La leyenda de Quetzalcoatl. Diego Rivera. Palacio Nacional México D.F.

       
 


       por Dra. Teodora ZAMUDIO

  

in re Arias s/Inconstitucionalidad

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación

"Arias Jorge Meliton c/ Comision Municipal de El Huecu s/ acción de Inconstitucionalidad" Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Neuquén, 01/07/2005

Neuquen, 1 de julio de 2.005.-

V i s t o :

Los autos caratulados Arias Jorge Meliton C/Comision Municipal De El Huecu s/Acción de Inconstitucionalidad, expte. n° 1226/4, en trámite ante la Secretaría de Demandas Originarias del Tribunal Superior de Justicia, venidos a conocimiento del Cuerpo para resolver, y

Considerando:

I.- Que a fs. 23/28 el actor, por apoderado, inicia acción de inconstitucionalidad contra la Comisión Municipal de El Huecú, en los términos del art. 170, inc. a) de la Constitución Provincial y de la Ley provincial 2.130.

Pretende la declaración de inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal N° 227/04, sancionada el día 2/8/04, en tanto establece la integración de la Comisión Municipal con un representante de la Comunidad Mapuche Maripil y otro por la Comunidad Mapuche Manqui, elegidos y removibles de conformidad con las normas internas de cada Comunidad. Asimismo, se les otorga voz en todas las deliberaciones, y voz y voto en aquellas cuestiones legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, rigiendo –la ordenanza atacada- hasta tanto el régimen provincial de municipalidades adecue sus disposiciones a lo establecido por el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde será reemplazada de pleno derecho por las nuevas normas así adecuadas.

En el marco de la acción intentada solicita, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la norma cuestionada (art. 6° de la ley de rito).

Destaca en primer término que la norma reputada inconstitucional no se ha publicado, reconociendo que por ello formalmente no habría adquirido vigencia, mas denuncia que la misma se está cumpliendo a tenor del texto de las actas que se acompañan, indicando que sin perjuicio de ese vicio formal, las razones de extrema gravedad que invoca, sumado a la efectiva aplicación de la misma, ameritan el curso del trámite y de la medida cautelar solicitada.

Indica como fundamento de la acción que la ordenanza impugnada viola tanto el preámbulo, como los artículos 3, 7, 12, 17, 66, 189 y 194 de la Constitución Provincial; 1, 16, 22, 31 y 33 de la Constitución Nacional; 4, 5, 167 y 168 de la Ley Orgánica de Municipalidades; 144, 147 párrafo 2° de la Ley Provincial Electoral N° 165.

Ello, en tanto se afectarían las instituciones republicanas, donde la soberanía reside en el pueblo, quien no delibera ni gobierna sino por sus representantes; también se vería afectado el principio de separación de poderes, de igualdad ante la ley, el sistema electoral vigente, y la composición y elección de los miembros que, de las Comisiones Vecinales de tercera categoría, establece la Constitución Provincial.

Afirma que la acción impetrada tiene como finalidad la defensa del sistema democrático de gobierno, advirtiendo el exceso de facultades de las que han hecho uso los miembros de la Comisión Municipal.

Por último, subraya que la conformación de la Comisión Municipal debe realizarse conforme a lo mentado por la Constitución provincial y la Ley 53 de Municipalidades, no pudiendo una ordenanza ampliar su cantidad de miembros, ni elegirlos en una forma distinta a la prevista por el sistema electoral, pues so pretexto de garantizar los derechos de las comunidades indígenas se atenta contra la democracia, quebrantando las instituciones de gobierno establecidas por la Constitución Provincial para los Municipios de tercera categoría.

Entiende que estos argumentos acreditan “prima facie” la transgresión constitucional apuntada, de manera de hacer procedente la medida cautelar peticionada.

II.- Corrido que fuera el traslado de ley, en los términos del art. 6° de la Ley 2.130, tanto a la Comisión Municipal de El Huecu como a la Provincia del Neuquén, sólo se presenta el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Neuquén a fs. 33/36, sin hacer lo propio la demandada.

