La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

in re Tripailao s/usurpación

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“Tripailao, Miguel Angel y Otros s/ Amparo s/ Apelación" - Superior Tribunal de Justicia Rio Negro - 09/03/2000

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 9 días del mes de marzo del año dos mil, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces titulares del Superior Tribunal de Justicia doctores Alberto I. Balladini, Luis A. Lutz y señor Juez subrogante doctor Hugo F. Mántaras, a fin de pronunciar sentencia en los autos caratulados: "Tripailao, Miguel Angel y Otros s/Amparo s/Apelación" (Expte. N° 14414/00-STJ-) elevados por el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1 de la IIa. Circunscripción Judicial, en razón del recurso de apelación deducido por los actores a fs. 170 y fundamentado a fs. 190/219; contestado a fs. 225/234 y vta., y

Considerando:

Que vienen estos autos a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia en razón del recurso de apelación deducido por la parte accionante a fs. 170, sustentado a través del memorial de agravios de fs. 190/219, interpuesto contra la sentencia obrante a fs. 163/167 y vta., que rechazó la acción de amparo incoado en autos.

La recurrente señala que la sentencia definitiva obrante a fs. 163/167 y vta. no cumple con los requisitos exigidos por el art. 163. incs. 4, 5 y 6 del CPCyC. y no resuelve acerca de la cuestión planteada, solicita en consecuencia se haga lugar a la acción de amparo interpuesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional.-

Asimismo peticiona se declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza Nº3064 del Concejo Deliberante de la Ciudad de General Roca -publicada en el Boletín Municipal Nº 169 del 13 de agosto de 1999-, la cual posibilita la instalación de emprendimientos productivos agrícolas en el sector del lote 11 al sur del Río Negro dentro del ejido Municipal -parte esencial de su territorio- y que prevé la transferencia de la propiedad a la empresa que resulte adjudicataria; y de la Ordenanza Nº 3149 dictada posteriormente con el objeto de continuar con el proceso licitatorio, en plena vigencia de la medida de no innovar del presente procedimiento, por lesionar, restringir, alterar y amenazar su existencia como comunidad indígena, e identidad como pueblo originario; y por resultar las mismas violatorias de la Constitución Nacional, las Leyes Nacionales Nº 23302 y Nº 24071, de la Constitución Provincial, la Ley Provincial Nº 2287, y de Tratados Internacionales.-

Que asimismo, a fs. 215, solicita continuidad de la medida cautelar de "no innovar" ordenada en autos y a fs. 216 denuncia hecho nuevo y plantea en forma subsidiaria Recurso de Inconstitucionalidad en los términos del art. 300 del CPCyC., efectuando expresa reserva del caso federal.-

Que a fs. 225/234 y vta. la demandada contesta traslado del recurso de apelación interpuesto, solicitando se rechace la apelación indicando que el planteo de la recurrente se limita a manifestar una vaga discrepancia con el criterio del a-quo, pero en manera alguna rebate los categóricos fundamentos expresados por éste en su sentencia para considerar procedente la acción de amparo.-

Sostiene que los presentantes no tienen legitimación activa para reclamar la tierra a título comunitario, ni para interponer el amparo, ni para la acción de inconstitucionalidad y que el amparo no es la vía idónea atento que la supuesta ilegalidad o arbitrariedad debe ser manifiesta y no debe existir al respecto ni ser necesaria una mayor amplitud de debate para demostrarla. Por otra parte, estima que tampoco procede el amparo cuando no se agotó los recursos previstos en los procedimientos administrativos -Ley de Procedimientos Administrativos u Ordenanza N° 1141/89 de la Municipalidad de General Roca-. Por último, considera que ninguno de los actores fuera mapuche o que exista tal comunidad. Por ello, y en virtud de que las distintas cuestiones planteadas requieren de un profundo análisis de los hechos, derechos y la debida intervención de terceros que han sido dejados de lado, sostiene que no es el amparo la vía idónea para dirimirlas.-

Que ha de anticiparse que el intento recursivo no ha logrado formular una crítica concreta y razonada para desvirtuar la decisión del a-quo de rechazar el amparo por existencia de otras vías idóneas, en tanto del memorial no surge desarrollo argumental específico y suficiente dirigido a impugnar eficazmente y concretamente los fundamentos de la sentencia, que se apoya en precedentes de este Cuerpo.-

Que uno de los requisitos para que prospere la acción de amparo, es que la violación de derechos y garantías debe ser francamente manifiesta, clara y evidente, de una gravedad tal que no admita dilación alguna, conforme STJ. in re: "Mirano", Se. Nº 19 del 9-04-97.-

Que la característica funcional de nuestro amparo está encaminada a paralizar o evitar (cuando no a instar el cumplimiento) de un acto notoriamente ilegal y lesivo de un derecho o garanía constitucional, de calidad primordialmente personal, conforme stj. in re: "Municipalidad de San Carlos de Bariloche", Se. Nº 164/94.-

