La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

in re Nazabal, M.s/Usucapión

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Superior Tribunal de Justicia Rio Negro

“Nazabal, Martín c/Cerboni y Bolliat, Federico y Otro s/Usucapión s/Casación”, 9 de junio de 2004.-

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Luis Lutz, Alberto I. Balladini y Víctor H. Sodero Nievas, con la presencia de la señora Secretaria doctora E.Emilce Alvarez de Larrañaga, para el tratamiento de los autos caratulados: “Nazabal, Martín c/Cerboni y Bolliat, Federico y Otro s/Usucapión s/Casación” (Expte. N* 18648/03-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en los Civil, Comercial y de Minería de la Ia. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en Viedma, a fin de resolver el recurso de casación interpuestos por el tercero a fs. 386/395, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:

Cuestiones

 

Votación

A la primera cuestión el señor Juez doctor Luis Lutz dijo: Contra el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Viedma que luce a fs. 380/383 que revoca el pronunciamiento del Inferior y hace lugar a la demanda de usucapión, a fs. 386/395 viene el tercero en recurso extraordinario, pidiendo se deje sin efecto la sentencia atacada.

El “a quo” sostuvo que el tercero que ahora recurre, consintió la sentencia que rechazó sus pretensiones posesorias sobre el inmueble cuestionado, apoyando a los demandados ausentes, pidiendo la confirmación de aquel que le resultó adverso, lo que a criterio de quien falla implica reconocer la posesión del campo en cabeza de los titulares regístrales de dominio y la consecuente imposibilidad de invocar hechos o actos posesorios “animus domini” de esa finca, por haber abdicado de su posesión al admitir que los poseedores del inmueble son los demandados y que, por ende, los hechos referidos por el tercero al contestar el memorial del apelante, sustentando otra posesión prescribitoria para neutralizar la invocada por el actor, carecen de relevancia probatoria después de haber sido consentido el fallo, recordando que el actor también prescribió antes y que esa situación hace presumir que los demandados están nuevamente desinteresados por esas 2777 has. del Lote 25 al haber dejado poseer la cosa por otro.El abandono de la posesión por los titulares regístrales y la descalificación de los hechos o actos posesorios invocados por el tercero, permiten ponderar las pruebas de la actora sin contradicción, tomando los suyos como genuinos, considerando que la posesión del usucapiente es pública, pacífica e ininterrumpida, criticando al Inferior por no evaluar debidamente las pruebas producidas, lo que lleva a concluir que debe hacerse lugar a la apelación de fs. 355/365, revocando el punto primero de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 346/349 y haciendo lugar a la demanda de adquisición por prescripción veinteañal del dominio del inmueble (nomenclatura catastral 18-4-250280).

