de cambiante de un momento a  otro  en la relación de los elementos físicos con  las  personas  y cosas, como para limitarnos a un tosca y rutinaria aplica­ción  de los elementos jurídicos, sin penetrar con perspi­cacia del zahorí en la cuestión. Si alguna vez se ha dicho que el juez, 'esculpe sobre la niebla', es en esta materia del daño ambiental donde más se ha de evidenciar su  espíritu  sagaz  y  sensible, diestro para captar una distinta realidad"(146) (Cm. 13 CC La Plata, Sala II, in re" Pini­ni de Pérez, Maria del Carmen c. Copetro S.A", RSD-42, sen­tencia 27/04/1993, JA, 1993-III-368, bajo anotación de Mo­rello  Augusto  M.,  asimismo comentario de Ghersi, Carlos, Véase Revista Jurídica Delta Nº 0l, CAZC, 1993, con nota de GARAY, Alberto;"Revista de Jurisprudencia del  Colegio  de Abogados de La Plata", Nª 38, con nota de Gajate, Rita).

8) De conformidad a los arts. 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional que expresamente reconocen los derechos  que protegen el ambiente, la salud, la competen­cia, al usuario y al consumidor, así como a  los  derechos de  incidencia colectiva en general, también tutelados por los arts. 12, 19, 36, 38, 39, 41, 44, 47  y  concordantes de la Constitución Provincial, y en un sentido más  amplio y protectorio, los llamados derechos de incidencia  colec­tiva a partir de las  reformas  de  1994  revisten  status constitucional y es deber de la judicatura asegurar en los casos concretos  sometidos  a  juzgamiento  la  supremacía constitucional establecida en los arts. 31 de la Constitu­ción Nacional y 9 de la Constitución local.

Para dilucidar el  caso  se  impone  tener presente el art. 14 de nuestra Constitución Provincial  el que luego de hacer referencia al reconocimiento de los de­rechos explícita e implícitamente reconocidos en la norma­tiva  nacional, a los que tiene por reproducidos, y los que ella misma establece en su última parte  expresa  :" Los derechos y garantías establecidos, expresa o implícitamen­te  en esta Constitución, tiene plena operatividad en sede administrativa o jurisdiccional sin que su ejercicio pueda ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de  reglamen­tación”.

El  precepto  es claro y categórico y debe ser  así entendido con relación, entre otros dispositivos, al art. 38 inc. 8, en cuanto impone a los poderes públicos dictar normas que aseguren básicamente la exigencia de es­tudios  previos  sobre  impacto  ambiental  para autorizar emprendimientos públicos o privados.

La claridad del mandato constitucional que impone a los poderes públicos, y por ende a la  suscripta, asegurar a todos los habitantes de la provincia el derecho inalienable a vivir en un ambiente sano, equilibrado, sus­tentable y adecuado para el desarrollo humano, y a  parti­cipar  en las decisiones y gestiones públicas para preser­varlo, así como el deber a todos los habitantes de conser­varlo y defenderlo, no resiste el menor análisis ni discu­sión atento al vasto material probatorio ya aludido.

A continuación se enumeran como  deber  de los  poderes públicos el dictado de normas que básicamente aseguren, y en lo que aquí respecta 1º: la  preservación, protección, conservación y recuperación  de  los  recursos naturales y su manejo a perpetuidad. 2º. La armonía  entre el desarrollo sostenido de las actividades productivas, la preservación  del  ambiente  y de la calidad de vida. 3º. el resguardo  de  la biodiversidad ambiental, la protección y el  control de bancos y reservas genéticas de especies ve­getales  y  animales. 4º. La creación y el desarrollo de un sistema  provincial de áreas protegidas.5º. El control del tránsito de  elementos  tóxicos...6º.  La  regulación  del ingreso,  egreso,  tránsito y permanencia de especie de la flora y de la fauna y las sanciones que correspondan a  su tráfico  ilegal.  7º.La fijación de políticas de reordena­miento territorial, desarrollo urbano y  salud  ambiental, con  la  participación  del Municipio y entidades interme­dias. 8º.La exigencia de estudios  previos  sobre  impacto ambiental para autorizar emprendimientos públicos o priva­dos...11º. La sanción a autoridades y personas que infrin­jan la presente norma y la condena accesoria a resarcir  o reparar  los daños ambientales. 12º Los recursos suficientes para el cumplimiento de lo establecido en este artícu­lo.

Finalmente el art.38 establece que la Pro­vincia  o  los municipios en su caso establecerán la emer­gencia  ambiental  ante  la existencia actual o el peligro inminente de desequilibrios o daños producidos por fenóme­nos  naturales  o  provocados, aludiendo seguidamente a la legitimación para accionar, lo que ya fue merituado en p­árrafos anteriores.

Por  su  parte  las  leyes provinciales Nº 3911 sobre Intereses Difusos y Colectivos y Ley Nº 3964 de principios rectores para  la  preservación,  recuperación, conservación , defensa y mejoramiento ambiental,ambas san­cionadas en los años 1993 y 1994 respectivamente,  y  ade­lantándose a la normativa constitucional sobre la  materia regularon sobre la materia.

De manera que la protección jurisdiccional de  los intereses colectivos, difusos o supraindividuales, como la legitimación de los sujetos para requerir su tute­la, obtuvieron jerarquía suprema, por lo que  no  cabe  su alteración ni su supresión por normas inferiores, naciona­les  ni provinciales y menos aún su negación en sede judi­cial máxime a tenor de lo expresamente establecido por  el art. 14 ya citado.

En un estudio de especialistas de la  Uni­versidad Nacional de Buenos Aires se demuestra que la zona chaqueña está sufriendo profundos procesos de cambio,  que la ponen en situación de grave riesgo. La extensión de las superficies cultivadas, en desmedro de las zonas  boscosas naturales,  es  un hecho de fácil comprobación. Hacia 1996 había, en la región, un 10 por ciento de superficie culti­vada. Ese porcentaje ha llegado, en el presente, al 19 por ciento, lo que equivale a decir que 9 millones de hectáre­as más se han incorporado a la producción agrícola.

El jefe del Laboratorio de Ecología Regio­nal de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  de  la UBA advierte acerca del peligro de perder los bosques sub­húmedos  de la zona chaco-salteña, así como también los de la  frontera con Santiago del Estero, cosa que se advierte en la información satelital disponible. La zona en  riesgo abarca  más  de  50 millones de hectáreas y cubre a vastos sectores  de esas provincias, pero también de Formosa, Tu­cumán,  Santa Fe y Catamarca. Muchas de las zonas incorpo­radas  a la producción agraria no están protegidas por le­yes que impongan su conservación. El especialista señalado considera  que, si el Estado no interviene para ordenar el proceso,  se corre el peligro de producir cambios irreversibles, con capacidad para crear  daños  irreparables.  El actual proceso de extensión de la frontera agrícola se  ha desencadenado, en los últimos tiempos,  como  consecuencia de  la  extrema  valoración  de  que es objeto la soja. En otras  épocas ocurrió algo similar con el algodón, también como en una suerte de "fiebre del oro", que  puede  acabar en  cualquier momento, dejando, lamentablemente, males di­fíciles de revertir.

Se aduce que no se trata, como lo  señalan los entendidos, de impedir la  expansión  de  la  frontera agrícola, sino de planificar ese desarrollo, atendiendo lo que  se  sabe  acerca de los cambios climáticos y evitando que  los  fenómenos que hoy se conocen afecten a las zonas que  necesitan  ser protegidas, pues los procesos de dete­rioro  ecológico avanzan inexorablemente. Como bien se sa­be,  puede ocurrir un poco de todo: desde las inundaciones catastróficas  hasta  la desertización de las tierras o la pérdida  de  especies  vegetales y animales indispensables para la sustentación del medio ambiente.