Que en autos, las cuestiones fácticas sometidas a decisión se encuentran totalmente controvertidas por el Municipio local, atento que desconocen la existencia de aborígenes como ocupantes del lote 11 y la propiedad de dicha parcela a los mismos, mientras que los amparistas alegan posesión del lote en cuestión desde años ancestrales. Ateniéndose a estas relevantes circunstancias es correcta la decisión del a-quo de rechazar el recurso de amparo, considerando que resulta imposible tratar de demostrar por esta acotada y excepcional vía variables tales como el tiempo transcurrido en la posesión, tenencia, uso o goce de la tierra en cuestión, la extensión, la condición de ocupación de cada una de las familias que allí se encuentran, y si son mapuches o no. Todo ello, cuando existen vías alternativas o paralelas que ampararían el derecho invocado por los presentantes.-

Que agrava tal panorama la constancia de fs. 159/161 de la que surge la existencia de otros habitantes en el mismo lote 11, que no son mapuches ni descendientes de indígenas, que no tuvieron intervención en autos, ni fueron citados, razón por la cual y por el principio constitucional de la defensa en juicio, no puede dictarse resolución que afecte sus derechos patrimoniales y personales.-

Que en todo caso, las objeciones a tal criterio y su discusión, exigen el agotamiento de una etapa de mayor amplitud de debate y prueba, ajena al ámbito procesal de esta naturaleza.-

Este Superior Tribunal de Justicia tiene dicho que: "la existencia de excepcionales remedios previstos en la Constitución de Río Negro, sólo está referida a la protección de concretas lesiones a los derechos y garantías fundamentales y no establecidos para superar cuestiones que deben dirimirse con la profundidad debida, amplitud probatoria y las recíprocas garantías procesales propias de las acciones legalmente previstas a tales fines" (in re: "Cevoli" del 20.11.92; "ADAIME" del 25.9.95; "Ferminella Russo" del 7.05.96).- -

Que en punto a la petición de inconstitucionalidad articulada contra las Ordenanzas Nº 3064 y Nº 3149 del Concejo Deliberante de la Ciudad de General Roca, es correcta la decisión del Juez a-quo en cuanto debe entenderse que la misma, para el presente caso, excede el marco cognoscitivo de la acción de amparo. Repárese que este Cuerpo ya ha manifestado que si bien el nuevo art. 43 de la Constitución Nacional (reforma de 1994) establece que en la acción de amparo, "el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva", más no es menos cierto que la violación de derechos y garantías debe ser francamente manifiesta, clara y evidente, de una gravedad tal que no admita dilación alguna. Que este principio se fundamenta en la necesidad de agotar una etapa de mayor amplitud de debate y prueba, ajena al ámbito procesal de esta naturaleza. Si es requerido el examen de la constitucionalidad de una norma, es menester que quien la dictó tenga la oportunidad, también constitucionalmente garantizada, de ser atendido en lo atinente a sus argumentos dirigidos a la defensa del ajuste constitucional del precepto que dicte. Para ello existen otras vías procesales que resultan idóneas para la defensa de derechos que se estimen afectados (art. 793 CPCyC.; in re: "Bosco". Se. N° 7/96; "Lertora", Se. N° 77/98; "Laborde Loza", Se. N° 2/99; "Arza", Se. N° 17/99; "DIAZ", Se. N° 20/99).-

Que en cuanto al agravio referido al incumplimiento de lo normado en el art. 163 incs.4, 5 y 6 del CPCyC., la informalidad procesal propia del amparo, sumado a que la cuestión debatida en autos ha sido resuelta tomando en consideración aspectos centrales y determinantes del caso para llegar a tal decisión, lleva a concluir que la objeción apuntada deviene inócua a tal fin, porque los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones por ellas planteadas, ni a rebatir la totalidad de sus argumentos, sino en la medida que sea necesario para fundar suficientemente su fallo (CNCiv., Sala F, en ED. 8-824).-

Que en lo referido al planteo de inconstitucionalidad con invocación del art. 300 CPCyC. cabe señalar que dicha normativa procesal que regula un recurso extraordinario no es de aplicación al caso toda vez que estamos en presencia de un recurso de apelación previsto en la Ley N° 2921, modificada por el art. 14 de la Ley N° 3235, única alternativa recursiva disponible para atacar la decisión recaída en el juicio de amparo, cuyas particularísimas características propias de garantía procesal constitucional hacen inviable la aplicación libre de recursos no previstos específicamente para el amparo. Es por ello que nos remitimos a lo que en párrafos precedentes quedó sentado en punto a que la vía adecuada para resolver cuestiones como la aquí planteada se encuentra reglada en el art. 793 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.-

Que asimismo, las singulares características del amparo que se aluden en el párrafo anterior tampoco posibilitan en esta instancia de apelación la consideración del ofrecimiento de prueba al que se alude en el intento recursivo. Y es por ello que también corresponde remitirse a la vía del juicio de inconstitucionalidad, ámbito procesal adecuado para canalizar adecuada y eficazmente tales medidas.-

Por ello, El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia resuelve:

Primero: Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 170, fundado a fs. 190/219 de las presentes actuaciones. Con costas (art. 68 del CPCyC.)

Segundo: Regular los honorarios profesionales de los doctores Roberto Fernandez Bueno y Darío Rodriguez Duch y los del doctor Evaldo D.Moya.-

Tercero: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.

Fdo.: Alberto Italo Balladini (Juez) - Luis A.Lutz (juez) - hugo F. Mantaras (juez subrogante en abstencion) Ante mi: Ezequiel Lozada Secretario Superior Tribunal

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 Dra. Teodora ZAMUDIO