La casacionista se agravia por la vulneración del orden jurídico bajo una cita meramente dogmática, en que la normativa en vigencia es sustituida por el mero arbitrio del “a quo”, resultando absurda por la aplicación arbitraria e irrazonable de las facultades que le confiere el art. 386 del Cpcb. en virtud de una construcción antojadiza, forzada, carente de sustento normativo, basada solamente en el voluntarismo del sentenciarte, que viola groseramente su derecho de defensa en juicio poniéndola en desigualdad de condiciones con la contraria y modificando en la sentencia a su solo arbitrio las concretas manifestaciones de voluntad expresadas a lo largo de todo el proceso y aún más, en otros iniciados con anterioridad, configurando una causal de sentencia arbitraria en los términos del art. 18 de la CNN., además de aplicar erróneamente el inc. 5) del art. 163 del mismo Cpcb. y efectuar citas meramente dogmáticas violentando las normas de los arts. 90 y ss. del C.P.C.Cm., utilizando razonamientos carentes de lógica jurídica, resultando arbitraria, irrazonable e ilegitima en orden a los derechos de propiedad y la defensa en juicio con un razonamiento cuanto menos forzado y oscuro, justificando la decisión con una confusión y modificación de los alcances procesales de la intervención de tercero, no obstante la remisión a la primera parte del art. 91 y por ende al inc. 1) del art. 90 de la ley ritual violentando los arts. 919 y 920 del C.C. en una clara muestra de desconocimiento de lo acontecido en el proceso judicial, asignando a la conducta del tercero después de la sentencia de primera instancia un sentido específico reñido con la lógica, con el derecho y con las constancias de autos, agregando que siempre sostuvo con coherencia la pretensión y puntualizando en el medio a través del cual la ejercitó al alegar su propia posesión, pero estando sujeto a los requisitos y demás condiciones del art. 789 y ss. del C.P.C.Cm. a resultas de la denuncia penal por usucapión, señalando que su postura en el pleito nunca pudo adherir a la posición procesal del actor, ni a la de los demandados, sino a invocar hechos y actos posesorios que desvirtuaran la pretensión prescribitoria del accionante, de allí que el pronunciamiento a dictar sólo podía tener dos sentidos, o hacer lugar a la demanda incoada, o rechazarla, ya que sería nula por incongruente una sentencia en un juicio contradictorio entablado entre dos partes, en que el juzgador fallara a favor de una tercera, o sea para el presente caso, que se hubiera declarado la adquisición del dominio por prescripción veinteañal a favor del tercero, siendo que rechazada la acción iniciada por el actor, quien aquí recurre tendría la oportunidad de hacer valor sus invocados derechos en un proceso posterior con las formalidades de los arts. 789 y ss. del C.P.C.Cm., ya que si bien se pidió al Juez de Primera Instancia que declarara la posesión del tercero, tal pretensión quedó excluida del proceso al limitarse la intervención a la de un tercero, la que no está afectada por el rechazo de la demanda, sino restringida a la demostración que la actora no poseía el inmueble como para obtener el dominio por esa vía de la usucapión, debiendo diferenciarse el rol asumido por el tercero en la causa con el asignado por el Inferior, que le determinó límites y alcances de su participación pudiendo adherir a una única posición procesal, para el caso la de la demandada, habiéndose excedido la Cámara al atribuir un sentido específico y concreto al silencio del tercero, en clara infracción de las disposiciones de los arts. 919 y 920 del C.C., sin otro sustento que la antojadiza voluntad de los Jueces de la Alzada que tienen jurisdicción para decir el derecho, pero no para suplantar y obviar la voluntad de las partes al punto de llegar a conclusiones absurdas distorsionando las facultades que la ley confiere a un tercero, a través de un sinuoso camino lógico por el que construye la inexistencia de contradictor procesal frente a los dichos del usucapiente, omitiendo el carácter excepcional del instituto en aplicación ya que aún la inexistencia de contradicción no le allana camino alguno, pues en todos los casos se deben cumplir los extremos legales y el juez tiene la obligación de controlar que así se haga, pues en esta clase de procesos se encuentra comprometido el interés público exigiendo del juzgador una mayor severidad y precisión a la hora de valorar los antecedentes traídos a resolver, reiterando tal apreciación incorrecta del silencio del tercero, atribuyendo a ciertos elementos probatorios un sentido que no tienen. Continúa expresando que las disposiciones de los arts. 2401 y ss. del C.C. y la jurisprudencia en la materia, exigen entre los caracteres aptos para definir una prescripción adquisitiva, la posesión pacífica del inmueble y que surge con claridad la arbitrariedad de la Cámara, que habilita el remedio casatorio, lo que evidencia que no es una mera discrepancia subjetiva sino un grave apartamiento de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba, atribuyendo una manipulación al pronunciamiento de la Cámara a través de una elucubración ficticia, ya que, aún en la eventualidad de una autocontradicción del recurrente, nada exime al sentenciante en los procesos de usucapión de verificar la concurrencia de los extremos formales y sustanciales para la procedencia de la acción.

Pide se revoque la sentencia impugnada. Contesta la recurrida a fs. 403/404 arguyendo que no se explica cuál es la violación concreta a la normativa invocada por la casacionista, sin demostrar en modo alguno cual es la ley o doctrina legal violada o erróneamente aplicada, invocando agravios de hecho impropios de la instancia ya que debió haberlos planteado cuando fue notificado de la sentencia de primera instancia, de la cual nada dijo y se limitó a consentirla totalmente. Solicita no se haga lugar al recurso de casación, con costas

A fs. 429 se declaró la admisibilidad formal del recurso, a cuya consideración ingreso según las cuestiones propuestas, a saber:-

-Primera Cuestión: ¿Se ajusta a derecho el fallo en crisis?.

-Segunda Cuestión: ¿Que pronunciamiento corresponde?.

-Tercera Cuestión: ¿Costas?.