Y que  no  tenemos,  lamentablemente,  una conciencia clara acerca de todo lo que  esto  significa  y los  gobiernos no siempre se han ocupado, con la necesaria dedicación,  de atender las perentorias exigencias del me­dio  ambiente  en  peligro. Quienes saben y merecerian ser escuchados no siempre reciben la atención que les  debería corresponder,  lo  que  es  grave, porque la naturaleza no  suele ser benévola con quienes no saben atender sus reque­rimientos. El hombre altera el  equilibrio  natural  y  no siempre  actúa  para ayudar a recomponerlo. Todo esto debe entenderse como un reclamo dirigido  a  quienes  están  en condiciones de conseguir que se planifique y se racionali­ce  lo  que,  desdichadamente,  suele  quedar a merced del simple interés individual, muy respetable, pero a  la  vez claramente  insuficiente.  Fuente: El bosque chaqueño, en peligro - La Nación (Argentina)-Julio 05, 2004 .

En un documento del Funam con motivo de la campaña  iniciada en defensa de los bosques chaqueños y de los  territorios  indígenas y sus pobladores, Fecha de Pu­blicación: 08/03/2004 se alerta respecto a que las  pobla­ciones indígenas Wichi, Quom y Mocovi,  y  otros  antiguos pobladores del bosque chaqueño, están siendo despojados de  sus    tierras    y    bosques   en   forma   sistemática.

Puntualmente en él se cuestiona, a las au­toridades gubernativas de la provincia, respecto a la san­ción de la nueva ley de bosques, que se califica de incon­sulta y retrógrada, denuncáindose que facilita los desmon­tes  y la expansión descontrolada de las fronteras agrope­cuarias. Y en cuanto a la venta de tierras  fiscales,  que son territorio indígena y lugar de vida de antiguos pobla­dores,  para  que  se beneficien compradores privados. Las áreas más afectadas son los Departamentos Almirante  Brown y General Güemes. Este despojo se complementa con campañas mediáticas del gobierno instando a la explotación del mon­te chaqueño.

El  Gran Chaco Sudamericano es una extensa región  compartida por Argentina, Paraguay, Bolivia y Bra­sil.Como  se  señalara  en numerosos documentos en defensa del bosque y el medio ambiente la importancia de esta uni­dad radica en que tiene el único bosque  seco  subtropical existente  en el planeta. A la misma latitud se encuentran desiertos como Atacama, en Chile; Kalahari  y  Nambia,  en Africa; y el de Arena, en Australia. Se dan una conjunción de  factores  quizá única en el mundo, tales como relieve plano,  bajas precipitaciones y ríos caudalosos provenien­tes de regiones vecinas elevadas.El Chaco Americano es ha­bitat  de muchos y diversos pueblos y una región biológica de  gran diversidad de vida; después de la Amazonía, es la  mayor área boscosa que queda en América del Sur. La super­ficie total protegida del chaco  en  la  Argentina  es  de 3.354.369  has.  es decir el 15,95% de la superficie total en la Argentina, cifra que no representa los variados eco­sistemas  de  la  región  y  que  en muchos casos no están implementadas.  Es decir la superficie actual de áreas na­turales protegidas no garantiza  la  conservación  de  los ecosistemas que protege. A pesar de la aridez de la  mayor parte del territorio, hay más plantas comestibles por hec­tárea en el Chaco que  en  la  selva  pluvial  amazónica.Fuentes(Walamba:El  Gran  Chaco  Americano.  Documento  del Equipo de Trabajo Walamba y Jorge Morello y Silvia D. Mat­teucci.  1999. Biodiversidad y uso de la tierra. Ed. Eude­ba.

En el Chaco no solo habitan numerosas  es­pecies  animales  y vegetales en peligro de extinción sino que  también aún hoy es el hogar de varios pueblos indíge­nas que obtenían antes de la colonización del Chaco bienes y servicios del bosque sustentablemente y que hoy  la  de­gradación a la que fueron sometidos  los  bosques  impiden que  realicen  sus modos tradicionales de uso de la tierra  que no degrada al medio natural.

No  obstante los pueblos Mocoví, Wichi, To­bas, Qom, y otros luchan por mantener sus idiomas y  cultu­ras  estrechamente relacionadas con el bosque y los recur­sos  y sustentos que de allí obtienen, pese a la promesa y el mandato constitucional.

Bajo el título "Antes de que sea demasiado tarde", el periodista José V. Derewicki, advertía sobre la gravedad  y  urgencia  de  hacer frente a este problema, al expresar que: "En los últimos tiempos estamos asistiendo a un debate mediático en el que el pecado de la  simplifica­ción aparece hasta el paroxismo cuando  se  habla  de  los  bosques y del medio ambiente, con opiniones traídas de los pelos  que,  precisamente, desvirtúan un tema de tanta im­portancia  que  tiene  nada menos los eslabones necesarios para conservar la vida humana.

Es necesario parar la pelota y comenzar  a planificar con acciones concretas para que  la  desertiza­ción que avanza a pasos acelerados no nos haga más pobres; y el desmonte indiscriminado nos afecte  hasta  la  salud, como está ocurriendo en Santiago del Estero y Salta.

Quiénes,  a pesar de no tener un pedazo de tierra, luchamos modestamente por una agricultura  moderna y  sustentable,  señalamos claramente cuales deben ser los parámetros para alcanzar  el  beneficio  para  todos,  sin destruir lo que queremos: nuestra casa, que no es otra co­sa que nuestro planeta.

A  esta altura de la publicación de puntos de  vista,  creemos que muchos embarran la cancha, incluso utilizan  la palabra sustentabilidad para obtener sólo be­neficios económicos, sin importarles siquiera las leyes de los hombres y menos las de la naturaleza. Es bueno el cam­bio de opiniones, porque así sabemos cual es  la  posición que sustentan. Por ejemplo, se puede estar del lado de  ex - funcionarios como María Julia Alsogaray que hicieron mu­cho daño desde su función; con la política del gobierno de Estados  Unidos,  que  no adhiere al Tratado de Kioto; del lado  de  Greenpeace,  que alerta constantemente sobre los manejos ambientales; o de quienes  apoyan  la  destrucción total del bosque para abolir la pobreza, que  llevan  como bandera; pero que en realidad nada hacen para sustituirla, porque al hombre, el principal actor, se lo  expulsa  cada vez  con mayor rapidez de su medio natural; o se podrá es­tar, por fin, en la vereda de los científicos quienes  ad­vierten del peligro que significa para la población no ac­tuar con el debido cuidado. Se ha caído la máscara de esos defensores  de una equivocada modernidad y hablan con cla­ridad.  Es bueno porque ahora sabemos que desean una agri­cultura  con  la  eliminación  total  de los bosques nati­vos..".

"Existe gran preocupación por la selva tro­pical.  Acaba de realizarse un encuentro en Brasil, preci­samente para analizar los peligros a que está siendo some­tida la selva amazónica, como el pulmón verde  del  mundo. Es  necesario reiterar que este ecosistema ejerce una fun­ción reguladora del clima, temperatura y humedad, ayuda  a oxigenar la atmósfera y paliar el efecto invernadero"...