El Sr. Fiscal de Estado, comparte los argumentos de la actora, y entiende que la Ordenanza atacada viola principalmente el artículo 194 de la constitución provincial, que establece la manera en que obligatoria y constitucionalmente se eligen los cinco componentes de las comisiones Municipales, advirtiendo asimismo la gravedad no sólo de esa situación sino del hecho de que sin haber sido publicada, se esté cumpliendo.

Solicita, ante la gravedad de los hechos denunciados, que este Tribunal de no considerar procedente la suspensión peticionada, establezca la viabilidad de algún otro tipo de medida cautelar

III.- A fs. 46/47 obra el dictamen del Sr. Fiscal ante el Cuerpo, quien se pronuncia propiciando la desestimación de la medida cautelar solicitada. A fs. 51 se ponen en conocimiento de este Tribunal dos publicaciones periodísticas.

IV.- En primer término cabe detenerse en el punto referido a la falta de publicación de la norma atacada, lo que en principio, tal los precedentes de este Tribunal, obstaría a la procedencia de la acción intentada.

En efecto, según lo resolviera este Cuerpo en anterior composición (cfr. R.I. N° 2061/99), conforme surge del art. 3° de la ley 2130, la acción de referencia tiene por objeto el control constitucional de normas vigentes.

Constituye un principio jurídico básico el atinente a que el ordenamiento legal de alcance general sólo adquiere vigencia a partir de su publicación oficial (arg. Art. 2 del Cód. Civil que reza textualmente “Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial).

Según lo enseña Borda, en el artículo 2º del Código, la palabra ley ha sido usada en su sentido material. Por consiguiente, también los decretos del Poder Ejecutivo y las ordenanzas municipales entran en vigencia en las fechas que ellos señalen (cfr. Borda, Guillermo A., Abeledo-Perrot, Tratado de Derecho Civil - parte general, 1999, Lexis Nº 1117/001155).

Se extrae de la jurisprudencia mencionada que el objeto de control de constitucionalidad se circunscribe a las disposiciones de alcance general que en función de su actualidad, posean la suficiente aptitud ofensiva del ordenamiento constitucional; ya que, por vía de principio, tanto el derecho pasado como el derecho futuro carecen de esa aptitud infractoria, atento a su carencia de actualidad, en el momento en que el control debe llevarse a cabo.

Como señala la más calificada doctrina, con la publicación de las leyes (medio), se alcanza la notificación con carácter general de las normas jurídicas (fin) y tal difusión hace al menos posible que la ley sea conocida, antes de que comience su obligatoriedad.

Resulta incontrovertible que las normas jurídicas, para poder ser cumplidas por sus destinatarios, deben ser conocidas y, para ello es menester, en una sociedad como la contemporánea, que hayan sido publicadas.

Ello es presupuesto indispensable de la seguridad jurídica y constituye una garantía para el gobernado de suma importancia, en cuanto resguarda el ejercicio de sus derechos subjetivos.

V.- Ahora bien, si la publicación es una garantía a favor del gobernado, si esta es su finalidad, corresponde analizar si la ausencia de este recaudo, determina la inadmisibilidad de la acción intentada.

La respuesta a este interrogante parece clara en el caso: el recaudo legal tendiente a hacer efectiva la garantía que asegura el correcto ejercicio de los derechos, es decir la publicación, se ve resguardado por el conocimiento real de la existencia de la norma y su contenido por parte del accionante.

Y al conocimiento real de la existencia de la norma por parte del accionante, se suma que la Ordenanza atacada, está siendo efectivamente aplicada por la comisión Municipal de El Huecu, circunstancia acreditada con la prueba documental aportada (acta N° 22/04 (a fs. 5).

Por las razones expuestas, se estima procedente habilitar la vía de la acción de inconstitucionalidad a pesar de la falta de publicación de la disposición, pues lo contrario importaría, repetimos, EN ESTE CASO, soslayar el fundamento racional del deber de publicación de las normas, en tanto garantía para el administrado y al servicio de los derechos sustanciales.

VI.- En orden al estado de las actuaciones, corresponde asimismo analizar los restantes recaudos de admisibilidad del proceso.

Ha de señalarse que la acción ha sido interpuesta en término (cfr. art. 4° de la Ley 2130), por quien se encuentra legitimado para hacerlo (cfr. art. 2° de idéntica normativa).