Previo a ingresar en el tratamiento del fondo del asunto, he de señalar algunos aspectos preliminares que ameritan una ponderación objetiva de la situación procesal, ya que si bien en la instancia de legalidad -en principio, salvo arbitrariedad o absurdo- no corresponde conocer en el plexo probatorio que es competencia del grado, las particularidades de la acción en curso y las exigencias de los arts. 789 y ss. del C.P.C.Cm. han hecho que además de los agravios de derecho, la casacionista haya traído otros, en cuanto a la apreciación de la prueba que deben ser entendidos y atendidos en el muy restringido campo que tiene el S.T.J. para acceder a ellos en función de la infracción de reglas de interpretación que son propias del mérito, evitando más oscuridades o confusiones de las que ya hay en el pleito y trayendo claridad para decir el derecho con precisión y equidad. Además, advierto que hay vicios de representación (y de participación) de la parte actora, ya que la demanda es interpuesta por Maria Isabel Nazabal en representación de Martín Nazabal, conforme el “poder especial” de fs. 1, fechado el 10-8-98, el que inobserva las disposiciones de los arts. 147, 148 y 151 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el marco del art. 193 de la C.P. de 1957 y las Leyes Nacionales 10996 y 14408.

No se encuentra habilitado para estar en quien se presenta invocando un derecho que no es propio, sin ser letrado matriculado (art. 15 ley 10996).(C. Nac. Civ., sala K, 11/2/1999, “Ruppel, Martín E. v. Carmona, Mónica V.”). Respecto de las personas que pueden ejercer la representación procesal "la inscripción en la matrícula de procuradores es esencial para que un abogado pueda representar en juicio" (cfr. C.N.Civil, Sala O, Plenario "Luppi", del 26/8/21, JA. 7-208, Ley 10.996), y en relación al mandato otorgado a un tercero no profesional o lego "quien se presenta a estar en juicio invocando un derecho que no es propio -en el antecedente un poder especial-, al no ser letrado matriculado, no se encuentra habilitado para ello, en virtud de lo dispuesto por el art. 15 de la ley 10.996 que sólo exceptúa de la obligación establecida en su art. 1 inc. 1), a los mandatarios generales con facultad de administrar” (cfr. C.N.Civil, Sala K, "Ruppel", del 11/2/99); "ello no impide que el mandatario supla su inhabilidad sustituyendo el mandato en un abogado o procurador, pues la facultad de sustituir está autorizada por el art. 1924 del C.C., a la cual no se opone la previsión legal que exige que quien actúe en juicio en nombre de otro -por un poder directo o sustituído- sea un profesional inscripto en la respectiva matrícula" (cfr. C.N.Civil, "España y Río de la Plata Cía.Arg. de Seguros S.A.", del 21/10/96). (Consid. 3º).

"Perassi Abel Miguel y Otros c/E.N. -Mº E. y O.S.P. y otro s/daños y perjuicios", Causa: 4334/99 CNACAF, Sala II - Damarco, Garzón de Conte Grand (en disidencia), Herrera - 14/12/99, Nro Ficha: 11195 Causa 20832/2001 - "Wolfsohn Nelson (TF 17545-I) contra D.G.I." - CNACAF - Sala IV - 30/04/2002).

Representación en juicio. Artículo 1° de la ley 10.996:  "En el artículo 1° de la ley 10.996 que regula el ejercicio de la procuración ante los tribunales nacionales, se dispone que "la representación en juicio ante los tribunales de cualquier fuero en la Capital de la República y territorios nacionales, así como ante la justicia federal de las provincias sólo podrá ser ejercida: 1°) por los abogados con título expedido por la universidad nacional; 2°) por los procuradores inscriptos en la matrícula correspondiente; 3°) por los escribanos nacionales que no ejerzan la profesión de tales y 4°) por los que ejerzan una representación legal. En su calidad de contadoras públicas nacionales la señoras S. D. y A. A. T. no estaban habilitadas para representar a la actora en juicio, de conformidad con la norma transcripta precedentemente, debiéndose destacar que el letrado patrocinante que suscribe la expresión de agravios, no tiene poder de la recurrente para actuar en autos... Por ello, de conformidad con lo resuelto en la causa "Comasider S.A." (TF 13717-I) c/D.G.I." el 15 de marzo de 1996, entre otras), y siendo que la ratificación efectuada es improcedente en esta etapa procesal, corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido".