"Hay que decir que el mundo, en los  últi­mos siglos _en especial la mayoría de los denominados países  ricos, ha destruido ferozmente las selvas y los bos­ques; y aunque tardíamente parece que están tomando con­ciencia del peligro que está constituyendo para la humani­dad la contaminación de su medio ambiente. Sin embargo,  a pesar de las advertencias, el afán de lucro sigue primando sobre  la  necesidad de preservar la salud del planeta. La pobreza  es  el  principal  peligro del medio ambiente; y, precisamente, donde se encuentra la mayor cantidad de bos­ques están los ciudadanos más indigentes. La gran pregunta es como mantener el equilibrio de necesidades e intereses. Se habla de un pago para una protección del medio  ambien­te.  Incluso de una tasa a nivel mundial especialmente de los países ricos y de quienes han  destruido  sus  propias reservas, debido a que todos seríamos beneficiarios".

Bajo el subtítulo El Gran Chaco amenazado, expresa que:"Mientras se encuentra una fórmula  para  lo­grar  el  justo  equilibrio  para salvaguardar la vida del planeta,  la  desertización continúa avanzando por la tala indiscriminada  de los bosques del planeta; y nuestro país y  la región chaqueña no escapan a esa tónica. Un peligro. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la  Univer­sidad de Buenos Aires así lo revela, en un trabajo firmado por el ingeniero Jorge Admoli y científicos de  la  talla de nuestros conocidos doctores Jorge Morillo, Carlos Rebo­ratti,  Juan Jos‚ Neiff y Silvia Matteucci, que se realizó sobre 50 millones de hectáreas que incluyen a nuestra pro­vincia. El mensaje es que, si se continúa con este avance, existe  el  peligro  de perder los bosques subhúmedos y se podrían  disparar los procesos de desertificación de difícil reversibilidad. Las zonas de riesgo estn fijadas  con eje en Tres Isletas-Senz Peña, Charata-Los Juríes- Bande­ra-Selva."

"La  biodiversidad no es incompatible con el desarrollo económico. Tenemos que  cuidar  los  bosques entre todos y también sus especies. ¿ Acaso  tendremos  que eliminar todos los quebrachos colorados para dar paso a la agricultura en suelos de clase 5 y 6, donde los rendimien­tos serán nulos, y cerrar las fábricas que dan  trabajo  a centenares  de  trabajadores  a  través de las industrias?

Pensamos en el camino inverso: administrar  adecuadamente nuestros recursos, implantar más quebrachos, algarrobos  y  otras especies para que las industrias  se  mantengan  por siempre y haya trabajo para las generaciones futuras,  sin diezmar los recursos".

Concluye en que "La disyuntiva no es des­montar  o no desmontar; es planificar y trabajar, más allá de los chispazos mediáticos,  en  soluciones  inteligentes que  valoricen socialmente nuestros recursos. Tenemos for­talezas que debemos aprovechar y debilidades que  fortale­cer. El Estado es el que debe trazar las líneas de  acción para orientar la expansión hacia tierras con mejor aptitud potenciar,  regular  y  controlar el uso y conservación de los  recursos naturales críticos. El Chaco inició un orde­namiento y tiene que profundizarlo con todos los sectores; pero dejando de lado a los lobbys a los que sólo les inte­resa la venta de tierras y de aquellos a quienes el  único motivo que los mueve es el de producir sin importarles  el difícil  cuadro  del  medio  ambiente. Y, en este sentido, nuestra provincia tiene la gran oportunidad de convertirse  en el ejemplo del mundo, además de conseguir recursos para resguardar sus bosques a partir de un  manejo  sustentable para que se instalen industrias y empresas; ya que tendrán la materia prima necesaria de por vida. El alegato  de  la población de justicia ambiental, para beneficios de todos, es impostergable".

En  otra  nota relevante: "La agricultura, de alto riesgo en el Chaco", publicada en Norte Rural,  del miércoles  15  de  diciembre también de este año, el mismo autor alude y advierte a que la  agricultura  es  de  alto riesgo y todos los habitantes de buena voluntad de la Pro­vincia tendrán que definir un adecuado ordenamiento terri­torial. Es decir, cómo utilizar los recursos, suelo,  bos­que  y agua de una manera racional, realizando agricultura en los lugares más adecuados y ganadería y forestación  en los que tienen menos posibilidades. Agrega que se  tendrán que establecer políticas sustentables donde  el  productor sea conciente de los riesgos que asume si encara activida­des que van a contrapelo de nuestra realidad".

En referencia a las inundaciones y sequías expresa que..."a pesar de los zarpazos que d la naturaleza se siguieron cometiendo los mismos errores. Es decir, des­montando, implantando cultivos en los lugares inconvenien­tes para hacerlo y dejando pasar el  tiempo  sin  acciones que  ayudaran  a  mitigar  los  fenómenos  que  se  sufren  constantemente".

Finalmente, Derewicki reflexiona en el sen­tido de que ..." llegó la hora de definir el adecuado orde­namiento  territorial para el adecuado uso de los recursos naturales  en forma sustentable. Las situaciones que esta­mos viviendo, cabe decirlo, no se arreglan sólo con dinero sino  con  la inteligencia de programar modelos de produc­ción compatibles con la naturaleza.  Además,  finaliza  el signo  mas  evidente  de  que tenemos que reaccionar es la continua  expulsión de los productores de su ambiente y la expansión de la pobreza que lo hace sin estridencias, como la invasión de las aguas, pero en forma implacable".

En  cuanto  al  contenido material de esta categoría singular de derechos, enseña la doctrina que  se trata de un catálogo abierto de situaciones jurídicas cuya inserción y determinación dependerá en definitiva de  cada caso concreto y estar sujeto a la  debida  prudencia  por parte de los operadores judiciales, las partes, los aboga­dos y el Juez.

Expresa Bustamante Alsina  que  aludir  al "medio ambiente " es una practica lingüística poco ortodo­xa,  que utiliza acumulativamente expresiones sinónimos, o al menos, redundantes, aunque de uso cotidiano, para sig­nificar el conjunto de cosas o circunstancias que rodean o condicionan la vida del hombre.

El concepto de ambiente comprende toda la problemática  ecológica  ambiental y por supuesto, el tema capital resulta ser el de la utilización de  los  recursos naturales que se encuentran a disposición del hombre en la biosfera. Pero aunque el ambiente sea una parte de la  na­turaleza  y  se busque una política de tutela ambiental en su  totalidad, existen múltiples estrategias proteccionis­tas, sectoriales, que van más allá  del  ámbito  puramente natural y persiguen preservar la obra humana en sus aspec­tos estéticos, paisajistas, urbanísticos, etc., con  miras de asegurar una buena calidad de vida y una sana  utiliza­ción de los recursos y de la obra cultural para legarlos a la  generaciones futuras.(Jorge Bustamante Alsina, Derecho Ambiental , pag. 47).

9) _Interpretando el art. 41 de la  Consti­tución  Nacional  sostiene  Bidart Campos que es necesario asignarle como mínimo una presunción de operatividad.  No niega  que  es necesario conferirle desarrollo legislativo pero  sí que la falta o escasez de legislación pueda atro­fiar el derecho que reconoce y garantiza la norma.

Agrega  el autor que sobre todo los Jueces deben  desplegar un prudente activismo judicial en sus in­terpretaciones  aplicativas, y partiendo de la fuerza nor­mativa de la constitución y de la explícita definición que ella hace "del derecho" de todos los habitantes al ambien­te,  han  de hacer cumplir el deber de preservación que se les imputa tanto como el de proveer a la  protección.  Los jueces son " autoridades", y la tutela que han de prestar no puede quedarles impedida por insuficiencia  o  ausencia de  la ley (Germán J. Bidart Campos "Manual de la Consti­tución Reformada", Tomo II, pg. 87/88).