En punto a los requisitos previstos en el art. 5.1 del citado cuerpo normativo, tales extremos se hallan configurados en autos, toda vez que el accionante indica la norma legal cuya constitucionalidad se impugna, a saber: Ordenanza 227/04 y señala la manda constitucional que considera vulnerada (arts. 3, 7, 12, 17, 66, 189, y 194 del texto constitucional local), con una clara fundamentación de la cuestión traída a consideración.

En mérito a ello, se impone concluir en la admisión formal de la acción deducida.

VII.- Planteada la cuestión cautelar, y en consideración a la contestación de la Fiscalía de Estado, corresponde precisar que el allanamiento no hace desaparecer el objeto litigioso, no extingue la pretensión, sino que la fortalece. No queda entonces el juzgador eximido del deber de decidir sobre el fondo de lo disputado, ni desplazado el objeto de la decisión final, al carecer el allanamiento de fuerza vinculante (cfr. en tal sentido “Aspitia s/ Ac. de inconstitucionalidad” Acuerdo n° 646/00; en igual sentido ver Acuerdo nº 762/01 in re: “Gutierrez Colantuono-Rambeaud s/Ac. de Inconstitucionalidad”, todos del registro de la Secretaría Actuaria).

VIII.- Sentado lo expuesto, ha de recordarse que la medida solicitada reviste un carácter excepcional en el marco de la acción de inconstitucionalidad, por la indudable presunción de validez que poseen los actos de los poderes públicos, -en el caso, comisión municipal- y porque tal petición implica –indirectamente- la suspensión, aunque transitoria de la aplicación de actos de alcance general que, “prima facie”, se hallan investidos de la misma (cfr. al respecto R.I. N° 1146/94, 1150/94, 1328/96, entre otras).

Partiendo de dicha premisa, ha de adelantarse que el accionante no ha logrado desvirtuar, con el grado de certeza indispensable para el favorable andamiento de la protección cautelar, la presunción de constitucionalidad aludida.

En efecto, realizando –en principio- una interpretación integradora de los distintos derechos emergentes de las cláusulas constitucionales en aparente tensión, este Cuerpo concluye que no se advierte “prima facie” la violación constitucional invocada.

En orden a no vislumbrarse con la meridiana certeza requerida la apariencia del derecho habilitante de la medida cautelar peticionada, se impone su rechazo, sin perjuicio de advertir que este pronunciamiento se emite dentro del acotado marco propio de una medida cautelar y que, por lo tanto no compromete la decisión de fondo a adoptarse en los presentes.

Por ello, atento al marcado cariz restrictivo con que deben ponderarse este tipo de peticiones precautorias, cuando se enderezan a la suspensión de la vigencia de normas emanadas de los órganos que ejercen las funciones del poder público, se impone el rechazo del requerimiento cautelar bajo análisis, dado que los argumentos actorales no alcanzan para enervar tal criterio.

IX.- Las particularidades de la causa, la complejidad que encierra la solución de este conflicto jurídico, la falta de oposición por parte de la Fiscalía de Estado y la incontestación del traslado por parte de la demandada, se presentan como motivos valederos para adoptar una solución que en materia de costas, se aparte del principio general y objetivo de la derrota, imponiendo las mismas por su orden.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad Fiscal,

Se resuelve:

1°) Declarar la admisibilidad formal de la acción de inconstitucionalidad deducida en autos.

2°) Desestimar la medida cautelar peticionada.

3°) Imponer las costas por su orden (art. 68 in fine del C.P.C. y C., aplicable en virtud del reenvío previsto por el art. 78 de la Ley 1.305). Diferir la regulación de honorarios para el momento de dictarse sentencia definitiva.

4°) Regístrese, notifíquese. Dr. Roberto O. Fernández - Presidente. DR. Eduardo J. Badano - Dr. Jorge O. Sommariva - Dr. Eduardo F. Cia - Dr . Ricardo T. Kohon. Dra. Cecilia Pamphile - Secretaria.

Ediciones Digitales © 2016-2019 - Material fuera de comercio

Inicio | Programa | Biblioteca | Proyecto de Investigación                        

 Dra. Teodora ZAMUDIO