Representación procesal. Personas que pueden ejercerla. Mandato conferido a un tercero no profesional. En el supuesto de que se hubiera dado mandato a un tercero no profesional, para accionar judicialmente, ello no impide que el mandatario supla su inhabilidad sustituyendo el mandato en un abogado o procurador, pues la facultad de sustituir está autorizada por el art. 1924 del Código Civil, a la cual no se opone la previsión legal que exige que quien actúa a juicio en nombre de otro -por un poder directo o sustituído- sea un profesional inscripto en la respectiva matrícula (“España y Rio de la Plata Cia. Arg. de Seguros s.a. C/Uruta s.a. S/Ejecución Hipotecaria”, Sentencia Interlocutoria - CNCIV - Sala I - Nro. de Recurso: I091385 - Fecha: 21-10-1996,).La presentante no acredita ser ni procurador, ni abogado de las respectivas matrículas y a mayor abundamiento de la irregularidad de participación en el pleito agrego que a fs. 340/344 en el “alegato de bien probado”, a fs. 355/365 cuando “expresa agravios” y a fs. 403/404 lo hace por derecho propio.-

También merece ser tenida en cuenta la contestación al traslado del art. 356 del C.P.C.Cm. que efectúa con precisión y  claridad la Defensora  General N* 4 a fs. 324/325. Otro de esos aspectos, está dado por los alcances de los  dichos del tercero a fs. 372/377, en el punto 1 “in fine” en que solicita “…se rechace el recurso de apelación intentado, confirmandose la sentencia del “a quo” en cuanto ha sido objeto del recurso…” y en el primer párrafo del punto 3 cuando dice que “… la sentencia en crisis no hizo lugar a la pretensión de nuestro poderdante Elvio Andrés Pazos (art. 2°) consideramos que en relación a la pretensión del actor hoy apelante es una decision ajustada a derecho, completa en relación a los requisitos previstos en el art. 163 del CPCC. Y que ha ponderado los elementos esenciales recabados en autos … quien pretenda le sea reconocida la adquisición de dominio por prescripción, deberá cumplimentar con los requisitos esenciales previstos en el código civil y en el de procedimientos …”.Asimismo, el fallo del Inferior en el punto 2°) en cuanto a la posición en que queda el tercero en sus pretensiones posesorias con reivindicaciones en razón de la pertenencia a comunidades originarias, expresa: “… no hacer lugar a la pretensión de elvio andres pazoS …”, la que remite al punto II) “in fine” del “resulta” en cuanto a que “… se rechace la demanda, haciendo expreso el reconocimiento de la posesión y los derechos que otorga la ley provincial Nº 2287 y el art. 75 INC. 17 de la Constitución Nacional sobre el inmueble …”.-Por último, a fs. 169 en el punto IX, apartado 3) surgen dos concretas pretensiones del tercero, que deben ser adecuadamente diferenciadas: 1°) se rechace la demanda, con costas; 2°) se haga expreso reconocimiento de la posesión y de los derechos que otorga la ley provincial N° 2287 y el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional sobre el inmueble a su favor. Accediendo al tratamiento de aquello sobre lo que corresponde pronunciarse:

A la primera cuestión.