En el mismo sentido lo hace Humberto  Qui­roga  Lavié en "Constitución de la Nación Argentina Comen­tada",  al sostener que cuando de la omisión o insuficien­cia reglamentaria resultaren afectados los derechos públi­cos de la sociedad, que el nuevo texto constitucional  de­nomina "derechos de incidencia colectiva".En  este  último caso, si se tratare de un daño ambiental, la omisión de la autoridad pública podrá ser suplida con un mandamiento ju­dicial dirigido a ordenar un "estudio de  impacto  ambien­tal" a los efectos de determinar si las actividades conta­minantes pueden seguir desarrollándose.

De este modo, señala, se está instituciona­lizando la potestad legislativa de los jueces, con  carác­ter  transitorio  y como modalidad supletoria, frente a la inacción del poder político. Ello tendría muchísima signi­ficación frente al caso muy frecuente de omisión reglamen­taria,  por  parte del Ejecutivo, de la legislación nacio­nal.

Es que el veto por omisión no puede seguir permitiéndose  en  el sistema constitucional argentino. La nueva letra constitucional abre la concreta posibilidad de que, frente a un supuesto  de  tal  naturaleza,  cualquier tribunal  de justicia y, en última instancia, la Corte Su­prema, puedan hacer operativa la ley. Un verdadero desa­fío al legislador en tiempos en que la  eficiencia  es  el dato  más  concreto para generar la legitimación del poder público.  De  este  modo no caminamos hacia el gobierno de los jueces, sino, por el contrario, al potenciamiento del sistema  democrático. Sin controlar la ineficiencia legis­lativa, en particular del ejecutivo, la democracia se tor­na, en definitiva, inviable. (ob. cit., pag. 225).

10)Con  absoluta  contundencia el profesor GARCIA DE ENTERRIA ha expuesto que la  Administración  Pública  personifica  el Poder del Estado; es por ello –dice tomando  las palabras de Hauriou- una apotentior persona", un personaje poderoso cuyo comercio jurídico aparece pene­trado  por  esta idea de poder, y asume el servicio de los intereses  generales de acuerdo con el principio de efica­cia, disponiendo para ello de potestades exorbitantes  del Derecho  común, de un cuadro de poderes de actuación de la que no disfrutan los sujetos privados.- Puede crear, modi­ficar  y extinguir derechos por actos unilaterales, adqui­rir de los particulares bienes o derechos sin  contar  con la  voluntad  de éstos, por la expropiación forzosa, puede incluso ejecutar de oficio sus propias decisiones, y  para producir  estos  efectos  ni  siquiera  debe  acudir  a un juez.... El control jurisdiccional al que está sujeto es  ex post facto. Sus bienes cuentan con un status" privilegiado, fueren  del  dominio  público  o  de  su dominio priva­do.... Pero -sigue el autor, semejantes privilegios en  más se compensan con privilegios en menos: no goza de la misma libertad  de  los particulares, no puede formar libremente su  voluntad,  debe seguir procedimientos predeterminados, de lo contrario sus actos se fulminan con la nulidad.- Sus decisiones, si son favorables a terceros, si declaran  de­rechos,  no pueden ser modificadas quedando a ellas vinculada en términos estrictos.- El Derecho Administrativo coloca así junto a los privilegios, las garantías,  económicas y jurídicas, y exige un equilibrio cierto, pero  posible entre ambos.- Todos los problemas jurídico-administrativos,  consisten  en  buscar  ese  equilibrio, asegurarlo cuando se ha encontrado, reconstruirlo cuando se ha perdi­do, persiguiendo y obteniendo el eficaz servicio del interés general, sin  mengua  de  las  situaciones  jurídicas, igualmente respetables, de los ciudadanos. (Curso de Dere­cho Administrativo - Tomo I - pg. 44/46).

11) Tampoco puede ser pasado por alto que al momento del dictado de la Ley 5285 de reforma de la Ley de Bosques no se confirió participación a las  comunidades indígenas que habitan la Provincia del Chaco:  los  Wichi, los Tobas-Quom, los Mocoví y demás pueblos indígenas afec­tados,  en  desmedro  de  lo establecido en el inc. 17 del art. 75_ _de la  Constitución  Nacional  y  art.  37  de  la  Constitución Provincial. Es así que específicamente en  el inc. b) de esta última cláusula se dispone que  el  Estado les asegurará a los pueblos indígenas la participación  en la protección, preservación, recuperación de los  recursos naturales  y  de los demás intereses que los afecten, y en el desarrollo sustentable, lo que no aconteció.

Se ha omitido el real respeto de partici­pación a las comunidades indígenas, a los antiguos  pobla­dores del Chaco y a las organizaciones acompañantes en to­da legislación o medida que afecte sus derechos, situación que necesariamente debe revertirse sin demoras.

A  dicha  conclusión  arribo  teniendo  en cuenta las instrumentales agregadas a la causa, particular­mente la Nota remitida al Coordinador Nacional  de  ENDEPA en fecha 14 de noviembre de 2003 por dos Diputados Provin­ciales obrante a fs. 42 de las actuaciones  surge  que  la Ley 5285 "fue largamente  estudiada  por  la  Comisión  de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambien­te  con  profundas  consultas a las áreas correspondientes del poder Ejecutivo y a los productores forestales que so­licitaron  ser  atendidos".  Correlacionado  ello  con  lo expresado en los considerandos  del  Decreto  Nro.  668/04 glosado a fs. 197/201 en cuanto "El Ministerio de la  Pro­ducción a través de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente convocó a una amplia participación y  co­ordinó  la realización de reuniones con el objetivo de re­glamentar  la Ley 5285 a la cual concurrieron representan­tes de instituciones relacionadas con los sectores agrope­cuarios,  forestal,  gremial, organismos de investigación, entidades  ambientalistas, consejos y asociaciones de pro­fesionales, personal técnico y administrativo  del  Estado Provincial y del Instituto de  Tecnología  Agropecuaria  y ciudadanos  interesados".  Lo  que implica que incluso las reuniones y participaciones a que se refiere en los consi­derandos  el precitado decreto 668/04, posterior a la pro­moción de la acción se han efectivizado con  posterioridad a la sanción de la ley y no antes como marca la  Constitu­ción.

El  inc. 17 del art. 75 de la CN incorpora "el criterio de integración participativa (no  forzada  ni coaccionada) de los indígenas a la vida nacional dentro de un marco de respeto de sus identidades étnicas y  cultura­les cuya preexistencia al Estado Nacional se admite explícitamente constituyendo el fundamento  socio-histórico-po­lítico del reconocimiento de ciertos derechos que de  otro modo podrían considerarse como privilegios con relación al resto de la población nacional".  ("Status  constitucional de  los  Pueblos Indígenas". Horacio Daniel Rosatti. conf. "La Reforma de la Constitución", pg. 200.)

Los derechos que se les reconocen a los in­dígenas son los siguientes:

-propiedad y posesión de las  tierras  que tradicionalmente habita.

-arraigo,  garantizado por la inenajenabili­dad, intransmisibilidad e inembargabilidad.

-preservación de su identidad  sociocultu­ral,  que incluye el derecho a una educación biligúe e in­tercultural  y la vigencia de sus instituciones, en la me­dida que no contradigan las del Estado.

-expectativa cierta  de  acceder  a  otras tierras aptas y suficientes para su desarrollo.

-participación en la gestión de los  inte­reses que les afectan, incluída la referida a sus recursos naturales y

-reconocimiento de la personería  jurídica de las comunidades quienes quedan legitimadas para  reque­rir y accionar por la concreción de los derechos menciona­dos.

Las  prerrogativas  reconocidas   por   el art.75 inc. 17 estaban virtualmente consagradas en el con­venio sobre comunidades indígenas y tribales en países in­dependientes Nro.169 de la OIT, incorporado a la normativa argentina por la Ley 24.071.