Evidentemente, el “a quo” ha incurrido en una desinterpretación del contenido y el estado procesal de la causa en detrimento de quien ha sido aceptado en la litis según fs. 146 en los términos del art. 90 del C.P.C.Cm., o sea como  “tercero” y no como “reconviniente”, ahora casacionista en la instancia de legalidad a la que le habilita la condición procesal que le ha sido conferida. Reitero que hay dos pretensiones de ese tercero; la primera, que se rechace la demanda y la segunda, en cuanto a que se le reconozca la posesión y los derechos que otorgan la Ley provincial 2287 y el inc. 17 del art 75 de la C.N., según la reforma de 1994. El exceso en que incurre el tercero en la segunda pretensión, es a todas luces incompatible con la posición procesal que surge del rol asignado a fs. 146 y el traslado allí asignado, no puede tener otros alcances que controvertir los dichos y el derecho del actor solamente en orden a que hay una concurrente pretensión posesoria sobre un espacio físico de notoria imprecisión, que adolece de una notoria deficiencia probatoria, la cual es advertida no obstante ser competencia ajena a la instancia de legalidad, pues a esos efectos ni se produjo la pericial de agrimensura, ni la diligencia de fs. 232/233 observó con eficacia las formalidades y el necesario anoticiamiento de la contraria en los términos de los arts. 479 y ss. del C.P.C.Cm.. Si bien esa pericial fue ofrecida, proveída y desistida a fs. 297 por el tercero, la carga probatoria de la superficie a usucapir, sus deslindes efectivos demás constataciones de carácter fáctico corresponden al actor. Quien es “tercero” no puede aspirar a que haya en esta concreta causa un pronunciamiento directo a favor de su posición que comporte un expreso reconocimiento de sus derechos de la legislación tuitiva de la población indígena.. Se desinterpreta por el “a quo” cuando se entiende en términos absolutos que el desconocimiento de la posesión a la parte actora, comporta linealmente el reconocimiento en cabeza de los titulares registrales, ya que del contexto de proceso surgen otras pretensiones e hipótesis.El objeto del proceso es la acreditación de los extremos de los arts. 789 y ss de esa ley ritual, cuya verificación estricta y consagración jurisdiccional corresponde al juzgador, quien no puede apartarse de la fiel observancia de sus requisitos y demás condiciones.Los demandados han sido representados por la Defensora General N* 4 quien ha sido precisa y clara -según lo dije anteriormente- en sus conclusiones específicas y concretas que comparte el Juez de primera Instancia en el tercer párrafo de fs. 349 de la sentencia del 2-9-2002, en cuanto que “… no ha quedado acreditada la posesión veinteañal … ni por parte del actor, ni por parte del tercero … no hay coincidencia entre la superficie que pretende usucapir y que consta en el plano de fs. 84, con el incorporado a fs. 153 …. no da razones por las cuales no incorporo esa superficie en oportunidad de realizar el juicio de usucapión que inicio en el año 1974 … todos los testigos coinciden en señalar que se trata de un espacio abierto por el cual transitan animales, tanto del actor como de terceros y con un tiempo de ocupación que no alcanza a los veinte años … no ha quedado acreditado para ninguna de las partes que hayan ejercido la propiedad “animus domini” de las 2777 has 66 a 38 ca según el plano de mensura …”.La no acreditación de los derechos de poseedor a favor del tercero, o sea la segunda pretensión de éste, no enervan su “interés propio” por la primera, que es evitar que se consagren las pretensiones del usucapiente en detrimento del eventual ejercicio de determinados derechos sobre el inmueble, “… quitándole en el futuro la posibilidad de ejercer un derecho suyo …” según dicen Roland Arazi y Jorge Rojas en “C.P.C.CM. Comentado, Anotado y Concordado con los Códigos Provinciales” (Rubinzal Culzoni Editores).La parte actora tiene el deber de acreditar “in totum” los extremos fácticos del derecho que invoca, no así el tercero que puede limitarse a obstaculizar la concreción de ello, en función de ese interés antes aludido, a ejercer en un proceso posterior, que bien se ocupó de remarcarlo la casacionista. Hector Kenny en su obra “La Intervencion de terceros en el Proceso Civil” (Depalma) dice, que el tercero debe ser tratado como un verdadero “… sujeto procesal en posición igualitaria a la de los litigantes principales, revistiendo la calidad de parte autónoma frente a ellos, si bien obviamente quedando limitadas sus facultades en lo concerniente a la defensa de sus derechos …”.

Creo que tales conceptos son esclarecedores en cuanto a hacer caer el fallo del “a quo” y confirmar el criterio del Juez de Primera Instancia, ya que si bien el tercero no puede aspirar que se declare para sí ningún derecho, en función del interés propio puede impedir que se consagre a favor de quien no ha satisfecho todos los requerimientos para acceder al reconocimiento de una pretensión, para el caso la prescripción adquisitiva del inmueble rural que da origen al entuerto, sobre el cual se superponen pretensiones o expectativas posesorias de ambos.También expresa Kenny que hay “… diversas ideas sobre el papel que le toca al tercero en el proceso … encontrado en ellas el siguiente rasgo común, cual es el de que consideran que en el proceso existe una sola pretensión: la promovida inicialmente por el actor contra el demandado ….”.El desconocimiento del sustento fáctico articulado por el tercero sobre tal segunda pretensión, ya resuelto por el punto 2°) de la sentencia de fs. 346/349 y consentido, no empecé que tanto ese mismo tercero como quien ejerció la representación de los titulares regístrales ausentes a fs 324/325 cuestionen la inexistencia de suficiente y acabada acreditación de los extremos de los arts. 789 y ss. del C.P.C.Cm. para acceder al dominio por la prescripción adquisitiva. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán en “Abregu de Corbalan c/German Hanssen s/Prescripción Adquisitiva” (Sala en lo Civil y penal, 17-8-2000) definió con precisión el concepto y los alcances de dicho “interés propio” del tercero en los términos del inc. 1) del art. 90 del Cpcb. en orden a la primera (no a la segunda) de sus pretensiones, cuando dijo: "El tercero adherente simple es quien, sin estar legitimado para demandar o ser demandado, defiende un derecho ajeno (el del actor o el demandado), pero en interés propio. El no propone una nueva demanda que amplíe la materia litigiosa, ni deduce, en el proceso en el cual interviene, su propia pretensión: Se limita a ayudar a una de las partes para que resulte triunfadora: no hace valer un derecho suyo, en posición autónoma, sino, simplemente sostiene las razones de un litigante contra el otro. El tercero adherente es sujeto del proceso, pero su posición está subordinada a la actuación principal a la cual se adhiere. Sin perjuicio de ello tiene la facultad procesal de recurrir la sentencia cuando la parte principal no haya deducido el recurso eficazmente y ello pueda causarle perjuicio". Allí el yerro de la desinterpretación que efectúa el “a quo” en una sentencia de fundamentos por demás breves e inclusive no directamente vinculados con los argüidos por la apelante de fs. 355/365, que en momento alguno trae el argumento de la primera parte del art. 91 del C.P.C.Cm., sino que éste surge del alambicado raciocinio del fallo en crisis.El objeto del proceso es determinar si el actor reúne en plenitud los requisitos y demás condiciones para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva y esa materia es competencia exclusiva del mérito; ahora bien, la Cámara no puede valorar inapropiadamente la conducta procesal del tercero en cuanto al silencio al no recurrir la sentencia que hizo lugar a una de sus dos pretensiones, ni desatender los argumentos de hecho y también de derecho arrimados por la Defensora General N* 4 para ponderar con errónea aplicación de las reglas procesales de los arts. 386 y cc. del C.P.C.Cm. la posición de las partes y el tercero en el pleito.Si los actores no demandaron al tercero, ni pidieron su condena, el juez no puede condenarlo, ya que si así procediera estaría fallando más allá de lo pedido, violando el principio de congruencia al exceder los límites de la controversia (Fassi-Yáñez, op. cit., pág. 534), criterio este que ha sido reafirmado en reiteradas decisiones de los Tribunales (CNFed.Civ.Com., Sala I, 23.12.80, ED, 93-790; CNCiv., Sala C, 9.12.74, LL, 1975-A-442; ídem Sala F, c.14314, 21.8.85).Los dichos del “a quo” a fs. 381 vta. cuando expresan “… el tercero interviniente voluntariamente en este juicio en calidad de parte (fs. 90) luego de consentir la sentencia que rechazo sus pretensiones posesorias … al contestar los agravios decidió apoyar a los demandados ausentes, pidiendo la confirmación del fallo que le resulto adverso, tanto a el como al demandante. Su actuación coadyuvante coloca al tercero dentro del marco regulado por el art. 91 primera parte  CPCC. Por lo que su pedido de confirmación de la sentencia implica reconocer la posesión del campo en cabeza de los titulares regístrales y la consecuente imposibilidad de invocar hechos o actos posesorios animus domini … por haber abdicado de su posición al admitir que los poseedores del inmueble son los demandados (arts. 2351 y 2352 C.Civ.). Por ello, los hechos referidos por el tercero al contestar el memorial del apelante, sustentando otra posesión prescribitoria … carecen de relevancia probatoria después de haber consentido el fallo ….”. El obrar dogmático del sentenciante está dado por la manipulación de los silencios en un sentido no admitido por la normativa de fondo (arts. 919, 920 y cc. del C.C.) y la introducción de dos presunciones contradichas también por las reglas de forma, una respecto a los efectos del consentir aquello que favorece el interés propio (punto 1° de fs. 349 vta.) y tomar la ausencia de los titulares regístrales como un desinterés de poseer a favor de otro, para el caso, el actor.-