El Centro de Graduados de la  Facultad  de Periodismo  y Comunicación Social de la Universidad Nacio­nal  de  La Plata (UNLP)acompaña el documento y la campaña sobre LA Destrucción de Bosques y Genocidio Indígena, ini­ciada por FUNAM, ONG fundada en 1982, con status consultivo en ECOSOC y CSD (Naciones  Unidas,  Nueva  York),y  Premio Global 500 de Naciones Unidas (1987),organización  miembro de la RENACE, Red Nacional de Acción  Ecologista  denunció que  si  la  legislatura no deroga la nueva ley de Bosques 5.285  favorece  el genocidio indígena, ya que desaparecen los frenos para el desmonte del bosque nativo. Y  que  los legisladores  y gobernantes serán responsables de la falta de alimentos y medicinas naturales que los  indígenas  ob­tienen del bosque. Se sostuvo que  la  continua  venta  de tierras fiscales agrava el problema: "si la  legislatura  y el  gobierno  del chaco insisten en reglamentar esa ley en lugar de derogarla, el mundo entero conocer  los  nombres de quienes iniciaron este genocidio". Su Presidente, el Dr. Raúl Montenegro agre­gó que la ley 5.285 "fue un golpe duro y retrógrado contra la vida y la salud de las  comunidades  indígenas".  A  su juicio "esto explica, quizás, porque‚ no  se  las  consultó antes de hacerla. Leyes y venta de tierras fiscales se ha­cen a la medida de los futuros productores blancos, no  de las comunidades indígenas". Agregó que la  ley  5.285  "es nula  e  ilegal porque se aprobó sin haber consultado pre­viamente  a  los pueblos indígenas. Pese a que el Artículo 75 inciso 17 de la Constitución, el Convenio 169 de la Or­ganización Internacional del Trabajo (OIT) y  el  Artículo 37 de la Constitución del Chaco establecen la obligatorie­dad  de estas consultas, los legisladores y el estado pro­vincial nunca lo hicieron. Pretender  reparar  este  error con una consulta de la reglamentación es una burla inacep­table".

La  Ley  Nº  5.285  que modifica la ley de bosques Nº 2386 introdujo un sustancial cambio en el Artículo 19. La nueva norma ya no pone frenos al desmonte y la destrucción de los bosques chaqueños en los  Departamentos Almirante Brown y General Güemes.

Se  sostuvo  que  resultaba  "por lo menos contradictorio" que frente a las activas campañas del  go­bierno nacional en defensa de los  derechos  humanos  "los legisladores y el gobierno del Chaco tengan tan poco  res­peto por esos derechos y las comunidades indígenas".

A  su  vez en la Ciudad de Buenos Aires, el 13  de  diciembre  de 2004, Greenpeace alertó hoy sobre la posibilidad de que se produzcan  muchas  más  grandes  ca­tástrofes  ambientales, como las inundaciones en el Chaco, si  la Nación y las provincias se siguen pasando la pelota de la jurisdicción como excusa para no hacer nada frente a los desmontes.

La organización ambientalista  se  refirió de este modo a la situación planteada por las inundaciones en  el Chaco, donde el mismo gobernador, Roy Nikisch, vin­culó la catástrofe ambiental con los desmontes sin control ocurridos en el territorio provincial.

"Por  un  lado  nos alegra ver que por fin entiendan  el  rol  económico que tienen los servicios am­bientales  de  los  bosques.  Sin  embargo, por qué no les entró  ésto  en la cabeza antes, hace años que venimos ad­virtiendo  sobre  esta cuestión y solo escuchan cuando impactos trágicos como éstos llegan a sus propios  ojos.  Si la Nación y las provincias se siguen pasando la pelota  de la jurisdicción como excusa para no hacer nada, habrá  mu­chas más grandes catástrofes naturales", sostuvo  Emiliano Ezcurra,  coordinador  de  la  campaña de Biodiversidad de Greenpeace. Ezcurra  formuló  estos  conceptos durante una disertación que se desarrolló hoy en el Jardín Botáni­co  de Buenos Aires como uno de los eventos paralelos a la Cumbre de Cambio Climático que se desarrolla en esta ciu­dad. Además, Greenpeace expuso cifras oficiales que ponen en evidencia la enorme  contribución  al  cambio climático que representan los desmontes. En este  sentido, un  reciente informe elaborado por la Unidad de Manejo del Sistema  de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo  Sustentable  de la Nación, indica que los desmontes provocan emisiones  de carbono a la atmósfera en un nivel tan alarmante que supe­ran  cinco  veces  las  provenientes  de  los procesos in­dustriales.

Estos  números  indican  que los desmontes producen  casi  la mitad de la principal causa de emisión: las provenientes del uso de combustibles fósiles.

"Estas  cifras  no  sorprenden, porque las topadoras se comen en los últimos años una  superficie  de bosque equivalente a 20 canchas de fútbol por hora. Lo que sorprende e indigna es la absoluta falta  de  intervención por parte del gobierno nacional en esta cuestión  tan  ur­gente", declaró Ezcurra. Las entidades nucleadas  en  el  Foro  del Buen  Ayre,  una  coalición  de ONGs presente en la COP 10 exigieron  detener  todos  los  desmontes  sosteniendo que "tanto por razones de protección de la biodiversidad y por los múltiples servicios ambientales que los bosques  ofre­cen, también desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático debemos proteger los últimos bosques  que quedan en la Argentina." El documento del Foro del Buen Ayre desta­ca además el impacto social de los desmontes provocado me­diante los aberrantes procesos de desalojos de comunidades indígenas y campesinas que habitan desde hace décadas esas tierras que hoy se arrazan. "Es  simple: sin  bosques nativos, no hay futuro", concluyó Ezcurra".

12) Desde  tal  perspectiva  resulta  la existencia  de un conflicto que es deber de esta jurisdic­ción  dilucidar,  (art. 31 de la Constitución Nacional), y en ejercicio del control de constitucionalidad declarar la inconstitucionalidad de la normativa impugnada.

Es un presupuesto indispensable de juridi­cidad de todos los actos emanados de las magistraturas públicas la razonabilidad que debe orientar a los mismos co­mo garantía del Estado de Derecho.

De  manera  que  toda vez que en un caso concreto  se  verifique por la judicatura una lesión a tal principio, es imperativo dar operatividad a los derechos y garantías constitucionales haciendo cesar  el  estado  de afectación que se denuncia.

Asimismo y  como  ya  lo  señalara  en  el Expte. 15105/01 "Montiel Carlos Fernando S/ Medidas  auto­satisfactivas"  del registro de este tribunal, el problema del  carácter normativo de la Constitución no genera mayo­res conflictos doctrinarios en la actualidad y se  ha  ido consolidando a instancias de una jurisprudencia  constitu­cional crecientemente axiologizante. A este  respecto,  el constituyente  norteamericano  tuvo conciencia de que san­cionaba una norma plenamente operativa, mejor aún, la nor­ma  fundamental  del ordenamiento jurídico como lo declara en  su artículo seis (6) "Supreme law of the land", y que, en  consecuencia,  toda la Constitución, tanto en su parte orgánica  como en su parte dogmática, y hasta en su Preám­bulo, obliga a la totalidad de los  sujetos  y  operadores jurídicos-públicos y privados-; y para ello están los Jueces como encargados de fiscalizar su cumplimiento, actuan­do  el  Poder  Judicial  de  manera similar al modo en que controla  la vigencia del resto del ordenamiento jurídico. (Conf.  Alejandro  Nieto  "Peculiaridades  Jurídicas de la Norma  Constitucional" en Revista de Administración Públi­ca, Nº 100/102, pg. 377 y sgtes.; cit. por Rodolfo  Luis Vigo en " Interpretación Constitucional", pág. 61/62, Ed. Artes Gráficas, Candil S.R.L., Ed. 1993).

Frente  a la interpretación que debe darse a  la realidad vital existente y que integra l0a verdad ju­rídica objetiva, a cuya ponderación los Jueces  no  pueden renunciar concientemente (Corte Suprema E.D. 142/123;  LL 1991/D - 518; J.A. 1991-535), se impone el deber que tengo como  magistrada de optimizar y priorizar la fuerza norma­tiva de la Constitución.

13) Como colofón de lo precedentemente di­cho ratifico una vez más en este  acto  que  es  necesario comprender que la Constitución es nuestro estatuto organi­zativo  supremo contenedor de un pacto social de conviven­cia,  regulador  de  las  relaciones conflictivas entre el ejercicio de los poderes y el ejercicio  de  las  liberta­des.

La Constitución organiza y regula las re­laciones  conflictivas entre el ejercicio de los poderes y el  ejercicio  de las libertades, y en este sentido es una garantía o seguridad que nos protege frente a los dos  pe­ligros extremos que pueden afectar a una sociedad, el despotismo y la anarquía.

Como  instrumento tuitivo de la libertades tiende de manera eficaz a evitar el abuso de poder y  como norma suprema, está por encima de las demás normas y actos que de ella derivan y debe encontrar en los ciudadanos, en las  autoridades públicas y fundamentalmente en los tribu­nales  de  justicia  fuerza  normativa  suficiente para no frustrar dicha supremacía.

Cuando  los argentinos, en todos los ámbi­tos  y  niveles  comprendamos  las  bondades  del  sistema constitucional  y  la  necesidad  imperiosa de que todo el sistema  legal se ajuste a los principios allí contenidos, habrá realmente voluntad de Constitución.

Por eso es tiempo de una Justicia  Consti­tucional en serio, de no adormecernos en la hipocresía  de un conjunto de derechos consagrados en los textos  consti­tucionales, que no se cumplen, amparándonos en una estruc­tura  judicial  burocrática  que no está muchas veces a la altura de las circunstancias. Reconocer  en los textos constitucionales, un catálogo de derechos, formalmente declarados, pero  que no  se  cumplen así como mecanismos de control ineficaces, traducen una realidad que debe revertirse sin demora.

Todos los jueces tanto federales como pro­vinciales  somos  antes que nada jueces de la Constitución lo que importa especializarnos y demostrar idoneidad  para el juzgamiento de las cuestiones constitucionales que tie­nen rango supremo, y solo después en la competencia  deri­vada- específica que nos acuerda la ley.  Una  interpreta­ción  distinta  importaría  una afectación al Principio de Supremacía  Constitucional, una traición a la Constitución que debemos honrar y defender y  que  alguna  vez  juramos cumplir y hacer cumplir.

14) Las características singulares del ca­so me persuaden de acceder a la  tutela  judicial  urgente incoada  por  esta vía en el entendimiento que en el marco examinado la Ley Nro. 5285/03 y sus normas  reglamentarias resultan   inconstitucionales,  por  haberse  dictado  sin cumplimentar la exigencia de estudios previos sobre impac­to  ambiental  que  establece  el inc. 8 del art. 38 de la Constitución  Provincial, y de un ámbito necesario de con­sultas previas y real participación de los distintos  gru­pos sociales involucrados como manda la normativa  consti­tucional. A lo que se suma la omisión de la parti­cipación específica y amplia de los pueblos indígenas  in­teresados  mediante  procedimientos apropiados, consagrada en  el inc.  17 del art. 75 de la Constitución Nacional y art.  37  de  la  Constitución Provincial, ante el daño ya producido  y  la  amenaza de daño inminente a los recursos naturales, su patrimonio natural y cultural y de la diver­sidad biológica que invocan los amparistas. Y en este sentido, como se alude en el in­forme  de  fs. 349/361 de la Fundación para la Defensa del Ambiente  (FUNAM)  es  conducente señalar que, con poste­riordad al inicio de la acción, se dictó el decreto 672 de "Reserva  de  Recursos Impenetrable Chaqueño" de un millón de  hectáreas  (  250.000  hs.en  el  Departamento Brown y 750.000 en el Departamento Güemes), el que si bien se eva­lúa por dicha entidad como positivo, en tanto  se  proteja efectivamente el ambiente chaqueño, carece de efecto sobre la Ley 5285 que sigue siendo una puerta abierta al desmon­te y la expansión descontrolada de cultivos industriales.

15) En el caso Marbury v. Madison 1 Cranch 137,2 L.Ed. 60 (1803) la Corte de  Justicia  Norteamericana emitió el célebre caso, hito en la historia del control de constitucionalidad  de  tipo difuso, a través del voto del presidente John Marshall expresaba: “No  puede presumirse que cláusula alguna de la Constitución esté pensada para no tener efecto,  por lo tanto, la interpretación contraria es inadmisible salvo que  el  texto expreso de la Constitución así lo manifies­te. La pregunta  acerca  de  si  una  ley contraria  a  la Constitución puede convertirse en ley vi­gente del país es profundamente interesante para los EEUU. pero, felizmente, no tan complicada como interesante. Para decidir esta cuestión parece necesario tan sólo  reconocer ciertos principios que se suponen establecidos como resul­tado de una prolongada y  serena  elaboración.  Todas  las instituciones fundamentales del país se basan en la creencia de que el pueblo tiene el derecho preexistente de  es­tablecer para su gobierno futuro los principios que juzgue más  adecuados  a su propia felicidad. El ejercicio de ese derecho supone un gran esfuerzo, que no puede ni debe  ser repetido con mucha frecuencia. Los principios así estable­cidos son considerados fundamentales. Y desde que la auto­ridad  de  la  cual proceden es suprema, y puede raramente  manifestarse, están destinados a ser permanentes. Esta vo­luntad  originaria y suprema organiza el gobierno y asigna a  los  diversos  poderes sus funciones específicas. Puede hacer  sólo esto, o bien fijar, además, límites que no po­drán ser transpuestos por tales poderes. El gobierno de los EEUU. es de esta últi­ma  clase. Los poderes de la legislatura están definidos y limitados. Y para que estos límites no se confundan u  ol­viden, la Constitución es escrita. ¿Con qué objeto son li­mitados  los  poderes y a qué efectos se establece que tal limitación  sea escrita si ella puede, en cualquier momen­to, ser dejada de lado por los mismos que resultan sujetos pasivos de la limitación? Si tales límites no restringen a  quienes están alcanzados por ellos y no hay diferencia entre actos prohibidos y actos permitidos, la distinción entre gobier­no limitado y gobierno ilimitado queda abolida. Hay sólo 2 alternativas  demasiado  claras para  ser discutidas: o la Constitución controla cualquier ley contraria a aquélla, o la Legislatura puede alterar la Constitución  mediante  una ley ordinaria. Entre tales al­ternativas no hay términos medios: o la Constitución es la ley  suprema,  inalterable por medios ordinarios; o se en­cuentra  al  mismo nivel que las leyes y de tal modo, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la  Constitución no es ley; si en cambio es verdadera la segunda,  entonces las  constituciones  escritas  son  absurdos  intentos del pueblo para limitar un poder ilimitable por naturaleza. Ciertamente, todos aquéllos que han  ela­borado  constituciones escritas las consideran la ley fun­damental y suprema de la Nación,  y  consecuentemente,  la teoría de cualquier gobierno de ese tipo debe ser que  una ley repugnante a la Constitución es nula. Esta teoría está íntimamente ligada al tipo de Constitución escrita y debe, por  ello,  ser considerada por esta Corte como uno de los principios básicos de nuestra sociedad. Por ello esta cir­cunstancia no debe perderse de vista en el tratamiento ul­terior de la materia. Sin lugar a dudas,  la  competencia  y  la obligación del Poder Judicial es decidir qué es ley. Los que aplican las normas a casos articulares deben por  ne­cesidad exponer e interpretar esa norma. Si 2 leyes entran en  conflicto  entre sí el tribunal debe decidir acerca de la validez y aplicabilidad de cada  una.  Del  mismo  modo cuando una ley está en conflicto con la Constitución y am­bas son aplicables a un caso, de modo que  la  Corte  debe decidirlo  conforme a la ley desechando la Constitución, o conforme a la Constitución desechando la ley, la Corte de­be determinar cual de las normas en conflicto gobierna  el caso. Esto constituye la esencia misma del deber de  admi­nistrar justicia. Luego, si los tribunales deben tener  en cuenta la constitución y ella es superior a cualquier  ley ordinaria,  es la Constitución y no la ley la que debe re­gir el caso al cual ambas normas se refieren. Quienes niegan el principio de que la Cor­te debe considerar la Constitución como la ley suprema, se ven reducidos a la necesidad de sostener que los  tribuna­les deben cerrar los ojos a la Constitución y mirar sólo a la ley. Esta doctrina subvertiría los  fundamentos mismos de toda constitución escrita. En ciertos casos, la Constitución debe ser interpretada y analizado su contenido  por  parte  de  los jueces. Y  si de este modo los jueces pueden abrir y examinar la totalidad de la Constitución ¿qué  parte  de ella les está prohibido leer u obedecer? ¿Debe darse un pronunciamiento judicial en tal  caso? ¿Deben los jueces cerrar los ojos a la Consti­tución y ver sólo la ley? Mediante éstos y  muchos  otros  artículos que podrán seleccionarse es claro  que  los  constituyentes elaboraron ese instrumento como una regla obligatoria tan­to para los tribunales como para la Legislatura. ¿Por qué motivo, si  no,  prescribe  a  los jueces jurar su cumplimiento? Este juramento apela,  cier­tamente, a su conducta en el desempeño de su cargo de  ca­rácter oficial. ¡Qué inmoralidad  sería  imponérselos,  si ellos (los jueces) fueran a ser usados como instrumentos- y como instrumentos conscientes - de la violación de lo que juran respetar!....”