En cuanto al cargo de la Cámara al Juez de Primera Instancia al decir “… no puedo dejar de señalar que el sentenciante no ha evaluado debidamente las pruebas producidas por el actor que demuestran sin lugar a dudas la existencia de numerosos hechos y actos posesorios animus domini …”, con contundencia y en detalle son descalificados por el casacionista en los puntos a) a f) de fs. 302/393 por el grave apartamiento de los criterios de la sana crítica en la apreciación de la prueba con compromiso al derecho de defensa en juicio del recurrente. En conclusión: el rigor formal del “a quo” en la desinterpretación de la posición procesal y los dichos del casacionista (punto 1 “in fine” de fs. 372 y primer párrafo del punto 3 de fs, 376), al poner extremo celo en la valoración///- ///9.-de esa conducta, dista del que se debió tener con una elemental diligencia, o advertencia, en cuanto al modo en que se sustanció el proceso inclusive en etapas del ámbito de competencia de la misma Cámara, donde tanto el “alegato de bien probado” (fs. 340/344), como la “apelación” (fs. 351), la “expresión de agravios” (fs. 355/365) y el responde del recurso de casación (fs. 403/404), son presentados y suscriptos por quien no es parte en el proceso, o sea Maria Nazabal, quien lo hace por derecho propio, sin intervención del actor.Quizás pueda entenderse que hay etapas precluídas, pero no deja de ser una desprolijidad improcedente que afecta el contenido intrínseco de la causa en la que está de por medio una acción especial de un instituto de excepción con compromiso del interés público que tiene requisitos y demás condiciones de observancia estricta cuya verificación y contralor corresponde hacerlo al juzgador con extrema seriedad y objetividad en forma completa, en particular sobre la correcta identificación del bien a usucapir, la situación y determinación del espacio físico y sus deslindes, el ejercicio en forma pública, plena y pacífica de la posesión, etc., de los que no puede prescindirse sin grave alteración del orden jurídico que debe presidir el desarrollo del proceso. El casacionista actúa por un “interés propio” en una doble pretensión, una que se rechace la demanda y la otra, que se le reconozca la posesión del inmueble y sus derechos de la Ley N* 2287 y del inc. 17 del art. 75 de la C.N..La primera ha sido satisfecha por el punto 1) de la sentencia de primera instancia y fue consentido. Aquí viene en su defensa en el recurso extraordinario.El segundo exorbita los alcances de la participación procesal, constituye un exceso y es improponible en la forma en que quedó planteada la acción y trabada la litis; ha sido rechazada por el Inferior y también consentida por el tercero. Hay improponibilidad del recurso en este puntual aspecto del reconocimiento de sus pretensos derechos a la posesión y a la condición de integrante de una comunidad originaria.

El fallo en crisis confunde esas distintas situaciones, sacando arbitrariamente del contexto de la línea argumental del tercero ciertos alcances que se asigna al consentimiento del mismo. Consentir el rechazo de la demanda, no afecta el “interés propio” (actual) del tercero, porque le permite seguir pretendiendo la condición de poseedor “animus domini”, que cual bien lo admite, tendrá que ejercer en un proceso posterior. A su vez, consentir el punto 2) de la misma sentencia de primera instancia, puede o no traer efectos para el eventual y posterior ejercicio de sus invocados derechos sobre el inmueble, que son objeto en una causa futura e inclusive en expectativa.En cuanto al mérito de la prueba que hace la Cámara, están preñados de opinabilidad y en gran medida carecen de eficacia y contundencia, además de concreción y precisión, apreciándose insuficientes para alcanzar los extremos que habiliten una sentencia favorable en los términos de la normativa de la ley ritual que se aplica, ya que no alcanzan un mínimo de rigor lógico para motivar la resolución en tan especial procedimiento de controversias múltiples, en que además del actor y los demandados (titulares regístrales), litiga el tercero y al que debió traerse a la Fiscalia de Estado en virtud del Decreto N* 1840/84 que luce a fs. 18/20 en aplicación del inc. 4) del art. 789 del C.P.C.Cm..Las deficiencias (e inexistencias) de la participación del actor en el proceso que puntualmente he señalado, la desinterpretación de la posición del tercero en el contexto de la causa, la arbitraria interpretación de la insuficiente prueba arrimada a los efectos de la acción intentada y la omisión de citar a la Fiscalia de Estado, entre otros fundamentos, me llevan a considerar inajustada derecho la sentencia en crisis que glosa a fs. 380/383.

A la segunda cuestión.