16) No olvidemos que la Constitución  vive en  tanto se aplica por los Jueces. Cuando ellos desfalle­cen, ya no existe más. Por eso el rol de los operadores ju­diciales en estos tiempos frente a una sociedad que  exige respuestas urgentes, y que ya no espera, es dar pronta se­guridad jurídica, amparo frente al desamparo, tutela fren­te a la indefensión, abriendo las compuertas de la  juris­dicción  y garantizando las libertades fundamentales a to­dos los habitantes. No desconozco que existen aspectos de  ne­cesidad, conveniencia y oportunidad cuya  merituación  co­rresponde a  los  poderes  públicos  por  expreso  mandato constitucional,  arts.  38  inc.  8 y concordantes de la Constitución local, criterios susceptibles de merecer jui­cios de valor diferentes por parte de los habitantes, pe­ro tal potestad debe ser ejercida de conformidad  con  las prescripciones de esta Constitución.

17) Las motivaciones y fundamentos expues­tos me persuaden en el sentido de declarar la  inconstitu­cionalidad de la Ley Nro. 5285/03 y sus decretos reglamen­tarios y haciendo saber a las autoridades provinciales que cualquier normativa que se dicte en  su  reemplazo  deber ajustarse a las prescripciones constitucionales en punto a la  participación  de los pueblos indígenas afectados y de los distintos sectores y agentes sociales involucrados.

También corresponde ordenar a la Provincia del Chaco a través de sus autoridades provinciales y órga­nos  pertinentes,  el cumplimiento de lo prescripto por el art.  38 de la Constitución Provincial, debiendo adoptarse los recaudos tendientes a ello.

Y finalmente la urgente e inmediata reali­zación  de  una  evaluación de los Impactos ya ocasionados por la destrucción de los Montes Chaqueños  y  acerca  del Impacto  Ambiental  y Social en relación a las actividades futuras de continuarse el mismo ritmo  de  afectación  del bosque  y suelos. Debiendo arbitrarse los medios para ase­gurar la participación con pluralidad de actores e intere­ses conforme lo establece la Constitución Provincial a los fines de diseñar, desarrollar y proponer la  ejecución  de un Plan de preservación, Recomposición  y  Sustentabilidad del Bosque Nativo de la Provincia del Chaco, lo que deber ser  informado al tribunal, como garantía del cumplimiento del  fallo, en el plazo de diez días de notificada la pre­sente.

18) Establecido  lo anterior, corresponde determinar la forma en que deber ejecutarse esta  senten­cia, como garantía de la tutela judicial efectiva,  recono­cida por los arts. 18 de la Constitución Nacional y arts.8 y 25 del Pacto de San José de Costa  Rica,  arbitrando  un cumplimiento ordenado de este pronunciamiento.

Carlos Fayt en su memorable voto en  disi­dencia en el reciente caso Bustos, Alberto Roque  y  otros c/ Estado Nacional y otros s/ amparo" de fecha: 26/10/2004 en el Considerando 27) reflexiona respecto a que " la eje­cución  de  las decisiones judiciales en estas circunstan­cias  debe efectuarse cuidando que a la par de restablecer la  vigencia  de los derechos conculcados, no se convierta paradojalmente en un medio que en la realidad los frustre. En el Considerando 28) expresa:" Que a ese fin el derecho comparado, bien que en sistemas tributarios de un  control  de  constitucionalidad  muy  diferente  al nuestro, como las de España, Italia,  Alemania  y  Colombia han ido desarrollando diversas técnicas que  actúan  sobre los  efectos  de las sentencias. En España se ha sostenido en términos generales que "la consecuencia más  significativa que se deriva del principio de conservación de la ley es la posibilidad de que  su  enjuiciamiento  no  concluya exclusivamente con una simple declaración de conformidad o disconformidad  de la ley con la Constitución. Entre uno y otro extremo existe un abanico de  posibilidades  que  van desde las denominadas sentencias interpretativas de recha­zo  hasta las aditivas y manipuladoras, pasando por decla­raciones  de  mera anulabilidad de la norma legal impugna­da"(Camaño Domínguez, Francisco; Gómez Montoro, Angel  J.; Medina Guerrero, Manuel y Requejo Pagés, Juan Luis, Juris­dicción y procesos constitucionales Mc. Graw Hill, Madrid, 1997, p. 44).

En Italia, la Corte Constitucional ha  desa­rrollado  en  los  últimos años instrumentos más refinados para abordar los problemas del control de constitucionali­dad de las leyes y a fin de ajustar el impacto de las sen­tencias que declaran la inválidez de las normas impugnadas (Nardini, William J., "Passive Activism and the Limits  of Judicial Self? Restraint: Lessons for America from the Ita­lian Constitutional Court", en 30 "Seton Hall Law Review" 1). En Alemania, se fijan plazos y pautas para que el Par­lamento ?Bundestag? corrija la  norma  inconstitucional  y también se han elaborado otras técnicas a fin de "suavizar el  impacto  político de sus decisiones" o "evitar el caos político o económico que podría resultar de la declaración de inconstitucionalidad (Kommers, Donald P., The Constitu­tional Jurisprudence of the Federal Republic  of  Germany, 2da  edición,  Duke University Press, Durham?London, 1997, p. 53).

En Colombia, por último se ha considerado que  "el juez  constitucional  no está atrapado en la disyuntiva de mantener  en forma permanente una norma en el ordenamiento (declaración  de constitucionalidad) o retirarla en su in­tegridad  en  forma  inmediata (sentencia de inexequibili­dad)". La Corte Constitucional de dicho país "debe adoptar la modalidad de sentencia que mejor le permita asegurar la guarda de la integridad y supremacía de  la  Constitución. En tales circunstancias, no siempre la constatación de que una norma es inconstitucional acarrea  inevitablemente  su automática declaración de inexequibilidad, por la sencilla razón de que puede ocurrir que el retiro inmediato  de  la disposición  del ordenamiento ocasione una situación peor, desde  el  punto  de  vista  de  los  principios y valores constitucionales" (Corte Constitucional de Colombia  causa C?141/01, fallada el 7de febrero de 2001,  Magistrado  Po­nente Alejandro Martínez Caballero)". Y  en el Considerando 29):" Que ya más cer­cana  a nuestra tradición, la Suprema Corte de los Estados Unidos  al decidir "Brown v. Board of Education" (349 U.S. 294) tras declarar que la discriminación racial en la edu­cación pública era inconstitucional, señaló que "la imple­mentación plena de estos principios constitucionales puede requerir la solución de variados problemas escolares loca­les". "Los tribunales dijo requerirán a los demandados que den un pronto y razonable inicio hacia el completo cumpli­miento de la decisión" y que "una vez que tal comienzo ha­ya  sido efectuado, los tribunales pueden encontrar que es necesario  un  plazo adicional para llevar a cabo la deci­sión en forma efectiva". "La carga de la prueba para acre­ditar  que  ese plazo es necesario en el interés público y es compatible con un cumplimiento de buena fe  practicable en  la fecha más próxima posible -precisó- pertenece a los demandados. A ese fin, los  tribunales  pueden  considerar problemas  relacionados  con la administración, que surjan de  la  condición  física  de los edificios escolares, del sistema de transporte escolar, del personal, o de la revi­sión  de distritos escolares y áreas de asistencia en uni­dades compactas, para lograr un sistema de admisión a  las escuelas públicas sobre bases no raciales, y  la  revisión de leyes y regulaciones locales que  pueda  ser  necesaria para solucionar los  problemas  precedentes.  Considerarán también la adecuación de cualquier plan que los demandados puedan  proponer para enfrentar estos problemas y efectuar una transición a un sistema escolar racialmente no discriminatorio".

Finalmente en el  Considerando  30), dice:" Que  la preocupación por las dificultades materiales y ju­rídicas que pudieran obstar al cumplimiento eficaz de  las decisiones del Tribunal y de la filosofía que las inspira, cuando como en el caso dispone la declaración de inconsti­tucionalidad  de  una norma de alcance general, tampoco ha sido ajena a su jurisprudencia. En este  sentido,  corres­ponde recordar la sentencia recaída in re "Mignone, Emilio Fermín s/ promueve acción de amparo" del  9  de  abril  de 2002. Tras afirmar que "reconocer un derecho pero  negarle un  remedio  apropiado equivale a desconocerlo" y declarar la  inconstitucionalidad  de  las  normas impugnadas, este Tribunal  decidió  "urgir  al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo  a que adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a votar de los detenidos no condenados y en este marco, esta Corte  considera  prudente  disponer que este derecho sea implementado por las autoridades com­petentes dentro del plazo de seis meses".

19) En cuanto a lo peticionado en torno a que se declare la Emergencia Ambiental en la Provincia del Chaco  y  prohibición  de  desmonte  a  tala  rasa de bosques, montes  nativos  y selvas en todo el territorio de la provincia en propiedades privadas y  públicas,  tratándose del  ejercicio  de  competencias  que  por expreso mandato constitucional corresponden a los  otros  poderes,  estimo que no corresponde acceder a ello con el alcance pretendi­do,  sin perjuicio, de las medidas que deberán adoptar las autoridades, como consecuencia de lo que aquí  se  decide. Por lo que la manda judicial se circunscribe a lo dispues­to  en los considerandos y parte resolutiva del pronuncia­miento,  al exceder el ámbito de la presente acción de am­paro así como las atribuciones constitucionalmente asigna­das  a  la  suscripta,  como órgano judicial, atento a las previsiones de los arts.5, 19, 38 y  151  y  conc.  de  la Constitución Provincial.

Las costas atento al sentido de este deci­sorio  se  imponen  a los accionados (art. 68 del C.P.C.y C.) regulándose los honorarios de los profesionales inter­vinientes de conformidad a los arts. 3, 4, 5, 7 y 10 de le ley  2011  y  su  modif. 2385 y art. 8 de la Ley 3965 .Del análisis de  las  cuestiones  formuladas,  naturaleza  y complejidad  del asunto, eficacia, calidad, mérito y la­bor desarrollada, las que no se  circunscriben  al  ámbito jurídico  sino  que abarcan temas de otras disciplinas re­sultan los montos que se fijan en la parte resolutiva.-

Por todo ello, fallo:

Haciendo lugar a la acción iniciada por la Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya, Asociación Co­munitaria de Comandancia  Frías  y Asociación Comunitaria Nueva  Población  declarando la inconstitucionalidad de la Ley Nro. 5285/03 y sus decretos reglamentarios y  haciendo saber  a las autoridades provinciales que cualquier norma­tiva  que  se dicte en su reemplazo deber ajustarse a las prescripciones  constitucionales  en punto a la participa­ción de los pueblos indígenas afectados, y de los distintos sectores y agentes sociales involucrados.

Ordenando a la Provincia del Chaco, a tra­vés de  sus  órganos  pertinentes,  de  conformidad  a  la distribución constitucional  y  legal  de  organización  y ejercicio  del  poder  público  el  cumplimiento   de   lo prescripto  por  el art. 38 de la Constitución Provincial, debiendo adoptarse los recaudos tendientes a ello.

Disponiendo asimismo la urgente e inmedia­ta  realización  de una evaluación de los Impactos ya oca­sionados  por  la  destrucción  de  los Montes Chaqueños y acerca del Impacto Ambiental y Social en  relación  a  las actividades futuras de continuarse el mismo ritmo de afec­tación del bosque y suelos. Debiendo arbitrarse los medios para asegurar la participación con pluralidad de actores e intereses conforme lo establece la Constitución Provincial a los fines de diseñar, desarrollar y proponer  la  ejecu­ción de un Plan de preservación, Recomposición y Sustenta­bilidad del Bosque Nativo de la Provincia  del  Chaco,  lo que deber ser informado al tribunal,  como  garantía  del cumplimiento del fallo, en el plazo de diez días de  noti­ficada la presente.

II) Imponiendo las costas a los accionados y regulando los honorarios profesionales del Dr. Julio Ce­sar Garcia en el doble carácter de patrocinante y apodera­do en pesos mil ochocientos ($ 1.800) y pesos  setecientos veinte ($ 720). y los de la dra. Gloria Cristina Silva co­mo  patrocinante en pesos mil doscientos sesenta ($ 1.260) y los Dr. Ricardo Alberto Vallejos como apoderado en  pesos quinientos veinticuatro ($ 524) (arts. 3, 4, 5, 7 y 10 de le ley 2011 y su modif. 2385 y art. 8 de la Ley 3965).

III) Notifíquese, Regístrese y  protocolícese. -  Dra. Iride I. M. Grillo  Juez

Ver fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo

Ediciones Digitales © 2016-2019 - Material fuera de comercio

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación                        

 Dra. Teodora ZAMUDIO