Por los susodichos argumentos, soy partidario de revocar el fallo de la Cámara en cuanto deja sin efecto el punto 1°) del decisorio de primera instancia, reponiendo éste en cuanto rechaza la demanda interpuesta por Maria Isabel Nazabal en representación de Martín Nazabal contra Federico Carlos Cerboni y Boilat y Jose Cerboni. La resolución se motiva en el déficit (e inexistencias) de la mencionada participación procesal del actor (Martín Nazabal), en la desinterpretación de la posición en el pleito  del tercero (Elvio Andres Pazos, cesionario del fallecido Rogelio Orfilio Pazos), violación de las reglas de la sana crítica en una arbitraria evaluación de la prueba y omisión de la citación del inc. 4) del art. 789 del C.P.C.Cm. para integrar al Estado a la litis en orden a disposiciones ineludibles que comprometen el interés público.Agrego que en cuanto a la pretensión invocada por el tercero en cuanto a la aplicación de la Ley 2287, el inc. 17) del art. 75 de la C.N. y el Convenio N* 169 de la O.I.T. (aprobado por la Ley Nacional 24071), no es éste el ámbito ni la vía procesal adecuada para el ejercicio de esos derechos en función de los términos en que integró el proceso y fue consentido. No obstante, señalo que esos derechos bien pueden ser ejercidos -cual expresa y reserva el tercero- en otro proceso posterior, donde deberán ser adecuada y sustantivamente ponderados en todos sus alcances dentro de la letra y el espíritu de esa normativa enmarcada en la reforma constitucional de 1994, en especial los arts. 13 a 19 del Convenio N* 169 de la O.I.T. sobre Pueblos indígenas y tribales, aprobado por la 76ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en GINEBRA, incorporada con anterioridad a la legislación nacional el 4-3-1992 y también antes de esto al ámbito legislativo rionegrino con la Ley 2287 del 22-12-88, especialmente los arts. 11 a 23.El no reconocimiento del punto 2°) de fs. 349 vta., no implica desconocimiento para el futuro (o en el presente), ya que obedece a un adecuado y objetivo tratamiento procesal a cuya intelección contribuye la propia conducta del tercero en la causa.

 A la tercera cuestión.- Por el modo en que se resuelve el recurso de casación, soy de opinión que las costas deben ser mantenidas en la primera instancia según los puntos 3°) y 5°) de fs. 349 y en la Alzada e instancia de legalidad a la parte actora, regulándose en ésta en un 25% para el letrado de la accionante y en un 35% (en conjunto) para los letrados del tercero, en ambas instancias y respectivamente sobre los que se fijen en la instancia de origen. Mi voto por la afirmativa. A la misma cuestión el señor Juez doctor Alberto I. Balladini dijo: Adhiero en un todo a los fundamentos expuestos en el voto del doctor Lutz.

A la misma cuestión el señor Juez doctor Víctor H. Sodero Nievas dijo:

Atento la coincidencia de los Jueces precedentes, me abstengo de emitir opinión.

A la segunda cuestión el señor Juez doctor Luis Lutz dijo:Atento lo expuesto al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: 1°) Hacer lugar al recurso de casación del tercero y dejar sin efecto la sentencia en crisis de fs. 380/383; 2°) Con costas a la parte actora en la Alzada y en la instancia extraordinaria (art. 68 del CPCyC.); y 3°) Regular los honorarios de los abogados intervinientes en un 25% para el letrado de la accionante y en un 35% para los letrados del tercero (en forma conjunta), en ambas instancias y respectivamente para los que se fijen en la instancia de origen (art. 14 L.A.). Mi voto  la misma cuestión el señor Juez doctor Alberto I. Balladini dijo:

Adhiero a la solución propuesta en el voto que antecede.--

A la misma cuestión el señor Juez doctor Víctor H. Sodero Nievas dijo:

Me abstengo de emitir opinión (art. 39 L.O.).

Por ello,

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia Resuelve:

Primero: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el tercero a fs. 386/395 y dejar sin efecto la sentencia en crisis de fs. 380/383 de las presentes actuaciones.

Segundo: Imponer las costas a la actora perdidosa (art. 68 del CPCyC.), de la Alzada y de la instancia extraordinaria.

Tercero: Regular los honorarios profesionales del doctor Luis F. Prieto Taberner en el 25% y los de los doctores Diego Sacchetti y Miguel Volonte, en el 35% -en forma conjunta-; todos a calcular sobre los emolumentos que oportunamente se fijen a los nombrados por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 14 L.A.).

Cuarto: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.--

Fdo.: Luis Lutz Juez - Alberto I. Balladini Juez - Victor H. Sodero Nievas Juez en abstencion (Art. 39 L.O.) Ante mi: E.Emilce Alvarez de Larrañaga Secretaria Superior Tribunal de Justicia. Protocolizacion: Tomo: 2 Sentencia N° 48 Folio: 241/251 Secretaría N° 1.- Expte. N° 18648/03-STJ-

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 Dra. Teodora ZAMUDIO